Pat Cox

   Nacido en Dublín aunque criado en Limerick, en 1974 terminó sus estudios de licenciatura en Economía en el dublinés Trinity College, el centro de formación universitaria más prestigioso de Irlanda, y pasó a desarrollar una trayectoria docente en el Instituto de Administración Pública de la capital del país. Desde 1976 impartió clases en el Instituto Nacional de Educación Superior (NIHE), hoy Universidad de Limerick, donde despuntó su interés por los asuntos europeos. En 1982 empezó a ejercer el periodismo en la Radiotelevisión Pública Irlandesa (RTE), realizando y presentando reportajes de investigación sobre temas de la actualidad nacional. Políticamente se vinculó al partido de los Demócratas Progresistas (PD), una agrupación de centroderecha liberal formada el 21 de diciembre de 1985 por Desmond (Des) O'Malley y Mary Harney como una apuesta renovadora del panorama político irlandés, ampliamente dominado por las formaciones moderadas tradicionales Fine Gael, de centroderecha, y Fianna Fáil, de centro, y origen de los disidentes encabezados por O’Malley.

En marzo de 1986 Cox fue nombrado secretario general de los demoprogresistas bajo el liderazgo de O'Malley, y algo más de tres años después, el 15 de junio de 1989, salió elegido diputado al Parlamento Europeo por la circunscripción sureña de Munster, una de las cuatro que el ordenamiento electoral establecía para la circunstancia de los comicios europeos. Aquel mismo día se celebraron elecciones al Dáil irlandés, que depararon al partido la pérdida de ocho de los 14 diputados obtenidos en su debut electoral en 1987. Antes de tomar posesión de su escaño en Estrasburgo, Cox participó en las negociaciones con el Fianna Fáil que lideraba el primer ministro saliente, Charles Haughey, para la formación de un Gobierno de coalición cuya toma de posesión el 12 de julio supuso la primera participación de los PD en el Ejecutivo nacional.

En las elecciones legislativas del 25 de noviembre de 1992, precipitadas por la salida de los PD del Gobierno de Albert Reynols (sucesor del dimitido Haughey), Cox obtuvo su primer mandato en el Parlamento nacional, por la circunscripción de Cork South Central, al tiempo que el partido incrementó su cuota a las 10 actas. El 12 de octubre de 1993 compitió infructuosamente con Mary Harney en la elección interna del sucesor de O'Malley, y el 13 de mayo de 1994 dimitió como vicelíder y responsable de Finanzas del partido, y acto seguido se dio de baja en el mismo para preparar la reelección como eurodiputado con la etiqueta de independiente. Lograda esta meta el 10 de junio (y contendiendo, precisamente, contra su antiguo mentor, O'Malley), Cox cesó en su escaño en el Dáil de Dublín y concentró toda su actividad de legislador en la Eurocámara.

En la legislatura correspondiente al quinquenio 1994-1999, Cox estuvo adscrito al Comité de Asuntos Económicos y Monetarios como miembro titular y al Comité de Asuntos Legales en calidad de miembro suplente. En esta época, su interés estuvo volcado en el proceso de construcción de la Unión Económica y Monetaria (UEM), cuya tercera fase, con el nacimiento del euro para once estados miembros –Irlanda entre ellos-, arrancó en enero de 1999. Tras cuatro años desempeñándose como primer vicepresidente, en septiembre de 1998 sustituyó al holandés Gijs de Vries en la presidencia del Grupo del Partido Europeo, Liberal, Democrático y Reformista (ELDR). Integrado entonces por 41 diputados, lo que le convertía en el tercer grupo de la Cámara, el ELDR reunía a un ramillete de partidos de ideología liberal y de centro-derecha no mayoritarios en los sistemas parlamentarios de sus respectivos países.

En las elecciones a la Eurocámara del 10 de junio de 1999, cuando su antiguo partido llevaba dos años gobernando en Dublín como socio de coalición del primer ministro del Fianna Fáil, Bertie Ahern, Cox renovó su escaño por Munster. En la V Legislatura pasó a integrar los comités parlamentarios de Asuntos Institucionales, Asuntos Exteriores, y Asuntos Legales y de los Derechos de los Ciudadanos, en los dos últimos en calidad de suplente.

