Luiz Inácio Lula da Silva

Nota de actualización: esta versión de la biografía fue publicada el 30/9/2022. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y ya presidente de Brasil durante dos ejercicios entre 2003 y 2011, ganó la primera vuelta de la elección presidencial del 2/10/2022 con el 48,43% de los votos, y en el balotaje del 30/10/2022 se impuso al titular del puesto aspirante a la reelección, Jair Bolsonaro, con el 50,9%. El 1/1/2023, a los 77 años, Lula da Silva tomó posesión de la Presidencia de la República de Brasil con un mandato de cuatro años.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil durante dos ejercicios entre 2003-2011, vuelve a ser candidato al Palacio de Planalto en las elecciones generales del 2 de octubre de 2022. A los 76 años, el ex mandatario, postulante por su partido de toda la vida, el de los Trabajadores (PT, socialista), y de una coalición "de la esperanza" que aglutina a una decena de formaciones de carácter "progresista", aspira a derrotar al presidente en ejercicio, Jair Bolsonaro, su némesis en lo ideológico y lo personal, a quien adelanta en las encuestas.

Un triunfo de Lula en estas votaciones tremendamente polarizadas, más allá del cambio de rumbo que pudiera significar para Brasil, por de pronto supondría reconectar con un legado de gobierno orientado al desarrollo social así como una suerte de absolución popular tras años de acciones penales en su contra, según él políticamente fabricadas pero lesivas de su imagen, por delitos de corrupción. Así, al ex presidente le cayeron dos condenas con penas carcelarias sumadas de 26 años y de las que cumplió 580 días, antes de dictar el Supremo Tribunal Federal una serie de sentencias favorables: en noviembre de 2019 obtuvo la libertad provisional y entre marzo y junio de 2021 quedó exonerado tras concluir el STF que sus juicios por presuntos sobornos no habían sido justos.

"Tengo que volver para recuperar el prestigio de Brasil y que el pueblo coma tres veces al día", es una de las muchas afirmaciones con las que el líder petista, desde antes de lanzar su candidatura en mayo de 2022 y de proclamarla su partido dos meses después, viene ilustrando sus ansias de derrotar y suceder a Bolsonaro, al que ha tachado de "fascista" y "genocida". Para "reconstruir" todo lo "destruido" por el mandatario de derecha radical, Lula anuncia programas de inversión social enfocados en las familias con menos recursos, los trabajadores de renta baja, la salud, la vivienda y las mujeres. Dice que un Gobierno suyo garantizaría alimentos para los 33 millones de personas (el 16% de la población) que pasan hambre y ajustaría el salario mínimo por encima de la inflación (abultada pero bajando, por debajo del 10%) para proteger el poder adquisitivo. 

También, se compromete con la sostenibilidad ambiental, combatiendo las quemas, la deforestación y la minería ilegal, y con la responsabilidad fiscal, ya que "un Estado serio no puede gastar más de de lo que tiene". Las promesas de un gran plan de obras públicas para tirar de la economía y de blindar el parque de empresas estatales contra las privatizaciones son otros puntos destacados de su proyecto.

Lula da Silva se presenta a la sexta elección presidencial de su procelosa carrera política formando tándem con Geraldo Alckmin, del Partido Socialista Brasileño (PSB), antiguo adversario en las urnas y figura de perfil moderado. Además del PT y el PSB, integran su plataforma el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el Partido Verde (PV), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), la Red Sostenibilidad (REDE), Solidaridad, Avante, Agir y el Partido Republicano de Orden Social (PROS).

LOS OCHO AÑOS EN PLANALTO

Cuando en octubre de 2002, en su cuarto intento y tras suavizar su imagen radical, consiguió ganar las elecciones presidenciales, a Luiz Inácio Lula da Silva, antiguo obrero del metal con solo estudios primarios, sindicalista, fundador y líder del PT, se le planteó el dilema de cómo satisfacer las urgentes necesidades de distribución de la renta e inclusión social sin renunciar a la disciplina en el gasto público y al control de la inflación, políticas ortodoxas demandadas por aquellos con los que Brasil estaba fuertemente endeudado.

