Alfonso Portillo Cabrera

Recibió su formación universitaria en México, licenciándose primero en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y luego doctorándose en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde finales de los años setenta se vinculó en el país azteca a organizaciones indígenas de izquierda del estado de Guerrero y de la propia Guatemala, concretamente el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), una de las cuatro subversiones armadas que en 1982 se coordinaron como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Durante los turbulentos años ochenta, década que conoció los peores estragos represivos de las Fuerzas Armadas y los paramilitares de extrema derecha contra la población indígena y las organizaciones de signo progresista, y el tránsito de una época de atroces dictaduras a una frágil democracia, Portillo ejerció de profesor asociado en sus dos almas máter mexicanas.

El 23 de agosto de 1982 protagonizó un turbio episodio del que sus oponentes en la campaña presidencial de 1999 dieron abundante publicidad, aunque, a tenor del veredicto de las urnas, el arma arrojadiza se les volvió en contra. Al parecer, al calor de una riña alcohólica con trasfondo político, Portillo, que entonces tenía 30 años, disparó mortalmente a dos hombres e hirió a un tercero en la localidad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, y a continuación se dio a la fuga. Durante años fue un prófugo de la justicia mexicana, hasta que en 1995 una juez del país declaró prescrito el delito del que se le acusaba y sobreseyó el caso.

En 1989 Portillo regresó a Guatemala y se afilió al Partido Social Democrático (PSD), formación muy poco conspicua que había tomado el relevo al anterior Partido Revolucionario Auténtico (PRA) y que entonces era uno de los escasos representantes legales de la izquierda guatemalteca, bastante más que diezmada tras décadas de represión y en esencia situada en el ámbito extraparlamentario o en la insurgencia armada. En proceso de moderación ideológica, Portillo se pasó poco después a las filas de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), partido clave del centroderecha guatemalteco que de la mano de su líder indiscutible, Marco Vinicio Cerezo Arévalo, venía ostentando el poder ejecutivo nacional desde enero de 1986 con un mandato de cinco años.

En 1993 Portillo fue elegido secretario general adjunto del partido y en las elecciones parlamentarias parciales del 14 de agosto de 1994, que confirmaron el descenso de la DCG, ganó el escaño de congresista, fungiendo entonces la administración reformista de Ramiro de León Carpio. En la institución legislativa Portillo encabezó el grupo de diputados democratacristianos y presidió las comisiones de Asuntos Municipales, Economía, Comercio Exterior e Integración Parlamentaria. Entre 1992 y 1994 fue también director del Instituto Guatemalteco de Estudios Sociales y Políticos (IGESP), centro vinculado a la DCG, y durante toda la década se desempeñó como responsable de planes de estudios en asignaturas de Derecho, Política y Economía en diversas universidades de América Latina, amén de articulista y miembro del consejo editorial del diario guatemalteco Siglo Veintiuno.

En abril de 1995, discrepancias a propósito de unas imputaciones de corrupción en el seno del grupo parlamentario le llevaron a abandonar la DCG en compañía de ocho diputados y a inscribirse en el grupo mixto como independiente. La escisión de Portillo y sus compañeros dejó al partido de Cerezo con sólo cinco escaños y aceleró su tendencia electoral regresiva, hasta convertirse en una fuerza residual.

A partir de aquel momento, la trayectoria de Portillo se vinculó a la del ex presidente de facto y general José Efraín Ríos Montt, beneficiario del golpe de Estado de marzo de 1982 que derrocó al presidente (y también militar, como todos los gobernantes de este torturado país centroamericano desde 1970), Fernando Romeo Lucas García. Hasta que fue derribado a su vez en agosto de 1983 por su ministro de Defensa, general Óscar Humberto Mejía Víctores, Ríos Montt, imbuido de un anticomunismo poco menos que patológico y del mesianismo religioso propio de su fe evangélica, implantó una feroz dictadura cuyas violaciones masivas de los Derechos Humanos, particularmente contra las comunidades indígenas y campesinas en el curso de las campañas de contrainsurgencia, alcanzaron visos de genocidio.

El 20 de junio de 1995 Portillo ingresó en el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) de Ríos Montt, quien entonces presidía el Congreso de la República como resultado de la inesperada victoria del partido en las elecciones del año anterior y en virtud del apoyo brindado por la DCG y la otra formación del centroderecha, la Unión del Centro Nacional (UCN) del malogrado Jorge Carpio Nicolle. El FRG, partido radicalmente derechista aunque enemigo declarado de la plutocracia tradicional, sometido al líder a través de una estructura vertical de mando y con una fuerte implantación en las pujantes comunidades evangélicas y en áreas rurales, lo había inscrito el ex dictador el 10 de enero de 1990 con el nombre original de Agrupación Nacionalista Guatemalteca (ANG) con el objeto de apoyar su candidatura para las elecciones presidenciales de noviembre de aquel año.

La aspiración, empero, quedó frustrada al inhabilitarle el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la base del artículo de la Constitución Política de 1985 que prohíbe presentarse al cargo al “caudillo o los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno”. Esta proscripción constitucional parecía haber sido redactada pensando específicamente en el recalcitrante líder eferregista.