Cuando en julio de 1999 el ELDR y el Grupo del Partido Popular Europeo-Demócratas Europeos (PPE-DE) se pusieron de acuerdo para colocar en la Presidencia de la Cámara a la francesa Nicole Fontaine, entonces vicepresidenta primera de la institución y miembro del segundo grupo ideológico, el pacto estableció que en el ecuador de la legislatura Cox le tomaría el relevo. El 15 de enero de 2002 llegó ese momento y la candidatura de Cox precisó tres votaciones para salir a flote; en la tercera y definitiva ronda de la investidura, el irlandés consiguió la preceptiva mayoría absoluta con 298 votos, frente a los 237 del laborista británico David Martin y los 33 del derechista danés Jens Peter Bonde. Aunque el irlandés era un desconocido para el público de fuera de su país, a la hora de consensuar su candidatura los liberaldemócratas y los populares tomaron en consideración su larga experiencia parlamentaria y su elocuencia sobre los temas clave de la UE.

En su toma de posesión como vigesimoquinto presidente, el primero irlandés, del Parlamento Europeo y con mandato hasta julio de 2004, Cox entendió que la elección para el puesto de un representante de un país de reducido peso demográfico y político como el suyo, y además inscrito en un grupo no mayoritario como el ELDR (54 escaños sobre 626 en esta legislatura), debía verse como una señal de que la actual fase de la construcción europea se estaba haciendo sin exclusiones. Un énfasis en las minorías que Cox quiso dejar patente pronunciando unas palabras en el idioma gaélico irlandés, "como expresión del pluralismo cultural europeo".

Durante su intervención, Cox subrayó la importancia que revestían la próxima incorporación a la UE de diez estados de Europa central y oriental, que debía ser un hecho en mayo de 2004, y la reforma institucional en los parámetros fijados por el Tratado de Niza -aprobado por el Consejo Europeo en diciembre de 2000 y firmado por el Consejo de Ministros el 26 febrero de 2001, pero con el proceso de ratificación, previo a su entrada en vigor, en la picota debido al resultado negativo del referéndum vinculante celebrado en Irlanda el 7 de junio-, así como en los que decidieran en su momento la Convención sobre el Futuro de Europa -convocada por el Consejo Europeo de Laeken en diciembre de 2001 y programada para arrancar el 28 de febrero- y la posterior Conferencia Intergubernamental (CIG), de cuyos trabajos debían salir la primera Constitución Europea y, eventualmente, un nuevo sistema de voto para la toma de decisiones no unánimes en el Consejo de la UE, en sustitución del definido por Niza, que era de cuotas nacionales fijas.

Quien se declaraba firme partidario de "reconectar" la UE, entendida por tal el entramado organizativo, con sus 377 millones de ciudadanos, se ponía al frente del hemiciclo de la única institución de la Unión elegida democráticamente y que pugnaba por quitarse de encima el estigma popular, justificado en el pasado y ya no tanto en los últimos tiempos, de "no tener poder" frente a la Comisión Europea y el Consejo de la UE.

Ahora mismo, las principales funciones de esta institución supranacional -y cada vez más ejercitadas- eran tres: el control democrático de las demás instituciones, empezando por la Comisión que presidía Romano Prodi, en su caso examinando sus propuestas, aprobando o refutando la designación de sus miembros, dándole el voto de investidura o censurándola en el ejercicio de sus funciones; la participación en el proceso legislativo de la Unión junto con el Consejo, inclusive en régimen de colegislador de la normativa europea expresada en directivas, reglamentos y decisiones, a través del procedimiento de codecisión (el de mayor capacidad decisoria), el procedimiento de cooperación, el dictamen favorable y el dictamen consultivo; y, compartiéndola también con el Consejo, la competencia presupuestaria, votando el presupuesto anual de la Unión en su totalidad, dándole aplicación por la firma de su presidente y controlando después su ejecución.

Además, el Parlamento aprobaba o recomendaba la ratificación de los tratados constitutivos, los tratados y acuerdos internacionales y el ingreso de nuevos estados miembros. Por lo que se refería a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), el ámbito intergubernamental por antonomasia de la Unión, la Cámara tenía el derecho de formular al Consejo preguntas o recomendaciones mediante resoluciones, y éste la obligación de presentarle a aquella un informe anual de sus actividades y de los progresos realizados en aras de la Política Europea de Seguridad y de Defensa (PESD), componente de la PESC enunciado en el Tratado de Amsterdam de 1997 y comenzado a desarrollar en los consejos europeos de Colonia y Helsinki en 1999. En añadidura, el Parlamento mantenía contactos periódicos con el alto representante de la Unión para la PESC, a la sazón Javier Solana.

