Patricio Aylwin Azócar

El jurista Patricio Aylwin, uno de los dirigentes históricos de la democracia cristiana chilena, jugó un papel sinuoso en los 20 años que precedieron su llegada a la jefatura del Estado en el país sudamericano: en 1970 hizo posible la investidura presidencial del socialista Salvador Allende para luego ejercerle una oposición férrea; en 1973, alarmado por las contradicciones y las expresiones radicales del Gobierno de la Unidad Popular, recibió con "alivio" el sangriento golpe de Estado de las Fuerzas Armadas en la presunción de que los militares no tardarían en devolver el poder a los civiles; y en 1976, en un nuevo cambio de postura, declaró su rechazo sin matices a la dictadura de Augusto Pinochet al constatar la voluntad del general de quedarse en el poder. Lideró la campaña nacional por el no de la oposición del centro y la izquierda en el plebiscito de 1988 y luego fue el candidato unitario de la Concertación de Partidos por la Democracia en las históricas elecciones de 1989, que ganó de manera aplastante al postulante del régimen, Hernán Büchi.

Como presidente de Chile, el segundo de su partido tras Eduardo Frei Montalva, entre 1990 y 1994, Aylwin, con tiento y sin estridencias , condujo una transición caracterizada por la búsqueda del reencuentro entre los chilenos, trágicamente divididos por las ideas políticas, sobre las bases del diálogo, los acuerdos y el esclarecimiento histórico. El dirigente decretó la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para hace balance de las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en los 17 años de dictadura. El Informe Rettig redactado por la Comisión no tenía implicaciones penales, y las reparaciones para las víctimas a que dio lugar se limitaron a las esferas moral y económica, un proceder del Estado que, según Aylwin, obedecía a una "búsqueda de justicia en la medida de lo posible".

Y es que el margen de actuación de su Gobierno estaba limitado por las cláusulas favorables a las Fuerzas Armadas y restrictivas de la normalidad democrática que Pinochet, quien siguió siendo el comandante en jefe del Ejército en todo el período, había dejado consignadas en el ordenamiento legal, empezando por la Constitución Política por él legada. La prudencia formal del mandatario, las salidas de tono de Pinochet y la inmunidad y privilegios de los altos mandos castrenses proyectaron en ocasiones la imagen de Chile como país donde la democracia estaba vigilada o tolerada por los uniformados. En el terreno económico, el presidente mantuvo el sistema de libre mercado instaurado por la Junta militar, pero introduciendo una importante enmienda social, dando lugar a un modelo llamado de "crecimiento con equidad". En 1994 Aylwin cedió el testigo a su correligionario Eduardo Frei Ruiz-Tagle y posteriormente, entre 2001 y 2002, lideró por quinta y última vez el PDC. Centenario en ciernes, el veterano político, respetado por su elevado sentido de Estado, su honradez y su estilo mesurado y austero, falleció en 2016.

(Texto actualizado hasta abril 2016)

1. Dirigente de la Democracia Cristiana en la oposición a la UP de Salvador Allende
2. Rechazo a la dictadura pinochetista y candidato victorioso de la Concertación en las elecciones de 1989
3. La Presidencia de 1990-1994: rostro de la restauración democrática en Chile con cortapisas militares
4. Actividades políticas posteriores


1. Dirigente de la Democracia Cristiana en la oposición a la UP de Salvador Allende
Primogénito de los cinco hijos del que fuera ministro de la Corte Suprema de Justicia, el abogado y juez Miguel Aylwin Gajardo (1889-1976), descendiente de irlandeses, y de Laura Azócar Álvarez, de orígenes vascoespañoles, y nacido en Viña del Mar, repartió sus estudios escolares entre el Instituto Salesiano de Valdivia (ISV), el Liceo de Humanidades de San Bernardo, el Liceo Valentín Letelier de Santiago y el también santiaguino Internado Nacional Barros Arana (INBA). Posteriormente se matriculó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde presidió la flamante Academia Jurídica de Estudiantes de Derecho y por la que en 1943 recibió la licenciatura en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales con una tesina de fin de carrera titulada El juicio arbitral. En 1944 se colegió abogado, actividad profesional que comenzó a practicar en el bufete de Raúl Varela, y un año más tarde, a los 26, empezó a desempeñarse como secretario de la Comisión de la Corte Suprema —alto tribunal del que su padre iba a ser presidente entre 1957 y 1960— encargada de redactar el Código Orgánico de Tribunales.

Aquel mismo año, 1945, gobernando las izquierdas coaligadas en el Frente Popular y con Juan Antonio Ríos Morales de presidente, Aylwin, que venía de militar en la Juventud de Acción Católica, ingresó en la Falange Nacional (FN), una disidencia independiente fundada en 1938 por sectores jóvenes de orientación socialcristiana del Partido Conservador (PC), a cuya dirigencia acusaban de reaccionaria y servil a los intereses de la oligarquía. Entre los animadores de esta tendencia figuraban Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton Guzmán, Manuel Garretón Walker, Rafael Agustín Gumucio Vives y Radomiro Tomic Romero. El veinteañero realizó colaboraciones para el órgano de prensa de la FN, Política y Espíritu, y en ya 1947 ascendió a la posición orgánica de primer vicepresidente de la formación. En el terreno sentimental, en 1948 Aylwin contrajo matrimonio con Leonor Oyarzún Ivanovic, una temuquense de ascendencia vasco-croata cuatro años más joven que él. La pareja estableció su hogar en la comuna de Providencia, en el sector nororiental de Santiago, y hasta 1964 procreó cinco hijos, Miguel, José Antonio, Laura Mariana, Isabel y Juan Francisco, los cuales, con el tiempo, iban a dar a los Aylwin un total de 17 nietos, y estos a su vez cinco bisnietos.

Docente desde 1946 en la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y en el Instituto Nacional de Santiago, casa lectiva esta última donde impartió las asignaturas de Educación Cívica y Economía Política, Aylwin candidateó sin éxito a un escaño de diputado nacional por el cuarto distrito de Santiago en las parlamentarias de marzo de 1949, ocasión en la que tres compañeros de filas sí consiguieron ser electos dentro de la coalición Falange Radical Agrario Socialista (FRAS), y presidió a los falangistas entre 1950 y 1951, todo ello antes de empezar a dar clases de Derecho Administrativo también en la Universidad Católica de Chile en 1952. Todavía en el ámbito jurídico, ejerció de secretario del Instituto Chileno de Estudios Legislativos entre 1949 y 1954, y de consejero nacional del Colegio de Abogados entre 1953 y 1957, en unos años en que la FN y el nuevo PC, liberado de sus sectores más tradicionalistas, recompusieron temporalmente el eje de actuación común en el seno de la Federación Social Cristiana.

