Luisa González Alcívar

Luisa Magdalena González Alcívar, madre divorciada de dos hijos y de fe protestante evangélica, es quiteña de nacimiento, aunque su infancia transcurrió principalmente en la provincia costera de Manabí, de donde eran oriundos sus padres. En 2000 terminó el bachillerato en el Colegio María Angélica Idrobo de Quito y luego emprendió la carrera de Leyes en la Universidad Central del Ecuador (UCE). Sus estudios de jurisprudencia los terminó en 2006 en la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), que la becó y contrató como asistente de investigación. Más tarde incorporaría a su currículum académico sendas maestrías en Alta Gerencia y en Economía Internacional y Desarrollo, obtenidas respectivamente en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Quito y la Universidad Complutense de Madrid. La abogada dio sus primeros pasos laborales en el área jurídica de Petroecuador, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y una compañía de servicios informáticos.

En esta época, González estaba vinculada al Partido Social Cristiano (PSC), una de las grandes formaciones tradicionales de Ecuador, paladín de la empresa privada y el libre mercado, en cuyas listas se postuló a asambleísta suplente en las elecciones constituyentes de septiembre de 2007. Sin embargo, esta militancia política conservadora, y con ella la incipiente singladura profesional de la ya treintañera, cambió de manera drástica a principios de 2008 al ser reclutada para la función pública bajo la Administración de Rafael Correa, el economista de izquierda que en 2016 había ganado las elecciones presidenciales llevando un programa de transformación radical de Ecuador con las divisas de la Revolución Ciudadana y el Socialismo del Siglo XXI. Tales conceptos, bien casados con el bolivarianismo venezolano, los esgrimía Correa para pasar página al "partidocrático" y "neoliberal" modelo vigente desde la restauración democrática de 1978, y alcanzar así unas metas de desarrollo social, supresión de la pobreza y "soberanía" económica. La Alianza PAIS de Correa aludía también a un "socialismo con fuentes cristianas", con todo lo cual se identificó plenamente la abogada manabí, cristiana ferviente y contraria al aborto, inaceptable para ella ni siquiera en los casos de violación.

Para González, fue el inicio de un intenso compromiso laboral y político con Correa y su movimiento. Su primer servicio consistió en asesorar a la Secretaría de Comunicación e Información de la Presidencia, labor a la que rápidamente siguió el nombramiento como coordinadora general de Recursos Humanos, Desarrollo Institucional y Capacitación de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, organismo técnico del Estado. En 2010, una vez iniciado su segundo mandato, Correa le confió la coordinación de la agenda estratégica de la Secretaría General del Despacho Presidencial. En 2011 marchó a Madrid en calidad de vicecónsul de Ecuador en España y en 2014 estuvo de vuelta con el cargo de viceministra de Gestión Turística. Desde 2014 y hasta la conclusión del tercer y último período presidencial de Correa, González siguió en su equipo como secretaria general del Despacho Presidencial, subsecretaria general de la Administración Pública y, desde enero de 2017, secretaria nacional de la Administración Pública, entre otros cometidos estatales ejercidos en esta época.

Al producirse en mayo de 2017 la transferencia de funciones presidenciales entre Correa y su hasta entonces vicepresidente, Lenín Moreno, ganador de las elecciones a doble vuelta de febrero y abril, González se quedó fuera del Ejecutivo . A cambio, trabajó para el Parlamento Andino, donde entre 2018 y 2019 fue secretaria nacional y asesora del organismo. Para entonces, González, al igual que el grueso de la militancia del movimiento aupado al poder en las elecciones de 2006, ya había secundado a Correa en su ruidosa ruptura con Moreno. El divorcio entre los dos dirigentes asomó tan solo unas semanas después del cambio de Administración, y en los meses que siguieron el cisma se ahondó de manera irreversible entre encendidas acusaciones del primero al segundo de "deslealtad" y "traición" a los principios, las estrategias y las políticas, tanto domésticas como internacionales, del anterior Gobierno y la Alianza PAIS.