Cuando Ríos Montt volvió a ser vetado por el TSE para las presidenciales del 12 de noviembre de 1995, Portillo fue la alternativa designada por el FRG a mediados de agosto. El antiguo simpatizante de la guerrilla hizo una campaña muy parca en contenidos en la que las ofertas reales para este país depauperado y traumatizado por la violencia fueron sustituidas por la retórica más desaforada. Pero, además, el verdadero protagonista fue Ríos Montt, quien recorrió las extensas zonas del agro guatemalteco a la caza del voto campesino con un talante tan personalista que muchos de quienes le escuchaban creían que era él el candidato. De hecho, en los mítines los militantes del partido portaban camisetas con el lema Alfonso Portillo presidente, Ríos Montt al poder.

Según los sondeos, Portillo llegó rezagado a la recta final de la campaña y, en efecto, el 12 de noviembre obtuvo el 22% de los votos frente al 36,5% de Álvaro Enrique Arzú Yrigoyen, aspirante del Partido de Avanzada Nacional (PAN), que ya había tomado parte en la liza presidencial de 1990. Así, la segunda ronda del 7 de enero de 1996 pasaron a disputarla un representante de la derecha moderada y proempresarial, y un político que se proclamaba socialdemócrata pero que estaba sometido a un partido donde los más fieros populismo y caudillismo, de regusto fascista, eran el santo y seña. Portillo y Arzú prometieron culminar las tortuosas negociaciones de paz con la URNG si llegaban al Gobierno y el electorado, por escasa diferencia, otorgó la victoria al segundo: con el 48,7% de los sufragios, Portillo se quedó a dos puntos y medio de Arzú.

De cara a la edición de 1999 Ríos Montt no intentó de nuevo la postulación presidencial y volvió a depositar su confianza en Portillo. El 19 julio de 1998 la Asamblea General eferregista reeligió al ex dictador secretario general del partido y consagró virtualmente al profesor universitario como el presidenciable. La nominación oficial de Portillo se tramitó en la Asamblea General del 26 de junio de 1999, a la que asistieron 1.500 delegados.

Conocido por sus seguidores como Pollo Ronco por su porte y particular tono de voz, Portillo libró su campaña con las banderas programáticas el FRG, a saber, la moralización de la política nacional, la lucha implacable contra la corrupción, la defensa de las masas indígenas y campesinas frente a las élites blancas y, sobre todo, la salvaguardia de la seguridad ciudadana. Este último problema había alcanzado una enorme magnitud y, luego de los fracasos de la administración Arzú en la materia, encabezaba las preocupaciones del electorado. Y, precisamente, las promesas de Portillo de emplear mano dura con delincuentes y criminales, incluyendo la pena capital contemplada por el código penal guatemalteco, toparon con el desagradable asunto de las muertes en 1982 en México.

Portillo no tuvo ambages en reconocer los homicidios, pero alegó defensa propia y justificó su insumisión a los tribunales mexicanos porque dados su filiación política de entonces y su condición de súbdito extranjero no confiaba en un proceso con garantías. Como se anticipó arriba, este escándalo no sólo no le perjudicó, sino que aumentó su popularidad en las encuestas. Por otra parte, organizaciones de Derechos Humanos manifestaron su temor por la llegada al poder ejecutivo de un partido entre cuya dirigencia había personas mezcladas en casos de violaciones cometidas durante los gobiernos militares. Obviamente, la impune actuación del jefe supremo, Ríos Montt, un criminal de lesa humanidad a los ojos de todo el mundo excepto sus fervientes seguidores y la justicia nacional, focalizaba todas las aprensiones.

Los detractores de Portillo le acusaron de ser una marioneta de su mentor, pero él insistió en describirse como un político progresista de profundas convicciones sociales, que admiraba al Che Guevara y que creía sin reservas en los acuerdos finales de paz firmados con la URNG en diciembre de 1996 como los cimientos de un proyecto nacional más integrador y solidario. Confirmando los pronósticos, el 7 de noviembre de 1999 Portillo se distanció ampliamente de su contrincante más inmediato, el candidato oficialista y ex alcalde de Guatemala, Óscar Rafael Berger Perdomo, con el 47,8% de los votos, y en la segunda y definitiva ronda del 26 de diciembre certificó su triunfo con un abultado 68,3%.

En las legislativas, el FRG cosechó también una rotunda victoria al hacerse con una mayoría absoluta de 63 escaños (entre ellos el del propio Portillo, quien se inscribió en las listas para el Congreso como reserva de mandato representativo si no ganaba en las presidenciales) con el 48,1% de los sufragios. Dato harto incomprensible, el apoyo al FRG fue masivo precisamente en aquellas áreas rurales, pobladas por campesinos mayas como principal etnia indígena, que más sufrieron la hecatombe represiva de la dictadura riosmonttista.

El 14 de enero de 2000 Portillo quedó investido en su mandato cuatrienal merced a la banda presidencial de que le hizo entrega Ríos Montt en calidad de presidente del Congreso, perpetuando una tradición política vigente desde 1951 según la cual ningún candidato oficialista ha ganado a la oposición de turno sin recurrir al fraude. En sus primeros mensajes a la nación, Portillo advirtió que Guatemala se hallaba "al borde del colapso" y que su gobierno iba a investigar la situación exacta de las finanzas y los recursos económicos del Estado. Según las cifras oficiales, en 1999 la economía había crecido el 3,3%, la inflación había marcado el 5,3%, la deuda externa total, pública y privada, rebasaba los 4.600 millones de dólares y el desempleo golpeaba al 35% de la población activa.