Al concluir su segundo mandato cuatrienal, un balance positivo, fausto de hecho, se imponía: en esos ocho años, Brasil había experimentado un robusto crecimiento económico acompañado de estabilidad financiera más un avance histórico en el terreno social, con millones de ciudadanos rescatados de la pobreza y aupados a las clases medias trabajadoras con medios para consumir gracias a los programas de providencia del Gobierno (Fome Zero, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida), cuya reactivación Lula propugna ahora en su campaña para las presidenciales de 2022. En ese tiempo, el dirigente socialista salió airoso del descomunal escándalo de corrupción, el Mensalão, que diezmó al petismo y tumbó a varios de sus colaboradores, resistió las presiones por su izquierda y recobró los más altos índices de popularidad.

En su agenda reformista confluyeron los ajustes promercado, la consolidación fiscal, las grandes actuaciones de promoción social y apuestas estratégicas, no exentas de controversia, como los biocombustibles y los transgénicos. En apariencia, Lula, con su pragmatismo e iniciativa, había conseguido cerrar brechas multiseculares en la sociedad, poniendo de acuerdo y e implicando en un proyecto común de país a movimientos sociales de base, habitantes de las favelas, clases medias profesionales, campesinos, intereses partidistas de diversos colores, productores de bienes y poderes corporativos privados. Una imagen de consenso nacional transversal que, empero, las olas de protestas sucedidas entre 2013 y 2016 harían volar en mil pedazos.

Su persistente carisma en casa, luego muy dañado por los procesos por corrupción, fue parejo a una descollante proyección internacional, en un mundo en mutación. Como jefe de un Estado que buscaba ser un actor relevante en la escena global y se perfilaba como el adalid del nuevo Sur emergente, Lula trabó alianzas con sus colegas de India, China, Rusia y Sudáfrica en los foros IBSA y BRIC. Buscó la democratización, con un asiento permanente para Brasil, del Consejo de Seguridad de la ONU. Mantuvo estrechas consultas con los líderes de un G8 en declive. Fue una de las estrellas del nuevo G20 surgido de la Gran Recesión de 2008-2009. Y lanzó una cruzada contra el hambre en el planeta. Sus consignas eran el multilateralismo más abierto, el diálogo franco y sin confrontación geopolítica con el Norte, la corrección de desequilibrios geográficos y la firma de buenos negocios, a veces pasando por alto consideraciones sobre los Derechos Humanos.

En su hemisferio, Lula afianzó el liderazgo sur/latinoamericano de Brasil, la "potencia natural" del subcontinente pero no pocas veces vista con recelo por algunos vecinos, en pro de la integración regional. Entre equilibrios y matices, condujo unas relaciones ambivalentes con Estados Unidos y Venezuela, donde hubo coincidencias y desencuentros de manera desigual. Así, el presidente, en 2005, dio el golpe de gracia al ALCA mientras enarbolaba el ineficiente MERCOSUR, una política de hecho continuista de la iniciada por su predecesor en Planalto, el socialdemócrata Fernando Cardoso.

Pero también guardó ciertas distancias, sin dejar de participar en algunos de sus consorcios, del ALBA, el ambicioso proyecto bolivariano de su amigo Hugo Chávez y lubricado por los hidrocarburos fósiles, a la vez que se ponía de acuerdo con Washington en materia de biocombustibles... antes de volver a irritar a los norteamericanos con su iniciativa de mediación en el contencioso nuclear de Irán. La Argentina de los Kirchner, como parte del llamado eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires, Perú, con el que forjó la CSN/UNASUR, la Cuba castrista y la Unión Europea fueron otros interlocutores privilegiados de su Gobierno.

(Texto actualizado hasta 30/9/2022).

BIOGRAFÍA

1. Obrero y sindicalista del metal en São Paulo

2. Salto a la política desde las luchas gremiales

3. El lento ascenso electoral del Partido de los Trabajadores

4. Candidato presidencial en 1989 frente a Collor de Mello

5. Problemas con la imagen radical y dos fracasos en las urnas ante Cardoso

6. Papel en los foros de São Paulo y Porto Alegre

7. El victorioso envite electoral de 2002: renovación de las formas y matización del programa

8. Una toma de posesión cuajada de expectativas

9. El primer año de gobierno (2003): pragmatismo, gradualismo e impaciencia por la izquierda

10. Una ambiciosa agenda internacional: diálogo con el Norte, cooperación entre el Sur, rechazo del ALCA y la cruzada contra el hambre; Lula y los grupos G8, G20, IBSA y BRIC

11. La tormenta del Mensalão desarbola al PT: escándalos de corrupción y cascada de dimisiones en 2005

12. La reelección de 2006; logros macroeconómicos y primeros resultados de los programas sociales

13. Dos polémicas apuestas estratégicas: los biocombustibles y los transgénicos; las opciones energéticas de Brasil y la incierta protección de la Amazonía

