Gustavo Noboa Bejarano

Gustavo Noboa Bejarano es el segundo de nueve hermanos de una familia de clase media que tiene entre sus antepasados a uno de los efímeros presidentes del Ecuador en los turbulentos años centrales del siglo XIX, Diego Noboa Arteta (1850-1851). El muchacho recibió toda su formación en su Guayaquil natal, en el Colegio Cristóbal Colón, regido por los salesianos, y luego en la Universidad Católica, por la que se licenció en Ciencias Políticas y Sociales en 1962. En 1965 obtuvo el doctorado en Derecho en su alma máter y al año siguiente comenzó a impartir clases en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, en las asignaturas de Derecho Municipal y Derecho Civil, si bien desde 1962 ya venía desempeñando labores docentes en centros escolares.

Fue vicedecano de la Facultad entre 1968 y 1969 y decano en los períodos 1969-1972 y 1978-1980, antes de ser nombrado, en 1986, rector de la Universidad, suprema autoridad académica que ejerció hasta 1996. En los años ochenta y noventa se desempeñó también como rector del Blue Hill College, casa de estudios privada perteneciente a la Florida Atlantic University, y como vicepresidente de la Fundación Esquel, dedicada a la formación juvenil, sitos en Guayaquil y Quito, respectivamente.

A sus funciones rectorales en el campo académico Noboa añadió responsabilidades empresariales, como gerente, desde 1972, de recursos humanos en la Sociedad Agrícola Industrial San Carlos S.A., del sector azucarero; diplomáticas, como miembro de delegación y embajador plenipotenciario en las negociaciones ecuato-peruanas en Brasilia para resolver el litigio territorial en la frontera altoamazónica; y políticas, terreno en el que se inició en marzo de 1983 cuando fue nombrado gobernador de la provincia de Guayas, si bien esta primera función representativa fue efímera, hasta agosto de 1984, cuando terminó el mandato presidencial del democristiano Osvaldo Hurtado Larrea. En 1979 Noboa respaldó la candidatura presidencial de Jaime Roldós Aguilera, a quien Hurtado sucedió al perecer en un accidente de aviación en mayo de 1981, otro destacado jurista y académico guayaquileño que fue decano de la Universidad Católica en los años en que Noboa fungió de vicedecano.

En 1995, en calidad de representante del presidente de la República, a la sazón el conservador Sixto Durán-Ballén, Noboa fue nombrado presidente de la Comisión Interinstitucional para el análisis de la situación de la educación superior en el país, así como presidente de la Comisión de Investigación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP) y miembro de la Junta Constructiva del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otra parte, sus hondas convicciones cristianas unidas a su vocación de enseñante le llevaron a dedicar una parte sustancial de su tiempo a la formación religiosa de jóvenes.

Noboa, católico practicante de comunión diaria, recibió del Vaticano las órdenes de San Silvestre en 1979 y de San Gregorio Magno en 1996, ambas con el grado de comendador papal, y en 1992 la Conferencia Episcopal Ecuatoriana le concedió la Orden Iglesia y Servicio, todas ellas en reconocimiento de sus méritos en la educación en los valores católicos. El Estado ecuatoriano por su parte le otorgó las órdenes al mérito educativo del Ministerio de Educación, en 1992, y al mérito laboral del Ministerio de Trabajo, en 1993. Pasaje curioso de su biografía, Noboa y su esposa se encontraban en la Plaza de San Pedro el mismo día, el 13 de mayo de 1981, en que Alí Agca tiroteó al Papa Juan Pablo II, compartiendo el espanto y la aflicción de los 20.000 fieles congregados en la explanada vaticana por el intento de magnicidio.

Personaje fundamentalmente apolítico y descrito como un académico de carácter bonancible y moderado convertido en honesto servidor público, Noboa desestimó los ofrecimientos de Durán-Ballén de entrar en su gobierno como ministro de Educación o ministro de Bienestar Social. Su nombre también se barajó para asumir la Presidencia de la República con carácter interino tras la destitución en febrero de 1997 por el Congreso del mandatario salido de las elecciones de mayo y julio de 1996, Abdalá Bucaram Ortiz, pero el consenso de la clase política dirigente sólo se logró en torno el presidente del poder Legislativo, Fabián Alarcón Rivera.

