Eduardo Duhalde

Cuando el día de año nuevo de 2002, en unas circunstancias dramáticas y como resultado de un amplio consenso partidista, el Congreso de Argentina le invistió presidente de la Nación —era el quinto en doce días—, Eduardo Duhalde, caudillo del peronismo bonaerense, ya era uno de los políticos más poderosos del país. Antes vicepresidente, luego gobernador provincial y últimamente senador nacional, Duhalde traía en sus bregadas alforjas una victoria, la frustración de la re-reelección de Menem, cuyo ruinoso legado neoliberal deploraba, en 1999, y una derrota, la infligida por el radical de la Rúa en las presidenciales de aquel año. Sus credenciales de "peronista biológico" con una visión nacionalista y social del desarrollo económico, y particularmente interesado en las problemáticas de la droga, hubo de ponerlas a prueba en la conducción interina de un Estado en suspensión de pagos, con los depósitos bancarios secuestrados por el colapso de la liquidez, una recesión de dos dígitos y la cólera ciudadana retumbando en las calles.

Durante unos angustiosos meses, el mandatario, gobernando por decreto y apoyado en un Gobierno de unidad nacional, se afanó en conjurar la crisis y un nuevo estallido social con una batería de intervenciones delicadas: confirmó la moratoria del pago de la deuda externa, liquidó la convertibilidad del peso, pesificó créditos y ahorros en dólares, y aplicó un ajuste fiscal demandado por el FMI. En cuanto al traumático corralito financiero, primero lo flexibilizó y finalmente lo levantó, aunque con reintegros achicados por la devaluación monetaria. El principio de la estabilización financiera y las primeras piedras de un nuevo modelo productivo generador de crecimiento no atajaron, sin embargo, la veloz propagación de la pobreza y el desempleo, mientras la clase media quedaba diezmada. Si la reconstrucción del edificio económico comenzó bajo Duhalde, la reparación del tejido social debió aguardar mejores tiempos.

En 2003 Duhalde patrocinó decisivamente —y contra Menem— la postulación sucesoria de su colega de partido santacruceño Néstor Kirchner, un peronista orientado a la izquierda, pero luego de transferirle el mando fue alejándose paulatinamente de él a medida que tomaba cuerpo su proyecto político autónomo. El duelo por el liderazgo del justicialismo se saldó con la derrota total del ex presidente en las legislativas de 2005, cuando el oficialismo kirchnerista arrebató a los duhaldistas su bastión electoral en la Provincia de Buenos Aires. Decidido a presentarse a las presidenciales de octubre de 2011, Duhalde unió fuerzas con las diversas facciones disidentes del llamado PJ anti-K, dando lugar en 2010 al Peronismo Federal, en cuyo seno lanzó su precandidatura. En abril de 2011, sin embargo, abandonó el proceso de primarias del Peronismo Federal y relanzó su aspiración por el partido Unión Popular y la coalición Frente Popular. Alcanzar el "hambre cero", impulsar la renta básica ciudadana y pasar página al "Estado subsidiador y antiproductivo" son algunas de sus propuestas de campaña, que libra muy a la zaga de la gran favorita, la titular reeleccionista Cristina Fernández de Kirchner.

1. Dirigente peronista con base política en el conurbano porteño
2. De vicepresidente de la Nación a gobernador de Buenos Aires
3. Enfrentamiento con Menem por la nominación presidencial en 1999
4. Derrota ante de la Rúa y obtención del mandato de senador
5. Designado de compromiso para dirigir interinamente un Estado en quiebra
6. Gobernando en la cuerda floja: el dilema del corralito financiero
7. Primeros frutos de la nueva política económica sobre un fondo de desastre social
8. Las maniobras para impulsar un favorito en las elecciones de 2003
9. Duelo con el kirchnerismo y pérdida del electorado bonaerense
10. La experiencia del Peronismo Federal y la candidatura independiente en las presidenciales de 2011
11. Actividades extrapolíticas, reconocimientos y bibliografía


1. Dirigente peronista con base política en el conurbano porteño
Hijo de un empleado de banca descendiente de inmigrantes vascos, recibió la educación primaria en su Lomas de Zamora natal, una población del extrarradio sur de la Capital Federal, y la secundaria en la aledaña Temperley. De la Universidad de Buenos Aires salió habilitado en 1970 como notario y abogado laboralista. En julio de 1971 contrajo matrimonio con Hilda Beatriz González, en lo sucesivo inseparable compañera de andanzas políticas con el sobrenombre de Chiche Duhalde. Según la prensa argentina, la pareja, padres de cinco hijos (Juliana, Analía, María Eva, Agustina y Tomás), se conoció en una piscina cuando él trabajaba de socorrista para pagarse las clases.

Siendo un admirador del general Juan Domingo Perón, Duhalde se estrenó en la política representativa en 1973, el año de la restauración democrática tras un septenio de regímenes militares y también el año del final de la proscripción del Movimiento Justicialista y de su estructura partidaria, el Partido Justicialista (PJ), vigente desde el golpe militar de 1955. Duhalde entró primero a trabajar en el Departamento de Asuntos Legales del consistorio de Lomas de Zamora y luego, a instancias del Sindicato de Trabajadores Municipales del que era afiliado, salió elegido concejal. En 1974 se convirtió en intendente (alcalde) para completar el mandato del titular fallecido. Fue el año en que pereció Perón, al que sustituyó en las presidencias de la Nación y del PJ su viuda, María Estela (Isabel) Martínez de Perón.

Duhalde perdió su condición de edil a raíz del golpe militar de marzo de 1976. Entonces, regresó a su despacho de abogado, desde donde defendió a compañeros peronistas represaliados por la dictadura y, ya en la clandestinidad, prosiguió con el activismo político. Las elecciones del 30 de octubre de 1983, que marcaron la vuelta de Argentina a la democracia, le devolvieron el antiguo puesto municipal, mientras que la Unión Cívica Radical (UCR) de Raúl Alfonsín se impuso al PJ a nivel nacional y provincial. El 10 de diciembre Duhalde reanudó sus funciones en Lomas de Zamora como el resto de cargos electos en todas las escalas institucionales.

Regidor dinámico y buen conocedor de la realidad de la calle, Duhalde volcó sus inquietudes sociales en un barrio golpeado como el resto del conurbano porteño por el desempleo y la marginalidad, en un contexto de apabullante crisis económica. Creó una oficina municipal, pionera en Argentina, de prevención y asistencia a los drogadictos y aplicó un plan alimentario municipal, que redujo los índices de mortandad y malnutrición infantiles en los segmentos más desfavorecidos. Por lo que respecta al ámbito interno del partido, su adscripción al sector renovador enfrentado a la vieja guardia peronista y liderado por Carlos Saúl Menem, gobernador de La Rioja, y Antonio Francisco Cafiero, ex ministro de Economía y diputado por Buenos Aires, le acarreó su expulsión de la sección bonaerense del PJ.

El castigo del oficialismo no fue óbice para que Duhalde continuara recogiendo apoyos y viera crecer su popularidad en Lomas de Zamora y otros distritos del conurbano, de suerte que en 1986 consiguió ser elegido presidente local del partido y en los comicios legislativos nacionales del 6 de septiembre de 1987 se convirtió en uno de los representantes que el electorado peronista de la Provincia de Buenos Aires colocó en la Cámara de Diputados. En estas elecciones, pese a la grave merma de credibilidad del Gobierno alfonsinista por su incapacidad para enderezar la economía y detener la espiral inflacionaria, el PJ no machacó a la UCR, aunque sí le superó en porcentaje de voto y le arrebató la mayoría absoluta en la Cámara baja. Los excelentes resultados cosechados por los candidatos renovadores del peronismo en los distintos niveles de representación institucional precipitaron la promoción de Menem a la presidencia del Consejo Nacional del PJ, barriendo a los viejos peronistas y recuperando la unidad del partido en torno a un programa modernizador. Duhalde se convirtió entonces en uno de los hombres de confianza del nuevo jefe del justicialismo y su carrera política se adentró por una senda ascendente.