14. El liderazgo regional: el eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires, las divergencias con Chávez y la integración sudamericana

15. La iniciativa mediadora en el conflicto nuclear de Irán, inoportuna para Estados Unidos

16. El final de ocho años de mandato: un legado de progreso y sucesión por Dilma Rousseff

17. Las ramificaciones de Lava Jato: la caída de un mito en plena debacle nacional

18. Excarcelación, exoneración judicial y resurrección política en 2021

19. Elenco de distinciones

1. Obrero y sindicalista del metal en São Paulo

Luiz Inácio da Silva nació el 27 de octubre de 1945 en el pueblo de Vargem Grande, actualmente integrado en el municipio de Caetés, cerca de Garanhuns, en el estado nororiental de Pernambuco, en un entorno social y económico lastrado por el subdesarrollo más agudo. Era el séptimo de los ocho hijos, cinco chicos y tres chicas —en realidad, los hermanos fueron doce, pero cuatro, entre ellos dos gemelos, murieron prematuramente— tenidos por una pareja de labradores analfabetos, Aristides Inácio da Silva y Eurídice Ferreira de Mello, llamada Dona Lindu por el vecindario.

El padre, hombre de temperamento violento, mujeriego y que no mostró un cariño especial hacia su familia ni el menor interés por la educación de su progenie, a la que quería ver trabajando tan pronto como tuviera la edad, emigró a la urbe de São Paulo para ganarse la vida como estibador portuario tan solo unos días antes de dar su esposa a luz al siguiente de sus vástagos. Con él se fue una prima de Eurídice Ferreira, con la que Aristides da Silva iba a formar otra familia igual de numerosa. De hecho, el joven Luiz Inácio no conocería a su padre hasta transcurridos cinco años, cuando se presentó en Vargem Grande acompañado de algunos de sus nuevos hijos, hermanastros del muchacho. Según algunas fuentes, en esta visita fugaz Dona Lindu quedó embarazada de su duodécimo hijo, el único hermano menor del futuro presidente.

En 1952 Eurídice Ferreira se deshizo de las improductivas parcelas de labranza que tenía en propiedad y emigró con toda su prole al estado litoral de São Paulo, confiada en poder encontrar una situación vital menos sombría que la dejada atrás en el depauperado Pernambuco. Según parece, en el traslado tuvo mucho que ver Aristides da Silva, que ahora se mostraba dispuesto a ejercer la condición de doble padre de familia mientras trabajaba en los muelles de carga de la ciudad portuaria de Santos. Luiz Inácio, su madre y sus hermanos vivieron primero en Guarujá y en 1954 se instalaron en la capital paulista. 

Hacia 1956, poniendo término a una larga secuencia de separaciones y reencuentros, Dona Lindu decidió romper definitivamente con su tornadizo esposo, quien en 1978, con sus hijos ya adultos y emancipados, iba a encontrar la muerte completamente alcoholizado y sumido en la indigencia. Muchos años después, el ya presidente aseguró que no le guardaba resentimiento a su padre, y que, antes al contrario, siempre había admirado su fuerza física y su virilidad; en su opinión, a Aristides da Silva lo que le perdió fue el "pozo de la ignorancia" en que se hallaba sumido.

Ciudad atestada de emigrantes y desarraigados sin recursos al igual que ellos, los Silva no encontraron en São Paulo otro inmueble para vivir que un cubículo en el sótano de un bar en el barrio obrero de Vila Carioca. El pequeño Luiz Inácio, apodado Lula (una forma familiar de Luís, aunque también es un sustantivo común del portugués que significa calamar) por parientes y vecinos, contribuía a las magras rentas familiares trabajando como vendedor callejero de tapioca y frutas tropicales. Los fines de semana tenía que ir a una zona de manglares para recoger leña y pescar cangrejos. La alfabetización la recibió en el grupo escolar Marcílio Dias de Santos. En esta situación de absoluta precariedad, Lula no podía recibir más que una educación elemental y, como tantos jóvenes de su extracto social, engrosar el proletariado urbano desde muy temprana edad.

