Miguel Ángel Rodríguez Echeverría

Nacido en una familia de recursos limitados y acendrada religiosidad, y el menor de cinco hermanos, recibió la educación primaria en la Escuela Buenaventura Corrales y la secundaria en el Colegio La Salle, ambos en su San José natal. Luego de obtener sendas licenciaturas en Economía y Ciencias Sociales, en 1962, y en Derecho, en 1963, las tres por la Universidad de Costa Rica (UCR), empezó a dar clases como profesor asociado en las escuelas de Ingeniería y Economía, haciéndose cargo de la asignatura de Historia del Pensamiento Económico, y a realizar trabajos para el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE).

Costeándosela en parte con una beca y en parte con los ingresos que le generaba su labor de asistente en el Centro de Investigación en Ciencia Administrativa, amplió su formación en la Universidad de California en Berkeley, hasta doctorarse en Ciencias Económicas en 1966 con una tesis sobre la relación de la demanda del dinero y la definición de políticas económicas. De regreso de Estados Unidos, reanudó en su alma máter las labores educativas, como profesor de Historia del Pensamiento Económico en las escuelas de Ingeniería y Economía, e investigadoras, en el seno del IICE. Años después impartió clases también en la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA), casa de estudios privada establecida en 1976 en San José, y en el Centro de Investigación en Ciencia Administrativa de la Universidad de Berkeley, como profesor visitante.

En 1966, al tiempo que reemprendía su profesión docente, y con sólo 26 años de edad, entró en la Administración del presidente José Joaquín Trejos Fernández, del conservador Partido de Unión Nacional (PUN), en calidad de director de la Oficina de Planificación Nacional, un puesto que tenía rango ministerial, y de consejero presidencial sobre política económica. Estas labores le convirtieron en miembro o cabeza de las delegaciones costarricenses en diversas conferencias intergubernamentales del hemisferio, como el V Congreso del Consejo Interamericano Económico y Social, celebrado en Viña del Mar, Chile, en 1967. Ese mismo año, ocupó un lugar señero en el séquito de Trejos durante la célebre cumbre presidencial de Punta del Este, Uruguay.

Desde 1968 a 1969 Rodríguez se desempeñó de ministro de Planificación Nacional y Política Económica, y hasta el final del mandato de Trejos, en mayo de 1970, sirvió de director del Banco Central de Costa Rica, todos ellos unos nombramientos realmente sobresalientes para un hombre de su juventud, ya que no cumplió la treintena hasta enero de 1970. A finales de aquel año, sin abandonar del todo sus compromisos con las aulas, orientó su perfil de economista hacia la práctica empresarial privada.

En tanto que próspero productor agroindustrial y cárnico, Rodríguez fue consejero de la Cámara de Azucareros de Costa Rica y miembro de los consejos directivos de varias sociedades anónimas del ramo, entre ellas Fomento Ganadero, Empacadora de Carne de Cartago y Abonos Superior, y Agrodinámica Internacional, en este último caso en calidad de presidente, entre 1974 y 1987. En 1970 fundó el Grupo Ganadero Internacional de Costa Rica, sociedad anónima que presidió hasta 1990. De 1979 a 1980 presidió asimismo la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), en 1982 fue miembro de la firma Consejeros Económicos y Legales (CONUSEL), y entre 1986 y 1987 dirigió el Banco Agro Industrial de Exportaciones (BANEX). También dirigió la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

Por lo que se refiere a la política, Rodríguez entró en 1984 en el Directorio Político Nacional del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Esta fuerza política había sido fundada el 17 de diciembre de 1983 a partir de la fusión de cuatro partidos centristas y conservadores, el de Unión Popular (PUP), el Republicano Calderonista (PRC), el de Renovación Demócrata (PRD) y el Demócrata Cristiano (PDC). En compañía de otras formaciones y bajo diversas etiquetas electorales, estos cuatro partidos habían actuado coaligados en las décadas anteriores a su fusión como contrapeso del socialdemócrata Partido de Liberación Nacional (PLN), fundado y liderado por José Figueres Ferrer.