A finales de 2017 el partido del oficialismo quedó fracturado entre el sector mayoritario fiel a Correa (instalado en Bélgica, el ex presidente fue objeto de varias investigaciones y acusaciones penales antes de ser juzgado dentro del llamado Caso Sobornos 2012-2016, por el que en 2020 la Corte Nacional de Justicia iba a condenarle a ocho años de prisión y a otros 25 de inhabilitación para ejercer cargos públicos como culpable de un delito de cohecho agravado) y sus tesis radicales, y el sector moderado afín al presidente Moreno, con un discurso aligerado o totalmente desprovisto de carga izquierdista. Además, Moreno, vía referéndum, sacó adelante un paquete de reformas constitucionales entre las que, para "garantizar el principio de alternabilidad", figuraba la revocación de las reelecciones populares indefinidas, cambio que el correísmo encajó como un sabotaje a las aspiraciones de su líder de volver a ser candidato presidencial.

González y otros muchos militantes siguieron los pasos de Correa, que en enero de 2018, poco antes del referéndum por él descrito como un "golpe de Estado", anunció su desafiliación de la Alianza PAIS. Seguidamente, el antiguo mandatario dio cuenta del lanzamiento de un nuevo partido que se llamaría Movimiento Revolución Ciudadana (RC) y con el que pensaban presentarse a las elecciones generales de 2021. La solicitud de inscripción del RC fue denegada sin embargo por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La alternativa de los correístas de concurrir integrados en el Movimiento Acuerdo Nacional (MANA) tampoco prosperó. Igual suerte corrió la opción, vetada asimismo por el CNE, de montarse en el vehículo electoral que les brindaba el pequeño partido Fuerza Compromiso Social (FCS) de Iván Espinel, carente de representación parlamentaria. Sin embargo, el correísmo, asimilado ya con el FCS, que le servía de brazo partidario, consiguió habilitarse para los comicios formando pareja con el Movimiento Centro Democrático, que sí cumplía con todos los requisitos del CNE. La desnivelada coalición adoptó la etiqueta de Unión por la Esperanza (UNES).

En las legislativas del 7 de febrero de 2021 González fue uno de los 49 candidatos de la UNES que conquistó el escaño en la Asamblea Nacional, en su caso por el Distrito 1 de Manabí. El correísmo se alzó como la primera fuerza parlamentaria, aunque sin mayoría absoluta. En las presidenciales, su candidato, Andrés Arauz, actualmente presidente del FCS y antes ministro de Conocimiento y Talento Humanitario con Correa, se adelantó en la primera vuelta, pero en el balotaje del 11 de abril sucumbió ante Guillermo Lasso, postulante del movimiento liberal conservador Creando Oportunidades (CREO); veterano ejecutivo de la banca privada y financiero guayaquileño, Lasso ya había competido en las elecciones de 2013 y 2017.

El 14 de mayo de 2021 González estrenó su mandato parlamentario en la oposición al Gobierno de Lasso y en agosto siguiente el FCS, culminando el proceso de absorción orgánica por el correísmo, tomó el nombre de Revolución Ciudadana, con Marcela Aguiñaga de presidenta. Su manifiesto de principios ideológicos, presentado el 28 de agosto en Montecristi, Manabí (ciudad emblemática del correísmo al haber sido la sede de la Asamblea Constituyente de 2007-2008 y el lugar de nacimiento del reverenciado Eloy Alfaro, dos veces presidente de la República y artífice de la Revolución Liberal Ecuatoriana de 1895), se sustentaba en el Socialismo/Progresismo del Buen Vivir, ideario inspirado en doctrinas diversas, como los pensamientos bolivariano y alfarista, el humanismo, la mentalidad de los pueblos originarios, el anticolonialismo, el estructuralismo y las teorías de la dependencia en la economía, la teología de la liberación y la doctrina social de la Iglesia, el feminismo y el "socialismo científico, en especial el latinoamericano".


