El Sahel: la otra frontera de Europa

Esta Nota se actualizó el 13 de julio de 2020

“El mar expulsa los cuerpos hacia la orilla, pero la arena los engulle y no deja rastro”, afirma el profesor Bréma Dicko de la Universidad de Bamako en Mali. El desierto del Sáhara se ha convertido en el cementerio al aire libre más grande del mundo, por delante incluso del mar Mediterráneo, según la ONU, aunque es difícil obtener cifras fiables de muertos. Las imágenes del pequeño Aylan Kurdi ahogado en las playas de Turquía; las barcas repletas de migrantes intentando alcanzar costas italianas o griegas; o las personas heridas en las vallas de Ceuta y Melilla han quedado grabadas a fuego en las retinas de la población europea. Son algunas de las consecuencias del blindaje de las fronteras de Europa, pero ¿qué sucede más allá del Mediterráneo? ¿Cuáles son las políticas de la UE para frenar la movilidad en otras latitudes? ¿Qué efectos producen y qué lecciones se pueden extraer?

“El Sahel significa la nueva frontera avanzada de Europa”, confirma el Alto Representante de la UE para el Sahel, Ángel Losada. La aseveración rotunda es visible en esta zona limítrofe entre el desierto del Sáhara y la sabana africana, donde se encuentran algunos de los países más pobres del mundo, como Níger o Mali. Desde la Cumbre de la Valeta de 2015, la UE se propuso contener los flujos de personas de África hacia Europa mediante un dispositivo basado en seguridad, disuasión y cooperación internacional para el desarrollo. A pesar de los esfuerzos, las migraciones continúan y la vulneración de derechos humanos se expande, según Oxfam. La estrategia de externalización de fronteras se presenta como un “éxito” por la disminución de llegadas a suelo europeo –un 92 % menos respecto a 2015, con datos de Frontex-, pero se obvian los costes económicos y humanos; los efectos contraproducentes –tanto desde el punto de vista de inversión-resultado como de los objetivos perseguidos– y la inoperancia del mecanismo a largo plazo.

Externalización de fronteras

“Cuántas más barreras pongan, más personas intentarán superarlas para ver qué hay al otro lado. Es como el muro de Berlín”, asegura Hassan, un migrante burkinés que intentó saltar las concertinas de Ceuta, sin éxito. Construir un fortín lleva tiempo, es caro y la historia evidencia su irremediable superación. Aun así, la UE parece enfrascada en asumir el precio. La Europa fortaleza, como se conoce comúnmente a la estrategia de contención de las instituciones comunitarias, se extiende hasta el desierto del Sáhara mediante promesas de ayuda oficial para el desarrollo y grandes dispendios en seguridad. Estados con el Índice de Desarrollo Humano entre los más bajos de la Tierra, como Níger y Mali, asumen la tarea de gendarmes de Europa, ejercida también por países como Marruecos y Mauritania y, sobre todo, por la Libia de Gadafi. La frontera desciende y la inestabilidad resquebraja las costuras de estos territorios vulnerables. La proliferación de grupos armados; la pobreza y hambruna; los efectos del cambio climático y la debilidad de las instituciones, legitiman la propagación de misiones militares, intervenciones humanitarias e inversiones millonarias destinadas en principio a desarrollo pero más focalizadas al control migratorio, según informes como el de ARCI.

El Fondo para la Emergencia de África (EU Trust Fund, en sus siglas en inglés) es la principal herramienta para el cometido, del cual Níger y Mali son beneficiarios principales. La estrategia se basa en una visión push (repulsión)-pull (atracción), que piensa de forma simplista y errónea que a mayor desarrollo habrá menos desplazamientos. Se plantea así más inversión para evitar los flujos, algo que la academia lleva desmintiendo sistemáticamente las últimas décadas. No son las personas con menos recursos las que migran; no lo hacen desde los territorios más frágiles; el aumento de capacidades se asocia, en el corto y medio plazo, más bien al aumento de desplazamientos y no a la inversa (Faist, 2011). Níger es ejemplo de ello. Considerado el país más pobre del mundo, cuenta con índices ínfimos de migración hacia Europa, puesto que la mayoría de sus movimientos se dan hacia el sur, a países del Golfo de Guinea, Nigeria, Ghana o Costa de Marfil, o hacia el norte, hacia Libia y Argelia. Son movilidades intrarregionales, formas de adaptación en un medio árido, pero protagonizadas mayoritariamente por quienes poseen recursos. El paradigma migración y desarrollo que guía las actuaciones europeas, pues, debería ser revisado.

