Rodrigo Rato Figaredo

Rodrigo Rato, nuevo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2004 y antes, durante ocho años, máximo responsable gubernamental de la Economía de España, pertenece a una conocida saga familiar de empresarios asturianos que hunde sus raíces en los umbrales del siglo XIX y que a día de hoy continúa teniendo múltiples participaciones en el sector privado.

Su padre, Ramón Rato Rodríguez-San Pedro, nacido en Gijón en 1907 y heredero de una importante fortuna en los ramos de la industria textil y la construcción, era nieto de Faustino Rodríguez-San Pedro (1833-1925), un abogado de renombre afiliado al Partido Conservador que sirvió de diputado, vicepresidente del Senado y alcalde de Madrid (1890) antes de encabezar los ministerios de Hacienda, Estado e Instrucción Pública en los gobiernos presididos por Francisco Silvela y Antonio Maura en los períodos 1902-1903 y 1907-1909. Fue también profesor de universidad, académico de Ciencias Morales y Políticas, y presidente del Consejo de Administración de los Ferrocarriles del Norte. La madre, Aurora Figaredo Sela, era a su vez vástago de dos familias de propietarios de la minería del carbón, la siderometalurgia y la banca con casas solariegas en la localidad de Mieres.

Don Ramón Rato, jurista, escritor y acérrimo partidario del régimen dictatorial de Francisco Franco, y luego no menos ferviente defensor de las pretensiones dinásticas del príncipe Juan de Borbón (padre del actual rey, Juan Carlos I), se introdujo en el mundo de la radiodifusión después de la guerra civil y en 1947 puso en marcha la Cadena Rato, que iba a transformarse en uno de los más importantes grupos privados de la radio española. Su hijo más joven, Rodrigo, vino al mundo dos años después, cuando el negocio radiofónico iba viento en popa. El muchacho cursó el bachillerato en el Colegio madrileño Nuestra Señora del Recuerdo, regentado por los jesuitas, tras lo cual inició estudios de derecho en otro centro dependiente de la Compañía de Jesús, el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (ICADE), hoy perteneciente a la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Por aquella época, en 1967, la familia Rato sufrió un serio quebranto con las condenas judiciales por la acusación de evadir capitales a Suiza que les cayeron al padre del joven, a su hermano mayor, Ramón Rato Figaredo, y a un tío paterno, Faustino Rato Rodríguez-San Pedro, que fueron sentenciados respectivamente a tres años de cárcel y 176 millones de pesetas de multa, dos años de cárcel y 44 millones de pesetas, y 5 millones. El Banco de Siero, propiedad de la familia y que al parecer había servido de tapadera para las transferencias ilegales, fue intervenido por el Banco de España con un dictamen de quiebra. Los dos Ramón, padre e hijo, pisaron efectivamente la prisión, pero a su salida retomaron con brío sus negocios con un matiz de afán de revancha y de rencor hacia la suprema institución financiera del Estado, que, según ellos, les había despojado injustamente.

Tres décadas después, varios medios de comunicación españoles publicaron la especie de que el benjamín de la progenie, Rodrigo, fue aleccionado por su padre para que se labrara un potente currículum jurídico-empresarial que le permitiera escalar a lo más alto en el sector privado y, llegado el momento, vengar la afrenta infligida por el Banco de España. Sea como fuere, el menor de los Rato prosiguió la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) hasta sacarse la licenciatura en 1971, tras lo cual marchó a California, Estados Unidos, para cursar un Máster en Administración de Empresas por la Universidad de Berkeley, que completó en 1974.

En 1975, año decisivo en la historia de España por producirse la muerte del dictador Franco y comenzar el proceso de restauración democrática bajo el tipo de Estado de la monarquía constitucional, Rato estuvo de vuelta en el país con la firme intención de abrirse camino en la empresa privada. Empezó como consejero delegado de Aguas de Fuensanta, empresa asturiana dedicada al envasado y comercialización de aguas minerales, y luego desempeñó idéntica función en Edificaciones Padilla y Construcciones Riesgo, dos firmas de Madrid. Siempre estrechamente ligado, en lo personal y en lo profesional, a su padre, hermanos y demás parientes, no dejó de arrimar el hombro para el éxito del emporio radiofónico familiar, contribuyendo a que la Cadena Rato se dotara de una extensa red de estaciones a lo largo y ancho del país.

Su compromiso con la política arrancó en 1977, cuando, de la mano de Manuel Fraga Iribarne, un buen amigo de su padre, ingresó en Alianza Popular (AP), fuerza creada recientemente, en marzo, a iniciativa de un grupo de antiguos ministros franquistas, cortada por un patrón ideológico muy derechista y que hasta su constitución como partido propiamente dicho en enero de 1978 funcionó como una federación de siete agrupaciones. Rato padre también se afilió al partido de Fraga y en las elecciones generales de marzo de 1979, siendo ya septuagenario, intentó infructuosamente salir elegido diputado por Ciudad Real.

A su hijo menor le iba a ir mucho mejor en la política. En diciembre de 1979, por decisión del III Congreso Nacional de AP, Rato entró en el selecto Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y además le fue conferida la Secretaría de la nueva Comisión de Economía del partido. Rato irrumpía con tanta fuerza en la dirección aliancista que en vísperas del congreso incluso se especuló con que Fraga podría colocarlo como su segundo en la Secretaría General, oficina que finalmente fue para Jorge Verstrynge Rojas, otro treintañero muy poco conocido. Del IV Congreso, celebrado en febrero de 1981, que reeligió a Fraga en la Presidencia y a Verstrynge en la Secretaría General, Rato salió convertido en uno de los cinco secretarios generales adjuntos. El empresario metido a político se distinguió como redactor del programa económico de AP, que incidía en una política del lado de la oferta (supply side, centrada en la bajada de los impuestos para dinamizar la oferta de bienes) combinada con austeridad presupuestaria como las mejores recetas para salir del círculo vicioso de inflación sin crecimiento, dentro de la crisis estructural que aquejaba al país.