Limpiabotas, mozo de tintorería y recadero de talleres y fábricas del cinturón industrial paulista eran algunos de los subempleos que Lula simultaneaba con los estudios primarios. En el quinto curso, no obstante presentar un expediente académico prometedor, abandonó la escuela y a los 14 años encontró su primer empleo de asalariado: uno de obrero en la empresa siderometalúrgica Armazéns Gerais Colúmbia, concretamente en una planta de producción de tornillos. De allí pasó a la fábrica de tornillos Marte. La conclusión en 1963 de un curso de tres años impartido por el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) le cualificó como tornero mecánico, ampliando sus posibilidades profesionales en el sector. En 1964, el año del golpe de Estado militar que liquidó el sistema democrático de partidos, perdió el dedo meñique de la mano izquierda en un accidente laboral cuando manejaba una prensa hidráulica en el turno de noche de la fábrica de carrocerías de automóviles Fris Moldu Car.

En enero de 1966 Lula terminó una mala racha laboral, casi un año de paro, al ser contratado por la importante compañía metalúrgica Indústrias Villares, basada en São Bernardo do Campo, una de las prefecturas del denominado ABC, subárea metropolitana de São Paulo y el principal cinturón industrial de Brasil y de toda Sudamérica. Según ha contado él mismo, en aquellos años Lula era un joven despreocupado que cuando no tenía que ganarse la vida con el buzo ante el torno dedicaba todo su tiempo a jugar al fútbol, a beber cachaça (un aguardiente típico de Brasil obtenido de la destilación de la caña de azúcar) y a rondar a las chicas. 

Fue en 1968 cuando, de la mano de su hermano mayor, José Ferreira da Silva, alias Frei Chico, militante del proscrito Partido Comunista Brasileño (PCB), se interesó por el movimiento obrero. Afiliado al Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema, Lula combinó la actividad puramente sindical, defendiendo los intereses de los trabajadores, con la difusión de boletines políticos clandestinos en los que se atacaba al régimen militar, el cual, encabezado por el mariscal Artur da Costa e Silva, vivía su fase más represiva.

En 1969 los hermanos Silva fueron votados para integrar el Comité Ejecutivo del sindicato, José como secretario de área y Luiz Inácio como su suplente. En mayo de ese año este último contrajo nupcias con una obrera de telar de nombre Maria de Lourdes, pero el matrimonio se truncó trágicamente en 1971 con la muerte de ella, enferma de hepatitis, cuando daba a luz al primer hijo del sindicalista, quien tampoco sobrevivió al parto por cesárea. 

Sobrepuesto a esta doble desgracia, en 1974 Lula volvió a casarse con otra trabajadora, Marisa Letícia Rocco Casa, también viuda y madre de un niño llamado Marcos Cláudio, quien no había llegado a conocer a su padre biológico. Lula llegó a su segundo matrimonio siendo padre de una hija, Lurian, el fruto de la relación extramarital mantenida en 1973 con una auxiliar de enfermería llamada Miriam Cordeiro. Con Marisa, Lula iba a concebir tres chicos, Fábio Luís, Sandro Luís y Luís Cláudio, nacidos respectivamente en 1975, 1979 y 1985, dejando la familia conformada por cinco descendientes.

2. Salto a la política desde las luchas gremiales

En 1972 Lula fue elegido director del Departamento de Protección Social del sindicato, una posición gremial que requirió la interrupción de su trabajo en la cadena de montaje. Respetado y apreciado por sus compañeros por sus esfuerzos por mejorar los salarios, la cobertura social, la preparación profesional y el nivel cultural de los trabajadores metalúrgicos del ABC paulista, en 1975 Lula fue elevado a la presidencia del sindicato con el 92% de los votos y pasó ser la voz y el rostro de casi 100.000 trabajadores. En febrero de 1978 fue reelegido con el 98% y adoptó una postura de total beligerancia frente a la dictadura, ahora encabezada por el general Ernesto Geisel. Entonces, el régimen militar concitaba una avalancha de críticas y un desprestigio sin precedentes por el derrumbe del llamado milagro económico brasileño de finales de los años sesenta y comienzos de los setenta; ante esta situación, los generales se resignaron a emprender una cautelosa liberalización política.

Lula fue el principal promotor de las grandes manifestaciones y paros obreros en São Paulo en exigencia de libertades sindicales y de la readmisión en sus puestos de trabajo de los compañeros despedidos. Para detener este peligroso frente de contestación, en 1979 el Gobierno federal hizo aprobar una ley que prohibía las huelgas en los sectores de la economía declarados esenciales. El 13 de marzo de aquel año, en la víspera de la asunción presidencial del general João Baptista Figueiredo, Lula, en su primera acción contestataria que le reportó fama a nivel nacional, desobedeció la interdicción y llamó a la huelga general en el ABC. Lula entabló un forcejeo con las autoridades que se saldó con un precario acuerdo para el retorno de los huelguistas a las fábricas, aunque su sindicato no se libró de ser intervenido.

