La ampliación de la UE a los Balcanes occidentales: urgencia y reestructuración
Después de años de «fatiga europea» respecto a la ampliación, la futura entrada de nuevos miembros ha vuelto a la agenda de la Unión Europea (UE). El objetivo es acomodar la Unión a los efectos derivados de la guerra en Ucrania y, en este contexto, los Balcanes occidentales adquieren una nueva importancia geopolítica. Sin embargo, para que el proceso sea creíble, es necesario proporcionar recursos adecuados, fortalecer la diplomacia en el frente suroriental y afrontar la reestructuración institucional de la UE a fin de articular una organización y funcionamiento ágiles y eficientes, desde la unidad de acción.
La cumbre de Granada del 5 y 6 de octubre de 2023 ha sido un reflejo de esta voluntad potenciadora de la soberanía europea y de la seguridad colectiva, pero también una llamada a los estados candidatos para que obren en consecuencia e implementen las reformas necesarias.
El 14 de septiembre de 2022, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaraba: «Así que quiero que los ciudadanos de los Balcanes occidentales, de Ucrania, de Moldavia y de Georgia sepan lo siguiente: formáis parte de nuestra familia, vuestro futuro está en nuestra Unión, y nuestra Unión no está completa sin vosotros». El debate sobre la ampliación de la UE vuelve a estar sobre la mesa de los veintisiete estados miembros, incluso en la de aquellos más reticentes. Francia, tradicionalmente remisa a las ampliaciones, sobre todo hacia el este europeo, ha tenido que reconocer su importancia para la seguridad colectiva de Europa. La invasión de Ucrania por parte de Rusia representa una amenaza al corazón de Europa. En este nuevo contexto de revisión de la política de defensa común, del concepto de seguridad estratégica y de la importancia de la vecindad, la agresión rusa también ha ejercido de catalizador para reestructurar la UE y su política de ampliación. Así, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaraba en el Globsec Forum el 31 de mayo de 2023, en Bratislava, que la UE debía ampliarse «lo antes posible»1. El 28 de agosto, la propuesta fue, si cabe, más entusiasta. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se animó a decir en el Foro Estratégico de Bled, donde se reunieron diferentes líderes de Europa Central y del Este, que: «La ampliación ya no es un sueño (…) Es hora de seguir adelante», y agregó: «Creo que debemos estar preparados, por ambas partes, para una ampliación de aquí a 2030». Aunque Michel no tardó en puntualizar que el ingreso sería acorde con los méritos de cada Estado, el hecho de dejar caer una fecha ya tiene un peso específico.
Esta predisposición de las autoridades europeas ofrece tres niveles de análisis. El primero revela que dicho impulso es un cambio de orientación respecto al rumbo tomado desde 2014 cuando, durante el mandato de Jean Claude Juncker, se oficializó la parálisis de los procesos de adhesión. Entonces se justificó por la llamada «fatiga europea» de la ampliación –en un momento de creciente escepticismo y contestación del proyecto europeo, tanto desde dentro como desde fuera de la Unión–, aunque también reveló la falta de preparación de los estados miembros para integrar nuevos socios. Desde el final del mandato de Juncker y, sobre todo, a partir del mandato de Ursula von der Leyen, el compromiso y la asertividad han cambiado.
El segundo nivel está relacionado con una coyuntura bélica: el eje franco-alemán apuesta por la ampliación, porque la guerra en Ucrania ha generado una urgencia geoestratégica. Sin embargo, la entrada de nuevos socios hace necesaria una restructuración ambiciosa de la UE, y tanto en París como en Berlín hay preocupación, no solo sobre cómo proceder para garantizar la absorción de tantos países sin que las instituciones pierdan eficacia, sino también por la falta de avances en las reformas de los candidatos.
Por último, el tercer nivel, se relaciona con los Balcanes occidentales, los llamados «WB 6»2, los cuales aunque candidatos3, también son aspirantes con fases diferentes de progreso, con escenarios particulares tanto a nivel de política doméstica como regional. En este caso, la última década ha estado marcada por el inmovilismo, las falsas promesas y los vetos de los países miembros, lo que ha hecho incrementar el escepticismo en torno a una efectiva ampliación hacia la región. Croacia, el último país en incorporarse a la UE, fue miembro de pleno derecho en 2013, y sus negociaciones para el ingreso duraron más de cinco años; por su parte, Rumanía y Bulgaria, que entraron en 2007, tardaron casi cinco años y Lituania, que lo hizo en 2004, más de tres. Montenegro lleva esperando 11 años (Knaus y Bender, 2022).
