Rodrigo Borja Cevallos

Figura señera de la élite política de la Sierra, que tradicionalmente se contrapone al área geográfica de la Costa, bien representada por los clanes políticos de Guayaquil, tomó las clases de primaria y de secundaria en el Pensionado Borja y el Colegio Americano de su Quito natal antes de emprender la carrera de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Central del Ecuador (UCE). En 1958 obtuvo la licenciatura y dos años después añadió a su currículum académico el doctorado en Jurisprudencia. En su época de educando presidió la Asociación de Derecho Escolar de la UCE y ejerció el periodismo en la radio HCJB y el diario El Comercio de Quito, actividad ésta que le reportó ingresos con los que sufragó sus estudios.

Involucrado en la política activa desde temprana edad y de convicciones progresistas, fue un crítico del Gobierno del presidente socialcristiano Camilo Ponce Enríquez (1956-1960) y estuvo adscrito al Partido Liberal (PL), histórica formación que había dominado la escena política nacional desde 1895 y 1944, cuando fue derrocado el último presidente de esta filiación, Carlos Alberto Arroyo del Río, y que ahora, entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, se encontraba debilitada por la emergencia de facciones rivales en su seno.

El joven jurista ganó el primero de sus mandatos populares como diputado del Congreso Nacional en las elecciones del 3 de junio de 1962, en la lista del PL y ocupando la Presidencia de la República Carlos Julio Arosemena Monroy. El golpe de Estado militar del 11 de julio de 1963 interrumpió su función de legislador y empujó el traslado de sus actividades profesionales a la docencia, en su disciplina de Ciencia Política, en la UCE. En 1966, ya desalojada del poder la Junta militar y restaurada la institucionalidad civil, Borja fue seleccionado para formar parte de la Comisión Especial de Abogados encargada de asistir a la Asamblea Constituyente, elegida el 16 de octubre de aquel año con la misión de elaborar la nueva Carta Magna del país.

Dentro de los movimientos políticos previos a las anunciadas elecciones generales, en 1967 Borja y un grupo de militantes jóvenes abandonaron el PL, luego denominado Partido Liberal Radical Ecuatoriano (PLRE), con el proyecto de fundar un grupo que ocupara el nicho ideológico de la izquierda no marxista y sometido a las reglas del juego del sistema constitucional. Vio así la luz, poco antes de los comicios del 2 de junio de 1968, el partido Izquierda Democrática (ID), que tuvo en Borja a su principal dirigente e ideólogo.

ID adoptó una postura oposicionista al Gobierno salido de aquellas elecciones, el del sempiterno caudillo del populismo ecuatoriano, José María Velasco Ibarra, el cual se autoconcedió poderes dictatoriales el 22 de junio de 1970, a los quince días de celebrarse unas elecciones legislativas en las que Borja había recuperado su condición de diputado, la cual no llegó a ejercer porque el Congreso fue suspendido. Borja también se distanció del régimen militar del general Guillermo Rodríguez Lara, aupado al poder en el golpe de Estado del 15 de febrero de 1972, el cual ensayó, con resultados más que mediocres, un modelo nacional-revolucionario que ponía el acento en la reforma agraria y el control estatal de la riqueza petrolera.

La caída de Rodríguez Lara el 11 de enero de 1976 y la asunción de un triunvirato castrense escorado a la derecha y encabezado por el almirante Alfredo Poveda Burbano, impulsó un proceso de retorno a la civilidad democrática. Al socaire de la nueva Constitución aprobada en referéndum el 15 de enero de 1978, el 5 de mayo siguiente Borja obtuvo la inscripción en el registro de partidos de ID, que definió un ideario socialdemócrata, captó a miembros del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) e iba a ser admitido en la Internacional Socialista (IS). Erigido en líder indiscutible de ID desde el puesto de director nacional del partido, Borja inscribió su candidatura para las lecciones presidenciales del 16 de julio.

