Luis Lacalle Pou

En las elecciones uruguayas de 2014 Luis Alberto Lacalle Pou, diputado del Partido Nacional, también llamado Blanco, contendió sin éxito con el socialista Tabaré Vázquez en la empresa de seguir los pasos de su padre, el ex presidente (1990-1995) Luis Alberto Lacalle Herrera. Cinco años después, en noviembre de 2019, este abogado de credenciales liberal-conservadoras ha conseguido imponerse en una muy ajustada segunda vuelta al aspirante oficialista Daniel Martínez, cuya derrota marca el final de 15 años de administraciones de su partido, el izquierdista Frente Amplio. El 1 de marzo de 2020 Lacalle inaugurará su mandato quinquenal como presidente de la República Oriental del Uruguay gobernando en coalición con cuatro formaciones que aceptaron respaldarle antes del balotaje y entre las que destacan el Partido Colorado -rival histórico del PN, en su caso más escorado al centro, pero con quien ha compartido también una larga trayectoria de mutua colaboración- y Cabildo Abierto, nueva formación de la derecha promilitar.

Lacalle y sus socios han suscrito el Compromiso por el País, programa-manifiesto que apuesta por sacar a la economía nacional de su ralentí con medidas de impulso al sector privado y las exportaciones agroindustriales, mejorar los niveles de productividad y competitividad, reducir gastos corrientes y practicar el ahorro para corregir el déficit fiscal, y multiplicar los esfuerzos para diversificar y expandir los acuerdos de libre comercio más allá del MERCOSUR. El plan prevé igualmente dotar a la Policía de medios para combatir el aumento de los delitos comunes, en un país que tradicionalmente ha sido considerado uno de los más seguros de América Latina, y crear el Ministerio del Medio Ambiente, entre otras actuaciones. El pentapartito liderado por Lacalle alcanza mayoría absoluta en las dos cámaras de la Asamblea General, donde el Frente Amplio sigue siendo no obstante la primera fuerza individual.

En su programa del PN, el nuevo presidente blanco es explícito sobre la necesidad de practicar una "diplomacia comercial", así como una política exterior no movida por "afinidades ideológicas" y sí en cambio realineada con "los Derechos Humanos y los principios del Estado de Derecho". Ello se traducirá en el abandono de la postura mediadora "neutral" del Gobierno de Vázquez con respecto al régimen venezolano de Nicolás Maduro, expresada a través del conocido como Mecanismo de Montevideo. Ahora bien, tal mudanza no debe suponer, matiza Lacalle, la adhesión de Uruguay al Grupo de Lima, no obstante existir "coincidencias" con sus presidentes. Por otro lado, el viraje ideológico en la costa este del Río de la Plata acontece al poco de cambiar las tornas también, pero en sentido inverso, en Argentina, el país vecino y socio fundamental de Uruguay, donde el conservador Mauricio Macri ha sido sucedido por el kirchnerista Alberto Fernández. Asimismo, Lacalle se ha comprometido a preservar y fortalecer la llamada "agenda de derechos" en el terreno social, que es una de las más avanzadas del mundo, y ha prometido gobernar con sensibilidad social.

Por lo demás, la tranquilidad y el ejemplar civismo democrático con que han transcurrido las elecciones uruguayas, a pesar de los problemas para certificar al ganador de las mismas, contrastan con los estallidos sociales y las turbulencias políticas que vienen sacudiendo buena parte de la región, donde el cuadro de desarrollo humano, equidad social, calidad democrática y percepción de la corrupción obtiene en Uruguay sus mejores notas.

(Texto actualizado hasta diciembre 2019)

1. Quinto eslabón de una ilustre estirpe de políticos uruguayos
2. Tentativa presidencial en 2014 y derrota por el frenteamplista Vázquez
3. Segunda candidatura por el PN y ajustada victoria en 2019


1. Quinto eslabón de una ilustre estirpe de políticos uruguayos
El presidente electo de la República Oriental del Uruguay para el período 2020-2025 así como líder del Partido Nacional (PN, también llamado Blanco), Luis Alberto Lacalle Pou, es el heredero de una de las más famosas dinastías políticas del país austral, adherida a posiciones conservadoras. Su padre y tocayo, Luis Alberto Lacalle Herrera, ya sirvió como presidente de la República en el período constitucional 1990-1995 y posteriormente candidateó de nuevo al cargo cuando las votaciones de 1999 y 2009, en las que quedó en tercer y segundo lugar, respectivamente; además, Lacalle Herrera legisló desde su escaño de senador en los quinquenios 1985-1990 y 2010-2015.

