Paschal Donohoe

El 9 de julio de 2020 el Eurogrupo eligió de entre sus 19 miembros al ministro de Finanzas de Irlanda, Paschal Donohoe, como nuevo presidente del órgano en sucesión del portugués Mário Centeno, quien no optaba a la reelección y cuyo mandato concluía el 13 de julio. Donohoe, candidato respaldado por el Partido Popular Europeo, se impuso en segunda votación a su colega de España, Nadia Calviño, única mujer del Eurogrupo y, aunque no afiliada políticamente, ministra de un Gobierno socialista. Previamente quedó eliminado el tercer aspirante al puesto, el luxemburgués y liberal Pierre Gramegna. El representante irlandés se llevó la elección pese a que Calviño contaba con el respaldo expreso de las cuatro mayores economías de la Eurozona -Alemania, Francia, Italia y España-, en virtud de una simple ventaja aritmética: en la votación, secreta y realizada por videoconferencia, ganaba el primero que lograra 10 apoyos nacionales.

La llegada de Donohoe a la cabeza del grupo informal de los ministros de Finanzas del área del euro acontece en plena operación coordinada de la UE y la Eurozona para contrarrestar los efectos, extraordinariamente nocivos, que la pandemia COVID-19 está teniendo en el tejido económico y social de los 27 estados miembros. En sus reuniones, el Eurogrupo discute y aprueba cuestiones relativas a la dimensión intergubernamental de la Unión Económica y Monetaria. No tiene nivel institucional, aunque el Tratado de Lisboa le otorga base legal. Su presidente, elegido por un período de 30 meses renovable, carece de poderes ejecutivos y técnicamente es un primus inter pares. Sin embargo, se trata de una autoridad influyente de la que se esperan habilidades diplomáticas y que deja su impronta personal a la hora de fijar agendas, conducir debates y marcar estrategias.

(Texto actualizado hasta julio 2020)

HACER MINISTERIAL E INTENCIONES PARA EL EUROGRUPOEl cuarto presidente del Eurogrupo desde 2005 es un economista formado en el Trinity College de Dublín con 16 años de recorrido político institucional en las filas del partido de centro-derecha liberal Fine Gael. En 2011 obtuvo el mandato de diputado del Dáil y desde 2013 viene desempeñando diversas carteras en los gobiernos de su formación. Donohoe asumió en 2017 el Departamento de Finanzas dentro del Gabinete de Leo Varadkar, sucesor de Enda Kenny como jefe del Fine Gael y primer ministro, y solo días antes de su elección europea, el 27 de junio, fue confirmado en el mismo por el nuevo Taoiseach Micheál Martin, jefe del partido Fianna Fáil. El Gabinete Martin, donde Varadkar sigue como viceprimer ministro, es el primero de coalición Fianna Fáil-Fine Gael, grandes rivales clásicos en la historia del parlamentarismo irlandés pero a los que los ajustados resultados de las elecciones legislativas del 8 de febrero obligaron a entenderse y compartir el poder en aras de la gobernabilidad.

Bajo el ministerio de Donohoe, Irlanda exhibe uno de los cuadros financieros más desahogados de la Eurozona, con un superávit del 0,4% del PIB (el promedio de los 19 arroja un déficit del 0,6%) y una deuda pública del 59% del PIB (el 84% de media). Estas cifras, correspondientes al cierre de 2019, antes de la crisis sanitaria, colocan a Irlanda en el grupo de 10 países con la moneda única que cumplen todas las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El mérito se ve realzado por el hecho de ser Irlanda uno de los estados rescatados cuando la tormenta de las deudas soberanas de la Eurozona (2010-2015), y también porque el ministro ha sacado adelante unos presupuestos no precisamente de austeridad, sino expansivos, con el margen que daba un ritmo de crecimiento, de más de 5%, sin parangón en la UE.

Antes de la COVID-19, Dublín, inquieto por el impacto a medio plazo del Brexit, conjugó con éxito el aumento del gasto público y la consolidación fiscal, y exploró las opciones de las alzas impositivas, pero estableciendo líneas rojas. Así, Donohoe se ha aferrado al tipo del 12,5% del impuesto de sociedades, el segundo más bajo de la UE, y, al igual que sus homólogos de los países nórdicos, Luxemburgo, Chipre y Malta, viene oponiéndose a la tasa digital europea a los gigantes tecnológicos estadounidenses. Por sus políticas, Irlanda es vista habitualmente como un semiparaíso fiscal que le hace una competencia desleal a sus socios europeos. Ahora bien, Irlanda, tras los últimos expedientes y denuncias de la Comisaría de Competencia de la UE, se está viendo obligada a enmendar su política tradicional de tributos ultralaxos a las multinacionales que operan en su territorio. Además, en enero de 2020 Google anunció el final del sistema que le permitía eludir impuestos en Estados Unidos concentrando sus facturaciones en el país europeo.

