Theresa May

20 días de vértigo, entre los más trepidantes vividos por la política británica desde el final de la Segunda Guerra Mundial, han culminado el 13 de julio de 2016 con la llegada al 10 de Downing Street de Theresa May en sucesión de David Cameron, dimitido tras el triunfo de la salida del Reino Unido de la UE en el histórico referéndum del 23 de junio.

De 59 años, la nueva líder de los conservadores británicos ha sido en el último sexenio uno de los pilares de los Gobiernos de Cameron en tanto que secretaria de Estado de la Home Office, el departamento del Interior. Como ministra, May se ha distinguido por su tratamiento riguroso de la amenaza terrorista, sus políticas expeditivas contra el extremismo islámico (deportaciones, vetos de entrada en el país, despojamiento de la nacionalidad) y su estrategia restrictiva de la inmigración, si bien su perspectiva de limitar a 100.000 el número neto de extranjeros regularizados cada año se vio desbordada por el fuerte incremento de los flujos migratorios.

No solo partidaria de estrechar la vigilancia de la inmigración clandestina en las fronteras, particularmente el coladero del Eurotúnel, y de endurecer los requisitos para los extracomunitarios solicitantes de residencia, asilo o beneficios sociales, May propugnó también bloquear temporalmente el disfrute por los trabajadores del resto de la UE de una serie de derechos en equidad con sus colegas británicos; en otras palabras, el llamado "freno de emergencia", arrancado por Cameron en sus negociaciones de febrero con Tusk y Juncker. Incluso sopesó extender los cupos de entrada a la inmigración laboral europea y habló con toda seriedad de desligarse de la Convención Europea de Derechos Humanos, todo ello para consternación de Bruselas. A su entender, la afluencia masiva de población foránea hace "imposible construir una sociedad cohesionada" en Gran Bretaña.

El intenso debate migratorio, atizado con acentos demagógicos por el movimiento eurófobo (partido UKIP de Nigel Farage), del que May ha sido enérgica vocera, se mezcló inextricablemente con el que envolvía el referéndum in/out, la consulta confirmada por Cameron luego de ganar por mayoría absoluta las elecciones de 2015 y convocada en febrero de 2016 nada más obtener de Bruselas las concesiones a la soberanía nacional que él consideraba ineludibles para poder invocar la permanencia del país en la UE.

En esta campaña, que recrudeció la división instalada en los tories, May, a pesar de integrar el bando del Remain, mantuvo un perfil llamativamente bajo, propio de quien en realidad procedía del ala euroescéptica; de hecho, había dejado entrever que si el primer ministro no arrancaba un acuerdo satisfactorio a los líderes europeos, ella no tendría más remedio que subirse al barco del Leave. La ministra no hizo ningún alegato en favor de la permanencia, tiró de sordina y básicamente se atuvo a la lealtad que le merecía su jefe político. Tras conocer el veredicto de los electores, May tampoco tuvo expresiones de pesar por una ruptura que considera irreversible ("Brexit significa Brexit, y vamos a hacer que este sea un éxito", ha afirmado) y se concentró en el envite para tomarle el relevo a Cameron, ambición conocida por el público desde hacía tiempo y que puso sobre la mesa el 30 de junio, en mitad de un pandemónium de reacciones políticas y económicas.

Para esta competición interna, May partía con desventaja frente al extravagante y polémico, aunque carismático, ex alcalde de Londres Boris Johnson, máximo cabecilla del Brexit y del que ella, tan alejada en carácter y estilo, era vista como una especie de antípoda. Pero ese mismo día, Johnson, como reacción por la inesperada entrada en la pugna del secretario de Justicia y compañero de bando, Michael Gove, anunció que se apeaba.

Sin apenas esfuerzo por su parte, May se encontró con que una combinación de retiradas voluntarias (Osborne, Johnson, Crabb, Leadsom) y de eliminaciones en las primeras fases de la elección votada por los comunes (Fox, Gove) dejó el terreno expedito para su coronación como líder del Partido Conservador el 11 de julio, haciendo innecesario el duelo final con Andrea Leadsom en septiembre. Dos días después, Cameron hizo efectiva su renuncia institucional y May, ya primera ministra, recibió de la reina el encargo de formar un Gabinete cuya composición es toda una declaración de intenciones de cara a la negociación que se avecina con Europa: Johnson va a Exteriores y los también heraldos del portazo a la UE David Davis y Liam Fox a un nuevo puesto expresivamente ad hoc, la Secretaría de Estado para la Salida de la Unión Europea, el primero, y a la Secretaría de Estado de Comercio Internacional, el segundo.

May se presenta como la líder fuerte, solvente y fiable, una con "visión audaz y positiva", capaz no solo de llevar a buen puerto ("el mejor acuerdo") las sumamente complejas conversaciones con Bruselas para el exit, que podrían prolongarse durante dos años y cuya activación, mediante una solicitud oficial tal como estipula el artículo 50 del Tratado de Lisboa, le compete a ella, sino también de traer la unidad a su formación, presa de una extraña esquizofrenia porque hay partidarios del Leave que, tal ha sido su primera reacción, tras ganar el referéndum, o no han sabido, o no han querido enfrentar las graves consecuencias de lo que reclamaron con tanto alarde populista, mientras que el ala pro Remain, salvo algunas personalidades entre las que no figura May, ha tomado con un brío rayano en el entusiasmo la bandera del abandono, escenario que espanta a multitud de británicos.

