Efraín Ríos Montt

La terrible guerra civil que asoló Guatemala entre 1960 y 1996, con un balance estimado de 200.000 muertos y desaparecidos, alcanzó sus máximas cotas de violencia en los 17 meses, entre 1982 y 1983, que el general Efraín Ríos Montt detentó el poder en la nación centroamericana. Aupado a la presidencia de la República por los oficiales que derrocaron al general Romeo Lucas, el nuevo dictador, ferviente ministro de una iglesia evangélico-pentecostal, implantó un Gobierno castrense puro y duro que suprimió el anterior régimen reaccionario de corte cívico-militar y traía ímpetus de transformación nacional. Así, la extrema derecha tradicional, ultraconservadora y oligárquica, fue desplazada por un nuevo radicalismo antirrevolucionario que combinaba las declaraciones de desarrollo social de indígenas y campesinos, y de guerra de exterminio de las guerrillas comunistas que buscaban reclutarlos.

Convencido de su misión político-religiosa, Ríos Montt dotó al terrorismo de Estado, bien presente desde mucho antes del golpe de 1982, de un carácter sistemático al hacerlo parte integral de un plan global de reorganización del país que supuso la militarización del campo por el Ejército y las Patrullas de Autodefensa Civil. Todo ello se tradujo en la matanza generalizada y sin restricciones legales de aquellos, campesinos mayas fundamentalmente, a los que supuestamente se venía a liberar. Un mínimo de 10.000 ejecutados extrajudiciales, decenas de grandes masacres, centenares de aldeas arrasadas y más de 100.000 refugiados fueron el estremecedor balance de los planes y operaciones, ejemplo insuperable de las tácticas de tierra quemada, ejecutados por el fanático gobernante de facto.

El delirio mesiánico de Ríos Montt llegó a su fin en agosto de 1983 merced a otro golpe de Estado, el comandado por su ministro de Defensa, el general Óscar Mejía. Tras su remoción, Ríos Montt buscó con ahínco regresar al poder con el traje de civil y por la vía democrática. Jefe de un partido propio, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), de derecha populista y enemigo declarado de la vieja plutocracia, El General fue inhabilitado para presentarse a las elecciones presidenciales de 1990 y 1995 al tratarse de un ex dictador, pero su formación ganó las legislativas de 1994, lo que le convirtió en presidente del Congreso hasta 1996.

Cuatro años después, su sustituto en la candidatura, Alfonso Portillo, ganó las presidenciales, dando comienzo un período de dominio eferregista en el que el anciano ex militar volvió a liderar el Congreso, mientras su protegido se hundía en el descrédito por los escándalos de corrupción y, sobre todo, por el jueves negro de julio de 2003, cuando bandas de riosmontistas armados desataron el caos en la capital para forzar a los tribunales a registrar la postulación de su caudillo. Al final, en una maniobra abiertamente inconstitucional, la magistratura cedió a las pretensiones de Ríos Montt, sólo que el electorado tomó nota de sus coacciones al orden democrático y lo castigó en las urnas relegándole al tercer puesto.

Desde 2000, cuando la Audiencia Nacional de España admitió una denuncia de Rigoberta Menchú y se declaró competente para procesar al político guatemalteco con carácter extraterritorial por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, Ríos Montt afrontó reiterados intentos, a partir de 2001 también domésticos, de que rindiera cuentas penales por las masivas violaciones de Derechos Humanos cometidas bajo su presidencia. Las diligencias judiciales dieron un salto cualitativo en 2005, tras expirar la década en que había gozado de inmunidad parlamentaria, con la orden internacional de captura emitida desde España por su presunta responsabilidad de crímenes universales, pero en 2008 el escurridizo dirigente, que en 2010 renunció a la secretaría del FRG (sumido en un declive imparable), volvió a hacerse con el fuero de congresista que le hacía inmune y de paso impune.

Los supervivientes y los familiares de las víctimas de las masacres perpetradas en 1982-1983, pacientes y tenaces, tuvieron que esperar hasta enero de 2012, cuando terminaba el mandato legislativo de Ríos Montt, para ver actuar de nuevo a la justicia penal guatemalteca. Rápidamente, se formularon dos pliegos de acusaciones por genocidio y crímenes contra la humanidad en sendas causas procesales que los abogados del imputado, perito en las maniobras dilatorias para eludir a fiscales y jueces, buscaron bloquear con argucias legales y tecnicismos. En marzo de 2013, finalmente, arrancó en Ciudad de Guatemala el primero de los juicios, calificado de histórico por las organizaciones humanitarias, contra Ríos Montt. En mayo siguiente, el acusado fue condenado a 80 años de prisión, pero a los pocos días la sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad aduciendo fallos de procedimiento. Los reiterados intentos subsiguientes de repetir el juicio no prosperaron. En 2018 Ríos Montt falleció libre de pena carcelaria a la edad de 91 años.

(Texto actualizado hasta abril 2018)

1. Currículum militar y tentativa presidencial en 1974
2. La dictadura militar de 1982-1983: mesianismo y masacres
3. Regreso al primer plano político en la democracia civil
4. El FRG en el poder con la Administración Portillo; los primeros intentos de procesamiento
5. La candidatura presidencial de 2003: controversia legal y coacciones violentas
6. Tortuoso proceso penal por genocidio y crímenes contra la humanidad
7. Sentencia condenatoria anulada en 2013 y nuevos intentos frustrados de enjuiciamiento

1. Currículum militar y tentativa presidencial en 1974
Criado en un entorno rural, en 1943, con 17 años, inició la carrera de armas en el Fuerte de San Rafael de Matamoros y en 1946 ingresó como cadete en la Escuela Politécnica, prestigiosa academia militar con sede en San Juan Sacatepéquez, al norte de Ciudad de Guatemala. En 1950 obtuvo los galones castrense y académico de oficial de Infantería y maestro de Caminos. Posteriormente siguió cursos de especialización en Fort Gulick, en la Zona del Canal de Panamá bajo soberanía de Estados Unidos, un centro de instrucción muy frecuentado por la oficialidad centroamericana.

En la década de los cincuenta Ríos Montt sirvió como instructor y comandante de compañía en la Escuela Politécnica, y como comandante de pelotón y de compañía en la Zona Militar 20, correspondiente al departamento de Quiché. En 1963 entró como oficial de operaciones en la Brigada Militar Mariscal Zavala, dos años después fue ascendido a tercer comandante, a continuación a segundo y por último, en 1967, a primer comandante de esta unidad operacional. También entre 1967 y 1972, estuvo al frente de la Dirección de Operaciones (D3) del Ejército, y desde 1970 dirigió la Escuela Politécnica.

En enero de 1973 alcanzó el grado de general de brigada y le fue conferida la jefatura del Estado Mayor General del Ejército guatemalteco. Al poco de conseguir esta máxima promoción, que encumbraba su carrera militar, en abril de 1973, Ríos Montt optó por renunciar a sus posiciones de mando en la milicia para presentarse a las elecciones presidenciales del 3 de marzo de 1974, de las que había de salir el sucesor del general Carlos Manuel Arana Osorio. Postulado por la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), el Frente Unido de la Revolución (FUR) y el Partido Revolucionario Auténtico (PRA), coaligados como Frente Nacional de Oposición (FNO, que los comentaristas de la época situaron en el "centro-izquierda" e incluso directamente en la "izquierda", para los parámetros guatemaltecos), y con el economista Alberto Fuentes Mohr de compañero de fórmula, Ríos Montt resultó derrotado por el general Kjell Eugenio Laugerud García, candidato del régimen cívico-militar vigente desde 1970 y al que daban soporte político dos formaciones de derecha dura, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y el Partido Institucional Democrático (PID).

Según los resultados oficiales, Ríos Montt quedó en segundo lugar con 228.000 votos, 70.000 menos que Laugerud, aunque todos los indicios señalaron al candidato opositor como el verdadero ganador de no haber operado los habituales mecanismos de fraude. Ríos Montt denunció la mascarada electoral y no dudó en proclamarse presidente electo, pero este acto de rebeldía no surtió el menor efecto en un país donde imperaban las formas más groseras de detentar el poder, poder que, a pesar de la represión despiadada de cualquier atisbo de resistencia indígena o de subversión izquierdista (o precisamente por ello) y de la incuria general que asolaba Guatemala, contaba aún, si bien con serios reparos, con el apoyo de Estados Unidos.