CANDIDATA PRESIDENCIAL DE REVOLUCIÓN CIUDADANA El 17 de mayo de 2023 el presidente Lasso, invocando el supuesto de "grave crisis política y conmoción interna", decretó la activación del artículo 148 de la Constitución de 2008, la llamada muerte cruzada, con lo que la Asamblea Nacional quedaba disuelta y el CNE era instruido para que en el plazo de siete días convocase elecciones generales anticipadas para completar el período institucional de cuatro años arrancado en 2021; el 20 de agosto iba a ser la fecha elegida. Esta fue la solución legal hallada por Lasso, un presidente contra las cuerdas, para esquivar su posible destitución por la Asamblea, que ocho días atrás había aprobado la apertura de un juicio político en base a las acusaciones de corrupción y peculado en empresas públicas en el marco del Caso Encuentro. Previamente, en junio de 2022, en medio de un serio conflicto social y las marchas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Lasso había sido protegido por la Asamblea contra un primer intento de destitución iniciado por la bancada parlamentaria de González, que arguyó el mismo escenario de "grave crisis política y conmoción interna". En estas circunstancias, a nadie extrañó que Lasso descartara volver a presentarse a las urnas.

Con la Asamblea cerrada, González, que en estos dos años no había tenido un desempeño legislativo descollante, se quedó sin mandato representativo, pero este parón de actividad duró muy poco. El 10 de junio la Convención Nacional de RC, reunida en Portoviejo, Manabí proclamó por unanimidad a la abogada su candidata presidencial, llevando a Andrés Arauz de compañero de fórmula. Sobre la brutal ola de inseguridad ciudadana que golpeaba a Ecuador, la nominada aseguró: "Vamos a tomar al toro por los cuernos y vamos a enfrentar las causas generadoras de la violencia y la delincuencia: hambre, pobreza, falta de educación, ausencia de oportunidades".

El partido, firmemente guiado por Correa desde su exilio europeo con un estatus de asilado político concedido por las autoridades belgas en 2022 (lo que obstaculizaba decisivamente cualquier demanda de extradición desde Quito), se decantó por la anterior diputada para suplir a la persona inicialmente designada para esta misión, el ex vicepresidente de la República Jorge Glas, destituido por Moreno en 2018 tras un lustro en el cargo. Peso pesado del correísmo y con dos condenas en firme por corrupción que le habían llevado a permanecer encarcelado durante cinco años, Glas podía presentarse a las elecciones gracias a una medida cautelar emitida por un juez, pero prefirió declinar la invitación que se le hacía; de haber aceptado, su binomio presidencial lo habría completado precisamente González, personalidad mucho menos conocida que él. De hecho, hasta ahora, el nombre y el rostro de la anterior secretaria nacional de la Administración Pública no eran identificados por una mayoría de ecuatorianos. El 20 de junio González vio aceptada su candidatura por el CNE, tras unas accidentadas jornadas de inscripción en las que su comitiva primero topó con un ataque policial con gases lacrimógenos y luego con la exigencia, rápidamente subsanada, de documentación acreditativa faltante.

En su campaña como abanderada de la lista 5, González aunó la vindicación de las políticas y el legado de Correa, cuyas consignas y lemas nacionalistas de izquierda coreó en los mítines, y una promoción más ceñida a su persona, presentándose como una "mujer revolucionaria de paz" y una feminista, no obstante oponerse tajantemente al aborto. Sus referentes regionales eran, señalaba, el partido MORENA gobernante en México, Lula da Silva en Brasil y el kirchnerismo de Argentina. Desde el primer momento, la correísta se distanció en las encuestas de todos sus rivales, casi todos situados en el arco que va del centro liberal a la derecha: Fernando Villavicencio y, tras su asesinato el 9 de agosto, su reemplazo Christian Zurita por Construye, Jan Topic por el PSC, Otto Sonnenholzner por Avanza, Yaku Pérez por la Unidad Popular y Daniel Noboa, la gran sorpresa de la campaña, que arrancó desde posiciones marginales, por la ADN.

En el cierre de la campaña, el 16 de agosto en Quito, González pidió el voto para "retomar el control del país y quitárselo a una banca y derecha neoliberal que ha destrozado el país". "Nos estamos jugando el continuismo de este Gobierno desastroso, nefasto, o volver a esa patria de amor, a esa patria digna (…) Que se vaya este Gobierno corrupto que se dejó infiltrar por el narcotráfico y las bandas delictivas (…) Este es un Gobierno que gobierna junto a las mafias y el crimen organizado", sentenció la oradora a propósito de Lasso. Al evento se unió Correa, que dirigió un mensaje de apoyo por videoconferencia.