Y, por supuesto, May tiene que esmerarse en reparar las grietas abiertas en el país, pues el referéndum, donde un 48% votó por quedarse en la UE, ha dibujado un mapa de fracturas sociales, territoriales y hasta generacionales, así como manejar las recias turbulencias, de impacto inmediato, en los mercados bursátil, monetario (la libra cotiza a su nivel más bajo en tres décadas) y financiero (varios fondos inmobiliarios ya han impuesto corralitos a las inversiones de sus clientes). May reconoce que son "tiempos de incertidumbre política y económica", y promete que, cual "deber patriótico", preservará los "preciosos vínculos" entre Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

El "reto" negociador que May, registrada ya para la historia como la "primera ministra del Brexit", se dispone a asumir barrunta nubarrones porque Londres pretende preservar las relaciones de libre comercio con la UE, que son bastante más que la columna de su economía, pero sin obligaciones relativas a la libre movilidad de los trabajadores comunitarios. De hecho, May, antes del 11 de julio, rehusó dar garantías sobre el futuro que les aguarda a los más de dos millones de ciudadanos de la UE que viven y trabajan en el Reino Unido, pues su situación "dependerá" de si se incluye la reciprocidad de derechos en las conversaciones con Bruselas. Y esta ya ha advertido que si desea seguir formando parte del mercado interior único en el marco del Espacio Económico Europeo (EEE, del que participan Noruega, Islandia y Liechtenstein, miembros de la EFTA) o bien mediante acuerdos bilaterales (como Suiza), el Reino Unido debe asumir en bloque las cuatro libertades, es decir, la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, no solo las tres primeras, más allá de que puedan concedérsele determinadas excepciones sectoriales.

Claramente más la derecha que Cameron, la nueva Dama de Hierro del conservadurismo británico no se considera, sin embargo, una discípula de Margaret Thatcher desde el momento en que cree, sacrificios de austeridad antidéficit al margen, en las obligaciones sociales del Gobierno. Su retrato es más bien el de una política no ideológica, y sí de convicciones morales y atributos prácticos como pueden ser la firmeza y la disciplina. Lo que la situaría en un plano similar al de Angela Merkel, en adelante incierta interlocutora.


(Texto actualizado hasta julio 2016)

1. Comienzos en el Partido Conservador
2. Una reputación de dura en los seis años como secretaria del Interior con Cameron
3. El usufructo político personal de 20 caóticos días tras el referéndum del Brexit

1. Comienzos en el Partido Conservador

La segunda mujer en alcanzar el liderazgo del Partido Conservador y la jefatura del Gobierno británicos en 37 años se crió en un hogar de clase media del sur de Inglaterra. Hija única, sus padres eran Zaidee Barnes y Hubert Brasier, un vicario de la Iglesia Anglicana que ejercía su ministerio en Wheatley, cerca de Oxford. Durante una temporada, para sacarse una pequeña paga, Theresa laboró los sábados en una panadería local; antes de nacer ella, sus dos abuelas habían sido empleadas de servicio doméstico. Aunque nativa de Sussex, la joven recibió toda su educación escolar en Oxfordshire, combinando las enseñanzas pública y privada. Tras una etapa lectiva en una escuela conventual para niñas regida por monjas católicas, cursó la Grammar School en Wheatley y una vez completada la secundaria entró en el St. Hugh's College de la Universidad de Oxford, donde estudió Geografía y obtuvo el título de Bachelor of Arts en 1977.

Corrían los días en que Margaret Thatcher lideraba con energía el Partido Conservador en la oposición al Gobierno laborista de James Callaghan y la joven veinteañera recién licenciada encontró su primer trabajo en el Banco de Inglaterra. Aquí, se desempeñó de oficinista hasta 1983, el año en que Thatcher, con los laureles de la victoria militar en la guerra de las Malvinas, ganó la reelección en unas votaciones parlamentarias que mejoraron con creces el triunfo obtenido en 1979. Para entonces, Theresa Brasier ya llevaba tres años casada con el ejecutivo de banca Philip May, del que de acuerdo con la práctica nacional tomó el apellido. Reportes de la prensa británica aseguran que la pareja, que no iba a tener descendencia, se conoció en 1976 en una fiesta de estudiantes conservadores de Oxford por mediación de la mismísima Benazir Bhutto, la futura primera ministra de Pakistán, entonces alumna de la universidad inglesa. Por cierto que al poco de contraer matrimonio, May perdió a sus dos padres en un corto espacio de tiempo: en 1981 el reverendo Hubert Brasier pereció en un accidente de tráfico a los 64 años y en 1982 falleció su viuda, Zaidee Mary, enferma de una esclerosis múltiple que desde hacía tiempo la tenía postrada en una silla de ruedas.

La carrera profesional de May, una más entre los muchos miles de trabajadores anónimos de la City londinense, discurrió por un cauce discreto hasta su irrupción en la política representativa de Westminster en la segunda mitad de la década de los noventa. En 1985 se colocó en la plantilla de consultores de la Association for Payment Clearing Services (APACS), hoy llamada UK Payments Administration, una compañía privada dedicada a dar soporte técnico y asesoría a los operadores de pagos del mundo financiero. En la APACS, May llegó a ocupar el puesto ejecutivo de jefa de la Unidad de Asuntos Europeos. También, entre 1986 y 1994, fue concejal de distrito en Merton, uno de los municipios del Gran Londres.

Miembro del Partido Conservador, entonces liderado desde el Gobierno por John Major, May consiguió que sus superiores la incluyeran en las listas para un escaño en la Cámara de los Comunes. Sus dos primeros intentos de conseguir el mandato parlamentario, por la circunscripción de North West Durham en las elecciones generales de 1992 y por Barking en la elección parcial celebrada allí en 1994, fracasaron, pero en las generales de mayo de 1997, precisamente las que desalojaron a los tories del poder y llevaron al 10 de Downing Street al laborista Tony Blair, resultó finalmente elegida por Maidenhead, una circunscripción nueva de Berkshire, con el 49,8% de los votos.

A partir de aquí, May, quien según el testimonio de personas allegadas albergaba la ambición de ser primera ministra del Reino Unido ya desde sus días estudiantiles en Oxford, se pasó 13 años adquiriendo experiencia y curtiéndose en Westminster como miembro del front bench del grupo parlamentario conservador y de los Shadow Cabinets de los cuatro líderes tenidos por el partido en este período, a saber, William Hague, Iain Duncan Smith, Michael Howard y, desde 2005, David Cameron, rápida sucesión cuyo principal desencadenante fueron los repetidos fracasos electorales (2001, 2005) cosechados frente al New Labour blairista.