Los metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema salieron de esta lucha debilitados y con el mal sabor de boca que supuso la aprobación por el Congreso, con los votos del partido de la derecha promilitar Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y de algunos diputados del opositor Movimiento Democrático Brasileño (MDB) —las dos únicas formaciones legales, que cumplían el simulacro de democracia representativa implantado en 1966—, de una normativa lesiva de los derechos de los trabajadores. Fue entonces cuando cuajó una idea ya planteada por Lula a finales de 1978: formar un partido político que velara por los intereses de los trabajadores en las instituciones emanadas del voto popular y que de paso hiciera bandera de la democracia.

Así, el 10 de febrero de 1980, al amparo de la disposición legal del 29 de noviembre de 1979 que había extinguido el bipartidismo y abierto la puerta al multipartidismo, los sindicalistas de Lula, activistas sociales y algunos políticos e intelectuales de izquierda fundaron en el Colegio Sion de São Paulo el Partido de los Trabajadores (PT). La nueva formación, aún no legal y a duras penas tolerada por las autoridades, reivindicaba un ideario socialista convencional, clasista y con nociones marxistas, esto es, a la manera de los partidos socialdemócratas y laboristas europeos de los años cincuenta y sesenta. El primer PT presentaba una organización disciplinada y, dentro de su molde clasista, gozaba de una sólida implantación popular, arraigando enseguida en las masas proletarizadas de São Paulo.

El partido de Lula recibió numerosas adhesiones del sindicalismo fabril urbano, del movimiento social del campo, con el líder ambientalista Chico Mendes a la cabeza, y de sectores progresistas de la Iglesia católica permeables a la Teología de la Liberación y cuyo rostro señero era monseñor Helder Cámara, arzobispo de Olinda y Recife y clérigo de fama universal. En su fase inicial, el PT estaba muy vinculado a grupos socialdemócratas adscritos al también recién fundado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, formación mayormente centrista y heredera del abolido MDB), en particular la facción animada por el reputado sociólogo Fernando Henrique Cardoso, cuya campaña electoral para senador por São Paulo en 1978 Lula apoyó.

De hecho, la intención primera de Lula fue integrar a Cardoso (una personalidad con un perfil completamente opuesto, por su extracción burguesa, su impresionante bagaje intelectual y su trayectoria cosmopolita, además de que su oposición a la dictadura le había conducido al exilio) en un proyecto común de socialismo democrático llamado a plantear una sólida oposición a los militares en el poder. Sin embargo, la iniciativa no prosperó porque, según algunos comentaristas, brindaba argumentos a quienes desde la izquierda más propiamente marxista negaban al PT su carácter de partido no ya revolucionario, sino simplemente obrero.

En el lado del espectro político del PT ya estaban operando otras formaciones en trance de organización y relanzamiento, principalmente el Partido Democrático Laborista (PDT) del veterano Leonel Brizola, el PCB de Luiz Carlos Prestes y el Partido Laborista Brasileño (PTB) de Ivete Vargas. Estos grupos planteaban también una oposición sin ambages al régimen militar desde posturas de izquierda, pero a diferencia del PT portaban unas viejas siglas y unos viejos proyectos que habían vivido sus mejores tiempos en el período democrático comprendido entre 1945 y 1964, la llamada República Nova. Más aún, el PCB llevaba años dividido en facciones marxistas ortodoxas y renovadoras, mientras que el PDT, escorado al populismo de izquierdas, y el PTB, más moderado, mantenían una pugna particular por la titularidad de la herencia ideológica del trabalhismo, noción acuñada por el PTB original puesto en marcha por el presidente Getúlio Vargas en 1945 y que tenía su baluarte en Río de Janeiro.