En este su primer envite por la primera magistratura del país, el político serrano cosechó un discreto 12% de los votos y quedó en cuarto lugar tras el socialcentrista Jaime Roldós Aguilera, de la Concentración de Fuerzas Populares (CFP), el conservador y ex alcalde de Quito Sixto Durán-Ballén, del Frente Nacional Constitucionalista (FNC), alianza articulada por el Partido Social Cristiano (PSC), y Raúl Clemente Huerta Rendón, el aspirante del PLRE. En la segunda ronda, el 29 de abril de 1979, Borja apoyó a Roldós, de los otros tres candidatos el más afín ideológicamente y quien conquistó, efectivamente, la Presidencia. ID lo hizo bien en las legislativas y se convirtió en la segunda fuerza del Congreso con 15 escaños, uno de los cuales fue para Borja, en representación de Pichincha.

Durante la efímera administración de Roldós, perecido en un accidente aéreo el 24 de mayo de 1981, ID brindó un apoyo parlamentario limitado al Ejecutivo, que pudo haber contado con ministros de este partido de no haber considerado su líder más rentable políticamente quedarse al margen de las responsabilidades de Gobierno. En 1983, Borja, que venía cultivando una estrecha relación con los socialistas españoles de Felipe González, en el Gobierno del país europeo desde el año anterior, se presentó candidato para las elecciones de 1984. Gozando esta vez de unas encuestas de opinión muy favorables, Borja trabó una alianza con Pueblo, Cambio y Democracia (PCD), partido centrista antes animado por León Roldós Aguilera, a la sazón vicepresidente con el sucesor de su malogrado hermano, el cristianodemócrata Oswaldo Hurtado Larrea, y ahora liderado por Aquiles Rigaíl Santistevan, el cual aceptó ser el candidato a la Vicepresidencia.

En la primera vuelta, el 29 de enero, el binomio Borja-Rigaíl se puso en cabeza por la mínima con el 28,7% de los sufragios gracias al apoyo de seis partidos de centro, populistas y marxistas, pero en la segunda vuelta, el 6 de mayo, el voto del centro-derecha y la derecha oligárquica, temeroso de su plataforma nítidamente izquierdista, se concentró en el postulante del Frente de Reconstrucción Nacional (FRN, la coalición capitaneada por el PSC), León Febres Cordero, guayaquileño, quien, con el 51,1% de los votos, le arrebató a Borja por tres puntos de diferencia una victoria que parecía cantada. Claro que el cambio de fortuna para Borja en vísperas de la cita con las urnas se fraguó también en un debate televisado en el que Febres Cordero, con su estilo desabrido y pugnaz, desarboló las argumentaciones del mesurado político izquierdista. Como consuelo, ID reforzó su condición de primer partido de la oposición parlamentaria, esta vez frente al PSC.

La votación de 1984 planteó una disyuntiva especialmente antagónica en la historia electoral de la recién reconquistada democracia ecuatoriana, pues a la dicotomía tradicional entre candidatos costeros y serranos se añadió la radical divergencia de los programas ofertados, todo ello en un contexto económico catastrófico, luego del derrumbe del boom petrolero de los años setenta. El negro cuadro actual lo pintaban una fortísima recesión, sucesivas devaluaciones del sucre, la espiral inflacionaria, las malas cosechas, el incremento del paro y el bozal de la deuda externa, que bordeaba los 7.000 millones de dólares.

Así, mientras Febres Cordero propiciaba fórmulas neoliberales y monetaristas para relanzar la economía, Borja apostaba por un plan expansionista, socialdemócrata clásico, que desarrollara las tímidas reformas realizadas por el Gobierno saliente de Hurtado. Concretamente, una política redistributiva de la riqueza nacional, un programa de inversiones públicas generadoras de empleo, incentivos al consumo y la elevación de la producción interna. Borja habló también de solicitar a los acreedores foráneos la renegociación de la deuda. La elección presidencial se caracterizó asimismo por el intercambio de ataques personales: desdeñosamente, Febres Cordero presentó a Borja como un “incapaz” dedicado a “escribir libritos” y dispuesto a importar para el Ecuador un modelo económico que había “fracasado en todo el mundo”; Borja, a su vez, tildó al empresario de representante conspicuo de la “plutocracia” y de “explotador”.

