Luis González Macchi

Miembro de la élite tradicional, su padre es Saúl González Insfrán, ministro de Justicia y Trabajo en la década de los setenta y parte de los ochenta, y subjefe de la Policía en los años sesenta, durante el régimen dictatorial del general Alfredo Stroessner Matiauda (1954-1989). Recibió estudios primarios en la Escuela República del Brasil, secundarios en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y universitarios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, donde obtuvo el título de abogado. En 1970 fue becado para realizar un curso de pasante en España y en 1979 participó en seminarios sobre capacitación de recursos humanos y gerencia en centros especializados de Italia, Alemania, Reino Unido, Suiza y Portugal. En sus años jóvenes practicó también el baloncesto profesional, llegando a formar parte de la selección nacional de esta especialidad deportiva.

Funcionario leal a la dictadura stroessnerista, Macchi fue responsable del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo, cuyo titular era entonces su padre, y desde los primeros años setenta encabezó numerosas misiones oficiales en el extranjero, como las realizadas por el Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional en América Latina (Cinterfor), en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como miembro de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR-PC), formación política nacida el 11 de septiembre de 1887 y que rige los destinos del Paraguay desde el año en que nació él, 1947, proviene de la fracción interna Movimiento de Reconciliación Colorada (MRC) que lideraba Luis María Argaña Ferraro, un vehemente partidario de Stroessner que tras el derrocamiento del dictador en febrero de 1989 por su consuegro, el general Andrés Rodríguez Pedotti, sirvió como ministro de Asuntos Exteriores antes de alcanzar la jefatura del partido.

De postulados un tanto nebulosos en un partido populista y clientelista donde la personalidad de los caudillos importaba, con mucho, más que un ideario o un programa nítidos, el MRC estaba identificada como la familia más conservadora y retardataria del coloradismo, valedora de la retórica tradicional y reacia a las reformas que fueran contra el modelo de economía estatista y regulada. Macchi, pese a haber expresado su fidelidad a Stroessner aun después del derrocamiento del dictador, pasaba por un dirigente moderado, escorado al centro y sobrio en sus manifestaciones públicas

Durante la presidencia de Juan Carlos Wasmosy Monti (1993-1998), el dirigente colorado designado por Rodríguez para sucederle y que emprendió las reformas financieras y de mercado arriba mencionadas, Macchi escaló posiciones de influencia interna y se situó en el núcleo de colaboradores directos de Argaña, entre los que también figuraba un reciente tránsfuga del oficialismo de Wasmosy, el ministro de Educación y Ciencia Nicanor Duarte Frutos. Institucionalmente, a lo largo del quinquenio Macchi fungió como diputado de la Cámara baja del Congreso Nacional, donde los argañistas plantearon una verdadera oposición a Wasmosy no obstante compartir filiación partidista.

En un contexto de agudos enfrentamientos en el seno del coloradismo, Argaña descalificó el resultado de las elecciones primarias del 7 de septiembre de 1997 que definieron el candidato del partido para las presidenciales nacionales de 1998. Éste fue, por estrecho margen, el general Lino César Oviedo Silva, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas destituido en abril 1996 por Wasmosy, cabeza de la fracción Unión Nacional de Colorados Éticos (UNACE), enemigo jurado de Argaña y caudillo de personalidad megalómana y discurso mesiánico, considerado por muchos colorados un advenedizo de la política.

Pero ahora, Wasmosy, hasta los forcejeos de 1996 vinculado al oviedismo más por necesidad práctica que por convicción, mandó arrestar al general sobre la base de su insubordinación aquel año, en un claro movimiento dirigido a frustrar toda posibilidad de que el perturbador pero innegablemente popular Oviedo llegase al poder. No obstante el escándalo levantado por la interdicción sobre Oviedo, en la ANR-PC se impuso un esfuerzo de unidad interna ante la oposición oficial, que tras medio siglo de dominio absoluto de los colorados se aprestaba a realizar un avance electoral decisivo. En esta transacción, Raúl Cubas Grau, compañero de fórmula de Oviedo en las primarias, tomó la candidatura presidencial del partido, mientras que Argaña fue designado para la Vicepresidencia de la República y Macchi para la Presidencia de la Cámara de Senadores. El nuevo triunfo de la ANR-PC en los comicios del 10 de mayo de 1998 situó a los tres en estas poltronas principales del organigrama institucional.