Con Hague, May fue primero shadow minister de Escuelas, Discapacitados y Mujeres desde 1998, y en 1999 pasó a hacerse cargo de la cartera de Educación y Empleo, manteniendo la de Mujeres. En 2001, a la llegada al liderazgo de Duncan Smith, notorio euroescéptico, condujo las áreas de Transportes, Regiones y Gobiernos Locales. Entre julio de 2002 y noviembre de 2003, de paso, la común por Maidenhead ostentó el cargo de presidenta del partido, puesto orgánico sin atribuciones de liderazgo y con responsabilidades exclusivamente administrativas y organizativas. Con todo, desde la creación de esta posición en 1911, varios pesos pesados del conservadurismo habían sido presidentes del partido; además, ella era la primera mujer de la lista.

En octubre de 2002 May cautivó a los asistentes a la Conferencia del partido en Bournemouth con un energizante discurso pensado para deshacer el derrotismo que invadía el ánimo de muchos tories. Empleando un estilo tajante que recordaba al de Margaret Thatcher, la oradora leyó la cartilla a sus correligionarios con estas palabras: "Un nuevo formato, un nuevo calendario, un nuevo plan (...) Cambiar de soluciones en vez de limitarnos a hacer política. Escuchar al pueblo británico, al que han dejado en la estacada. Reformarnos a nosotros mismos, de manera que podamos reformar Gran Bretaña (...) Los políticos somos vistos como indignos de confianza e hipócritas. Hablamos un lenguaje diferente y vivimos en un mundo diferente (...) Sabéis que algunos nos llaman el partido asqueroso".

En 2003 Howard mantuvo a May, hecha este año miembro del Consejo Privado de la Reina, en la primera línea de la bancada opositora en calidad de shadow secretary of State de Medio Ambiente y Transporte, de Familias y de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte. También Cameron, a partir de diciembre de 2005, confió en sus capacidades parlamentarias; en el lustro que siguió, May fue sucesivamente, shadow leader de la Cámara de los Comunes, shadow minister de Mujeres e Igualdad, y, desde enero de 2009, shadow secretary of State de Trabajo y Pensiones.


2. Una reputación de dura en los seis años como secretaria del Interior con Cameron

Con Cameron, su quinto líder en 13 años, los conservadores consiguieron por fin doblegar al Partido Laborista, desde 2007 encabezado por Gordon Brown, en las elecciones generales del 6 de mayo 2010, pero no por mayoría absoluta, lo que hizo necesaria una coalición con los Liberales Demócratas de Nick Clegg. Cameron dispuso para May, reelegida por tercera vez por Maidenhead con casi el 60% de los votos, un puesto conspicuo en el Gabinete como secretaria de Estado del Interior, cartera a la que agregó la de ministra de Mujeres e Igualdad. El nombramiento del 12 de mayo fue inesperado, pues en el último Shadow Cabinet el área de Interior la había llevado Chris Grayling, el cual fue designado ahora ministro de Empleo. Tras el registro de la laborista Jacqui Smith en 2007-2009, May se trataba de la segunda mujer en mandar en la Home Office, el departamento del Gobierno responsable de la ley y el orden, la seguridad interna, la inmigración y el control de las fronteras insulares, más desde el momento en que el Reino Unido, aunque integrado en el mercado interior único como miembro de la UE que era, estaba fuera del Acuerdo de Schengen.

El público británico se familiarizó rápidamente con May, poseedora de una interminable colección de zapatos y botas, de los más variados estilos y diseños, por lo general sofisticados o extravagantes, y de una marcada personalidad, caracterizada por la firmeza y el rigor. También quedó de manifiesto que May estaba adherida a un conservadurismo tradicionalista bien distinto de la nueva derecha thatcherista y su menosprecio del edificio social en favor del individualismo y el capitalismo liberal a ultranza. Así, ella se consideraba seguidora del concepto One-Nation Tory, una tradición de pensamiento de los conservadores, remontada al ideario de Benjamin Disraeli en el siglo XIX, que aúna pragmatismo y compromiso social con el estado del bienestar construido después de la Segunda Guerra Mundial, si bien la ministra, en las actuales circunstancias económicas, hacía votos por la austeridad y no dejó de respaldar cargas tan impopulares como el llamado bedroom tax y otros tijeretazos contenidos en el proyecto de la Welfare Reform Act. Por lo demás, el enfoque de May no era muy diferente de la visión de Cameron sobre la necesidad de un "conservadurismo moderno y compasivo".

Para empezar, la ministra del Interior revocó varias disposiciones del anterior Gobierno laborista, como la introducción del primer documento nacional de identidad de los ciudadanos británicos, que habría equiparado la legislación nacional en la materia con la vigente en los restantes socios de la UE. Por otro lado, acató disciplinadamente los severos recortes presupuestarios anunciados por Cameron y el canciller del Exchequer, George Osborne, para poner coto al desmedido déficit público legado por el Gobierno Brown en la fase inmediatamente posterior a la Gran Recesión de 2009.

El menor dinero disponible para su departamento obligó a May a abordar la reducción de las plantillas policiales, una fórmula de ahorro sumamente polémica que se topó con una cruda realidad en agosto de 2011, cuando el barrio londinense de Tottenham se convirtió en el epicentro de una espiral de violentísimos disturbios a raíz de la muerte de un disparo del joven Mark Duggan en el momento de ser detenido por agentes de la Policía Metropolitana como sospechoso de la comisión de un delito. Un caos de incendios, saqueos y destrucciones se adueñó de las calles de los distritos obreros del Gran Londres, cuyos vecinos convivían a diario con la precariedad económica, la delincuencia y las tensiones raciales, y las violencias se propagaron a otras ciudades de Inglaterra, principalmente Birmingham, Manchester, Nottingham y Bristol. Daños materiales al margen, el balance de seis días de agresiones físicas y vandalismo se saldó con cinco muertos y cientos de heridos hasta el 11 de agosto.

