Omar al-Bashir
Presidente de la junta militar (1989-1993) y de la República (1993-2019)
Proveniente de una familia de trabajadores rurales de la tribu musulmana jaalayín, recibió la educación secundaria en la capital, Jartum, donde sus padres se habían instalado huyendo de la precaria vida en Hosh Bannaga, una localidad situada a unos 100 km al nordeste. Al tiempo que estudiaba, trabajó de ayudante en un taller de automóviles para cooperar en los magros ingresos familiares. Como otros muchos jóvenes pobres con deseos de promoción social, se unió a la única institución que le ofrecía perspectivas, el Ejército. Aceptado en la Academia del Aire, se graduó como piloto en las Fuerzas Aerotransportadas y luego fue destinado a una brigada de Infantería. En 1966 se graduó en la Academia para oficiales de Jartum.
En los años siguientes fue cimentando su hoja de servicios como militar de carrera. Se diplomó en la Academia de Estudios Administrativos de Jartum, obtuvo sendas licenciaturas en Ciencias Militares en la Escuela de Comandantes de Sudán y en otro centro de Malasia, y posteriormente asistió a un curso superior en Pakistán. Asimismo, entre 1975 y 1978, durante la dictadura de partido único del general Jaafar an-Numeiry, sirvió como agregado militar en la embajada sudanesa en los Emiratos Árabes Unidos. En este período, en 1973, tuvo una breve experiencia de combate como segundo oficial al mando de la brigada de paracaidistas enviada por el Gobierno sudanés al área del Canal de Suez durante la guerra del Yom Kippur que enfrentó a Egipto e Israel.
En 1988, derrocado ya Numeiry e instaurado un Gobierno civil presidido por Sadiq al-Mahdi, Bashir recibió el mando de la 8ª Brigada de Infantería, que participaba en los combates contra el Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA). Esta organización guerrillera surgió en 1983 como una rebelión de animistas y cristianos -creencias mayoritarias en las provincias meridionales-, tanto civiles como militares, contra la implantación por Numeiry de la sharía o ley islámica, y la derogación de las leyes autonómicas.
Tenía Bashir el grado de teniente general y estaba seleccionado para asistir a un cursillo en la Academia Militar G. A. Nasser de El Cairo cuando el 30 de junio de 1989 dirigió un golpe de Estado incruento que derrocó el gobierno democrático de Mahdi, que ese mismo día se disponía a derogar la sharía para facilitar las negociaciones de paz con los rebeldes. La junta militar que se constituyó, el Consejo del Mando Revolucionario para la Salvación Nacional, derogó la Constitución interina de 1985, suspendió el Majlis Watani o Asamblea Nacional y prohibió los partidos políticos. Además de presidir la junta, Bashir asumió las jefaturas del Gobierno, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.
La alianza establecida entre los militares de Bashir y los fundamentalistas musulmanes del Frente Islámico Nacional (NIF) liderado por Hasan al-Tuurabi, quien se convirtió en el ideólogo y en la eminencia gris del flamante régimen al cabo de un proceso de varios años de infiltración de la intelligentsia islamista en las Fuerzas Armadas, no sólo mantuvo la sharía, sino que la reforzó. El fenómeno recordaba lo sucedido en Pakistán en 1977, cuando los islamistas alcanzaron el poder por la vía del golpe de los militares y sin apoyo popular; dicho de otra manera, el triunfo islamista en Sudán siguió el patrón justamente opuesto al del Irán shií diez años atrás. Precisamente, el hueco dejado por la muerte del ayatollah Jomeini días antes del golpe de mano en Jartum pretendía ser ocupado por los islamistas sudaneses, deseosos de prestigiarse como los primeros que se habían adueñado del Estado en el campo sunní.