Pese a que no tenía relación con esta provincia andaluza, Rato se presentó como cabeza de lista por Cádiz en las elecciones al Congreso de octubre de 1982. Él ganó el escaño, pero los populares cosecharon un rotundo fracaso, siendo el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe González Márquez la opción política designada por el electorado para reemplazar al agotado Gobierno centrista de Adolfo Suárez González. En su primera legislatura, Rato se desempeñó como secretario del grupo parlamentario popular (hasta 1984), portavoz de temas económicos en el hemiciclo (a partir de 1984) y vocal en la Comisión de Presupuestos.

La contundencia de sus críticas a la política económica de los socialistas enalteció su crédito en el partido. Dentro de AP, Rato se vinculó a la facción liberal que animaba el vicepresidente ejecutivo, además de portavoz del grupo parlamentario, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, primero un fraguista enfrentado al sector crítico que integraban dirigentes como Verstrynge, Alfonso Osorio García y Fernando Suárez González, pero poco más tarde revuelto contra los designios del presidente fundador y él mismo convertido en un crítico partidario de dejar atrás ciertas concepciones rancias y conservadoras.

En diciembre de 1986, la sucesión de derrotas electorales, entre ellas la sufrida en las generales de junio, que revalidaron el escaño gaditano de Rato, condujeron a la dimisión de Fraga, haciendo necesario adelantar a febrero de 1987 el VIII Congreso Nacional del partido. Allí iban a batirse los dos candidatos a la sucesión, Herrero y el protegido de los fraguistas, Antonio Hernández Mancha. Rato y otros responsables conocidos genéricamente como los jóvenes valores aliancistas, cuyo rostro más conspicuo era José María Aznar López, fueron incluidos por Herrero en su lista, pero los congresistas otorgaron el mando a Hernández Mancha. Después de este paso en falso, Rato se las arregló para preservar su asiento en el CEN, la secretaría general adjunta y su posición señera en el grupo parlamentario popular, donde pasó a ejercer la portavocía en la Comisión de Economía. En todo este tiempo, no dejó de aumentar sus intereses empresariales, saltando a la presidencia de Aguas de Fuensanta en enero de 1985 y disfrutando de una importante cuota accionarial en la Cadena Rato, que gestionaba su hermano Ramón.

Su proximidad a Aznar, presidente de la Junta de Castilla y León, garantizó a Rato la trayectoria ascendente en el partido. En el IX Congreso, de enero de 1989, que supuso la defenestración de Hernández Mancha, el regreso de Fraga al timón y la refundación de AP en aras de un proyecto más cohesionado y con el nuevo nombre de Partido Popular (PP), fue elegido adjunto al nuevo secretario general, Francisco Álvarez-Cascos Fernández, con responsabilidad sobre el área electoral. El delfín designado por Fraga era Aznar, aspirante del partido a presidente del Gobierno en las generales anticipadas a octubre de aquel año. Rato, candidato al Congreso en la lista por Madrid que encabezaba Aznar y en lo sucesivo uno de sus más fieles escuderos, fue uno de los hacedores de la campaña electoral del PP, que resultó infructuosa al volver a ganar el PSOE de González. Cuando se inauguró la IV Legislatura de la democracia, Aznar, jefe de la bancada popular, le nombró portavoz del grupo, con lo que cesó como secretario general adjunto del partido. En los siete años siguientes, Rato se distinguió como un contundente interpelador del Gobierno socialista.

El X Congreso del PP, celebrado en Sevilla el 31 de marzo y el 1 de abril de 1990, marcó la consagración interna de Aznar, proclamado presidente nacional en sustitución de Fraga, y de su equipo de colaboradores, siendo Rato ratificado en el CEN como miembro nato por su condición de portavoz parlamentario. Sólo un día después de terminar la cita partidaria, saltó la noticia de que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) había adquirido 63 de las 72 emisoras de la Cadena Rato, patrimonio que más tarde iba a dar lugar a la cadena Onda Cero. El acuerdo lo firmó el anciano Ramón Rato, que se embolsó en la operación unos 5.000 millones de pesetas más una opción de compra del 10% de las acciones del canal privado de televisión Telecinco.

El padre del político iba a fallecer en septiembre de 1998 a los 91 años de edad, después de ver convertido a su hijo, para su orgullo, en el capitoste económico del Gobierno de España. Ramón Rato júnior pasó a dirigir el emporio de propiedades y participaciones empresariales de la familia, que abarcaba medio centenar de firmas. En cuanto a Rodrigo, siguió presidiendo Aguas de Fuensanta hasta junio de 1991, cuando pasó a integrar el consejo de administración de la compañía. Esta membresía se prolongó hasta enero de 1993, un mes y cinco meses antes de ser reelegido, respectivamente, en su puesto en el CEN, por decisión del XI Congreso, y en su escaño parlamentario por Madrid, en unos comicios generales en los que el PP experimentó un fuerte salto aunque no tanto como para descabalgar del poder al PSOE, debiendo conformarse con la pérdida de la mayoría absoluta por el oficialismo. El XII Congreso Nacional, discurrido del 19 al 21 de enero de 1996, confirió a Rato una de las tres vicesecretarías generales del partido, siendo las otras dos para Mariano Rajoy Brey y Jaime Mayor Oreja.