El flamante mandatario también propuso a la oposición, y particularmente a la izquierdista Alianza Nueva Nación (ANN), coalición que agrupaba a la URNG, reconvertida en partido político, y al Desarrollo Integral Auténtico (DIA), y que con nueve escaños era la tercera fuerza parlamentaria detrás del FRG y el PAN, un Pacto de Gobernabilidad que le permitiese cumplir su plan ejecutivo ligado a los compromisos adquiridos por el Estado guatemalteco en los Acuerdos de Paz, que contenían una dimensión de reparación social muy importante.

La reforma constitucional, a través de un buen número de enmiendas, para reponer en su justo lugar los derechos socioeconómicos de las poblaciones indígenas y eliminar toda presencia de los militares en la vida nacional que extralimitara el rol clásico de las Fuerzas Armadas -la defensa territorial frente al enemigo exterior-, se había estrellado en el referéndum nacional del 16 de mayo de 1999, que supuso la victoria del no y encima registró una participación inferior al 20%. En aquella ocasión, tanto Portillo como Berger se pronunciaron por el sí.

El 9 de agosto de 2000 Portillo realizó una declaración institucional que muchos nunca habrían esperado oír de un dirigente del FRG: que los gobiernos sucedidos en las dos últimas décadas habían cometido violaciones de los Derechos Humanos al amparo de la guerra interna, cuyo saldo desde el inicio de la lucha guerrillera en 1960 ha sido estimado en 150.000 muertos y 50.000 desaparecidos, casi todos civiles víctimas de las prácticas de guerra quemada conducidas por el Ejército. No era una alocución a título personal, sino la lectura de las conclusiones de una investigación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), establecida en julio de 1991 por el entonces presidente Jorge Antonio Serrano Elías.

Como actual cabeza del Estado, Portillo admitió la responsabilidad de aquel concretamente en dos masacres cometidas por el Ejército en 1982, rigiendo a la sazón el Gobierno de facto de su jefe partidario, las de las villas Plan de Sánchez, en el departamento central de Baja Verapaz, y Dos Erres, en Petén, al norte, donde fueron asesinados a quemarropa 90 y 200 paisanos respectivamente (entre ellos un buen número de niños), así como en ocho crímenes políticos producidos hasta 1990. Los casos figuraban entre los presentados por los denunciantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Portillo prometió compensar a los familiares de las víctimas y buscar el procesamiento de los culpables, aunque no especificó las medidas que iba a tomar el Gobierno.

Otros posicionamientos declarativos e iniciativas concretas de contenido regenerador y progresista iban a jalonar la gestión de Portillo, pero no hubo de transcurrir mucho tiempo para que una realidad implacable de criminalidad política y mafiosa, corrupción, impunidad, marasmo económico, pobreza galopante y calamidad sanitaria estremeciera de aldabonazos la puerta de una presidencia, en opinión de la mayoría de la población, prematuramente fracasada.

A lo largo de 2001, las movilizaciones de diversos colectivos populares en protesta por el incumplimiento de las promesas electorales en el terreno social y la subida a finales de julio del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10% al 12%, alza de tributo indirecto que fue la única reforma fiscal destacada en el cuatrienio, en un país que demandaba con urgencia una fiscalidad progresiva directamente sobre las rentas y la lucha contra la evasión y el fraude (a la sazón, aspectos contemplados en el Pacto Fiscal suscrito en mayo de 2000 en el marco de los Acuerdos de Paz), se solaparon a dos fenómenos que ya siendo ominosos de por sí, al coincidir en las parrillas informativas, ofrecieron un contraste todavía más sangrante: por una parte, los escándalos y polémicas que envolvían al Gobierno y el FRG, acusados por doquier de estar llevando a las instituciones del Estado a un nivel de corrupción sin precedentes; por otra parte, la consolidación de bolsas de hambruna en las áreas más deprimidas del país, ofreciendo estampas propias del más malhadado Tercer Mundo.

Las promesas de resarcimiento a las víctimas de la violencia estatal o paraestatal reconocida por la COPREDEH fueron cumplidas parcialmente por Portillo en el apartado de las indemnizaciones (pago de 1,8 millones de dólares en diciembre a las familias de los asesinados en Dos Erres), pero la justicia penal brilló por su ausencia. El Gobierno eferregista tampoco hizo gran cosa para desentrañar el asesinato, cometido en abril de 1998, de monseñor Juan José Gerardi Conedera, obispo auxiliar de Guatemala y director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), magnicidio que provocó un revuelo nacional y que manchó indeleblemente la presidencia de Arzú.

Únicamente el empeño de unos magistrados apoyados desde la sociedad civil obtuvo en marzo de 2001 el asiento en el banquillo de los acusados de los presuntos asesinos de Gerardi. El juicio estuvo precedido y tachonado de homicidios de testigos de la acusación y de amenazas de muerte contra juristas asignados al caso, tan convincentes que varios de ellos se apresuraron a huir del país.

Sobreponiéndose a estas brutales intimidaciones, el juicio siguió su curso y el 7 de junio de 2001 el Tribunal Tercero de Sentencia de Guatemala condenó a 30 años de prisión a tres de los encausados, el coronel retirado Byron Disrael Lima Estrada, antiguo director de la Inteligencia Militar, su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, y el ex sargento José Obdulio Villanueva, miembro del servicio de escoltas del Estado Mayor Presidencial (EMP), cuerpo castrense de tenebrosa reputación violadora de los Derechos Humanos, en el momento del crimen. Organizaciones humanitarias de dentro y fuera del país se felicitaron por una sentencia que calificaron de “histórica”, ya que había abierto la primera brecha en el muro de la impunidad de que siempre habían gozado los escuadrones de la muerte.