Como cabía esperar, Borja desarrolló una oposición parlamentaria muy dura en el convulso cuatrienio febrerista, caracterizado, entre otros aspectos, por el feroz pulso sostenido entre un presidente resuelto a aplicar a toda costa sus políticas de ajuste y liberalización económicos, y las organizaciones sindicales y los partidos de izquierda, impelidos con igual determinación a frustrar el drástico cambio de rumbo social y económico. El profundo descontento popular por la gestión de Febres Cordero lo capitalizó ID en las elecciones legislativas parciales del 1 de junio de 1986, cuando, por primera vez, se convirtió en el primer partido del país con 17 de los 71 escaños del Congreso.

Borja parecía tener en bandeja la victoria en su tercer intento presidencial, si bien esta vez accedió a someterse a unas elecciones primarias en ID. Con este proceso de democracia interna celebrado en 1987, el partido construido tenaz y pacientemente por Borja demostró ser la fuerza política mejor estructurada, más disciplinada y con la doctrina más perfilada del país. Sin sorpresas, el abogado y nuevo vicepresidente de la IS ganó la partida con un amplio margen de votos sobre quien había sido su compañero de fórmula en la elección presidencial de 1978, Raúl Baca Carbo. Borja se lanzó a la campaña presidencial con un plantel de propuestas bastante similar al de 1984, si bien no despejó las dudas y los profundos temores suscitados en los poderes financieros y empresariales tradicionales sobre si contemplaba la estatalización de los sectores productivos.

Su principal rival ahora no era del PSC, sino que procedía del populismo guayaquileño: Abdalá Bucaram Ortiz, empresario descendiente de libaneses, cuñado del difunto Roldós y proclamado heredero político suyo al frente del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). Bucaram, controvertido personaje que había dado mucho que hablar como empresario privado e intendente de la Policía de la provincia de Guayas, había apoyado a Borja frente a Febres Cordero en las elecciones de 1984, pero ahora aguijoneó al líder de ID con epítetos de grueso calibre; siendo un agnóstico declarado, Borja fue presentado en la propaganda del PRE como un "ateo” y un “alcohólico", y fue acusado por Bucaram de tener “el esperma aguado”; el destinatario de estas lindezas no se quedó atrás, llamó al roldosista “narcotraficante fascista” y despotricó contra su origen no ecuatoriano. Los comentaristas políticos apuntaron que Borja no fue capaz de imponer una discusión programática en la campaña electoral y se vio arrastrado al intercambio de injurias y golpes bajos, terreno que no era el suyo pero en el que Bucaram era maestro consumado.

El 31 de enero de 1988 Borja se destacó claramente con el 24,5% de los votos sobre sus nueve contrincantes y en la segunda definitiva ronda del 8 de mayo batió a Bucaram con el 54% de los sufragios. En esta ocasión, todo el arco político, desde la extrema izquierda hasta la derecha proempresarial de la Sierra, cerró filas con Borja; para sus enemigos políticos, el dirigente socialdemócrata, con su ideología conocida, su sobriedad, su reluctancia a las zalamerías populistas y su talante político absolutamente identificado con los usos y formas de la democracia, era preferible a un pretendiente presidencial de verbo desgarrado y doctrina nebulosa, que inspiraba gran desconfianza. En los comicios al Congreso, ID lo hizo excelentemente y ascendió su representación hasta los 31 legisladores, el número más alto conseguido por un partido desde la restauración democrática en 1978.

