El proceso de paz en Colombia: una oportunidad
Notes internacionals CIDOB, núm. 94
En los más de cincuenta años de existencia que tiene el conflicto colombiano varias son las heridas que éste ha dejado abiertas a nivel político, social y económico en el país. Sin embargo, el proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Pueblo (FARC-EP de ahora en adelante) ha abierto un nuevo capítulo en esta larga historia del conflicto armado. Como todo proceso de paz, las negociaciones son sólo el inicio de un largo camino cuyo éxito depende tanto de la voluntad de las partes como del contexto político y social en el que se inscribe. En el caso de Colombia, el balance de este contexto marca un camino lleno de retos.
Por un lado, el Estado sigue estando caracterizado por una gran debilidad institucional que ha impedido asegurar su presencia en el conjunto del territorio y ha demostrado la falta de capacidad para garantizar la seguridad y el desarrollo equitativo de la población. Una debilidad que ha sido aprovechada por grandes terratenientes, por la acción de grupos guerrilleros, la actuación de paramilitares y por la influencia del narcotráfico en todos los estamentos de la sociedad. Por otro lado, el conflicto sigue produciendo víctimas y ahondando aún más en los factores de inestabilidad en el país. A día de hoy, la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, creada por el pasado Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, tras la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, lleva registradas hasta el momento 6.541.351 víctimas. Según las estadísticas de esta Unidad, estas víctimas han sido objeto de desplazamientos, secuestros, actos terroristas, abusos sexuales, desapariciones forzadas, homicidios, minas antipersonas, pérdida de bienes, torturas y reclutamiento de menores de edad en las filas de las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (de ahora en adelante ELN) y bandas criminales.
Añadido a esto, el desarrollo del proceso de paz se ha inscrito desde principios del 2014 en un contexto electoral que ha evidenciado la polarización política y social en la que vive el país. Sobre todo, en el modo de entender el conflicto, el proceso de paz y la solución al mismo. A grandes rasgos, y sin pretender eludir nuevas propuestas políticas que intentaron competir contra los principales candidatos presidenciales, las pasadas elecciones del 15 de junio pusieron de manifiesto la existencia de dos bandos claramente definidos. Por un lado, un sector liberal y reformista, agrupado en la fórmula de la Unidad Nacional del reelegido presidente Juan Manuel Santos, es apoyado por aquellos sectores de la sociedad partidarios de una solución negociada al conflicto. Y, por otro, un sector conservador, partidario de una solución predominantemente militar, defendida por el candidato Oscar Iván Zuluaga, representante del Centro Democrático, es claro defensor de la continuidad de la visión política y del conflicto del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Como ya es sabido, esta contienda electoral dio como resultado la reelección del presidente Juan Manuel Santos en lo que se convirtió en una especie de plebiscito para la paz. Partidos políticos de diversa tendencia, sectores de izquierda, organizaciones civiles, artistas e intelectuales de distintas ramas, decidieron darle a la presidente Santos su apoyo con 7.816.986 votos (50,95%). Aunque una gran parte de la población nada desdeñable decidió apoyar al candidato Zuluaga con un número de 6.905.001 votos (45%).
Estos son el contexto y el balance social frente a los que el nuevo Gobierno del reelegido presidente Santos deberá enfrentarse y dedicar todos sus esfuerzos para continuar reforzando las instituciones del Estado, unificar las visiones de una sociedad polarizada y conseguir llevar a buen puerto el nuevo capítulo de negociaciones de La Habana.