El 28 de julio de 1957 Aylwin participó en la fundación del Partido Demócrata Cristiano (PDC) a partir del FN y otras dos facciones separadas del PC, el Partido Conservador Social Cristiano (PCSC) y el Partido Nacional Cristiano (PNC). Agrupación que ambicionaba oponer al poderoso frentepopulismo de izquierdas una alternativa política nacional de centro, interclasista y sensible con las necesidades sociales, en especial las de los trabajadores, el PDC eligió en 1958 presidente a Aylwin, sustituyendo a Rafael Gumucio, y candidato a las elecciones presidenciales del 4 de septiembre a Eduardo Frei, máxima figura del partido y mentor del jurista viñamarino. No obstante, Frei quedó en tercera posición tras el conservador Jorge Alessandri Rodríguez y el socialista Salvador Allende Gossens. Aylwin, por su parte, terminó en 1960 la primera de las cuatro presidencias del PDC que iba a ostentar en las próximas tres décadas, transfiriendo el cargo a Narciso Irureta Aburto. Por lo que respecta a su profesión docente, siguió dando clases en el Instituto Nacional santiaguino hasta 1963 y en 1967 asumió la dirección de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

La votación del 4 de septiembre de 1964 trajo el triunfo esperado, elevando a Frei, con un programa de reformas no radicales que se sintetizaba en la chilenización de las industrias extractivas, a la Presidencia de la República en sustitución de Alessandri con el 56,1% de los votos. Se trató de la primera vez que un partido democristiano llegaba al poder en América Latina. El éxito en las presidenciales, logrado a costa de las aspiraciones del socialista Allende y el radical Julio Durán Neumann, quedó redondeado en los comicios al Congreso del 7 de marzo de 1965, cuando el PDC se aseguró la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la mayoría simple en el Senado, uno de cuyos escaños fue, en representación de Curicó, Talca, Linares y Maule, que componían la Sexta Agrupación Provincial, y con un mandato de ocho años, para Aylwin, que obtuvo el 27,9% de los votos en esta circunscripción de la parte central del país.

Hasta 1967, cuando recibió un cometido de fiscal en la Contraloría General de la República, el senador condujo su segunda presidencia partidista, de dos años de duración, tomándole el relevo Gumucio. Entre sus actuaciones más destacadas en este sexenio estuvo, en 1969, la jefatura de la delegación chilena en la Asamblea General de la ONU. En 1967 asistió asimismo en Colonia a los funerales de Konrad Adenauer, el anterior canciller federal de Alemania Occidental y máximo referente internacional de los democristianos chilenos, que veían en el padre de la RFA un modelo a seguir.

En las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, caracterizadas por la polarización de las candidaturas y la efervescencia ideológica, Allende se adjudicó, en su cuarto intento desde 1953 y al frente de la alianza Unidad Popular (UP), el mayor número de votos por un ajustado 36,6%, seguido muy de cerca por el ex presidente Alessandri, que concurría como independiente y sacó el 35,3%, y el postulante del PDC, Radomiro Tomic, que cosechó solo el 28,1% de los sufragios. Al no alcanzar ningún candidato la mayoría absoluta en las urnas, correspondió al Congreso la investidura del presidente. Entonces, resultó fundamental la decisión de Aylwin y los demás dirigentes democristianos de apoyar al líder socialista en lugar de a Alessandri a cambio de un "pacto de garantías democráticas" que, entre otras condiciones, comprometía al Gobierno de la UP a respetar la autonomía universitaria, la profesionalización de las Fuerzas Armadas y una absoluta libertad de prensa.

Ahora bien, la agudización de los conflictos políticos y sociales, la nacionalización por el Gobierno allendista de sectores de la economía y la radicalización del discurso de los partidos más a la izquierda y que ejercían presión en la UP indujeron a los democristianos a abandonar el centrismo y la moderación de los que habían hecho gala hasta entonces para, venciendo los escrúpulos ideológicos que una alianza táctica de esta naturaleza podría entrañar, sumarse al obstruccionismo institucional en colaboración con el Partido Nacional (PN), la gran fuerza de la derecha surgida en 1965 de la fusión de los partidos Conservador y Liberal, que lideraba Sergio Onofre Jarpa. Así, desde finales de 1971, Aylwin, presidente del Senado entre enero de aquel año y mayo de 1972, contribuyó a paralizar la puesta en práctica de la estatalización de la minería del cobre, decretada por Allende con la aprobación unánime del Congreso en julio de 1971, al exigir que las expropiaciones se tramitaran como reforma constitucional y en consecuencia se negociaran con la oposición en el Congreso.

Tras las elecciones legislativas del 4 de marzo de 1973, en las que el PDC y el PN, aliados como Confederación de la Democracia (CODE, donde figuraban además la Democracia Radical, el Partido de Izquierda Radical y el Partido Democrático Nacional), superaron levemente a la UP pero distaron de conseguir la mayoría de dos tercios de congresistas que habría permitido plantear la recusación constitucional del jefe del Estado, Aylwin, reelegido senador hasta 1981 y de nuevo presidente del partido en sustitución de Renán Fuentealba Moena, acogió con intransigencia la oferta de diálogo de Allende en torno a una "oposición constructiva", que consistiría en el levantamiento del boicot legislativo y el fin de los intentos de defenestrar a miembros del Gobierno con el voto de censura por parte de la CODE, a cambio de la renuncia por el Ejecutivo de la UP a acometer algunas nacionalizaciones. En opinión del opositor, el presidente tenía que aclarar su estrategia para el país y "elegir" entre "estar bien con nosotros" o aceptar el apoyo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), partido marxista que no formaba parte de la UP y que hasta las elecciones de 1970 había abrazado la subversión armada. Lo infructuoso de este diálogo político entre Aylwin y Allende contribuyó a agravar la situación de desgobierno, ya espoleada por las provocaciones violentas de la extrema derecha y la extrema izquierda, y, sobre todo, por la aguda crisis económica.