El 10 de agosto Borja recibió la banda presidencial con un mandato cuatrienal en presencia de una decena de mandatarios latinoamericanos, entre ellos, protagonizando una presencia muy comentada por lo que suponía de alivio de su aislamiento en la región, Fidel Castro, que no visitaba un país de Sudamérica desde la visita al chileno Salvador Allende en 1971. También asistieron a la ceremonia dos dirigentes socialistas europeos, el presidente portugués Mário Soares y el vicepresidente del Gobierno español Alfonso Guerra. Insólitamente, el dictador cubano compartió tribuna con el secretario de Estado de Estados Unidos, George Shultz. El plantel de invitados a la investidura dejó a las claras el caché internacional cultivado por un político que sólo ahora accedía a la condición de estadista. Al día siguiente, llegó el presidente sandinista de Nicaragua, Daniel Ortega, que no había recibido permiso de Febres Cordero para asistir al acto de la víspera y con quien Borja decidió el restablecimiento de las relaciones diplomáticas ecuato-nicaragüenses, rotas en octubre de 1985.

Borja formó un Gobierno calificado de “monocolor” en coalición con el partido centrista Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana (DP-UDC), cuyo candidato, Jamil Mahuad Witt, había quedado en quinto lugar en las elecciones antes de brindarle su apoyo para la segunda vuelta, tal como había sucedido en la liza de 1984. En sus primeras declaraciones a la nación, el flamante mandatario ofreció un programa de concertación para sacar al Ecuador de la crisis, habló de impulsar una “revolución moral”, aseguró no albergar planes de alterar el estatus del parque empresarial, ni nacionalizando, ni privatizando, y expresó su fe en un modelo de economía mixta en el que convivieran la planificación estatal y la propiedad privada.

Sobre el peliagudo asunto de la deuda externa, que superaba ya a los 10.000 millones de dólares, afirmó que, aunque no estaba en su ánimo el entablar “confrontaciones estériles” con los acreedores internacionales, el hecho era que el país no podía cumplir sus compromisos financieros por una simple cuestión de insolvencia. A su parecer, el Ecuador requería una reprogramación de los pagos “para poder atender las necesidades internas del desarrollo, crear los excedentes necesarios y después pagar lo que debemos".

En su inventario de la situación heredada de Febres Cordero, que definió como de “extrema gravedad” y de “bancarrota económica y moral”, Borja señaló el autoritarismo de las instituciones, el aislamiento internacional del país, un cuadro económico ominoso en el que se combinaban una inflación anual del 80%, un desempleo en torno al 15%, un déficit fiscal equivalente al 17% del PIB y la evaporación de las reservas internacionales, amén de la omnipresente corrupción y el agravamiento de los desequilibrios sociales. La recesión económica se nutría del desplome de los ingresos por los hidrocarburos, debido a factores tanto externos, el abaratamiento del petróleo en los mercados internacionales, como internos, la interrupción de las exportaciones durante varios meses como consecuencia del ruinoso terremoto de marzo de 1987, que afectó especialmente a los yacimientos de Napo y que destruyó un extenso tramo del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Su primera actuación consistió en un plan económico de contingencia para introducir medidas de estabilización y austeridad antes de lanzar verdaderas políticas de crecimiento y desarrollo. Borja descartó la terapia de choque y se decantó por un ajuste gradual y sostenido. La aplicación de los necesarios reequilibrios en las macromagnitudes, sin vocación de dar pie a transformaciones estructurales, junto con una filosofía de fondo que creía en la intervención del Estado en la economía y en las inversiones sociales de los poderes públicos, dio lugar a una gestión llena de contradicciones.