Bashir y sus compañeros de viaje se proponían destruir los partidos tradicionales, el Umma de Sadiq al-Mahdi y el Unionista Democrático de Ahmad Ali al-Mirghani -jefe del Estado antes del golpe como presidente del Consejo de Soberanía-, a su vez las respectivas plataformas políticas de las grandes cofradías sunníes Ansari y Khatamiyya, que controlaban fuertemente los hábitos religiosos de la población; su desarraigo facilitaría la implantación en este ámbito del NIF, que por la vía de la legalidad parlamentaria había fracasado totalmente en atraer adeptos a su visión rigorista y militante de la islamización del Estado y la sociedad.
El celo político y religioso del tándem Bashir-Turabi exacerbó la guerra contra el SPLA de John Garang, pero los programas de islamización forzosa y la persecución de los signos de occidentalismo y laicismo toparon también con la oposición civil en el norte, sumamente débil al principio por la desunión de la clase política en la clandestinidad o en el exilio, a la que el régimen dio un tratamiento policíaco en una ola represiva sin precedentes. Por otro lado, los frustrados golpes de Estado de 1990 y 1991 revelaron que el decidido rumbo islamizante y antioccidental encontraba resistencias en sectores de las Fuerzas Armadas, con el consiguiente refuerzo de las purgas y la "reeducación" forzosa en sus filas.
Un proceso de legitimación institucional del régimen, que siempre se preocupó de hacer olvidar sus orígenes golpistas y de dudoso apoyo popular con apelaciones revolucionarias e internacionalistas, comenzó con la disolución del Consejo del Mando Revolucionario el 16 de octubre de 1993 y la transferencia de todo el poder ejecutivo a Bashir, en calidad ahora de presidente de la República, un formalismo que en nada cuestionó la esencia militar y dictatorial del poder que detentaba.
Entre el 6 y el 17 de marzo de 1996 se celebraron unas elecciones generales para cubrir 275 de los 400 escaños del Majlis Watani a partir de 900 candidatos del NIF o independientes favorables al Gobierno, toda vez que los partidos políticos permanecían rigurosamente prohibidos. Los 125 escaños restantes fueron cubiertos el mes de enero anterior por un colegio denominado Congreso Nacional, nombrado por el Gobierno e integrado por 4.000 electores. En las elecciones presidenciales celebradas al mismo tiempo Bashir venció con el 75,7% de los votos a otros cuarenta postulantes, la mayoría completamente desconocidos por el electorado, en un remedo de juego competitivo que apenas rehabilitó al gobierno de Bashir en el exterior. Tanto el SPLA como la oposición civil consideraron este intento de legitimación democrática una farsa y llamaron al boicot.
En el plano internacional, Bashir estableció una alianza triangular con la Libia de Muammar al-Gaddafi y el Irak de Saddam Hussein, alineándose decididamente con éste último durante la crisis desatada por la invasión de Kuwait en 1990. Irán (visitas del presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani a Jartum en diciembre de 1991 y septiembre de 1996) no tardó en ser incluido en este elenco de interlocutores. Así, el Gobierno de Teherán le ofreció a Bashir su solidaridad islámica y procedió a financiar gustosamente, sobre todo en el capítulo de armamentos, a un régimen que presentaba, salvando las distancias doctrinales entre el sunnismo y el shiísmo, afinidades ideológicas.
Las relaciones con Occidente y otros países de Oriente Próximo y el Magreb fueron, por el contrario, tormentosas. En estos años, diversas capitales acusaron a Bashir de establecer en su país una especie de centro internacional de difusión del integrismo islámico, empezando por Washington, que incluyó a Sudán en su lista negra de estados sospechosos de apadrinar el terrorismo internacional. A Bashir le preocupaba esta estigmatización, y el 14 agosto de 1994 entregó a Francia al célebre terrorista propalestino Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos o Chacal, buscado por las policías de varios países y que llevaba algunos meses residiendo en Jartum bajo identidad falsa.