El nuevo presidente, Laugerud, prefirió tener a su adversario electoral lejos de la política de casa, así que le envió como agregado militar a la Embajada guatemalteca en Madrid. Ríos Montt ejerció este mortecino cargo diplomático durante tres años y en 1978, ya de vuelta en Guatemala, tomó una decisión concerniente a su vida privada que estaba llamada a ejercer una influencia decisiva en su posterior actuación pública, con graves implicaciones para el conjunto del país: el abandono de la fe católica y la adhesión a la secta protestante de la Iglesia Verbo.

La Iglesia Verbo era la implantación local de la Gospel Outreach, a su vez una iglesia de corte evangélico-pentecostal surgida en California del Movimiento de Jesús cuando la eclosión de la cultura hippy y que tenía su sede en Eureka. Obsesionado con el milenarismo que predicaban los misioneros del Verbo, los cuales habían arribado a Guatemala a raíz del catastrófico terremoto de 1976, el militar abrazó con gran fervor la tarea evangelizadora, alcanzado la condición de anciano en la jerarquía pastoral. Puede imaginarse la consternación que este cambio de fe debió de producir al hermano menor del converso, Mario Enrique Ríos Montt, ordenado sacerdote católico desde los 27 años y obispo titular de Tiguala desde 1974.

En cuanto a la situación política general, 1978 fue un año tremendamente desapacible para Guatemala. El conflicto interno con las subversiones guerrilleras de la izquierda revolucionaria, arrastrado desde 1960, se estaba recrudeciendo, la represión de los movimientos campesinos y los círculos políticos progresistas aumentaba en consonancia y la dictadura encubierta de los generales metidos a políticos escribió un nuevo capítulo oprobioso con las enésimas elecciones manipuladas. El candidato oficialista ganador en esta ocasión fue el general Fernando Romeo Lucas García, antiguo jefe del Estado Mayor General y ex ministro de Defensa, al que apadrinaban el PID, el Partido Revolucionario (PR) y la Central Aranista Organizada (CAO). Los derrotados, con las consiguientes denuncias de fraude, fueron el coronel y ex presidente (1963-1966) Alfredo Enrique Peralta Azurdia, que concurrió con el aval del muy extremista MLN (el cual había roto su alianza con el PID), y el general, sobrino del anterior, Ricardo Peralta Méndez, por la Cruzada de Unidad Nacional (CUN), de tendencia mucho más moderada.


2. La dictadura militar de 1982-1983: mesianismo y masacres
Según un relato de los hechos divulgado por la prensa del momento, el 23 de marzo de 1982 Ríos Montt, cuyo estatus era el de militar en excedencia, se encontraba explicando pasajes de la Biblia a unos prosélitos cuando un grupo de soldados irrumpió en el templo donde impartía magisterio para anunciarle que el presidente Lucas García acababa de ser derrocado en un golpe de Estado militar y que los cabecillas del mismo, el general Horacio Egberto Maldonado Schaad, comandante de la Brigada Militar Guardia de Honor, y el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante del Cuartel General del Ejército, le pedían que asumiera la presidencia de la Junta Militar de Gobierno.

De acuerdo con esta dudosa versión, Ríos Montt "aceptó" al punto la invitación que le hacían los golpistas y pasó a integrar el triunvirato gobernante. Lo cierto fue que aquel día el general, en una conferencia de prensa donde compareció con el uniforme militar de campaña y flanqueado por sus subalternos de idéntica guisa, se mostró a los focos para dar cuenta del "movimiento armado que tuvo por objeto desconocer al Gobierno" y hacer algunas aclaraciones y advertencias. Con tono tajante, el nuevo hombre fuerte de Guatemala aseguró que "ninguno de los que estamos aquí tiene interés en actividad política" y, a modo de aviso de lo que se avecinaba, espetó a la audiencia con estas amenazadoras palabras: "El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado, fusilado y no asesinado, ¿estamos?"

Ríos Montt se nombró a sí mismo ministro de Defensa Nacional, posición en la que desplazó al general Luis René Mendoza Palomo, mientras que el general Maldonado asumió el puesto de ministro de Gobernación. En la jefatura del Estado Mayor General del Ejército (luego denominado Estado Mayor de la Defensa Nacional) el general Manuel Benedicto Lucas García, hermano del mandatario derrocado, fue sustituido por un colega de escalafón afín al nuevo Gobierno de facto, Héctor Mario López Fuentes. Poco duró esta fachada de triunvirato, pues el 9 de junio la renuncia obligada de los otros dos altos oficiales, demasiado vinculados a los clanes del poder tradicionales, dejó toda la autoridad en el jefe de la Junta con los títulos de presidente de la República y comandante general del Ejército. En adelante, Ríos Montt podía gobernar con plenos poderes ejecutivos y legislativos, y en parte también judiciales.

La insurrección llamada de los oficiales jóvenes frustró la toma de posesión, prevista para el 1 de julio, del presidente electo, el general Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, quien fuera jefe del Estado Mayor General e 1979-1980 y ministro de Defensa en 1980-1981. Postulado por el PID, el PR y el Frente de Unidad Nacional (FUN), agrupados para la ocasión como Frente Democrático Popular (FDP), Guevara había sido declarado el vencedor de las elecciones del 7 de marzo frente al ultraderechista Mario Sandoval Alarcón, el caudillo del MLN, Alejandro Maldonado Aguirre, por la Unión Nacional de Oposición (UNO, dominada por los democristianos), y Gustavo Anzueto Vielnam, por la Central Auténtica Nacional (CAN).

Los perdedores se habían desgañitado gritando fraude, más escandaloso que en las ocasiones anteriores, pero las fuerzas de seguridad habían silenciado sus protestas en la calle con una violencia sin precedentes. Aunque el ambiente seguía crispado, el régimen creía tener la situación plenamente bajo control y no llegó a calibrar el grado de descontento en sectores de la baja oficialidad castrense involucrados en las operaciones contrainsurgentes y que se sentían marginados por las élites político-militares que ejercían el poder con creciente arbitrariedad. Tan confiado se sentía Guevara que en el momento del golpe se encontraba en Miami tomándose unas vacaciones.

La liquidación del régimen pseudodemocrático y corrupto que tenía al PID como principal sostén fue recibida con alivio por la gran mayoría de los guatemaltecos, ya que este híbrido de alianzas fluctuantes entre unas castas rapaces de militares y partidos de extrema derecha moduladas a los intereses de la oligarquía terrateniente había conducido al país centroamericano a una situación límite por el marasmo económico, la miseria abrumadora del grueso de la población y la violación masiva de los Derechos Humanos, marcando la presidencia de Lucas García unos registros especialmente funestos.

En el arco partidista civil, el MLN y la DCG aplaudieron el golpe de Estado. En el exterior, donde la reputación de Guatemala había tocado fondo, se acogió con cierta expectación el cambio de guardia, en la creencia de que Ríos Montt y sus soldados con consignas regeneracionistas pudieran abrir algún tipo de transición política y propiciar reformas sociales, en un país que las requería con urgencia. En efecto, Ríos Montt, si bien, aplicando el guión habitual en estos casos, suspendió la Constitución (en su lugar entró en vigor un Estatuto Fundamental de Gobierno, que articulaba su propia garantía de derechos individuales), cerró el Congreso, declaró el estado de sitio e implantó el régimen militar puro y duro, suscitó interés y apoyos por su anuncio mesiánico de que combatiría a "los cuatro jinetes del moderno Apocalipsis", a saber, "el hambre, la miseria, la ignorancia y la subversión". También, pondría fin a la corrupción y a las depredaciones exclusivistas de la clase dirigente presuntamente depuesta. La campaña de moralización, enfocada en los funcionarios, hizo un uso profuso del lema No robo, no miento, no abuso.