May vio cuestionada su capacidad para enfrentar esta crisis de orden público y sofocar a los revoltosos, si bien ella negó que la austeridad presupuestaria aplicada a la Home Office estuviese dañando la eficacia policial. En realidad, los recortes todavía no habían llegado a las dotaciones, pero su mera previsión, se quejó el anterior alcalde de Londres, el laborista Ken Livingstone, había bastado para "dañar la moral" de los agentes.

Con todo, fueron la lucha antiterrorista y el control de la inmigración los terrenos en los que May más dio que hablar. Al estrenar su despacho de secretaria del Interior en el 2 de Marsham Street, May anunció un examen profundo del marco legislativo sobre seguridad y contraterrorismo diseñado por los anteriores gobiernos laboristas. Entre los aspectos a revisar estaban la detención preventiva, sin cargos y por un período máximo de 28 días de cualquier sospechoso de terrorismo, el acceso a datos de comunicaciones privadas, las medidas de sanción a organizaciones que esgrimieran un discurso del odio o promovieran la violencia, y la práctica de las deportaciones.

Al someter a escrutinio la Terrorism Act 2006 -elaborada por el Gobierno Blair tras los atentados islamistas suicidas de julio de 2005 contra el Metro de Londres, en los que fueron asesinadas 52 personas- y las normas conexas, May argüía que se trataba de comprobar si determinados aspectos controvertidos de la legislación antiterrorista conculcaban las libertades civiles de los ciudadanos y que, de ser así, dichos puntos tendrían que ser expurgados. Al final, sin embargo, prevaleció el criterio de que la amenaza que entrañaba la nebulosa de Al Qaeda seguía intacta y May dejó la Terrorism Act 2006 tal como estaba. Más aún, la ministra hizo un uso profuso de las atribuciones del Gobierno para deportar del país, impedir la entrada en el mismo o retirar la ciudadanía británica en los casos de doble nacionalidad a, por lo general, musulmanes de origen extranjero que debido a su discurso religioso extremista, típicamente imanes y clérigos simpatizantes del yihadismo, fueran considerados un peligro para la seguridad nacional. Tuvo una especial relevancia el caso del salafista jordano Abu Qatada, deportado a su país de procedencia en julio de 2013 tras pasarse más de una década entre arrestos y litigando en los tribunales británicos.

Bajo las égidas de Cameron y May, el Reino Unido no volvió a vivir una conmoción terrorista del calibre de los atentados de 2005, pero no faltaron los sobresaltos, los incidentes, algunos ciertamente graves, y los ataques frustrados, como pusieron de relieve las detenciones de yihadistas y las desarticulaciones de células bien pertrechadas para atentar con bombas. Particular inquietud causaron los ataques con arma blanca por los llamados lobos solitarios, individuos infectados de ideología yihadista y dispuestos a agredir en las calles de manera más o menos indiscriminada. Tristemente famoso, por las espeluznantes imágenes a que dio lugar, fue el atentado cometido por los nigerianos de nacimiento Michael Adebolajo y Michael Adebowale, que en mayo de 2013 asesinaron con arma blanca al soldado fuera de servicio Lee Rigby cerca de su acuertelamiento en Woolwich. En agosto de 2014, tras la irrupción de la organización Estado Islámico en el escenario bélico de Siria e Irak, el Gobierno elevó a "severo" el nivel de la alerta por terrorismo en todo el Reino Unido.

Si May se ganó a pulso una nombradía de dura con respecto a extremistas y terroristas, sus planteamientos en torno al candente debate migratorio, atizado por el partido eurófobo UKIP de Nigel Farage, no fueron a la zaga. Ya en los primeros días de su mandato, la ministra anunció su intención de reducir el volumen de inmigración neta a los 100.000 foráneos por año, tope que sin embargo, pese a la batería de medidas restrictivas (como las que afectaron a la reagrupación familiar) del flujo entrante de ciudadanos de fuera de la UE, fue ampliamente desbordado: solo entre 2013 y 2014 emigraron al Reino Unido 624.000 personas, tanto comunitarios y del Espacio Económico Europeo (que, incluso como turistas, tenían que presentar un documento de identificación personal en puertos y aeropuertos por no formar el Reino Unido parte del Espacio de Schengen) como extracomunitarios, mientras que 327.000 se marcharon, lo que daba una inmigración neta de casi 300.000 personas, no todas las cuales adquirieron permisos de residencia en regla.

El caso fue que Cameron, deseoso de aplacar al ala derecha de su propio partido y de atraerse el favor de los votantes del UKIP, hizo suyo el discurso del control exigente de la inmigración de terceros países y dio alas a los que, además, querían poner trabas también a la libre movilidad y al acceso equitativo a los servicios públicos y ayudas sociales de los trabajadores venidos de otros estados de la UE. Los tories, cruzado el ecuador de una legislatura caracterizada por las protestas sociales y el desgaste político que acarreaban las impopulares medidas de ajuste financiero, tenían en mente las elecciones generales de 2015, y May asumió gustosa el papel de principal vocera de los mensajes del Gobierno sobre que había que endurecer los requisitos para los extranjeros solicitantes de residencia, asilo y beneficios sociales.

Fue tomando forma así el capítulo de seguridad e interior del manifiesto electoral del Partido Conservador. En su versión definitiva, el documento hablaba de "proteger los valores británicos y nuestra forma de vida", para lo cual el Reino Unido debía cuantificar unos límites de flujo neto de población entrante en valores de "decenas de miles, no de cientos de miles". Los conservadores, y esta plétora de medidas ya estaba siendo aplicada en buena medida en virtud de las últimas piezas legislativas, deseaban reforzar las fronteras contra la inmigración irregular, agilizar los procedimientos de expulsión y deportación de indocumentados, y mantener las restricciones, basadas en el sistema por puntos, al ingreso de emigrantes de fuera del Espacio Económico Europeo y con cualificación laboral.