En diciembre de 1987 le fue otorgada la Vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados y poco más tarde Menem le llamó para secundarle en las primarias partidarias del 9 de julio de 1988, de las que había de salir la nominación para las elecciones presidenciales de 1989. La fórmula Menem-Duhalde se impuso a la formada por Cafiero, a la sazón gobernador de Buenos Aires desde el año anterior, y José Manuel de la Sota, entonces jefe del peronismo de Córdoba en la oposición, en las primeras elecciones internas del justicialismo que se realizaron con el voto directo de los afiliados.


2. De vicepresidente de la Nación a gobernador de Buenos Aires
La personalidad arrolladora y las promesas populistas de Menem concedieron al peronismo los resortes del poder ejecutivo y legislativo nacionales en las elecciones del 14 de mayo de 1989. Los aspirantes radicales batidos con el 49,3% de los votos por la fórmula del PJ fueron Eduardo César Angeloz, gobernador de Córdoba, en la lid por la Presidencia y Juan Manuel Casella, ministro de Trabajo de Alfonsín, por la Vicepresidencia. Por petición expresa de Alfonsín, que no se sentía con fuerzas para contener el estallido social y la pesadilla de la hiperinflación, el traspaso de poderes se adelantó al 8 de julio. En el poder legislativo, Duhalde cesó como diputado y asumió la función de presidente del Senado, inherente al puesto de vicepresidente de la Nación.

Al frente de una oficina sin rango político y con funciones más bien representativas y protocolarias (fundamentalmente, la sustitución del presidente por ausencia o incapacidad), Duhalde aprovechó para sacar adelante la Secretaría de Programación y Coordinación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, un organismo llamado a aplicar en el ámbito federal las políticas que él había venido promoviendo como diputado nacional y antes implementado en su distrito. Pero su ambición apuntaba a más altas cumbres y, por de pronto, se postuló para gobernador de Buenos Aires, considerado el segundo puesto más poderoso de la nación tras la Presidencia al concentrar esta provincia el 38% de la población, el 32% del PIB y el 49% de los empleos.

En agosto de 1991 Duhalde ganó la primaria justicialista a Carlos Brown y el 8 de septiembre se deshizo de su contrincante radical, Juan Carlos Pugliese, con el 47,7% de los votos. El 10 de diciembre siguiente, días después de dimitir en la Vicepresidencia (que quedó vacante), Duhalde tomó posesión de la gobernación bonaerense en lugar de Cafiero, con la promesa de regir para todos los ciudadanos sin distinción de siglas y declarando rota "la vieja y equívoca antinomia oficialismo-oposición". La gestión del Cabezón, como Duhalde era conocido por sus paisanos y simpatizantes (en irónica referencia tanto a este su rasgo físico como a su carácter contumaz), en la provincia más rica del país suscitó vigorosas polémicas, ya que si bien lanzó un vasto programa de obras públicas con un fuerte acento social que generó empleo y extendió los servicios sociales, ello se hizo a costa de multiplicar los gastos mucho más allá del nivel de ingresos, política fiscal que dejó exangües las arcas provinciales.

También menudearon contra Duhalde las denuncias de ineficacia, corrupción e incluso implicación en una trama de narcotráfico (él, el campeón de la denuncia de este azote social), mientras que en el voluntarismo social de su esposa, que se encargó de levantar una red caritativa atendida por amas de casa, las llamadas manzaneras, en las villas miseria del gran Buenos Aires, la oposición radical encontró estomagantes remembranzas del populismo a pie de acera de Eva Perón. Este servicio, encuadrado en el Plan Vida, fue obviamente recibido con entusiasmo de sus beneficiarios, y de hecho siguió adelante después de que Duhalde dejara el puesto.

Las clases trabajadoras estaban con el gobernador, así que el 2 de octubre de 1994 Duhalde ganó con el 61,5% de los votos un plebiscito sobre su habilitación para optar a la reelección. Duhalde promovió la enmienda específica de la Constitución provincial siguiendo la pauta de Menem en el Estado. Ciertamente, el mandatario riojano acababa entonces de sacar adelante una reforma de la Carta Magna argentina para permitirle renovar en la Casa Rosada por un segundo período, cuatrienal, en lugar del mandato sexenal no prorrogable. Precisamente, Duhalde fue uno de los convencionales constituyentes elegidos el 10 de abril de 1994 con el mandato de redactar los cambios en la ley suprema, cuyo nuevo articulado fue promulgado el 23 de agosto.

Exonerada de competir en una interna del justicialismo al no presentársele rivales, en las elecciones generales del 14 de mayo de 1995 la fórmula de Duhalde y Rafael Edgardo Romá fue revalidada con un contundente 56,7% de los sufragios, ganando en todos los distritos de la provincia a los candidatos de la UCR, Pascual Cappelleri, y el Frente del País Solidario (Frepaso), Carlos Auyero. El éxito sensacional de Duhalde en la Provincia de Buenos Aires contrastó con el 23% de votos obtenido por el PJ en la Capital Federal, donde la fuerza mayoritaria era el pujante Frepaso que lideraban los ex peronistas Carlos Chacho Álvarez y José Octavio Bordón. La propia UCR, pese a su declive general desde 1987, se quedó a solo tres puntos del PJ en una urbe que antaño fue su baluarte frente al peronismo dominante en el resto de la provincia. En las presidenciales, Menem venció al frepasista Bordón y el radical Horacio Massaccesi, coronando la estrategia continuista arrancada en el Pacto de Olivos de noviembre de 1993 con Alfonsín.


3. Enfrentamiento con Menem por la nominación presidencial en 1999
Duhalde inició su segunda gobernación el 10 de diciembre de 1995. El abogado, que en 1994 ya se había tragado el sapo de la segunda postulación de Menem para un puesto que ambicionaba para él, aceptó ayudar a su superior institucional y partidista en la lid presidencial a cambio de la devolución del favor en 1999, pero bien pronto vio que aquel no estaba por la labor. Fue el comienzo de una malquerencia mutua, por razones tanto personales como ideológicas, ya que Duhalde, peronista tradicional en el sentido del apego a la noción del Estado providente y dinamizador de la economía, tenía dificultades para comulgar con el neoliberalismo sin complejos que venía aplicando Menem. En los años siguientes, los encontronazos entre ambos líderes iban a adquirir tintes de verdadera animadversión.

Duhalde se dispuso a reforzar su base de poder provincial frente a Menem y sus lugartenientes en el Gobierno Nacional, dentro de una tendencia global que estaba otorgando a los caudillos territoriales del peronismo, a fin de cuentas, los detentadores del capital electoral de un partido en claro retroceso a nivel nacional, un peso creciente en los órganos de dirección internos. Como presidente del PJ en el distrito provincial de Buenos Aires y amigo del nuevo vicepresidente de la Nación, Carlos Federico Ruckauf, Duhalde entró en un regateo muy bronco con Menem, que salió a entorpecer el rumbo presidencial de su antiguo allegado. Por su parte, Duhalde refutó la pregonada "candidatura natural" de Menem, sostuvo la necesidad de conducir en 1999 unas primarias abiertas y democráticas, y, aunque no era miembro del Consejo Nacional, máxima instancia ejecutiva del partido, se invistió con el rol de líder moral y conciencia del peronismo.

Duhalde perdió puntos en su pugna particular con Menem con motivo de las legislativas parciales del 26 de octubre de 1997, cuando la recién creada Alianza entre el Frepaso y la UCR batió al PJ, ocasionándole su primera derrota en las urnas desde 1987 y la primera estando en el Gobierno desde 1946. Para Duhalde, el histórico varapalo resultó doblemente amargo. En primer lugar, porque su esposa ganó el escaño de diputada nacional por Buenos con un margen de votos mucho menor del esperado, el 41,3%, y fue batida en esta particular pugna con siete puntos de diferencia por la aliancista Gabriela Fernández Meijide. Y en segundo lugar, porque, algo impensable hasta hacía bien poco, en el conjunto de la provincia la Alianza, con el 48,2% de los votos, superó ampliamente al PJ. Entonces se creía que Chiche González de Duhalde aspiraba a sustituir a su marido en 1999 sobre la hipótesis de que él se hiciera con la Presidencia de la Nación.

