Las políticas exteriores feministas: más allá del discurso

Tras décadas de progresos en la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la política internacional, un grupo reducido –pero creciente– de países ha introducido recientemente ciertas premisas del feminismo como un elemento definitorio de su política exterior.

Sin embargo, estas políticas exteriores feministas, guiadas por un enfoque ético y normativo, deben hacer frente a múltiples retos que amenazan con erosionar sus objetivos transformadores. Entre ellos, un escenario internacional definido cada vez más por concepciones tradicionales de la seguridad o del interés nacional que influyen en las prioridades y decisiones de la acción exterior de los estados.

Ante la brecha entre un discurso ambicioso y una implementación fragmentada y contradictoria, urge la necesidad de ir más allá de utilizar el feminismo como una simple etiqueta si estos países buscan realmente acabar con la desigualdad –en lugar de (re)producirla– y hacer frente a la creciente contestación de los derechos de las mujeres y la igualdad de género a escala global.

Cuando Margot Wallström, exministra de Asuntos Exteriores de Suecia, desveló en 2014 que su país adoptaría una política exterior feminista (PEF), su declaración fue recibida entre burlas. Una política exterior basada en la promoción de la igualdad de género y una reorientación normativa de la toma de decisiones en el ámbito internacional causó desdén en un contexto donde Rusia se había anexionado Crimea y había llevado a cabo una incursión en aguas territoriales suecas haciendo saltar las alarmas. Foreign Policy no tardó en hacerse eco de ese recelo: ¿podía Vladímir Putin sentirse intimidado por el feminismo sueco?

Pese a la reticencia inicial, un creciente número de estados han adoptado sus propias versiones de la política exterior feminista. Canadá (2017), Francia (2019), Luxemburgo (2019)¹, México (2020) y España (2021) se han unido a Suecia al definir su acción exterior –o parte de ella– bajo premisas aparentemente feministas, señalando una repolitización de la igualdad de género en la arena internacional.

En la última década, el movimiento feminista ha experimentado un resurgimiento a escala internacional, con el gran reto de articular la lucha contra las desigualdades por motivos de género, de tal manera que se incluya la diversidad de las mujeres en el mundo y se haga frente a diferentes estructuras de opresión como la etnia, la clase o la orientación sexual. Esta aproximación interseccional responde a una creciente critica al feminismo liberal que solo promueve la incorporación de ciertas mujeres en puestos de liderazgo y en el mercado laboral, sin hacer frente a las diferentes barreras y estructuras de discriminación existentes. Paralelamente, el número de ataques contra la igualdad y los derechos de las mujeres y del colectivo LGTB han ido en aumento, fomentado por líderes populistas de derechas y movimientos ultraconservadores alrededor del mundo. Asimismo, décadas de compromisos, avances limitados y fracasos en este ámbito han propiciado que, desde ciertos sectores del feminismo, se genere una desconfianza por considerar que el uso del término y parte de sus ideales han sido seducidos por los estados, instituciones y empresas para servir a beneficios economicistas en lugar de promover una emancipación real de las mujeres y la justicia global (Eisenstein, 2010).  

En este sentido, la política exterior feminista tampoco está libre de sospechas. El componente ético, normativo y transformador del feminismo puede no estar siempre acorde a cómo se definen los intereses nacionales y la seguridad de un Estado, así como a los imperativos de la política exterior de los países. El análisis de las contradicciones existentes entre el enfoque feminista y las dimensiones de seguridad, comercio y cooperación internacional son claves para valorar si, en la práctica, las políticas exteriores feministas de los cinco países analizados, con guías y compromisos oficiales (Suecia, Canadá, Francia, México y España), avanzan en sus objetivos más allá del discurso y la retórica. 

¿Qué es la política exterior feminista?