Uno de los bisabuelos de Lacalle Pou, Luis Alberto de Herrera y Quevedo (1873-1959), cuatro veces candidato presidencial, fue el fundador del Herrerismo, corriente blanca que bajo la jefatura de Lacalle Herrera, nieto por parte materna del patriarca familiar, dejó atrás el tradicionalismo ruralista de sus orígenes para adoptar el moderno liberalismo pro mercado. A su vez, Herrera y Quevedo era hijo de Juan José de Herrera y Pérez (1832-1898) y nieto de Luis de Herrera y Basavilbaso (1806-1869), dos de los principales caudillos de los primeros tiempos del nacionalismo

Las semblanzas periodísticas describen a Luis Alberto Lacalle júnior, morador de la Residencia Presidencial de Suárez y Reyes desde los 16 años junto con sus dos hermanos menores, Pilar y Juan José, como un muchacho rebelde, temperamental y amante del surf que no se amoldaba a los formalismos derivados de la posición institucional de su padre y que se resistía a seguir los pasos profesionales, primero en la abogacía y luego en la alta política, de sus distinguidos ascendientes.

Finalmente, prevalecieron los condicionantes familiares, así que, tras cursar el bachillerato en The British Schools, uno de los más selectos colegios privados de Montevideo, el primogénito del presidente realizó la carrera de Derecho en la Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL), por la que obtuvo el título de abogado en 1998. Sin embargo, no llegó a practicar la especialidad jurídica. Aleccionado por su madre, María Julia Pou Brito del Pino, quien animaba un movimiento propio, aliado del Herrerismo de su marido, en las estructuras del PN, Lacalle, mientras asistía a las clases de Derecho en la Universidad, empezó a desarrollar su militancia nacionalista en Canelones, ciudad del Área Metropolitana de Montevideo y capital administrativa del departamento homónimo. Para Lacalle, Canelones fue la base de operaciones de su incipiente carrera en la política representativa.

Cuquito, apodo con que era conocido el hijo de Lacalle sénior -a su vez llamado Cuqui-, ganó su primer mandato de diputado en las elecciones generales de octubre de 1999, a las que se presentó como candidato de Acción Comunitaria (Lista 400), una lista confeccionada por su propia madre, quien resultó electa senadora. En cuanto al padre, quedó tercero en las presidenciales que condujeron al Edificio Libertad al pretendiente del Partido Colorado (PC), en el poder, Jorge Luis Batlle Ibáñez. Pese a todo, Lacalle Herrera se mantuvo en la brecha política como presidente del directorio del PN. El 15 de febrero de 2000 Lacalle Pou, con tan solo 26 años, tomó posesión de su escaño en la Cámara de Representantes con un mandado quinquenal. Ese mismo año contrajo matrimonio con Lorena Ponce de León, técnica forestal y paisajista de profesión, quien iba a darle tres hijos, Luis Alberto, Violeta y Manuel.

Reelegido por Canelones en los comicios de 2004, durante la legislatura 2005-2010 Lacalle estuvo adscrito al Herrerismo y se desempeñó en la oposición parlamentaria al Gobierno izquierdista del Frente Amplio y el presidente Tabaré Vázquez Rosas. De cara a su tercera postulación consecutiva a la Asamblea General de Uruguay, que tocaba renovar el 25 de octubre de 2009, el diputado blanco optó por constituir un sector propio en el PN, Aire Fresco, cuyas listas legislativas eran la 400 en Canelones y la 404 en Montevideo. Lacalle hijo no tuvo problemas para convalidar su escaño de diputado, en tanto que Lacalle padre, aunque derrotado en la segunda vuelta de las presidenciales por el frenteamplista y antiguo guerrillero tupamaro José Mujica Cordano, pudo retornar a la Cámara de Senadores en representación de la plataforma blanca Unidad Nacional. Además, Lacalle Herrera sirvió por segunda vez como presidente del Directorio del PN, hasta junio de 2011.