La decisión de Cubas de indultar a Oviedo inmediatamente después de asumir el 15 de agosto de 1998 provocó una crisis política extraordinariamente grave al plantear su frontal oposición a la medida tanto los partidos de la oposición como el bloque argañista, el cual, con el apoyo de Macchi desde la Cámara de Senadores, impulsó un proceso de destitución del presidente por la Cámara alta. Pero el 23 de marzo de 1999 Argaña fue acribillado a tiros en Asunción en un atentado que se atribuyó a pistoleros progubernamentales y los acontecimientos tomaron un cariz explosivo. El 28 de marzo, al cabo de masivas protestas callejeras en la capital del país exigiendo la renuncia de Cubas y la detención de Oviedo, y del asesinato de nueve manifestantes por paramilitares presuntamente oviedistas emboscados en las azoteas, el presidente se vio forzado a dimitir y acto seguido Macchi prestó juramento en el Congreso como presidente constitucional, en una ceremonia cargada de emotividad y que fue jubilosamente seguida por la población, que interpretaba lo sucedido como una suerte de segunda revolución democrática en el país.

En su primera rueda de prensa, Macchi, resuelto a mantenerse en el puesto hasta completar el mandato de Cubas en agosto de 2003 (lo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia el 24 de abril), declaró que iba a acabar con la impunidad de los corruptos, a desterrar el crimen de la vida política y a asegurar el cumplimiento de la sentencia de prisión impuesta al recalcitrante general. Apuntando a esas promesas, no tardaron en anunciarse la captura de los sospechosos de causar la matanza los manifestantes del 26 de marzo y una purga de funcionarios leales a Cubas, incluido su hermano Carlos, último ministro del Interior. Contra Oviedo, escapado a Argentina, se lanzó una orden de extradición para su retorno a prisión.

El 30 de marzo Macchi anunció un Gobierno de Unidad Nacional que, por primera vez, integraba a los partidos de la oposición. El heterogéneo gabinete reunía al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), al centroizquierdista Partido Encuentro Nacional (PEN) y, por supuesto, a colorados del MRC, algunos de ellos fuertemente vinculados a la tradición del stroessnerismo. El PLRA y EN recibieron cuatro carteras ministeriales, entre ellas las de Asuntos Exteriores, para Miguel Abdón Saguier, e Industria y Comercio, para Guillermo Caballero Vargas, destacadas figuras del primer y segundo partidos, respectivamente. La ANR-PC contó con seis ministros, entre ellos Nelson Argaña Contreras, hijo del vicepresidente asesinado, en Defensa. UNACE fue excluida del nuevo Ejecutivo y sus dirigentes acusaron a Macchi y a la oposición de haber emprendido una caza de brujas contra ellos, temiendo que la llamada por la prensa "coalición de marzo", formada por wasmosistas, argañistas, liberales y encuentristas.

En el plano exterior, la administración de Macchi procedió al restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, el 8 de noviembre de 1999, y se enredó en sendos contenciosos con Argentina y Brasil, socios en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), a causa de los asilos brindados a Oviedo y Cubas por los respectivos gobiernos de Carlos Menem y Fernando Cardoso. Durante su presidencia, Macchi hizo de anfitrión en Asunción de las cumbres presidenciales del MERCOSUR XVI, el 14 y el 15 de junio de 1999, y XX, el 21 y el 22 de junio de 2001.