Así, mientras intentaba revertir el alza inflacionaria y la caída de las recaudaciones fiscales con pequeñas devaluaciones monetarias e incrementos también dosificados en las tarifas de los servicios públicos y los precios de los combustibles sin automáticas compensaciones salariales, medidas que, de paso, pretendían dar satisfacción a las exigencias del FMI para conceder la renegociación de la deuda, el Gobierno de Borja quiso plasmar compromisos previamente adquiridos poniendo en marcha, por ejemplo, una política nacional de hidrocarburos, destinada a incrementar para el Estado los ingresos generados por este recurso vital. Dentro de este propósito, el 26 de septiembre de 1989 se constituyó Petroecuador en sustitución de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), creada por Rodríguez Lara en 1972. Cuatro días después, de conformidad con lo estipulado en su día por el Consorcio de la CEPE y la compañía estadounidense Texaco, el Estado ecuatoriano, a través de Petroecuador, adquirió la completa titularidad del SOTE. Una filial de Petroecuador, Petrotransporte, reemplazó a Texaco como operadora del oleoducto.

El encarecimiento del coste de la vida y algunas reformas de regusto liberal, como la flexibilización del mercado laboral, que abrió las puertas a la instalación de empresas maquiladoras, provocaron agitaciones sociales de cierta envergadura, como las protestas estudiantiles de finales de 1989, reprimidas por las fuerzas del orden, y el rosario de huelgas sectoriales en el primer semestre de 1991. En total, Borja hubo de lidiar con cuatro huelgas generales convocadas por las centrales sindicales, pero, además, el clima contestatario dio alas a la movilización de los colectivos indígenas. El 4 de junio de 1990 varias comunidades y organizaciones indígenas iniciaron un histórico levantamiento nacional que cogió por sorpresa a la clase política por su vigor y por el elaborado plantel de reivindicaciones, relativas a la propiedad de tierras, el respeto de los Derechos Humanos, la salvaguardia del patrimonio medioambiental y reformas constitucionales que consagraran al Ecuador como un estado multicultural y plurinacional.

Borja encajó con moderación este desafío de los ecuatorianos secularmente más marginados por los poderes públicos, no lo reprimió y abrió cauces posibilistas de diálogo con la mediación de la Iglesia católica y ONG. Las marchas y las ocupaciones pacíficas de ciudades se repitieron hasta que sus participantes vieron satisfechas varias de sus demandas, de manera que el 14 de mayo de 1992 Borja entregó solemnemente en el Palacio presidencial títulos de propiedad a los representantes de 4.000 marchistas de la región amazónica que se habían aposentado en el centro de Quito.

Preclaro partidario de los principios de la no injerencia, la no alineación y la libre determinación de los estados, Borja encajó bien con la corriente latinoamericanista en boga, que sustentaban también mandatarios amigos y más o menos correligionarios como el costarricense Óscar Arias, el argentino Raúl Alfonsín, el uruguayo Julio María Sanguinetti, el boliviano Jaime Paz Zamora, el peruano Alan García y los venezolanos Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez. El ecuatoriano apostó por la integración política y económica del subcontinente y en particular de la subregión. Así, Borja fue signatario de los diversos instrumentos, declaraciones y actas que prepararon la articulación del área de libre comercio de los países del Pacto Andino (hoy, Comunidad Andina de Naciones) a partir del 1 de enero de 1992.

Asimismo, respaldó al Grupo de los Ocho, formado en diciembre de 1986 por los cuatro países originales del Grupo de Contadora más los cuatro del Grupo de Apoyo, dedicado en origen a promover la paz y el desarrollo económico en Centroamérica y luego concebido como un mecanismo de diálogo y concertación política de más amplia base regional. En octubre de 1990 el Ecuador se convirtió en miembro del Grupo de los Ocho coincidiendo con la adopción por el organismo del nombre Grupo de Río.

