El golpe de Honduras y la actitud frente a las semidemocracias

Narcís Serra
Presidente de la Fundación CIDOB

Barcelona, 06 de julio de 2009 / Opinión CIDOB, n.º 43

El pasado día 28 de junio, de madrugada, las fuerzas armadas hondureñas ocuparon la residencia del presidente electo y, después de detenerlo, lo expulsaron en un avión de la Fuerza Aérea a Costa Rica. Con ello se repetía un hecho que parecía ya desterrado del hemisferio americano: los golpes de estado perpetrados por los militares.

Cierto que esta vez los militares no dieron el golpe para instalarse directamente en el poder. Saben que los costes de asumir el Gobierno del país son hoy insoportables a medio plazo para las fuerzas armadas. Se trata más bien de lo que Alfred Stepan ha denominado “momentos brumarianos” en recuerdo del tipo de relación de instrumentalización entre la burguesía francesa y las fuerzas armadas descrito por Karl Marx en su “El dieciocho de Brumario y Luis Bonaparte”.

De hecho se trata de un golpe preparado por la clase política, incluyendo el poder judicial, apoyada por los medios de comunicación, la jerarquía eclesiástica y los grandes empresarios. ¿Cómo se llegó a esta situación? Las causas son múltiples pero se podrían resumir en la precariedad de la democracia hondureña y los errores del presidente electo Manuel (Mel) Zelaya que, contraviniendo la Constitución vigente, inició el proceso de preparar su reelección colocando una cuarta urna en las elecciones generales del domingo 28 con la que consultar a la ciudadanía sobre la reforma de la Constitución a sabiendas de que tanto el Legislativo como el poder judicial la consideraban ilegal. A mayor abundamiento, el presidente pidió a las fuerzas armadas que fueran quienes distribuyeran esta cuarta urna en los colegios electorales. Al negarse a ello, el jefe del Estado Mayor Conjunto fue destituido de manera fulminante por el presidente y repuesto horas después por el Congreso. Ha sido este general el que ordenó la captura y expulsión de Mel Zelaya.

La entrada de Honduras en el ALBA y la progresiva inclinación de Zelaya hacia las posiciones de Hugo Chávez han sido elementos decisivos para provocar el golpe. Pero se equivocarían los Estados Unidos si actuaran en función de este tema que sin duda ha pesado, al menos, en la pasividad del embajador norteamericano en Tegucigalpa, puesto que es inconcebible, en el caso hondureño, que se haya maquinado y producido el golpe sin su conocimiento. La mejor forma de favorecer los intereses de Hugo Chávez en la zona es entregarle la bandera de la defensa de la democracia en uno de sus países aliados.

Por muchos errores que haya cometido Zelaya, la comunidad internacional ha reaccionado de forma unánime, incluida la administración norteamericana: el golpe es intolerable y constituye un precedente inaceptable. Ya hemos visto, sin embargo, lo difícil que es restablecer la situación, a pesar de la respuesta internacional sin fisuras. No se trata tan sólo del regreso del presidente constitucional. Hemos de preguntarnos si pueden seguir ocupando sus puestos unos mandos militares que capturaron al presidente y lo expulsaron del país. O el miembro del Tribunal Supremo que firmó la orden de captura sin esperar al debido proceso. Podríamos seguir enumerando condiciones hasta llegar a la necesidad de reformar una Constitución tan inflexible o crear las condiciones de un verdadero Estado laico en el que las iglesias no se erijan en partidarios o árbitros en la vida política…

Todo ello es muy difícil de llevar a cabo, pero es lo que realmente importa, sin dejarse engañar por aspectos más llamativos, pero menos esenciales, como puede ser el hecho de que la expulsión la llevaran a cabo los militares, o la continua intervención, antes y después, del presidente de Venezuela. La necesaria reforma militar, por ejemplo, es imposible en un país en el que los distintos partidos políticos no la desean porque a lo que aspiran es a que los militares se alineen detrás de las posiciones de cada uno de ellos.

El problema de fondo es el estancamiento de los procesos de transición democrática en muchos países de América Latina y en la mayoría de los de Centroamérica. Es un tema suficientemente analizado por los politólogos, que han acuñado nombres como el de “democracia delegativa” o “semidemocracias” para estas situaciones. Un somero examen de las actitudes de los actores políticos, de las instituciones y hasta de los textos legales del caso hondureño muestra hasta que punto será difícil encontrar puntos de apoyo para la resolución de la crisis que contribuyan también al avance de la democracia en Honduras. La comunidad internacional no debe pensar en un parche al conflicto hondureño, sino en un impulso hacia la construcción de una democracia más sólida en este país.

Aceptar este precedente sería fomentar el riesgo de actitudes parecidas en otros países de la zona, como ha sido y lo es aceptar los crímenes perpetrados en Guatemala, el fraude electoral en Nicaragua o la violencia creciente en El Salvador. A estas alturas, no es necesario demostrar que el chavismo acaba instalándose más pronto que tarde en estos países con tanta penuria democrática.

En conclusión, es trascendental que la comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos y, muy singularmente, los Estados Unidos se den cuenta de que no es suficiente con resolver el conflicto creado con el golpe hondureño ni con exigir una reforma democrática a las fuerzas armadas hondureñas. Si se desea una solución no cosmética hay que enfrentarse a la situación institucional que ha hecho posible esta violación de las reglas democráticas. Y una poderosa razón para ello es que la debilidad democrática hondureña no es mayor que la de varios países de su entorno. Por ello no es posible la aceptación pasiva de democracias tan frágiles con el argumento de que “son mejores que lo que había”.

La mayor responsabilidad en el diseño de una nueva política de exigencia e impulso democráticos en Latinoamérica reside en los grandes países del hemisferio, singularmente los Estados Unidos y también Brasil y México. Pero como en tantos otros conflictos y problemas con repercusiones internacionales, la Unión Europea debe ser consciente de sus responsabilidades y de su capacidad de influencia.

Narcís Serra