Desierto en movimiento

Los organismos internacionales avalan la importancia cuantitativa de las migraciones internas africanas respecto al porcentaje nimio que llega –o quiere llegar- a Europa-. Las cifras hablan por sí solas. En el caso de toda África, en torno al 75 % se queda en el continente respecto al 25 % que se dirige hacia destinos más lejanos –Europa, Estados Unidos o China-, según la ONU. En lo relativo a África Occidental, los números alcanzarían el 90-10 %. En este sentido, la sensación de que miles o millones de africanos se encuentran agazapados en algún lugar tras las vallas de la frontera Sur o en Libia a la espera de saltar –y asaltar- El Dorado europeo, simplemente es sesgada y no responde a la realidad. La mayoría de movimientos en África se quedan en África.

En el caso del Sahel, la zona ha sido históricamente lugar de paso, espacio en movimiento de todo tipo de mercancías, ideas, valores y, recientemente también de personas, de África subsahariana hacia el norte. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó que entre el 70 % y el 90 % de las personas llegadas a Italia en 2015-2016 atravesó Níger, concretamente por Agadez, la ciudad puerta del Sáhara. De ahí que el foco internacional se postrara en este trayecto conocido como la ruta del uranio -por la relevancia del mineral en su subsuelo- heredera de las caravanas de la Edad Media y etapa previa de la ruta del Mediterráneo central. En 2013, la difusión en la prensa de medio mundo del hallazgo de 92 cadáveres de mujeres y niños muertos de sed en el desierto alertó a la comunidad internacional, a pesar de que las personas engullidas por las dunas en años anteriores ya eran incontables sin apenas repercusión. En 2015, Europa consumó su voluntad de bloquear el camino durante la Cumbre de la Valeta. El mismo año, el país saheliano aprobó una ley de criminalización del tráfico y la trata de seres humanos, que afectó directamente a los pueblos nómadas del desierto, principalmente tuaregs y tubus, responsables del comercio durante siglos.

Níger se abrió de par en par a la financiación europea, mediante ayuda oficial al desarrollo –se convirtió en el principal receptor mundial de ayuda europea por cápita-, para cerrar sus confines y actuar como policía contra la migración irregular. Con el pretexto de impedir a las personas migrantes “emprender viajes que conducen al infierno de Libia o directamente a la muerte”, en palabras de la responsable de ACNUR en Níger, Alessandra Morelli, los organismos internacionales, junto a la Unión Europea, incrementaron sus dispositivos de protección de personas vulnerables, pero también de vigilancia y control de fronteras. Mediante un doble rol, por un lado humanitario y, por el otro, como brazo ejecutor de las políticas europeas, la OIM, agencia adscrita al sistema de Naciones Unidas en 2016, lidera desde entonces el dispositivo de contención con programas de “retorno voluntario”, campañas de disuasión y proyectos de sedentarización de poblaciones, según Migreurop. El plan parece funcionar a tenor de las cifras proporcionadas por la misma organización. Los flujos por Níger descendieron un 90% en 2018, según el entonces presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pasando de 330.000 personas en 2016 a entre 10.000 y 5.000 en 2018, según ratificó también el presidente del país, Mahamadou Issoufou. ¿A qué precio se logró este descenso? ¿Qué consecuencias ha comportado?

Efectos contraproducentes

Si en el mar Mediterráneo Frontex es la agencia oficial dedicada al control de fronteras, en el desierto del Sáhara la labor recae en ejércitos europeos y africanos, y organismos internacionales como la propia OIM. Frontex está presente, pero solo con personal de enlace. La estrategia en el Sahel se fundamenta en distintos pilares: formación y entrenamiento de policías locales para desmantelar redes de tráfico, a través de misiones cívico-militares como EUCAP Sahel; refuerzo del control fronterizo con más puntos de vigilancia y datos biométricos a cargo de tropas nacionales y programas de la OIM; y, finalmente, programas de desarrollo condicionados al freno migratorio, según Concord. La lucha contra el terrorismo se yuxtapone en este lugar con el bloqueo de personas y viceversa, lo que hace difícil discernir los recursos dedicados a una cosa u otra.