En el terreno de las relaciones bilaterales con los vecinos, cabe destacar la reunión sostenida con Alberto Fujimori en Quito el 9 de enero de 1992, en la primera visita oficial de un presidente peruano al Ecuador, para renovar el diálogo sobre la añeja disputa de la frontera altoamazónica, cuya delimitación por el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 la parte ecuatoriana deseaba revisar al considerarlo lesivo. En el plano interno estrictamente político, la administración de Borja consiguió que el grupo guerrillero-terrorista Alfaro Vive, Carajo (AVC), última subversión activa en el Ecuador, renunciara a la lucha armada, entregara su armamento y se integrara en la sociedad civil, proceso que arrancó con el acuerdo del 19 de enero de 1989 y que culminó el 26 de febrero de 1991. También desactivó la unidad de comandos de la base aérea de Taura, que en enero de 1987 capturó a Febres Cordero y le obligó a ordenar la liberación del general Frank Vargas Pazzos, encarcelado por una asonada golpista en marzo de 1986, si bien merced a la conmutación de las penas impuestas a los responsables de aquel atropello institucional.

Sobre este punto, el de las intrusiones perturbadoras de los militares en el poder civil, el cuatrienio de Borja no pudo contrastar más, por tranquilo, con el período precedente. Pero, a cambio, se agravó la impunidad de las tramas delictivas y el país andino pasó a ocupar un lugar preeminente en los circuitos del narcotráfico, como nuevo centro de procesado y distribución de la cocaína a partir de la coca colombiana. De nuevo dentro de este particular pasaje de claroscuros, Borja fue elogiado por su ambicioso programa de alfabetización, pero, por otro lado, su Gobierno quedó desbordado por el brote del cólera, una enfermedad propia de los entornos más subdesarrollados, que se declaró en la provincia meridional de El Oro en febrero de 1991 y que se extendió fulminantemente por todo el país.

El caso es que a partir de 1990 la situación económica se tornó más benigna gracias a la recuperación de los precios internacionales del petróleo, base del 54% de las exportaciones nacionales, el buen comportamiento de las exportaciones bananeras y camaroneras, y los efectos positivos de la reforma fiscal, que contribuyó a elevar los niveles de caja del erario público. Ese año el PIB creció el 1,5% y la inflación se redujo del 76% alcanzado doce meses atrás al 48%. En el bienio siguiente, la economía prosiguió la senda ascendiente, hasta duplicar la tasa de crecimiento citada, paralelamente a una tendencia bajista en el déficit de la balanza de pagos; pero, a cambio, la inflación volvió a remontar por encima del 50% anual, los salarios reales decrecieron y la deuda externa siguió sumando centenares de millones de dólares, hipotecando, una vez más, cualquier perspectiva de desarrollo.

Fue precisamente en 1990 cuando Borja afrontó una serie de reveses políticos que debilitaron su administración. DP-UDC, a instancias del ex presidente Hurtado, que encabezaba el ala conservadora de la formación, puso fin a la coalición gubernamental con ID, y en las legislativas parciales del 17 de junio el partido del presidente cayó hasta los 11 escaños, fue superado por el PSC y vio transferirse miles de votos a su izquierda, concretamente al PSE, y al PRE. Posteriormente, el 2 de octubre, se declaró un grave conflicto de competencias entre los poderes ejecutivo y legislativo cuando el recién elegido presidente del Congreso, Averroes Bucaram Záccida, líder de la CFP y primo de Abdalá Bucaram, arremetió contra varios ministros del Gobierno acusándolos de cometer una amplia variedad de irregularidades y actos de corrupción.

Bucaram consiguió forzar la dimisión de cuatro decenas de altos funcionarios del Ejecutivo y el poder judicial, entre ministros y magistrados, antes de verse obligado a renunciar él mismo al producirse un cambio en la correlación de fuerzas de la Cámara en favor del oficialismo, pero la ofensiva antigubernamental prosiguió en 1991 y se saldó con nuevas resignaciones y ceses de ministros, entre ellos el titular de Energía y Minas, Óscar Garzón Quiroz, luego de haber firmado un decreto de alza de carburantes, y el de Educación, Alfredo Vera, en relación con un presunto negocio ilícito en la adquisición de planchas metálicas para construcciones escolares. Borja habló de la existencia de una campaña de desgaste contra ID para hacerle perder las elecciones generales de 1992, y, ciertamente, aunque lo presunto y lo supuesto prevalecieron ampliamente sobre lo demostrado en todas estas imputaciones, el mandatario concitó nuevos grados de descontento de un electorado que percibía bien pocas materializaciones gubernamentales y sí crecientes penurias y estrecheces.

