La encrucijada polaca como advertencia para las democracias liberales
Polonia afronta desde noviembre de 2015 una crisis constitucional de imprevisibles consecuencias políticas tanto a nivel doméstico como internacional. El máximo órgano del poder judicial, que controla la constitucionalidad de las leyes en Polonia, se ha convertido en el epicentro de una crisis que tiene su origen, siguiendo la división definida por el profesor Wojciech Sadurski, en una doble ilegalidad cometida por el poder ejecutivo y legislativo polaco: primero, porqué se aprobó un cambio de la Constitución de facto a través de un acto legislativo de rango inferior para sortear el habitual procedimiento especial de reforma; segundo, por la manifiesta violación y desobediencia a la Constitución demostrada por el gobierno durante esta larga crisis.
El jefe de Estado, Andrzej Duda, el gobierno liderado por Ewa Szydło, y los representantes de la mayoría parlamentaria del partido Ley y Justicia liderado por Jarosław Kaczyński, que mantiene un inmenso poder informal como jefe del partido gubernamental, declararon su insubordinación a la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2016, que rechazaba los cambios promovidos por la nueva mayoría parlamentaria por inconstitucionales e invalidaba el nombramiento de algunos nuevos jueces. El gobierno se rebeló negándose a publicar la sentencia del Constitucional e intentado ignorarla a pesar de masivas manifestaciones en Polonia. Durante meses, instituciones internacionales y líderes políticos extranjeros han criticado este burdo intento de reforma del Tribunal Constitucional. El ejemplo más reciente fueron las palabras de preocupación del presidente Obama durante la cumbre de la OTAN celebrada en Varsovia en Julio 2016. Mucho más contundentes se han mostrado otras instituciones. La Comisión de Venecia, el órgano asesor del Consejo de Europa para asuntos constitucionales concluyó que la “inadmisible” intención de convertir el Tribunal en una institución inefectiva cuestiona tres principios básicos del Consejo de Europa: democracia, derechos humanos e imperio de la ley (rule of law) porque destruye el sistema de equilibrio de poderes públicos, deniega el derecho a la justicia para los ciudadanos y paraliza de hecho el órgano central del poder judicial. Acto seguido, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que expresó su preocupación “ante el peligro que plantea la parálisis efectiva del Tribunal Constitucional de Polonia para la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho” pidiendo al gobierno polaco la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Finalmente, la Comisión Europea inició ya en enero de 2016, por primera vez en la historia de la UE, un procedimiento para evaluar las amenazas contra el Estado de Derecho en Polonia.
En este contexto, el parlamento polaco adoptó el 22 de julio de 2016 las enmiendas a la ley que regula el funcionamiento del alto Tribunal. Los cambios reflejan la continuada intención de limitar su independencia, paralizar su funcionamiento diario y subordinar a la voluntad de otros poderes políticos. Además, el conflicto sobre el nombramiento de los jueces sigue sin solución. Cinco días después de estos acontecimientos, la Comisión Europea adoptó la Recomendación que da un plazo de tres meses a las autoridades polacas para implementar medidas que corrijan las existentes amenazas para el Estado de Derecho. Si en este plazo la situación no mejora, el siguiente paso sería la implementación de los preceptos del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que puede derivar en las sanciones e incluso la suspensión del derecho de voto de Polonia en el Consejo de la UE.
El caso de Tribunal Constitucional es solo la punta del iceberg de los cambios de carácter opresivo desarrollados por el actual gobierno y el parlamento. Las excepcionales competencias otorgadas a las fuerzas de seguridad para vigilar a los ciudadanos sin control judicial o las reformas que suprimen la independencia de los medios de comunicación públicos son otros ejemplos que afectan a los fundamentos de la democracia liberal y a los compromisos internacionales de Polonia, adquiridos en el marco del Consejo de Europa y de la Unión Europea.
La crisis en Polonia no debería considerarse un conflicto político interno. Sería una grave miopía asumir que los problemas que afronta la sociedad polaca son totalmente distintos de los que padecen otros países occidentales. Todo lo contrario, la crisis constitucional polaca y la paulatina deriva opresora por parte del gobierno es solo un episodio más de la fractura contemporánea que afecta las sociedades democráticas desde Finlandia hasta Estados Unidos, agudizada desde el estallido de la gran crisis de 2008. Sin embargo, la crisis política polaca -como ya ha ocurrido con anterioridad en Hungría- plantea un reto adicional para la Unión Europea, ya que ilustra la fragilidad del sistema de democracias liberales que legitiman la existencia de la UE. Polonia refleja las vulnerabilidades de la democracia liberal europea, pero con la diferencia, en comparación a otros estados europeos, que los partidarios de esta nueva iliberalidad de post-democracias soberanas ya han conseguido asaltar el poder y, por tanto, sus síntomas son más visibles y exagerados.