La externalización de fronteras, reconocida por responsables de la OIM en el país, tiene consecuencias concretas y, a menudo, contraproducentes para los propios objetivos establecidos. La reconducción y clandestinización de rutas, y el aumento de tráfico informal son algunas de éstas. El tránsito por Níger parece reducirse pero, sin embargo, continúa de forma más oculta, peligrosa y arriesgada para quienes lo practican, según ONGs en el terreno como Médicos Sin Fronteras. Los desplazamientos se bifurcan por rutas sin puntos de agua para evitar controles y las llamadas mafias aumentan los costes a pagar por los migrantes. A más obstáculos, más nuevas vías y más cantidad de redes informales. La demanda sigue existiendo y los obstáculos interpuestos por la UE y los gobiernos africanos producen mayor vulnerabilidad para quienes se mueven y, a su vez, están en el corazón mismo de la proliferación de las mafias contra las que dicen luchar. Brachet lo resume así: “los traficantes, como categoría particular de actores, aparecen directamente como consecuencia de las políticas migratorias que fueron concebidas para controlarles” (2018).

En este sentido, cuando una puerta se cierra otra se abre, según reconocen las mismas autoridades europeas e internacionales. Las migraciones no se frenan y los itinerarios se derivan hacia el norte de Mali, donde grupos armados de toda índole campan sin control. La Casa del Migrante de Gao, por ejemplo, registró un incremento notable de los desplazamientos por la ciudad, a pesar de la inseguridad, de 7.000 personas en 2017 a 100.000 en 2018. Los migrantes son conducidos, pues, hacia un no man’s land donde todos los actores –traficantes, militares, autoridades locales…-, fuera de cualquier fiscalización, ahondan en la vulneración de derechos humanos. Organizaciones sociales como Alternative Espaces Citoyens de Níger acreditan violaciones físicas a mujeres y hombres, embarazos como consecuencia de las mismas, malos tratos, torturas, extorsiones y secuestros por parte de grupos armados. Las instituciones comunitarias y nigerinas parecen obviar la situación o la tratan como un daño colateral a su política de “lucha contra la raíces profundas de la migración”, acordada en La Valeta y que supone, de facto, una criminalización de la migración.

Poblaciones locales y movilidad

“Níger se ha convertido en el vertedero de Europa, donde se queda todo lo que el viejo continente rechaza”, afirma Ibrahim Manzo Diallo, periodista nigerino en Agadez. El intento de taponar la ruta por Níger ha provocado que el país reciba a miles de personas expulsadas de Argelia en condiciones deplorables; acoja a repatriados que huyen de la explotación y el abuso en Libia; atienda a todos aquellos bloqueados en su trayecto hacia el norte y, como consecuencia de todo ello, deba asumir la demanda de asilo y refugio de miles de personas. Esta situación derivada de la contención, unida a la obstaculización de las movilidades regionales de ciudadanos locales y el freno de ingresos procedentes del negocio migratorio, abonan el terreno al descontento y la aflicción.

La reproducción de controles en las carreteras y límites estatales del Sáhara –aunque porosos e inabarcables- pone trabas a las formas de vida tradicionales de la zona como el nomadismo, la trashumancia o, desde las independencias, también el contrabando. Las políticas de modernización y sedentarización que durante la época colonial privilegiaron a pueblos agricultores más estacionarios, regresan ahora con la mano dura contra la migración. Los grupos pastores de la región, sobre todo peul, tuareg o tubu, reivindican su papel y amagan con retomar las armas si se fulmina su sustento económico. Sus élites cooperan con la UE pero también mantienen el tráfico y denuncian acaparamiento de las subvenciones por parte de la administración central del país. Las inversiones de la “renta migratoria” europea, en palabras del antropólogo Olivier de Sardan (2005), pueden influir, pues, en la reactivación de conflictos etno-territoriales que amenacen la estabilidad del país.