El 27 de noviembre de 1988 Rodríguez perdió las elecciones internas del PUSC para la nominación del candidato a las presidenciales de 1990 ante Rafael Ángel Calderón Fournier, hijo del ex presidente Rafael Ángel Calderón Guardia y ministro de Exteriores en el Gobierno de Rodrigo Carazo Odio. Principal dirigente del PUSC en aquellos años, Calderón ya había candidateado en 1982 y 1986, pero fue derrotado por los adversarios del PLN, Luis Alberto Monge Álvarez la primera vez y Óscar Arias Sánchez la segunda.

El 4 de febrero de 1990, mientras Calderón ganaba para la derecha la Presidencia de la República por primera vez desde 1978, Rodríguez se hizo con el escaño en la Asamblea Legislativa en representación de San José. Entre mayo de 1991 y abril de 1992 fungió de presidente de la Cámara, y en el primer año fue elegido vicepresidente para el área de América Central de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).

El 13 de junio de 1993 Rodríguez sí mereció el favor de los electores en la primaria del partido para las presidenciales de 1994. En esta ocasión, el economista recabó el 75% de los votos y derrotó ampliamente a su único contrincante, Juan José Trejos Fonseca, también ex presidente de la Asamblea e hijo del mandatario que le había introducido en el Ejecutivo de la nación hacía un cuarto de siglo. En septiembre siguiente, renunció a su escaño en la Asamblea para volcarse en la campaña electoral. El 6 de febrero de 1994 perdió el envite en las urnas frente al candidato del PLN, José María Figueres Olsen, hijo del difunto Figueres Ferrer, aunque por un margen estrecho: el socialdemócrata recibió el 49,6% de los votos y él el 47,7%.

Presidente de la ODCA desde julio de 1995, Rodríguez volvió a probar fortuna en las lides presidenciales. Con el respaldo del máximo líder del partido, Calderón, y el terreno allanado a raíz de retirar sus aspiraciones los ex ministros de Seguridad, Luis Fishman Zonzinski, y de Obras Públicas y Transportes, Guillermo Madriz de Mezerville, su postulación fue aclamada por la Asamblea General del PUSC el 29 de junio de 1997. Ésto tenía lugar justo cuando arreciaba la polémica sobre la posible influencia en la política nacional del magnate mexicano Carlos Hank González, a quien algunos medios de Estados Unidos vinculaban con actividades del narcotráfico y el lavado de dinero, entre otras actividades ilícitas presuntamente desarrolladas en su etapa de alcalde de la Ciudad y gobernador del estado de México, y de ministro de Turismo y de Agricultura en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Rodríguez y otras destacadas personalidades del PUSC completaron los nombres propios del escándalo tras conocerse que en fechas recientes habían sostenido reuniones con el turbio personaje en su hacienda en la ciudad de Toluca. La prensa de Costa Rica contó detalles de la estadía de Rodríguez, Calderón, Rolando Laclé Castro, ministro de la Presidencia con el segundo, y Roberto Rojas López, ministro de Comercio Exterior en el mismo período, los días 18, 19 y 20 de mayo. Los cuatro acudieron acompañados de sus respectivas esposas y a bordo de un avión fletado por el anfitrión, que les recibió flanqueado por un ramillete de políticos del PRI.

El PLN no descuidó la ocasión para arremeter contra Rodríguez, al que exigió una aclaración de los términos de las conversaciones con Hank González, dejando flotar en el aire la insinuación de una donación ilícita para la campaña del PUSC. Rodríguez reconoció que había sido un error reunirse con el potentado mexicano, pero rehusó entrar en explicaciones y contraatacó acusando al oficialismo de haberle convertido en el blanco de una campaña de infamias y calumnias.

El dañino asunto de Hank González siguió coleando y estuvo muy presente en la campaña electoral, pero no malogró las posibilidades de Rodríguez y su partido, que estaban seguros de capitalizar el descontento popular por las políticas de ajuste y austeridad aplicadas por el Gobierno para contener el déficit fiscal y la inflación, y el bajo índice de aceptación con que se despedía Figueres. Así, el 1 de febrero de 1998 el empresario consiguió imponerse a su rival del PLN y máximo fustigador durante la controversia del viaje a México, José Miguel Corrales Bolaños, con el 46,9% de los sufragios.