Menem eludió toda responsabilidad por el revés electoral con el argumento de que él no había sido candidato, pero Duhalde, que pudo haber dicho lo mismo, fue quien dio la cara ante la opinión pública, mitigando con su sinceridad el daño sufrido por su precandidatura presidencial. El enfrentamiento dentro del partido se avivó cuando Menem confirmó lo que muchos habían sospechado (y temido), su deseo de optar a la "re-reelección" presidencial en 1999, recurriendo si era preciso a una segunda modificación constitucional ad hoc. Duhalde reaccionó coléricamente y con él se alinearon con mayor o menor definición el vicepresidente Ruckauf, el también bonaerense Felipe Carlos Solá, el santafesino Carlos Alberto Reutemann, el santacruceño Néstor Carlos Kirchner y otros barones provinciales del partido (entre los cuales no faltaban pretendientes más o menos velados de la suprema magistratura de la nación), obligando a Menem a dar marcha atrás en julio de 1998.

En apariencia, Duhalde, investido presidente del Congreso Nacional Justicialista, órgano máximo de conducción partidario, hasta 2002, ya tenía el camino despejado para su nominación en las primarias de la primavera de 1999, pero en febrero de ese año Menem volvió a la carga recabando apoyos políticos para su propósito. Con el índice de aceptación hundido en las encuestas, a esas alturas casi ningún peso pesado del partido deseaba siquiera que Menem se presentara a las primarias. El 10 de marzo de 1999 la aspiración del titular quedó definitivamente cancelada al rechazar la Cámara de Diputados la segunda reelección presidencial por 159 votos sobre 257. Duhalde empezó a saborear la revancha: el 9 de mayo de 1999 Ruckauf avasalló a Cafiero con el 80,2% de los votos en la interna para la nominación del candidato a gobernador de Buenos Aires y el 16 de junio él mismo fue proclamado candidato presidencial por el partido sin necesidad de disputar la primaria, convocada para el 4 de julio, ante la ausencia de retadores. Su compañero de fórmula era Ramón Palito Ortega, ídolo de la canción popular argentina en la década de los setenta y gobernador de Tucumán entre 1991 y 1995.


4. Derrota ante de la Rúa y obtención del mandato de senador
Duhalde gozaba de indudable estima en las populosas ciudades fabriles del cinturón porteño pese a haber dejado la Provincia de Buenos Aires en virtual bancarrota, y sus posibilidades de victoria en las urnas el 24 de octubre de 1999 parecieron ganar ímpetu desde el momento en que la Alianza, en noviembre de 1998, había preferido para enfrentársele al radical Fernando de la Rúa, el austero y monocorde gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre Fernández Meijide, muy popular y temida por el peronismo. El todavía gobernador elaboró un programa electoral que trataba de dar respuestas a todas las demandas de la ciudadanía, en especial esas amplias clases medias que habían cargado con el coste devastador de los ajustes monetario y salarial. El plan duhaldista hacía hincapié tanto en las cuestiones de pura economía como en las sociales, haciendo un ostensible desmarque de las políticas menemistas, que sólo tenían ojos para la apertura, desregulación y privatización de la industria nacional, el monetarismo y la lucha contra la inflación.

La premisa de Duhalde era que el modelo de Menem de liberalismo a ultranza estaba agotado y que había que aplicar recetas nuevas para ahuyentar los nubarrones de crisis económica que amagaban con descargar furiosamente tras una década de crecimiento y estabilidad. En cuanto a las hipotecas con el FMI, Duhalde advirtió que el país no podía seguir "ajustando, ajustando y ajustando" como condición para acceder a su asistencia financiera. En efecto, 1999 iba a terminar con una recesión del -3,4%, provocada por la caída de las exportaciones como consecuencia de la tasa de cambio fija entre el peso y el dólar, sobre un fondo de déficit fiscal de 7.000 millones de dólares, una deuda externa pública de 145.000 millones y una tasa de paro del 14%. Frente a este lúgubre panorama, Duhalde propuso un plan de signo expansionista consistente en la bajada de los impuestos al consumo y la congelación de los despidos en las empresas zarandeadas por la crisis a cambio de beneficios fiscales para los patronos.

Durante meses, el aliancismo fue a remolque en las encuestas de opinión, pero al final prevaleció la erosión del peronismo tras una década en el poder en la persona de Menem. La fórmula de la Rúa/Álvarez venció a la fórmula Duhalde/Ortega con el 48,5% de los votos, una diferencia de más de diez puntos, sin precedentes en la historia electoral del justicialismo. El mazazo pareció poner fin a la carrera política de Duhalde, que, liberado de sus funciones de gobernador el 10 de diciembre con la toma de posesión de Ruckauf, anunció su dedicación preferente a la actividad privada, concretamente a la docencia universitaria y a la gestión de una empresa inmobiliaria de su propiedad.

La espantada se quedó en una finta. Duhalde no sólo se mantuvo plenamente activo en la arena política, sino que reorientó sus apetencias al escaño de senador federal por Buenos Aires, excelente trampolín para una nueva e hipotética aventura presidencial. En las legislativas parciales del 14 de octubre de 2001, que otorgaron al PJ la mayoría en ambas cámaras del Congreso, Duhalde ganó el codiciado escaño senatorial con un buen resultado, el 37,5% de los votos. Instantáneamente, los comentaristas se pusieron a hacer cábalas sobre una postulación para la Presidencia en 2003, suposición que él se encargó de devaluar aunque sin pronunciarse categóricamente. Los comicios parciales de 2001 acontecieron en un momento muy delicado para de la Rúa, incapaz de revertir la gravísima crisis económica y financiera, e impugnado desde el Frepaso y la propia UCR, cuya alianza, desde la dimisión del vicepresidente Chacho Álvarez el año anterior, estaba haciendo aguas. Puesto que el PJ ostentaba el control del Legislativo y podía decidir la suerte de un Ejecutivo muy debilitado, la figura del senador bonaerense ganó muchos enteros.

Con franqueza sorprendente, por no decir con negro sarcasmo, Duhalde afirmó que el país padecía una coyuntura dramática por la iliquidez financiera, pero apuntó a un problema más de fondo, la crisis del sistema en su conjunto, que ligó a un "oficialismo desarticulado" y a un "partido de oposición inorgánico y fraccionado". En su particular análisis político, Duhalde remató: "Somos una dirigencia de mierda en la que me incluyo. Este es mi pensamiento. Y la gente dice cosas peores de nosotros: nos llaman corruptos, delincuentes, incapaces, mediocres, vendepatrias". Sobre el espectacular aumento en las legislativas de octubre del denominado "voto bronca", esto es, las papeletas en blanco y nulas, Duhalde situó su procedencia en sectores de clase media que estaban siendo "aniquilados" y convertidos en "nuevos pobres" antes inexistentes, fenómeno que constituía un "drama individual y para toda Argentina". En cuanto a sus diferencias con el todavía presidente nominal del partido, indicó que no pretendía diferenciarse del menemismo por la sencilla razón de que él, un "peronista biológico", nunca se había inscrito en aquella tendencia.


5. Designado de compromiso para dirigir interinamente un Estado en quiebra
El 19 de diciembre de 2001 se produjo el temido estallido social en Buenos Aires y otras ciudades del país tras 16 días de máxima tensión por la entrada en vigor de la inmovilización parcial (limitación de los reintegros en efectivo a los 250 pesos o dólares por semana, tope luego incrementado a los 1.000 pesos/dólares) y temporal (por 90 días, en principio) de todos los saldos bancarios como medida desesperada para evitar la fuga masiva de depósitos. Se trataba del temido corralito financiero, que desencadenó una vorágine política e institucional sin precedentes en la Argentina contemporánea.