2. Tentativa presidencial en 2014 y derrota por el frenteamplista Vázquez
La visibilidad pública de Lacalle Pou ganó una mayor nitidez a partir del 1 de marzo de 2011, fecha en que fue investido presidente de la Cámara de Representantes por un año, hasta el 1 de marzo de 2012, en sucesión de la frenteamplista Ivonne Passada Leoncini. La notoriedad adquirida en la Asamblea en estos meses animó al diputado a desvelar su precandidatura presidencial en mayo de 2013 con el respaldo de la facción blanca Unidad Nacional, es decir, el Herrerismo. Semanas después, el 25 de junio, el diputado presentó el espacio político Todos hacia Adelante, donde convergían las corrientes y sectores blancos Aire Fresco, Unidad Nacional, Soplan Vientos Nuevos, Más País, Espacio 40 y otros. La precandidatura, lanzada de manera oficial el 30 de marzo de 2014, iba a medirse en una elección interna abierta del PN en la que el cuerpo electoral los compondrían todos los electores censados de Uruguay.

El primero de junio de 2014, Lacalle, contra todo pronóstico y con el 54,4% de los votos, en términos absolutos 227.407 papeletas, se impuso en las primarias nacionalistas al favorito para llevarse la candidatura presidencial en la elección nacional del 26 de octubre de 2014: el senador Jorge Larrañaga Fraga, cabeza del sector Alianza Nacional, ex presidente del Directorio del PN (en estos momentos encabezado por Luis Alberto Heber Fontana) y un dirigente curtido en estas lides, pues en 2004 se había batido con Tabaré Vázquez en las presidenciales, quedando segundo, y cinco años después había contendido con Lacalle padre en la interna del partido.

Dos contrincantes testimoniales, Alfredo Oliú, de la tendencia Vos más Voz, y Álvaro Germano, de Propuesta y Acción Nacional (PAN), cosecharon el 0,1% de los votos entre los dos. Meses atrás, habían cancelado sus precandidaturas dos conocidos senadores blancos, Sergio Abreu Bonilla, de Dignidad Nacional, antiguo ministro de Relaciones Exteriores y de Industria, y Jorge Saravia Garassini, de Concertación Republicana, quien hasta 2011 había militado en el Frente Amplio: ambos optaron por adherirse a la plataforma de Lacalle. A continuación, en un esperado gesto de unidad de la familia blanca, Lacalle escogió a Larrañaga como compañero de fórmula y candidato a la Vicepresidencia.

Aupado a la condición de "gran esperanza blanca" de un partido imprecisamente situado en el centro-derecha, que en la mayor parte de su casi bicentenaria historia había estado desplazado del poder por el entonces dominante PC y que desde 2004 iba a la zaga del Frente Amplio (si se exceptuaban los ocho jefes de Estado con mandato anual durante el Consejo Nacional de Gobierno de 1959-1967, en sus dos siglos de existencia la República Oriental del Uruguay solo había tenido cinco presidentes blancos, el último de los cuales era Lacalle Herrera), Lacalle Pou presentó una agenda de Gobierno, Construyamos un país mejor, que incidía en la atención y mejora de aquellas áreas de gestión, como la educación y la seguridad ciudadana, donde el legado de una década de gobiernos frenteamplistas dejaba que desear.

Sin embargo, atacar al Frente Amplio por el flanco del balance de gobierno era una estrategia complicada, si no contraproducente. El competidor de Lacalle por el oficialismo era nada menos que el ex presidente Vázquez, un estadista de excelente reputación y con unas persistentes buenas notas en los sondeos de valoración de líderes. El veterano médico oncólogo con recorrido militante en el socialismo uruguayo era el principal responsable de la avalancha de éxitos socioeconómicos que desde 2005 había experimentado el país con menos habitantes (tres millones largos) de América Latina, avances que en líneas generales había preservado su sucesor, el popular Pepe Mujica.

Desde la celebración de las internas partidarias el 1 de junio, Vázquez se puso a liderar con autoridad todas las encuestas de opinión, casi siempre con más de un 40% de intención de voto y sacándole diez o más puntos de ventaja a su oponente blanco, el segundo mejor situado. Rehuyendo por tanto el tono confrontacional y el lenguaje descalificador –por otra parte, infrecuentes en el sistema democrático uruguayo, donde suele prevalecer el fair play entre adversarios políticos- y esforzándose en transmitir pragmatismo y moderación, Lacalle apostó fuerte por la imagen, proyectándose como un hombre juvenil, desenvuelto y empático con la gente, abierto a la informalidad y dispuesto a dar la campanada en "una elección por la positiva".