El aislamiento de Sudán se acentuó con la ruptura de relaciones diplomáticas con Eritrea en diciembre de 1994 y con Uganda en abril de 1995 (si bien en septiembre del año siguiente estas últimas fueron restablecidas), sobre acusaciones mutuas de respaldar a las respectivas guerrillas. Por otro lado, las malas relaciones con Egipto alcanzaron un punto crítico con motivo del atentado contra el presidente Hosni Mubarak el 26 de junio de 1995 en Etiopía, acción que El Cairo inmediatamente imputó a altos responsables del régimen sudanés. A lo largo de la década Etiopía, Eritrea y Uganda fueron acusados por Sudán, no ya sólo de apoyar a la guerrilla, sino de perpetrar incursiones contra su territorio.
Efectivamente, tropas sudanesas libraron choques fronterizos con unidades ugandesas (octubre de 1995) y eritreas (junio de 1997), en el contexto de las ofensivas conjuntas del SPLA y de la nueva guerrilla que agrupaba a la oposición musulmana norteña. Ambos, coaligados como Alianza Democrática Nacional (NDA), abrieron el 13 de enero de 1997 dos nuevos frentes en el sur y en el nordeste, junto a la frontera eritrea, respectivamente.
Esta inopinada coalición trajo el espectro de la guerra a las puertas de la capital y, dicho sea de paso, exigió un nuevo enfoque a los observadores de la larga contienda sudanesa, que, tanto en su etapa actual como en la anterior desarrollada entre 1962 y 1972, se había acomodado en la explicación del antagonismo entre el Norte musulmán y nacionalista y el Sur cristiano-animista y autonomista. Considerada junto con la angoleña el más mortífero y arraigado conflicto bélico del continente, la guerra civil sudanesa ha provocado desde 1983 cerca de dos millones de muertos y alrededor de cinco millones de desplazados.
Con el realineamiento general en la región, azuzado por la nueva rivalidad franco-americana en África, como telón de fondo, el Sudán de Bashir añadió en 1997 a su exigua lista de países amigos a tres estados francófonos, Zaire, Chad y la República Centroafricana, lo que de alguna manera alivió la sensación de cerco que agravaba el alineamiento cierto de Argelia, Túnez y las monarquías del Golfo en el grupo de países hostiles.
A instancias de Estados Unidos, el 26 de abril de 1996 el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones económicas y diplomáticas a Sudán en tanto no extraditase a los sospechosos de atentar contra el presidente egipcio en 1995. Inquieto por la multiplicación de las amenazas internas y externas, Bashir se apresuró a expulsar del país, en junio de 1996, al multimillonario saudí Osaba bin Laden, el primero en la lista de enemigos de Estados Unidos al vinculársele el patrocinio de una red terrorista dirigida contra intereses occidentales en todo el mundo.
Bashir pretendía convencer a la comunidad internacional de su inocencia en estas conspiraciones delictivas transfronterizas, pero el intento resultó vano: el 5 de noviembre de 1997 Estados Unidos impuso a Sudán el embargo unilateral total y el 20 de agosto de 1998, en represalia por los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenya y Tanzania, bombardeó con misiles de crucero un presunto objetivo terrorista, una fábrica de productos farmacéuticos, en ash-Shifa, al norte de Jartum, provocando cinco muertos.
El presidente sudanés desmintió que la instalación destruida produjese componentes para armas químicas -en lo que fue confirmado por la ONU, la cual había subcontratado la fábrica para producir medicinas destinadas a Irak- y calificó de "criminal" el ataque. La agresión estadounidense de 1998 se produjo en un momento especialmente crítico para Bashir, que trataba de llegar a un acuerdo de mínimos con las guerrillas, más amenazadoras que nunca, y que afrontaba el creciente malestar de la población, en forma de manifestaciones y motines, por el desabastecimiento de productos esenciales y la carestía de la vida.
Asimismo, las universidades venían siendo centros de agitación por la resistencia de los estudiantes a acatar las órdenes de alistamiento en el Ejército para combatir en el sur. La degradación económica tenía que ver tanto con las dificultades comerciales y financieras fruto de la animosidad exterior, como con la orientación bélica de los presupuestos y el uso del hambre como arma política en el sur sedicioso.