Sin embargo, en octubre de 2002, cuando aún resonaban los ecos de las protestas, machetes en ristre, de miles de antiguos miembros de las oficialmente desmanteladas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC, creadas por Ríos Montt en 1983 para involucrar al campesinado afecto en las operaciones de contrainsurgencia rural y responsables de algunas de las peores atrocidades de la táctica de tierra quemada) que exigían el pago de remuneraciones por sus servicios al Estado, la Corte de Apelaciones anuló la sentencia alegando defectos de procedimiento y ordenó repetir el juicio. Los exonerados afirmaron que eran inocentes de lo que se les imputaba y que lo único que habían hecho siempre fue “defender a la patria”, “no como esos comunistas”, en referencia a los funcionarios de la justicia que colaboraron en las investigaciones.

El tortuoso caso Gerardi registró un inquietante epílogo en febrero de 2003 con el asesinato de Obdulio Villanueva, cuyo cuerpo apareció decapitado tras un sangriento y confuso motín de presos comunes en el penal para preventivos de la capital en que se hallaba recluido. El macabro crimen, que tal vez buscó cerrar la boca para siempre a quien podría revelar informaciones comprometedoras para ex altos oficiales del EMP, se produjo sólo un día después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara el auto de anulación de la Corte de Apelaciones.

Sobre el controvertido EMP hay que señalar que la ONU, las ONG, partidos políticos y otros actores sociales venían reclamando su disolución, no obstante haber quedado truncada en el referéndum de 1999, y que el mismo Portillo había incluido el asunto en su agenda de gobierno durante la campaña electoral y en el discurso de toma de posesión en aras del cabal cumplimiento del Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y la Función del Ejército en una SociedadDemocrática (AFPC).

Lo que propuso Portillo fue reemplazar el EMP por una entidad civil sin funciones de inteligencia ya existente, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS), mientras que las labores informativas las asumiría la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE), también de fuero civil. Sin embargo, el EMP continuó funcionando y qué duda cabe que retuvo su preponderancia en el aparato presidencial.

Por otra parte, Portillo se vio obligado a forzar la dimisión el 26 de noviembre de 2001 del ministro de la Gobernación, Byron Barrientos, ante el agravamiento a ojos vista de la delincuencia común y la acumulación de denuncias de actos de agresión, intimidaciones y amenazas de muerte contra activistas de ONG, sindicalistas y dirigentes indígenas, amén de las sospechas de corrupción que se cernían sobre él. El nombramiento del general Eduardo Arévalo Lacs, hasta entonces ministro de Defensa, para sustituir a Barrientos fue lamentado por la Misión de Verificación de Naciones Unidas (MINUGUA), ya que la colocación de un uniformado al frente de tan sensible puesto gubernamental ponía en tela de juicio el compromiso, asumido por el Estado en los Acuerdos de Paz, de desmilitarizar la seguridad pública.

Por lo demás, los informes de seguimiento emitidos por la MINUGUA y la representante especial del secretario general de la ONU sobre la cuestión de los defensores de los Derechos Humanos en todo el mundo, Hina Jilani, contenían poderosos indicios de que antiguos miembros de los institutos armados del Estado e integrantes de grupos paramilitares estaban volviendo a las andadas al calor del clima de inseguridad reinante.

En el terreno del manejo sospechoso de fondos públicos los escándalos fueron numerosos y sonados. En febrero de 2001 la Junta Monetaria del Gobierno intervino tres bancos comerciales declarados en quiebra, el Empresarial, el Metropolitano y el Promotor, en una operación de recapitalización que costó al Banco de Guatemala 190 millones de dólares al cambio.

Se practicaron arrestos entre la gerencia de la primera entidad por un presunto delito de fraude, pero no se hizo lo mismo con las otras dos firmas financieras, que tenían como presidente y vicepresidente respectivamente a Francisco Alvarado Macdonald, amigo de Portillo, asesor presidencial y principal contribuidor de fondos para la campaña electoral de 1999, quien un año después iba a ser eximido de ir a la cárcel tras pagar una fianza de 40.000 quetzales, cantidad irrisoria en comparación con las decenas de millones de dólares estafados a los clientes bancarios o evadidos al fisco guatemalteco. Para apaciguar las críticas a una operación que ilustraba la poca transparencia y ortodoxia de ciertas transacciones financieras entre las bancas privada y del Estado, Portillo forzó la dimisión el 2 de marzo de su ministro de Finanzas, Manuel Maza Castellanos.

En agosto de 2001, mes de gran agitación huelguística y marchas populares contra el nuevo tipo del IVA que degeneraron en violentos disturbios que obligaron al Gobierno a declarar el estado de sitio en el departamento de Totonicapán, los guatemaltecos se desayunaron con varias informaciones crispantes, como que en diciembre del año anterior la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) había comprado a través de intermediarios de dudosa filiación millón y medio de matrículas de automóvil especiales, para impedir falsificaciones, a un precio a todas luces exorbitante, cerca de 11 millones de dólares, o que el EMP sufragaría los cerca de 29.000 dólares anuales que iba a costar la carrera de Arquitectura que la hija mexicana del presidente, Otilia Portillo Padua, se disponía a iniciar en la Universidad británica de Cambridge.