La «fatiga europea»: lecciones aprendidas
A pesar de ser impersonales, las instituciones aprenden de sus errores y, por ejemplo, una ampliación como la de 2007 –cuando entraron en el «club» comunitario Rumania y Bulgaria– destapó los problemas de una integración precipitada. Asimismo, el hecho de que Polonia y Hungría (que ingresaron en 2004) hayan demostrado que, incluso dentro de la Unión, los países miembros pueden no compartir valores cruciales o hacer primar sus intereses nacionales en perjuicio del proyecto común, también inspira desconfianza de sobresaturar la agenda con litigios y debates introspectivos.
Durante la última década, los efectos de las políticas de austeridad con motivo de la crisis financiera de 2008, de la primavera árabe en 2011, del Euromaidan en 2014, de la crisis de gestión de los refugiados en 2015, del Brexit en 2016 o de la pandemia de la COVID-19 en 2020 exigieron muchos esfuerzos y recursos diplomáticos. Como resultado, la ampliación no ha sido una cuestión prioritaria para la UE, más allá del trabajo desarrollado en este sentido por la Comisión Europea y de las declaraciones propositivas en las cumbres europeas. Y ello por varios motivos: la integración pide consensos absolutos, la opinión pública europea no ha sido favorable y los Balcanes occidentales han planteado y plantean importantes retos para la absorción. Por otro lado, la existencia de tendencias antiliberales durante esta década en varios estados miembros ha cuestionado la capacidad de la UE de promover una política de ampliación que sea transformadora o creíble en la exportación de valores democráticos (Kmezić y Bieber, 2017).
Sea como fuere, la parálisis de la ampliación derivó en toda una serie de consecuencias negativas para los intereses de la UE y de los países candidatos. En primer término, desvirtuó el principio de condicionalidad, ya que los gobiernos y los equipos de trabajo de los Balcanes occidentales dejaron de encontrar incentivos para las reformas. En su defecto, la UE y los estados miembros apostaron por la securitización de la región (la llamada estabilocracia), una de cuyasconsecuencias fue que las autoridades europeas se mostraron acríticas con la deriva autocrática de algunos líderes locales que, aunque afianzaban la seguridad regional, no impulsaban las reformas exigidas desde Bruselas. En un periodo de cuatro años, indicadores de democratización como Bertelsmann Transformation Index, EIU Democracy Index o Freedom House mostraron un creciente autoritarismo en la región (Lavrič y Bieber, 2020); por ejemplo, la concentración de poder en las élites políticas, la captura del Estado por parte de los partidos en el poder, niveles elevados de corrupción (y su sofisticación) y, en la mayoría de los casos, un descenso de los niveles de libertad de prensa.
En segundo lugar, elrepliegue estratégico respecto a la ampliación generó un vacío de poder en los Balcanes occidentales, y países como China y Rusia han intensificado su presencia en la zona. Es cierto que la UE es el principal socio comercial de los Balcanes Occidentales y representa más de dos tercios del comercio total de la región. Sin embargo, China ha aumentado su actividad en la región sustancialmente. Según el Balkan Investigative Reporting Network, el gigante asiático invirtió 32.000 millones de euros en la región entre 2009 y 2021, de los que 10.300 millones fueron a parar a Serbia. En 2020, los préstamos de capital chino concedidos como porcentaje del PIB ascendían al 3% en Bosnia y Herzegovina; al 7% en Serbia, que tiene el mayor número de proyectos financiados; al 8% en Macedonia del Norte y, el caso más destacado, al 21% en Montenegro. En 2015 el Gobierno de Podgorica adquirió un préstamo para la construcción de una autopista cuyo valor ascendió a casi 1.000 millones de euros, deuda luego refinanciada por bancos occidentales. Se calcula que más de la mitad de las inversiones realizadas por las empresas chinas en territorio europeo van a parar a los Balcanes occidentales. Estas inversiones no son necesariamente negativas, ya que favorecen el empleo y el crecimiento económico, además de aumentar la integración regional como pasa con la autopista de Montenegro que llegará hasta Serbia. Sin embargo, representan una amenaza cuando atraen el intercambio opaco de favores entre líderes, carecen de los debidos controles regulatorios y abren la puerta a injerencias que afectan a la esfera de la seguridad de Europa y, por lo tanto, de la UE.