Este hincapié en la renovación generacional, físicamente obvia en relación con Vázquez porque la diferencia de edad entre los dos hombres era de 33 años, incluía un calculado distanciamiento de la obra de gobierno de Lacalle Herrera entre 1990 y 1995, quinquenio caracterizado por las reformas estructurales de signo neoliberal, un programa de privatizaciones que el referéndum de 1992 truncó parcialmente y sonados escándalos de presunta corrupción, los cuales dieron bastantes quebraderos de cabeza al padre del candidato hasta años después de abandonar el Ejecutivo. De hecho, el ex presidente se mantuvo bastante apartado de la campaña de su hijo.

Por otro lado, la estrategia de ofrecer frescura, dinamismo y renovación presentaba como vulnerabilidad la misma pertenencia de Lacalle a un partido y a una corriente históricos que para el frenteamplismo y la izquierda uruguayos seguían siendo uno de los rostro –junto con el PC, muy castigado por el electorado desde la gravísima crisis monetaria y bancaria de 2002, en tiempos de Batlle- del conservadurismo tradicional. Para Lacalle, no había problema en que se le llamara "conservador". Él se tenía por tal, pero en su acepción "liberal", según explicó en una entrevista concedida al diario español El País.

La bandera del progresismo social puntero en América Latina la blandía con fuerza el Frente Amplio, responsable, ahora con Mujica, de la despenalización del aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación, la legalización del matrimonio homosexual y una altamente polémica regulación del mercado de la marihuana para el consumo particular. Precisamente en estas sensibles cuestiones, que pugnaban con la moralidad de muchos uruguayos, tenía una oportunidad Lacalle para marcar distancias programáticas del Gobierno del Frente Amplio, al que el postulante liberal sí reconocía grandes logros, como la reducción de los niveles de pobreza.

Así, Lacalle aseguró que, de llegar a la Presidencia, derogaría "muchos artículos" de la legalización de la producción, distribución y venta de cannabis bajo control del Estado para los usos recreativos y medicinales de la droga, aunque permitiría el autocultivo casero de la misma. En cuanto al aborto, del que a título personal estaba en contra, prometió no tocar la ley aprobada en 2012, pero sí dejaría libertad de conciencia a los legisladores del PN si otro partido –que no podría ser más que el PC- promoviera una reforma legislativa para volver a prohibir la interrupción del embarazo.

En política exterior, Lacalle formuló un análisis muy crítico de la situación actual del MERCOSUR, bloque comercial caracterizado según él por el "mal funcionamiento" y que a su entender se había "desnaturalizado", hasta el punto de hacer de Uruguay su "rehén". El candidato no ocultaba su malestar con el Gobierno de Cristina Fernández de Argentina por sus medidas proteccionistas y sus trabas al desarrollo portuario y a las exportaciones por el Río de la Plata de la República Oriental, presa ahora mismo de un verdadero "aislamiento comercial" del que el país vecino era principal responsable.

En la elección del 26 de octubre de 2014 Vázquez, tal como se esperaba, fue con diferencia el candidato más votado, pero su 47,8% de apoyos le obligaba a disputar una segunda vuelta el 30 de noviembre con su directo perseguidor, Lacalle, que obtuvo el 30,9%. En tercer lugar, con el 12,9% de los sufragios, quedó el colorado Juan Pedro Bordaberry Herrán, hijo del fallecido presidente (1972-1976) Juan María Bordaberry Arocena. Al igual que había hecho en 2009 con Lacalle padre en relación con Mujica, Bordaberry se apresuró a pedir el voto colorado para el candidato blanco. A pesar de formarse la clásica piña blanca-colorada para frenar a la izquierda, Lacalle tenía escasas posibilidades de imponerse a Vázquez en el balotaje el 30 de noviembre: casi todos los sondeos publicados entre vuelta y vuelta confirieron al frenteamplista una ventaja de entre 9 y 17 puntos.