Para la exministra Wallström, la PEF nació como respuesta a la «discriminación y subordinación sistemática de las mujeres y las niñas alrededor del mundo». La política exterior ha sido, y sigue siendo, un sector ampliamente masculinizado, definido por las experiencias, intereses y prioridades de los hombres. En 2021, según el Women’s Power Index, solo 22 países tenían a una mujer como jefa de Estado o de Gobierno, 36 como ministra de Asuntos Exteriores y 20 como ministra de Defensa. En cuanto a las mujeres embajadoras, estas representan un 20,7% del cuerpo diplomático global.

No obstante, hasta el momento, ningún país ha definido a qué se refiere cuando habla de «feminismo» en política exterior. Según las académicas Karin Aggestam y Annika Bergman-Rosemond (2016: 323), la palabra «feminista» implicaría «una orientación hacia una política exterior más ambiciosa y controvertida, que busque la renegociación y el desafío de las jerarquías de poder y de género existentes en las políticas actuales y en las instituciones». Al poner el foco en el poder, estas políticas serían sensibles a las estructuras de discriminación y opresión que atraviesan la política internacional e interactúan entre si junto al género, como la etnia, la clase o la ciudadanía; o a las asimetrías Norte-Sur resultantes de procesos históricos como el colonialismo y el imperialismo (Achilleos-Sarll, 2018). Asimismo, la PEF comportaría la necesidad de ampliar la concepción estatal de la seguridad para incluir otras esferas como la humana o la medioambiental, con un énfasis en la prevención de conflictos y un análisis crítico del papel de las mujeres en la seguridad. Por definición, la PEF busca abrir un proceso inclusivo y colaborativo guiado por valores éticos y con sensibilidad de género en el diseño y práctica de la política exterior, más allá de añadir simplemente mujeres en la toma de decisiones de los aparatos estatales (Thompson, 2020).

La falta de una definición concreta ha permitido el desarrollo de una pluralidad de interpretaciones, ambiciones y prioridades de PEF según cada país analizado: Suecia, España y México hablan de una política exterior feminista en los ámbitos de la diplomacia, la seguridad, el comercio y la ayuda al desarrollo; Francia se centra más en una diplomacia feminista y Canadá la restringe a la cooperación internacional. Sin embargo, todas ellas comparten ciertos principios de acción: primero, la inclusión de la transversalidad de género (gender mainstreaming) en las diferentes áreas de la política exterior, de forma más o menos comprensiva; segundo, la participación de las mujeres en la política exterior, tanto en los propios ministerios como en las relaciones bilaterales y multilaterales de los estados; tercero, el empoderamiento económico de las mujeres; y, por último, la promoción de los derechos de las mujeres y la lucha contra su discriminación y la violencia de género, especialmente en la agenda multilateral. Sin embargo, el contenido de estas políticas no es nuevo, ya que se basa en previos compromisos internacionales para la igualdad de género como, entre otros, los siguientes: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), la Plataforma de Acción de Beijing por la igualdad de género (1995) o la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2000). El apoyo a estos acuerdos implica una concordancia con el statu quo actual de la igualdad de género basado en el feminismo liberal, aunque este alineamiento puede ser insuficiente para alcanzar los objetivos de las PEF frente a un sistema internacional militarizado marcado por la realpolitik y el rol de estos países en este. 

Seguridad, fronteras y fuerza militar

Según la obra de Valerie M. Hudson, Donna Lee Bowen y Perpetua Lynne Nielsen, The First Political Order, los países donde las mujeres tienen menos derechos son más inestables, conflictivos y pobres. Para las PEF, la promoción de la igualdad de género es central para la seguridad nacional e internacional y, por consiguiente, el avance de los derechos de las mujeres y su situación permite contribuir hacia un mundo más pacífico y estable. Al respecto, los bienios de Suecia (2017-2018) y México (2021-2022) en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las presidencias de Canadá (2018) y Francia (2019) del G7 han sido una oportunidad única tanto para el establecimiento en la agenda (agenda-setting)de las cuestiones de género como para la agenda internacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) en el ámbito multilateral, al reiterar la perspectiva de género en las diferentes acciones y resoluciones e invitar a ponentes mujeres en los debates, además de lanzar nuevas iniciativas contra la violencia sexual y de género, como la promoción del desarme sexual de los conflictos armados como prioridad de  España en la OTAN para la cumbre en Madrid de 2022.