El 20 de diciembre, de la Rúa, después de aceptar la dimisión del ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo y de serle desoída por el peronismo la súplica de un gobierno de concentración nacional, resignó a su vez, decisión que tuvo el efecto de apaciguar la protesta social y los saqueos incontrolados de comercios de la alimentación. Las algaradas, muy violentas, dejaron un total de 27 muertos. El 21, la Asamblea Legislativa —esto es, las dos cámaras del Congreso reunidas en sesión conjunta— dispuso la asunción en funciones de la Presidencia por el titular provisional del Senado, el peronista Federico Ramón Puerta, quien convocó otra sesión de la Asamblea para designar un presidente interino con mandato hasta el 5 de abril de 2002, fecha en que debía entregar el mando al presidente salido de unas elecciones adelantadas al 3 de marzo. El puesto recayó en Adolfo Rodríguez Saá, gobernador peronista de San Luis desde 1983. La elección de Rodríguez Saá fue fruto de un consenso de los gobernadores provinciales del PJ más influyentes que sostenían, o se sospechaba que sostenían, ambiciones presidenciales y que deseaban elecciones sin demora. Estos eran Ruckauf, Reutemann, Kirchner, de la Sota y el pampeano Rubén Marín.

En principio, Duhalde estaba fuera del conciliábulo, pero también hizo oír su voz en favor del puntano. Como distanciándose de la carrera por el poder arrancada en el partido, el senador federal objetó la ley de lemas que Rodríguez Saá, Reutemann y de la Sota deseaban aplicar al procedimiento electoral, según la cual cada partido (lema) podía presentar varios candidatos (sublemas), el más adelantado de los cuales se llevaba la totalidad de los votos de su formación política. El mecanismo concedía satisfacción a los varios postulantes sorteando una eventual descalificación en la elección primaria, pero Duhalde pensaba que sólo favorecía la dispersión del voto peronista.

En el efímero interinato de Rodríguez Saá, quien le encargó la misión de transmitir "mensajes reservados" a dirigentes políticos del mundo para explicar su programa y aunar apoyos, Duhalde se distanció de algunas de las controvertidas medidas pensadas para superar el desastre económico, en especial la puesta en circulación de una tercera moneda con un tipo de cambio libre, el argentino. El nuevo inquilino de la Casa Rosada quería inyectar liquidez al sistema financiero y sustituir los distintos bonos emitidos por los gobiernos provinciales para afrontar el pago de salarios y pensiones, los denominados patacones y las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop). Rodríguez Saá recibió múltiples críticas por su análisis poco riguroso del calamitoso estado de cosas, las promesas en lo social de imposible cumplimiento, el anuncio intempestivo (aunque con ovación del Congreso) de la suspensión de pagos de la deuda soberana y el nombramiento para ministros de políticos peronistas sospechosos de corrupción. Sintiéndose engañada, la ciudadanía desató el 29 de diciembre una segunda ola de disturbios que forzó a Rodríguez Saá, en la jornada siguiente, a anunciar su dimisión entre amargos reproches a los jefes peronistas por haberle abandonado.

Correspondía a Ramón Puerta de nuevo tomar la jefatura de la Nación en funciones, pero dado que se apresuró a dimitir como presidente provisional del Senado, el testigo pasó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Óscar Camaño, también peronista y además duhaldista. Camaño se convirtió en presidente en funciones de iure el último día del año con la aceptación por la Asamblea Legislativa de la dimisión de Rodríguez Saá. Se estableció entonces un amplio consenso en el peronismo (incluido el sector menemista) y la oposición para que Duhalde pilotara el país, sumido en la confusión de una crisis terminal, hasta las elecciones de 2003. El 1 de enero de 2002 Duhalde, en virtud de la Ley de Acefalia, fue investido por los diputados y senadores con 262 votos a favor, 21 en contra y 18 abstenciones, y con mandato hasta el 10 de diciembre de 2003, esto es, hasta agotar el ejercicio cuatrienal para el que había sido elegido de la Rúa. No habría, por tanto, comicios anticipados, siendo la opinión mayoritaria de los legisladores que lo que urgía ahora era obtener un Ejecutivo estable con el máximo apoyo partidista.


6. Gobernando en la cuerda floja: el dilema del corralito financiero
El 2 de enero, en compañía de su esposa y sin alharacas (su talante circunspecto contrastó con la pose triunfalista de Rodríguez Saá en el mismo estrado días atrás), y con la ausencia tanto de de la Rúa como de Menem, Duhalde recibió de Camaño los atributos que le convertían en el quinto presidente de Argentina en trece días y con la misión, extraordinariamente delicada, de recomponer un país fracturado por la ruina de su edificio económico, el hundimiento del poder adquisitivo de la mayoría de la población y el divorcio entre la clase política y los ciudadanos. No fueron pocos entonces los que señalaron al flamante mandatario como uno de los principales culpables de la debacle, por su heterodoxia financiera en los años en que gobernó Buenos Aires.

Duhalde, que en vísperas de la asunción presidencial había expresado su temor a que se produjera una "guerra civil" en Argentina, empezó por reconocer que el país estaba "quebrado" y "fundido", y anunció un Gobierno de unidad nacional con la triple misión de "reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social y sentar las bases para el cambio del modelo económico y social". A la espera de precisar los pormenores de su programa, adelantó que tanto el ferozmente impopular corralito sobre los ahorros como la moratoria en el pago de los intereses de la deuda seguirían en vigor. Pero también dejó claro que iba a haber una nueva política cambiaria, ya que la Ley de Convertibilidad de 1991, que fijaba la paridad exacta del peso y el dólar y prohibía la emisión de moneda sin el debido respaldo en las reservas internacionales de divisas del Banco Central (BCRA), había quedado "arrasada" por la avalancha que ella misma había provocado.

Así, se iba a fijar un nuevo tipo de cambio entre el peso y el dólar que supondría la devaluación de la moneda nacional, si bien moderada y controlada, para alejar el espectro de la hiperinflación y evitar el desabastecimiento de productos importados de primera necesidad. La medida perseguía mejorar la competitividad de la producción local en los mercados interno y externo, y atraer inversiones industriales, un cambio de dinámicas que podría sacar al país de la abismal recesión. Ahora bien, estos efectos positivos sólo se iban a dejar sentir a medio o largo plazo, mientras que con carácter inmediato el poder adquisitivo de asalariados, pensionistas y ahorradores iba a sufrir un menoscabo añadido. Se asumía un alto riesgo de escalada en los precios, y, de hecho, algunos productos y servicios ya empezaron a encarecerse tan sólo con anunciar Duhalde el fin del uno por uno.

Duhalde era de la opinión de que el esquema que hacía diez años había terminado con las devaluaciones y la hiperinflación, en el camino, "arrojó a la indigencia a dos millones de argentinos, destruyó a la clase media, quebró nuestras industrias y pulverizó el trabajo de los argentinos". Los observadores destacaron que el nuevo presidente siempre había mantenido buenas relaciones con los sindicatos peronistas y los industriales autóctonos, en detrimento de los intereses de la banca, los movimientos de capital extranjero y los servicios públicos privatizados, sector este último en el que se concentraban las cuantiosas inversiones españolas (superando los 40.000 millones de dólares, en 2000 España había desbancado a Estados Unidos como principal inversor en Argentina). Duhalde se comprometió asimismo a destinar todas sus energías a completar su mandato y a no presentarse a la reelección, pues "la responsabilidad en el ejercicio de un gobierno es incompatible con la pretensión de competir por una candidatura presidencial". Se tenía presente el caso de Rodríguez Saá, y para Duhalde su autoexclusión electoral era el mejor aval de una presidencia sin fecha de caducidad anticipada por trastornos políticos emanados de su propio partido.

