Kosovo avanza, pese a las dificultades
Jordi Vaquer i Fanés,
Director de CIDOB
17 de diciembre de 2010 / Opinión CIDOB, n.º 95
En tres días Kosovo, el país más joven de Europa, se ha puesto de nuevo en primera línea de actualidad. Pero no tanto por las primeras elecciones desde la independencia que acaba de celebrar, como por un informe que acusa al ganador de los comicios, el primer ministro saliente, Hashim Thaci, de crímenes de gran magnitud.
Las elecciones no han estado exentas de polémica, en particular en dos distritos donde el Partido Democrático de Kosovo de Thaci tiene una fuerte implantación y donde se multiplican las denuncias por manipulación electoral, alimentadas por numerosas observaciones de fraude y unos porcentajes de participación increíblemente altos (en Kosovo la tasa de emigración es elevadísima, de modo que hay muchas más personas en el censo de las que realmente pueden votar; por eso resultan tan inverosímiles el 94% de participación registrado en Skenderaj y el 86% en Glogovac. Además ha entrado con fuerza en el Parlamento el movimiento Vetevendosje (Autodeterminación) que, entre otras cosas, aboga por la unificación con Albania. Por si fuese poco, en la zona norte, controlada por Belgrado, el porcentaje de participación de la población serbia ha sido cercano a cero.
Menos de 48 horas después de cerrar los colegios electorales, salió a la luz el informe de un parlamentario suizo, luego aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, denunciando la participación del ganador de las elecciones del domingo -y probable nuevo primer ministro- en actividades delictivas de gran calado (narcotráfico, contrabando, etc.). La más horripilante de las imputaciones es la de tráfico de órganos vitales de prisioneros de sus acciones guerrilleras. La acusación ya lleva algún tiempo circulando, y el nuevo informe reclama una investigación a fondo con plena colaboración de los gobiernos albanés y kosovar, y sin obstrucción de los estados amigos, en particular Estados Unidos.
Abatidos después de que en julio el Tribunal de Justicia de la Haya opinase en contra de su convencimiento sobre la total ilegalidad de la independencia kosovar, los contrarios al reconocimiento de Kosovo como Estado podrían ahora sentirse legitimados. Kosovo, a la vista de los hechos, sería un Estado inviable, étnicamente excluyente y creado a medida de una organización criminal, esponsorizada por Albania y Estados Unidos.
No sería muy sabio sacar conclusiones tan apresuradas. Las elecciones quedan empañadas por las denuncias de manipulación, pero también han demostrado un funcionamiento general calificado de bueno por un gran número de observadores, y la participación (48%, mucho más alta si se tiene en cuenta la importante porción del censo que está en el extranjero sin poder votar) ha sido sensiblemente superior a la de las anteriores elecciones, hace tres años. El resultado es un Parlamento con opciones reales, sin mayoría absoluta, y con un nivel de pluralidad y representatividad parecido al de otros estados de su entorno. En Kosovo, como en Serbia, hay quien discute las fronteras internacionalmente reconocidas y quiere modificaciones en virtud de grandes diseños etno-nacionales (la Gran Serbia, la Gran Albania). Lo importante, sin embargo es que, tanto en un sitio como en otro, son minoritarios. Resulta preocupante que partidos con líderes procesados por el Tribunal de la Haya, como son la Alianza para el Futuro de Kosovo de Rasmus Haradinaj o el Partido Radical Serbio de Vojslav Seselj, sigan recabando el apoyo del 10% del electorado. Pero eso no convierte a Kosovo o a Serbia en estados criminales per se.
No votaron los serbios del norte de Kosovo, totalmente dependientes de Belgrado y sin conexión alguna con el resto del país. En cambio, los serbios del resto de Kosovo (que representan dos tercios del total) participaron en proporciones similares, e incluso superiores, a las de sus vecinos albaneses (50% en Novo Brdo, 49% en Štrpce, 41% en Gračanica), por más que en sus municipios hubiese también algunas denuncias de manipulaciones. Estos serbios, que viven en los mal llamados enclaves (hoy día no hay separación física entre los pueblos de mayoría serbia y su entorno de mayoría albanesa y se circula libremente), demostraron así su voluntad de integrarse en las instituciones del Kosovo independiente. Sus 15 diputados podrían incluso llegar a convertir la minoría serbia en árbitro de la coalición de Gobierno.
En cuanto a las posibles actividades criminales de Thaci y su entorno, y a las acusaciones de connivencia albanesa, una investigación internacional independiente y con plena colaboración tanto de Albania como de Kosovo es imprescindible, y sus valedores internacionales, en especial la UE y Estados Unidos, deberían convencer a ambos gobiernos de ello. Las propias víctimas fueron kosovares (étnicamente serbios, pero también albaneses considerados ‘colaboracionistas’). Depurar responsabilidades de actividades criminales de este tipo puede ser algo que el país por si sólo no pueda hacer, por su magnitud y la importancia de los implicados, pero la comunidad internacional podría proporcionar a los kosovares ayuda eficaz a través del Tribunal para la Antigua Yugoslavia (que ya está juzgando a un antiguo primer ministro, Haradinaj) o de la misión EULEX de la Unión Europea.
En cualquier caso, no sería justo culpabilizar a la mayoría de la población kosovar de unas prácticas ilícitas de las que ellos mismos habrían sido víctimas. Si Thaci y los demás líderes del Ejército de Liberación de Kosovo, incluido el procesado Haradinaj, llegaron al liderazgo en Kosovo fue, no lo olvidemos, tras el fracaso de los partidarios de la resistencia no violenta. Éstos, encabezados por Ibrahim Rugova, llevaron a cabo entre 1989 y 1998 la mayor campaña de desobediencia civil de la historia europea, superando incluso a la resistencia pacífica de los daneses a la ocupación nazi. El completo abandono al que la comunidad internacional abocó a los albano-kosovares -que optaron masivamente y durante diez años por medios no violentos en su lucha contra el intolerable apartheid que sufrían- fue lo que dio alas a la opción militar del Ejército de Liberación de Kosovo. Esta opción militar fue minoritaria entre los albano-kosovares hasta la salvaje campaña de represalias y limpieza étnica llevada a cabo por la Yugoslavia de Milosevic en 1998 y 1999. Una investigación que exponga las prácticas intolerables y las posibles conexiones criminales del Ejército de Liberación de Kosovo y sus antiguos héroes, ahora convertidos en políticos, es imprescindible. Pero su resultado, cualquiera que sea, no puede deslegitimar el derecho de los kosovares a vivir en un Estado independiente de la Serbia que intentó erradicar de Kosovo al 90% de sus habitantes en nombre de una mitificada historia nacional. Un derecho que, por cierto, los serbokosovares que no han podido ser segregados por Belgrado como en el norte, parecen ir aceptando con su integración en la joven y aún titubeante democracia kosovar.
Jordi Vaquer i Fanés,
Director de CIDOB