La situación legal de Oviedo y el profundo descontento de sus seguidores, que se resistían a ser marginados del juego político, siguieron gravitando sobre la labor del flamante presidente como una espada de Damocles. Así, el 9 de diciembre de 1999 las Fuerzas Armadas fueron acuarteladas después de que las autoridades declarasen al general golpista "fuera de control", esto es, desaparecido, a raíz del dictado por la justicia paraguaya de una nueva orden internacional de captura, mientras que sus homólogas argentinas, justo cuando Macchi visitaba Buenos Aires para asistir a la toma de posesión presidencial de Fernando de la Rúa, declaraban desconocer su paradero. Oviedo pasó a la clandestinidad horas antes de que Menem, su protector de hecho, abandonara el Gobierno argentino. En lo sucesivo, el general se movió libremente por la zona fronteriza del río Iguazú, a caballo entre Argentina, Brasil y Paraguay, y se dedicó a llamar por teléfono a medios de comunicación y comunidades rurales paraguayos instándoles a "derrocar de cualquier forma" al "Gobierno ilegítimo" de Macchi. Pero todo indica que el militar no se conformó con subvertir sólo mediante comunicados.

El 18 de mayo de 2000 se produjo otro grave zarpazo contra la estabilidad institucional cuando militares simpatizantes del general intentaron un golpe de Estado en toda regla en Asunción, aunque la intentona estuvo rodeada de confusión y dudas. Macchi hubo de declarar el estado de excepción por un mes, período en el cual quedaron suspendidas varias garantías constitucionales, y logró reconducir la situación rápidamente gracias al apoyo del grueso del Ejército y de toda la comunidad internacional. Según los hombres de Macchi, los facciosos habían planeado asesinar al presidente, dos ministros y varios políticos oficialistas.

Al amparo del estado de excepción, que permitía las detenciones de ciudadanos por decreto ejecutivo sin mandamiento judicial, el Gobierno ordenó la captura y encarcelamiento de cerca de un centenar de personas del entorno oviedista presuntamente involucradas en el golpe, civiles y militares, inclusive cuatro diputados y un general en la reserva. También fueron arrestados algunos periodistas distinguidos por sus diatribas antigubernamentales, una categoría de represaliados que espoleó las denuncias de abusos en la aplicación del estado de excepción y las acusaciones contra Macchi de usar la intentona de Oviedo como pretexto para silenciar a sus críticos. Los militantes de UNACE advirtieron que el oficialismo se disponía a ponerles fuera de la ley, si bien este extremo no se realizó, y negaron su participación en la intentona; antes bien, señalaron a Macchi como autor o beneficiario de un falso golpe urdido por el oficialismo con el propósito de afianzarse en el poder, una hipótesis harto arriesgada a la que se abonaron algunos analistas políticos.

Por lo que respecta a Oviedo, el oficialismo puso precio a su cabeza, y no en un sentido meramente figurado, ya que se habló de una recompensa de un millón de dólares para quien facilitara su captura. El 11 de junio el contumaz y escurridizo general fue arrestado en un apartamento de Foz de Iguazú disfrazado y portando un revólver y varios teléfonos móviles. A la espera de recibir la demanda de extradición paraguaya, las autoridades brasileñas le recluyeron en una prisión federal de Brasilia en medio de extremas medida de seguridad. Ahora bien, esta privación de libertad no supuso, en absoluto, el final de las maniobras insidiosas de Oviedo, tributario de una cuota de apoyo popular siempre elevada, sobre todo en los medios rurales, y que a esas alturas ya sería presidente de la República de no haber salido a frustrar su imparable carrera ascendente una heteróclita coalición de enemigos. Para julio de 2001 el general ya estaba fuera de la cárcel y en un regalado régimen de residencia vigilada en una mansión de Brasilia que le permitía desarrollar sus actividades favoritas: realizar proclamas salvíficas de la patria, hacer propaganda de su victimismo y conspirar.

Antes de esta enésima convulsión política relacionada con las luchas fratricidas del coloradismo, el 6 de febrero de 2000 el Gobierno ya entró en crisis con el anuncio por el PLRA de su retirada tras fracasar las negociaciones con Macchi sobre un nuevo reparto de carteras y entre acusaciones de corrupción. La espantada resultó rentable a los liberales, ya que el 13 de agosto su líder, Julio César Franco Gómez, alias Yoyito, venció por la mínima a Félix Argaña Contreras, otro de los hijos de Luis María Argaña, en las elecciones directas para el puesto de vicepresidente de la República, que permanecía vacante desde el magnicidio de 1999.