El 3 de enero, mientras el país entraba oficialmente en suspensión de pagos por el vencimiento sin amortización de un eurobono de 28 millones de dólares emitido en liras italianas, el Ejecutivo duhaldista prestó juramento. Destacaban las presencias del senador y economista peronista Jorge Capitanich como jefe de Gabinete (varios gobernadores del partido declinaron hacerse cargo de esta oficina), de Ruckauf en la Cancillería, de Jorge Remes Lenicov al frente del ingrato Ministerio de Economía y del radical Horacio Jaunarena en Defensa, ministerio que ya encabezara con Alfonsín y de la Rúa. La esposa del presidente recibió responsabilidades de Gobierno como ministra interina de Desarrollo Social y Medio Ambiente, área que por de pronto se limitó a funcionar como un dique de contención de la desesperanza de los más golpeados por la crisis; en cifras facilitadas por el propio Duhalde, la pobreza afectaba ya a 15 de los 36 millones de argentinos. Sólo dos radicales, un frepasista y un independiente fueron incluidos en un gabinete dominado por los justicialistas, y más concretamente por militantes de la sección bonaerense, decepcionando a los que habían imaginado un Gobierno de salvación nacional sin preponderancias partidistas.

El 4 de enero el Ejecutivo certificó la desaparición de la convertibilidad al dar luz verde a una devaluación del peso que, se estimaba, iba a oscilar entre el 25% y el 30%. Este tipo de cambio fijo y oficial afectaba a las principales operaciones comerciales y financieras: las exportaciones, la mayoría de las importaciones y el abono de la deuda soberana. El turismo, las importaciones consideradas no vitales y algunos pagos financieros como la compra de dólares para ahorro, tendrían que liquidarse con el tipo de cambio flotante existente en el mercado libre, donde el precio del dólar venía regulado por la oferta y la demanda.

El proyecto de la denominada Ley de Emergencia Económica y de Reforma del Régimen Cambiario establecía también la pesificación sin devaluación (esto es, en este caso seguía rigiendo la cotización del uno por uno) de todos los créditos de hasta 100.000 dólares, lo que afectaba al 92% de la población, ya que los que en la década anterior habían obtenido préstamos lo habían hecho en la moneda estadounidense por ofrecer unos tipos de interés considerablemente más bajos que los del peso. Asimismo, la nueva Ley desindexaba (esto es, congelaba) y pesificaba las tarifas de los servicios públicos; permitía al Gobierno Nacional fijar precios máximos para productos esenciales como medicinas y combustibles, y a los gobiernos provinciales emitir nuevos bonos Lecop; prohibía los despidos laborales sin justificación durante tres meses; y determinaba un presupuesto para 2002 respetuoso con el equilibrio fiscal. Conocidas las propuestas de Duhalde, los medios destacaron su signo proteccionista y regulador, pero que no renegaba de principios básicos del liberalismo como el déficit cero, perseguido al menos sobre el papel.

Los distintos colectivos afectados por esta legislación (es decir, todos y cada uno de los argentinos) lo acogieron con distintos grados de aprensión y temor: los consumidores, por la segura merma en su poder adquisitivo; los acreedores, porque en lo sucesivo iban a cobrar sus débitos en moneda desvalorizada; los patronos, porque no iban a poder compensar los descensos de beneficios o las pérdidas con reajustes laborales; y los proveedores privados de servicios (como los españoles Telefónica, Endesa y Repsol-YPF, que controlaban una parte considerable de los mercados de comunicaciones, energía eléctrica e hidrocarburos, respectivamente), porque iban a perder cientos de millones de dólares por la suspensión de pagos, la devaluación y la pesificación de sus tarifas.

Duhalde intentó tranquilizar a las empresas afectadas con fórmulas de compensación económica y el inicio de negociaciones multisectoriales. A la población le aseguró que el corralito era una medida, si bien ciertamente dolorosa, temporal, y que en su momento podría retirar los ahorros en la moneda en que los depositó, aunque no dio fechas. Por de pronto, la intervención del Estado sobre estos dineros se flexibilizó con la ampliación de 1.000 a 1.500 pesos la cuota de retiro para las nóminas de los asalariados y de 1.000 a 1.200 la del resto de los reintegros. En su primer encuentro con empresarios y sindicalistas, Duhalde anunció el nacimiento de una "nueva alianza de la comunidad productiva" y, haciendo profesión de fe nacionalista, recalcó la imperiosa necesidad de proteger la producción nacional. Se lamentó de que "ya no quedaran" empresas argentinas porque el proceso de desnacionalizaciones había sido "terrible", y emplazó a consumir preferentemente artículos argentinos como prefacio de ese resurgimiento. Con un tono fatídico que empezó a ser habitual en él, urgió a la concertación patriótica de todos los agentes sociales, ya que "bajamos cada vez más abajo, escalón tras escalón: recesión, depresión, estado preanárquico, caos. Un escalón más abajo y habrá un baño de sangre"

El 6 de enero el Congreso aprobó por amplia mayoría la Ley de Emergencia Económica, que adicionalmente facultaba a Duhalde para tomar decisiones en política económica, financiera y social hasta el final de su mandato sin consultar al Legislativo, y acto seguido el ministro Remes Lenicov anunció que el nuevo tipo de cambio fijo oficial iba a ser de 1,40 pesos por dólar. El paquete legal entró en vigor el 11 de enero y en su primer día de flotación en el mercado libre el peso cotizó a 1,70 unidades por dólar, lo que suponía una devaluación del 41%. Ahora, Duhalde se concentró en negociar con las compañías privadas su cuota en el reparto general de sacrificios, tarea harto complicada desde el momento en que miembros de su gabinete y él mismo estaban denunciando que determinados lobbies al servicio de intereses españoles les estaban sometiendo a fuertes presiones. La autoridad económica se disponía también a explicar el plan anticrisis al FMI y otros proveedores de fondos, que no cejaban en sus exigencias de un presupuesto sin déficit y de nuevas reformas estructurales, empezando por la del fisco. Por su parte, la Comisión Europea y los gobiernos de Washington y Madrid reclamaron un plan "creíble" y "sostenible" para salir de la crisis.

Eso sí, para Duhalde la presión más acuciante venía de la calle. A pesar del cambio de gobernantes, la población se negó a que la protesta decayera y condujo una campaña de caceroladas sostenidas. Los desengañados manifestantes tenían porciones de denuestos y abucheos para todos, ya fueran el conjunto de la clase política, la judicatura o los poderes financieros. Precisamente, la divisa reina de las movilizaciones, expresión insuperable del hartazgo y el escepticismo reinantes, era "Que se vayan todos".

Aunque peronistas y radicales (estos últimos, liderados en el trance por el veterano Alfonsín), e incluso no pocos frepasistas, cerraron filas con el Gobierno y sus medidas de emergencia, los participantes en las marchas populares estaban resueltos a seguir "respirándole en la nuca" al Gobierno hasta ver qué se hacía con sus ahorros, qué sucedía con los precios y cómo se actuaba frente a corruptos y patrimonialistas del poder, dando la impresión de que a Duhalde se le otorgaba un plazo de gracia, pero sumamente volátil. La verdad fue que durante unos cuantos meses Duhalde y su equipo, con sus idas y venidas económicas, sacando adelante algunas disposiciones, teniendo que suspender otras, poniendo parches aquí y allá las más de las ocasiones, estuvieron haciendo puro funambulismo político, con el miedo a que en cualquier momento se produjera una explosión popular que se los llevara por delante.

El 20 de enero, luego de declarar el estado de Emergencia Alimentaria Nacional y advertido de la cruda realidad por su equipo económico, Duhalde anunció algo que se veía venir a pesar de lo asegurado en el discurso de investidura presidencial: que la devolución de los 46.400 millones de dólares del corralito (el 71% de todo el dinero atrapado, estando los restantes depósitos en pesos, lo que afectaba a dos millones de ahorradores) se haría en la moneda nacional, por cuotas máximas de 5.000 dólares convertidos además con el tipo de cambio oficial de 1,40, cuando en el mercado libre el cambio ya superaba el 2 por 1. Nóminas, pensiones, indemnizaciones por despidos y seguros de accidentes laborales eran excepciones e iban a poder retirarse de los bancos sin restricciones. El Gobierno explicó que esta desagradable revisión de las condiciones de liquidación de lo que Duhalde vino en denominar "bomba de tiempo activada" era la única manera de evitar una quiebra bancaria en cadena y la misma evaporación de los depósitos intervenidos.