El coronavirus ha venido a trastocar una coyuntura francamente positiva. La economía irlandesa todavía avanzó unos llamativos 1,2% intertrimestral y 4,6% interanual entre enero y marzo, pero eso se explica en parte porque los ceses de actividades comerciales y el desplome del consumo empezaron más tarde que en la mayoría de los países del entorno. El desempleo se disparó desde el 4,8% que había en febrero hasta el 26% a finales de mayo y el crecimiento en el segundo y el tercer trimestres del año, previsiblemente, será negativo. Para paliar daños, Donohoe, Martin y Varadkar han acordado inyectar estímulos económicos por valor de 6.500 millones de euros. Se pretende así robustecer el sistema sanitario, ayudar a las familias y las empresas, y levantar el mercado laboral. El Gobierno irlandés ya ha asumido un desvío deficitario de 5.300 millones de euros en el ecuador del año, cuando justo un año atrás existía un superávit fiscal de 260 millones.

En su carta de intenciones para presidir el Eurogrupo, Donohoe se presenta como ministro de un "pequeño Estado miembro" que ha seguido un programa de "transformación económica y social", y que es reconocido como un "constructor de puentes". Por eso, él se compromete a "trabajar para trazar un camino común hacia la construcción de la recuperación europea, el fortalecimiento de la economía de la Eurozona y la promoción de un crecimiento sostenible e inclusivo". "Una economía europea fuerte, con el euro en su corazón, es esencial para la recuperación, el crecimiento y la creación de empleo", insiste. Sus alusiones a la "responsabilidad principal a nivel nacional", la "solidaridad con los peor golpeados" y la "importancia de anteponer en este momento los intereses comunes" abundan en la variedad de matices o sensibilidades económico-fiscales adjudicados a Donohoe, quien adquiere un rol central en la discusión y ejecución de la respuesta concertada de Europa frente a la COVID-19.

Implícitamente, Donohoe se presenta como el hombre capaz de muñir el imprescindible consenso entre los gobiernos apegados a la disciplina fiscal y los que piden flexibilidad para asumir costes. Sin olvidar que, más allá de esta emergencia con incierto desenlace, siguen sobre la mesa, pendientes desde la anterior crisis, la reforma del funcionamiento de la Eurozona y la compleción de la Unión Bancaria.


LOS PLANES DE LA UE Y LA EUROZONA PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA COVID-19La definición del paquete europeo de respuesta, un esfuerzo sin precedentes en una coyuntura excepcional, a los estragos económicos y sociales del coronavirus no está siendo nada fácil debido a los enfoques contrapuestos de los gobiernos. En la primera quincena de julio, varios aspectos fundamentales del mismo seguían pendientes de aclarar. Estos se refieren no tanto a la cuantía del dinero a inyectar -que también- y a los mecanismos de financiación, ya perfilados en trazo grueso por los responsables europeos, como al grado de condicionalidad de las ayudas para los gobiernos que recurran a ellas y la vinculación de las mismas a planes de reformas internas sujetos a revisión por el Consejo.

La primera decisión de calado se concretó los días 20 y 23 de marzo. Entonces, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Consejo de la UE en su configuración de Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) anunciaron la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), de manera que los países más afectados por el brote pudieran incurrir en cuantos gastos juzgaran necesarios, soslayando por el momento, de plantearse la situación, la regla del tope de déficit del 3% del PIB. El propio PEC recoge una cláusula de "flexibilidad", la posibilidad para los gobiernos de desviarse en determinadas "circunstancias excepcionales" del objetivo del equilibrio o el superávit presupuestarios.

El 26 de marzo, los 27 jefes de estado y de Gobierno del Consejo Europeo, celebrado de manera virtual, no fueron capaces de pactar medidas de choque económico, ni de contingencia rápida ni a un plazo más largo, y se dieron 15 días para fijar una hoja de ruta. Entonces, fue patente la oposición de Alemania, Holanda, Austria y Finlandia a la reclamación de Italia, España y Portugal, asumida por Francia (y por Irlanda), de mutualizar deuda europea con la emisión de unos bonos ad hoc, los coronabonos. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, además, rechazó tajantemente recurrir a la financiación alternativa del MEDE en el entendimiento de que el mecanismo de estabilidad europeo conllevaba cláusulas de condicionalidad, vigilancia y ajuste estructural. Las divergencias sobre la naturaleza y ambiciones del plan de estímulos y reconstrucción retrasaron el acuerdo de medidas a nivel europeo varias semanas, justo en el punto álgido de la pandemia en el continente.

El 8 de abril Donohoe y sus colegas del Eurogrupo, reunidos por videoconferencia, reprodujeron el fracaso de sus jefes en el intento de dar una respuesta conjunta, como mínimo en un plazo inmediato, a la tremenda crisis social y económica generada por el virus. Al día siguiente volvieron a intentarlo y esta vez hubo acuerdo sobre la activación lo más rápidamente posible de tres líneas de liquidez para la Eurozona de 540.000 millones de euros, repartidos de la siguiente manera: 240.000 millones para inyectar en los erarios públicos mediante créditos con interés del MEDE, condicionados únicamente a que el dinero se destinara a cubrir gastos sanitarios; 200.000 millones en ayudas del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a las empresas; y 100.000 millones en ayudas a los trabajadores por parte del nuevo seguro de desempleo SURE de la Comisión Europea, concebido para evitar despidos masivos. Los ministros dejaban en manos del Consejo Europeo toda decisión sobre un fondo de reconstrucción de cara al escenario post-COVID. Y, punto esencial, los polémicos coronabonos quedaban descartados.