El 8 de mayo, días después de ceder la presidencia de la ODCA al chileno Gutenberg Martínez Ocamica, Rodríguez tomó posesión de la suprema magistratura de Costa Rica con mandato hasta 2002. El nuevo Gabinete socialcristiano, en el que Roberto Rojas obtuvo la cartera de Relaciones Exteriores y Culto, gozaba de la mínima mayoría absoluta en la Asamblea, esto es, 29 escaños.

Rodríguez llegó al poder con un programa muy preciso, ilustrado con lemas como Austeridad y trabajo las 24 horas del día, y centrado en la revitalización económica y el estímulo de un proceso de desarrollo sostenido, que fijaba un cuádruple objetivo hasta el final del cuatrienio, a saber: una tasa de crecimiento anual del 6% (frente al 3,2% con que había cerrado 1997), una inflación recortada al 5% (el 11,2% en 1997), un índice de paro no superior al 5% y un índice de pobreza igualmente reducido al 16%. El programa enumeró una docena de compromisos para asegurar el bienestar de las familias, y bosquejó el llamado Triángulo de la Solidaridad, que apostaba por involucrar a los municipios, los poderes centrales y las organizaciones sociales en proyectos de desarrollo social. Rodríguez subrayó su preocupación por el gran número de niños y jóvenes que no recibían formación de ningún tipo.

El presidente se declaraba también partidario de las privatizaciones, las cuales, además del sistema bancario ya liberalizado parcialmente por Figueres, debían extenderse a los seguros, el sector eléctrico, las telecomunicaciones y la gestión de los parques nacionales. Consideraciones de mejora del servicio aparte, para Rodríguez un objetivo principal de la venta de los activos estatales era obtener ingresos con que aliviar los compromisos de la deuda pública, tanto interna como externa, ya que la elevación de las cargas tributarias estaba descartada si se quería estimular las inversiones productivas y cumplir con las previsiones de crecimiento del PIB.

Por lo que respectaba al apartado comercial, determinante en una economía donde las exportaciones aportaban una parte considerable del PIB, los observadores estimaron que el Gobierno del PUSC iba a continuar la línea de la Administración precedente del "regionalismo abierto", consistente en una interpretación flexible de los vínculos con el Mercado Común Centroamericano (MCCA) con el fin de involucrar al país en los grandes mercados norteamericanos, bien a través de acuerdos bilaterales, bien en el seno del proyecto del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), alineándose con las tesis de Estados Unidos que defendían su rápida puesta en servicio, no más allá de 2005. En definitiva, Rodríguez propugnaba una combinación de medidas desreguladoras y librecambistas, y de inversiones sociales, en consonancia con su doble condición de empresario avezado y de católico ferviente adepto a la doctrina social de la Iglesia.

El 15 de junio de 1998 se puso en marcha el Foro Nacional de Concertación, una iniciativa presidencial para integrar a todos los sectores de la sociedad en la evaluación de las necesidades del país y para guiar al Gobierno en la elaboración de proyectos de ley. Un severo golpe a las expectativas de Rodríguez deparó el paso, a finales de octubre de 1998, del huracán Mitch, que arrasó varios miles de hectáreas de plantaciones de arroz, azúcar y otros cultivos. Por lo menos, el daño directo del Mitch a la población (se reportaron cuatro muertos y un millar de viviendas afectadas) fue mucho menor que el sufrido por los vecinos hondureños y nicaragüenses.

En mayo de 2000, en el ecuador del mandato, las realizaciones de Rodríguez merecían valoraciones dispares. Por un lado, la economía había crecido más o menos según las previsiones del Gobierno (el 6,2% en 1998 y el 5% en 1999, las tasas más vigorosas de Latinoamérica detrás de las obtenidas por la República Dominicana), lo cual era tanto más loable porque seis países del subcontinente encaraban el final de siglo en recesión. La nación centroamericana salió airosa en este aspecto gracias a la capacidad exportadora de las industrias de montaje de componentes electrónicos y manufactureras.

Sin embargo, la bonanza económica no se tradujo en una disminución del desempleo, que, antes al contrario, creció del 5,4% en 1998 al 6,2% doce meses después. A pesar del rigor monetario y de la debilidad del consumo interno, al cabo de dos años la inflación sólo había podido ser recortada en un punto, mientras que el déficit de las administraciones públicas había aumentado, hasta equivaler el 4% del PIB.