El anuncio de la flexibilización pesificada del corralito tuvo la virtud de agudizar la tensión en la calle, donde a las caceroladas y las marchas de corte cívico, de masiva participación en los principales núcleos urbanos, se les fueron superponiendo modalidades de protesta y resistencia populares más contundentes y perturbadoras del orden público. Así, cobró auge el fenómeno del movimiento piquetero, formado por grupos de parados, pensionistas y otros colectivos golpeados por la crisis, que protagonizaron jornadas de lucha, cortes de carreteras y campañas de boicot, en algunos casos con desenlaces muy violentos.

A mayor abundamiento de sus contratiempos, Duhalde se topó con el fallo de inconstitucionalidad del corralito emitido por la Corte Suprema de Justicia. Aparentemente, el alto tribunal se hacía eco de la cólera popular por una medida considerada arbitraria e injusta, pero no pasó desapercibida la circunstancia de que lo formaran, empezando por su presidente, Julio Nazareno, varios magistrados nombrados en su momento por Menem, quien, por cierto, estaba tachando de "ineptos" a Duhalde y sus colaboradores como parte de su marcaje de posiciones con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2003. Duhalde valoró la decisión de la Corte Suprema como "un verdadero golpe institucional, casi un golpe de Estado", y la ligó a las maniobras de poderes fácticos interesados en "desestabilizar" el Ejecutivo. En un desafío a la instancia judicial y en un nuevo giro de tuerca a su política económica, el 4 de febrero el presidente decretó la pregonada batería de medidas "de necesidad y urgencia", que, por una parte, reforzaba la pesificación del sistema financiero y, por otra parte, conformaba el plan económico viable que estaba demandando el FMI.

A la pesificación total de los depósitos (con el tipo devaluado del 1,40) y parcial de los créditos (con el antiguo tipo paritario) se les añadió la pesificación voluntaria de la deuda pública interna sobre la base también del 1,40. Pero, fuera de estas situaciones financieras, el tipo de cambio fijo quedaba abolido, de manera que en las transacciones comerciales con el exterior pasaba a regir el tipo de cambio que estableciera el libre mercado. El primer día de vigencia de la liberalización total del régimen cambiario, el 11 de febrero, el peso aguantó y dejó su cotización en los 2,00 dólares. Para curarse de espantos después del fallo del Supremo, Duhalde, en un decreto aparte, suspendió durante seis meses la tramitación de todos los procesos judiciales, medidas cautelares y ejecutorias contra aquellas medidas económicas.

Duhalde buscó asimismo la recomposición de las relaciones comerciales con Brasil en el seno del MERCOSUR, organización que atravesaba su período más delicado al encontrarse Uruguay y Paraguay también sumidos en las desventuras económicas, y buscar todos sus miembros salidas individuales (proteccionismo, devaluaciones monetarias), con la consiguiente distorsión de la unión aduanera y las metas de integración. Aquel espíritu presidió las dos cumbres celebradas en Argentina durante la presidencia de Duhalde, la extraordinaria del 18 de febrero y la ordinaria XXII del 5 de julio, ambas en Buenos Aires, aunque por el momento prevalecieron los intereses nacionales.

Simultáneamente y con carácter más perentorio, Duhalde se afanó en obtener la vital ayuda del FMI, que el 12 de febrero reanudó el diálogo con Buenos Aires. El organismo financiero internacional se negó a otorgar créditos frescos a Argentina; lo más que aceptaba discutir era la reanudación de la entrega de préstamos ya comprometidos y la reprogramación de los pagos por Argentina de intereses de anteriores créditos próximos a vencer, y, además, supeditándolo a una larga lista de condiciones que se resumían en dos imperativos: más ajuste financiero y más reformas estructurales. Las iniciativas del Gobierno se dirigieron, por tanto, a satisfacer las demandas del FMI. A comienzos de marzo, cuando la deuda externa total se hallaba en los 132.000 millones de dólares, el presidente obtuvo el respiro de la aprobación por la Cámara de Diputados de los presupuestos de 2002, que descansaban en un pacto de coparticipación federal con las provincias para disminuir el gasto, recortar el déficit fiscal y combatir el fraude.

Pero en las semanas siguientes, un rosario de malas noticias volvió a ennegrecer el panorama, colocando al Duhalde al filo del precipicio político. La desvalorización del peso, que el 25 de marzo cotizó al mínimo histórico de 4,00 unidades por dólar, repercutió directamente en los precios al consumo y provocó sendas avalanchas de compras de dólares y de reintegros bancarios. Las tomas de efectivo se hicieron apurando cualquier resquicio dejado por el corralito, cuando no, en miles de casos, sorteándolo por las buenas, al amparo de recursos judiciales concedidos a los ahorradores, unas dinámicas que dejaron en agua de borrajas el decreto gubernamental del 4 de febrero.

El Gobierno se vio obligado a reintroducir controles en el mercado del dólar y luego, el 20 de abril, el BCRA dispuso la suspensión de la actividad bancaria y del mercado cambiario. Tres días después, el fracaso de las negociaciones en el Congreso para dar luz verde a una reedición el Plan Bonex aplicado por Menem en 1990 precipitó las dimisiones de Remes Lenicov, Capitanich y los ministros del Interior, Rodolfo Gabrielli, y de Producción, José Ignacio de Mendiguren. El proyecto de ley frustrado hacía obligatorio el canje de los depósitos a plazo fijo en dólares por bonos de deuda pública en pesos, con vencimientos a cinco y diez años y con la garantía del Estado, si bien no se sabía muy bien qué aval podría ser ése en una situación de iliquidez crítica y de continuos cambios legales. De nada sirvió, pues, la amenaza de Duhalde a los legisladores de reabrir los bancos "y que sea lo que Dios quiera", a menos que se aprobara el plan de conversión de bonos, considerado por el presidente la última oportunidad para escapar de un dilema angustioso: o el colapso financiero, sentido más cercano que nunca ante la avalancha de retiros de depósitos con respaldo judicial, o la repetición de los sucesos de diciembre, que se temía también como inminente.


7. Primeros frutos de la nueva política económica sobre un fondo de desastre social
De todas maneras, contra el pronóstico de muchos, Duhalde aguantó el temporal y en los meses siguientes, a trancas y barrancas, fue sacando adelante una serie de medidas que satisficieron varias —que no todas— de las exigencias del FMI, medidas en las que la izquierda y los movimientos sociales entrevieron una supeditación de la política y los derechos de los ciudadanos a los imperativos de la macroeconomía y los intereses del gran capital. Así, el 24 de abril, a rebufo del fracaso del Plan Bonex y la renuncia de Remes Lenicov, Duhalde alcanzó un pacto político con los gobernadores provinciales y los líderes parlamentarios para cumplimentar en el Congreso el paquete de reformas legales que figuraba en la agenda del Ejecutivo.

Este consenso de emergencia permitió, sucesivamente: la aprobación de la denominada ley antigoteo o ley tapón, con el objeto de demorar la ejecución por los particulares de los amparos favorables de la justicia a la retirada de sus depósitos hasta no haber sentencia firme de un tribunal superior (25 de abril); la reforma del régimen de quiebras, para permitir a los acreedores de una empresa en proceso de liquidación quedarse con los activos del deudor como parte del pago (15 de mayo); y, la derogación de la Ley de Subversión Económica, vigente desde 1974, de suerte que la persecución de actos culposos o dolosos cometidos por banqueros, empresarios o funcionarios en perjuicio de la economía nacional quedaba sujeta exclusivamente a lo tipificado en el Código Penal, el cual, de paso, fue revisado para eliminar la expresión "con ánimo de lucro" (30 de mayo). Además, el 9 de junio, el nuevo ministro de Economía, Roberto Lavagna, puso en marcha el llamado Plan Bonos, que se diferenciaba del fracasado plan de abril en el carácter voluntario de la conversión de los ahorros en títulos de deuda.