El 10 de abril la Junta lanzó el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD), engendro normativo de regusto totalitario que ligaba el desarrollo socioeconómico de Guatemala al exterminio de la subversión y al adoctrinamiento de la población en el "nacionalismo". En buena medida movidos por prejuicios culturales y raciales, Ríos Montt y sus colaboradores hablaban de "integrar" en el Estado a unos colectivos, campesinos e indígenas, cuya "inmadurez" en los valores patrióticos y su analfabetismo les hacía especialmente vulnerables frente al proselitismo del Comunismo Internacional (siempre referido en mayúsculas). El concepto recurrente era el de "Poder Nacional", considerado como la amalgama de los poderes políticos, económicos, "psicosociales" y militares.

Por de pronto, la Administración de Ronald Reagan, muy preocupada por la repetición en Guatemala de la efervescencia revolucionaria que entre 1979 y 1981, a rebufo del triunfo de los sandinistas en Nicaragua, a punto había estado de hacerse con el poder en el vecino El Salvador, reconoció al nuevo régimen y levantó la suspensión de la ayuda militar decretada por Jimmy Carter en 1977. Ahora bien, rápidamente quedó claro que las promesas reformistas y el afán redentorista del nuevo dictador, considerado a sí mismo predestinado para esta misión y aficionado a ilustrar sus discursos con citas bíblicas, se ciñeron a una suerte de guerra santa contra las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), recientemente coordinadas como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), teniendo al comunista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) como brazo político.

La increíble ola de violencia que se abatió sobre las áreas rurales engulló los programas estatales de reordenación social, en realidad adoptados durante la presidencia de Lucas García, aunque fue ahora cuando adquirieron plena operatividad. Los programas más destacados, concebidos para aislar a las comunidades indígenas de la insurgencia e impedir su captación revolucionaria, eran dos: Fusiles y Frijoles, por el que las poblaciones campesinas golpeadas por la conflicto recibían del Gobierno ayuda para reconstruir sus casas y volver a sembrar sus cosechas a la vez que armas, con el fin de que ellas mismas pudieran defenderse de las guerrillas y cooperar con el Ejército en la lucha antisubversiva; y Aldeas Modelos, o de las Tres T, para el reasentamiento de la familias desplazadas por los combates en nuevas aldeas férreamente vigiladas por el Gobierno, donde este les proporcionaba techo, trabajo y tortillas. Alimentos por Trabajo y Polos de Desarrollo eran otras denominaciones genéricas de estos programas de control y reeducación de la población rural, que no siempre era integrada en los mismos mediante la coerción y la amenaza; muchas veces, el campesinado se adhería a las campañas del Gobierno de buena gana, al comprobar las ventajas materiales que proporcionaban.

En el corto espacio de tiempo, 17 meses, que Ríos Montt estuvo en el poder, seguramente el más sombrío en la historia contemporánea de Guatemala, el Ejército y sus auxiliares civiles no se limitaron a perseguir con saña a las guerrillas, sino que perpetraron matanzas generalizadas de campesinos y población indígena considerados próximos a los rebeldes, una práctica de tierra quemada, principalmente en los departamentos occidentales de Quiché y Huehuetenango, de la que su organizador no tuvo ambages en jactarse como el método expeditivo más eficaz para privar a la URNG de su base popular. Para la ONG Amnistía Internacional, semejante proceder constituía un verdadero genocidio de las comunidades amerindias, que componían la mitad de la población.

La nueva ley de Tribunales de Fuero Especial estableció la pena de muerte, por lo general aplicada por fusilamientos sumarísimos sobre el terreno, para los siguientes delitos: plagio o secuestro; incendio agravado; inutilización de defensa; fabricación o tenencia de materiales explosivos; desastre ferroviario; atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales o aéreos; desastre marítimo, fluvial o aéreo; atentado contra otros medios de transporte; atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública; piratería; piratería aérea; envenenamiento de agua o de sustancia alimenticia o medicinal; traición propia; atentados contra la integridad o independencia del Estado; traición impropia; genocidio; terrorismo; depósitos de armas o municiones, y tráfico de explosivos. En la práctica, la mera sospecha de simpatizar con la guerrilla bastaba para ser pasado por las armas ante un muro o una zanja.

En cierta ocasión, el general aseguró que el "buen cristiano" era aquel que se desenvolvía "con la Biblia y la metralleta", mientras que uno de sus portavoces no le anduvo a la zaga en impudicia cuando explicó el razonamiento de que si la guerrilla contaba con colaboradores indígenas, entonces todos los indígenas eran subversivos en potencia, y, en tal caso, lo mejor que podía hacerse era directamente "matar a los indios". Hoy, semejantes declaraciones habrían provocado un escándalo internacional, pero en el tótum revolútum de los conflictos centroamericanos y la Guerra Fría internacional apenas llamaron la atención.

Con posterioridad a los hechos, organizaciones pro Derechos Humanos calcularon en 10.000, como mínimo, los guatemaltecos ejecutados extrajudicialmente, hombres, mujeres y niños víctimas de todas las atrocidades imaginables, y en 100.000 los refugiados como resultado de las campañas contrainsurgentes acometidas por el Ejército y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC, reconocidas legalmente por el acuerdo gubernativo del 14 de abril de 1983 al amparo del PNSD), que en la práctica funcionaron como escuadrones de paramilitares con carta blanca para asesinar y destruir a su antojo. En añadidura, un informe elaborado por la ONU estableció que 448 aldeas, la mayoría pobladas por indígenas mayas, fueron literalmente borradas del mapa.

En suma, el terrorismo de Estado, ya presente antes del golpe de 1982, adquirió con Ríos Montt un carácter sistemático al ser parte integral de un plan mayor de reorganización nacional concebido y ejecutado por la dictadura militar (algo parecido a lo que venía sucediendo en Argentina desde 1976), plan que obedecía a unos planteamientos ideológicos muy concretos y que no necesariamente atendía a los intereses privados de empresarios y terratenientes. Tan extremosa ejecutoria privó a Ríos Montt de decisivos apoyos internos, militares y políticos, así como del plácet de Estados Unidos, que empezó a propiciar a los gobiernos moderados salidos de las urnas en los países de la región bajo su influencia. En Washington, alarmó la indocilidad del dictador guatemalteco, que se negaba a recibir consejeros militares y que se mostraba extrañamente comedido con el régimen sandinista instalado en Nicaragua.

La ruptura con la primera patronal del país, la Coordinadora de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), se produjo cuando el equipo económico del general elaboró una reforma fiscal que introducía el IVA, estudió una tímida reforma agraria y apostó por mantener la paridad del quetzal con el dólar. Indignado, Ríos Montt acuso al CACIF de "falta de patriotismo" y le advirtió que en Guatemala sólo existían dos sectores, "los explotados y los explotadores". Otro motivo, muy importante, de la gran desafección militar y política fue el incumplimiento de los mensajes iniciales sobre el restablecimiento de la normalidad constitucional a pronto plazo, se suponía que con un nuevo vestido democrático. El general estaba resuelto a completar un mandato presidencial normal de cuatro años, eso como mínimo, y daba largas a las demandas de que se instalara una Asamblea Constituyente como pieza clave de la transición política.

Asimismo, el dictador perdió el apoyo de la jerarquía católica, uno de los puntales de los gobiernos de turno desde el derrocamiento del régimen izquierdista de Jacobo Arbenz Guzmán en 1954, conmocionada por los estragos humanos de las operaciones antiguerrilleras e inquieta por la rápida progresión de la Iglesia Verbo. En efecto, los propagandistas de la secta, actuando como unos aliados espirituales, sirvieron a la causa política de Ríos Montt acudiendo a las áreas rurales para separar del catolicismo a los indígenas, desarraigados de sus tierras ancestrales y emocionalmente quebrantados por la guerra, y convertirlos a un culto fundamentalista que demandaba sumisión, resignación cristiana y una fe absoluta en los pasajes bíblicos interpretados literalmente. Para los elementos más fanatizados de la Iglesia Verbo y otras organizaciones evangélicas, la doctrina católica y la labor pastoral de sus sacerdotes eran potencialmente subversivas por el influjo de la Teología de la Liberación.