En un país donde no faltan los recursos naturales y donde las cosechas agrícolas son siempre potencialmente abundantes gracias a los aportes del río Nilo, la falta de comunicaciones y de infraestructuras esenciales, las tácticas de tierra quemada en los frentes de batalla y la imposición por el Gobierno de fuertes trabas a la ayuda humanitaria y al acceso a las víctimas, se confabularon en el verano de aquel año para desatar una gran hambruna en región de Bahr al Ghazal. Con todo, las cifras macroeconómicas de 1998 apuntaban a una inflación inferior al 20% (el índice marcó el 123% en 1996) y un crecimiento del 5,2% del PIB, como consecuencia de la ortodoxia financiera, en parte negociada, en parte aplicada voluntariamente, para vencer la resistencias del FMI a revisar el boicot que venía aplicando desde septiembre de 1990.
El 6 de mayo de 1998 Bashir aceptó en el curso de las conversaciones de paz celebradas en Nairobi el derecho de los estados sureños a celebrar un referéndum sobre la autodeterminación. Pero la NDA rechazó detener sus ofensivas en el Nilo Azul, al sudeste, y Kassala, al nordeste (sumamente intranquilizadoras para Jartum desde el punto de vista estratégico), por considerar que la nueva Constitución, elaborada por una Comisión Presidencial y aprobada por el Majlis el 9 de marzo anterior, consagraba la confesionalidad islámica del Estado y no salvaguardaba los derechos y libertades de los fieles de otras religiones.
Ciertamente, el texto, en vigor el 30 de junio tras su aprobación en referéndum, combinaba garantías ambiguas sobre la igualdad jurídica de los no musulmanes con la primacía explícita otorgada a la sharía como fuente de todo derecho. También ratificaba la división territorial del país en 25 estados, pero el autoproclamado sistema federal tampoco convenció a las guerrillas. Tan sólo, en lo que fue secundada por el Ejército gubernamental, la NDA accedió a declarar en julio una tregua humanitaria con carácter temporal.
Desde septiembre de 1998 tropas sudanesas fueron despachadas a los frentes de la guerra civil que azotaba la República Democrática del Congo (ex Zaire) en ayuda del presidente Laurent Kabila. Como otras intervenciones interesadas de los estados de la región en favor de uno u otro bando, estas unidades -que según todas las informaciones sufrieron graves pérdidas- vinieron a protagonizar un teatro de lucha alternativo contra el Ejército ugandés, a su vez protector de los rebeldes congoleños. En octubre el enfrentamiento sudano-ugandés entró en una escalada, al acusar Kampala a la aviación de Sudán de bombardear su territorio desde aeródromos congoleños y de reclutar para su expedición terrestre a las cuatro guerrillas ugandesas. El Gobierno de Jartum replicó que eran los regulares ugandeses los que habían pasado al Alto Congo para mejor asistir al SPLA en sus penetraciones en los estados de Ecuatoria Oriental y Bahr al Jabel, con la ciudad de Juba como objetivo principal.
No obstante, en 1999 Bashir se apuntó dos sonoros éxitos que debilitaron poderosamente las opciones de la NDA. El 2 de mayo firmó en Doha, la capital de Qatar, un acuerdo de reconciliación con el presidente eritreo Issayas Afeworki y el 8 de diciembre suscribió en Nairobi, Kenya, un documento similar con el ugandés Yoweri Museveni para la normalización de las relaciones.
La comisión por el régimen de Bashir de masivas violaciones de los Derechos Humanos -aunque la guerrilla presenta un expediente no menos siniestro- ha sido anualmente denunciada por la Comisión ad hoc de la ONU y por Amnistía Internacional. Estos abusos, protagonizados por el Ejército, los numerosos cuerpos policiales y paramilitares -sospechosos de nutrir a verdaderos escuadrones de la muerte y no siempre actuando por cuenta, siquiera oficiosamente, de la élite gobernante- y hermandades musulmanas, incluyen tanto la persecución de los opositores políticos en Jartum y Omdurmán como el bombardeo aéreo indiscriminado de población civil en el sur, acusada de apoyar a la guerrilla. También, la constatación de que ciertas milicias progubernamentales han secuestrado a niños y a mujeres para emplearlos como mano de obra servil, o meramente como esclavos, ha alimentado la imagen sumamente negativa que el régimen sudanés tiene en el exterior.