El senador Aylwin, quien deslizó ciertos comentarios sobre el riesgo de que en Chile se instalara una "dictadura marxista", estaba advirtiendo a un incrédulo Allende de lo ineluctable del pronunciamiento militar si no rectificaba su política, y, efectivamente, el golpe se produjo, con efusión de sangre y desenlace fatal para el presidente, el 11 de septiembre de 1973. Pese a que la Junta Militar de Gobierno formada por los comandantes de los tres ejércitos y el cuerpo de Carabineros y encabezada por el general Augusto Pinochet Ugarte incluyó entre sus medidas inmediatas la clausura del Congreso además del bombardeo aéreo del Palacio de La Moneda que costó la vida a Allende, Aylwin, Frei y otros jefes democristianos brindaron una acogida casi entusiasta a la deposición violenta del poder legítimo, pues entendían que la irrupción de los militares tenía consideraciones de emergencia patriótica y que la usurpación castrense sería pasajera.

Al día siguiente del golpe, el PDC, con Aylwin a su frente, emitió un comunicado oficial donde decía lo siguiente: "Los antecedentes demuestran que las Fuerzas Armadas y Carabineros no buscaron el poder. Sus tradiciones institucionales y la historia republicana de nuestra patria inspiran la confianza de que, tan pronto sean cumplidas las tareas que ellas han asumido para evitar los graves peligros de destrucción y totalitarismo que amenazaban a la nación chilena, devolverán el poder al pueblo soberano para que libre y democráticamente decida sobre el destino patrio". Y añadía: "Los propósitos de restablecimiento de la normalidad institucional y de paz y de unidad entre los chilenos, expresados por la Junta Militar de Gobierno, interpretan el sentimiento general y merecen el apoyo de todos los sectores".

Además, la cúpula del PDC tenía muy claro quién era el culpable de que Chile hubiera llegado a esta trágica situación: "Los hechos son consecuencia del desastre económico, el caos institucional, la violencia armada y la crisis moral a la que el Gobierno depuesto condujo al país, que llevaron al pueblo chileno a la angustia y a la desesperación", sentenciaba. A título más personal, Aylwin declaró a los medios que el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas "simplemente se anticipó" al "riesgo" de que desde la UP se diera "un autogolpe para asumir por la violencia la totalidad del poder", salvando así al país de "caer en una guerra civil o en una tiranía comunista". Sin embargo, varios dirigentes democristianos, exponentes del ala más progresista del partido, no suscribieron estas manifestaciones y desde el primer día elevaron su voz contra el quiebre constitucional. El 13 de septiembre estos disidentes publicaron su propia declaración, conocida como la del Grupo de los Trece, de la que eran firmantes entre otros Radomiro Tomic, Bernardo Leighton, Renán Fuentealba, José Ignacio Palma y el propio hermano menor de Aylwin, Andrés, abogado de profesión y diputado nacional desde 1965.

El análisis del Grupo de los Trece era más matizado que el del sector oficialista del PDC, pues repartía las responsabilidades por el angustioso estado político previo al golpe entre la UP y la CODE, amén de hacer una "condena categórica del derrocamiento del presidente constitucional de Chile", del que ellos habían sido "invariables opositores" y ante cuyo "sacrificio de su vida en defensa de la autoridad constitucional" se "inclinaban respetuosos".


2. Rechazo a la dictadura pinochetista y candidato victorioso de la Concertación en las elecciones de 1989
Como muchos años después el estadista iba a explicar, Aylwin basaba su actitud de "alivio" por el golpe de Estado en la presunción de que el régimen de facto tendría un carácter transitorio. Al cumplirse el trigésimo aniversario de los hechos, Aylwin iba a "lamentar" no haber condenado el movimiento del general Pinochet y sus compañeros de uniforme desde el primer momento, tal como habían hecho su hermano y el Grupo de los Trece.

El caso fue que bien pronto dejó claro Pinochet que se proponía establecer una nueva institucionalidad, sin tolerancia de los partidos políticos, régimen que en 1974 quedó definitivamente personalizado en su persona con la proclamación del general como jefe supremo de la nación y acto seguido como presidente de la República, mientras seguía funcionado la Junta de Gobierno, es decir, la dictadura militar pura y dura. En situación de "receso" desde el 17 de octubre de 1973, el PDC vio cómo sus bienes eran incautados y sus medios de comunicación silenciados, siendo finalmente disuelto como colectividad el 11 de marzo de 1977 junto con el resto de partidos, agrupaciones y movimientos de carácter político.

Antes, en 1976, el PDC, bajo la presión del importante círculo de dirigentes resueltamente contrarios a la dictadura y favorables al acercamiento a los partidos de la izquierda, dio el viraje estratégico en unas circunstancias sumamente peligrosas. Entonces, los democristianos pasaron a articularse como fuerza de oposición al régimen pinochetista y en octubre Aylwin, cuestionado por su actitud. juzgada como indulgente con el terror de la Junta, cesó en la presidencia del partido, yendo la misma al ex ministro Andrés Zaldívar Larraín. Desde ese momento, los líderes democristianos, en particular los favorables al acercamiento al PS del difunto Allende, quedaban expuestos a sufrir las represalias criminales de la temible policía secreta de la dictadura, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), dedicada a perseguir con saña a los dirigentes y militantes de la izquierda que operaban en la clandestinidad o estaban en el exilio, siendo el frustrado asesinato de Leighton, en octubre de 1975 en Roma, la primera advertencia en tal sentido.

En julio de 1978 Aylwin y otras personalidades representativas de diversas corrientes ideológicas establecieron un Grupo de Estudios Constitucionales, conocido también como el Grupo de los 24. El panel, formado esencialmente por juristas, planteó un marco de restauración institucional alternativo al que pretendía asentar la Junta de Gobierno y que iba a iniciar su andadura en 1980 con la aprobación vía referéndum de la nueva Constitución de Chile. Aylwin y sus compañeros descalificaron la Carta Magna dictada por los militares porque establecía una concentración de poderes en el presidente de la República y otorgaba a las Fuerzas Armadas un amplio ascendiente sobre la toma de decisiones de la institucionalidad del Estado. Con este ropaje jurídico, denunciaba el Grupo de los 24, Pinochet solo buscaba perpetuar su autocracia revistiéndola de legalidad.