El triunfo de Franco, sin precedentes en un país que, luego de los desalojos vía elecciones del PRI en México y el Kuo Min-tang en Taiwán ese mismo año, pasó a encabezar la relación de regímenes de partido hegemónico más longevos del planeta (dos sistemas de partido comunista único férreamente instalados como son las dictaduras de Corea del Norte y China Popular se remontan a 1948 y 1949, respectivamente), se interpretó tanto un avance fundamental en las expectativas opositoras de desplazar de la Presidencia de la nación a los colorados dentro de tres años como un rudo golpe a la autoridad de Macchi, toda vez que Franco había recibido el voto de UNACE por instrucción de Oviedo a sus huestes, y que, al margen de esta circunstancia, el líder liberal estaba por la labor de segar la hierba a los pies de Macchi, con la mirada puesta en la liza de 2003.

El portazo del PLRA desde dentro, las arremetidas desestabilizadoras de los oviedistas desde fuera y el fracaso del coloradismo en las elecciones a la Vicepresidencia eran otras tantas expresiones en el frente político e institucional de un creciente descontento general por la gestión de Macchi, el cual perdía apoyos y credibilidad a marchas forzadas, un problema que se veía agravado por el, al opinar de muchos, déficit democrático de quien no se hallaba en el puesto por voluntad de las urnas. En marzo, el presidente, acompañado por miembros de su familia, fue abucheado y apedreado en Asunción cuanto intentó apaciguar a 10.000 manifestantes convocados por organizaciones cívicas que exigían el final de la corrupción en el Gobierno, el impulso a la reforma agraria y una política económica firmemente comprometida con la dotación de oportunidades de trabajo, la creación de prosperidad y la mejora de las condiciones de vida.

Tras los sucesos de mayo se instaló la opinión mayoritaria, plenamente corroborada poco después, de que la detención de Oviedo iba a ser sólo un respiro temporal para Macchi, quien para entonces gozaba, según los sondeos de opinión, de un índice de aceptación popular apenas por encima del 10%, pudiéndose hablar ya de presidencia fracasada al año escaso de haberse iniciado. Las expresiones de incompetencia, desorientación, falta de liderazgo, autismo político y, finalmente, venalidad, empezaron a diluviar sobre Macchi mientras el país experimentaba un imparable deterioro en sus condiciones sociales y económicas. Con acritud, sus detractores le reconocían a Macchi ser perito únicamente en sofocar incendios y postergar problemas. De un ambicioso plan de reactivación económica anunciado a bombo y platillo nada más se supo, mientras que la concesión por el FMI de un nuevo crédito stand by estaba sujeta a la realización de una reforma integral del Estado, afectando al sistema tributario, la banca y las empresas públicas prestatarias de servicios, y la previsión social. En realidad, los tres años de presidencia que le quedaban a Macchi iban a ser un calvario político y personal, que no otra cosa se antoja la sucesión de calamidades que fue encajando.

En mayo de 2001 la Fiscalía General del Estado sacó a relucir su nombre en la investigación de sendos desvíos ilegales sumando los 16 millones de dólares pertenecientes a la liquidación de los bancos Unión y Oriental, dinero que, supuestamente, habría ido a parar a una cuenta bancaria de una sucursal del Citibank en Nueva York a nombre de una fundación humanitaria que se disponía a efectuar una donación de ocho millones de dólares a una consultora de la hermana del presidente, la notaria Judith González Macchi. En esta turbia operación financiera, calificada de "alto rendimiento", fueron implicados además -y nada menos que- otro hermano del presidente, José Ignacio González Macchi, que ejercía de juez, su padre Saúl, que estaba contratado como asesor, su tío paterno, Agustín González Insfrán, también asesor presidencial y quien debió renunciar a la Coordinación del Consejo contra la Corrupción, la primera dama, Susana Galli de González Macchi, y el esposo de ésta, el abogado Jorge Galli Romañach. Todos ellos, además de varios altos funcionarios allegados, fueron llamados a declarar ante los fiscales de delitos económicos.