El PP de Aznar, después de dos derrotas, ganó las elecciones generales del 3 de marzo de 1996 con un mensaje de reivindicación del centro político y de denuncia de la tríada de "paro, despilfarro y corrupción" legada por González y los socialistas, que pagaron por su mal hacer, aunque se trató de una victoria por la mínima, haciendo necesario el pacto de legislatura con los nacionalistas catalanes y vascos. El 4 de mayo Aznar era investido presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados, al día siguiente prestaba juramento de su cargo y una jornada más tarde hacían lo propio los restantes miembros del Gabinete, entre los que destacaban dos: Álvarez-Cascos, vicepresidente primero y ministro de la Presidencia, y Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, un superministerio que abarcaba los departamentos de Presupuestos, Tesoro, Comercio y Turismo, así como la Agencia Tributaria.

Rato se estrenaba en el Ejecutivo como el número tres por escalafón, aunque su oficina revestía una importancia decisiva, ya que adquiría la responsabilidad de hacer realidad la promesa estrella del programa del PP, liberal sin ambages, cual era sanear las finanzas y poner las cuentas en orden. Se pretendía recortar el déficit de las administraciones públicas, equivalente al 4,4% del PIB, liquidar deudas del Estado y domeñar el índice de precios, cuya alza interanual rondaba el 3,5%, con la firme determinación de cumplir los exigentes criterios de convergencia europea para acceder a la tercera etapa de la Unión Económica y Monetaria (UEM) el 1 de enero de 1999.

La bajada de los tipos de interés, que debía estimular las inversiones productivas y las actividades generadoras de empleo (el paro, elevadísimo, afectaba al 22% de la población activa) en el sector privado, se haría en estrecha coordinación con el Banco de España. Finalmente, el Ministerio de Economía y Hacienda sería instrumental, junto con otros ministerios involucrados, en la aplicación de los planes de reforma estructural, que perseguían la desregulación normativa, la flexibilización del mercado laboral, el achicamiento del peso del Estado en la economía, la supresión de altos cargos en la función pública, la abolición de monopolios y la privatización general de las empresas estatales. Revelado ante la ciudadanía como un adalid de la ortodoxia financiera, el ministro dispuso en 1997 una austeridad presupuestaria tan rigurosa que, por ejemplo, los salarios de los funcionarios fueron congelados.

Si bien el Gobierno del PP heredó una coyuntura en la buena dirección, Rato y su equipo la condujeron por una senda de estabilidad que pronto produjo resultados muy positivos, permitiendo al país afrontar con plena confianza el examen del euro en 1998, a la vez que crecía la economía, se creaban cientos de miles de puestos de trabajo (aunque los empresarios abusaban de la temporalidad y la parquedad salarial) y se salvaguardaba la arquitectura del sistema de protección social.

Por otra parte, en 1999, la Seguridad Social, sometida al ahorro del gasto pero también beneficiada por el aumento del número de cotizantes, convirtió su déficit crónico, que en 1996 había sido de 320.126 millones de pesetas (1.924 millones de euros), en un superávit de 66.719 millones (407). Doce meses después, el saldo positivo era ya de 449.075 millones (2.699), equivalente al 0,4% del PIB, de manera que el Gobierno pudo crear un fondo de reserva susceptible de ser engrosado con aportaciones anuales, y se sintió autorizado para asegurar la continuidad del sistema público de pensiones por lo menos durante tres décadas. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias: la inflación, que fue reducida hasta el 1,8% anual en 1998, empezó a crecer de nuevo, colocándose en el 2,9% en 1999 y alcanzando el 4% en 2000.

Así las cosas, a Rato cabía adjudicarle la paternidad de buena parte de la meritoria gestión del primer Gobierno de Aznar, cuyas realizaciones económicas en términos de estabilidad y prosperidad fueron premiadas en las urnas: en las elecciones al Congreso del 12 de marzo de 2000 el PP cosechó un triunfo sin precedentes, con una mayoría absoluta de 183 diputados. El 28 de abril siguiente, Rato renovó en el Gobierno, aunque al frente de una oficina reorganizada, con las secciones de Hacienda y Presupuestos segregadas para formar un ministerio separado. Como titular del mismo fue nombrado el principal coadjutor de Rato, Cristóbal Montoro Romero, hasta ahora secretario de Estado de Economía y otro defensor a ultranza del déficit cero, quien se planteó los objetivos de lanzar una segunda reforma fiscal y elaborar unos presupuestos generales con superávit. Esta segunda meta se antojaba perfectamente factible en un plazo no largo, toda vez que su antiguo superior abandonaba las responsabilidades hacendísticas cuando el saldo negativo de las administraciones públicas se reducía a ya sólo un 1% del PIB.

Lejos de perder poder, Rato compensó las transferencias competenciales a Montoro con la asunción de partes sustanciales de los ministerios de Fomento (regulación de las tarifas telefónicas y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) e Industria (Comisión Nacional de la Energía), dejando este último de existir. Por lo demás, el vicepresidente segundo siguió también firmemente asentado en la cúpula del PP. Fue confirmado en su vicesecretaría general por el XIII Congreso Nacional, del 29 al 31 de enero de 1999, cita de los populares que de puertas hacia fuera recibió críticas por escenificar las poses "caudillistas" y el "hiperliderazgo" de Aznar, para quien todo eran elogios y expresiones de admiración en boca de sus conmilitones.