Los dirigentes del PDC más contestatarios que aún no se habían marchado al extranjero estaban en el punto de mira de la dictadura. Así, Zaldívar fue desterrado en octubre de 1980 tras liderar la campaña por el voto negativo en el referéndum constitucional convocado por Pinochet para legitimarse en el poder. Otro fuerte golpe a los intentos de reorganización de los democristianos constituyó el fallecimiento en enero de 1982, supuestamente por causas naturales pero en realidad, como iba a revelarse años después, víctima de un envenenamiento perpetrado por los esbirros del régimen en el marco de la siniestra Operación Cóndor, del ex presidente Frei, quien venía desarrollando una actitud de rechazo frontal a Pinochet y sus maniobras legalistas. Ese mismo año, Zaldívar, desde Madrid, renunció a la jefatura del partido en favor del ex canciller Gabriel Valdés Subercaseaux, recién regresado de Nueva York, mientras que Aylwin, uno de los pocos líderes que no había tomado el camino del exilio, fue elegido vicepresidente.

Aylwin ostentó este puesto de segundo de a bordo hasta 1983. En agosto de aquel año, a iniciativa de Valdés, el PDC y otras cuatro agrupaciones de centro e izquierda, a saber, el Partido Socialdemocracia Chilena (PSD), el Partido Radical (PR), Democracia República (luego llamado Partido Republicano) y la Unión Socialista Popular (USOPO), crearon la Alianza Democrática, primer frente interpartidario contra la dictadura, al que poco después se sumaron algunas facciones socialistas y el Partido Liberal. En su Manifiesto, los aliancistas reclamaban la renuncia de Pinochet a la Presidencia de la República, la convocatoria de una Asamblea Constituyente y un gran consenso social para iniciar una transición democrática. El fracaso de los esfuerzos por derrotar a la Junta mediante la movilización social convenció a Aylwin, vicepresidente del Colegio de Abogados entre 1985 y 1986, y otros líderes moderados de la Alianza de la necesidad de buscar una salida política no rupturista, en la que necesariamente tendría que pactarse con el poder, no obstante mostrarse este resuelto a reprimir sin contemplaciones cualquier contestación en las calles. Más aún, el régimen ni siquiera accedió a entablar un diálogo formal con los sectores de la oposición abiertos a las fórmulas transaccionales, lo que supuso el fracaso de la Alianza.

El anuncio por Pinochet de que sometería a plebiscito en 1988 su renovación en la Presidencia por otros ocho años más y convocaría elecciones presidenciales directas para el año siguiente en caso de saldarse con resultado negativo la primera consulta, desató una frenética actividad política, acelerando los partidos de la oposición tanto su reestructuración interna como la reorganización del frente común contra el Gobierno. En el caso del PDC, el 2 de agosto de 1987 Aylwin, valedor de la línea pragmática arriba citada, recuperó la Presidencia Nacional en sustitución de Valdés, que rechazaba someterse a las reglas del juego del nuevo curso político fijadas por el dictador; según Valdés, inscribir el partido para su legalización de nuevo en esas condiciones supondría "legitimar" el régimen. El 2 de mayo de 1988 el PDC, con Aylwin al timón, recobró la carta de legalidad dispuesto a derrotar al pinochetismo en las urnas.

El 2 de febrero de 1988, el democristiano Aylwin, el socialista Ricardo Lagos Escobar y dirigentes de un total de 17 agrupaciones opositoras del centro y la izquierda establecieron la Concertación de Partidos por el No para postular el voto negativo en el plebiscito y exponer un abanico de demandas democráticas, siendo el jefe democristiano su portavoz ante la opinión pública. Celebrada el 5 de octubre de 1988, la histórica consulta fue ganada por la oposición con el 56% de los votos, forzando así la convocatoria de elecciones abiertas al cabo de un año, tal como Pinochet había prometido si sufría un revés en las urnas. Sin dilación, la Concertación de Partidos por el No, cuyo emblema era un arco iris, se transformó en la Concertación de Partidos por la Democracia, alianza que tenía la vocación de durar en el tiempo, más allá de los comicios de 1989 e independientemente de sus resultados.

Por de pronto, en el PDC se abrió un proceso interno para definir a su candidato presidencial de cara a las elecciones de 1989. En la primaria democristiana de noviembre de 1988 se midieron tres precandidatos, Aylwin, Valdés y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo de Frei Montalva. Valdés, en tanto que el dirigente del partido con más visibilidad hasta 1987, confiaba en sus posibilidades de llevarse la nominación, pero los afiliados que votaron se decantaron en su mayoría por Aylwin, quien contaba con el respaldo de buena parte del aparato partidario. Entonces, los seguidores de Valdés afirmaron que unos militantes del sector aylwinista encargados del proceso habían manipulado los padrones electorales en favor de su jefe, irregularidad que convertía los resultados de la primaria en fraudulentos. El escándalo, pasado a los anales del PDC como el Carmengate, quedó zanjado el 5 de febrero de 1989 en una reunión de la Junta Nacional del partido en la que Valdés dio su brazo a torcer y reconoció la candidatura de Aylwin.

La Concertación elaboró un programa de Gobierno y el 23 de junio de 1989 sus integrantes cerraron filas tras la candidatura presidencial de Aylwin, no sin manifestar fuertes reservas al respecto numerosas voces de los sectores izquierdistas. En cuanto al potente Partido Comunista (PCCh), único relevante de la oposición que se había quedado fuera del paraguas concertador, anunció que renunciaba a presentar candidato propio y que, para maximizar las posibilidades de derrota del pinochetismo, apoyaba a Aylwin, decisión que no dejó de causar sorpresa. El 6 de julio el ex senador fue nominado candidato por los concertacionistas y diez días después fue proclamado como tal en un solemne acto celebrado en el Teatro Caupolicán de la capital. "Este es Chile, el Chile que anhelamos, el Chile por el cual tantos, a lo largo de la historia, han entregado su vida; el Chile libre, justo, democrático, una nación de hermanos", dijo Aylwin en su discurso de proclamación.