Fustigado incansablemente por la prensa, Portillo se puso a la defensiva: “a mi que no me digan que yo formé este Gobierno corrupto, pues la corrupción yo la heredé”. Insistió en que estaba combatiendo ese mal, pero reclamó la ayuda de Estados Unidos. Precisamente, el 5 de julio anterior el mandatario fue recibido en la Casa Blanca por George W. Bush, a quien pidió que apoyara la extensión a los ciudadanos guatemaltecos de los beneficios que la Ley de Ajuste Nicaragüense y de Alivio Centroamericano (NACARA) otorga a los refugiados de Nicaragua y Cuba asentados en el país desde antes de 1995, quienes gozan del derecho de residencia permanente. En el pensamiento de Portillo flotaba una realidad incuestionable: que las remesas de divisas enviadas por los guatemaltecos del exterior adquirían, cada vez más, un peso fundamental en la maltrecha renta nacional.

El goteo de informes negativos sobre la situación del desarrollo humano en Guatemala, donde según el Banco Mundial y la ONU el 56% de la población era pobre y otro 27% lo era en grado extremo (es decir, que dispone de una renta diaria igual o inferior a un dólar), adquirió para el público internacional, más allá de la fría estadística, una dramática consistencia con las noticias sobre la muerte de hambre o por enfermedades relacionadas con la desnutrición de decenas de niños de la etnia chortí en los municipios de Camotán y Jocotán, en el departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras, una zona castigada por el huracán Mitch en octubre de 1998 y últimamente afectada por una pertinaz sequía que había destruido las plantaciones de subsistencia de mijo y maíz.

El 4 de septiembre Portillo declaró el estado de “calamidad pública” en todo el país por 30 días, medida de emergencia que contemplaba el reparto de víveres en colaboración con la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Con gesto preocupado, el presidente reconoció que la situación de Guatemala era “muy grave” debido a una aciaga conjunción de factores ajenos a la gestión de su gobierno, entre los que citó los desastres climatológicos, la crisis económica internacional y el derrumbe de los precios del café.

En su celo por salvaguardar la probidad y solvencia de su persona y de su gabinete, Portillo no tuvo inconveniente en trazar diagnósticos crudos que incidían en la heredad de serios obstáculos estructurales. Poco más o menos, Portillo vino a decir que a él no le faltaban buena voluntad y carácter emprendedor, pero que se encontraba atado de pies y manos. Así, estableció que “las amenazas a la democracia en Guatemala no son factores externos ni ejércitos, sino la desigualdad, la injusticia y la pobreza”, y que el país “ha sufrido una injusta distribución de la tierra, que ha sido la peor de toda América Latina”.

En diciembre de 2001 el Gobierno decretó un aumento de los salarios mínimos a los 3,45 dólares diarios para los trabajadores del campo y a los 3,75 dólares para los del sector industrial, 80.000 de los cuales laboraban en las maquiladoras, plantas de factura manual de productos para la exportación (textiles, principalmente) que presentaban todo un catálogo de explotaciones, abusos y discriminaciones, aquí y en toda la región.

Era la tercera medida de esta naturaleza desde enero de 2000, y aunque no alteró un ápice la escandalosa mezquindad de los sueldos en Guatemala, los más bajos del continente junto a los que se estilan en Nicaragua y Haití, la Coordinadora de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la poderosa patronal guatemalteca, que ya había puesto el grito en el cielo en agosto, decretando su propio paro, por la subida del IVA, no le faltó tiempo para esgrimir el espectro del cierre de empresas y la pérdida de decenas de miles de empleos.

En 2002 Portillo siguió encajando malas noticias procedentes de diversos ámbitos. El rosario de anomalías, irregularidades y presuntos actos de corrupción gubernamental con cientos de millones de dólares de dinero público de por medio parecía no tener fin. Así, en marzo estalló un gran escándalo cuando él mismo, el vicepresidente Juan Francisco Reyes López, el hijo de éste y director del Instituto de Fomento Municipal, Juan Francisco Reyes Wyld, y el secretario privado de la Presidencia, Julio Girón, fueron implicados por el diario Siglo Veintiuno (el mismo medio del que Portillo había sido coeditor) en la apertura de 13 cuentas bancarias que supuestamente contendrían 50 millones de dólares y de cuatro empresas "de cartón" en Panamá, las cuales, siempre según la versión periodística, los cuatro estarían utilizando para transferir fondos públicos.

La Fiscalía contra la Corrupción de Guatemala abrió una investigación sobre la que vino en denominarse la Conexión Panamá, pero la Contraloría General de la Nación, encargada de vigilar las cuentas del Estado, informó con presteza que no tenía constancia de desvíos de dinero. En julio, y de nuevo en septiembre, de 2003, la Fiscalía declaró la suspensión de las indagaciones y su voluntad de archivar el caso por “no encontrar evidencias suficientes”. Volviendo a 2002, en mayo puso fin a su condición de prófugo de la justicia y se entregó voluntariamente a la Policía el subsecretario privado de Portillo, Víctor Moreira, requerido por presunto abuso de poder en la época en que fue director departamental en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

Luego estaba el ritmo de la economía, que en 2000 creció el 3,6%, en 2001 se contrajo exactamente a la mitad y en el tercer año presidencial fue incapaz de remontar el 2%, un valor inferior al del crecimiento demográfico, con la consiguiente evolución negativa del PIB por habitante. El sector exportador cafetalero estaba en recesión aguda y las inversiones también menguaban. En el ecuador de 2002 la deuda pública externa marcaba los 2.800 millones de dólares, 500 millones más que al comienzo del mandato, y el enjuague del déficit fiscal hasta el 1% del PIB parecía haber llegado a su tope.