Pero dos pretensiones en concreto levantaron ampollas en la UE: que los trabajadores comunitarios vieran más complicado acceder a una serie de beneficios sociales y fiscales, y que, con el fin de blindar la justicia británica frente a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Human Rights Act 1998 fuera abolida y reemplazada por una "British Bill of Rights". En 2013 May fue más allá y habló de aplicar cupos a la propia inmigración laboral europea, concretamente 75.000 personas por año, si bien este punto, que pugnaba frontalmente con la libre circulación de personas del mercado interior único, no fue incluido en el programa electoral.

Por otra parte, hasta el 4 de septiembre de 2012, cuando la remodelación ministerial realizada por Cameron que supuso también la marcha de Kenneth Clarke del Ministerio de Justicia así como otros cambios, May fue en añadidura la ministra de Mujeres e Igualdad. Meses antes de ceder este puesto, en mayo, a Maria Miller, la ministra se reconcilió con el movimiento LGBT, al que había molestado por oponerse a una ampliación de los derechos de adopción de las parejas homosexuales, con su declaración de respaldo al matrimonio de gays y lesbianas, yendo más allá de la actual normativa sobre uniones civiles y poniendo al Reino Unido en el plano de varios vecinos europeos. La legislación reguladora fue aprobada finalmente por separado en Inglaterra y Gales en 2013, y en Escocia en 2014.

May, junto con el responsable de Hacienda, Osborne, formaba parte del núcleo duro del Gobierno y del círculo de leales a Cameron, cuya autoridad venía siendo sistemáticamente cuestionada por el potente sector euroescéptico y por unas cuantas decenas de parlamentarios que no dudaban en rebelarse contra muchas de sus consignas de voto en Westminster. La secretaria del Interior salió indemne de la crisis de Gobierno abierta por Cameron en julio de 2014, a diferencia de William Hague, removido entonces de la Foreign Office y mandado a liderar la Cámara de los Comunes, de Philip Hammond, que dejó la Secretaría de Defensa para hacerse cargo de la Secretaría de Asuntos Exteriores liberada por el anterior, y de Kenneth Clarke, veterano de la era Thatcher, quien abandonó definitivamente el Ejecutivo. Como era de esperar, y más desde el momento en que su visión de la inmigración había impregnado el programa electoral del partido, May siguió al frente de la Home Office tras las elecciones generales del 7 de mayo de 2015, en las que Cameron condujo a los tories a una inesperada mayoría absoluta que le permitió prescindir de los liberaldemócratas de Clegg, con los que no se entendía, y formar un Gobierno monocolor recostado en 330 escaños.

Se abrió entonces uno de los períodos más intensos vividos por la política británica desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en el cual May no empezó teniendo un gran protagonismo, a diferencia por ejemplo del mucho más visible y popular Boris Johnson, el pintoresco y polémico alcalde de Londres, aunque, a la postre, el inaudito tropel de acontecimientos que se avecinaba iba a permitir su encumbramiento.

Para empezar, estaba sobre la mesa una doble promesa, la segunda solemne y con sustento legal, hecha por Cameron antes de las elecciones que le proporcionaron una gran victoria: primero, que él no buscaría el tercer mandato en los comicios posteriores a 2015, anuncio que abrió las puertas a una carrera sucesoria en la Johnson partía como favorito y que también contaba como contendientes oficiosos a May y a Osborne, si bien ninguno de los dos hizo expresas sus ambiciones por el momento; y segundo, que antes de finales de 2017 el país acudiría a las urnas para decidir en un referéndum, técnicamente no vinculante para el Gobierno pero cuyo resultado Cameron se comprometía a aceptar, si deseaba seguir perteneciendo a la UE o bien salirse del club europeo en el que había ingresado en 1973.

El plan de Cameron, resuelto a neutralizar las presiones de los euroescépticos, era liderar un proceso negociador con las instituciones de Bruselas que mejorase la posición del Reino Unido en la UE y reforzase la capacidad británica para influir en una construcción jurídica que ya otorgaba importantes privilegios y exenciones a Londres. Estos eran las cláusulas opt-out relativas a la Unión Económica y Monetaria, el Espacio Schengen de la libre circulación de personas sin control de pasaportes y la Carta de Derechos Fundamentales, así como el famoso cheque británico, el descuento en la contribución del país al presupuesto de la Unión conseguido por Thatcher en 1984. May, si bien no era una abanderada explícita de esta causa a diferencia de colegas del Gabinete como Duncan Smith, Michael Gove, Chris Grayling o Liam Fox, sintonizaba sin duda con el sentir euroescéptico. Es más, dio a entender que si su jefe, quien dio libertad de opinión a sus ministros para hacer campaña en favor del Remain o del Leave de acuerdo con sus ideas, no arrancaba un acuerdo satisfactorio a los líderes europeos, ella se uniría al barco de los partidarios de la salida. Nigel Farage indicó que él estaría "encantado" de ver a May convertida en la capitana del Brexit.

De acuerdo con la European Union Referendum Act 2015, Cameron tenía de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2017 para convocar un referéndum consistente en la pregunta de "¿debería el Reino Unido seguir siendo miembro de la Unión Europea o abandonar la Unión Europea?", si bien el primer ministro tenía la intención de celebrar la consulta en 2016. Hasta entonces, May siguió en la cresta de la ola del debate migratorio, cada vez más lleno de retórica electoralista y argumentaciones demagógicas.