El 11 de abril de 1992, a un mes largo de las elecciones, Borja desató una tormenta política al calificar de “gavilla de vagos” a los diputados y declarar “moralmente disuelto” al Congreso, después de que éste le devolviera sin aprobar el proyecto de Ley del Régimen Monetario. Toda vez que cinco días antes Fujimori había dado su famoso autogolpe en Lima, disolviendo el Parlamento, suspendiendo la Constitución y asumiendo plenos poderes, en Quito se suscitó el temor a que Borja estuviera tentado a imitar a su colega peruano, no obstante su trayectoria intachablemente leal con las instituciones y el orden legal, en un momento de debilidad por las frustraciones acumuladas y la previsión de un desastre electoral de ID.

Efectivamente, el 17 de mayo las urnas castigaron duramente al oficialismo: en las presidenciales, su candidato, Raúl Baca, ministro saliente de Bienestar Social, no pasó del cuarto lugar con el 8,4% de los votos tras Abdalá Bucaram, el socialcristiano Jaime Nebot Saadi y otro veterano en estas lides, Durán-Ballén, que concurrió fuera del PSC al frente de su nuevo Partido de Unidad Republicana (PUR) y que se llevó, al tercer intento también, la Presidencia; en las legislativas, ID vio disminuir su cuota a los siete escaños.

El 10 de agosto de 1992 Borja terminó en sus funciones con la toma de posesión de Durán-Ballén y entonces manifestó su intención de abandonar el primer plano de la política y dedicarse a dar clases en la universidad, impartir conferencias y escribir. ID se mantuvo en la oposición al Gobierno de coalición del PUR de Durán-Ballén y el Partido Conservador Ecuatoriano (PCE) de Alberto Dahik. En las elecciones generales del 19 de mayo de 1996, por primera vez, la formación no presentó candidato propio, sino que apoyó a Freddy Ehlers Zurita, del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP), brazo político del movimiento indígena, el cual quedó en tercer lugar y fue descalificado para la segunda ronda; en los comicios al Congreso, ID agudizó su declive y sólo cosechó el 7,1% de los sufragios y cuatro escaños, pálido reflejo del poder que llegó a adquirir en la década anterior.

Borja advirtió a la opinión pública de las serias consecuencias de la llegada a la Presidencia de un personaje como Abdalá Bucaram, pero el aviso cayó en saco roto y, efectivamente, esas consecuencias no se hicieron esperar, dando lugar a la administración más corrupta y caótica que recordaban los ecuatorianos. En febrero de 1997 el jefe socialdemócrata figuró entre los cabezas de facción que instigaron, al socaire de la gigantesca protesta popular, el cese del líder roldosista en el Congreso por “incapacidad mental”, y luego ID estuvo entre los partidos que sostuvieron al presidente interino Fabián Alarcón Rivera, que concedió ministerios a Baca Carbo y otros demócrataizquierdistas.

En el agitado fin de siglo de la democracia ecuatoriana, Borja volvió al primer plano de la actualidad y desde entonces ha dejado sentir su influencia en la política nacional. Lanzó su cuarta aspiración presidencial en las elecciones de 1998 y quedó tercero con el 15,9% de los sufragios para luego solicitar el voto en la segunda vuelta por Jamil Mahuad frente al bucaramista Álvaro Noboa Pontón. En las elecciones al Congreso, ID experimentó una notable recuperación y ascendió a los 17 escaños.