Por de pronto, Lula continuó con su lucha de tintes políticos en el frente sindical. El 1 de abril de 1980 comenzó una huelga de los obreros paulistas en demanda de mejoras salariales que se prolongó durante 41 días y que fue duramente reprimida por las fuerzas del orden. En el decimonoveno día de este tenso pulso con el poder, Lula y el resto de la directiva del sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema fueron arrestados y removidos de sus puestos gremiales al amparo de la Ley de Seguridad Nacional. Preso en los calabozos de la policía política de la dictadura, el DOPS, hasta mediados de mayo, a Lula le fue imputado un delito de alteración del orden público y el 25 de febrero de 1981, semanas después de regresar de un viaje por Europa y Estados Unidos, un tribunal militar de São Paulo le condenó a tres años y seis meses de cárcel, pena que no llegó a cumplir porque el 2 de septiembre siguiente el Tribunal Supremo Militar anuló la primera sentencia y solicitó un nuevo juicio.

3. El lento ascenso electoral del Partido de los Trabajadores

El PT se registró provisionalmente el 11 de febrero de 1982 y tuvo su debut electoral en las elecciones legislativas multipartidistas del 15 de noviembre de aquel año. Quedó en un discreto quinto lugar, superado por el PDT y el PTB, con el 3,5% de los votos, lo que le dio derecho a ocho escaños en la Cámara de Diputados. Lula, ya exonerado de toda cuenta pendiente con la justicia al declarar el Tribunal Supremo Militar la prescripción de su caso el 11 de mayo, probó suerte en la elección para gobernador de São Paulo. Se trató de su primera aspiración a un cargo político de elección popular y, dadas las circunstancias, el resultado adverso estaba cantado: pese a recibir más de un millón de votos, casi todos los cosechados por el partido en el conjunto del país, poniendo así de manifiesto que sus apoyos descansaban casi exclusivamente en el cinturón rojo paulista, Lula fue superado por otros tres contrincantes encabezados por André Franco Montoro, del PMDB.

El 26 de agosto de 1983 Lula participó en la fundación de la Central Única de Trabajadores (CUT), que se articuló como la agrupación gremial ligada al PT y como el nuevo ariete movilizador del obrerismo contra el régimen militar. Desde finales de ese año, integró con el trabalhista Brizola y el jefe del PMDB, Ulysses Guimarães, el trío de líderes opositores que galvanizó las masivas manifestaciones populares en demanda de la elección directa del presidente de la República. Sin embargo, la campaña Diretas Já terminó en fracaso, ya que en el Congreso los diputados del Partido Democrático Social (PDS, heredero de ARENA) consiguieron frustrar, el 25 de abril de 1984, la enmienda constitucional que la reforma precisaba.

Después de este revés opositor, el jefe petista fue marginado de los conciliábulos capitaneados por Guimarães, Brizola y los tránsfugas del PDS Aureliano Chaves y José Sarney con el objeto de catapultar a la Presidencia de la República al candidato del PMDB, Tancredo Neves, frente al nominado por el PDS, Paulo Maluf. De todas maneras, ante la disyuntiva dirimida por el Colegio Electoral, Lula no dudó en apoyar a Neves, quien, en efecto, ganó la investidura el 15 de enero de 1985. Sin embargo, el respetado ex gobernador de Minas Gerais falleció antes de poder asumir la suprema magistratura y el testigo pasó al vicepresidente electo, Sarney, quien se convirtió en presidente de la República en funciones el 15 de marzo y en presidente titular el 22 de abril, al día siguiente de morir Neves.

Brasil había recobrado el sistema democrático tras 21 años de usurpación castrense, pero para Lula y los petistas lo que se abría no era sino otro ciclo de contiendas políticas. Por de pronto, el PT se lanzó a contestar con una nueva hornada de huelgas y manifestaciones el plan de estabilización económica aplicado por Sarney, conocido como el Plan Cruzado, que pretendía eliminar la hiperinflación y corregir la crónica debilidad de la moneda nacional. 

Con sus exigencias de que se suspendiera el pago de la asfixiante deuda externa, que terminaran los despidos masivos en la industria paulista y, en definitiva, que no se transigiera con las reclamaciones del FMI, en el ecuador de la década de los ochenta Lula moldeó su estampa de político izquierdista radical, con la presencia y los modos propios del sindicalista arisco, de verbo encendido y ademanes un tanto rudos que había sido hasta ahora. Lula no sabía o no quería sofisticarse para ganar respetabilidad y poder desenvolverse en los vericuetos de la alta política federal, un terreno copado por personalidades de la derecha, el centro y el centroizquierda tan excelentemente instruidos como hechos para el despacho oficial, el traje y la corbata.