En septiembre de 2015, al calor de la avalancha de miles inmigrantes que intentaban pasar del puerto francés de Calais a Folkestone cruzando el canal de la Mancha como clandestinos escondidos en los trenes que recorrían el Eurotúnel, May, invocando la no pertenencia del país al Espacio de Schengen y su derecho, reconocido por los tratados europeos, a excluirse de las políticas de Interior y Justicia, desvinculó al Reino Unido del esquema acordado por sus colegas europeos del Interior para dar acogida y asentamiento a 120.000 refugiados sirios venidos desde el Mediterráneo con arreglo a unas cuotas nacionales obligatorias. Ahora bien, el Gobierno de Londres era sensible al drama de los refugiados sirios, así que puso en marcha su propio programa nacional de acogida, destinado a 20.000 personas especialmente vulnerables y con un marco temporal de cinco años. En vez de aceptar a los refugiados que determinase la UE, las autoridades británicas asumieron la tarea de recoger directamente a los refugiados en sus campamentos en Turquía y otros países fronterizos con Siria. Los primeros expatriados sirios empezaron a llegar este mismo mes.

May insistía en que la UE tenía que tomarse más en serio los impedimentos a los "emigrantes económicos ilegales", pero sus preocupaciones eran de mayor calado. En agosto, con las últimas cifras récord de inmigración neta sobre la mesa (un aumento de 330.000 personas entre abril de 2014 y marzo de 2015, de las que más de la mitad eran comunitarios búlgaros y rumanos, sobre los que ya no pesaban las restricciones temporales para entrar en el Reino Unido), la secretaria de la Home Office afirmó sin rodeos que "cuando la inmigración es demasiado alta, cuando el ritmo del cambio es demasiado alto, es imposible construir una sociedad cohesionada".

Tal como lo veía ella, la inmigración masiva había puesto en serios aprietos las capacidades de servicios públicos básicos como las escuelas y los hospitales, hecho descender los salarios y quitado puestos de trabajo. Este panorama era la contraparte negativa de todas las ventajas que para el enriquecimiento económico y cultural del Reino Unido proporcionaban los cientos de miles de trabajadores cualificados, muchos en grado sumo, procedentes de otros países de la UE y del resto del mundo. Así que, al final, concluía May, los beneficios económicos que el conjunto de la inmigración reportaba al país eran "cercanos a cero".


3. El usufructo político personal de 20 caóticos días tras el referéndum del Brexit

El 20 de febrero de 2016 Cameron dio cuenta del resultado satisfactorio de las conversaciones celebradas hasta horas antes en la capital belga con los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión, Jean-Claude Juncker, resultado que acababa de recibir el visto bueno de los 27 jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Consejo Europeo. Las negociaciones habían desembocado en un acuerdo de concesiones en las áreas clave de gobernanza económica, competitividad, soberanía nacional frente a una "unión más estrecha" y trabajadores comunitarios, que en conjunto aseguraban el "estatus especial" solicitado para el Reino Unido, el cual recibía seguridades expresas de que nunca tendría que participar en los rescates crediticios de la Eurozona, si bien esa exoneración ya se daba por entendida por cuanto el país quedaba al margen de la Union Económica y Monetaria. Por todo ello, Cameron recomendaba el voto favorable a la permanencia en una "Unión Europea reformada" en el referéndum que convocaba para el 23 de junio.

A May le interesaba particularmente el llamado "freno de emergencia", por el que Londres podía impedir el acceso automático de los trabajadores de la UE a las prestaciones sociales y ventajas fiscales del sistema británico durante los primeros cuatro años de residencia, siete como máximo, si bien el deseo inicial de Cameron había sido que esta moratoria durase hasta 13 años. Ahora, además, el Reino Unido podía limitar la entrada de ciudadanos de países no de la UE que estuvieran casados con ciudadanos de la UE como parte de las medidas para frenar los matrimonios concertados. Por contra, Cameron no vio aceptada su demanda de prohibición completa del envío de prestaciones a los hijos de migrantes comunitarios que vivieran en sus países.

Como su superior, May opinaba que el conseguido en Bruselas era un buen acuerdo, así que secundó a Cameron en la consigna de pedir el voto para el Remain. Junto con ella se alinearon Osborne, el secretario del Tesoro, y Hammond, el titular de la Foreign Office, pero se reafirmaron en sus posiciones pro Leave todos los ministros cuya discrepancia ya era de sobra conocida. Seis miembros del Gabinete, entre ellos el lord canciller y secretario de Estado de Justicia, Gove, el líder de la Cámara de los Comunes, Grayling, y el secretario de Estado de Trabajo y Pensiones, Duncan Smith, anunciaron al alimón que harían campaña por el Brexit. A ellos se sumó, en lo que fue un rudo golpe para Cameron, el alcalde londinense, Johnson. La ministra de Estado para la Energía, Andrea Leadsom, y el ex secretario de Defensa, Liam Fox, opinaban como los anteriores. En cuanto al grupo parlamentario, 150 de los 330 comunes tories apostaban por romper amarras con la UE. En otras palabras, el Partido Conservador se mostraba dividido en dos bloques y estaba por ver si el ambiente de "guerra civil" interna no terminaría dando lugar a una fractura en toda regla. Y ganando a todos en estridencia anti UE, se desgañitaban Farage y sus huestes del UKIP.

Durante la campaña del referéndum, en la que Cameron y Osborne, tirando de catastrofismo, prácticamente suplicaron a los electores que votaran por la permanencia pintándoles un futuro económicamente negro si se producía el Brexit, mientras que los partidarios de la salida peroraron demagógicamente sobre todo lo contrario, que el Reino Unido se ahorraría muchísimo dinero además de recobrar la plena soberanía en aspectos clave del Estado como el control de las fronteras, May apenas hizo defensa de la causa a la que oficialmente estaba adherida. Su europeísmo seguía siendo tibio, o ni siquiera eso.