Del mismo modo, la presencia de Rusia se ha incrementado en la zona desde el 17 de febrero de 2008, cuando Serbia, tras la declaración de independencia de Kosovo, estrechó sus lazos con el Kremlin. Ese mismo año se concedió una participación mayoritaria de la empresa serbia de gas y petróleo, Naftna Industrija Srbije, a la empresa Gazprom, controlada por Moscú. El apoyo de Putin a Belgrado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es clave en cuestiones centrales de la política doméstica serbia, y de enorme impacto regional, como puede ser el no reconocimiento de Kosovo o el no reconocimiento del genocidio de Srebrenica. Rusia procura desprestigiar a la OTAN y a la UE a través de sus medios de comunicación, dedicados a enfatizar las contradicciones de ambas organizaciones, y apoya la movilización del nacionalismo serbio, además de promover una agenda conservadora basada, por ejemplo, en la militarización (Bechev, 2017). El Kremlin tiene como estrategia ser influyente en Serbia y entre los serbios del norte de Kosovo, en la República Srpska (entidad de Bosnia y Herzegovina) o en Montenegro.
A pesar de todo ello, también se pueden extraer lecciones positivas de esta última década tanto para la UE como para los países candidatos. El Proceso de Berlín –una iniciativa de varios estados miembros, liderada por Alemania, para reforzar el vínculo con los WB 6 y promover la cooperación regional y la adhesión a la Unión– y las cumbres de los líderes de la UE con sus homólogos de los Balcanes occidentales han tenido un papel útil en cuanto a la conectividad y las relaciones intergubernamentales, lo que ha dado como resultado importantes avances en transporte, comunicación o reconocimiento de documentos oficiales; teniendo en cuenta, sin embargo, que mucho de lo acordado aún debe ratificarse por los parlamentos nacionales.
En cualquier caso, la principal lección aprendida es que la ausencia de una perspectiva clara de ampliación expone las debilidades, contradicciones y titubeos de la UE, lo que es aprovechado por sus rivales y competidores en la región de los Balcanes occidentales.
Hacia una política real de ampliación
A fin de avanzar en el proyecto de integración, las últimas iniciativas en cuanto a provisión de fondos y nuevos mecanismos de financiación de la UE para la región, prometidos por la presidenta Ursula von der Leyen en junio de 2023, en cuestiones tan centrales como el acceso al mercado único como motor de cambio, dan cuenta del compromiso de Bruselas. Pero de ello también se desprende que la disposición a la ampliación de la UE, incluso la profundización sectorial en materias como la digitalización, la transición energética o la agenda verde, no implican obligatoriamente un deseo de integrar nuevos miembros, al menos de momento. Los estados miembros no están preparados en la actualidad para una nueva ampliación. De hecho, como consecuencia de la voluntad de ampliarse manifestada por la Comisión Europea, han emergido preguntas sobre cómo consolidar este proceso sin dañar el futuro de la Unión.
La UE carece de la maniobrabilidad de un Estado, y esto entorpece la acción institucional ante situaciones inadvertidas que exigen de una capacidad de reacción tenaz, cohesionada y eventualmente flexible. Existen aspectos decisivos que tratar antes de la ampliación, como los siguientes: cómo repartir el poder político derivado del aumento demográfico de la UE, cómo redistribuir los fondos de cohesión o cómo lograr consensos y unidad de acción cuando los países integrantes superen la treintena, habida cuenta de los problemas existentes para alcanzar la unanimidad con 27, sobre todo en materias tan sensibles como la fiscalidad o defensa. La misma reforma de los tratados constitutivos de la UE, necesaria para proceder a la reestructuración del funcionamiento de las instituciones europeas, ya obliga de por sí a la unanimidad, y en esa tarea hay países que pueden bloquear el proceso.