Borja rechazó la dolarización de la economía decretada por Mahuad en enero de 2000 en un intento desesperado de contener la tremenda crisis económica y financiera que se abatía sobre el país, medida que puso en pie de guerra al movimiento indígena y soliviantó los cuarteles militares, dos fuerzas que, en inopinada alianza, se alzaron contra Mahuad, lo derrocaron y capturaron el poder durante unas horas antes de reconducir la situación los poderes políticos tradicionales y colocar en la Presidencia al vicepresidente de Mahuad, Gustavo Noboa Bejarano. ID planteó serias objeciones a algunas iniciativas reformistas del nuevo Gobierno, y, por ejemplo, se abstuvo en la votación parlamentaria de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador (Trole), que brindó el marco jurídico para dos grandes transformaciones estructurales, la adopción del dólar como moneda oficial y la venta de las empresas del Estado.

Acercándose a la séptima década de vida y con su optimismo y entusiasmo habituales, aunque también acusado de haberse quedado acartonado en su pensamiento económico, Borja planteó su quinta apuesta presidencial en la nueva oportunidad electoral otorgada a una población empobrecida que había conocido diez administraciones desde 1979 y que había alcanzado cotas sin precedentes de hartazgo, escepticismo y desesperación. El dirigente socialdemócrata elaboró un programa centrado en la creación de empleo y la reactivación económica mediante el apoyo en la microempresa y la bajada de los tipos de interés crediticios, entre otros estímulos. Sobre la dolarización, afirmó que, si bien se había opuesto a ella, ahora era una realidad que no tenía marcha atrás y que su abrogación produciría más perjuicios que los que ya había acarreado, entre los que citó la “quiebra de miles de empresas” y “una desocupación galopante”. En cuanto al comercio internacional, consideró indispensable que los países latinoamericanos negociaran como bloque la gestación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsada por Estados Unidos.

Durante buena parte de la campaña de las elecciones del 20 de octubre de 2002 los sondeos auguraron a Borja el paso a la segunda vuelta, pero esta perspectiva no se realizó: con el 14,1% de los votos, el ex presidente quedó cuarto tras León Roldós Aguilera por el Movimiento Ciudadano, Álvaro Noboa por el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) y el gran triunfador de la jornada, el coronel nacionalista Lucio Gutiérrez Borbúa, por el Partido Sociedad Patriótica 21 de enero (PSP) y cabecilla de la asonada indígena-militar que barrió a Mahuad en 2000. En este sentido, Borja no corrió la suerte de otro ex presidente de la zona, Gonzalo Sánchez de Lozada, de Bolivia, exponente también del estadista convencional serio y miembro del establishment, que unos meses atrás había conseguido imponerse en La Paz a las alternativas locales populista e indigenista, representadas respectivamente por Manfred Reyes Villa y Evo Morales Ayma. Por lo que se refiere a la elección congresal, ID se quedó con 13 escaños, 16 si se cuentan los ganados por las listas conjuntas con DP-UDC, el Movimiento Ciudadanos Nuevo País (MCNP) y el Movimiento de Integración Regional Ecuatoriana (MIRE).

Destacado politólogo y jurisperito, y conferenciante muy solicitado en palestras académicas del continente, Rodrigo Borja, casado con Carmen Calisto Ponce y padre de cuatro hijos, es autor de los siguientes ensayos y obras de referencia: Tratado de Derecho Político y Constitucional; Socialismo democrático; La ética del poder; El asilo diplomático en América; La democracia en América Latina; Derechos Humanos: una nueva perspectiva; Democracia y populismo; La lucha de América Latina por la democracia; y, su profusamente consultada Enciclopedia de la Política. Ha sentado cátedra docente en la UCE, la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos y la Facultad Latinoamericana de Formación para los Derechos Humanos, con sede en la ciudad boliviana de Santa Cruz. Se le ha distinguido con altas condecoraciones de diversos países latinoamericanos y europeos, y es doctor honoris causa por las universidades de la Sorbona, Buenos Aires, San Andrés (Bolivia) y Carolina del Norte en Asheville.

(Cobertura informativa hasta 1/7/2003)