En el tintero de Duhalde se quedaron las muy polémicas reformas de la Ley de Entidades Financieras y de la Carta Orgánica del BCRA, destinadas a blindar la autonomía de la entidad y a desregular el funcionamiento de la banca en general, así como una reforma general de las instituciones políticas y judiciales del Estado, anunciada a bombo y platillo por el presidente en febrero en un intento de apaciguar las demandas populares, que entre otros puntos contemplaba la reducción en una cuarta parte de los diputados nacionales, la eliminación del tercer senador de cada provincia, la supresión de cuatro de los nueve magistrados de la Corte Suprema y de 14 de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura, la reducción a la mitad de la plantilla de la administración federal y drásticos recortes en los presupuestos de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Claro que aquel ambicioso proyecto lo lanzó Duhalde con el calendario político de sus dos años de mandato. Sin embargo, el 2 de julio, después de unos violentos disturbios en el Puente Pueyrredón en los que murieron dos piqueteros a manos de las fuerzas de seguridad, el presidente anunció el adelanto de las elecciones presidenciales de septiembre a marzo de 2003. El 18 de noviembre, por acuerdo de los poderes políticos, se estableció el 27 de abril como fecha definitiva de los comicios.

El 22 de noviembre de 2002, con el país conmocionado por las noticias del fallecimiento de varios niños en Tucumán como consecuencia de déficits alimentarios y con los operadores financieros más preocupados por el default de 805 millones de dólares en el que Argentina había incurrido con el Banco Mundial ocho días atrás, el Gobierno anunció el levantamiento total del corralito de las cuentas corrientes a partir del 2 de diciembre, coincidiendo con el aumento de las tarifas del gas y la electricidad. Las restricciones sobre las cuentas a plazo fijo, el llamado corralón, fueron a su vez levantadas el 27 de marzo de 2003, momento en que el dólar cotizaba en torno al 3,00.

El final de las interdicciones sobre los ahorros sorprendió gratamente a propios y extraños, pues el pesimismo incardinado había trasladado a un desmoralizador sine díe el momento de aquella medida. La misma se realizó previa aceptación por el FMI, con el que el 24 de enero el Gobierno adoptó un acuerdo transitorio, valedero hasta el 31 de agosto, el cual, según Duhalde, preveía "plata fresca" por valor de 2.980 millones de dólares (en realidad, el crédito stand-by no se trataba de financiación neta, sino de una ayuda para que Argentina pudiera cumplir sus obligaciones con el propio Fondo) y la postergación de otros 3.800 millones en pagos que estaban previstos para los próximos meses. Argentina se comprometía también a avanzar hacia la unificación monetaria, eliminando los distintos bonos sustitutos de moneda emitidos por las provincias y el Gobierno Nacional, y a obtener un superávit fiscal primario del 2,5% del PIB en 2003, algo que se consideraba bastante factible a tenor de la vigorosa recuperación de la recaudación tributaria.

En el arranque de 2003, la estrategia ejecutada por Lavagna empezaba a notarse en las macromagnitudes. La actividad económica resurgía gracias a que el peso devaluado estaba espoleando el comercio exportador y la producción industrial local en detrimento de las importaciones de bienes, de manera que la brutal recesión —la mayor en un siglo— registrada en 2002, del -10,9% del PIB, dio paso a un crecimiento del 5% en el primer trimestre de 2003. Los precios al consumo treparon hasta el 41% en aquellos doce meses, pero ahora el índice interanual se hallaba estabilizado en el 15%. Duhalde organizó también los planes de Emergencia Alimentaria, Trabajar y Jefas y Jefes de Hogar Desempleados, que asignaron ayudas directas a los colectivos más afectados por la crisis. No obstante esta atención prioritaria a las penurias de la ciudadanía, en el año largo del Gobierno duhaldista la pobreza y el paro explotaron en Argentina: en abril de 2003 el primer quebranto social golpeaba ya al 54% de la población, esto es, unos 20 millones de argentinos, de los cuales por lo menos 10 eran considerados indigentes, mientras que el segundo alcanzaba la tasa histórica del 21,5% de la población activa.


8. Las maniobras para impulsar un favorito en las elecciones de 2003
En el ámbito de las intrigas internas del justicialismo, Duhalde diseñó una estrategia de contención de las expectativas electorales de Menem, y, de paso, las de Rodríguez Saá, que comenzó por la búsqueda de un candidato peronista capaz de batir a quienes en diferentes momentos encabezaron las encuestas de posibles ganadores de una primera vuelta. Además de Menem y Rodríguez Saá, Kirchner, de la Sota y el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, anunciaron su intención de participar en un proceso de elecciones primarias del PJ que se fue retrasando hasta febrero de 2003.

Inicialmente, Duhalde apostó por el lanzamiento de la precandidatura de Reutemann, pero el ex piloto de Fórmula 1 declinó competir en estas condiciones de atomización de las postulaciones justicialistas. Entonces, Duhalde trasladó sus preferencias a de la Sota, pero el 15 de enero de 2003 anunció que su apuesta para la sucesión presidencial recaía en Kirchner, hasta hacía bien poco relegado en los sondeos, porque compartía "sus ideas vinculadas a la defensa de la producción" y porque figuraba entre los que no querían "volver atrás", en alusión a las políticas de ajuste menemistas. El apoyo de Duhalde implicaba para Kirchner tener detrás, no sólo el núcleo oficialista del partido y la institución presidencial, sino todo el aparato peronista de la Provincia de Buenos Aires, de largo el distrito político y económico más importante del país.

El 24 de enero, Duhalde, con el acuerdo de Kirchner, remachó su estrategia al obtener la aprobación del Congreso del partido a su moción para suspender la elección partidaria interna y trasladar la liza del santacruceño y los dos ex presidentes directamente a la elección presidencial del 27 de abril. La decisión fue tomada por los congresistas en ausencia del sector menemista y pese al fallo de una juez federal con competencia electoral prohibiendo la reforma de la Carta Orgánica del PJ con aquel objeto.

Con el argumento de que los tres aspirantes presentaban en realidad programas contrapuestos, el aparato del partido controlado por el duhaldismo resolvió que Kirchner, Menem y Rodríguez Saá concurrieran bajo un régimen llamado de neolemas, es decir, con la autorización de exhibir los símbolos partidarios comunes y los lemas específicos de cada lista, pero sin adjudicación de todos los sufragios justicialistas al más votado de entre ellos, de suerte que, desde el principio hasta el final, los tres iban a enfrentarse como si pertenecieran a partidos diferentes.

Kirchner, con su lista Frente Para la Victoria (FPV), llegó a las urnas por detrás de Menem en los sondeos y, efectivamente, el ex presidente fue el más votado con el 24,3% de los votos, sacándole algo más de dos puntos porcentuales al gobernador. Dado que Menem concitaba un amplio rechazo fuera de sus simpatizantes, todo apuntaba a una contundente victoria de Kirchner en la segunda ronda del 18 de mayo. Pero cuatro días antes de la votación definitiva, el antiguo inquilino de la Casa Rosada anunció su retirada invocando la superación de las "falsas antinomias" y sin desperdiciar la oportunidad de lanzar aguijonazos contra Duhalde, a quien implícitamente acusó de "frustrar una voluntad de renovación política expresada por la amplia mayoría de la ciudadanía argentina" cuando suprimió las elecciones internas del peronismo, y de dirigir contra él "una campaña sistemática de difamación y de calumnia", lo que, a su entender, no garantizaba el objetivo de "contar con un poder político imbuido de la más plena y transparente legitimidad democrática".