3. Regreso al primer plano político en la democracia civil
El 29 de junio de 1983, ante los crecientes rumores de un golpe de Estado inminente y consciente de las tensiones en el seno del Ejército, Ríos Montt reimplantó el estado de alarma (el 23 de marzo anterior había sido levantado el estado de sitio) y un mes después anunció la convocatoria de elecciones generales para julio de 1984, tal como le exigían los partidos tradicionales. De acuerdo con la nueva legislación, los partidos marxistas, en principio, podrían presentarse a los comicios, ya que Ríos Montt había afirmado que del proceso político en ciernes no se iba a excluir a nadie. Esta tolerancia política del dictador soliviantó a muchos en el Ejército, donde el anticomunismo visceral era un sentimiento acendrado.

Finalmente, el estamento militar decidió intervenir. El 8 de agosto de 1983 llegó el golpe esperado por muchos con la captura del poder, sin hallar resistencias ni derramar sangre, por el general Óscar Humberto Mejía Víctores, al que Ríos Montt había nombrado ministro de defensa en septiembre del año anterior. Según todos los indicios, el Gobierno de Estados Unidos instigó el derrocamiento por sus compañeros uniformados de Ríos Montt, quien fuera de su remoción no sufrió represalia personal alguna y siguió conservando una importante cuota de influencia en la vida pública. Paradójicamente, el nuevo gobernante de facto fue ubicado por los observadores "más a la derecha" que su predecesor. Aunque Mejía Víctores cumplió un cronograma de transición democrática que incluyó la celebración de elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente el 1 de julio de 1984 y de elecciones generales, legislativas y presidenciales, el 3 de noviembre y el 8 de diciembre de 1985, lo cierto fue que en sus menos de tres años de ejercicio la guerra a muerte contra la URNG siguió su curso, y con ella la horripilante tónica de masacres rurales y otras violaciones humanitarias a gran escala.

En otro orden de cosas, en julio de 1984 Ríos Montt encajó la muerte, en un accidente de helicóptero en El Petén, de su hijo Adolfo Homero, fruto de su matrimonio con María Teresa Sosa Ávila. Capitán del Ejército y médico militar, Adolfo Ríos Sosa había sido uno de los oficiales jóvenes protagonistas del alzamiento de 1982 y luego había asistido a su padre como asesor y miembro de la camarilla presidencial.

A partir del retorno de la democracia en enero de 1986 en la figura del presidente democristiano Marco Vinicio Cerezo Arévalo, Ríos Montt, al que no le faltaban partidarios y seguidores, intentó con denuedo volver a la Presidencia de Guatemala por la vía electoral. El 10 de enero de 1990, de cara a las votaciones del 11 de noviembre, registró la Agrupación Nacionalista Guatemalteca (ANG), que con el FUN y el PID, reducidos a grupúsculos en la etapa democrática tras la irrupción con fuerza de nuevos partidos de derecha desligados de las atrocidades cometidas por este entorno ideológico en el pasado reciente, formó la llamada Plataforma No-Venta (PNV).

Sin embargo, la candidatura de Ríos Montt en las presidenciales, a las que acudía como favorito, fue rechazada e inhabilitada en octubre por el Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, en tercera instancia, por Corte Suprema de Justicia (CSJ), en los tres casos en virtud del artículo de la Constitución Política de 1985 que cerraba las puertas de la Presidencia a antiguos titulares de la misma sin certificado democrático. Así, el artículo 186, en su primer punto, establecía que no podían optar a los cargos de presidente y vicepresidente de la República "el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno". Esta proscripción constitucional parecía estar redactada pensando específicamente en el recalcitrante líder eferregista. Pese a su descalificación, Ríos Montt no descolgó a la PNV de las elecciones legislativas y la coalición se hizo con 12 de los 116 escaños del Congreso.

Denominada tras aquellos comicios Frente Republicano Guatemalteco (FRG), la agrupación de Ríos Montt dio la campanada en las elecciones legislativas anticipadas del 14 de agosto de 1994. Los comicios fueron convocados por el entonces presidente y antiguo procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, quien ostentaba la jefatura del Estado hasta la conclusión del período de transición iniciado en mayo de 1993 por la renuncia y fuga del presidente salido de la segunda vuelta de enero de 1991, el conservador Jorge Antonio Serrano Elías, del Movimiento de Acción Solidaria (MAS), quien había intentado perpetrar un autogolpe de Estado al estilo fujimorista.

Con una abstención excepcional alta, del 79%, el FRG se alzó como la fuerza más votada, obteniendo el 32,2% de los sufragios y 33 de los 80 escaños del Congreso de la República sujetos a renovación, de acuerdo con las disposiciones refrendadas por los guatemaltecos el 30 de enero anterior. Al hacerse con el escaño, Ríos Montt obtenía la inmunidad parlamentaria que le protegía frente a cualquier hipotético intento de enjuiciamiento. El éxito de esta formación populista y conservadora, con una estructura autoritaria de obediencia al líder, que había reclutado a numerosos miembros retirados de las fuerzas de seguridad y que por supuesto estaba muy bien implantada en las comunidades evangélicas, se basó en la simplicidad de su programa, con el cuádruple reclamo de la moralización de la política, la lucha contra la corrupción, la defensa de la seguridad ciudadana y la prelación de los derechos de los desheredados en un país que pese a sus progresos democráticos seguía adoleciendo de unos desequilibrios sociales y económicos elevadísimos.

El 2 de diciembre de 1994 Ríos Montt, a la edad de 68 y casi 13 años después del golpe de Estado que le había convertido en el iluminado dueño de Guatemala, fue elegido presidente del Congreso gracias al apoyo de la DCG y la Unión del Centro Nacional (UCN), los partidos tercero y cuarto en cuanto al número de escaños. Con la adhesión de nueve diputados de otras agrupaciones, el FRG se aseguró la mayoría absoluta en el Congreso hasta el final de la legislatura. La única fuerza contraria al poderío parlamentario del ex dictador era el Partido de Avanzada Nacional (PAN) de Álvaro Arzú Yrigoyen, representante de la nueva derecha liberal y proempresarial, que contaba con 23 diputados.

El espectacular rendimiento electoral del FRG hasta otorgar a su secretario general la llave de la gobernabilidad del país, en un período delicado por las negociaciones de paz con la URNG, llenó de estupor a los observadores extranjeros. Pero el hecho era que el otrora mesiánico exterminador de enemigos de la nación, reconvertido en político outsider aunque dentro del sistema, gozaba de una alta popularidad y estaba en condiciones de convertirse en presidente constitucional por méritos propios. Ello, en un país donde el trauma tras casi cuatro décadas de feroz represión militar y la perpetuación de la miseria en extensas capas de la población habían debilitado gravemente la confianza en las instituciones democráticas y los partidos políticos.

Cuatro meses antes de las elecciones generales del 12 de noviembre de 1995, el TSE volvió a descalificar a Ríos Montt con el mismo argumento constitucional de cinco años atrás, lo que alimentó el victimismo del aspirante. La primera solución de recambio, María Teresa Sosa de Ríos, fue igualmente bloqueada por la autoridad electoral con la explicación de que la esposa del político no había sido proclamada por una convención partidaria. En agosto el ex presidente optó por designar a Alfonso Antonio Portillo Cabrera, un profesor universitario recién separado de la DCG y que antes había militado en la izquierda. Este sustituto fue aprobado por el partido y por lo tanto sí obtuvo la luz verde del TSE.

Adjudicándose el 22% de los votos en la primera vuelta, Portillo forzó la segunda vuelta en un cara a cara con el panista Álvaro Arzú, quien el 7 de enero de 1996 le batió definitivamente con el 51,2%. En las legislativas, el FRG experimentó un fuerte retroceso, hasta el 20% de los votos, lo que le dio derecho a 21 de los 80 escaños del nuevo Congreso de la República, cuya presidencia Ríos Montt, congresista reelecto, hubo de traspasar a Carlos Alberto García Regás, del PAN. Uno de los diputados debutantes era Zury Mayté Ríos Sosa, activa prosélita de la Iglesia Verbo y funcionaria del FRG. Durante la Administración Arzú los riosmontistas se mantuvieron en la oposición.