La mayor parte de los esfuerzos han ido dirigidos a la inclusión de mujeres en los procesos y operaciones de paz, mediante la creación de redes de mujeres mediadoras para acabar con la infrarrepresentación de las mujeres, así como el lanzamiento de la iniciativa Elsie de Canadá para duplicar la presencia femenina en los cascos azules de Naciones Unidas a través de incentivos económicos. La mayor participación de las mujeres en estos procesos tendría múltiples beneficios, como una mejor implementación y sostenibilidad de los acuerdos de paz o más facilidad en el contacto con los locales y la población vulnerable, como las supervivientes de la violencia sexual, o más control sobre sus compañeros varones en el aspecto sexual durante las operaciones de paz. Sin embargo, estas estrategias pueden representar una instrumentalización de las mujeres bajo argumentos de eficacidad (aunque también de justicia), esencializándolas a ciertos atributos y roles entendidos como femeninos (ej.: colaborativa, empática), sin cuestionar la necesidad de reformar las relaciones de poder en estos espacios, la militarización, las dinámicas masculinas de estos procesos o la responsabilidad de los hombres como principales perpetradores de la violencia de género. Además, la feminización de los ejércitos por sí sola no soluciona las causas de la violencia contra las mujeres en el conflicto, aunque sí hace que las guerras sean más seguras para ellas.  

Cabe destacar, en este punto, que la feminización de los ejércitos no deja de ser un reflejo de la tendencia global hacia la militarización. En 2020, el gasto armamentístico mundial alcanzó casi los dos billones de dólares, con niveles similares a los del final de la Guerra Fría (SIPRI, 2021). Los cinco países con PEF analizados se encuentran entre los 40 países que destinan más presupuesto en armamento y, en los últimos 10 años, Suecia y México han llegado a aumentar en un 30% su partida para defensa. Esta tendencia representa una respuesta gubernamental hacia la percepción de ciertas nociones de inseguridad estatales, que han llevado a una securitización del Estado y su población, priorizando la soberanía y la militarización frente a un enfoque feminista de la seguridad que priorizara la estabilidad, la prevención y la mitigación del conflicto. Esta percepción nacional basada en las lógicas neorrealistas (Waltz, 1979) que impregnan la política internacional (donde la soberanía y la seguridad nacionales, así como la protección de las fronteras y de los ciudadanos están en el centro de cualquier consideración) es también palpable en las respuestas de los cinco países con políticas exteriores feministas analizados a la migración. La llamada «crisis migratoria y de refugiados» de 2015 en el Mediterráneo, las tensiones en la frontera de Ceuta y Melilla y el tránsito de millones de migrantes de América Central huyendo de la violencia hacia Estados Unidos han avivado tensiones domésticas xenófobas y nacionalistas. Esta situación se ha traducido en un aumento de las expectativas por parte de ciertos sectores de la población sobre el papel de estos estados como protectores de las fronteras nacionales frente a otros compromisos internacionales.

El caso de Suecia es un ejemplo claro de ello. En 2016, este país endureció las políticas de asilo y control fronterizo, haciendo casi imposible la reunificación familiar. Así, mientras la PEF sueca busca, supuestamente, proteger y empoderar a las mujeres en otros países, incluidas las refugiadas y migrantes según su Plan de Acción en 2017, el cambio en sus políticas migratorias provocó que miles de mujeres quedasen atrapadas en campos de refugiados en el Mediterráneo o en los países de origen sumidos en conflicto. Las medidas de los otros países con PEF para controlar las migraciones también presentan dudosas, sino inexistentes, conexiones con el feminismo. Desde el inicio de las presiones de la anterior administración Trump, México utiliza el ejército para devolver a migrantes centroamericanos a sus países de origen, entre ellos, mujeres que huían de la violencia de género. España y, particularmente, Francia han avanzado acuerdos bilaterales con países africanos (y alianzas incómodas, como el apoyo secreto de París al mariscal Khalifa Haftar en Libia) para externalizar el control de sus fronteras, ignorando que el uso de técnicas violentas que llevan aparejadas dichas políticas para evitar la llegada de migrantes al sur de Europa exacerba la violencia hacia mujeres y niños. De esta forma, los estados occidentales se convierten en cómplices de la persistencia de distintas formas de violencia sobre los migrantes, ya sea en tránsito o en destino.