A los presuntos actos de corrupción del entorno presidencial ligados a un proceso de privatizaciones que legalmente recibió el banderazo de salida en la Cámara de Senadores el 9 de mayo de 2000 afectando a la telefónica estatal Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antelco), la distribuidora de agua potable Corporación de Obras Sanitarias (Corposana) y el obsoleto Ferrocarril Central del Paraguay, y que se estaba desarrollando de manera caótica, se sumaron las denuncias periodísticas de chanchullos, tan insólitos en un Estado de derecho, como la adquisición para el parque móvil presidencial de un lujoso vehículo BMW robado a un particular en Brasil, o el rosario de corruptelas y negocios sucios de miembros del Gobierno y otros personajes vinculados al oficialismo, desde tramas para sustraer recaudaciones fiscales hasta operaciones de contrabando y piratería de productos de consumo.

Con todas estas denuncias sobre la mesa, el 24 de mayo el PLRA presentó una petición formal de juicio político al presidente en la Cámara de Diputados por "mal desempeño de sus funciones", "comisión de delitos en razón de su cargo" y "comisión de delitos comunes", y aunque la iniciativa no prosperó por el momento, el crédito de Macchi tocó fondo a los ojos de una ciudadanía indignada.

Por otra parte, en las elecciones internas del coloradismo del 6 mayo de 2001 para la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR-PC el vencedor fue Nicanor Duarte, aspirante en representación del MRC pero con una plataforma política propia, de talante renovador, que le había distanciado de la familia Argaña, y muy crítico con los desbarajustes y los escándalos de Macchi, no obstante haber formado parte del Gobierno hasta la víspera. El pretendiente respaldado por Macchi, Bader Rachid Lichi, senador y jefe de la fracción minoritaria Movimiento Unidad de Reencuentro Colorado (MURC), sólo obtuvo el 18% del voto de la militancia, mientras que el tercero en discordia, el oviedista Carlos Galeano Perrone, casi recibió el doble de apoyos que aquel.

En estas circunstancias, el rotundo triunfo de la ANR-PC en las elecciones municipales de noviembre fue capitalizado, más que por Macchi, por Duarte, que olía a presidenciable y a caballo ganador. Este año infausto para el presidente no acabó sin una pésima noticia, el 17 de diciembre: la desestimación por el Tribunal Federal Supremo brasileño de la extradición de Oviedo para que cumpliera la pena de 10 años de cárcel que le impuso una corte militar en 1998 por la sedición de 1996 y para que respondiera por los crímenes antiargañistas de marzo de 1999, con el argumento de que dicha demanda estaba políticamente motivada.

2002, el penúltimo año, fue para Macchi un desgranar continuo de resbalones y fracasos, pero el presidente, inopinadamente se sostuvo. El 5 de febrero, siguiendo el vericueto tomado por un buen número de altos funcionarios del Gobierno y la administración, presentó la dimisión el ministro del Interior, Julio Fanego, acosado por denuncias sobre que conocía el paradero de dos políticos marxistas desaparecidos y luego rescatados por sus familias tras dos semanas de torturas por efectivos del aparato de seguridad del Estado.

El 4 de abril el fiscal general del Estado acusó formalmente a Macchi de haber sido él quien incitó al desvío ilegal de los 16 millones de dólares pertenecientes a la liquidación de los bancos Unión y Oriental. En mayo, el presidente fue denunciado por la Contraloría General de la República por "lesión de confianza" en el proceso de privatización de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco, ex Antelco). Según el contralor, en la escrituración de Copaco se había producido un desvío irregular de más de 500.000 dólares, aparentemente idos a parar a un notario amigo de Macchi contratado para redactar el documento, cuando dicho trámite notarial debía estar a cargo de la escribanía general del Gobierno. Además, era motivo de escándalo la decisión del Gobierno de tasar la venta de Copaco en 200 millones de dólares, cuando el precio original había sido de 400 millones.