En la segunda legislatura gobernada por su partido, Rato se convirtió en noticia por cuestiones menos edificantes que las relacionadas con su brillante labor macroeconómica, la cual era reconocida —silentemente, eso sí— incluso por sindicatos y sectores de la izquierda, al margen de su naturaleza intensamente liberal y sus implicaciones socialmente regresivas. De entrada, el PSOE, que empezó a plantear una oposición parlamentaria más pugnaz (o, en opinión del PP, "carroñera", a falta de otra cosa con la que atacar), le sacó a colación el, a su entender, no resuelto asunto de la correcta separación entre intereses empresariales privados y funciones públicas.

Así, los socialistas acusaron a Rato de vulnerar la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos por poseer más del 10% del capital de Muinmo, sociedad limitada que recibía contratos de las administraciones del Estado, que regentaba en Madrid y Baleares las estaciones de la desaparecida Rueda de Emisoras Rato no vendidas a la ONCE en 1990, y de la que el ministro y diputado era propietario conjuntamente y a partes iguales con sus dos hermanos, Ramón y María Ángeles; dicho sea de paso, la esposa de Ramón, Felicidad Salazar-Simpson Bos, era la presidenta de la Fundación Pedro Arrupe, dedicada a programas de formación para jóvenes en El Salvador y a cuya dotación económica contribuían generosamente un extenso ramillete de empresas e instituciones públicas.

A vueltas con Muinmo, causaron extrañeza también la recepción en diciembre de 2000 del Honk Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) de un préstamo de 525 millones de pesetas, pese a afrontar la sociedad deudas por la misma cantidad y declarar un balance de pérdidas de 129 millones en el ejercicio del año anterior, así como la contratación preferente de publicidad con el grupo petrolero Repsol, cuyo presidente, Alfonso Cortina Alcocer, tenía amistad con Rato (de hecho, Cortina había sido nombrado al frente de la hoy multinacional a instancias de Rato en junio de 1996, en vísperas de la culminación de su privatización).

A lo largo de 2001 y 2002, la prensa española divulgó nuevas informaciones sobre concesiones por el Ministerio de Economía de subvenciones a empresas vinculadas en mayor o menor grado a los Rato, como Aguas de Fuensanta, donde la esposa del vicepresidente del Gobierno, María Ángeles Alarco Canosa (madre de sus tres hijos y de la que estaba separado), figuraba como consejera y accionista, y Viajes Ibermar, donde también era consejero su cuñado, José Francisco de la Rosa Alemany, presidente, vicepresidente, administrador único o accionista de una veintena de empresas conectadas con la familia, inclusive Muinmo. Con todo, la polémica en torno a la operación financiera Muinmo-HSBC se hizo notoria porque quedó enmarcada en el escándalo Gescartera, desarrollado a lo largo de 2001 y que afectó al PP, aunque el partido del Gobierno se las arregló para minimizar el impacto político negativo.

El grupo Gescartera reunía a un grupo de firmas dedicadas a gestionar patrimonios y a asesorar en operaciones bursátiles, teniendo entre sus clientes a congregaciones religiosas, fundaciones y hasta cuerpos de la seguridad del Estado, así como numerosos empresarios, políticos y funcionarios a título individual. A pesar de que el Ministerio de Hacienda, también en el período en el que estuvo dirigido por Rato, había realizado varias investigaciones e impuesto multas a las empresas del grupo por una serie de irregularidades, y a pesar también de la sospechosa documentación sobre su situación financiera facilitada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Gescartera fue inscrita como agencia de valores en febrero de 2001. Sin embargo, poco después, la CNMV resolvió que Gescartera no cumplía con los requisitos para seguir operando con ese estatus jurídico, así que en junio siguiente la intervino, destapando un fraude cuyas cuantías reclamadas sumaron los 94 millones de euros, dinero que, al parecer, había sido evadido a bancos del extranjero. El desfalco millonario dejó sin ahorros a un millar largo de inversores.

El presunto delito económico alcanzó ramificaciones insospechadas cuando la juez de la Audiencia Nacional que instruía el caso no sólo ordenó el ingreso en prisión del principal accionista de Gescartera y presunto cerebro del desfalco denunciado, Antonio Camacho Friaza, sino que llamó a declarar como imputados a la presidenta de la agencia, Pilar Giménez-Reyna (también encarcelada temporalmente), y a su hermano, Enrique Giménez-Reyna, una vez presentada su dimisión como secretario de Estado de Hacienda.

La presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, quien ordenó la intervención y puso sobre aviso a la Fiscalía Anticorrupción, también hubo de renunciar al quedar en evidencia sus relaciones personales con los principales encausados. Por otro lado, un ex diputado popular, Luis Ramallo García, había sido vicepresidente de la CNMV antes de prestar servicios notariales a Gescartera. El ministro Montoro se vio afectado por el escándalo por su insistente defensa de su subalterno, Giménez-Reyna, a pesar de los fuertes indicios de tráfico de influencias que rodeaban la gestión de éste en relación con Gescartera, y por su negativa a explicar por qué la Agencia Tributaria había suspendido cuatro expedientes abiertos al grupo previamente a su conversión en agencia de valores.

Rato no era el ministro de Hacienda en ese momento, y por lo tanto se libró de dar la cara ante la opinión pública para dar explicaciones por el fraude de Gescartera, pero tampoco salió enteramente indemne del caso, debido al crédito ventajoso otorgado a Muinmo por el HSBC, que era el banco con que operaba la quebrada sociedad de inversiones y, por tanto, el supuesto cómplice en la trama fraudulenta. Escurridizo y rocoso unas veces, reactivo y dialéctico en otras, el vicepresidente segundo rechazó una y otra vez todas las demandas de explicaciones que le hizo la oposición de izquierda en las sesiones de control parlamentario al Gobierno.