Cuanto más se distanciaba Lula de las élites de los demás partidos, más incrementaba su popularidad entre las clases trabajadoras golpeadas por la crisis y cimentaba su liderazgo obrero en las ciudades satélite de São Paulo. En las elecciones legislativas del 15 de noviembre de 1986 el PT adelantó en votos al PDT, pisó los talones al PDS y se encaramó como la primera fuerza de la izquierda con el 6,9% de los sufragios y 16 diputados (menos, empero, que los obtenidos por el PDT y el PTB, pese a su menor número de votos). Eso sí, el partido permanecía a mucha distancia de las dos grandes formaciones del centro y la derecha, el PMDB y el Partido del Frente Liberal (PFL, emanación del PDS), que juntas acaparaban tres cuartos del Congreso.

Con todo, en los comicios de 1986 Lula fue el cabeza de lista que obtuvo el escaño en la Cámara baja, investida de un mandato constituyente, con el mayor número de papeletas, 650.000. En la Asamblea Nacional Constituyente, Lula pugnó para que la nueva Carta Magna salvaguardara los intereses de los trabajadores. Y, ciertamente, el texto promulgado el 5 de octubre de 1988 recogía el derecho de huelga, la semana laboral de 44 horas, las vacaciones parcialmente pagadas y las revisiones salariales ajustadas al coste de la vida, entre otras conquistas históricas. Sin embargo, uno de los puntos incorporados al programa del PT, la reforma agraria, seguiría inédito en la agenda del Ejecutivo.

4. Candidato presidencial en 1989 frente a Collor de Mello

En 1989 iban a tener lugar las primeras elecciones presidenciales directas en tres décadas y dos años antes Lula lanzó su postulación. En el V Encuentro Nacional del PT, el 4 de diciembre de 1987, Lula fue nominado candidato al tiempo que cedió la presidencia del partido a otro responsable curtido en las luchas sindicales, Olívio Dutra. En las municipales del 15 de noviembre de 1988 los candidatos petistas ganaron en 29 prefecturas, entre ellas las de tres capitales estatales, São Paulo, Porto Alegre (Rio Grande do Sul) y Vitória (Espírito Santo), idas respectivamente a Luiza Erundina, Olívio Dutra y Vitor Buaiz. 

De cara a las presidenciales, Lula formó el Frente Brasil Popular con el Partido Socialista Brasileño (PSB) de Jamil Haddad y el muy ortodoxo Partido Comunista de Brasil (PCdoB), añeja escisión marxista-leninista del PCB que no reconoció en su momento la desestalinización decidida por el sector mayoritario del partido. Un senador del PSB, José Paulo Bisol, fue reclutado como compañero de fórmula para la Vicepresidencia.

Así las cosas, Lula emprendió la campaña para el envite del 15 de noviembre de 1989 con expectativas optimistas. Pero al socialista se le interpuso el candidato prefabricado del centroderecha, el ex gobernador de Alagoas y multimillonario Fernando Collor de Mello, con su agrupación montada para la circunstancia, el Partido de Reconstrucción Nacional (PRN), el cual, patrocinado por poderosos círculos económicos y políticos conservadores, desarrolló una campaña basada en las más modernas técnicas de marketing electoral y en promesas populistas de imposible cumplimiento. Collor no desdeñó tampoco los golpes sucios, como la contratación con finalidad difamatoria de Miriam Cordeiro, la antigua amante de Lula, que acusó al petista en un programa de televisión de haberle ofrecido dinero para que abortara a la niña concebida con él 15 años atrás, Lurian.

El sonriente, elegante y bien parecido Collor llevó a Lula a un terreno, el de la imagen, donde no podía competir. En la primera vuelta, el paulista, con un discreto 17,2% de los votos, fue superado por el alagoano por más de once puntos y cerca estuvo de ser desplazado por Brizola para el paso a la segunda ronda del 17 de diciembre. El veterano político carioca y los otros candidatos derrotados de la izquierda y el centro, Mário Covas por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, surgido del PMDB), Guimarães por el PMDB y Roberto Freire por el PCB, llamaron a parar a Collor y a cerrar filas con Lula, pero estas adhesiones resultaron insuficientes y, por cinco puntos de diferencia, el petista fue derrotado con el 47% de los sufragios por el postulante del PRN, que sucedió a Sarney el 15 de marzo de 1990.