Con tal efecto, el 19 de septiembre de 2023 fue objeto de debate en el Consejo de Asuntos Generales de la UE el informe titulado «Navegando en alta mar: reformar y ampliar la UE para el siglo xxi», presentado por un grupo franco-alemán de doce expertos, invitados por las ministras europeas de Francia y Alemania, Laurence Boone y Anna Lührmann, respectivamente. Una de las propuestas fundamentales del informe hace referencia a la toma de decisiones, al proponer redefinir la mayoría cualificada. En este momento, el sistema de doble mayoría que rige las votaciones en el Consejo de ministros requiere los votos del 55% de los estados miembros que representen a una mayoría del 65% de la población de la Unión. Los expertos defienden que una manera de hacer la extensión de la mayoría cualificada más «aceptable» sería elevar el listón hasta un 60% de los estados miembros que representen el 60% de la población de la UE. Las mayorías cualificadas no solo evitarán que una reforma de la Unión sea objeto del bloqueo de un Estado miembro, sino que también impedirán la desnaturalización del derecho de veto, como el que sufrió Macedonia del Norte con Grecia en su camino a la UE –para el cambio constitucional de su nombre– o con Bulgaria –para incluir a la minoría búlgara en su texto constitucional–. Los expertos también se pronunciaron a favor de «incrementar el presupuesto de la UE en el próximo período presupuestario tanto en tamaño nominal como en relación con el PIB», planteamiento que debería afectar positivamente a los países candidatos, ya que hasta ahora se viene produciendo una asimetría política, pero también económica, entre los estados que disfrutan de la pertenencia a la UE y los que no. Un capítulo importante del informe se refiere al método de las reformas de los países candidatos, que se plantean como un avance gradual: podrán participar en determinadas políticas antes de su adhesión formal, defendiendo el carácter reversible de las negociaciones si los candidatos no cumplen con los criterios objetivos de adhesión y una mayor sistematización mediante fases regidas por el principio de condicionalidad. Este planteamiento no es nuevo, al estar ya incluido en la nueva metodología de ampliación propuesta por la Comisión Europea.
El informe también tiene una sección sobre el Estado de derecho, recomendando fortalecer el llamado procedimiento del Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que permitiría sancionar a los países miembros que violen los valores fundamentales de la Unión de una manera rápida y resolutiva. El documento aborda otras cuestiones, pero hace especial énfasis en dos aspectos que inquietan respecto a los Balcanes occidentales: la democratización y el Estado de derecho. En el caso de Montenegro, el avance en las negociaciones no impide formas de involución, a pesar de llevar la delantera en la carrera por la integración. Así, el 20 de septiembre de 2023 el Parlamento Europeo hacía público un informe adoptado por el Comité de Asuntos Exteriores donde requería de Podgorica: «la urgente necesidad de estabilidad política, un progreso sustancial en las reformas para la UE, en particular reformas electorales y judiciales y la lucha contra el crimen organizado y la corrupción». El documento de los expertos pide disciplinar a los gobiernos de los países candidatos para que respeten el Estado de derecho y los valores de la UE, si quieren obtener financiación. De momento, la propuesta franco-alemana no es la única y ya ha recibido alguna mención crítica, por ejemplo desde Irlanda. Serán necesarias intensas discusiones para llegar a un consenso.
En cualquier caso, la experiencia aprendida durante estos años de parálisis de la ampliación muestra que la preparación de los candidatos y la adecuación de la UE al nuevo reto de la ampliación deberían ser procesos compatibles. Es un enfoque imprescindible para garantizar el cumplimiento del último y olvidado requisito de los llamados criterios de Copenhague para toda ampliación (establecidos por el Consejo Europeo en 1993): preservar «la capacidad de la Unión de absorber nuevos miembros, sin dejar de mantener el impulso de la integración europea». La obligación de los países miembros y candidatos es que este proceso sea creíble.
Los países de los Balcanes occidentales como eternos aspirantes
Desde el inicio de la guerra en Ucrania, ha habido un replanteamiento de la relación de la UE con los Balcanes occidentales, y la política de ampliación forma parte de una nueva estrategia de seguridad. Bruselas, pero también Washington, quieren estabilizar la región y evitar conflictos y conatos de violencia que obliguen a desviar el foco de los esfuerzos políticos y militares que se están realizando en el frente ucraniano. No obstante, los Balcanes occidentales se han convertido en un laberinto político, donde todavía están por resolverse muchos escenarios complejos.