En mayo de 1998 el hermano obispo del ex dictador, Mario Enrique, auxiliar de la Archidiócesis de Guatemala desde 1987, sucedió como vicario pastoral de la misma y director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG) a monseñor Juan José Gerardi Conedera, asesinado a finales de abril por militares procedentes de la Inteligencia del Ejército y el Estado Mayor Presidencial (EMP). Como responsable de la ODHAG, Mario Enrique Ríos Montt asumió la tarea, con riesgo para las vidas de los involucrados, de proseguir los trabajos del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), sobre la investigación y esclarecimiento de los crímenes políticos de la guerra civil. En el reciente informe de la REMHI, Guatemala: Nunca más, presentado por monseñor Gerardi dos días antes de su magnicidio, se relataban las atrocidades cometidas por el Ejército y las unidades paramilitares en los 36 años del conflicto interno, con un balance estremecedor de 155.000 muertos y 45.000 desaparecidos (de los que más del 90% fueron civiles desarmados víctimas de las fuerzas estatales, autoras de 660 masacres documentadas y de la destrucción de 400 aldeas), y se hacían extensas referencias al período de gobierno 1982-1983.

En junio de 1999 los eferregistas nominaron de nuevo a Portillo para las elecciones del 7 de noviembre siguiente acatando la voluntad de Ríos Montt, quien seguía confiando en las posibilidades de su protegido. El hecho de que el anciano ex dictador, reelegido en la Secretaría General del partido en julio de 1998 por tercera vez consecutiva, continuara siendo el líder indiscutible del FRG motivó que los críticos de Portillo le acusaran de ser una mera marioneta de su mentor. Como en la campaña electoral de 1995, los simpatizantes portaban camisetas con la divisa Alfonso Portillo presidente, Ríos Montt al poder.

En la primera vuelta, Portillo se distanció ampliamente del candidato oficialista, Óscar Berger Perdomo, con el 47,7% de los votos y en la segunda vuelta, el 26 de diciembre, completó su triunfo con un abultado 68,3%. En las legislativas, el FRG cosechó también una rotunda victoria al hacerse con una mayoría absoluta de 63 escaños, entre ellos el de su caudillo, con el 41,1% de los votos. El apoyo al eferregismo fue masivo en las áreas rurales pobladas mayoritariamente por campesinos mayas, precisamente el colectivo con el que la dictadura riosmontista se había encarnizado. El 14 de enero de 2000 Ríos Montt, nuevamente presidente del Legislativo (su hija Zury, responsable de la oficina internacional del partido, le flanqueó como flamante vicepresidenta segunda del Congreso), tomó juramento a Portillo y le colocó la banda con los colores nacionales que le convertía en el presidente de la República. Ambos tenían por delante un agitado mandato de cuatro años.


4. El FRG en el poder con la Administración Portillo; los primeros intentos de procesamiento
El cuatrienio (2000-2004) en que su partido poseyó el Ejecutivo y dominó el Legislativo de Guatemala fue también el período vital en que Ríos Montt, ya septuagenario, hubo de enfrentar los primeros intentos de que la justicia le sentara en el banquillo de los acusados para que rindiera cuentas por su tenebroso pasado como estadista. El primer llamamiento a la justicia penal para que abriera una causa contra el ex dictador lo hizo la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, preclara defensora de los derechos de los indígenas y ella misma una víctima de las dictaduras guatemaltecas. El 2 de diciembre de 1999, en mitad del proceso electoral que condujo a Portillo a la jefatura del Estado, Menchú presentó contra Ríos Montt (así como contra los generales Mejía Víctores, Lucas García, Guevara Rodríguez y otros ex altos oficiales) ante la Audiencia Nacional de España una demanda por genocidio, torturas y terrorismo de Estado en relación con el asesinato entre 1980 y 1982 de cuatro sacerdotes y tres diplomáticos de nacionalidad española.

Fundamentando su denuncia en los informes elaborados por la REMHI y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), que documentaban minuciosamente los crímenes y violaciones perpetrados en el período 1982-1983, Menchú intentó que el juez español Baltasar Garzón, responsable de la acusación en 1998 contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, procesara extraterritorialmente también a su homólogo guatemalteco. El 27 de marzo de 2000 el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de España se declaró competente para acoger la denuncia al entender que los hechos imputados podrían ser constitutivos de un delito de lesa humanidad, pero el 13 de diciembre del mismo año la Sala de lo Penal de la Audiencia se pronunció sobre un recurso de la Fiscalía y ordenó al juez instructor, Guillermo Ruiz Polanco, que archivara el caso, argumentando que la justicia guatemalteca estaba en condiciones de investigar los hechos, lo que invalidaba la jurisdicción de los tribunales españoles.

En efecto, la activación de diligencias penales en la propia Guatemala, el país de la impunidad por antonomasia, había dejado de ser un tabú político desde el momento en que Portillo, el 9 de agosto de este 2000, haciendo suyas las conclusiones de una investigación conducida por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH, establecida en 1991 por Serrano), había admitido en una solemne declaración la responsabilidad institucional del Estado por las violaciones de Derechos Humanos al amparo de la guerra interna. Portillo se encontró ante una situación embarazosa porque su admisión de responsabilidad estatal se refería particularmente a dos masacres cometidas por el Ejército y los escuadrones paramilitares en julio y diciembre de 1982, es decir, detentando la Presidencia Ríos Montt: las de los poblados Plan de Sánchez, en el departamento central de Baja Verapaz, y Dos Erres, en Petén, al norte, donde en conjunto fueron asesinados a quemarropa un mínimo de 450 paisanos, entre ellos un buen número de niños.

Los casos figuraban entre los presentados por los denunciantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Portillo prometió resarcir económicamente a los familiares de las víctimas de las masacres, lo cual cumplió en buena medida, así como buscar el procesamiento de los culpables, pero aquí no especificó qué pasos pensaba adoptar el Gobierno. En principio, Ríos Montt no tenía razones para temer iniciativas penales por esta causa desde el Ministerio Público. Sin embargo, el 6 de junio de 2001 la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), con la asistencia del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), interpuso en Ciudad de Guatemala contra el general y su Alto Mando Militar una demanda por los supuestos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Los hechos denunciados eran 11 masacres, inclusive las de Plan de Sánchez y Dos Erres, cometidas entre marzo y diciembre de 1982 en otras tantas comunidades rurales, precisamente las representadas en la denuncia, en las que habían sido asesinadas más de 1.200 personas en total.

Creando un precedente, el caso fue admitido a trámite por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Guatemala y el Ministerio Público, sensible a la presión social, nombró un fiscal para conducir las investigaciones pertinentes. Pero mientras gozara de la inmunidad parlamentaria, a Ríos Montt no se le podía procesar. De hecho, las indagaciones judiciales quedaron empantanadas desde el primer momento. Sobre el particular, el titular del Congreso, haciendo gala de una amnesia que muchos de sus votantes parecían compartir, insistió en que nunca se había producido tal genocidio durante su presidencia y que las acusaciones de aplicar tácticas de tierra quemada eran infundios de los partidos de izquierda y los antiguos guerrilleros.

Al margen de estas imputaciones relacionadas con su ejecución presidencial, el 27 de agosto de 2000 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala abrió una investigación contra Ríos Montt y otros legisladores del FRG por la presunta adulteración del articulado de un decreto legal que establecía un impuesto del 20% sobre la distribución de bebidas alcohólicas. El texto había sido validado por el Congreso el 27 de julio, pero en la versión promulgada el 2 de agosto la tasa había quedado reducida a la mitad de aquel valor; entonces, los s de la oposición denunciaron a los eferregistas por incluir el recorte unilateralmente, sin el conocimiento de la comisión parlamentaria correspondiente, con el fin, aseguraban, de complacer a la industria licorera.