Ahora bien, aunque perdiese su envite presidencial, Lacalle, siguiendo el proceder de su padre en 2009, de seguro se haría con el escaño de senador, pues era el cabeza de lista a la Cámara alta por el sublema del PN Todos hacia Adelante. Al final no hubo sorpresas y Vázquez ganó su regreso a la Presidencia con el 56,6% de los votos.


3. Segunda candidatura por el PN y ajustada victoria en 2019
El 15 de febrero de 2015, dos semanas antes de la transferencia presidencial entre Mujica y Vázquez, Lacalle cambió el escaño de diputado por Canelones por el de senador. Desde el primer momento del nuevo curso institucional quedó claro que el dirigente blanco, a sus 41 años un político con dilatada experiencia, volvería a intentarlo en las presidenciales de 2019, aunque antes tendría que someterse a las primarias del PN.

En las elecciones internas nacionales del 30 de junio de 2019 Lacalle, amplio favorito en los sondeos con el eslogan de Un gobierno para evolucionar, encontró cuatro rivales: el veterano Jorge Larrañaga, líder del sector Juntos, formado por Alianza Nacional y Por la Patria; el empresario outsider Juan José Sartori Piñeyro, de Todo por el Pueblo; Enrique Antía Behrens, de Mejor País; y Carlos Iafigliola, de Adelante. Con más comodidad de la augurada a la luz de la briosa irrupción de Sartori en la competición interna del nacionalismo, el cabeza de Todos hacia Adelante se llevó la proclamación con el 53,7% de los votos. De inmediato, el candidato presidencial presentó como compañera de fórmula para la Vicepresidencia a Beatriz Argimón Cedeira, ex diputada y actualmente, desde abril de 2018, cuando cogió el testigo a Luis Alberto Heber, presidenta del Directorio del PN.

El 12 de agosto de 2019 Lacalle se dio de baja en el Senado para preparar su campaña electoral, a la que imprimió un tono más incisivo que la de 2014. Animado por el desgaste del Frente Amplio tras tres administraciones consecutivas, el postulante blanco se concentró en la crítica, respetuosa en las formas pero contundente en el fondo, a las gestiones de Vázquez en el Gobierno y del candidato presidencial del oficialismo, Daniel Martínez Villamil, en la Intendencia de Montevideo. Según Lacalle, la época de los logros económicos y sociales del Frente se había acabado y ahora Uruguay, presa de una rápida desaceleración del crecimiento vinculada a las turbulencias externas, estaba fracasando en el desarrollo de políticas generadoras de tejido industrial y empleo, malogradas por un manejo "irresponsable" de los dineros públicos y la acumulación de déficits y deudas, y quedándose rezagado en las dinámicas de inserción internacional, confección de alianzas, apertura de mercados, ganancia de competitividad e innovación.

Lacalle abogaba por una gestión pública que "cuidara el dinero de todos", procurando no gastar más de lo recaudado en virtud de una "regla fiscal", buscando "oportunidades de ahorro" y mejorando la "calidad" del gasto disponible. Ir hacia un Gobierno "responsable, austero y eficiente" en el uso de los recursos presupuestarios -sin, eso sí, "sacrificar objetivos que requieren mucha presencia del Estado", a fin de "igualar oportunidades" y "proteger a los mas débiles"- suponía poner en el punto de mira los gastos corrientes e improductivos del Estado. Ese era, explicaba el Programa de Gobierno del PN, un camino intermedio que evitaba la "alternativa entre el despilfarro y el ajuste", dos escenarios igualmente indeseables. La reorganización funcional, la desburocratización, la descentralización administrativa, la supresión de oficinas con competencias superpuestas, la mejora del sistema de compras públicas, y la transparencia y la rendición de cuentas eran actuaciones todas enmarcadas en esta estrategia.