Durante 2002 Cox se involucró en el proceso de ratificación del Tratado de Niza, que por lo que se refería al Parlamento reforzaba el papel de colegislador de éste gracias a la extensión del procedimiento de codecisión. El irlandés subrayó que el próximo nacimiento de la UE de 25 estados hacía "indispensable" la previa entrada en vigor del Tratado de Niza porque éste articulaba las reformas que las instituciones precisaban para acoger a diez nuevos países miembros. Poniéndose en la perspectiva de un país en fase de adhesión, Cox comparó el proceso con "una puerta con dos cerrojos y dos llaves", siendo la primera cerradura el cumplimiento del acervo comunitario, parte que estaba sujeta a negociaciones y que era "la difícil", y la segunda la ratificación de Niza, que no competía a los estados candidatos sino a los miembros.

En su país, el Gobierno de Ahern convocó un nuevo referéndum y reabrió el debate nacional sobre Niza. Cox tomó parte activa en la campaña, insistiendo en que un segundo no –el primero, según la mayoría de los análisis, había tenido que ver con el doble temor a un drástico recorte de los fondos estructurales en la futura UE ampliada y a la pérdida del tradicional estatus de neutralidad con el advenimiento de la PESD- tendría consecuencias desastrosas para el conjunto de la construcción europea, y que Irlanda no iba a ver comprometida su política de defensa independiente. El 19 de octubre se celebró la consulta y ganó el sí con el 62,9%. Aliviado y jubiloso, Cox declaró que la decisión de sus compatriotas constituía, "después de un período de reflexión", "la señal más clara posible de que la cita de Europa con la historia ya no podrá ser retrasada o pospuesta". Irlanda depositó el instrumento de ratificación en Bruselas el 18 de diciembre y el Tratado de Niza, que, paradójicamente, pronto iba a quedar superado por el Tratado de la Constitución Europea actualmente en fase de elaboración, pudo entrar en vigor el 1 de febrero de 2003.

La misma vehemencia con que había defendido el Tratado de Niza la desplegó Cox ahora con respecto a la Constitución Europea, cuyo borrador terminó de redactar la Convención el 13 de junio de 2003. En el Consejo Europeo de Salónica, los días 19 y 20 del mismo mes, los líderes de los gobiernos recibieron el texto para su aprobación provisional y su remisión a la CIG, que iba a tener la última palabra sobre el contenido de la Carta Magna. En la ciudad griega, Cox hizo una encendida defensa de la versión constitucional redactada por la Convención, advirtiendo a quienes pretendiesen "desmantelar" el "amplio consenso" alcanzado sobre aquella que serían "responsables" de que el articulado definitivo no fuera sino "el mínimo común denominador" entre las partes implicadas en la construcción europea.

Algunos países, fundamentalmente España y Polonia, no estaban de acuerdo con el cambio del sistema de Niza para las votaciones por mayoría cualificada en el Consejo por otro de doble mayoría, de estados y de población, porque les perjudicaba en términos de cuota de poder decisorio, pero éste era sólo uno de los muchos puntos de fricción en torno a una Constitución que nacía con polémica. El presidente del Parlamento terció para alabar los trabajos de los miembros de la Convención y a su presidente, el francés Valéry Giscard d’Estaing, porque habían producido un proyecto de tratado constitucional "claro, equilibrado, fundado sobre una opción única y que puede funcionar".

Lo que sucedió después fue que la CIG, arrancada el 4 de octubre, dejó virtualmente intacto el borrador endosado por el Consejo Europeo, lo que disgustó profundamente a españoles y polacos. El desacuerdo radical con el eje franco-alemán prevaleció y en diciembre el Consejo Europeo de Bruselas fue incapaz de aprobar el texto definitivo de la Constitución. Con talante optimista, Cox hizo votos para que el Tratado fuera aprobado en el primer semestre de 2004, período en el que su país, Irlanda, presidía el Consejo, esto es, antes de terminar la legislatura y, por ende, su mandato institucional. El semestre revestía una importancia especial porque el 1 de mayo iban a ingresar en la Unión Chipre, Malta, Estonia, Lituania, Letonia, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y Polonia.

A lo largo de estos dos años y medio, Cox se posicionó sobre muchas cuestiones de la actualidad europea, típicamente con un tono ponderado y constructivo, vigilando de no contribuir a las controversias sino todo lo contrario. Esta mesura no le convirtió en una celebridad ante la opinión pública, pero sí le granjeó el respecto de los responsables europeos. En septiembre de 2002 expresó el apoyo de la institución que presidía a los gobiernos de los estados miembros "en sus esfuerzos en su lucha contra el terrorismo". Fue coincidiendo con la aprobación por el pleno de la Cámara de una resolución que preconizaba un concepto global de seguridad en el que confluyeran, además de las medidas de fuerza clásicas, instrumentos diversos como la ayuda al desarrollo, el comercio y la diplomacia activa, convirtiendo el principio de la prevención de conflictos en una línea directriz de la actuación de la UE en el ámbito de la PESC.

