Dos partidos aún en juego para Argentina

Santiago Villar

Asistente de investigación, CIDOB

July, 17, 2014 / Opinión CIDOB, n.º 251 / E-ISSN 2014-0843

Argentina ha vivido un mes de mundial y ahora todo vuelve a la normalidad. La fiebre por las expectativas futbolísticas poseía tal entidad en Argentina que Messi y su equipo han logrado desviar la atención de dos temas de trascendental importancia para la nación, uno económico y otro político.

En el terreno económico el pasado 16 de junio, el Tribunal Supremo de los EEUU rechazó un recurso interpuesto por el gobierno argentino, y por tanto confirmó la sentencia favorable a los holdouts que el juez neoyorquino Thomas Griesa había dictado en noviembre de 2012. Para comprender la situación actual de Argentina es necesario recordar algunos acontecimientos. En diciembre de 2001 estalló una de las peores crisis económicas de la historia argentina. El denominado corralito bancario afectó directamente a la población, que se lanzó masivamente a las calles. Las protestas derivaron en una veintena de muertos y en la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. El país se encontraba sumido en un caos social, al cual se sumaba el default de su economía y la inestabilidad política. Tras la fugaz presidencia de dos días de Ramón Puerta, su sucesor, Adolfo Rodríguez Saa, anunció la suspensión del pago de la deuda externa durante el discurso de asunción al cargo, que ocuparía sólo siete días.

Tras las elecciones de 2003, el gobierno del electo Néstor Kirchner presentó las primeras ofertas para reestructurar la deuda, proponiendo el pago solo de capital a plazo y con una importante quita. En 2005, tras una mejora en la oferta, se puso en marcha el primer plan de restructuración logrando una adhesión del 75% del total de la deuda. Un año más tarde, en 2006, Argentina canceló su deuda con el FMI, por un valor de 9.500 millones de dólares. En 2009 se reabrió el canje de deuda para los acreedores que no habían ingresado en la primera restructuración y en 2010 la oferta fue aceptada por un 66% de este grupo de acreedores. Con los dos canjes (2005 y 2010) Argentina logró un nivel de adhesión de un 92% del total de la deuda originaria, alcanzando una quita promedio de un 65%. La cuestión parecía encarrilarse hasta que en 2012 Griesa falló a favor de los acreedores que no ingresaron en los canjes de deuda (los holdouts). En su mayoría son fondos de inversión especulativos que no negocian deudas, sino que apuntan a obtener el 100% del valor de los títulos nominales, de ahí que el gobierno argentino los haya denominado “fondos buitre”.

Rechazados los recursos argentinos presentados, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expresó su desacuerdo tanto en actos oficiales como en textos publicados en los diarios más importantes de Estados Unidos y Europa. Asimismo, Argentina ha ido planteando su caso en diversos organismos internacionales que, en su mayoría, le mostraron su apoyo, como el G77, la OEA, UNASUR, MERCOSUR y países como China, Francia o varios estados latinoamericanos. El plazo que tenía Argentina para realizar el pago, que rondaría los 1.300 millones de dólares, finalizó el pasado 30 de junio y su no cumplimiento supondría el default técnico de la deuda. El Gobierno argentino, el 26 de junio realizó un depósito de 832 millones de dólares, lo que cubriría el total de la deuda reestructurada. Sin embargo el juez Griesa decidió devolver ese dinero prohibiendo cualquier pago que no se ajustase a la sentencia, a la vez que tampoco decidió embargarlo a cuenta. In extremis, otorgó una prórroga hasta el 30 de julio para que ambas partes, gobierno y holdouts, se sienten a negociar. Hasta el momento, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y su equipo se han reunido con el mediador designado por el juez Griesa (Daniel Pollack) pero aún no ha habido un acuerdo firme. La propuesta argentina pasará seguramente por asegurar que no caigan los acuerdos previos con los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

La situación que debe afrontar el Gobierno es límite. Si no llegase a un acuerdo con los “fondos buitre” incumpliría el plazo y caería en default técnico. Pero si pagase el 100% de lo reclamado por los holdouts, se pondría en peligro la deuda ya reestructurada que quedaría en posición de reclamar un trato igualitario. Esto podría derivar en una deuda que se estima cercana a los 15.000 millones de dólares, un nivel superior al 50% de las reservas que posee el país.

Las declaraciones cruzadas se han ido sucediendo entre el Gobierno y los representantes de los acreedores, a quienes Buenos Aires acusa de extorsión. No obstante, la opinión pública en Argentina se encuentra dividida. Hay quienes apoyan incondicionalmente al Gobierno, mientras otros cuestionan la forma en que los Kirchner gestionaron las negociaciones en los últimos 10 años, con declaraciones públicas de Ministros de Economía -y hasta de la propia Presidenta- en confrontación directa y en contra del pago a los holdouts.

Lo cierto es que se ha llegado nuevamente a una encrucijada en la cual el Gobierno deberá ser más pragmático que populista a fin de no dejar al país fuera del sistema económico mundial. Se deberá negociar para impedir el default y no para apuntarse un triunfo contra los “fondos buitre”, teniendo en cuenta el bienestar y el futuro de la nación, que están muy por encima de los gobernantes de turno y sus horizontes políticos. Esto no significa claudicar, pero sí un compromiso real con la negociación, tal como se ha visto este año tras los acuerdos con Repsol y el Club de París.

Dentro del ámbito político, el pasado 27 de junio el vicepresidente, Amado Boudou, era procesado por los delitos de cohecho pasivo por unas negociaciones incompatibles con la función pública, que pueden conllevar una pena máxima de hasta 6 años de prisión e inhabilitación absoluta de 3 a 10 años para el funcionario imputado. La causa, denominada en los medios “Causa Ciccone”, implica directamente a Boudou en la compra de una empresa a través de la cual se imprimieron billetes de curso legal. A lo largo del proceso judicial, que ya lleva más de dos años, el gobierno no ha retirado el respaldo a Boudou, y en particular la presidenta se ha mostrado en numerosos actos públicos a su lado. Sin embargo, desde la publicación del auto de procesamiento, no ha habido ningún comunicado oficial. Por el contrario, la oposición se ha manifestado reclamando la celebración de un juicio político, pero la Comisión de la Cámara de Diputados que debía resolver la cuestión -apoyada en el voto oficialista- lo rechazó.

Independientemente de que la justicia será quien en última instancia declare si Boudou es o no culpable de los hechos que se le imputan, el procesamiento de un cargo público de alto rango significa un paso hacia adelante en la lucha contra la corrupción. Sería importante que este caso pueda abrir la puerta a una etapa en la que el control judicial sea efectivo y pueda acceder a las altas esferas del poder. La clave está en que la clase política reciba el mensaje de advertencia.

Aunque Messi y compañía se hayan llevado los grandes titulares, el desafío económico que vive Argentina es de mayor relevancia para el futuro próximo del país. Además, tras el procesamiento de Boudou, el kirchnerismo deberá jugar sus cartas y planear cómo gestiona su último año de mandato de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2015. El gobierno de Fernández de Kirchner, ya sin la presencia mediática de Lionel Messi, debe afrontar dos partidos trascendentales ante la Justicia: en Estados Unidos con Griesa y en Argentina con Boudou. Sólo resta saber el resultado final.