El 4 de junio el Gobierno, para desactivar una formidable protesta de los trabajadores afectados secundados por miles de campesinos, suspendió indefinidamente la privatización de Copaco, y dos días después la Cámara de Senadores, reunida en sesión urgente y extraordinaria, derogó la Ley de la Reforma del Estado aprobada dos años atrás, con lo que todos los esfuerzos invertidos en unos procesos de privatización tan tortuosos como impopulares fueron borrados de un plumazo. El golpe de gracia al plan del Gobierno partió del propio partido del presidente, lo que hizo más duro el revés. Sólo con la venta de Copaco, Macchi esperaba ingresar 400 millones de dólares para el Estado, cantidad sobre la que había hecho descansar la planificación de inversiones públicas capaces de producir la apremiante reactivación económica, toda vez que 2001 había terminado con un agónico 0,8% de crecimiento del PIB por segundo año consecutivo, una tasa ampliamente inferior al crecimiento demográfico.

A lo largo del verano el fantasma del omnipresente Oviedo volvió a acechar. El 15 de julio Macchi decretó por segunda vez en dos años el estado de excepción para contener una violenta ola de disturbios que dejó dos muertos, un centenar de heridos y 250 detenidos. El oficialismo achacó las agitaciones a UNACE. Aunque la restricción constitucional fue levantada a las 48 horas, los ánimos políticos continuaron caldeados por los rumores de la inminente dimisión del presidente y de la existencia de una operación colorada para poner en su lugar al titular de la Cámara de Senadores, Juan Carlos Galaverna, considerado afín al influyente grupo de Wasmosy.

Lo que sí quedaba claro es que los sectores de Duarte y Galaverna deseaban remover de su cargo al vicepresidente Franco, al que acusaban de conchabarse con Oviedo -quien en septiembre se encargó de atizar la situación instando desde Brasil a "poner orden en el país" y a "sacar de raíz a estos demonios que hambrean nuestras familias y ensucian la nación"- para derrocar a Macchi y de ser el promotor de las últimas algaradas civiles, que empezaron a tomar el cariz de motines de hambre. De todas maneras, no hubo necesidad de un procedimiento de destitución contra Franco porque el 16 de octubre el líder liberal resignó voluntariamente para preparar su candidatura presidencial en 2003. Para Macchi, esta mudanza de su incómodo colega institucional se tradujo, de hecho, en términos de más vulnerabilidad política, ya que, mientras estuvo en el cargo, Franco había disuadido a los enemigos colorados de Macchi de embestir contra él en el Congreso ya que su caída habría colocado automáticamente en la Presidencia al dirigente opositor, algo que no podían tolerar.

El 5 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta un proyecto de ley que pretendía impulsar un juicio político a Macchi basado en las acusaciones de desvío de fondos de los bancos intervenidos y de uso abusivo de gastos reservados a la Presidencia en relación con la privatización de Copaco y la compra del lujoso vehículo robado en Brasil. Apurado por la perspectiva de un despido ignominioso, Macchi propuso a los legisladores renunciar al puesto inmediatamente después de las elecciones generales del 27 de abril de 2003, acortando en cerca de cuatro meses su mandato, pero la oferta cayó en saco roto. El 23 de diciembre la Cámara de Senadores se erigió en tribunal político, dando comienzo el proceso legal de impeachment.

La votación de la destitución se fijó para el 11 de febrero, pero a comienzos de mes Duarte, a pesar de haber arremetido durísimamente contra el oficialismo en el Gobierno, anunció que los senadores bajo su control iban a impedir la caída del presidente, que requería una mayoría de dos tercios, es decir, 30 de los 45 legisladores. Se especuló con que el motivo fundamental de Duarte para salvar a Macchi no era otro que, como antes con Franco, impedir el salto a la Presidencia del controvertido Galaverna, primero en la línea institucional de sucesión ante la vacancia en la Vicepresidencia de la República. En efecto, el día decisivo de su juicio político Macchi salió airoso con el resultado de 25 votos a favor de la destitución y 18 en contra. Visiblemente aliviado, el presidente declaró que el fallo parlamentario había "salvado a la República" y a él le había fortalecido "como político" para gobernar con "mayor firmeza y esfuerzo" en la lucha contra la corrupción, por más que el proceso había merecido la indiferencia del público y todo él se había desvirtuado desde el momento en que quedó claro que a los barones del coloradismo no les interesaba tanto depurar las responsabilidades de Macchi como atender a sus intereses y regateos de poder.