Además de corregir la situación fiscal del Estado, la reactivación de la producción y el empleo requería medidas que mejoraran los niveles de competitividad y emprendimiento en todos los sectores económicos, en particular los que tenían como actores a las mipymes; estas debían ser favorecidas desde el Estado con un régimen fiscal más laxo, mejores oportunidades de financiación y ayudas a la capacitación y la reconversión de los trabajadores. Igualmente, urgía realizar fuertes inversiones en el desarrollo de las infraestructuras vial, ferroviaria y portuaria. Por lo que se refería al sector agropecuario, que aportaba el 80% de las exportaciones nacionales, este seguía siendo ciertamente la "locomotora de Uruguay", pero en los últimos tiempos esa locomotora estaba lastrada por unos costes de producción excesivos, con la consiguiente pérdida de competitividad. En la agenda de Lacalle no faltaba la preocupación por la preservación del medio ambiente, área para la que se crearía un Ministerio ad hoc, y la conservación de recursos naturales tan vitales como el agua, cuya disponibilidad y calidad se veían afectadas por la actividad económica agroindustrial.

El candidato y sus colaboradores aseguraban que un Gobierno mandado por el PN aplicaría una "diplomacia comercial" y una política exterior no movida por las "afinidades ideológicas", que era lo que habían hecho los Gobiernos del Frente, sino realineada con "los Derechos Humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho". Este nuevo enfoque entrañaba, por un lado, redoblar la estrategia de diversificación comercial y acceso a mercados internacionales como el chino y otros emergentes del área de Asia-Pacífico, pues se trataba de que Uruguay, con su reconocida capacidad agroexportadora y un potencial logístico infrautilizado, no siguiera constreñido y "aislado" en el MERCOSUR, bloque que, dicho era de paso, andaba necesitado de mucho "pragmatismo y flexibilidad".

Por otra parte, el replanteamiento de la política exterior significaba que Montevideo, haciendo un viraje de muchos grados, tomaría francas distancias del régimen venezolano de Nicolás Maduro y se acercaría al Grupo de Lima, cuyos integrantes mantenían una "posición firme" contra el hombre fuerte de Caracas por su "ruptura del orden democrático" y sus "violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos". Lacalle daba a entender que con él en la Presidencia, Uruguay abandonaría su posición mediadora "neutral", hasta ahora compartida con México, de pretendida equidistancia entre Maduro y el presidente opositor "encargado" de Venezuela, Juan Guaidó. Ahora bien, Lacalle no dijo que él fuera a meter a Uruguay en el Grupo de Lima ni tampoco a reconocer a Guaidó.

Otro capítulo central del Programa del PN era una reacción desde el Gobierno contra el palpable deterioro de la seguridad ciudadana, en un país con reputación de tranquilo y que tradicionalmente venía presentado algunas de las tasas de criminalidad más bajas de América Latina. La Policía y el aparato de seguridad del Estado debían estar "en condiciones de ejercer adecuadamente sus funciones de prevención, disuasión y represión del delito", manifestaba el documento.

Ahora bien, en el PN había quienes reclamaban actuaciones más enérgicas en este terreno. La posibilidad de una reforma constitucional en materia de seguridad era el contenido de un plebiscito que a iniciativa del senador y ex precandidato Jorge Larrañaga, promotor de la campaña Vivir sin miedo, iba a votarse simultáneamente a las elecciones generales. La reforma, que de salir adelante supondría la creación de una Guardia Nacional de naturaleza militar, el cumplimiento íntegro de penas por los reos de delitos particularmente graves, la instauración de la cadena perpetua revisable a los 30 años de reclusión permanente y la autorización a los agentes del orden para practicar allanamientos nocturnos con orden judicial, contaba con el rechazo unánime de los dirigentes del Gobierno, el Frente Amplio y la mayoría de los partidos, no solo de la izquierda. La consulta resultaba un tanto embarazosa para Lacalle. El candidato blanco no suscribía el plan Vivir sin miedo, varios de cuyos puntos le parecían problemáticos, si bien dejó la libertad de voto a sus militantes.

Tanto como la seguridad en las calles, a Lacalle le preocupaban los problemas de la desigualdad, la exclusión y los hándicaps de los colectivos vulnerables, así como el futuro de la seguridad social. Aquí, los blancos proponían una revisión de los regímenes de recaudación y pensiones complementarias administrados por el Banco de Previsión Social (BPS, que presentaba déficit y no podía cubrir sus gastos solo con los recursos propios, de manera que el Estado debía hacerle transferencias periódicas), poniendo énfasis en los fondos de ahorro individual. En cuanto a la muy avanzada "agenda de derechos" legada por los gobiernos del Frente, que incluía la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana, el matrimonio homosexual o la ley de protección de las personas transgénero, Lacalle dejó claro que no contemplaba cambios.