El 5 de marzo de 2001 la CSJ retiró la inmunidad a Ríos Montt y otros 23 diputados del partido para que pudieran ser juzgados por presuntas falsificación documental y destrucción de pruebas. Pero el 27 de febrero el FRG se había anticipado con una oportuna modificación de la Ley del Régimen Interno del Organismo Legislativo con el objeto de evitar el desafuero efectivo de sus legisladores. Entonces, el PAN y la Alianza Nueva Nación (ANN, el partido de izquierda creado para concurrir en los comicios de 1999 con la participación de la URNG, luego de rubricar la guerrilla la paz con el Gobierno Arzú en los históricos Acuerdos de diciembre de 1996) recurrieron la medida ante la Corte de Constitucionalidad, que el 21 de marzo les dio la razón y ordenó suspender la reforma del estatuto interno del Legislativo.

Ahora bien, el 24 de abril, en un clima enrarecido por los atentados intimidatorios y las amenazas contra magistrados de los dos altos tribunales implicados, Ríos Montt vio salvada la presidencia del Congreso y se libró de ingresar en prisión al desestimar los cargos el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal. Estos contratiempos de su patrón político coincidieron con la lluvia de recriminaciones al presidente Portillo por la proliferación de escándalos de corrupción que involucraban al oficialismo y por la calamitosa situación sanitaria del país. El desprecio a las acciones judiciales en su contra, las declaraciones provocadoras y la porfiada reafirmación de sus ambiciones políticas fueron una constante en la intensa peripecia protagonizada por Ríos Montt en la primera década del siglo XXI. Su mano derecha y más enérgica propagandista era su propia hija, Zury.

En septiembre de 2001 el clan familiar se vio directamente salpicado por el diluvio de escándalos de corrupción que llovía sobre la Administración Portillo cuando el diario La Prensa, el matutino de mayor influencia de Guatemala, señaló al tercer y actual esposo de Zury Ríos Sosa, el acaudalado empresario guatemalteco Sergio López Villatoro, como responsable de una serie de negocios ilícitos y de evasión de impuestos; en concreto, le acusó de importar de China neumáticos gastados para venderlos en el mercado local, una actividad prohibida por las leyes nacionales. Además de Zury, quien en 2004 iba a contraer cuartas nupcias con el congresista republicano estadounidense (y evangélico) Jerry Weller, estaba Enrique, el otro hijo varón de Ríos Montt, hermano menor del fallecido Adolfo Homero y como él militar de carrera, siguiendo los pasos de su padre. Enrique Ríos Sosa ostentaba el grado de coronel cuando el FRG ganó las elecciones de 1999. Tras la inauguración de Portillo, su historial castrense conoció los nombramientos sucesivos de director del Departamento de Finanzas del Ejército y comandante de la Brigada Mariscal Zavala con el preceptivo rango de general.

En enero de 2002 el alto oficial fue nombrado subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), una promoción que medios locales consideraron la antesala de su conversión en ministro de Defensa. Desde el FRG se reconocía abiertamente que Ríos Montt quería asegurarse de que el Ejército estuviera en manos de plena confianza cuando llegaran las elecciones generales de 2003. El encumbramiento de Enrique Ríos llegó en agosto de 2002, cuando fue nombrado por Portillo, no ministro de Defensa, sino jefe del EMDN. Sucedía en la oficina militar al general Robin Morán, precisamente el nuevo ministro de Defensa.


5. La candidatura presidencial de 2003: controversia legal y coacciones violentas
En junio de 2002 Ríos Montt fue reelegido por unanimidad secretario general del FRG. En la asamblea eferregista Portillo no tuvo ambages en referirse al General como "el líder indiscutible de esta nación". La taxativa prohibición constitucional que le tocaba de lleno no disuadió al contumaz Ríos Montt de, por tercera vez desde 1990, anunciar su aspiración presidencial. Las elecciones tocaban en noviembre de 2003, y hasta entonces la cuestión de la candidatura eferregista crispó y envenenó la política nacional en grado tal que se temió seriamente por la integridad de la democracia en Guatemala. La “postulación natural” de Ríos Montt fue aclamada por la Asamblea General del partido el 24 de mayo de 2003. En su discurso de aceptación, el nominado entusiasmó a los afiliados, delegados y representantes departamentales con estas palabras: "Con serenidad, tranquilidad y humildad recibo esa encomienda, porque sé que con mi equipo de trabajo podremos seguir liberando a nuestra sociedad de las cadenas de la ignorancia, pobreza y angustia de un futuro incierto".

Entonces, el ambiente político ya estaba bastante caldeado luego de que, a finales de abril, la CSJ desestimara una petición de desafuero formulada contra el presidente del Congreso y el jefe del grupo parlamentario del FRG, Arístides Crespo Villegas, por el opositor Partido Patriota (PP, de derecha), que les acusaba de abuso de autoridad, manifestación ilícita y malversación de fondos al haber participado en un mitin electoralista del partido el mes de enero anterior. Además, en estos momentos arreciaban las repercusiones de un grave escándalo aflorado en el Gobierno portillista: la denuncia del desfalco de varias decenas de millones de dólares asignados a un fideicomiso constituido por el privatizado Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para la construcción de viviendas para los afiliados.

A continuación, vinieron dos meses especialmente convulsos en los que Ríos Montt, tenaz hasta la confrontación callejera, se salió con la suya y vio cumplido su sueño de competir en unas elecciones presidenciales en democracia. La victoria provisional de El General robó el protagonismo a Portillo, quien asistió impávido al pandemónium jurídico y la tensión política, abundando todo ello en el desprestigio de su Gobierno. Desde Washington, el Departamento de Estado advirtió a Guatemala que podría revisar las relaciones si el antiguo dictador terminaba regresando a la Presidencia.

El 6 de junio el Registro de Ciudadanos del TSE rechazó inscribir la candidatura de Ríos Montt, veto que fue sostenido en sendos pronunciamientos por el propio TSE, el 16 de junio, y la CSJ, el 5 de julio. Entonces, el damnificado, que el 14 de junio resultó herido de levedad en el recibimiento a pedradas que le hicieron los lugareños mayas achís de Rabinal, ciudad de Baja Verapaz donde tenía previsto reunirse con miembros de su partido, reclamó el amparo de la Corte de Constitucionalidad, suprema magistratura judicial del país, la cual el 14 de julio, por cuatro votos contra tres, resolvió a su favor revocando el fallo de la CSJ y ordenando el registro de la postulación. Los abogados de Ríos Montt esgrimían el principio de no retroactividad de la ley. De acuerdo con esta interpretación legal, la prohibición contenida en la Constitución de 1985 no podía afectar a su representado porque el golpe de Estado que le llevó al poder había tenido lugar tres años antes.

Todo pudo haber terminado aquí, pero el 18 de julio el partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, socialdemócrata) solicitó a su vez a la CSJ amparo contra del fallo de la Corte de Constitucionalidad, a lo que aquella accedió dos días después, dejando la candidatura en suspenso. El 21 de julio, Ríos Montt, irritado, advirtió de "algunas acciones de algunos simpatizantes" escapados al "control" de la dirección del FRG si la CSJ no le dejaba presentarse a las elecciones, al tiempo que elevaba un recurso de queja a la Corte de Constitucionalidad para que se diera ejecución a la sentencia favorable del 14 de julio. Dicho y hecho, los días 24 y 25 de julio cientos de furibundos eferregistas, muchos encapuchados y portando armas blancas, llevaron el caos y el terror a la capital atacando con bombas incendiarias a medios de comunicación, apaleando periodistas, levantando barricadas en arterias principales y sitiando el Palacio de Justicia con total impunidad. Los disturbios multiplicaron su gravedad por la pasividad manifiesta de la Policía Nacional Civil. Visto el panorama, el presidente Portillo resolvió sacar al Ejército para restablecer el orden.