En abril, la ministra generó abundantes críticas en todos los grupos políticos, incluido el suyo, por manifestar que al Reino Unido le iría mejor desvinculado de la Convención Europea de Derechos Humanos, tanto si seguía dentro de la UE como si no. Situado fuera de este instrumento jurídico del Consejo de Europa y de la jurisdicción de la corte supranacional encargada de vigilar la aplicación del mismo, el Tribunal de Estrasburgo, argüía May, el Parlamento y el Gobierno británicos tendrían más libertad para aplicar unas políticas efectivas contra el terrorismo y la inmigración ilegal, como podían ser las "deportaciones de extranjeros peligrosos". Cameron no lo veía así y hasta portavoces del Brexit como Michael Gove y David Davis manifestaron su rechazo a semejante medida.

A May le inquietaba que la UE mantuviera un proceso de "continua expansión", por el que todos los nuevos miembros recibían una plenitud de derechos. Si algo apreciaba de negativo en el Brexit era que este podría "detener el desarrollo del mercado único, provocar la pérdida de inversores y hace retroceder al Reino Unido en comercio internacional". Y sin embargo: "Yo no quiero que la Unión Europea sea el motivo de la destrucción de una unión mucho más antigua y mucho más preciosa, la unión entre Inglaterra y Escocia", aseveró.

El 23 de junio por la noche los colegios electorales cerraron sus puertas con una sensación de incertidumbre total sobre cuál sería el resultado. En el ambiente aún flotaba la conmoción por el asesinato el día 16 de la común laborista Jo Cox, firme defensora del Remain. En la madrugada del 24 de junio, tras unas horas de escrutinio, quedó claro que el Leave había ganado. Al final, con una participación del 72,2%, la salida del Reino Unido de la UE se impuso con el 51,89% de los votos. Los electores decantados por la permanencia fueron 1.269.000 menos.

El terremoto estaba servido y sus ondas de choque, políticas y económicas, se propagaron a toda velocidad en el Reino Unido, Europa, Asia y Estados Unidos, cuyas bolsas abrieron con fuertes pérdidas. Para empezar, el 24 por la mañana, Cameron compareció a las puertas del 10 de Downing Street para anunciar que, a la luz del resultado del "gigantesco ejercicio democrático", el cual iba a ser "respetado", él renunciaba a ser "el capitán que dirija a nuestro país a su próximo destino" y dejaba paso al nuevo primer ministro que surgiera de la Conferencia del Partido Conservador prevista para el próximo octubre. A su sucesor en el liderazgo tory correspondería la responsabilidad de activar el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea que establecía el procedimiento de salida y que requería, primero, la notificación por el país de su intención de marcharse al Consejo Europeo, tras lo cual la Unión concluiría en el plazo de dos años un acuerdo de retirada del que no había precedentes. Anteriormente, Cameron había asegurado que, si el referéndum no salía como quería, él no tendría problema en poner personalmente en marcha el reloj de la cuenta atrás para el Brexit.

May, que ya era el titular de la Home Office que más tiempo llevaba en el puesto en los últimos 65 años, no tuvo reacciones de pesar por la victoria del Leave y se concentró en su envite para conquistar la sucesión de Cameron, competición que Boris Johnson, más ahora en que el Brexit había ganado, tenía -o solo lo parecía- medio metida en el bolsillo. El procedimiento de elección interna constaba de dos partes: primero, a primeros de julio, el grupo parlamentario en los Comunes, 330 diputados, votaría una serie de eliminatorias de los aspirantes hasta reducirlos a dos; luego, en septiembre, los afiliados harían la elección final. El nuevo líder del partido sería anunciado el 9 de septiembre y en octubre siguiente la Conferencia orgánica escenificaría el relevo gubernamental de Cameron. Sin embargo, este calendario parecía insosteniblemente largo y el frenesí de los acontecimientos se encargó, en efecto, de acortarlo drásticamente.

El 28 de junio George Osborne, muy tocado por el reconocimiento de que el Tesoro no iba a poder eliminar el déficit y conseguir el superávit presupuestario al final de la legislatura en 2020, y por las críticas a sus advertencias, a la postre ignoradas, de grandes desastres económicos en caso de ganar el Brexit, amén de que nunca había sido un político popular al ejecutar los recortes de austeridad y debido también a su imagen "elitista" de ex alumno de Eton y Oxford, anunció que no era candidato al liderazgo. A la vez, Stephen Crabb, desde marzo, cuando suplió a Duncan Smith, secretario de Estado de Trabajo y Pensiones y uno de los remainers más nítidos con que contaba el campo tory, abrió la secuencia de nominaciones. Ese mismo día, Cameron celebró en Bruselas su último y lúgubre Consejo Europeo, donde pidió un proceso de salida "lo más constructivo posible". Y, mientras tanto, el Partido Laborista se sumergía en una aniquiladora "guerra civil" por la rebelión abierta de la gran mayoría de sus comunes contra la continuidad como líder de Jeremy Corbyn, acusado de haber hecho una campaña en favor del Leave absolutamente floja.

El 30 de junio fue el día clave: a la vez, destaparon sus candidaturas May, los euroescépticos Liam Fox y Andrea Leadsom y, para pasmo general, Michael Gove, el orquestador de la plataforma Vote Leave y aliado del presumible favorito, Johnson. La inesperada irrupción en la contienda del secretario de Justicia, descrita por los comentaristas como una auténtica "puñalada en la espalda" al anterior alcalde de Londres, tuvo el efecto dramático de anular las pretensiones de Johnson, el cual, en un discurso en Londres, concluía que, "tras consultar a mis colegas y en vista de las circunstancias en el Parlamento", él no podía ser la persona encargada de aplicar la "agenda" dictada por el Brexit. De golpe, May, quien ya se había convertido en la esperanza de los tories, incluidos algunos euroescépticos, que no podían concebir ver al impredecible y lenguaraz Johnson instalado en el 10 de Downing Street, adquirió la condición de favorita.