Pero si la imagen pública de Rodríguez empezó a menoscabarse seriamente justo en el segundo aniversario de su llegada a la Presidencia fue por razones extraeconómicas. El desencadenante de esta erosión fue la iniciativa gubernamental de, siguiendo la recomendación del FMI, abrir al sector privado el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para modernizarlo y hacer competitivos sus servicios, que también incluían los telefónicos.

Aprobado por la Asamblea el 20 de marzo de 2000, el proyecto de ley de Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones, y de la Participación del Estado concitó tal repudio social, verdaderamente multisectorial y expresado en unas movilizaciones sin precedentes en la historia reciente de Costa Rica, que la Corte Suprema de Justicia tuvo que salir a pronunciarse. El 18 de abril, la Sala Cuarta de la Corte falló que la votación parlamentaria de marzo había sido irregular y que el denominado combo energético era, por tanto, anticonstitucional. Entonces, el Gabinete no tuvo otro remedio que dar marcha atrás y elaborar una reestructuración menos radical del ICE, salvaguardando su carácter público.

El fiasco gubernamental del ICE ilustró tanto el vigor de las resistencias en la sociedad civil costarricense a aquellos aspectos de la tendencia globalizadora en boga que afectaban a los servicios públicos como el fracaso de los esfuerzos de concertación del Gobierno para sacar adelante sus propuestas transformadoras.

El forcejeo político en torno al ICE avisó a Rodríguez de que no se daban las condiciones para impulsar similares medidas privatizadoras en el Instituto Nacional de Seguros (INS) y en dos de las tres entidades financieras con participación estatal, el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). De esta manera, el programa de Rodríguez para liquidar los monopolios estatales sólo llegó a buen puerto en el caso del sector de los transportes, concretamente las autopistas y el aeropuerto de San José, cuya ley de privatización fue aprobada por la Asamblea en abril de 2001.

En el último año del mandato, Rodríguez apostó por trasladar la iniciativa gubernamental del terreno económico, donde había agotado todo su margen de maniobra, al político. Así, propuso una profunda reforma de las instituciones de la República en aras de un equilibrio más ajustado de las atribuciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, dando lugar a un sistema de tipo mixto, a caballo entre el presidencialismo propio de las repúblicas latinoamericanas y el parlamentarismo de los estados caribeños anglófonos.

Era obvio que al presidente no le quedaba tiempo para implementar los cambios, y que, ante todo, se trataba de asegurar la reválida del PUSC en las elecciones generales del 2002 a rebufo de este proyecto de perfeccionamiento democrático, en un momento en que afloraban en la sociedad costarricense claros síntomas de cansancio y malestar con los partidos tradicionales tras medio siglo turnándose en el poder, dibujando en el camino, eso sí, el sistema democrático más estable de Latinoamérica.

La iniciativa de reforma política, junto con un mayor hincapié del Gobierno en la agenda social mediante la aprobación parlamentaria de los proyectos de ley de Protección del Trabajador y de Paternidad Responsable -que se unieron al Ministerio de la Condición de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), creados en abril de 1998-, y ciertas mejoras educativas, restituyeron algo la popularidad mermada de Rodríguez. El presidente iba a despedirse con una imagen no especialmente controvertida de estadista sobrio, competente y capaz de escuchar y tomar nota de algunas opiniones sociales, por lo menos más que otros presidentes de la región.

En el debe económico de la Administración de Rodríguez estaban la incapacidad para controlar la inflación por debajo del 10%, la subida del déficit de la cuenta corriente al equivalente del 5% del PIB y la consecución de una tasa promedio de crecimiento del 4% del PIB, dos puntos por debajo de la meta establecida en la campaña electoral de 1998. Al balance insuficiente de la última variable contribuyó decisivamente la anémica tasa obtenida en 2001, el 0,3%, como consecuencia de la caída de las exportaciones, resentidas por los bajos precios del café en el mercado internacional, y por la contracción de la demanda externa.

En el ámbito diplomático, San José fue el escenario de la apertura de la XXXI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en junio de 2001, y de la XVI Reunión de presidentes del Grupo de Río, el 12 y 13 de abril de 2002, donde se emitió un comunicado de condena del efímero y frustrado derrocamiento del mandatario venezolano, Hugo Chávez.