Poco después, el 30 de julio, los chilenos aprobaron en referéndum, con un apabullante 91,2% de votos afirmativos, una serie de enmiendas a la Constitución de 1980. Estas eliminaron algunas de las cortapisas democráticas con que los militares pretendían encorsetar la fase de "consolidación" posterior a 1989, cuales eran la proscripción de los partidos de ideario marxista, ahora removida, la reserva de 20 senadores designados, que pasaron a ser nueve, y el mandato presidencial de ocho años, un período completamente abusivo, que fue recortado en cuatro.

La selección de Aylwin, el moderado que había evolucionado en su enfoque del golpe de 1973 hasta convertirse en un defensor inequívocamente firme del restablecimiento del marco de libertades y el orden democrático, resultó ser un completo acierto. En las elecciones del 14 de diciembre de 1989 el veterano político democristiano, luego de entregar la jefatura orgánica del PDC a Zaldívar, tuvo como adversario del oficialismo al hasta hacía unos meses ministro de Hacienda Hernán Büchi Buc, un tecnócrata con cierta fama de eficiente pero carente de gancho político, y le batió sin necesidad de una segunda vuelta con un contundente 55,2% de los votos, sacándole 25 puntos de ventaja. En un distante tercer lugar quedó el empresario independiente Francisco Javier Errázuriz Talavera. En los comicios legislativos, la Concertación derrotó a Democracia y Progreso, la alianza formada por los partidos de la derecha promilitar Unión Demócrata Independiente (UDI, el partido de Büchi) y Renovación Nacional (RN), conquistando la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con 69 de los 120 escaños y la mayoría relativa en el Senado con 22 escaños sobre 38 abiertos a elección, mientras que el PDC certificó su condición de primer partido del país con el 26% de los votos y 38 diputados, uno de los cuales era Andrés Aylwin, el hermano menor del presidente electo.


3. La Presidencia de 1990-1994: rostro de la restauración democrática en Chile con cortapisas militares
El 11 de marzo de 1990 Aylwin, a la edad de 71, recibió de Pinochet la banda que le convertía en el primer presidente democrático de Chile en los últimos 17 años así como el segundo de filiación democristiana en la historia del país. La ceremonia, transcurrida en el nuevo edificio del Congreso Nacional con sede en Valparaíso, estuvo caracterizada por la solemnidad y el alborozo, y no dio lugar a gestos de acritud. A continuación, Aylwin formó un Gobierno de coalición con las agrupaciones concertacionistas que habían obtenido representación, esto es, los partidos por la Democracia (PPD), Socialista (PS), Radical (PR), Social Demócrata (PSD) y de la Alianza de Centro (PAC). Entre los ministros de Estado, destacaban los democristianos Enrique Krauss Rusque en Interior, Patricio Rojas Saavedra en Defensa y Alejandro Foxley Rioseco en Hacienda, el radical Enrique Silva Cimma en Exteriores y el socialista Carlos Ominami Pascual en Economía.

Los primeros proyectos de ley elaborados por la Administración Aylwin, una de cuyas divisas electorales había sido Construir una patria buena y justa para todos, estuvieron destinados a desmontar el andamiaje represivo del pinochetismo y a colocar el estamento militar bajo la autoridad del poder civil, pero sin tocar el marco prescrito por el dictador en su salida, siendo tres las restricciones fundamentales. Estas eran: el sometimiento a los militares de determinadas cuestiones de trascendencia para el Estado a través del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena); el nombramiento por dicho órgano (en la práctica, por el comandante en jefe del Ejército, esto es, el propio Pinochet) de cuatro miembros del Senado correspondientes a antiguos comandantes en jefe de los tres ejércitos y del Cuerpo de Carabineros (los otros cinco puestos de senadores designados estaban reservados a dos ex miembros de la Corte Suprema, a un ex contralor general, a un ex rector de universidad y a un ex ministro de Estado, y Pinochet los dejó nombrados antes de transferir la Presidencia); y la privación al presidente de la prerrogativa de nombrar a aquellos oficiales supremos de los institutos armados.

Por otro lado, estaba la imposibilidad legal de juzgar los actos de la Junta, fuero asentado por la Ley de Amnistía del 19 de abril de 1978 y confirmado por el Tribunal Constitucional, cuyos siete miembros habían sido nombrados por el Gobierno anterior, el 18 de enero de 1990. Igualmente, siguieron en vigor las denominadas leyes orgánicas constitucionales de las Fuerzas Armadas y los Carabineros, que, por ejemplo, permitían a dichos cuerpos comprar y vender armamento, edificios y propiedades sin pasar por la aprobación de las autoridades civiles, una cuota de autonomía militar inaceptable en cualquier democracia normal. Según trascendió más tarde, dichas leyes fueron aprobadas, el 11 de enero de 1990, tras lograrse un acuerdo entre la Junta y los representantes del presidente electo, que en la transacción obtuvo la disolución de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de DINA como la policía secreta del régimen militar.

Consecuentemente, las promesas de Aylwin de democratizar las instituciones y de hacer, "en la medida de lo posible", justicia para con las víctimas de la dictadura se concretaron solo, en el primer caso, en algunas reformas del sistema político, como la elección directa de los representantes municipales y la fijación del mandato presidencial de seis años, cambio este último que empezaría a operar con el presidente que fuese elegido en 1994, y, en el segundo caso, en una reparación de tipo moral y económico. El 25 de abril de 1990 Aylwin decretó la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR) con el objeto de esclarecer la verdad sobre las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el país en los casi 17 años de dictadura. Al cabo de nueve meses de intenso trabajo, el 8 de febrero de 1991, la CNVR entregó un Informe definitivo al presidente, el cual lo presentó a la opinión pública el 4 de marzo. El conocido como Informe Rettig, por Raúl Rettig Guissen, el jurista encargado de presidir esta comisión de nueve miembros, hacía balance de la represión, pero no citaba a responsables concretos.

El documento cuantificó en 2.279 las víctimas probadas, entre muertos y desaparecidos, por las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el Estado, la gran mayoría, o como efecto de la violencia política practicada por las organizaciones de extrema izquierda (164 casos), entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Sobre 641 casos, la CNVR no pudo formarse una convicción y otros 449 fueron excluidos de la investigación por conocerse de ellos solo el nombre de la persona. De las víctimas con militancia política reconocida, la práctica totalidad pertenecían a formaciones izquierdistas.