Macedonia del Norte debe de aprobar por mayoría de dos tercios de su Asamblea Nacional la inclusión en el texto constitucional de la minoría búlgara para no sufrir nuevamente el veto de Bulgaria en la apertura de negociaciones con la UE. Después de la difícil negociación para resolver el veto griego, y las últimas exigencias búlgaras han convertido el largo proceso de adhesión en un recorrido humillante para la sociedad local macedonia. Los socialdemócratas, en el poder, presentan una escasa mayoría parlamentaria, y tienen que ratificar el cambio antes de noviembre. La Comisión Europea ha venido abrazando durante la última década con múltiples visitas diplomáticas ambas modificaciones, pero más allá de los vetos, el país necesita de un impulso renovado que alimente sus expectativas de integración europea, pero también demanda de incentivos para las reformas que exige el proceso de adhesión. La concesión a Skopje de la recomendación para ser capital europea de la cultura en 2028 es una de las noticias positivas de las últimas fechas.
Por su parte, Bosnia y Herzegovina representa uno de los desafíos más ambiciosos de la ampliación. Los Acuerdos de Dayton (1995) constituyeron las bases de un sistema etnocrático donde el nacionalismo serbio y croata fracturan la soberanía bosnia a través del sistema de vetos. El líder serbobosnio Milorad Dodik, con una agenda prorrusa y secesionista, se encuentra auspiciado por la asistencia política y económica del presidente húngaro Viktor Órban. Hace unos días, el líder serbobosnio amenazaba con dictar una resolución para expulsar al Alto Representante para Bosnia y Herzegovina, Christian Schmidt, en el caso de que entrara en territorio de la República Srpska. Las autoridades serbobosnias han planteado recientemente aprobar una ley que impondrá una estricta supervisión sobre el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y obligará a quienes reciban fondos foráneos a registrarse como «agentes extranjeros», decisión que la UE y los Estados Unidos consideran inaceptable. Durante la última etapa, los vínculos de Dodik se han estrechado no sólo con Rusia (mediante sucesivas visitas diplomáticas a Moscú) y China (peticiones de financiación), sino también con el líder bosniocroata Dragan Čović, quien a través de su partido, el HDZ, ha sugerido la formación de una tercera entidad de mayoría croata, junto a la Federación de Bosnia y Herzegovina (de mayoría bosnia) y de la República Srpska (de mayoría serbia). De fondo, se manifiesta la idea de debilitar la centralización del poder político en Sarajevo para fortalecer la representación étnica aglutinada en torno a los partidos nacionalistas serbio (SNSD) y croata (HDZ) que dominan la agenda política del país, posición enfrentada con el nacionalismo bosníaco del SDA. Zagreb persigue asentar su influencia sobre Bosnia y Herzegovina a través de su papel de garante de la representación de los bosniocroatas en las instituciones bosnias. Una política, en cualquier caso, que agudiza la fragmentación y que es contraría a las sentencias de Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo («Finci y Sejdić» o «Kovačević»)4. Mientras tanto, el país todavía no está cerca de cumplir con las 14 prioridades enumeradas en la Comunicación de la Comisión Europea sobre la solicitud de adhesión de Bosnia y Herzegovina a la UE del 29 de mayo de 2019.
Las negociaciones Belgrado-Pristina viven sus peores momentos desde la declaración unilateral de independencia de Kosovo. En noviembre de 2022, las autoridades serbo-kosovares dimitieron de sus puestos de trabajo. Y se rompieron los puentes entre la población serbia que vive en Kosovo y Pristina. Los electores locales boicotearon las elecciones municipales del norte de Kosovo el 23 de abril de 2023 y solo concurrieron un 4% de los electores, lo que llevó a unos resultados ilegítimos y a la victoria de cuatro alcaldes albaneses en las municipalidades de mayoría serbia. La toma de los cargos de los alcaldes apoyada por Pristina desató una fuerte movilización de la población serbia local, entre la cual había elementos del crimen organizado, produciéndose graves disturbios. Las fuerzas de la OTAN en Kosovo (KFOR) tuvieron que actuar para proteger los edificios públicos y a las autoridades, y fueron heridos decenas de soldados. Ello muestra que la organización atlántica sigue siendo fundamental para garantizar la paz en la zona. En un giro sin precedentes, las relaciones entre Estados Unidos y Kosovo pasan por una crisis de confianza por dos razones principales. Primero, el Gobierno de Pristina desde 2021 lleva aplicando una política de reciprocidad con Serbia con acciones no coordinadas con sus aliados occidentales; y, segundo, tanto Washington como Bruselas han vislumbrado una estrategia de acercamiento a Belgrado con la idea de reducir la influencia rusa sobre el nacionalismo serbio, que sigue atesorando una fuerte capacidad de desestabilización regional. El objetivo principal es integrar la zona en un espacio de seguridad europeo y blindarla de cualquier contagio derivado de la invasión rusa a Ucrania.