La estrategia de integración en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) mediante un acercamiento bilateral, país por país, se apuntó su segundo éxito el 23 de abril de 2001 con la adopción de un Tratado de Libre Comercio con Canadá, que se añadió al suscrito con México en abril de 1994. Para posteriores administraciones quedaba el último y más complicado jalón: el desarme arancelario con Estados Unidos.

Asimismo, el 18 de octubre de 1999 Rodríguez y el presidente de Chile, Eduardo Frei, suscribieron un Tratado de Libre Comercio bilateral que entró en vigor el 15 de febrero de 2002. En otro orden de cosas, Rodríguez no asistió la IX Cumbre Iberoamericana que se celebró en La Habana en noviembre de 1999 como represalia por la falta de respuesta del Gobierno cubano a su solicitud de obtener con antelación la garantía de que los disidentes de la isla pudieran reunirse con él sin temor a que sufrieran represalias.

Sin duda, el balance con altibajos de la Administración de Rodríguez no fue suficiente, y quizá ni siquiera coadyuvante, para impedir el retorno al poder del PLN en las elecciones del 3 de febrero (y 7 de abril, ya que fue necesaria la segunda vuelta en las presidenciales) de 2002. La primera reelección consecutiva del PUSC al frente del Ejecutivo fue un mérito que debía adjudicarse exclusivamente a su candidato, Abel Pacheco de la Espriella, un antiguo psiquiatra metido a presentador de programas culturales en televisión, quien cautivó al electorado con un discurso moralizador fundado en conceptos no economicistas, y distanciado de la práctica liberal de su conmilitón saliente. Así, el 8 de mayo de 2002 Rodríguez cesó en sus funciones con la satisfacción de entregar la banda presidencial a otro socialcristiano, de quien se esperaba que aplicara algunas de las actuaciones que el primero no pudo o no tuvo tiempo de ejecutar.

Los sólidos vínculos con Estados Unidos, su mentalidad librecambista y su buena imagen en las cancillerías del continente convirtieron a Rodríguez en el sustituto idóneo del colombiano César Gaviria, que agotaba su segundo quinquenio improrrogable, para ostentar la Secretaría General de la OEA. El 7 de junio de 2004, en la apertura de la XXXIV Asamblea General de la organización, en Quito, el costarricense fue elegido por aclamación para servir como el octavo secretario general desde la fundación de la OEA en 1948.

En su discurso de aceptación del cargo, Rodríguez afirmó que iba a consagrarse "integralmente a promover los ideales interamericanos", ya que "la libertad, la justicia y el progreso queremos alcanzarlos para que cada americana y cada americano viva con bienestar y se realice a plenitud como persona". "Todos tenemos el reto y la responsabilidad de disminuir la pobreza, aumentar el disfrute material de las familias y garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos", destacó. También, expresó su deseo de obtener prontos resultados en puntos prioritarios de la agenda de la organización, como el proceso del referéndum revocatorio del mandato del presidente Chávez en Venezuela, y la añeja disputa entre Bolivia y Chile por la reclamación por el primer país de una salida al océano Pacífico.

Así de voluntarioso y bienintencionado, el centroamericano tomó posesión el 15 de septiembre de un puesto que hasta ahora siempre había ido a parar a personalidades sudamericanas. Sin embargo, Rodríguez no iba a tener tiempo de hacer nada, ya que no habían transcurrido dos semanas cuando en Costa Rica estalló un monumental escándalo político-empresarial que le afectó de lleno y le forzó a desalojar la oficina de Washington en un tiempo récord, dando comienzo el drama personal. En cuestión de días, Rodríguez vio destrozada su reputación, hasta entonces intachable, y cómo la justicia de su país, de manera tan diligente como implacable, le sometía al trato reservado a los delincuentes.

Todo empezó el 27 de septiembre de 2004, cuando el fiscal general de la República, Francisco Dall'Anese, confirmó a los medios que desde hacía unos días estaba investigando unos pagos irregulares, 9,4 millones de dólares en total, efectuados en 2003 por la empresa de telefonía Alcatel a directivos del ICE y políticos nacionales. Aparentemente, estos desembolsos guardaban relación con la concesión por el Gobierno a la compañía francesa en julio de 2001 de un contrato de 149 millones para instalar 400.000 líneas de telefonía móvil en Costa Rica. Aquella adjudicación directa ya resultó polémica en su momento al haberse realizado sin el procedimiento habitual de licitación (la sueca Ericsson también estaba interesada) y en un plazo de tiempo insólitamente corto, aunque el Gobierno adujo como razón la urgencia de dotar al país de una red de celulares que cubriera la demanda de los usuarios.