En el momento de presentar el documento, Aylwin pronunció un solemne discurso en el que, como presidente de la República y en representación de toda la nación, pidió perdón a los familiares de las víctimas. También, pidió "solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden, y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo". A raíz del Informe Rettig, en febrero de 1992, el Gobierno creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que junto con la Oficina Nacional de Retorno (ONR), activada en agosto de 1990 —en vísperas de los funerales con honores de Estado recibidos por Allende en Santiago por orden presidencial, previo traslado de sus restos desde el cementerio de Viña del Mar donde estaban inhumados—, se encargó de ayudar e indemnizar a los exiliados y los demás represaliados por la dictadura.

Fueron varios los momentos durante la presidencia de Aylwin en que Chile dio la impresión de ser una democracia vigilada y, más que acatada, tolerada, como si de una suerte de sacrificio patriótico se tratase, por Pinochet. No faltaron los desplantes y las amenazas, y no meramente implícitas, del general con interrumpir el orden vigente como reacciones fulminantes ante acusaciones o intentos de procesamiento de miembros de las Fuerzas Armadas.

A finales de marzo de 1991, tras la publicación del Informe Rettig, Pinochet, arropado por todos sus generales y un millar largo de oficiales y suboficiales, rehusó pedir perdón "por haber tomado parte en la patriótica labor" realizada entre 1973 y 1990, y afirmó que el Ejército de Chile no aceptaba "ser situado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados por haber salvado la libertad y la soberanía de la patria a requerimiento insistente de la civilidad". Más, aún, lanzó el siguiente aviso: "Se requiere que nunca más se pretenda en Chile poner en práctica un proyecto político de la naturaleza y alcances del que representó el de la Unidad Popular. De lo contrario, sería imposible impedir la experiencia que el legítimo empleo de la fuerza por sus propias características conlleva o hace difícil evitar". Aylwin guardo mutismo frente a esta desafiante advertencia. En septiembre siguiente, el general provocó indignación al valorar con hiriente sarcasmo las exhumaciones de restos de víctimas de la dictadura ordenadas por algunos jueces. Preguntado por los periodistas por el hallazgo de dos cuerpos por tumba en el área excavada en el principal cementerio de Santiago, comentó "¡pero qué economía más grande!", para acto seguido transmitir sus felicitaciones a los "buscadores de cadáveres". También en esta ocasión se abstuvo Aylwin de llamar al orden al comandante del Ejército. Al menos no lo hizo en público.

El episodio más tenso fue el llamado Boinazo, en mayo de 1993, una amenazadora exhibición, con indumentaria de combate, de comandos del Ejército en las proximidades de La Moneda, a través de la cual Pinochet, quien sostuvo una reunión con mandos del Ejército en el aledaño Edificio de las Fuerzas Armadas, buscaría meter presión para que la justicia cerrara el caso conocido como los pinocheques, unos cheques girados en 1988 por el general en nombre del Ejército a su hijo Augusto Pinochet Hiriart como parte de una operación mercantil rodeada de turbiedad. El general, luego, quitó hierro a lo sucedido, presentándolo como actividades rutinarias del Ejército. Aylwin, con una mano práctica y otra apaciguadora, no ahorró esfuerzos para mantener relaciones cordiales con un estamento castrense que se manifestaba inquebrantablemente leal a su comandante en jefe. Esta actitud de Aylwin le endosó en ocasiones el perfil de mandatario condescendiente, si bien otra lectura destacaba su realismo político, en aras del objetivo primordial que era la salvaguardia de la estabilidad institucional y la paz social.

Por otro lado, en abril de 1991 el país se estremeció por el asesinato del senador y dirigente de la UDI Jaime Guzmán Errázuriz, víctima terrorista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Guzmán, considerado el más influyente portavoz de la derecha propinochetista más recalcitrante y llamado en ocasiones el "ideólogo de la dictadura", venía atacando a Aylwin, precisamente, por lo que consideraba una falta de rigor del Gobierno de la Concertación en la lucha contra el extremismo violento de izquierdas. Entonces, el presidente, que se preparaba para emprender una vasta gira de 20 días por siete países de Europa, valoró la existencia del terrorismo en Chile como un fenómeno "incipiente" que no iba a "alterar" el "clima de entendimiento económico, político y social". Aylwin se mostró convencido de que los atentados del FPMR no entrañaban una "amenaza para la democracia" y que la falta de "justicia" por los crímenes cometidos por la dictadura no era excusa para la "venganza", unas reacciones condenables que propiciaban "caer en una espiral de violencia que es la negación misma de la justicia".

En el terreno económico, el equipo de Aylwin heredó una coyuntura saneada o en fase de franca mejora (y envidiada en la región, llegándose a hablar del "milagro chileno") en grandes variables como la tasa de crecimiento, la deuda externa, la balanza comercial, la balanza fiscal y la inflación, cuadro que presentaba el viso de un gran logro estructural, aunque a costa de una tremenda fractura social como consecuencia de las políticas neoliberales. Aylwin llegó al poder asumiendo el modelo que daba prelación al libre mercado, el desenvolvimiento del sector privado y el monetarismo, pero incorporando la acción reguladora del Estado en áreas sociales, según un esquema que vino a denominarse "crecimiento con equidad". Finalizado el cuatrienio, los partidarios de Aylwin podían alardear de un rosario de cifras positivas: el producto nacional había avanzado un promedio anual del 7% (registrando 1992 una tasa de crecimiento realmente espectacular, el 12%), la inflación se había reducido a la mitad, quedándose en el 12%, el paro se había contraído también, hasta el 4,5%, y la tasa de ahorro no había bajado del 24%, en paralelo a un acusado repunte de las inversiones foráneas. La tesorería del Estado, gracias a la reforma tributaria y sin recurrir a la privatización de las empresas públicas, ingresó ingentes fondos generados por la bonanza general.

Lo significativo, por no decir insólito, para el conjunto del subcontinente es que la consolidación fiscal y la estabilidad financiera no supusieron una merma del poder adquisitivo de los chilenos y el avance de la pobreza, antes al contrario. Los salarios reales crecieron a buen ritmo en todo el período. Por otro lado, unas activas políticas de inversión social y de redistribución de la nueva riqueza permitieron, si no contrarrestar del todo, sí al menos amortiguar los efectos negativos del modelo liberal. El Gobierno Aylwin tampoco descuidó impulsar programas productivos destinados a comunidades específicas para integrar en el desarrollo general a las regiones más deprimidas del país, pero el caso fue que dejó intacta la enorme brecha que separaba a los más ricos de los más pobres. Chile siguió siendo uno de los países del mundo donde la renta nacional estaba peor repartida.