El 19 de marzo de 2002 la Embajada de Estados Unidos, en aplicación de las medidas punitivas anunciadas por Bush dentro de su ofensiva contra la corrupción y el narcotráfico existentes en los países clientes de América Latina, revocó el visado de entrada a un hombre de confianza del presidente, el general retirado Luis Francisco Ortega Menaldo, jefe del EMP cuando la administración de Serrano y que luego fuera suspendido por Arzú al hallársele vínculos con el conocido contrabandista Alfredo Moreno Molina. La evicción de Ortega sucedió o precedió a idénticas sanciones impuestas a otros funcionarios y empresarios próximos a Portillo, quien acusó mucho estos golpes añadidos a su imagen malparada.

En este terreno, lo peor vino después, en el año electoral de 2003, entre enero y septiembre, cuando el presidente vio al país descertificado por Washington en la lucha contra el narcotráfico. Con esta medida, la administración Bush transmitió a las claras su disgusto por el descenso de las incautaciones de cocaína, la ausencia de aprehensiones de jefes mafiosos y las serias sospechas de que altos funcionarios y ex militares estaban involucrados en todo tipo de negocios delictivos. Ahora bien, la retirada de la certificación, además de temporal, revistió un carácter más simbólico que real, ya que Bush mantuvo toda la ayuda al desarrollo y no cortó los canales financieros de crédito. En cualquier caso, el daño político para el ejecutivo portillista estaba hecho.

Deseoso de ofrecer alguna nueva positiva, en septiembre de 2002 anunció un plan para recortar el presupuesto militar en un 20% y destinar lo ahorrado a construir escuelas agrícolas. El mismo mes, el Congreso aprobó un proyecto de ley que prohibía toda discriminación por motivo de raza, religión o edad, y que establecía severas penas de cárcel para los infractores en el Código Penal. El texto fue elogiado por la MINUGUA porque iba en consonancia con lo estipulado en los Acuerdos de Paz, pero las organizaciones indígenas lo rechazaron con el argumento de que tipificaba la discriminación como algo genérico, sin reconocer expresamente la padecida por las 23 etnias amerindias, a alguna de las cuales pertenece el 41% de los guatemaltecos

Semejante caudal de conmociones ya era suficiente para mantener a Portillo en un permanente estado de tensión o preocupación. Pero al desplome de su popularidad contribuyó además todo el alboroto y la crispación que envolvía a la persona de Ríos Montt, cuyas explosivas y porfiadas declaraciones, renovada ambición presidencial no obstante un impedimento constitucional que estaba meridianamente claro, maniobras subterráneas de poder, contratiempos con la justicia y tenebroso pasado nunca olvidado convirtieron al presidente en el rostro amable del FRG, en la visión más benigna, o en el pelele del septuagenario caudillo, en el análisis más acerbo.

Después del fallido intento de procesamiento por la Audiencia Nacional de España por posibles crímenes contra la humanidad –luego de factible persecución extraterritorial- sobre la base de la denuncia interpuesta por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, en agosto de 2000 la CSJ de Guatemala emprendió contra Ríos Montt y varios legisladores del FRG una investigación por presunta adulteración del articulado de la norma legal que establecía un impuesto del 20% sobre la distribución de bebidas alcohólicas. El texto había sido validado por el Congreso el 27 de julio, pero en la versión promulgada el 2 de agosto la tasa aparecía reducida a la mitad de aquel valor; entonces, los diputados de la oposición denunciaron a Ríos Montt y los suyos por haber incluido el recorte unilateralmente, sin conocimiento de la comisión parlamentaria correspondiente, para, aseguraban, complacer a la industria licorera.

El 5 de marzo de 2001 la CSJ retiró la inmunidad a Ríos y otros 23 diputados del partido para que pudieran ser juzgados por presuntas falsificación documental y destrucción de pruebas. Pero ya el 27 de febrero anterior el FRG se había anticipado con una oportuna modificación de la Ley del Régimen Interno del Organismo Legislativo con el objeto de evitar el desafuero efectivo de sus legisladores. Entonces, el PAN y la ANN recurrieron la medida ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que el 21 de marzo les dio la razón y ordenó suspender la reforma del estatuto interno del Legislativo.

Ahora bien, el 24 de abril, en un clima enrarecido por los atentados intimidatorios y las amenazas contra magistrados de los dos altos tribunales implicados, Ríos Montt vio salvada la presidencia del Congreso y se libró de ingresar en prisión al desestimar los cargos criminales el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal. Sumaba y seguía, porque en junio del mismo 2001, coincidiendo con la sentencia del caso Gerardi, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) asistida por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) denunció al ex dictador y su antiguo Alto Mando Militar por el asesinato de 1.200 personas en once masacres perpetradas en otras tantas comunidades rurales, precisamente las representadas en la querella. Creando un precedente, el caso fue admitido a trámite por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal y el Ministerio Público nombró un fiscal para conducir las investigaciones pertinentes: éstas quedaron empantanadas inmediatamente.

Portillo fue un incómodo testigo de la saga judicial de su superior partidario; haciendo encaje de bolillos, escenificó ante la opinión pública un distanciamiento para no recibir más salpicaduras de impopularidad, pero, noblesse oblige, no pudo menos que aceptar y respaldar el deseo del anciano dirigente de convertirse en el candidato del partido para las presidenciales de 2003, a pesar de que eso deparaba trifulcas legales y agitación social. Las huestes del FRG a quien obedecían ciegamente era Ríos Montt, no Portillo.