En febrero de 2003, en plena crisis de la PESC por la fractura intergubernamental que había abierto la inminente invasión de Irak por Estados Unidos y el Reino Unido, Cox dijo al Consejo que gran parte de la Eurocámara y también de la ciudadanía europea consideraban que una acción militar contra Irak no estaba justificada en las actuales circunstancias. Para aseverar esto se basaba en las encuestas realizadas en los distintos países de la UE y en la resolución parlamentaria del 30 de enero, que exigía el desarme del régimen irakí, respaldaba el trabajo de los equipos de inspectores internacionales y rechazaba toda acción militar preventiva unilateral. La Cámara opinaba que la polémica resolución 1.441 del Consejo de Seguridad de la ONU no daba pie al recurso automático a la fuerza y solicitaba que se explorasen todas las vías políticas y diplomáticas con el fin de garantizar una solución pacífica del conflicto.

En otro terreno bien distinto, Cox salió en defensa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que obliga a los países de la zona euro a someterse a la disciplina presupuestaria so pena de ser sancionados por la Comisión, cuando Alemania y Francia anunciaron que iban a saltarse el tope de déficit público (3% del PIB) para poder gastar más en la recuperación de sus respectivas economías. Con todo, se trató de una defensa con matices, ya que si bien arguyó que el PEC debía aplicarse a todos los países con el mismo rasero, también comentó la necesidad de revisarlo con criterios de flexibilidad para tener en consideración la presente coyuntura de crecimiento muy bajo en la eurozona.

Por lo demás, bajo la presidencia de Cox, el Parlamento aprobó numerosas directivas en codecisión con el Consejo, entre ellas la que regulaba el movimiento en el Mercado Interior Único y el etiquetado de los organismos modificados genéticamente (OMG) en los alimentos de personas y animales (julio de 2003), la que establecía la patentabilidad del software de los ordenadores (septiembre de 2003, a pesar de las duras y numerosísimas críticas recibidas desde las empresas de informática y las asociaciones de usuarios), o la relativa al fomento de las centrales eléctricas de cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil, con vistas al ahorro energético y dentro de la lucha contra el cambio climático (febrero de 2004).

Las elecciones del 10 al 13 de junio de 2004 a la VI Legislatura europea, que iba a estrenar un hemiciclo ampliado a los 732 escaños, pasaron a la historia por su bajísima participación, el 45,5% en el conjunto de la Unión. La indiferencia electoral resultó especialmente aplastante en los diez nuevos socios, cuya media de afluencia a las urnas fue cinco puntos menor (y eso que Chipre y Malta la elevaron con sus niveles superiores al 70%). A la masiva abstención se unió el avance de las listas euroescépticas y de extrema derecha, datos que obligaban, en palabras del portavoz de Cox a "trabajar más a partir de ahora para comunicar el mensaje europeo".

Personalmente, Cox sugirió que la abstención en los países del antiguo bloque soviético era fruto de la movilización registrada para conseguir el voto afirmativo en los pasados referendos de adhesión. Hasta cierto punto podía comprenderse un aflojamiento en la expresión del sentimiento proeuropeo de estos países ahora que ya eran miembros, pero la diferencia entre los dos índices de participación era demasiado escandalosa como para descartar un problema más de fondo. Aunque sin caer en el tremendismo, Cox no ocultó su preocupación: "Me inquietan los resultados obtenidos, no son muy satisfactorios. Los jefes de Gobierno tienen que hacer un gran esfuerzo de responsabilidad para vender el europeísmo".

Los comicios de junio pusieron la nota de decepción a una legislatura llena de hitos en la construcción europea, el último, el día 18, la aprobación, con medio año de retraso, del Tratado de la Constitución por el Consejo Europeo de Bruselas. El 20 de julio Cox terminó en sus funciones de presidente parlamentario, a la vez que se despidió de su escaño, con la investidura del socialista español Josep Borrell, elegido por una amplia mayoría merced al pacto alcanzado por el PPE-DE y el Grupo del Partido Socialista Europeo (PSE).

Casado y con seis hijos, Pat Cox es doctor honoris causa en Derecho por la Universidad Nacional de Irlanda y en 2004 recibió en Aquisgrán, Alemania, el Premio Carlomagno, prestigioso galardón que se concede anualmente a las personalidades que han destacado en la unidad europea.

(Cobertura informativa hasta 1/2/2005)