El 27 de octubre de 2019 Lacalle contendió en las urnas con el frenteamplista Martínez y otros nueve candidatos, de los que los más relevantes eran el aspirante del coloradismo, Ernesto Talvi Pérez, y Guido Manini Ríos, general retirado y hasta marzo de este año comandante en jefe del Ejército Uruguayo (puesto del que había sido destituido por el presidente Vázquez a raíz de cuestionar la actuación del Poder Judicial en los procesos por violaciones humanitarias cometidas en los años de la dictadura militar), quien se presentaba por su partido de corte derechista, Cabildo Abierto. Desde hacía meses las encuestas dibujaban el escenario de una segunda en la que se meterían Martínez y, claramente rezagado, Lacalle. En efecto, el resultado de la primera vuelta fue la victoria provisional del oficialista con el 39% de los votos y la posición de segundón para el dirigente blanco con el 28,6%. Por otro lado, el plebiscito en materia de seguridad no prosperó al no alcanzar los votos afirmativos el 50%, de manera que Larrañaga vio tumbada su iniciativa de reforma constitucional para "vivir sin miedo".

Una vez confirmado que disputaría el balotaje el 24 de noviembre, Lacalle se apresuró a negociar con varios de los candidatos derrotados un manifiesto unitario cuyo contenido ya había sido medio discutido antes del 27 de octubre. Los interlocutores eran Talvi por el PC, Manini por Cabildo Abierto, Edgardo Novick Varela por el Partido de la Gente y por el Partido Independiente Pablo Mieres Gómez, el único de los cinco orientado al centroizquierda.

El 1 de noviembre los cabezas de facción ya tenían ultimado el documento Compromiso por el País, que, yendo más allá del respaldo puntual a Lacalle frente a Martínez, tenía la mirada puesta en un Ejecutivo de coalición. El manifiesto, detallado hasta adquirir el fuste de un programa resumido de Gobierno, constaba de 13 "grandes líneas estratégicas", a saber: Un gobierno con las cuentas en orden; Un Estado inteligente y transparente; Empresas públicas al servicio de la gente; Impulso al crecimiento: desarrollo productivo y mejora de la competitividad; Inserción internacional: abrir mercados y hacer alianzas; Una Policía respetada, una sociedad pacífica; Una política de Defensa adecuada al siglo XXI; Transformar la educación; Proteger a los más débiles; Agenda de derechos; Proteger el mundo del trabajo; Cuidar la salud de los uruguayos; y Medio ambiente y bienestar animal. Juntos, los cinco partidos alcanzaban una mayoría absoluta de 56 diputados (sobre 99, de los que 30 eran nacionalistas) y 17 senadores (sobre 30, aportando una decena el PN).

El avance de los resultados de la segunda vuelta del 24 de noviembre situó a Lacalle en cabeza con una ventaja sobre Martínez inesperadamente exigua: el 48,7% de los votos para el blanco y el 47,5% para el frenteamplista. Los comentaristas señalaron que la pérdida de tres puntos de intención de voto por Lacalle y la ganancia de otros tantos por Martínez al término de la campaña podía obedecer a la visibilidad del estamento militar tras la plataforma del ex general Manini, cofirmante que era del Compromiso por el País, y al llamamiento hecho por el líder derechista a los miembros de las Fuerzas Armadas para que no votaran por el Frente.

Con todo, se trataba del escrutinio primario, que no tomaba en cuenta la totalidad de los votos observados. Para determinar la candidatura ganadora sin asomo de dudas fue necesario proceder al más exhaustivo escrutinio departamental. El 28 de noviembre este conteo arrojó una diferencia "insuperable" a favor de Lacalle, Aun así hubo que recurrirse a una proclamación oficial de la Corte Electoral, la cual el 30 de noviembre confirmó que Lacalle era el próximo inquilino de la Torre Ejecutiva con el aval de los 48,88% de los votos emitidos, punto y medio más que la fórmula perdedora. De inmediato, Lacalle, tras recibir por fin la felicitación de su renuente adversario oficialista, pronunció ante una multitud en la capital su primer discurso como presidente electo, con un mandato de cinco años que inauguraría el 1 de marzo de 2020.

(Cobertura informativa hasta 1/12/2019)