El 23 de abril el Consejo Europeo virtual pactó la figura del fondo de reconstrucción ligado a los presupuestos de la UE, pero no definió ni su tamaño ni sus mecanismos de financiación. Hubo que esperar hasta el 27 de mayo para que von der Leyen presentara en nombre de la Comisión el Plan de Recuperación para Europa, Next Generation EU. Von der Leyen proponía poner sobre la mesa 750.000 millones de euros obtenidos en los mercados financieros (mediante la emisión de bonos europeos a 30 años y de naturaleza distinta a los coronabonos, ya que los vencimientos de pagos se costearían de manera proporcional a las contribuciones de cada país, no existiendo una mutualización o respaldo colectivo), de los que 500.000 se concederían como subsidios a fondo perdido y 250.000 como préstamos a devolver. Los gobiernos podrían amortizar estos últimos, con intereses, recurriendo a impuestos nacionales especiales como la tasa carbónica en la frontera, el cobro de derechos de emisión, la tasa digital o un impuesto a las grandes corporaciones.

Sumados los montantes del Plan de Recuperación de la UE y las tres "redes de seguridad" de la Eurozona, las ayudas y estímulos extraordinarios por la COVID-19 alcanzaban los 1,29 billones de euros. Además, el Plan iba anclado al Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, con una dotación presupuestaria de 1,1 billones de euros. Una cifra, con todo, revisada a la baja desde la propuesta original en 2018, que cuantificaba en 1,135 billones los compromisos y los pagos.

Next Generation EU, en su propuesta inicial de la Comisión, se articula en tres pilares:
1) Apoyo a los Estados miembros en sus inversiones y reformas, consistente en: una nueva Facilidad de Recuperación y Resiliencia (FRR) dotada de 560.000 millones, 310.000 en subvenciones y 250.000 en créditos, fondos que estarán sujetos a la realización de reformas estructurales, a condiciones asociadas al Semestre Europeo y a las transiciones digital y verde; un complemento de cohesión en el marco de la iniciativa REACT-UE (55.000 millones); un refuerzo del Fondo de Transición Justa del Pacto Verde Europeo (hasta los 40.000 millones); y un refuerzo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER, 15.000 millones).
2) Relanzar la economía de la UE incentivando las inversiones privadas, que implica: un nuevo Instrumento de Apoyo a la Solvencia (31.000 millones de presupuesto); un aumento de la dotación del programa InvestEU (hasta los 15.300 millones); y un nuevo Instrumento de Inversiones Estratégicas (15.000 millones).
3) Aplicar las lecciones de la crisis, que conlleva: el nuevo programa de sanidad EU4Health (con un presupuesto de 9.400 millones de euros); un refuerzo de rescEU, el Mecanismo de Protección Civil de la Unión (2.000 millones); un complemento para Horizonte Europa (hasta los 94.400 millones); y apoyo adicional a la Acción Exterior de la UE (16.500 millones).

El 19 de junio el Consejo Europeo empezó a debatir las propuestas de la Comisión sobre el Plan de Recuperación y el MFP. En la cumbre virtual se advirtió el desagrado que a Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, llamados los "cuatro frugales" por su contención a la hora de gastar y contraer deudas -virtud que no apreciaban en los países del sur-, les producía un macrofondo de reconstrucción mayormente basado en subsidios incondicionales. De entrada, exigían una modificación de los criterios de reparto de las transferencias de la FRR. Además, reclamaban una poda de 50.000 millones de euros en el MFP y, esta vez junto con Alemania, que se mantuvieran los cheques de retorno a los contribuyentes netos. El 7 de julio la Comisión publicó sus Previsiones Económicas del Verano de 2020, que vislumbraban una contracción del PIB de la Eurozona del 8,7% este año, seguida de un crecimiento del 6,1% en 2021. En el conjunto de la UE, la recesión sería del 8,3%. Eran unas cifras que empeoraban las previsiones de la primavera y que casi duplicaban la recesión acumulada entre 2009 y 2013.

Para acercar posturas y facilitar el acuerdo sobre la propuesta de la Comisión, el presidente del Consejo, Charles Michel, empezó a trabajar en una serie de concesiones a los gobiernos críticos del norte. Las propuestas adicionales de Michel, que incluían un MFP retocado de 1,074 billones de euros y una FRR abonada en un 70% en 2021-2022 según los criterios de la Comisión y el 30% restante en 2023-2026 tomando en cuenta las caída del PIB en el bienio precedente, debían someterse a los jefes de Estado y de Gobierno en su Consejo Europeo, presencial en Bruselas, del 17 y el 18 de julio. Según Michel, los tres objetivos del plan de recuperación eran "primero convergencia, segundo resiliencia y tercero transformación", lo que significaba "reparar el daño causado por la COVID-19, reformar nuestras economías y remodelar nuestras sociedades".

(Cobertura informativa hasta 13/7/2020)