Para Rato, los sustanciosos créditos otorgados por el HSBC y la entidad financiera semipública Argentaria (fusionada en 1999 con el Banco Bilbao Vizcaya para dar lugar al BBVA) a empresas participadas por su familia con balances contables nada boyantes o incluso deficitarios, así como la compra efectuada en 1999 por el Banco Español de Crédito (Banesto) de grandes paquetes accionariales de Muinmo, Grupo Alimentario de Exclusivas y Cartera del Norte, lejos de mostrar un trato financiero favorable o de consistir en "subvenciones encubiertas", debían verse como "decisiones empresariales" perfectamente lícitas que no tenían nada que esconder.

En persona o escudándose tras las comparecencias de otros miembros del Gobierno que replicaron en su lugar, Rato insistió en que no incurría en ninguna incompatibilidad legal porque su participación de capital en Muinmo, ciertamente superior al 10%, la ejercía no directamente, sino a través de una compañía interpuesta. Se preocupó de desvincular su buen nombre del feo asunto Gescartera, y precisó que sus actividades mercantiles eran, desde hacía más de una década, sólo a título de accionista, careciendo desde entonces de cualquier responsabilidad directiva, administrativa, gestora o asesora en empresa alguna, contratara o no con el sector público, tras haber dimitido de sus responsabilidades en favor de su mujer, su hermano, sus cuñados y otras personas allegadas. En determinado turno parlamentario, Rato acusó a los socialistas de dedicarse a "investigar la vida privada de los familiares de los adversarios, sobre datos confidenciales cuya obtención sólo se puede hacer contribuyendo a un delito".

Eso sí, no dejó de trascender que Rato (al igual que otros ministros del Gobierno) se inhibió varias veces en el trámite administrativo de expedientes empresariales, presumiblemente para no dar pábulo a la mínima sospecha de incompatibilidad o de colusión de intereses a causa de las relaciones mercantiles o financieras del grupo de empresas de su familia con entidades afectadas por los expedientes. Aunque a la opinión pública nacional no le interesaron gran cosa las cuitas privadas del colaborador de Aznar y los negocios del clan Rato, después de que estas controversias dejaran de generar titulares de prensa, en el aire siguieron flotando las dudas sobre la naturaleza y el alcance de la intrincada urdimbre de relaciones entre políticos del PP, miembros del Gobierno, altos funcionarios del Estado nombrados por el propio Gobierno y magnates empresariales, lazos que se habían forjado al calor del proceso de privatizaciones.

Por lo demás, en noviembre de 2001, la Comisión parlamentaria que investigaba el caso Gescartera exoneró al Ejecutivo de cualquier responsabilidad política por lo sucedido al negar que las actuaciones de Enrique Giménez-Reyna y Pilar Valiente contuvieran un trato de favor al grupo. El dictamen, que provocó la airada pataleta del PSOE y otros grupos de la oposición, reproducía una actitud característica del equipo dirigente: el rechazo sistemático a asumir responsabilidades políticas por los errores o sombras en la gestión, e incluso la reluctancia a reconocer que el Gobierno pudiera haberse equivocado en alguna decisión.

Habitualmente serio, riguroso y escueto, Rato era visto por el general de los españoles como un ministro capacitado, inteligente, seguro de sí mismo, con una personalidad propia bien marcada y lacónico en sus apariciones ante los medios, a los que acudía para hablar preferentemente de datos técnicos relacionados con la economía nacional o la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Solía despachar sus alocuciones con un matiz de suficiencia, y algunas veces, dependiendo del grado de formalidad del entorno, con un toque de socarronería suave, como quien dispone de mucha información y divulga ésta en la medida y el momento que considera oportunos.

Menos sabido era que en el trato personal podía sorprender por campechano, que practicaba el yoga (desde principios de los años ochenta era alumno de Ramiro Calle, director del centro Shadak y pionero en la enseñanza del yoga y las técnicas de meditación orientales en España) y que entre sus gustos figuraba la música roquera de los Rolling Stones. Era rico, pero no hacía ostentación. No destacaba por ideólogo, no era dado a la lisonja pública de Aznar ni tampoco parecía encontrar especial deleite en apostrofar a los adversarios de la oposición, pero esta contención formal no significaba, en absoluto, un desacuerdo con las estrategias del partido, de las que él era coartífice en tanto que miembro de la cúpula.

Para muchos, Rato era el sucesor natural de Aznar, quien en el XIV Congreso Nacional del PP, celebrado en Madrid del 25 al 27 de enero de 2002, enfatizó de manera bien sonora una promesa hecha en la primera legislatura, para desconsuelo de los populares: ésta era su última presidencia del Gobierno, y en las elecciones generales de 2004 ya no sería el cabeza de lista ni "candidato a nada". Quedaba, pues, abierta lo que la prensa vino a llamar la "carrera por la sucesión", que iba a producirse en las presidencias tanto del Gobierno —si se ganaban las elecciones, claro estaba— como, en una segunda fase, del partido, reproduciendo la pauta de 1989-1990 con respecto a Fraga. Aznar dejó claro también que la elección del nuevo líder político y candidato electoral del PP le competía exclusiva e inapelablemente a él; una vez hecha la selección personal, al partido únicamente le quedaría aclamar al agraciado y brindarle el respaldo en bloque en aras del triunfo en la próxima cita con las urnas.