Conclusiones
En 1983, las adhesiones de Portugal y España a la Comunidad Económica Europea (CEE) se demoraron para determinar los modos de financiación de la Política Agrícola Común (PAC). La Comisión Europea, a principios de la década de 1990, retrasó las conversaciones de adhesión con Austria, Finlandia y Suecia hasta que se aprobara la legislación para establecer el mercado único europeo. La práctica de llevar a cabo una reestructuración antes de una ampliación no es ajena a la UE, y tiene que ver con la consolidación institucional en una fase de movimientos políticos tectónicos. «Está claro que la ampliación y la reforma de la UE van de la mano. Y tenemos que empezar con esto ahora», dijo la ministra alemana de Asuntos Europeos, Anna Lührmann en septiembre de 2023.
La reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno, del 5 y 6 de octubre de 2023 en Granada, bajo la presidencia española de la UE, estuvo marcada por la voluntad de garantizar la seguridad colectiva, profundizar en la interconexión y potenciar la soberanía europea, pero también fue una llamada a los estados candidatos para que se preparen «ante la perspectiva de la futura ampliación» y para que fomenten «los valores en los que se fundamenta la UE». Para abordar los nuevos desafíos, la UE debe apostar por una política cohesionada por parte de los estados miembros, pero también por un modelo que no obligue a la unanimidad para la unidad de acción. La UE adquirió un compromiso con los Balcanes occidentales hace dos décadas y, con la excepción de la deriva en Serbia de los últimos años, las sociedades balcánicas son eminentemente proeuropeas. Por eso, no se trata sólo de una concesión política y económica, sino de que la ampliación también es un mecanismo de seguridad y de proyección de futuro para la UE.
Referencias bibliográficas
Bechev, Dimitar. Rival Power: Russia’s influence in Southeast Europe. New Haven and London: Yale University Press, 2017.
Kmezić, Marko y Bieber, Florian «The Crisis of Democracy in the Western Balkans. An Anatomy of Stabilitocracy and the Limits of EU Democracy Promotion». Policy Study (marzo de 2017). Balkans in Europe Policy Advisory Group.
Knaus, Gerald y Bender, Kristof. «Elephants in Skopje – Balkan turtle race and Ukraine». ESI Newsletter, n.º 6 (julio de 2022). European Stability Iniciative.
Lavrič, Lavrin y Bieber, Florian. «Shifts in Support for Authoritarianism and Democracy in the Western Balkans». Problems of Post-Communism, vol. 68, n.º 1 (2020).
Notas:1- Este viraje es significativo, teniendo en cuenta que él mismo, en octubre de 2019, había bloqueado el inicio de las negociaciones para la integración de Albania y Macedonia del Norte.2- Western Balkans (WB): Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Albania y Kosovo.3- A excepción de Kosovo, que sólo es potencial candidato y aún no es reconocido por cinco estados miembros.4- La Constitución de Bosnia y Herzegovina solo reconoce a bosnios, serbios y croatas el derecho a ser elegidos para cargos políticos, y no en ambas entidades (República Srpska y Federación de Bosnia y Herzegovina). En Bosnia y Herzegovina solo un serbio de la entidad República Srpska puede ser elegido para la Presidencia de Bosnia y Herzegovina, y únicamente con los votos de esa entidad. La misma situación se aplica a la otra entidad (Federación de Bosnia y Herzegovina), donde solo los croatas y los bosnios pueden ser elegidos para la Presidencia de Bosnia y Herzegovina. El Tribunal Europeo de Estrasburgo en sucesivas ocasiones ha dictaminado que este sistema viola los derechos humanos.
DOI: https://doi.org/10.24241/NotesInt.2023/295/es