El Plan de Gobierno de RC y González para las elecciones de 2023 destaca una docena de acciones e iniciativas justicieras: "justicia para la buena vida"; "justicia para la paz, la seguridad y el orden"; "justicia económica con igualdad de oportunidades"; "justicia justa contra la corrupción"; "justicia democrática participativa y deliberativa"; "justicia para las mujeres y las niñas"; "justicia decolonial, plurinacional e intercultural"; "justicia ecológica y transición energética"; "justicia digital y nueva economía de la información"; "justicia internacional, soberanía e integración"; "justicia cognitiva"; y "justicia entre generaciones".

Las propuestas se encuadran en tres ejes principales. El primero es el de la seguridad, ya que "fuimos [con Correa] el segundo país más seguro de la región y pronto seremos el primero", proclaman con optimismo los materiales proselitistas. El programa arguye que la Revolución Ciudadana "ya venció a la delincuencia" en la década de gobierno 2007-2017, y que esta batalla puede ganarse de nuevo combinando "mano firme, determinación, tecnología, recuperación del bienestar y generación de oportunidades". Un enfoque decididamente integral del gravísimo problema, ya que "sin desarrollo y justicia social la violencia no se terminará", se apunta.

RC recuerda que en 2022 Ecuador registró una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes, esto es, la más elevada de su historia y la cuarta mayor de toda América Latina tras las de Colombia, Honduras y Venezuela, mientras que durante el Gobierno de Correa la tasa pasó de las 17 muertes violentas a solo cinco. González ha mencionado que maneja un plan "Resurgir de la Paz y la Seguridad" para adquirir equipamientos para la Policía Nacional por valor de 500 millones de dólares, militarizar cárceles, aduanas y puertos, y potenciar las Unidades de Policía Comunitaria (UPC). En aras de la eficacia en la prevención y lucha contra el crimen, la aspirante presidencial propugna formar en derechos humanos a la fuerza pública, reestructurar los ministerios del Interior y de Gobierno, y restablecer dos departamentos que operaron en los años de Correa, el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

El segundo eje del programa se refiere al "Ecuador productivo, con trabajo digno y derechos". Aquí, González promete "alcanzar los niveles de empleo más altos del continente", duplicando el número de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), afiliando a más de 165.000 amas de casa y "eliminado" la tercerización laboral. Se habla de contratar obra pública y de proteger la producción nacional frente a determinadas importaciones industriales. La candidata también ha propuesto, suscitando polémica, tomar 2.500 de los 9.300 millones de dólares de las reservas internacionales de Ecuador para gastarlos en dotaciones policiales, educación, sanidad e infraestructuras. Niega que un Gobierno suyo vaya a debilitar la dolarización de la economía, vigente desde 2000; al contrario, esta sería "robustecida".

Finalmente, RC pregona que "vuelve el bienestar", pues "ya tuvimos servicios públicos de excelencia", y ahora se trata de recuperar esa "atención eficiente y de calidad". En este capítulo figuran las promesas de reparar carreteras, construir nuevos puertos, caletas y asentamientos pesqueros artesanales, dotar de equipamientos modernos a los hospitales y entregar más de 300.000 viviendas, asequibles con los créditos hipotecarios del Biess, el banco del IESS.

En las elecciones legislativas, simultáneas a la primera vuelta de las presidenciales, RC, con 48 asambleístas, ha revalidado la posición cimera obtenida por la UNES en 2021, pero solo por mayoría relativa. Detrás vienen el Movimiento Construye de Zurita —tercero en las presidenciales— y la ADN de Noboa. Por cierto que de esta coalición forma parte la antigua Alianza PAIS, mantenida a flote por los antiguos partidarios de Lenín Moreno y que ahora se denomina movimiento MOVER. Las fuerzas segunda y tercera en la anterior legislatura, el Pachakutik y la Izquierda Democrática, ahora son extraparlamentarias.

(Cobertura informativa hasta 4/10/2023)