Rato se perfiló inmediatamente como aspirante, al igual que Rajoy, ministro de Administraciones Públicas y de Educación y Cultura en la primera legislatura, y ahora el vicepresidente primero en lugar del devaluado Álvarez-Cascos, y Mayor Oreja, que en febrero de 2001 había dejado el Ministerio del Interior para liderar a los populares en el País Vasco (siendo sustituido, precisamente, por Rajoy por un tiempo). Otros altos cargos, como Javier Arenas Bocanegra, jefe del partido en Andalucía, secretario general nacional desde 1999 y ex ministro de Trabajo, Ángel Acebes Paniagua, ministro de Justicia y más tarde del Interior, y Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, presidente de la Comunidad de Madrid, entraron en las quinielas informales con mayor o menor verosimilitud.

Transcurridos unos meses, sólo consolidaron sus posibilidades los tres primeros, quedando los demás apeados, si es que en alguna ocasión fueron barajados por Aznar. En este período, algunas veces se consideró más adelantado a Rajoy —que en julio de 2002 fortaleció su posición en el Ejecutivo con la recuperación del Ministerio de la Presidencia y la adición de la Portavocía del Gabinete—, otras veces a Rato y otras a Mayor. Últimamente, las apuestas descartaron a éste último, que había perdido presencia pública nacional desde que abandonó el Ministerio del Interior y fracasó en las elecciones autonómicas de Euskadi —ahora ejercía en Vitoria, como líder del grupo popular en el Parlamento Vasco—, y que ofrecía un discurso prácticamente monotemático —erradicación del terrorismo de ETA con todos los instrumentos de la ley y resistencia frente al órdago soberanista del Partido Nacionalista Vasco (PNV)—, así que las cábalas se centraron en los dos vicepresidentes del Gobierno.

La demora de Aznar en destapar a su hombre produjo cierta inquietud en las filas populares en el último tramo de 2002 y el primero de 2003, cuando el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero parecía tener el viento a su favor debido a una serie de actuaciones problemáticas del Gobierno en política interior y exterior. Rato y Rajoy no dejaban de ser unos pretendientes oficiosos que, al menos de puertas al exterior, ni libraban campaña interna, ni construían plataformas propias, ni confrontaban proyectos, luego sustraían a la opinión pública el conocimiento de si tenían visiones diferentes sobre las grandes cuestiones nacionales, muy en especial la arquitectura territorial del Estado.

Ésto era así porque en el PP el valor más apreciado era la unidad sin diversidad y porque Aznar tampoco lo habría tolerado, ya que la mal llamada "carrera por la sucesión" no se iba a dirimir en un proceso de primarias, ni siquiera en un congreso del partido. Cuando los periodistas indagaban a Rato y Rajoy sobre la situación de sus "candidaturas", ambos despachaban los intentos de averiguar qué se cocía entre bambalinas con corteses ironías y con el encogimiento de hombros de quienes nada sabían, o fingían no saber: el tema, reiteraban, estaba en manos del presidente Aznar. Pero la pugna soterrada existía, siendo Rato el que más gestos y pronunciamientos implícitos hizo para que no cupieran dudas de su ambición. Una actitud que no estaba exenta de riesgos, ya que el aznarismo era omnipresente y los interesados en recibir el testigo del liderazgo debían moverse con tiento por el sendero trazado por el jefe: quien empezara a ir por libre, se exponía a ser descalificado de manera automática.

Más todavía, se hizo notar cómo el vicepresidente segundo, sutil y astutamente, se iba distanciando de las grandes controversias que empezaron a dañar al partido, empezando por la huelga general del 20 de junio de 2002 contra la desregulación del mercado de trabajo, siguiendo por la gestión de la catástrofe ecológica provocada en las costas de Galicia por el naufragio del petrolero Prestige (mientras que Rajoy cargó con casi todo el desgaste político en esta crisis) y continuando por la tensa bronca con el PNV y su plan unilateral de nuevo estatuto de autonomía para la comunidad que gobernaba. Mientras crecía el tono de las críticas a Aznar por falta de diálogo y cerrazón ideológica, y mientras el mismo presidente del Gobierno contribuía a crispar el ambiente con sus furibundos ataques a las izquierdas y a los nacionalistas periféricos, Rato intensificó su parquedad mediática y su cauteloso alejamiento de los tonos más chirriantes y doctrinarios escuchados en su partido, donde el mensaje centrista parecía estar en retroceso.

Cuando se levantó la polvareda nacional por el alineamiento irrestricto de Aznar con el Gobierno estadounidense de George W. Bush y sus planes bélicos con respecto a Irak, trazado contra la opinión mayoritaria de la sociedad española y decidido, al parecer, por su cuenta y riesgo, sin consensuarlo previamente con el CEN y el Consejo de Ministros, la circunspección de Rato se aproximó al mutismo. A diferencia de otros compañeros del Gobierno y el partido, no salió a justificar o defender la legalidad de la campaña militar en ciernes ni se entretuvo en recordar a la opinión pública las razones por las que era necesario desarmar a Saddam Hussein. Cuando las gigantescas manifestaciones antibelicistas de febrero de 2003, en vísperas del comienzo de la guerra, Rato se limitó a comentar su convencimiento de que a ellas había asistido "mucha gente del PP".