El aludido no se mordió la lengua en la réplica a Menem y se sumó al coro de censuras a una decisión que no tenía precedentes en la historia electoral argentina. Duhalde dijo de Menem que "no le interesaba defender las instituciones", que "siempre concibió el poder como algo personal", que "al no poder llegar (con posibilidades a la segunda vuelta) trató de hacer el peor de los daños", y que era "parte de un pasado que debemos sepultar". En cuanto a él, informó que se iba a tomar "un largo descanso" y que no iba a "participar partidariamente en el justicialismo", unas palabras que se antojaron destinadas a desmentir a quienes presentaban a Kirchner como un gobernante sometido al ascendiente de su favorecedor.

En vísperas de la transferencia de poderes, en sesión solemne de la Asamblea Legislativa, del 25 de mayo, Duhalde decretó el indulto a los dos últimos condenados por el pasado de violaciones de los Derechos Humanos y violencia política, Enrique Gorriarán, cerebro del asalto guerrillero al cuartel La Tablada de enero de 1989, y el coronel ultraderechista Mohamed Alí Seineldín, cabecilla de la asonada carapintada de diciembre de 1990. La excarcelación de estos dos personajes, justificada por Duhalde en aras de un "corte para un tema del pasado", resultó polémica y el propio Kirchner expresó su desacuerdo.


9. Duelo con el kirchnerismo y pérdida del electorado bonaerense
Al ex presidente no le faltaron actividades en su nueva etapa fuera de la Casa Rosada. En diciembre de 2003 se puso al frente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, labor que desempeñó hasta diciembre de 2005 (cuando pasó el testigo a Chacho Álvarez) y en el curso de la cual tuvo un papel descollante en el lanzamiento a finales de 2004 de la Comunidad Sudamericana de Naciones, luego convertida en la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). En casa, se desenvolvió en el Movimiento Productivo Argentino (MPA), una asociación civil nacida en junio de 2001 de la que era miembro fundador y que presentaba un fuerte componente gremial, cuya presidencia honorífica recibió.

Ahora bien, el principal interés de Duhalde siguió estando en la alta política nacional, y en este terreno las decepciones surgieron a las primeras de cambio. Aunque Duhalde había movilizado decisivamente en su favor al electorado peronista de Buenos Aires y su programa económico de rasgos socialdemócratas incidía en la continuidad del plan de recuperación puesto en marcha por su predecesor (la continuidad de algunos ministros del Gabinete saliente, empezando por Lavagna, así lo indicaba), Kirchner, montado en una ola de esperanza popular, inauguró su mandato con una catarata de medidas enérgicas que perseguían un doble objetivo: por un lado, subrayar su dinamismo de gobernante comprometido con el cambio de rumbo en Argentina; pero también, construir una base de poder político propio, autónomo del duhaldismo, vistos el escaso volumen de votos obtenido en las urnas y el intento de Menem de deslegitimar su mandato antes de iniciarse.

Hasta el mismo día de la transmisión del mando en el Congreso, multitud de comentaristas insistieron en retratar a Kirchner como un estadista inexperto que se dejaría aconsejar y aún manipular por el avezado Duhalde, su patrocinador. Pues bien, el flamante presidente, de manera inmediata, sacó a relucir un estilo propio, el bautizado por la prensa como "estilo K", que aunaba determinación, radicalidad y compromiso ético. El ex gobernador patagónico, haciendo gala de una fuerte personalidad no exenta de tics autoritarios, revisó a fondo la institución presidencial en relación con una serie de poderes fácticos tradicionales y otros poderes no políticos del Estado, así como con fuerzas sociales emergentes como los piqueteros; ignoró a algunos, se acercó a otros y con los restantes entró en abierta confrontación. Uno de los perjudicados por el talante independiente de Kirchner fue Duhalde, que comprobó su bien escasa influencia en las decisiones del Ejecutivo.

Más todavía, la construcción de un movimiento político presidencial de centro-izquierda en el seno del justicialismo, el que dio en llamarse kirchnerismo, requería reclutar cuadros que en buena parte procedían de las filas duhaldistas. Particularmente sonado fue el fichaje del gobernador de Buenos Aires desde 2002, Felipe Solá, quien poco después de su reelección en septiembre de 2003 se alineó públicamente con Kirchner. Duhalde, con tibieza creciente, continuó apoyando las políticas del Gobierno nacional, pero a lo largo de 2004, la constatación de que el presidente y sus partidarios estaban decididos a hacerse con la hegemonía del Congreso Nacional del partido a costa de sus adversarios de la imprecisa ala derechista —donde había liberales, tradicionalistas y populistas—, lo que convertiría al PJ en un mero envoltorio del FPV, sembró la ojeriza entre los dos dirigentes.

En estos momentos de incertidumbre, Duhalde se debatía entre el asentimiento que le merecían varias de las medidas de gobierno adoptadas por su sucesor y todavía aliado fáctico, y la irritación que le causaba el intervencionismo de la Casa Rosada en las cuitas del partido. Peor aún, el ex presidente contemplaba con alarma cómo la articulada facción kirchnerista, minoritaria todavía pero en auge, pugnaba por arrebatarle el control del aparato partidario en el conurbano bonaerense. Por supuesto, no se perdían de vista las elecciones presidenciales de 2007, a las que Kirchner podría presentarse si lo deseaba.

El jefe del Estado guardaba un mutismo absoluto sobre sus intenciones, y aunque Duhalde tampoco se pronunció al respecto, había claros indicios de que acariciaba el envite. Existía una tensión a duras penas contenida entre Duhalde y Kirchner, pero los dos hombres fuertes del peronismo optaron por medir sus fuerzas valiéndose de sus respectivas esposas, la diputada bonaerense Chiche González de Duhalde y la senadora santacruceña Cristina Fernández de Kirchner. En marzo de 2004 ambas representaron a sus maridos, ausentados del evento, en el bronco Congreso Nacional Justicialista celebrado en el Parque Norte de Buenos Aires, del cual que salió un Consejo Nacional al punto descabezado como resultado de las fuertes críticas de Kirchner a su composición. En sus intervenciones, las legisladoras se dedicaron a lanzarse pullas de todo tipo, mientras los congresistas partidarios de la una abucheaban a la otra.

Al comenzar 2005, la alianza entre Duhalde y Kirchner podía darse por terminada, aunque el primero no dejó de hacer gestos en favor del diálogo y la reconciliación. Era lo que se desprendía de sus regulares elogios a la labor del santacruceño como gobernante en determinados ámbitos y de su respaldo a una eventual candidatura reeleccionista en las presidenciales de 2007. En enero de 2005, el veto del gobernador Solá al presupuesto aprobado por el Legislativo de Buenos Aires con el voto de la mayoría duhaldista fue visto como el primer incidente serio de una fase de hostilidades abiertas. El gran duelo entre duhaldistas y kirchneristas quedó diferido a las legislativas nacionales de octubre de 2005, a las que se presentaron con candidaturas rivales para el escaño de senadora por Buenos Aires la ex primera dama González de Duhalde y la actual "primera ciudadana" Fernández de Kirchner. Hasta entonces, las banderías de sus maridos agravaron la parálisis y la acefalia del PJ, al que intervino la justicia.

Los comicios al Congreso de la Nación y a los legislativos provinciales del 23 de octubre de 2005 eran trascendentales para Duhalde porque iban a dirimir quién se quedaba como la indiscutible primera figura del justicialismo. Kirchner, por su parte, esperaba obtener en el Congreso su primera mayoría legislativa con legitimidad electoral. Los resultados no pudieron ser más clamorosos: a nivel nacional, el FPV fue de largo la lista más votada con el 29,9% de los sufragios, adjudicándose 50 de los 127 diputados en juego, la mitad de los que componían la Cámara, más 14 del tercio de senadores, 24, sometido a renovación. La lista del PJ, donde concurrían los candidatos duhaldistas, sufrió un descalabro al no meter más que 9 diputados con el 6,7% de los sufragios, situándose a la zaga de la UCR, empatando con la alianza Propuesta Republicana (PRO) y poniéndose apenas por d