No obstante aquella su opinión personal, Macchi continuó en la Presidencia dispuesto a agotar su mandato con el crédito político destruido. En la campaña para las presidenciales fue un referente del que los dos hombres con los que había compartido el poder, Duarte y Franco, tuvieron buen recaudo en desligarse. Tal como apuntaban las encuestas, el 27 de abril la victoria fue para Duarte, con lo que a Macchi le quedó el consuelo de traspasar el testigo el 15 de agosto a un miembro de su mismo partido, formación que, de una manera asombrosa, ha sido capaz de prolongar su firme tenencia de las riendas del poder en el Paraguay al cabo de una década de guerra civil en su seno, desgobierno nacional, corrupción galopante y debacle social y económica. Sobre este último capítulo, que abundaba en la pesada herencia que iba a asumir Duarte, raro era el indicador que no causaba alarma.

La recesión económica se profundizaba, tal que se esperaba un balance anual del PIB por lo menos igual de negativo, el -2,2%, con que cerró 2002, el peor rendimiento desde 1983; el guaraní se había depreciado un 50% con respecto al dólar y los precios habían crecido en 2002 un 14,6% frente al índice inflacionario del 7,7% de 2001; la deuda pública externa había saltado de los 1.600 millones de dólares que marcaba a finales de 1998 a los 2.300 cuatro años después; en ese mismo período, las reservas internacionales de divisas habían descendido desde los 1.030 millones de dólares a sólo 670; el déficit fiscal alcanzaba niveles históricamente altos y superaba ya los 200 millones de dólares, paralelamente a la agudización de la evasión de impuestos, de suerte que el Estado no recibía ingreso fiscal alguno de tres cuartas partes de las rentas y las actividades sujetas a tributación Por si eso fuera poco, el ingreso por habitante marcó el séptimo año consecutivo de descensos, la desocupación afectaba al 18% de la población activa (el dato era gubernamental, si bien expertos creían que la cifra real podría alcanzar el 35%) y la pobreza golpeaba en alguna de sus formas a más de la mitad de los paraguayos, todo lo cual consolidaba al Paraguay como el país menos desarrollado de Sudamérica después de Bolivia.

Los últimos meses de la presidencia de Macchi transcurrieron sin nuevas agitaciones políticas dignas de mención. En el terreno internacional, el mandatario saliente acogió en Asunción la XXIV Cumbre del Mercosur el 18 de junio. El 15 de agosto Macchi entregó los atributos del poder a Duarte a través del titular del Congreso, Carlos Mateo Balmelli, y pronunció un discurso de despedida en el que reconoció que su gobierno no había tenido "los resultados deseados en la lucha contra la corrupción, en el objetivo de elevar el crecimiento económico, en la solución óptima de los problemas sociales y en la reactivación económica del sector industrial", si bien reivindicó haber recibido un país "un grave y dramática crisis política" para entregarlo "pacificado y con todas las instituciones funcionando".

Al ahora ex presidente se le presenta un futuro personal incierto, pues en vísperas de su salida del poder la Justicia volvió a rendirle cuentas. El 13 de agosto una fiscal del Estado le imputó nuevamente en el caso del pago irregular al notario Jorge Fernández Zaván por la transacción de Copaco. Al día siguiente, en respuesta a la petición del Ministerio Fiscal, el juez Hugo Sosa Pasmor prohibió a Macchi abandonar el país en el marco del otro proceso que tenía abierto, el del presunto fraude en la transferencia de fondos de los bancos Unión y Oriental al Citibank, al hallar en su actuación indicios de los delitos de "lesión de confianza y asociación criminal". Antes de conocer estas graves acusaciones, Macchi había declarado su intención de trasladarse a Miami nada más dejar la Presidencia para "tener una segunda luna de miel" con su esposa.

(Cobertura informativa hasta 1/9/2003)