Una vez acabada la invasión e iniciada la participación —también polémica— del Ejército español en las labores de ocupación y reconstrucción del país árabe, algunos medios informativos divulgaron la especie de que Rato, de hecho, había estado en desacuerdo con la postura sobre Irak y las supuestas armas de destrucción masiva, y que, en un arranque de sinceridad, le había advertido a Aznar que si se subía al carro de la guerra junto con Bush y Tony Blair, el PP se la jugaba en sus siguientes citas electorales y arriesgaba las relaciones con un país, Francia, que era un cooperador fundamental en la lucha contra ETA y la llave de muchas decisiones en la UE que afectaban a España. "Nos puede llevar al desastre", les dijo a otros colegas del Gabinete en el mes de febrero, mientras que a comienzos de marzo, a la salida de una reunión de la plana mayor del Ejecutivo en el palacio de La Moncloa en la que volvió a exponer sus discrepancias, le habría comentado a una persona de su confianza: "me acabo de jugar la sucesión".

Se ignora el peso que la posición contracorriente de Rato sobre Irak pudo tener en la decisión final de Aznar sobre su sucesor, pero tal vez revistió más importancia la filiación empresarial. El articulado vicepresidente segundo era probablemente el dirigente popular que Zapatero menos habría deseado tener como contrincante en las elecciones generales, y su excelente reputación entre los afiliados del partido era de sobra conocida. Sin embargo, en su contra seguían pesando las ramificaciones del escándalo Gescartera, los embarullados negocios cruzados de su familia y sus opacas conexiones con el mundo del dinero. Se seguía hablando del "lobby" de amistades e influencias que Rato tendría en las más altas esferas de la banca y la empresa privadas españolas, y también del extranjero. Tanto contacto de cuello blanco, más los posibles chanchullos corporativos en los que aparecía involucrado el apellido Rato, no eran, se argüía, del agrado de Aznar, que podía imaginar al futuro líder del partido importunado por informaciones aquí y allá sobre una vertiente empresarial no del todo superada.

Por otra parte, a finales de julio, Rato recibió de su alma máter, la UCM, el doctorado en Economía Aplicada con una tesis donde defendía que la obtención del crecimiento económico sostenido pasaba por la rebaja fiscal acompañada de reformas estructurales y una vigorosa acción antideficitaria, todo lo cual permitiría al sector privado maximizar sus recursos y generar riqueza. La tesis central del recorte impositivo para aumentar la oferta era ni más ni menos que la doctrina del economista Arthur Laffer, el paladín de la teoría del supply-side y uno de los inspiradores de la política económica de Ronald Reagan en Estados Unidos a principios de la década de los ochenta.

De todas maneras, Rato, al ser inquirido al respecto, podía remitir a los hechos: desde 2000, la economía española venía creciendo a un ritmo medio anual del 2,8%, por encima de los promedios de la OCDE, y más acusadamente aún, de la UE. En 2002, España había sido el tercer país comunitario que más había crecido, un 2%, detrás de Irlanda y Grecia, tasa notablemente superior a las registradas en Francia, Italia y Alemania. Este ritmo venía produciéndose en paralelo al descenso de las cargas fiscales directas, sobre las rentas de capital, trabajo y patrimonio (aunque no de las indirectas). Y este mismo año, 2003, el déficit de las administraciones públicas, por primera vez en la historia de España, iba a convertirse en un superávit, del 0,3% del PIB. El trabajo doctoral del gobernante, que seguía creyendo a pies juntillas en las bondades del liberalismo sin complejos, mereció la calificación de sobresaliente cum laude.

En cuanto a la sucesión en el PP, en agosto de 2003 todavía existían dudas sobre si Rajoy o si Rato, si bien las miradas empezaban a concentrarse en el primero. Finalmente, el 30 de agosto, el partido reportó que el elegido de Aznar era, en efecto, el vicepresidente primero. Ese día, Aznar convocó en Moncloa a Rajoy, Rato y Mayor para comunicarles su decisión. Algunos medios nacionales explicaron que el dirigente gallego, verdadero todoterreno ministerial y servidor público de probada capacidad para el diálogo y mal emparejado con los tonos agresivos, había merecido la confianza de Aznar por su docilidad o sumisión, que aseguraba una línea continuista; este análisis daba por sentado que Aznar iba a seguir manejando los hilos del PP en la sombra.

La Junta Directiva Nacional del PP ratificó a Rajoy como nuevo secretario general nacional, candidato a la jefatura del Gobierno en las elecciones del 14 de marzo de 2004 y "líder" del partido en tanto que receptor de todos los poderes ejecutivos del presidente nacional, quien le entregaría su titularidad en el próximo congreso, en principio a celebrar a principios de 2005. A la mudanza partidaria le siguió una remodelación gubernamental, con el abandono de Rajoy y la elevación de Rato, a modo de compensación, al puesto de vicepresidente primero, manteniendo la cartera de Economía. El madrileño emprendió su nuevo cometido como número dos del Gabinete el 4 de septiembre.

Lo que vino después fue la más turbulenta e inopinada cadena de acontecimientos: el rechazo total a los proyectos de reforma estatutaria del PNV y del tripartito de izquierda en Cataluña; la repetición de las elecciones a la Asamblea de Madrid por el bloqueo institucional que había generado la defección de dos diputados electos del PSOE (según este partido, instigada por el PP); una campaña de las generales subida de tono, en la que Rato, de nuevo, no se prodigó mucho y se abstuvo de descargar artillería verbal contra los socialistas, los comunistas de Izquierda Unida (IU), los republicanos independentistas catalanes o el PNV; los brutales ataques terroristas del 11 de marzo contra los trenes madrileños, que segaron la vida a 191 pasajeros; tres días de conmoción nacional en los que el PSOE acusó al PP de intentar desviar la atención, por interés electoral, sobre la verdadera autoría de los atentados, desde los islamistas de Al Qaeda a ETA, mientras que el partido del Gobierno acusó a la oposición de manipular el dolor de los electores al imputarle esa supuesta maniobra de ocultación y mentira; y, finalmente, el 14 de marzo, la contundente derrota del PP en las votaciones a manos del PSOE, pese a que en la misma víspera del fatídico día 11 todos los sondeos habían adelantado su victoria, por mayoría simple probablemente.