La “candidatura natural” de Ríos Montt fue aclamada por la Asamblea General del partido el 24 de mayo de 2003, precisamente cuando arreciaba el enésimo escándalo gubernamental: la denuncia de la evaporación de varias decenas de millones de dólares asignados a un fideicomiso constituido por el privatizado Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para la construcción de viviendas para los afiliados.

El desfalco era tanto más sangrante porque los dineros habían sido retirados de los programas de pensiones de jubilación y del seguro por enfermedad, y, de nuevo, los protagonistas del feo asunto eran funcionarios allegados a Portillo y políticos eferregistas. En la víspera de la Asamblea del FRG el Gobierno intervino el IGSS y defenestró a los dos principales implicados, el diputado del FRG Carlos Rodolfo Wohlers Monroy y César Augusto Sandoval Morales, respectivamente presidente de la junta directiva y gerente de la entidad. Iniciada la acción de la justicia, Wohlers y Sandoval ingresaron en prisión preventiva.

Lo que vino después fue un bimestre especialmente convulso en el que Ríos Montt, tenaz hasta la confrontación callejera, se salió con la suya y vio cumplido su sueño de competir en unas elecciones presidenciales en democracia, robando de paso todo el protagonismo a Portillo, al que sólo cupo asistir impávido al pandemónium jurídico y la tensión política, encajar más desprestigio y entonar lamentaciones en alto.

El 6 de junio el Registro de Ciudadanos rechazó inscribir la candidatura de Ríos Montt, negativa que fue sostenida por sendos pronunciamientos del TSE, el 16 de junio, y de la CSJ, el 5 de julio. Entonces, el damnificado reclamó ante la CC, suprema magistratura judicial del país, la cual resolvió a su favor el 14 de julio revocando el fallo de la CSJ y ordenando el registro de la postulación. Todo pudo haber terminado aquí, pero el 18 de julio el partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitó amparo a la CSJ en contra del fallo de la CC, a lo que aquella accedió dos días después, dejando la candidatura en suspenso.

El 21 de julio, Ríos Montt, irritado, advirtió de posibles “actos de violencia” si la CSJ no le dejaba presentarse a las elecciones al tiempo que elevaba un recurso de queja a la CC. Dicho y hecho, los días 24 y 25 de julio cientos de furibundos eferregistas, muchos encapuchados, llevaron el caos y el terror a la capital atacando con bombas incendiarias a medios de comunicación, apaleando periodistas, levantando barricadas en arterias principales y sitiando el Palacio de Justicia con total impunidad.

Los disturbios multiplicaron su gravedad por la pasividad manifiesta de la Policía Nacional Civil. Visto el panorama, Portillo resolvió sacar al Ejército de los cuarteles para restablecer el orden. Las 36 horas de violencia, bautizadas por la prensa como el jueves negro, se saldaron con numerosos destrozos, la muerte de un periodista y mucho miedo metido en los cuerpos de quienes fueron amenazados de viva voz o por teléfono.

La impresión general fue que los desmanes de los riosmonttistas se planificaron para crear un clima de miedo e intimidación favorable a la pretensión de su líder, aunque de entrada lo que consiguieron fue recortar aún más las posibilidades de éste en las urnas, y por ende reforzar la improbabilidad de la reelección del oficialismo, y de aglutinar a los demás partidos, los sindicatos, las ONG y la CACIF, los cuales, en una rara muestra de unidad, cerraron filas en contra de esta cadena de sucesos de inquietante catadura involucionista y suscribieron el Frente Cívico por la Democracia.

Las reacciones de condena y de alerta ante lo que sucedía en Guatemala se extendieron puertas afuera y fueron asumidas por el Gobierno de Estados Unidos, la ONU, la OEA y la Unión Europea. Pero Ríos Montt obtuvo lo que quería: el 30 de julio, tras presentar un nuevo recurso de ampliación y aclaración, obtuvo de la CC las órdenes a la CSJ de dejar sin efecto el amparo otorgado a la UNE y al TSE de proceder sin demora a inscribir la candidatura. Al día siguiente, el Registro de Ciudadanos cumplimentó el imprescindible trámite.

Fagocitada por la actualidad doméstica, la política exterior de Portillo apenas tuvo difusión internacional, a pesar de registrar varios hechos destacables. El mandatario guatemalteco organizó en la capital del país el 25 de agosto de 2000 su primera cumbre de presidentes centroamericanos, a la que se sumó el mexicano Ernesto Zedillo dentro del mecanismo de diálogo y concertación lanzado por los seis países en la ciudad mexicana de Tuxtla Gutiérrez en 1991; la presente cita se trató, por tanto, de la IV ronda de Tuxtla. El encuentro se centró en la situación de las cotizaciones del café y el banano en los mercados internacionales, que los presidentes denunciaron como intolerablemente baja.

Dos meses antes, el 15 y el 16 de junio, Portillo participó en la XIV Cumbre del Grupo de Río en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, cita que significó el ingreso de Guatemala (junto con otros cinco países de la región centroamericana y el Caribe) en este mecanismo permanente de consulta y concertación política, que tal es su designación oficial. Unos días más tarde, el 29 de junio de 2000, Guatemala, Honduras, El Salvador y México firmaron el Acuerdo de Libre Comercio del llamado Triángulo Norte Centroamericano, que para el primero entró en vigor el 15 de marzo de 2001.