Finalmente, Noboa aceptó formar parte de la fórmula presidencial de Jamil Mahuad Witt, dirigente del partido de centro Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana (DP-UDC), en las elecciones del 31 de mayo de 1998; luego de vencer Mahuad en la segunda vuelta del 12 de julio con el 51,1% de los votos frente al magnate Álvaro Noboa Pontón, aspirante del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) de Bucaram, Noboa tomó posesión de la Vicepresidencia de la República el 10 de agosto. Mahuad encomendó a Noboa la reconstrucción de las infraestructuras públicas destrozadas por el fenómeno climático de El Niño, pero pronto salieron a relucir disonancias entre los dos responsables por la política económica de ajuste aplicada por el primero, muy contestadas desde la calle. Cuando el 21 de enero de 2000 Mahuad fue derrocado por una inopinada coalición rebelde de indígenas y militares, la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y la cúpula política civil se apresuraron a apuntalar el orden de cosas puesto en peligro por unos sectores sociales, hasta entonces marginados, que creyeron conquistar el poder por la vía insurreccional.

Esta vez Noboa fue la figura aceptada por todos para asumir la jefatura del Estado, tal que el día 22 el Congreso, con el respaldo de 87 de los 96 diputados presentes, declaró cesante a Mahuad por abandono de sus funciones e invistió al vicepresidente presidente de la República con mandato hasta el 15 de enero de 2003. Mahuad, escondido y luego huido del país, también aceptó esta salida a la crisis en la persona de su vicepresidente.

Las clases dirigentes y una parte de los estratos sociales medios saludaron el retorno a la constitucionalidad democrática, pero los indígenas y los militares de rangos medios e inferiores que se habían movilizados contra Mahuad se sintieron burlados y utilizados por los políticos tradicionales y los altos mandos militares, quienes convinieron en que una cosa era dejar caer a un presidente impopular cuyas medidas de choque económico (retención de depósitos bancarios) producían crispación social y perjuicio a poderosos círculos empresariales, y otra bien distinta transigir con las pretensiones de la insólita y un tanto caótica asonada indígeno-castrense, que apuntaban directamente a la liquidación del dominio multisecular en todos los ámbitos por las élites blancas.

El coronel Lucio Gutiérrez Borbúa y el quechua y presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) Antonio Vargas Guatatuca, ambos integrantes de la denominada Junta de Gobierno de Salvación Nacional que asumió los poderes ejecutivos el 21 de enero, fueron, respectivamente, arrestado y forzado a la clandestinidad. Vargas no reconoció la legitimidad de Noboa y señaló al general Carlos Mendoza Poveda, ministro de Defensa y sustituto de Gutiérrez en el segundo triunvirato constituido a las pocas horas del primero, el denominado Consejo de Estado, como el cerebro de la reconducción de la sublevación engañosamente triunfante a la situación anterior.

Noboa realizó vagas promesas de justicia social y de prosecución de la lucha contra la corrupción, y llamó a formar una conciencia nacional que, al margen de "partidismos y ambiciones de grupos", regenerase la función pública y pusiese fin a los inquietantes "gérmenes de descomposición" apreciados en las estructuras políticas, económicas y sociales del país andino. Pero, muy significativamente, anunció que la dolarización total de la economía, emprendida por Mahuad (y detonante principal de su caída) con el objeto de devolver la confianza de los mercados financieros y los inversores privados al sistema económico ecuatoriano, así como la campaña de privatizaciones, seguirían su curso invariable, de manera que el fundamento de ulteriores protestas sociales permanecía inalterable.

La Ley para la Transformación Económica del Ecuador (Trole I, popularmente conocida como ley trolebús), urgida por el Gobierno de Estados Unidos y el FMI, fue aprobada por el Congreso el 24 de febrero con los votos de DP-UDC, el Partido Social Cristiano (PSC) y el Frente Radical Alfarista (FRA), y promulgada el 13 de marzo. El texto brindó el marco jurídico para dos grandes transformaciones, la adopción del dólar y la venta de las empresas del Estado, con vocación de ser irreversibles. Noboa recibió el apoyo de las principales cámaras económicas y empresariales del país para seguir con las reformas estructurales y modernizadoras de una economía diezmada, pero los analistas hicieron notar su estrecho margen de maniobra ante una fase de recesión que para el conjunto de 1999 fue del 7% del PIB, una tasa de desempleo oficial del 17%, un 62% de la población por debajo del umbral de pobreza, el sucre devaluado en un 80% frente al dólar y una inflación interanual del 60%, la más alta de América.

El pesimismo por el porvenir inmediato del país estaba generando un éxodo que sólo a partir del último semestre de 1999 había llevado a 200.000 ecuatorianos de todas las clases sociales -aunque fundamentalmente campesinos, artesanos y pequeños propietarios- sobre una población de 12 millones a abandonar el país con destino preferente a Europa. Para apaciguar las tensiones sociales y para facilitar el diálogo con la CONAIE, Noboa dirigió al Congreso menos de tres meses después de los sucesos de enero una petición de amnistía para los civiles y militares que participaron en la asonada golpista, exoneración que fue aprobada por los legisladores el 1 de junio. Un sondeo de opinión realizado poco antes arrojaba un 67% de rechazo popular al enjuiciamiento de los oficiales arrestados.