La embajadora francesa, Delphine O, insiste en que «hasta los realistas más hardcore pueden defender la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género» y sus intereses nacionales e internacionales paralelamente. Sin embargo, la dinámica actividad multilateral e internacional evidencia la elusión de estos principios feministas en los episodios que son leídos como una amenaza directa a la seguridad nacional de los estados.Los países analizados ignoran (tal vez, deliberadamente) como sus políticas y respuestas contrarias a los valores que promueven profundizan la situación de desigualdad y desprotección de las mujeres en terceros países que dicen protegerlas, aumentando su riesgo de sufrir abusos sexuales, físicos y psicológicos.  

Crecimiento económico y comercio internacional

Países como Canadá o Suecia y España, a través de la Unión Europea, han apostado por la inclusión de capítulos que incluyan una perspectiva de género en sus acuerdos comerciales como parte de sus PEF. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), las mujeres están infrarrepresentadas en el comercio internacional debido a la persistencia de múltiples barreras, entre otras, las siguientes: desigualdades en clave de género, como la división sexual del trabajo y una mayor presencia femenina en la economía informal, además de obstáculos a la inversión, o la violencia y el acoso en el trabajo. Aunque una mayor concienciación es necesaria, las cláusulas relativas al género tienden a incluir únicamente menciones a la no discriminación por razones de género o a la cooperación entre países para extender los beneficios del acuerdo a las mujeres, sin incluir unos resultados concretos o especificar mecanismos que corrijan tales desigualdades de base. De esta forma, dicha visión productivista reportaría únicamente beneficios a una minoría de mujeres emprendedoras (especialmente de países desarrollados) y agravaría las desigualdades, al no tener en cuenta una visión interseccional sensible a otras barreras que puedan experimentar las mujeres por razón de edad, etnia o situación socioeconómica. Además, en ningún momento se mencionan los impactos negativos del comercio internacional, como las condiciones laborales precarias de las mujeres que trabajan en el Sur global fruto de los procesos de deslocalización.

A parte de cómo se elaboran esos acuerdos comerciales, también es importante tener en cuenta con qué se comercia y los efectos que ciertas industrias tienen en la vida y seguridad de las mujeres y comunidades locales. Francia y, más concretamente, Canadá son países activos en la industria extractivista minera, la cual presenta una importancia estratégica para sus intereses económicos. En el caso de Canadá, el país ha lanzado iniciativas contradictorias, ya que, por un lado, ha financiado a mujeres mediadoras en África Occidental y, por el otro, ha promocionado el extractivismo a través de la agencia de crédito Export Development Canada. Algunos de estos negocios extractivistas se han visto implicados en la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas, la militarización de esos contextos y la degradación medioambiental, poniendo también en peligro la seguridad alimentaria y económica de las mujeres rurales. Todo ello ha acabado frustrando los esfuerzos de las políticas de apoyo a mujeres mediadoras, al no tener en cuenta el impacto de género que tienen aquellas otras medidas extractivistas y cómo mitigarlo. En este contexto, muchos grupos de mujeres defensoras de los derechos humanos y feministas han sido criminalizadas y violentadas tras movilizarse contra las industrias extractivistas en sus territorios. Violencias que, según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, han ido en aumento los últimos años.