El 31 de agosto de 2001 Portillo volvió a hospedar una reunión de presidentes de Centroamérica, en la Finca Santo Tomás, a 45 km al sur de la capital, y el 17 de diciembre de 2003, cuando ya era un mandatario saliente abrumado por el diluvio de catilinarias, se agarró como a un clavo ardiendo al anuncio del final de las negociaciones con Estados Unidos, El Salvador, Honduras y Nicaragua sobre el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA, en su sigla en inglés), que afectaba a los sectores agrícola, alimentario, de inversiones y de propiedad intelectual.

El CAFTA debía sustituir al Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP), vigente desde 1984 gracias a un programa unilateral de Washington llamado Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), y, tal era la expectativa de las clases dirigentes y empresariales del país, generar en Guatemala un crecimiento anual del PIB superior al 3% ya en 2004, amén de miles de puestos de trabajo gracias a las exportaciones sin trabas al gigante norteamericano de productos agrícolas tales como el azúcar, más baratos que los vendidos por los productores locales. Ahora bien, al acuerdo, una vez firmado, le aguardaba un proceso de ratificación por los parlamentos de los estados signatarios, y en el caso del Congreso estadounidense se barruntaban dificultades desde ya.

Portillo terminó su presidencia acumulando baldones y reconociendo en público, en alguna ocasión con la voz quebrada y los ojos húmedos, que se le habían quedado varios proyectos en el tintero y que atravesaba momentos “muy difíciles”. “Anarquía”, “incapacidad” y “desgobierno” fueron algunos de los calificativos emitidos para valorar su gestión por una prensa masivamente desafecta. Sin embargo, no todo iban a ser fracasos, y en la recta final de su mandato Portillo acometió a toda prisa una de las tareas pendientes: la disolución del EMP.

Así, el 24 de septiembre de 2003 el Congreso aprobó una ley que abolía el EMP y transfería sus funciones oficiales a la SAAS, y el 29 de octubre un gozoso Portillo presidió la ceremonia de la disolución formal del cuerpo y la baja de sus 500 integrantes. No obstante, reapareció el coro de voces discordantes, las ONG humanitarias, la MINUGUA y diversos representantes de la sociedad civil guatemalteca, que reclamaron un proceso transparente de la mudanza institucional. La propia ley que le daba cobertura fue criticada por no contemplar mecanismos de verificación del destino profesional del personal saliente del EMP y de certificación de que los miembros de la SAAS fuesen civiles. De hecho, se descubrió que más de la mitad de la plantilla de la SAAS la formaban ex miembros del EMP cuyo estatus, si civil o militar, no estaba claro, por no hablar de su expediente personal.

La campaña de las elecciones generales fue desoladoramente violenta con el recuento de 29 asesinatos de militantes, dirigentes y candidatos de los partidos de la oposición. El número de heridos, vejados o amenazados multiplicó varias veces aquella cifra. La jornada electoral del 9 de noviembre transcurrió, en cambio, sin incidentes, y vino a confirmar los sondeos: pasaron a la segunda vuelta Óscar Berger, que tras romper con el PAN concurría al frente de la coalición tripartita Gran Alianza Nacional (GANA), de derecha moderada, y el centroizquierdista Álvaro Colom Caballeros, tercero en la liza de 1999 por cuenta de la ANN y ahora postulante de su partido, la UNE, de corte socialdemócrata. Ríos Montt quedó eliminado con el 19,3% y en las legislativas el FRG también perdió, si bien no sufrió un desastre y con 42 escaños se situó como la segunda fuerza del Congreso. En la segunda vuelta del 28 de diciembre Berger se adjudicó la victoria.

Hasta la toma de posesión de Berger el 14 de enero para el período 2004-2008, Portillo, quien al dejar el poder se iba a convertir automáticamente en diputado del Parlamento Centroamericano o Parlacén (con la consabida inmunidad que el puesto otorga frente a hipotéticas persecuciones judiciales), realizó declaraciones y discursos a modo de balance en los que reconoció sin ambages sus fracasos en la reforma fiscal y el objetivo de poner fin a la discriminación indígena, la corrupción y la criminalidad.

Ahora bien, achacó el fiasco tributario al “boicot” de la CACIF, que presentó numerosos recursos legales que dejaron en suspenso la aplicación de varios impuestos, y descargó denuestos en particular contra los productores azucareros, a los que llamó ”hambreadores”, “traidores”, “sátrapas” y “saqueadores del país” por encarecer el precio de este producto básico y encima oponerse a las importaciones extra de azúcar sin arancel aduanero decididas por el Gobierno para proteger al consumidor. Dando relieve a sus enfrentamientos con el sector privado, Portillo sentenció que “estar en contra de la oligarquía tuvo un costo político”.

En su haber, se adjudicó logros en materia educativa, de liberalización comercial y de descentralización administrativa, luego un país parcialmente reformado en su estructura. También, la estabilidad macroeconómica en índices como la inflación, colocada por debajo del 6%, las reservas monetarias, aupadas al nivel histórico de los 2.800 millones de dólares, o el déficit fiscal, del 1,8% del PIB en 2003, un valor considerado manejable. Ahora bien, antes de la transferencia de poderes, el Gobierno intentó infructuosamente que el Congreso aprobara unos presupuestos generales del Estado para 2004 con un déficit del 3,9%.

(Cobertura informativa hasta 12/2/2004)