En un viraje que cogió por sorpresa a muchos observadores no avezados, las vicisitudes en el frente bélico precipitaron la crisis entre Bashir y Turabi. Sofisticado adalid de un Islam revolucionario y pretendido portavoz de las masas musulmanas y progresistas de todo el mundo, Turabi contaba con muchos admiradores fuera de Sudán y se afanaba en articular una suerte de Internacional islamista, bastante utópica y condenada al fracaso, en el seno de su Conferencia Popular Árabe Islámica. El distanciamiento con el NIF comenzó cuando el general rechazó su exigencia de desatar la guerra total contra los rebeldes y apostó por entablar conversaciones, tolerar el retorno de figuras del régimen parlamentario vigente entre 1986 y 1989 y marginar a los cabecillas islamistas más comprometidos con la subversión internacional. En definitiva, lo que enfrentaba a los dos líderes era la oportunidad o no de establecer un amplio consenso nacional sobre el sistema de Gobierno, el tipo de Estado y la posición en el mundo de Sudán.
El 13 de diciembre de 1999 Bashir dio el golpe de mano contra sus hasta entonces aliados: declaró el estado de emergencia por tres meses, suspendió algunos artículos constitucionales y disolvió la Asamblea Nacional, cercenando con ello la base de poder de Turabi, que presidía el legislativo. Bashir justificó la medida por la necesidad de clarificar un liderazgo único y fuerte, puesto que, en las presentes circunstancias de emergencia nacional, "dos capitanes pilotando el mismo barco terminarían haciéndolo naufragar".
Poco antes, el 10 de octubre, Bashir había sido elegido por una conferencia de delegados para presidir el Congreso Nacional (NCP), el primer partido registrado tras la entrada en vigor de la nueva Constitución el 30 de junio de 1998, que autorizaba la actividad de los partidos políticos tras diez años de proscripción. La designación fue asumida como una afrenta por Turabi, que aspiraba a consagrarse como una suerte de colíder político del régimen y cuya confirmación como secretario general y número dos del NCP le pareció insuficiente. Turabi calificó la maniobra de Bashir de "golpe de Estado", pero la primera consecuencia fue la mejora radical de relaciones con Egipto que, como Libia, se apresuró a defender al militar. Como prólogo de una nueva era en las relaciones bilaterales, Mubarak lo recibió el 22 de diciembre en El Cairo.
También entonces cobró relevancia la reunión que Bashir había sostenido en Djibouti el 26 de noviembre con el derrocado primer ministro Mahdi, quien, si bien declinó convertirse por el momento en su nuevo aliado político, en marzo de 2000 decidió separarse de la NDA. Cuando en junio de ese año Bashir anunció una amnistía "general e incondicional" para todos los autores de actos de rebelión cometidos desde 1989, el Umma se desmarcó de nuevo del SPLA y calificó la medida de "paso correcto hacia la paz".
Entre el 11 y el 20 de diciembre de 2000 tuvieron lugar las primeras elecciones del período constitucional. Sin sorpresas, Bashir fue reelegido para un segundo y último mandato, quinquenal, con el 86,5% de los votos frente a su rival más inmediato, el ex dictador Numeiry (1969-1985), mientras que el NCP se adjudicó todos menos cinco de los 360 escaños de la Asamblea Nacional. Como en 1996, los comicios perdieron legitimidad por las denuncias de irregularidades y el boicot general de la oposición, que entretanto había ganado como nuevo miembro al Congreso Nacional Popular (PNC), el partido formado el 11 de septiembre por Turabi tras su expulsión del NCP en mayo.
(Cobertura informativa hasta 20/3/2001)