Aunque la agenda de desarme, control de armas y no proliferación son parte de los planes de acción de la PEF de Suecia y España, en conjunto, cuatro de los países con PEF analizados figuran entre los 20 mayores exportadores de armas a nivel mundial, a excepción de México. Entre sus mayores importadores, se encuentran países autoritarios y en conflicto, donde se vulneran los derechos de sus poblaciones femeninas, como Arabia Saudí, Turquía o los Emiratos Árabes. Es más, las armas exportadas desde España, Suecia, Francia y Canadá han sido utilizadas en el conflicto de Yemen, donde hay una alta prevalencia de violencia de género y más del 80% de la población se encuentra en necesidad de asistencia y ayuda humanitaria. Esta situación contrasta con la posición de estos países como signatarios del Tratado sobre el comercio de armas de Naciones Unidas (2013), el cual exige la valoración del riesgo de que la exportación de armamento pudiera ser usada para cometer violencia de género. Pese a ello, y al hecho de que cualquier arma puede ser utilizada para la violencia de género, solo Suecia acabó denunciando, en 2015, la violación de los derechos de las mujeres y de libertad de expresión en Arabia Saudí tras la condena del bloguero Raif Badawi, lo que provocó una crisis diplomática entre ambos países en la que la ministra Wallström anuló un contrato de defensa como represalia en línea con el tratado, aunque sin invocarlo. Más adelante, en 2018, Canadá vivió un episodio similar, cuando, tras denunciar el encarcelamiento de unas activistas feministas, el embajador canadiense fue expulsado de Arabia Saudí. No obstante, a pesar del activismo de ambos países en la denuncia de violaciones de derechos humanos y de las mujeres, los intereses comerciales y de venta de armamento quedaron intactos, en Canadá, y reactivados poco después, en Suecia, tras la mediación del rey sueco y las presiones del sector privado para calmar las tensiones y reactivar las relaciones comerciales. Teniendo en cuenta los esfuerzosparalelos de Suecia y Canadá en las negociaciones de paz en Yemen, con mujeres mediadoras,  mientras se perpetúa el conflicto a través de dichas exportaciones de armas a países autoritarios involucrados, podemos afirmar que las políticas de los países analizados muestran una posición difícilmente feminista. 

Cooperación internacional

Dentro de las PEF, la cooperación internacional es el área con mayor institucionalización y recorrido en la política exterior de estos países. Y dentro de esta área, desde los años setenta del siglo pasado, la igualdad de género se ha presentado como solución a un amplio abanico de problemas globales, como el desarrollo sostenible o la erradicación de la pobreza, lo que ha propiciado la inversión en proyectos al respecto por países de la OCDE en la última década , hasta alcanzar los 10.000 millones de dólares (ONU Mujeres, 2015: 373). Según la OCDE, Canadá es el segundo mayor donante en programas de desarrollo en igualdad de género (89%), seguido de Suecia (85%), España (48%) y Francia (26%). Bajo la premisa de destinar más recursos para los derechos de las mujeres en sus PEF, todos ellos se han comprometido a incrementar la financiación para dichos proyectos, con objetivos de hasta el 95% para Canadá o el 85% en el caso español, mostrando su apoyo al bienestar de poblaciones en otros países y al multilateralismo.