De hecho, las prestaciones europeas en todo el norte nigerino ya tienen como objetivo aplacar el posible descontento de las poblaciones locales por el freno migratorio, pero su gestión actual anticipa un gasto millonario sin lograr su propósito. Es decir, a pesar de la represión, el tráfico se mantiene pero más escondido; la avalancha de dinero europeo, lejos de contentar, ahonda rencillas históricas o crea de nuevas –entre población autóctona y extranjera- y, además, profundiza la lógica neocolonial y mantiene instituciones y estados rentistas. En este sentido, Francia conserva su influencia política y económica, también sobre el mayor recurso nigerino, el uranio, solo que ahora con más competencia: tanto europea, con Italia y España –también Alemania- lidiando por privilegiar su rol como primeros valedores de los sistemas de contención migratoria –en el caso de España durante la crisis de los cayucos de 2005-, como de otros actores internacionales como China, Turquía o EEUU, en disputa por expandir sus intereses en industria militar o explotación de petróleo, entre otros.

El negocio de las fronteras

A pesar de las consecuencias mencionadas, las instituciones europeas planean mantener y ampliar sus políticas restrictivas durante el mandato de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, que ya evidenció parte de su ideario al proponer en un primer momento una cartera para “la protección del estilo de vida europeo” en alusión a una supuesta amenaza de la migración y para contentar a las posiciones derechistas más radicales. Finalmente, se vio obligada a rectificar, pero su diagnóstico –probablemente  acertado, a pesar de la desafortunada nomenclatura- consideraba el cierre fronterizo como reivindicación primordial de su población. En la misma línea, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, propone ahora “más pistolas” y armamento para África para acabar con la inseguridad del continente que, desde su punto de vista, amenaza Europa. Es conocida también su posición en defensa del paradigma migración y desarrollo, convencido de que la cooperación internacional y los acuerdos comerciales –aunque desiguales- pueden y deben servir a aplacar los flujos. Ante esto, ¿dónde quedan los pretendidos valores europeos de solidaridad, tolerancia o inclusión, ante unas políticas que inciden en todo lo contrario? ¿Por qué se insiste en la fortificación en lugar de la apertura?

Parte de la sociedad civil y la academia lleva tiempo denunciando estas “necropolíticas” o políticas de muerte, en términos de la activista pro derechos humanos, Helena Maleno, aún a riesgo de ser perseguidos o acusados de tráfico de personas como en su caso o el de Open Arms. Denuncian el repliegue europeo sobre sí mismo capitaneado por la extrema derecha que guía el camino, pero también la tibieza de visiones teóricamente progresistas que, aún estando al mando de la UE durante años, han implementado políticas restrictivas sin reparo. Tales posturas se amparan ahora en el auge ultraderechista para justificar sus medidas, pero su falta de determinación para combatirlas y proponer alternativas permitieron la consolidación de las perspectivas xenófobas y racistas. Los damnificados, como siempre, fueron y son los más débiles, las personas migrantes que ya sufrieron mayormente las consecuencias de la crisis económica y a los que se quiere seguir invisibilizando mediante concertinas, CIEs o patrullas policiales en el mar y el desierto.

Sin embargo, la represión se ha demostrado inefectiva, porque las personas siguen viniendo. Por tanto, solo es entendible desde la defensa de intereses geopolíticos y la consolidación de suculentos negocios en alza, como el de seguridad, del que participan organismos públicos o semipúblicos y corporaciones privadas. Es el caso de empresas dedicadas a la fabricación de armas como los gigantes armamentísticos, Thales, Airbus o la española Indra; y de seguridad biométrica como Veridos, OT Morpho o Gemalto, entre otras, según el informe Expandiendo la Fortaleza, del Centro Delàs y el Transnational Institute. La militarización y securitización de las fronteras, pues, incumple derechos básicos, como el recogido en el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos, pero supone un fructífero negocio para quienes participan.

Cambiar el rumbo

A tenor de todo lo argumentado, lo más razonable sería que la UE dejara de librar una guerra contra la migración: primero, porque atenta contra los derechos humanos y, segundo, porque la perderá. Las migraciones no pararán y las personas con voluntad de moverse lo seguirán haciendo. De hecho, las sociedades actuales son eminentemente sedentarias, sólo un 3 % de la población mundial se desplaza, por lo cual no debe temerse a quien se mueve sino revisar las políticas de frontera y sus nefastas consecuencias. Las instituciones comunitarias están invirtiendo cantidades ingentes para aplacar los flujos migratorios desde una perspectiva de seguridad y de desarrollo que, en ambos casos, provocan efectos adversos. En cuanto a seguridad, la situación empeora día a día a pesar de las intervenciones militares y el rearme de las instituciones locales, en gran medida, por la multiplicidad de actores, la falta de coherencia entre estrategias internacionales, también la europea, y sobre todo la priorización de intereses que, lejos de querer acabar con la inseguridad, permiten perpetuarla.