La democracia liberal se enfrenta a unos adversarios, normalmente asociados con la demagogia y el populismo de nuevas derechas, que intentan promover sistemas políticos alternativos de carácter opresivo y autoritario dentro del marco de la UE. Sin embargo, estas intenciones están llenas de contradicciones. Para promover su proyecto político, la demagogia populista abusa y desvirtúa las instituciones que sostienen las democracias liberales (constitucionalismo, imperio de la ley, libertades fundamentales y derechos humanos, división y equilibrio de poderes) preservando sus formas y mecanismos para fines anti-liberales. En estos sistemas post-democráticos soberanos, las mayorías democráticas se utilizan para oprimir las libertades colectivas e individuales; el discurso anti-establishment busca, en realidad, instaurar un establishment alternativo; las críticas a los síntomas de la crisis económica no implican un cambio en los mecanismos que sostienen los desequilibrios del capitalismo contemporáneo y afectan sobre todo a los más vulnerables, sino que llevan a proponer soluciones que incrementarían aún más estos fenómenos.
La crisis constitucional polaca es también un síntoma de la influencia negativa sobre las democracias liberales que puede tener la Unión Europea actual. Polonia, durante años, fue presentada como un ejemplo de progresiva europeización, adquiriendo un lugar relevante entre los estados que contribuían al éxito de la integración. La UE fue facilitadora de la modernización y transformación polaca desde el momento en que se ofreció al país una perspectiva de futura adhesión en la primera mitad de los noventa del siglo pasado. Sin embargo, el gran impacto de la UE sobre las transformaciones polacas no se ha limitado exclusivamente a la modernización del país, sino que afecta, en la misma medida, a los fenómenos negativos de retroceso autoritario. La UE como marco colectivo parece incapaz de gestionar los retos que afronta, y exporta a sus estados miembros problemas colectivos que requerirían respuestas colectivas. El resultado es un proceso de nacionalización de los problemas europeos, en lugar de la europeización de los sistemas domésticos, y sus consecuencias afectan negativamente a su sistema de democracias liberales. A modo de ejemplo, se pueden apuntar dos tendencias observadas en la UE que, de manera simultánea, erosionan sus fundamentos liberales e inspiran a sus adversarios.
Primero, hasta hace poco el proyecto europeo consistía en perseguir un equilibrio entre el sistema democrático y el capitalismo. Pero la gestión de la crisis económica europea, frecuentemente al margen de la legitimidad democrática, cuestiona el supuesto básico de que la democracia liberal limita los excesos del capitalismo y los modelos existentes en China, Singapur o Turquía ilustrarían que una economía de mercado también puede funcionar en un sistema autoritario. Las instituciones de democracia liberal que regulan el mercado y protegen los derechos de trabajadores y consumidores están consideradas por muchos como un obstáculo para incrementar la eficacia y eficiencia económica. No es de extrañar, entonces, que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, busque justificar su proyecto de democracia iliberal como una mejor respuesta a la crisis económica global.
Segundo, la Unión Europea se definía a través de una firme relación entre la democracia liberal y los derechos humanos y las libertades fundamentales como principios universales que protegen la dignidad humana. La gestión de los flujos migratorios por todos los estados miembros y las instituciones comunitarias cuestiona que la UE continúe comprometida en perseguir este ideal liberal codificado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La erosión de la vocación europea de defender la universalidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales legitima el desarrollo de unas excepcionalidades opresivas definidas entorno a una nación o una cultura.
A los polacos les gusta presentarse como un modelo a seguir cuando enfatizan, por ejemplo, su rol de promotores en el desmantelamiento pacífico del sistema autoritario comunista, o como modelo de exitosa transformación después de la caída del muro de Berlín. Sin embargo, la paradoja polaca residiría en que, de modelo de desarrollo de la democracia liberal, puede convertirse ahora en un modelo de los problemas causados por las debilidades de este sistema y, a largo plazo, podría acabar representando un modelo de sistema de post-democracia soberana construido en base a unas desvirtuadas instituciones liberales. Para afrontar el origen de este reto y no solo sus consecuencias, la UE (Estados miembros, instituciones, ciudadanos) debería comprender que la crisis polaca es solo un síntoma de múltiples problemas ocasionados por las vulnerabilidades de la democracia liberal, y que los proyectos alternativos de carácter opresivo y autoritario se nutren precisamente de estas debilidades y contradicciones. El reto más grande a largo plazo es evitar que la institucionalización de este sistema post-democrático lleve a una nueva normalidad que propone una aparentemente atractiva alternativa a la crisis de la democracia liberal.
D.L.: B-8439-2012