Curiosamente, el término «política exterior feminista» fue concebido por primera vez por la académica Lisa Ann Richey (2001), en su crítica a la política danesa, ya que, pese a la identidad danesa y su discurso presentado como feminista, en el ámbito de la cooperación era incapaz de promover la igualdad de género. En su artículo, la autora señala dos límites importantes en este sentido que siguen presentes en las prácticas de los estados. En primer lugar, la cooperación internacional al desarrollo, dirigida mayormente a países en desarrollo, se ha basado en una visión esencialista del género, por lo que ha centrado su acción en el colectivo de mujeres e ignorado las relaciones de poder que rigen en el seno de esas comunidades.En la visión tecnocrática del desarrollo, las necesidades del colectivo se homogeneizan, asumiendo un enfoque estereotipado de las mujeres bajo distintos roles preconcebidos como madres o cuidadoras. Esta concepción simplista, separada del contexto que define y reproduce esas desigualdades, ha tenido avances limitados, impidiendo los cambios de base necesarios y excluyendo a colectivos no representados por dichas visiones de género. Y, en segundo lugar, este tipo de cooperación ha priorizado un enfoque de arriba abajo (top-down), priorizando y trasladando la visión occidental de la igualdad de género a otros países, sin tener en cuenta la negación o resistencia contra estas ideas por parte de la población local. En estos casos, se ha potenciado un enfoque productivista, de eficiencia y de estrategia rentable (smart economics), basado en proyectos educativos, mejoras en la salud y el emprendimiento con microcréditos a fin de incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral y contribuir presuntamente a su empoderamiento. Sin embargo, este enfoque deja intactos elementos como el trabajo reproductivo y de cuidados, propios de la división sexual del trabajo, que refuerza los roles tradicionales y la responsabilidad de la mujer en la esfera privada. Así, la falta de una cooperación y diálogo real entre los dirigentes políticos con las comunidades locales y los movimientos feministas ha impedido identificar las necesidades reales de estas comunidades, así como el papel de los hombres y las masculinidades en la desigualdad existente y los requisitos necesarios para que las mujeres sean, en sus términos, agentes activas en su empoderamiento.

Pero aun siendo el área más importante, la situación de la cooperación internacional dentro de las PEF es crítica: cuando en 2017, el expresidente Trump instauró la política «Ciudad de México» revocó la financiación para proyectos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo que impedía que cualquier ONG que operase con fondos estadounidenses pudiese ofrecer servicios e información sobre el aborto. Con ello, las vidas de millones de mujeres –y su autonomía corporal– se vieron amenazadas como consecuencia de la vulneración de sus derechos, viéndose obligadas en muchos casos a recurrir a abortos no seguros. En este caso, el lanzamiento de la iniciativa SheDecides y la contribución de países como Suecia y Canadá fueron claves en la mitigación de dichos efectos al suplir parte de ese financiamiento.

En un contexto marcado por múltiples crisis –como la de la COVID-19–, la contestación de estos derechos y el aumento de las desigualdades y la violencia de género, el fortalecimiento de la cooperación internacional y el multilateralismo para la defensa de los derechos de las mujeres y los colectivos más desfavorecidos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, es más necesaria que nunca. 

A modo de conclusión: feminismo en silos

Con la emergencia de las PEF, el feminismo y la igualdad de género han pasado a formar parte de la identidad nacional y la imagen progresista que algunos estados quieren transmitir en el ámbito internacional como poder blando (soft power). Sin embargo, atendiendo a las dificultades actuales en la práctica, ¿podemos considerar que las políticas exteriores feministas son realmente feministas? La respuesta es no o, al menos, un aún no en la forma actual. Esto se debe a una práctica basada en la selección de políticas y compromisos contradictorios entre los diferentes sectores involucrados en la política exterior, con una visión neorrealista y la priorización del aumento de la participación femenina en el sistema actual, en lugar de transformar las estructuras que sostienen la discriminación y subordinación de las mujeres y otros colectivos minoritarios, como el LGBTI en la sociedad.

En primer lugar, como hemos visto, los principios feministas están actualmente más presentes en las esferas blandas de la acción exterior, como la cooperación internacional y la diplomacia. Aunque es un primer paso, estos principios permanecen ausentes en áreas clave como la seguridad, el control de las fronteras y el comercio, considerados tradicionalmente como el centro de la política exterior. Las contradicciones y trabajo en silos entre los diferentes sectores sólo evidencian lo siguiente: una integración incompleta y contradictoria de estos valores fruto de una resistencia al cambio que promueven y la prevalencia de visiones tradicionales de la política exterior. Sin embargo, una preocupación esencial emerge de esta situación: ¿cómo harán frente los estados con PEF en un futuro a la perpetuación de la desigualdad de género como resultado de sus políticas contradictorias?