El primer Ejecutivo de la Concertación consiguió la plena inserción de Chile en la comunidad internacional, por de pronto en el contexto sudamericano, donde el progresivo restablecimiento de la democracia civil (Ecuador en 1979, Perú en 1980, Bolivia en 1982, Argentina en 1983, y Brasil y Uruguay en 1985) había convertido al sistema imperante en el país andino, junto con el Paraguay del dictador Alfredo Stroessner, en un anacronismo sin amigos en la segunda mitad de los años ochenta. Con Aylwin arrancó la estrategia de apertura comercial a los demás países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) a través de acuerdos bilaterales de desarme arancelario.

En el cuatrienio se adoptaron sendos acuerdos de complementación económica con México (22 de septiembre de 1991), Argentina (16 de junio de 1992), Venezuela (2 de abril de 1993), Bolivia (6 de abril de 1993) y Colombia (6 de diciembre de 1993), instrumentos concebidos como la antesala de unos verdaderos acuerdos de libre comercio y que en el caso de los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR, articulado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) se iban a negociar en el ámbito multilateral como grupo. Aylwin también recuperó el diálogo comercial con Estados Unidos en favor de la integración chilena en el Sistema General de Preferencias Arancelarias, previo paso que sería para un acuerdo bilateral de libre cambio, el cual, a su vez, debía servir —así se veían entonces las cosas desde Santiago— de trampolín para la entrada de la nación austal en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acordado en 1992 por Estados Unidos, Canadá y México.

En el capítulo de protagonismos, Aylwin fue el anfitrión en Santiago de la XXI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en junio de 1991, y de la VII Reunión del Grupo de Río, en octubre de octubre de 1993. Ante la Asamblea General de la ONU, el presidente trazó un vínculo entre la paz mundial y la solución de los azotes de la miseria y el hambre, exhortando a las naciones a "dotar de contenido a una justicia social internacional".


4. Actividades políticas posteriores
Tras la expiración de su mandato y la toma de posesión el 11 de marzo de 1994 de su correligionario Eduardo Frei, senador, presidente del partido entre 1991 y 1993 y vencedor en las elecciones del 11 de diciembre de 1993 sobre el candidato de la derecha promilitar, Arturo Alessandri Besa, Aylwin fue encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de presidir la Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre el Desarrollo Social, instancia que presentó a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en marzo de 1995, un informe relativo a la pobreza y la desigualdad social en esa parte del mundo. También, se integró en el programa del BID sobre diálogo social, orientado a generar consensos nacionales en todo el hemisferio para aplicar políticas públicas en este terreno.

En los años siguientes, el estadista chileno, convertido en octogenario en 1998, vertió opiniones moderadamente críticas con la globalización, de la cual, afirmaba, "la pobreza es un rasgo fundamental", y con el modelo de libre mercado, que le parecía "eficiente para crear riqueza, pero no para distribuirla", llegando a la conclusión de que la función reguladora del Estado era del todo indispensable con el objeto de "asegurar la justicia y ayudar a los más necesitados". Cuando acabó su ejercicio presidencial, Aylwin no se convirtió en senador ex officio y vitalicio porque la Constitución reservaba esa dignidad a los mandatarios que hubieran ejercido la jefatura del Estado por un período mínimo de seis años. No obstante, el 25 de marzo de 2000 el Congreso aprobó una enmienda constitucional que creó el estatuto de los ex presidentes y otorgó inmunidad jurídica y dieta a los senadores vitalicios que renunciaran al cargo, extendiendo el beneficio a Aylwin como un caso excepcional.

Desde 1994 Aylwin siguió muy presente en la arena política nacional, a través de la por él fundada Corporación Justicia y Democracia, entidad dedicada a promover programas de formación para la juventud, prestar asesoría profesional y aportar investigación académica en torno a las problemáticas del desarrollo arriba citadas. Más aún, el 20 de julio de 2001, ostentando la Presidencia de la República el socialista Ricardo Lagos, quien colocó a su predecesor al frente de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional del PDC le designó presidente temporal de la formación como mejor solución para intentar salir de la crisis de liderazgo provocada por la caótica inscripción, apurando al límite el plazo legal del 14 de julio, de los candidatos del partido para las elecciones parlamentarias del 16 de diciembre, suceso que provocó las renuncias de varios miembros de la Mesa Nacional, incluido el presidente orgánico, Ricardo Hormazábal Sánchez. Aylwin aceptó el ofrecimiento de presidir por quinta vez el PDC al parecer por una razón de deber sentimental, aunque a la familia, informó entonces la prensa chilena, no le agradó la idea, ya que el estadista tenía ya 82 años.

El 26 de enero de 2002 la Junta Nacional del PDC eligió al senador Adolfo Zaldívar Larraín, líder de la facción más conservadora y hermano de Andrés Zaldívar (a la sazón presidente del Senado) para tomarle el relevo a Aylwin, que aprovechó el cambio de guardia para anunciar su despedida de la actividad política. El partido que él había contribuido a fundar hacía ya 45 años atravesaba una delicada situación, pues a la peripecia de julio del año anterior se habían añadido la filtración de nuevos episodios de corrupción y, sobre todo, los malos resultados de los comicios del 16 de diciembre, en los que la formación centrista había caído al 19% del voto y los 23 diputados, viendo arrebatada su primacía por la todavía muy propinochetista UDI. Aylwin calificó de "doloroso" este particular sorpasso en el sistema chileno e instó al partido a renovarse y "recuperar la brújula de los valores humanistas cristianos para no morir".

De la familia Aylwin emergieron estos años otras personalidades en las esferas política y judicial. Arturo Aylwin, hermano menor de Patricio y Andrés (quien en 1998 concluyó su segundo período como diputado) y como ellos profesional de la abogacía, fue nombrado contralor general de la República por Frei en 1997 y luego fue confirmado en el cargo por Lagos en 2000, antes de retirarse en 2002. Además, el presidente socialista nombró ministra de Educación a la hija de su antecesor y viejo socio dentro de la Concertación, Mariana Aylwin Oyarzún, quien durante la presidencia de su padre había fungido de asesora de la Dirección de Estudios de la Secretaría General de la Presidencia, para luego desempeñarse como diputada. Mariana Aylwin fue ministra hasta 2003.