Las 36 horas de violencia, bautizadas por la prensa como el jueves negro y el viernes de luto, se saldaron con numerosos destrozos, la muerte de un reportero de la televisión, Héctor Ramírez, de un paro cardiaco cuando huía de las turbas y mucho miedo metido en los cuerpos de quienes fueron amenazados de viva voz o por teléfono. En una comparecencia televisada, El General ordenó a sus partidarios que regresaran "en paz" a sus comunidades, pero excusó cualquier responsabilidad por lo sucedido. La impresión general fue que los desmanes de los riosmontistas habían sido planificados para crear un clima de miedo e intimidación favorable a la pretensión electoral de su líder, aunque de entrada lo que consiguieron fue recortar aún más las posibilidades de aquel en las urnas así como aglutinar a los demás partidos, los sindicatos, las ONG y la CACIF, todos los cuales, en una rara muestra de unidad, cerraron filas en contra de esta cadena de sucesos de inquietante catadura involucionista y suscribieron el Frente Cívico por la Democracia.

Las reacciones de condena y alerta por lo que sucedía en Guatemala fueron compartidas por el Gobierno de Estados Unidos, la ONU, la OEA y la Unión Europea. Pero Ríos Montt obtuvo lo que quería: el 30 de julio, tras recibir del político un nuevo recurso de ampliación y aclaración, la Corte de Constitucionalidad impuso su autoridad a la CSJ, que no tuvo más remedio que retirar el amparo a la UNE, y al TSE, que hubo de inscribir la candidatura sin más demora. Al día siguiente, el Registro de Ciudadanos cumplimentó el imprescindible trámite con la firma manuscrita del candidato. El 27 de agosto Ríos Montt renunció temporalmente a sus funciones como titular del Congreso para centrarse en su campaña presidencial.

En septiembre y octubre, en sendas entrevistas para la agencia Associated Press y el diario El Comercio de Lima, Ríos Montt habló de hacer valer los "estrictos valores morales y espirituales" como la única manera de atajar las lacras de la criminalidad y la corrupción, y calificó las paralizadas imputaciones de genocidio y crímenes contra la humanidad de "pura propaganda del comunismo derrotado que no entiende el desarrollo porque están dolidos". "Yo tengo mi conciencia tranquila. Jamás, nunca, permití ni ordené fechorías de esa naturaleza (...) Ni lo ordené, ni recibí información", se defendía el entrevistado, para añadir que lo ocurrido en Guatemala entre 1982 y 1983: "Me angustia, me apena, me avergüenza. Pero de eso a que yo me sienta culpable, hay distancia. (...) Si hubiera matado a tanta gente me habría ido al exilio como tantos otros. Si hubiera tenido la desfachatez de matar, yo mismo me mato", subrayó.

A principios de septiembre saltó la noticia de que el general Enrique Ríos Sosa había sido destituido como jefe del EMDN. La defenestración del hijo del candidato presidencial, cuya meteórica progresión en la jerarquía del Ejército había provocado bastante malestar en la institución armada por su obvio signo político, llegó después de surgir indicios de su participación en las violencias del jueves negro. Pronto iban a recaer sobre él unas acusaciones de corrupción, por el presunto desvío de grandes cantidades de dinero cuando estuvo al cargo de las finanzas del Ejército.

La campaña para las votaciones generales de 2003, emponzoñada por el jueves negro, registró 29 asesinatos de militantes, dirigentes y candidatos de los partidos de la oposición. El número de heridos, vejados y amenazados multiplicó varias veces aquella cifra. La jornada electoral del 9 de noviembre transcurrió, en cambio, sin incidentes, y vino a confirmar lo avanzado por los sondeos: pasaron a la segunda vuelta Óscar Berger, quien tras romper con el PAN concurría al frente de la coalición tripartita Gran Alianza Nacional (GANA), de derecha moderada, y el centroizquierdista Álvaro Colom Caballeros, tercero en la liza de 1999 por cuenta de la ANN y ahora postulante de su partido, la UNE.

Con el 19,3% de los votos, Ríos Montt quedó eliminado, pero no puso objeciones a su derrota. Su compañero de fórmula presidencial, Edín Raymundo Barrientos, explicó que ellos eran "respetuosos de la voluntad soberana del pueblo" e informó que su jefe de filas, lejos de retirarse de la política, seguiría como secretario general del FRG y, "si Dios lo tiene con vida", podría ser su candidato de nuevo en 2007. En las legislativas, el FRG perdió también, si bien no sufrió ningún desastre y con 43 escaños se situó como la segunda fuerza del Congreso por detrás de la GANA. Uno de los que conservaron el escaño fue Zury Ríos, a la que también acusaban de organizar con otros capitostes del partido los disturbios de julio. En la segunda vuelta del 28 de diciembre Berger se adjudicó la victoria.


6. Tortuoso proceso penal por genocidio y crímenes contra la humanidad
Incluso antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en diciembre de 2003, los dos candidatos con posibilidades de ganar, Berger y Colom, prometieron perseguir judicialmente a Ríos Montt. El 14 de enero de 2004, con el cambio de Administración y la apertura del nuevo Congreso, el El General vio desaparecer la inmunidad parlamentaria que lo había cobijado en la última década. En teoría, ahora ya podía ser procesado judicialmente como un ciudadano común por los delitos de lesa humanidad de que le acusaban las organizaciones de Derechos Humanos.

Sin embargo, fue la investigación de la responsabilidad por las violencias del infame jueves negro de julio de 2003 la que acarreó las primeras actuaciones judiciales en su contra. El 8 de marzo de 2004 el juez Víctor Hugo Herrera Ríos, magistrado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dictó orden de "arresto domiciliario" contra Ríos Montt al hallar elementos que le vinculaban al proceso abierto por los delitos de homicidio preterintencional, coacción y amenazas por la muerte del periodista Héctor Ramírez. En la causa también estaban imputados entre otros el ex ministro de Gobernación Adolfo Reyes Calderón, el ex director de la Policía Nacional Civil Raúl Manchamé Leiva, el diputado eferregista Jorge Arévalo Valdés y dos familiares directos de El General, su nieto Juan Pablo Ríos Rittscher, hijo del difunto Adolfo Homero Ríos Sosa y jefe de la juventud del FRG, y su sobrina Íngrid Argueta, uno de los eferregistas a quienes la prensa había fotografiado utilizando gorros pasamontañas durante los disturbios.

El 13 de mayo, toda vez que el líder eferregista seguía moviéndose con total libertad porque el auto judicial del 8 de marzo entendía por "domicilio" el conjunto de territorio nacional, la Sala Décima de la Corte de Apelaciones de Guatemala ordenó la reclusión efectiva del procesado en su residencia capitalina. Ríos Montt no tardó en desafiar la orden de arresto, saliendo y entrando con normalidad de su domicilio para reunirse con miembros de su partido. El desacato flagrante y los recursos dilatorios de la defensa obstaculizaron decisivamente la instrucción de los expedientes inculpatorios de Ríos Montt en relación con el jueves negro. Al final, el 31 de enero de 2006 los abogados del ex militar consiguieron que el juez Herrera sobreseyera el caso por el homicidio culposo de Héctor Ramírez; según la fiscal del Ministerio Público, luego de más de dos años de investigaciones, no existían pruebas para llevar a juicio al antiguo jefe del Estado. El polémico fallo fue repudiado por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).

Meses antes de esta victoria judicial en casa, Ríos Montt, vio reabrírsele el caso por la presunta comisión de crímenes universales de persecución extraterritorial a instancias de la justicia española. Así, el 5 de octubre de 2005 el Tribunal Constitucional de España, en una sentencia histórica que daba respuesta al recurso de Rigoberta Menchú, perseverante tras la inhibición de la Audiencia Nacional en 2000 y la posterior decisión del Tribunal Supremo de no admitir la persecución de este tipo de crímenes cometidos en otros países a menos que hubiera españoles afectados, declaró que la justicia española era competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad ocurridos fuera de las fronteras nacionales aun cuando no afectaran a víctimas españolas.