En segundo lugar, esta resistencia también es visible en la forma y prioridades actuales. Mientras algunos estados han hecho referencia a la necesidad de trabajar desde la interseccionalidad, el enfoque actual de las PEF prioriza únicamente aumentar el número de mujeres en la esfera pública. Aun siendo un objetivo loable, la mejora de la participación de las mujeres deja intactas las mismas estructuras de poder inherentes en la política exterior que buscan desafiar. Elementos como las masculinidades (practicadas por hombres y mujeres) son desproblematizadas, aumentando las responsabilidades y presión a las mujeres dentro del sistema actual. Además, dado que estas políticas son implementadas en otros países, se obvian las estructuras de la desigualdad de género –domésticas e internacionales– y como estas son reforzadas más allá de las fronteras estatales.

Finalmente, las políticas exteriores feministas son también el vivo reflejo de las tendencias globales. Por una parte, mientras ciertos países abogan por avances en materia feminista, existe paralelamente una resistencia y contestación por parte de actores conservadores, presentes en las propias instituciones nacionales; por otra parte, estas políticas representan la esencia de los debates feministas actuales sobre las mujeres como sujeto político central y la problemática de rehuir una visión más estructural de las desigualdades que excluyen, a su vez, otras expresiones e identidades de género. Sin embargo, esto no quiere decir que las PEF no sean un avance significativo. Es más, son más necesarias que nunca. Son una oportunidad para abrir el debate sobre los impactos de género de estas políticas y la posibilidad de buscar, con vistas al medio y largo plazo, una alternativa a la práctica actual. Como diría la exministra de Asuntos Exteriores sueca, Margot Wallström, es el momento de ser un poco más valientes en la política. 

Referencias bibliográficas

Achilleos-Sarll, Columba. «Reconceptualising Foreign Policy as Gendered, Sexualised and Racialised: Towards a Postcolonial Feminist Foreign Policy (Analysis)». Journal of International Women’s Studies, vol. 19, n.º 1 (2018), p. 34-49.

Aggestam, Karin y Bergman-Rosemond, Annika. «Swedish Feminist Foreign Policy in the Making: Ethics, Politics, and Gender ». Ethics & International Affairs, vol. 30, n.º 3 (2016), p. 323-334.

Eisenstein, Hester. Feminism Seduced: How Global Elites Use Women’s Labor and Ideas to Exploit the World. Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2010.

Hudson, Valerie M., Lee Bowen, Donna y Lynne Nielsen, Perpetua. The First Political Order: How Sex Shapes Governance and National Security Worldwide. New York: Columbia University Press, 2020

ONU Mujeres. A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council resolution 1325. New York: ONU Mujeres, 2015. (en línea) https://www.peacewomen.org/sites/default/files/UNW-GLOBAL-STUDY-1325-2015%20(1).pdf 

Richey, Lisa Ann. «In Search of Feminist Foreign Policy: Gender, Development and Danish State Identity ». Cooperation and Conflict, vol. 36, n.º 2 (2001), p. 177-212.

Thompson, Lyric. Feminist Foreign Policy: A Framework. Washington, D.C.: International Center for Research on Women, 2020. (en línea) https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2021/07/FFP_Framework_EN_June2021update.pdf  

Waltz, Kenneth. Theory of International Politics. Reading, Mass: Addison-Wesley Pub, 1979.

Nota:

1- Al no haber publicado aún su política exterior feminista, Luxemburgo no formará parte del análisis.

Autora: Investigadora visitante júnior en CIDOB (septiembre 2021-febrero 2022), fue ganadora de la «Junior Visiting Fellowship», impulsada por CIDOB y la Fundación Banco Sabadell, en el marco de la 1ª edición del Programa Talent Global.

DOI: https://doi.org/10.24241/NotesInt.2022/269/es

E-ISSN: 2013-4428