Entre los destinatarios de las transferencias bancarias estarían el actual vicepresidente de la República, Fishman Zonzinski, y un estrecho colaborador de Rodríguez, José Antonio Lobo Solera, quien fuera ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos de su Gobierno, y luego, desde 1999 hasta el 24 del presente mes, miembro del Consejo Directivo del ICE. Lobo habría percibido de Alcatel con la intermediación de un bufete de servicios notariales 2,4 millones de dólares que fueron depositados por tramos en una cuenta a nombre de su esposa.

El 30 de septiembre, Lobo, en la declaración a los fiscales que le interrogaron bajo arresto domiciliario, involucró a Rodríguez en la presunta trama de corrupción al asegurar que el ex presidente le había reclamado el 60% de los 2,4 millones cobrados de Alcatel en 2003, y que hasta ahora le había mandado 510.000, una parte en metálico y el resto en dos pagarés. Consultado por teléfono ese mismo día por el Canal 7 de la televisión, Rodríguez reconoció haber recibido de Lobo un dinero que le había solicitado, pero rebajó la cantidad a los 140.000 dólares y presentó la suma como parte de un "préstamo personal" para sufragar la promoción de su candidatura al frente de la OEA en diferentes países americanos. De los 2,4 millones de Alcatel, no tenía ningún conocimiento.

Las explicaciones de Rodríguez no satisficieron a la opinión pública costarricense, que ya estaba conmocionada por el escándalo de las comisiones ilegales procedentes de un préstamo contraído con una empresa finlandesa suministradora de equipo médico por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), presunta corruptela en la que aparecía directamente implicado otro ex presidente de la República, Calderón Fournier, cuya detención, con la orden ya dictada por el juez, se tenía por inminente. Sin solución de continuidad, se elevaron voces, inclusive desde el PUSC, reclamando a Rodríguez que renunciara a la Secretaría General de la OEA y a la inmunidad diplomática inherente al cargo, y que regresara inmediatamente al país para someterse a la acción de la Fiscalía.

En efecto, el 2 de octubre, la Fiscalía, así como la Comisión Legislativa del Gasto Público, anunciaron su intención de llamar a declarar a Rodríguez en relación con el caso ICE-Alcatel. El 4 de octubre fue el propio presidente Pacheco el que instó a su antecesor a dimitir "por el buen nombre de Costa Rica y de la propia OEA" ante las "extremadamente graves acusaciones" de las que era objeto, añadiendo que el escándalo "no tiene perdón" y que se sentía "traicionado".

Poco antes, Pacheco no había tenido ambages en reconocer que Alcatel destinó 100.000 dólares a su campaña presidencial, pese a la prohibición legal de que los extranjeros donen dinero a las campañas políticas en Costa Rica. Por otra parte, el antiguo gerente de Alcatel en Costa Rica, Edgar Valverde, confirmó ante la Fiscalía pagos efectuados a Rodríguez y directivos del ICE por 4,4 millones de dólares.

Las presiones le empezaron a acosar a Rodríguez también desde la OEA, haciendo su posición insostenible. Así las cosas, el 8 de octubre presentó la dimisión irrevocable y efectiva a partir del 15 de octubre; llegado ese momento, el adjunto al secretario general, Luigi Einaudi, de Estados Unidos, asumió el puesto en funciones, hasta la elección de un nuevo titular. En su misiva de renuncia, el ex gobernante pidió disculpas a los embajadores y los países miembros con "humildad, dolor y angustia". El 9 de octubre, la Fiscalía General emitió una orden de busca y captura internacional contra Rodríguez por presuntos enriquecimiento ilícito, cohecho y corrupción agravada, pero con la decisión de no activarla hasta 15 de octubre.