Con Noboa a su frente, el Ecuador vio realizarse la histórica mudanza monetaria que Mahuad decretó con fatales consecuencias para él. La Trole I legalizó el dólar como moneda de circulación en convivencia con el sucre por un período de seis meses, a cuyo término, el 9 de septiembre de 2000, se produjo la desaparición de la moneda local tras 116 años de existencia y su sustitución por la divisa estadounidense como única reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago y cambio. La cotización establecida por el mercado cuando el gobierno de Mahuad, de 25.000 sucres por dólar, definió el precio del canje, el cual pudo realizarse durante seis meses adicionales. El Banco Central del Ecuador se reservó el derecho a seguir acuñando moneda, pero sólo unidades fraccionarias, equivalentes a centavos de dólar.

La espectacular medida, calificada de "experimento" para todo el subcontinente (Panamá, desde su independencia en 1903, y Argentina, desde 1991, ya estaban dolarizadas parcialmente o en la práctica, pero sin que sus monedas nacionales hubieran llegado a suprimirse), por de pronto provocó una indiscriminada subida de precios que se trasladó a la tasa de inflación acumulada. El año 2000 terminó con un índice medio de inflación del 91%, mientras que la recuperación del crecimiento, el 2,3% para los doce meses, pasó desapercibida para el ciudadano de a pie.

Además, el Gobierno de Noboa debía llevar a cabo una drástica reforma tributaria y luchar contra el déficit fiscal por lo que le tocaba del plan de contingencia acordado con el FMI en abril de 2000 para la liberación de 2.045 millones de dólares de créditos en tres años. La carta de intenciones con el organismo financiero fue recibida como agua de mayo en una situación de virtual quiebra ante los acreedores internacionales a raíz de la moratoria, declarada por Mahuad, del pago de los intereses de la deuda externa, cuyos montantes superaban los 13.000 millones de dólares. Y es que numerosos analistas estaban advirtiendo que sin unas finanzas saneadas y los índices de productividad sumamente mejorados, el anclaje en el dólar podría arrastrar a la economía ecuatoriana al pozo sin fondo de la iliquidez, como en Argentina, e incluso al fenómeno fatal de la estanflación, o inflación sin crecimiento.

El interminable reajuste de los precios al alza y la penuria de dólares en la calle se confabularon para reactivar la protesta indígena a principios de enero de 2001, llevando a Noboa a declarar el estado de emergencia, que lleva implícita la suspensión de derechos fundamentales, el 2 de febrero. Los observadores del caso ecuatoriano predijeron que esta vez no se repetiría lo sucedido con Mahuad hacia justo un año, ya que Noboa contaba con el sostén de las Fuerzas Armadas, los principales partidos políticos y el empresariado. El 7 de febrero, tras unas jornadas de gran tensión en las que varios militantes de la CONAIE fueron muertos por las fuerzas del orden público en Quito, Noboa y Vargas alcanzaron un compromiso para cesar las protestas a cambio de una rectificación parcial por el Gobierno en las recientes subidas de las tarifas de los combustibles, el gas doméstico y el transporte público, y la congelación de otras alzas anunciadas pero aún no aplicadas, como el incremento del IVA del 12% al 15%.

Superado el enésimo disturbio social, Ecuador se adentró en un período de sosiego expectante, con la mirada puesta en las elecciones generales de 2002, al que ayudó la constatación de los primeros efectos positivos de la dolarización. Así, al Gobierno le cupo la satisfacción de anunciar que en 2001 la economía, merced al recorte de los tipos de interés, el repunte de las inversiones y el mantenimiento de los precios internacionales del petróleo, creció el 5,6%, la tasa más elevada de América Latina, y que la inflación se redujo hasta el 22,4%.

Claro que los analistas económicos se encargaron de señalar la otra cara de la tendencia. Así, en el primer semestre de 2002 se registró un drástico vuelco en la balanza comercial, que del superávit de 1.500 millones de dólares de finales de 2000 pasó a tener ahora un déficit de 800.000 dólares. Otra consecuencia perniciosa de poseer una moneda fuerte ha sido la caída de los ingresos por el turismo, la tercera industria generadora de divisas en el Ecuador. Por lo demás, para la gran mayoría de la población seguía sin verse por ninguna parte una mejora sustancial en sus condiciones de vida, siendo cada día que pasaba menor el número de ecuatorianos que no estban golpeados por la pobreza, el paro, los salarios deplorablemente bajos o el desarraigo campesino.