Rato, que había revalidado su escaño en el Congreso por sexta vez consecutiva como el segundo de lista por Madrid, compartió con Rajoy y Aznar la traumática comparecencia ante los medios la misma noche electoral, cuando ya se habían escrutado casi todas las papeletas y los resultados, el 37,6% de los votos y 148 diputados —siete puntos y 35 escaños menos que en 2000—, eran inamovibles. No habló, sino que arropó a los máximos damnificados del descalabro, Rajoy y Aznar. Sin embargo, su rostro era el vivo retrato de la estupefacción más absoluta por el vuelco electoral y las tensiones vividas en las pasadas 90 horas.

A Rato le quedaban unas semanas en el Gobierno de España y el partido le estaba sondeando para encabezar su lista en las elecciones de junio al Parlamento Europeo. Sin embargo, una circunstancia inesperada vino a catapultarle a uno de los puestos internacionales más prestigiosos, el de director gerente del FMI, que goza del rango de un jefe de Estado y que da derecho a participar en las más altas reuniones de líderes de las economías desarrolladas, como las cumbres anuales del G-8 y el Foro Económico Mundial (FEM) o Foro de Davos, y en conferencias sectoriales organizadas por la ONU.

El 4 de marzo había cesado al frente del organismo multilateral de crédito el alemán Horst Köhler, al cabo de cuatro años de ejercicio, para postularse a presidente federal de su país, siendo sustituido en funciones por la vicedirectora Anne Krueger, de Estados Unidos. Escasos días después de las elecciones en España, empezó a hablarse de Rato como un candidato idóneo para suceder a Köhler, y, curiosamente, fueron los socialistas y Zapatero, presidente del Gobierno in péctore, los que pasaron a hacer campaña por él en la UE, sobre todo ante los gobiernos de Francia y Alemania, allí donde Aznar tenía poco predicamento y donde el propio Rato suscitaba recelos por su rechazo a que se relajara la disciplina presupuestaria fijada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) para todos los países de la UE. Por su parte, el Gobierno popular contactó con británicos y estadounidenses para exponerles la candidatura del aún su vicepresidente primero, quien iba a beneficiarse de las estrechas relaciones de amistad y solidaridad cultivadas por Aznar con Bush y Blair en todos estos años.

Bien pronto se vio que Rato, quien, por supuesto, asumió encantado esta empresa, tenía las de ganar. La administración de Washington no parecía dispuesta a aceptar otro candidato europeo sino él, y menos si procedía de países que no habían participado en la coalición contra Saddam Hussein. En la Comisión Europea y el BCE, donde la heterodoxia financiera no tenía cabida, se acogió con agrado la propuesta, ya que se trataba de un personaje respetado por su preparación (aunque mostraba el punto flaco de su limitada poliglotía, ya que no dominaba por igual los idiomas inglés y francés) y su historial (no ejemplar, claro estaba, para los críticos con el liberalismo sin cortapisas y con la separación no tajante entre intereses mercantiles privados y el servicio público). Los países latinoamericanos endeudados dieron también su respaldo al español, en la creencia de que un director gerente de esa nacionalidad, aunque sólo fuera por afinidad cultural, facilitaría el diálogo crediticio. Pero, además, Rato era conocido por su proximidad a las problemáticas macroeconómicas del subcontinente, donde las multinacionales españolas tenían enormes inversiones.

El único escollo era el eje franco-alemán, con París defendiendo la opción de Jean Lemierre, el presidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), pero este funcionario, tras percatarse de que no tenía apoyos, prefirió seguir en su actual puesto. También se barajaron los nombres de Gordon Brown, canciller del Exchequer británico, y del italiano Mario Monti, comisario europeo de la Competencia. Ninguno estaba cerca de suscitar el consenso. Finalmente, el 16 de abril, el Gobierno francés aceptó que Lemierre siguiera al frente del BERD, allanando el camino para que el Consejo de Ministros de Finanzas de la UE, el Ecofin, se pusiera de acuerdo sobre el español. Alcanzado el necesario nivel de consenso, el 4 de mayo de 2004 el Directorio Ejecutivo del FMI nombró a Rato director gerente y presidente del propio Directorio. El noveno mandamás del FMI, primero de su país, tomó posesión de su despacho en Washington el 7 de junio; previamente, se despidió del Ejecutivo español, el 18 de abril, y causó baja en el Congreso de los Diputados, el 12 de mayo.

(Nota de edición: esta biografía fue publicada originalmente el 7/6/2004. Rodrigo Rato causó baja como director gerente del FMI el 1/11/2007, siendo sustituido por el francés Dominique Strauss-Kahn. Tras su marcha del FMI, Rato se incorporó al sector financiero privado europeo y español. Fue presidente de Caja Madrid en 2010 y 2011 y a continuación del banco Bankia, a cuyo frente dimitió en 2012 coincidiendo con el rescate y nacionalización de dicha entidad por el Estado. En 2017 la Audiencia Nacional de España condenó a Rato a cuatro años y medio de cárcel como autor del delito continuado de apropiación indebida por su participación en el entramado de las conocidas como tarjetas black. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2018, tras lo cual Rato empezó a servir su pena de prisión .