El 13 de octubre de 2004 el panorama judicial se tornó aún más sombrío para Rodríguez al informar la Fiscalía que le estaba investigando en relación con un segundo caso de presunta corrupción, la transferencia por el Gobierno de Taiwán en 2001 y 2002 de 1.400.000 dólares a cuentas de la compañía domiciliada en Panamá Inversiones Denisse, que el entonces presidente supuestamente controlaría a través de testaferros. La mitad de esa cantidad se habría transferido a través del International Commercial Bank of China y la otra mitad mediante un cheque expedido por la embajada taiwanesa en San José. También se detectaron posibles sobornos de la compañía española Inabensa, especializada en instalaciones de redes eléctricas y de comunicaciones.

Tal como se le había advertido, Rodríguez fue arrestado por agentes judiciales el 15 de octubre tan pronto como puso pie en la pista del aeropuerto internacional de San José procedente de Washington. Los agentes le pusieron un chaleco antibalas, lo esposaron con las manos en la espalda, lo subieron a un vehículo policial y lo trasladaron a la Fiscalía General. Demasiado para el ex presidente, que el 16 de octubre, en pleno interrogatorio del fiscal, tuvo que ser hospitalizado en la Clínica Católica de San José aquejado de una fuerte subida de la tensión.

Horas después, el juez penal de turno del Segundo Circuito Judicial de San José, Carlos Jovel Sánchez, desoyendo la solicitud de nueve meses de prisión preventiva que le hacía el fiscal general, decretó contra Rodríguez un arresto domiciliario de seis meses, tiempo en el que el Ministerio Fiscal iba a investigar las acusaciones que pesaban en su contra para imputarle los correspondientes cargos penales.

Sin embargo, el 29 de octubre, la jueza Gabriela Jara Murillo revocó el auto de su colega y ordenó que Rodríguez fuera trasladado al Centro Penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, para cumplir seis meses de prisión preventiva. Situación verdaderamente inimaginable apenas unos días atrás, Rodríguez pasó a ocupar una celda individual en la misma galería donde estaba recluido Rafael Ángel Calderón, preso preventivo desde el 22 de octubre en relación con el caso de la CCSS.

Todo en un mes verdaderamente devastador para el buen nombre de la plana mayor de la política costarricense, Figueres Olsen completó el trío de ex presidentes caídos en desgracia al aparecer también su nombre en el baile de pagos bajo sospecha de Alcatel. Aunque no imputado por el momento, el 29 de octubre Figueres renunció a su cargo de director ejecutivo del Foro Económico Mundial, o Foro de Davos. En marzo de 2015 el juez concedió al procesado Echeverría la salida de prisión a cambio del arresto domiciliario y el pago de una cuantiosa fianza.

Miguel Ángel Rodríguez tiene publicados libros sobre una amplia variedad de temas políticos, sociales, jurídicos y económicos, como El mito de la racionalidad del socialismo, El orden jurídico de la libertad (ambos son las tesinas de sus licenciaturas universitarias), De las ideas a la acción (1988), Al progreso por la libertad: una interpretación de la historia costarricense (1989), Por una vida buena, justa y solidaria, Libertad y solidaridad: una política social para el desarrollo humano (1992) y La revolución moral: democracia, mercadeo y bien común (1993), más numerosos artículos y ensayos breves que han aparecido en revistas especializadas de Costa Rica y otros países, lo que incluye sus trabajos para la Universidad de Berkeley.

Ha sido o es miembro del Consejo Directivo de la International Foundation for Election Systems (IFES) de Washington, el Consejo Asesor de la Initiative for Policy Dialogue (IPD) de la Universidad de Columbia, el Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Centro Carter de Atlanta, Estados Unidos, y el Círculo de Montevideo, un grupo de reflexión animado por el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti y que reúne a varios mandatarios americanos y europeos, tanto retirados como en activo. Luego de dejar la Presidencia de la República y durante año y medio, fue profesor visitante en la Cátedra J. B. y Maurice C. Shapiro de la Elliott School of International Affaires (ESIA) de la Universidad George Washington, centro que en septiembre de 2000 le otorgó un doctorado honorífico en Derecho. En octubre de 2002 la consultora estadounidense Manatt Jones Global Strategies le contrató para presidir su Consejo Asesor.

Está casado desde 1962 con Lorena Clare Facio y ha tenido tres hijos, el mayor de los cuales, Miguel Alberto, falleció en accidente en 1977.