La nueva doctrina asentada por el Tribunal Constitucional reactivó las diligencias penales de la Audiencia Nacional tras seis años de parálisis. El 19 de junio de 2006 llegó a Guatemala una comisión rogatoria dirigida por el juez Santiago Pedraz Gómez para someter a interrogatorio a siete ex altos oficiales del Ejército y responsables gubernamentales. Estos eran: el ex presidente Ríos Montt; el ex presidente Mejía Víctores; el general Guevara Rodríguez; el general Benedicto Lucas García; el coronel Germán Chupina Barahona, antiguo director de la extinta Policía Nacional; Pedro García Arredondo, jefe del Comando Seis de la Policía Nacional; y Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de Gobernación con los presidentes Laugerud y Lucas García.

El 28 de junio la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, por cuatro votos contra uno, se pronunció en contra de la pretensión del magistrado español. La Corte admitió los recurso de queja de Ríos Montt y los demás imputados, en el sentido de que la Audiencia Nacional de España no podía interrogarles hasta que la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema guatemaltecas no se pronunciaran sobre si el procedimiento seguido por la Audiencia Nacional se ajustaba a la Carta Magna de Guatemala.

Planteada esta situación de "obstrucción constante y pertinaz", el 7 de julio, el juez Pedraz decretó sendas órdenes de prisión contra los siete imputados por los delitos de genocidio, terrorismo, asesinato, torturas y detenciones ilegales. La medida, con vistas a las posteriores extradición y juicio en España, suponía la orden de captura internacional de los imputados en tanto que prófugos de la justicia, el embargo de sus bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias. Días después, Ríos Montt, en rueda de prensa para los periodistas, declaró que la orden del juez español era infundada e ignoraba el hecho de que en Guatemala hubo "una guerra terrorista en la que se destruyeron puentes, escuelas, municipalidades, y se vivía un clima propicio para medir fuerzas". El ex militar reconoció que desde el Ejército se cometieron "abusos", pero los militares actuaron siempre "en defensa de los intereses de la nación y el pueblo".

"Yo llegué al poder por un golpe de Estado que dieron los oficiales, porque consideraba que Guatemala ya estaba perdida, que el comunismo ya había ganado, y con esas circunstancias nosotros planteamos un hacer político y recuperamos nuestra situación actual", continuó diciendo Ríos Montt, quien añadió que utilizar los calificativo de "terrorista" o "genocida" pare referirse a él era "antojadizo" e "incorrecto". En octubre siguiente, el Parlamento Europeo aprobó una resolución de apoyo a las órdenes de búsqueda y captura dictadas por la Audiencia Nacional española y, a las instituciones guatemaltecas, de demanda de cooperación para clarificar las violaciones de los Derechos Humanos y para que los responsables fueran conducidos ante la justicia.

Nada de todo de esto disuadió a Ríos Montt, a sus 81 años en excelentes condiciones físicas e intelectuales, de seguir eludiendo la justicia penal con todos los medios legales a su alcance. El objetivo fundamental era, naturalmente, recobrar la condición de aforado parlamentario que le haría inmune por cuatro años. El 17 de enero de 2007 anunció su candidatura al Congreso y en los comicios del 9 de septiembre, en efecto, se hizo con el codiciado escaño, pasando a comandar una menguada bancada eferregista de 15 miembros, a remolque de la UNE, la GANA y el PP. Uno de aquellos era su hija Zury, reelegida para un cuarto período congresual.

Con sus prioridades electorales bien claras e instalado en el realismo político, Ríos Montt traspasó la candidatura presidencial a uno de sus acólitos de confianza, Luis Armando Rabbé Tejada, quien sin embargo, tres años después, iba a fugarse a las filas de la UCN. Con el 7,3% de los votos, Rabbé quedó quinto en la pugna presidencial que ganó a doble vuelta el líder de la UNE, Álvaro Colom.

El 17 de diciembre de 2007 la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto lo actuado por la Audiencia Nacional al considerar que el alto tribunal español no tenía competencia para juzgar a guatemaltecos. El fallo blindaba contra la extradición a Ríos Montt y sus compañeros de causa penal (Chupina, quien iba a fallecer en 2008, y Guevara, los cuales se habían entregado voluntariamente, recobraron además la libertad). Uno de los abogados de los imputados destacó que la resolución de la Corte sentaba un "precedente" en el país porque no reconocía a la Audiencia Nacional de España jurisdicción en la justicia guatemalteca. Desolada, Rigoberta Menchú manifestó: "Esto sólo viene a demostrar que en Guatemala no hay acceso a la justicia. Mientras no se juzgue a estas personas, los guatemaltecos vamos a tener la vergüenza del genocidio sobre nuestra espalda, hoy y siempre".

El 14 de enero de 2008 Ríos Montt volvió a sentarse en el Congreso y abrió otro largo paréntesis de cuatro años que le protegía frente a todo intento de procesamiento. Distinta suerte corrió su hijo Enrique, el antiguo jefe del EMDN durante la Administración Portillo. En marzo de 2009 el general retirado Ríos Sosa fue detenido bajo las acusaciones de falsedad ideológica y peculado, por el desfalco de 120 millones de quetzales cuando fue responsable de las finanzas del Ejército. Sin embargo, el juez le permitió seguir en libertad provisional.

El 30 de octubre de 2010, en el curso de la Asamblea General ordinaria del FRG, Ríos Montt cedió el puesto de secretario general de la formación, tras 20 años de jefatura absoluta, al congresista Luis Fernando Pérez Martínez, un exponente de las nuevas generaciones eferregistas; a sus 41 años, Pérez no conocía más práctica política que la desarrollada en democracia. Como secretaria general adjunta resultó elegida Zury Ríos, quien también fue designada candidata a la Presidencia del país para las elecciones del año próximo. Complacido por las decisiones del cónclave eferregista, el anciano ex dictador destacó el papel "fundamental" e "histórico" que su agrupación había desempeñado en la historia reciente del país, así como sus "importantes aportes" a la democracia y el Estado de derecho.

Pese a las consignas de renovación, el ocaso del FRG era insoluble. En mayo de 2011, anticipándose al previsible descalabro en las urnas, Zury Ríos canceló su candidatura presidencial aduciendo falta de recursos para financiarla. Tampoco candidatearía al Congreso, en lo que imitaba a su anciano padre, quien por lo tanto se exponía a ser procesado a partir del 14 de enero de 2012. Por si fuera poco, el grupo parlamentario eferregista empezó a desintegrarse por la fuga de varios congresistas a otras agrupaciones. En los comicios al Congreso del 11 de septiembre de 2011 los peores pronósticos se hicieron realidad para el FRG, que con sólo 119.000 votos, el 2,7% del total, pálido reflejo de la fuerza que había llegado a tener, no fue capaz que mantener más que un representante en la Cámara, el secretario general Luis Fernando Pérez. En las presidenciales, se impuso el líder del conservador Partido Patriota, Otto Fernando Pérez Molina, un general del Ejército dado de baja en 2000 por el que Ríos Montt sentía inquina desde que secundara al general Mejía Víctores en su golpe de Estado de 1986.

El 14 de enero de 2012 expiró para Ríos Montt el mandato legislativo y con él su escudo legal. El final de la inmunidad tuvo consecuencias inmediatas. El 21 de enero la jueza Carol Patricia Flores, titular del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo e instructora del proceso que se seguía por genocidio y crímenes contra la humanidad en la comisión por el Ejército de 72 hechos delictivos, entre ellos 11 masacres, contra las comunidades mayas del llamado triángulo Ixil, en Quiché, citó a Ríos Montt a declarar como sospechoso de implicación en el asesinato documentado de 1.771 personas, en otros 1.400 casos de violaciones de Derechos Humanos y en 29.000 desplazamientos forzosos.

Ya pesaban cargos de genocidio, por los que permanecían detenidos, contra los generales retirados José Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes, mientras que el cargo de crímenes contra la humanidad le había sido suspendido provisionalmente a Mejía Víctores tras dictaminarse que el ministro de Defensa de Ríos Montt cuando la comisión de los hechos no reunía las condiciones físicas y mentales para ir a juicio. El 26 de enero Ríos Montt no tuvo más remedio que comparecer ante el juzgado, donde la jueza le comunicó que estaba inculpado en los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. En su fallo, la magistrada Flores comentó que las pruebas presentadas por el fiscal del caso, Manuel Vásquez, habían sido decisiva