La jubilación de la política dejó a Aylwin, octogenario en excelentes condiciones físicas e intelectuales, más libre para realizar actividades internacionales en espacios de encuentro de líderes como el Club de Madrid, del que fue miembro fundador junto con Felipe González en 2002, y el Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Programa de las Américas del Centro Carter de Atlanta, Estados Unidos. En 2003, al cumplirse tres décadas desde el golpe de Estado, en una entrevista para el diario El Mercurio, el ex mandatario "lamentó" no haber condenado el asalto a La Moneda y afirmó que Allende era "un demócrata", en tanto que Pinochet, autor de unas violaciones "tan brutales" de los Derechos Humanos que jamás imaginó que pudieran producirse, "no tenía perdón de Dios".

A los pocos días, el diario La Tercera reprodujo pasajes de una entrevista realizada a Pinochet en 2001 por el historiador estadounidense James Whelan. El hasta 2002 senador vitalicio, puesto conferido cuatro años atrás al producirse su cese como comandante en jefe del Ejército, y quien ahora mismo se encontraba en el paréntesis del sobreseimiento temporal, por supuesta demencia senil, del proceso penal comenzado en su contra en 1998, decía en esta entrevista que el hombre al que había entregado la banda tricolor en 1990 había resultado ser "el peor presidente que ha tenido Chile" (...) un desgraciado". El aludido replicó que estas palabras del ex dictador le producían "asombro" e "hilaridad". En sus nuevas declaraciones a El Mercurio, Aylwin negó haber actuado con "mansedumbre" frente a los militares y desveló que había tenido muchos desencuentros con el general, a quien en algunas ocasiones, dijo, le había llamado la atención por sus expresiones destempladas y fuera de lugar. Aylwin señaló que a Pinochet "el juicio de la historia jamás le perdonará las violaciones a los Derechos Humanos" de su régimen, aunque "gracias a su buen instinto hizo reformas económicas que no realizó ninguna de las otras dictaduras militares en Latinoamérica".

La lucidez siguió acompañando a Aylwin en la etapa más avanzada de su prolongada vida. En 2012, con 93 años, el ex presidente rompió un largo silencio con una entrevista exclusiva para el periódico español El País, en la que volvió a rememorar los capítulos de la historia contemporánea chilena de los que había sido protagonista. En particular, destacó el carácter "exitoso" de la transición política que le había tocado conducir entre 1990 y 1994, cuyo hito fue la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En cuanto a Pinochet, lo veía como un hombre que "tenía varias caras". Cuando uno era el jefe del Estado y el otro el subordinado, el general: "sabía hacerse el simpático cuando quería, era socarrón y diablito, jugaba para su propio lado. Pero no fue un hombre que obstaculizara las políticas del Gobierno que yo encabecé". Además: “Pinochet representaba, por una parte, orden, seguridad, respeto, autoridad. Y, por otra, una economía de mercado que iba a permitir la prosperidad del país. Esos fueron los dos factores definitorios, y por eso Pinochet fue popular. Era un dictador, pero popular”, opinaba Aylwin. De paso, el entrevistado tuvo palabras críticas para el actual jefe del Estado, Sebastián Piñera, el primer presidente no concertacionista tras cuatro mandatarios consecutivos democristianos y socialistas, procedente de Renovación Nacional, el cual no representaba un "proyecto" claro.

El fallecimiento del emérito estadista sobrevino el 19 de abril de 2016, cuando ya se aproximaba al siglo de vida, sin que se le conocieran enfermedades o dolencias de tipo crónico, aunque en diciembre de 2015, meses después de participar en su último acto protocolario, había sufrido una conmoción cerebral tras caerse en su domicilio, accidente doméstico que lo mantuvo por unos días bajo cuidados intensivos en la Clínica Alemana. En su lecho de muerte en su casa de siempre sita en la calle Arturo Medina de la comuna santiaguina de Providencia le acompañaba Leonor Oyarzún, también de 97 años, su esposa desde hacía 67. El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet decretó tres días de luto oficial y los principales responsables políticos del país expresaron palabras de pesar y de reconocimiento. Las exequias oficiales comenzaron el 20 de abril con el traslado del féretro en cortejo fúnebre al Palacio de la Moneda y acto seguido a la antigua sede del Congreso Nacional, para recibir el homenaje de las autoridades y de la población. Tras dos días de capilla ardiente en el Congreso y en la Catedral Metropolitana, el 22 de abril tuvieron lugar en el templo la misa funeral, que fue oficiada por el cardenal Ricardo Ezzati, arzobispo metropolitano de Santiago, seguido del entierro en el mausoleo de la familia Aylwin en el Cementerio General.

Patricio Aylwin fue doctor honoris causa por una quincena de universidades chilenas y extranjeras. En el capítulo de galardones, obtuvo el Collar de la Orden de Isabel la Católica de España (1990), el Premio Norte-Sur del Consejo de Europa (1997) y el J. William Fulbright Prize for International Understanding (1998). En sus funerales, el cardenal Ezzati le nombró de manera póstuma Caballero de la Orden de Santiago. Además, fue miembro honorario del Instituto Chileno de Derecho Administrativo, miembro de la Academia de Ciencias de Moscú y, desde 1995, profesor emérito de la Universidad de Chile. Además de diversos tomos de discursos y capítulos para obras colectivas, en su dilatada carrera publicó varios libros de temáticas jurídicas y políticas, entre los que se citan: Manual de Derecho Administrativo (1952); Camino propio: lo que Chile espera de la Democracia Cristiana (1970); El Socialismo visto por los comunitarios (1971); El camino hacia la democracia (1978); La alternativa democrática (1984); Un desafío colectivo (1988); Ética en la abogacía y en la función pública (1997); y El reencuentro de los demócratas: del golpe al triunfo del no (1998). Su trabajo de licenciatura universitaria en 1943, El juicio arbitral, fue reeditado como libro posteriormente.

(Cobertura informativa hasta 1/5/2016)