En su alocución de la presentación de su candidatura, May quiso ser muy clara: "Brexit significa Brexit. La campaña se libró, la votación ya se celebró, la participación fue alta y el público dio su veredicto. No habrá intentos de permanecer en la UE, no se intentará regresar por la puerta de atrás y no habrá un segundo referéndum", zanjó. Ella era la adecuada para encabezar el Partido Conservador y ser la primera ministra del Reino Unido por tres razones; primero, porque ofrecía "un liderazgo fuerte y probado", capaz de pilotar el país "en este período de incertidumbre política y económica", y de negociar "en los mejores términos posibles" su salida de la UE; segundo, porque el nuevo liderazgo debía "unificar nuestro partido y nuestro país", todo un "deber patriótico" en tanto el Partido Laborista estuviera "haciéndose pedazos" con su contienda interna y el "nacionalismo divisivo" cabalgase en Escocia y Gales; y tercero, porque los británicos precisaban de alguien con una "visión nueva, audaz y positiva para el futuro del país, una visión de un país que funcione no solo para unos pocos privilegiados, sino para cada uno de nosotros".

Comenzó entonces la carrera contrarreloj de los endorsements públicos desde el grupo parlamentario. May se destacó de entrada en el número de respaldos, incluidos los de tres primeros espadas del Gabinete, Philip Hammond, el secretario de Exteriores, Michael Fallon, el secretario de Defensa, y Chris Grayling, el líder de los Comunes. Johnson optó por Andrea Leadsom. El 3 de julio la responsable de Interior dejó en el aire el futuro que les aguardaba a los más de dos millones de residentes no británicos de la UE al rehusar contestar afirmativamente a la pregunta formulada por un periodista de si se podrían "quedar para siempre" en el Reino Unido.

El 5 de julio tuvo lugar la primera votación parlamentaria y la misma se saldó con la colocación de May en cabeza con 165 votos, casi exactamente la mitad de los depositados y un centenar más que los sacados por Leadsom, segunda en el marcador con 66 adhesiones. Gove quedó tercero, Crabb cuarto y Fox quinto. Crabb podía seguir adelante, pero prefirió apearse y pidió el voto para May. Fox quedó eliminado y, también, respaldó a la secretaria del Interior. Así las cosas, en la carrera seguían May, Leadsom y Gove. La segunda votación fue dos días después y otra vez se apuntó la victoria provisional May, esta vez con el 60,5% de los votos. Leadsom repitió segunda posición, pero a mayor distancia: 199 votos fueron para su adversaria, frente a los 84 idos a ella. Gove se quedó fuera y, como Crabb y Fox, pasó a apoyar a su colega del Gabinete. El 9 de julio The Times divulgó que Leadsom le había dicho a uno de sus reporteros que ella estaba más capacitada para liderar el Reino Unido porque, a diferencia de May, sí tenía hijos. El comentario, a primera vista intrascendente, fue destacado por los medios en el sentido de que perjudicaba las opciones de Leadsom.

El 11 de julio, culminando la secuencia de giros inesperados desatada por el referéndum del 23 de junio, Leadsom anunció que arrojaba la toalla. Desde este momento, se entendió que May ya era la líder del partido, así que la elección final de septiembre quedó cancelada. Al punto, Cameron comunicó que en dos días haría efectiva su renuncia a la jefatura del Gobierno y May expresó su convicción de que las negociaciones para el Brexit que iba a emprender con Bruselas serían todo un "éxito". El 12 de julio el aún primer ministro celebró su última reunión del Gabinete. En la jornada siguiente, Cameron presentó la renuncia a la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham y recomendó a la soberana que invitara a May a formar el nuevo Gobierno. La jefa del Estado aceptó la resignación de Cameron y trasladó la preceptiva encomienda a su sucesora in péctore.

Por la tarde del mismo 13 de julio, May, ya primera ministra, desveló la composición de parte de su Gabinete: Johnson era el nuevo secretario de Exteriores, Fallon seguía en Defensa, Hammond pasaba al Exchequer, Amber Rudd, hasta ahora secretaria de Energía y Cambio Climático, se hacía cargo de Interior, Fox retornaba al Ejecutivo como secretario de Estado de Comercio Internacional y David Davis tomaba el nuevo puesto de secretario de Estado para la Salida de la Unión Europea. De los seis, el primero y los dos últimos eran euroescépticos, en tanto que los otros tres venían de posicionarse en el bando del Remain. En la jornada posterior, May, que además de encabezar el Gabinete ostentaba los puestos de primera lord del Tesoro y ministra del Servicio Civil, completó la lista de secretarios de Estado y ministros. Elizabeth Truss sustituyó al "traidor" Michael Gove, quien se quedó fuera del Ejecutivo pese a haber anunciado su voto para May, como secretaria de Estado de Justicia y lord Canciller. David Lidington hizo lo propio con Chris Grayling en el liderazgo de la Cámara de los Comunes, si bien Grayling sí siguió en el Gobierno en calidad de secretario de Transportes. También Leadsom continuó, como secretaria de Estado de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, cartera recibida de Truss. No así Crabb.

En su primer discurso institucional a la entrada de su nueva residencia en Downing Street, la segunda mujer en llevar las riendas del Gobierno británico tras su conmilitona Margaret Thatcher en el período 1979-1990 rindió tributo al "legado" de Cameron, invocó la preservación de los "preciosos vínculos" entre las cuatro naciones que componen el Reino Unido, mencionó la necesidad de luchar contra las "abrasadoras injusticias" sociales por brechas de renta, educación, raza o sexo, y reiteró sus palabras del 30 de junio sobre que, llegado el momento de abandonar la UE, el pueblo británico había de "forjar un nuevo papel, audaz y positivo, para nosotros mismos en el mundo", a fin de hacer de Gran Bretaña "un país que funcione no solo para unos pocos privilegiados, sino para todos nosotros".

(Cobertura informativa hasta 13/7/2016)