Frente a este panorama desalentador de las posibilidades de creación de riqueza nacional, Noboa y los demás responsables públicos basaron todas las esperanzas de incrementar los ingresos fiscales y de suavizar la asfixiante dependencia financiera del exterior en el nuevo Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Comenzada a construir en junio de 2001 por un consorcio de empresas americanas y europeas, esta tubería con arranque en los pozos de Nueva Loja (Sucumbíos) y Baeza (Napo), y con terminal de embarque en Esmeraldas, sería paralela al Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y debería estar lista en julio de 2003; de ella se esperaba que duplicara las exportaciones petroleras ecuatorianas, hasta la marca de los 720.000 barriles diarios. El proyecto levantó la fuerte oposición de organizaciones campesinas y ecologistas, que hablaban de ruina para las comunidades rurales y de devastación de los ecosistemas afectados.

Durante la presidencia de Noboa el programa de privatizaciones tuvo un avance prácticamente nulo, volviéndose a presentar los imponderables del escaso interés suscitado hacia las empresas de servicios del Estado entre los operadores extranjeros, la movilización en contra de los colectivos laborales afectados y las inconsistencias legales del proceso en sí. En el sector de las telecomunicaciones, las sociedades anónimas de capital estatal Andinatel y Pacifictel entraron oficialmente en régimen de libre competencia el 1 de enero de 2002, pero los concursos para su venta tuvieron que declararse desiertos. Por lo que respecta al sector eléctrico, la privatización de las 17 compañías autónomas de distribución salidas de la fragmentación del extinto Instituto Nacional de Electricidad (Inecel) se encalló por las impugnaciones desde diversas instancias contra el procedimiento definido por el Gobierno.

Precisamente, el hermano del presidente quince años menor, Ricardo Noboa Bejarano, antiguo diputado del Congreso con el PSC y candidato presidencial en las elecciones de 1996 por cuenta del FRA y el Partido Liberal Radical Ecuatoriano (PLRE), dimitió en julio de 2002 como presidente del Consejo Nacional de Modernización (CONAM), a cuyo frente le había colocado su pariente el 2 de febrero de 2000, luego de recibir duras críticas a su gestión de las licitaciones en los sectores eléctrico y de telecomunicaciones. Otro hermano, Ernesto, gerente general de la Corporación Jabonería Nacional, S.A., fue señalado por algunos medios hostiles al Gobierno como el principal beneficiado de la polémica resolución del Ministerio de Salud en abril de 2000, que metió a los dentífricos en la categoría de medicamentos, lo que exoneró del pago de tarifas a las empresas importadoras de unos productos que, apenas cabe dudar, son de higiene elemental.

Otro empellón a la imagen del presidente Noboa fue la renuncia el 23 de junio de 2002 de su ministro de Economía y Finanzas, Carlos Julio Emanuel, después de que varios alcaldes acusaran a funcionarios de su ministerio de exigir sobornos a cambio de liberar partidas presupuestarias para sus municipios. La dimisión de Emanuel se produjo cuando dirigía unas cruciales negociaciones con el FMI para la obtención de un crédito stand by (esto es, de desembolso inmediato) de 240 millones de dólares, el cual debía abrir las puertas para renegociar 80 millones de dólares con el Club de París y para obtener desembolsos adicionales, totalizando 300 millones de dólares, con los organismos multilaterales de crédito.

Dos meses después, la Corte Suprema de Justicia ordenó al arresto de Emanuel a petición de la Contraloría General del Estado por un presunto delito de falsificación de documentos. Después de dejar su cargo, Emanuel declaró que los hermanos Noboa eran los que ordenaban toda modificación en los presupuestos manejados por su oficina, pero Ricardo Noboa replicó que las declaraciones del ex ministro constituían meramente una "venganza" contra el Gobierno, ya que fue, precisamente, su hermano el presidente quien había desbaratado la red de corrupción en el Ministerio de Economía.

De puertas afuera, cabe destacar la organización por Noboa de la II Cumbre Sudamericana, celebrada en Guayaquil el 26 y el 27 de julio de 2002. El 19 de septiembre del mismo año, el mandatario ecuatoriano recibió en Washington del actor de cine tetrapléjico Christopher Reeve el Premio Internacional F. D. Roosevelt de Discapacidad y un cheque de 50.000 dólares, en reconocimiento de la labor del Gobierno de Quito en favor de los derechos y la reinserción en la vida productiva de los discapacitados.

Sin mayor novedad, el 15 de enero de 2003 Noboa cesó en sus funciones con la toma de posesión de Lucio Gutiérrez, el ex coronel golpista cuyo exitoso y fulgurante desembarco en la política regular culminó con su victoria en las elecciones del 20 de octubre y el 24 de noviembre de 2002.

(Cobertura informativa hasta 23/1/2003)