En relación al desarrollo, la perspectiva de partida es errónea, ineficaz y de gestión mejorable. Además, se instrumentaliza como condición sine qua non para mantener relaciones de poder propias de otras etapas históricas sin atender la complejidad del fenómeno migratorio y despreciando aspectos socio-culturales que, en última instancia, son también políticos. La represión, por tanto, no es la solución. La promoción de vías legales y seguras debería serlo. Cuanto más se estrechan los cauces reglamentarios, más crece la irregularidad en los flujos, no porque se incremente el número de personas que se mueve sino porque se reduce la posibilidad de hacerlo conforme a las leyes. Por tanto, la contención migratoria implica mayor irregularidad. Para evitarla, deben promocionarse mecanismos de migración regular, ya sea programas laborales de estancia temporal o intercambios reales de mano de obra –cualificada o no- entre países del Norte y el Sur; promover corredores humanitarios para solicitantes de asilo y refugiados –debe recordarse que gran parte de las personas en movimiento por el desierto reunirían requisitos establecidos en la Convención de Ginebra para acceder a estos estatus- y, finalmente, suavizar las exigencias de entrada, de obtención de visados, para quienes llegan de países vulnerables. Todo esto ya está recogido en el Pacto Mundial para las migraciones firmado en 2018 y vertebra el discurso oficial de la OIM, aunque por ahora queda en papel mojado ante la prevalencia de la vía punitiva sobre la promoción de canales regulares para moverse.

En esta línea, es importante que la UE respete los protocolos de libre circulación existentes en la zona del Sahel, como el de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), en coherencia con su defensa del Acuerdo de Libre Comercio del continente (AfCTA) promovido por la Unión Africana (UA). Para ello, debe tomar conciencia que el refuerzo fronterizo impuesto a los estados de la zona entra en contradicción con ese principio, obstaculiza movilidades tradicionales y, en consecuencia, puede incentivar flujos hacia Europa. Es decir, si se entorpecen los desplazamientos hacia destinos históricos, sus protagonistas pueden incorporarse a las rutas hacia el norte al considerar que, a dificultades análogas, el destino europeo puede reportar mayores beneficios económicos. Finalmente, es necesario que las autoridades públicas europeas enfaticen las contribuciones positivas de la movilidad y eviten las vinculaciones capciosas sobre migración, terrorismo y criminalidad. En definitiva, es necesario que la UE entienda, acepte y aplique -y no sólo lo propugne por escrito- que: 1) no todos los africanos quieren venir a Europa; 2) que la inoperancia de la vía represiva y de desarrollo es un hecho y debe revertirse y 3) que la migración es positiva y forma parte intrínseca del ser humano y, en este sentido, su limitación es contraproducente y además imposible.

La crisis de la Covid-19 puede significar una ventana de oportunidad para revertir este tipo de políticas (si se quiere), aunque también existe el temor fundado de una intensificación de las mismas mediante la utilización del virus como pretexto para legitimar las consecuencias perversas de unas fronteras espurias. 

Referencias bibliográficas 

Faist, Thomas et al. The migration-development nexus. A transnational perspective. Londres: Palgrave Macmillan, 2011. 

Brachet, Julien. «Manufacturing from irregular to clandestine mobility in the Sahara». Annals, vol. 676 (2018), p. 16-35.

Olivier de Sardan, Jean-Pierre. Anthropology and Development. Understanding Contemporary Social Change. London: Zed Books, 2005 

Palabras clave:  migraciones, fronteras, UE, África, Sahel, Europa fortaleza, Níger, Mauritania

“This publication has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 821010 and acronym CASCADES. It reflects only the author's view and that the Agency is not responsible for any use that may be made of the information it contains”.

E-ISSN: 2013-4428

D.L.: B-8439-2012