Convertido en el principal damnificado de esta brillante operación de las derechas para impedir el acceso a la Presidencia de un candidato de la izquierda (el último presidente de esta tendencia había sido João Goulart, del viejo PTB, el mandatario derrocado por los militares en 1964), y expirado su mandato en el Congreso, Lula retomó de Dutra la jefatura orgánica del partido en el VII Encuentro Nacional, celebrado el 31 de mayo de 1990, y se aprestó a plantear una dura oposición a la Administración Collor.

Así, Lula puso en marcha el denominado gobierno paralelo, inspirado en la fórmula del shadow cabinet del parlamentarismo anglosajón, para contraponer al programa neoliberal del PRN y sus socios de coalición una serie de políticas alternativas que tocaban los planteamientos tradicionales del PT: el aumento del salario mínimo y los ingresos reales de los trabajadores; la redistribución de la renta nacional, la desconcentración de la riqueza y la corrección de las abrumadoras desigualdades socioeconómicas de los brasileños (denunciadas como las más acusadas del mundo); el lanzamiento de la siempre postergada reforma agraria; y la prioridad absoluta para las áreas de salud, nutrición, educación, transporte y vivienda, donde el gigante sudamericano, que aspiraba a trepar posiciones en los rankings mundiales y codearse con las potencias del primer mundo, presentaba gravísimas carencias propias de los países menos desarrollados.

De la mano de Lula, a lo largo de la década de los noventa el PT continuó incrementando votos en las sucesivas convocatorias electorales. Con el 10,2% de los sufragios fue la tercera lista más votada en las legislativas federales y estatales del 25 de noviembre de 1990, si bien en el reparto de diputados, con 35 actas, salió perjudicado con respecto al PSDB, el PRN, el PDS y el PDT, y descendió a la condición de séptima fuerza parlamentaria. El partido también estrenó su primer senador, por São Paulo, pero no ganó ningún puesto de gobernador estatal.

Luego de tomar parte activa en la campaña de movilizaciones populares pidiendo el juicio parlamentario y la destitución de Collor por corrupción (proceso que, efectivamente, tuvo lugar, obligando al acosado mandatario a presentar la dimisión a finales de diciembre, tres meses después de ser suspendido por la Cámara), el partido de Lula registró nuevos avances en las municipales del 3 de octubre y el 15 de noviembre de 1992, cuando aumentó sus prefecturas a 55, inclusive Belo Horizonte, Goiânia y Rio Branco, aunque encajó el amargo revés de la pérdida de São Paulo. 

Entre consulta y consulta, el PT celebró su I Congreso nacional, del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 1991. En esta cita, Lula sacó adelante su definición de "socialismo democrático", una tendencia "puramente socialista" que rechazaba tanto el capitalismo liberal como el socialismo estatista de tipo soviético, pero también el modelo de socialdemocracia a la europea, ya que, según él, esta vía solo resultaba útil en países ricos capaces de destinar sus ingentes recursos económicos al bienestar de una población que ya tenía sobradamente cubiertos sus mínimos vitales. Lo cual no era el caso de un país en vías de desarrollo y con muchas carencias como Brasil.

En esta suerte de desmarxistización del PT estuvo el embrión de ulteriores escisiones de sectores trotskistas críticos con la formulación doctrinal, casi sui géneris, de Lula. Las defecciones darían lugar en 1994 al Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) y tres años después al Partido de la Causa Operaria (PCO), este bajo la dirección de Rui Costa Pimenta. Por otro lado, el aggiornamento no iba a resultarle suficiente al partido que lucía la estrella roja de cinco puntas —y no la rosa en el puño de la socialdemocracia y el laborismo— para entrar en la Internacional Socialista, posibilidad que en realidad tampoco interesaba gran cosa a Lula. En estos años, y así iba a seguir siendo en el futuro, el único miembro brasileño de la Internacional Socialista era el PDT de Brizola.

5. Problemas con la imagen radical y dos fracasos en las urnas ante Cardoso

En 1994 Lula preparó su segunda aspiración presidencial recorriendo miles de kilómetros a lo largo y ancho del vasto país sudamericano. La candidatura fue proclamada en el IX Encuentro Nacional petista, del 29 de abril al 1 de mayo. Con la adhesión esta vez del PSB, el PCdoB, el PCB, el PSTU, el Partido Verde (PV) y el Partido Popular Socialista (PPS, el antiguo PCB de Freire luego de abandonar el marxismo en 1992, lo que no impidió a un sector ortodoxo independizarse manteniendo la sigla del PCB), todos los cuales formaron con el PT el Frente Popular por la Ciudadanía, Lula y su acompañante para vicepresidente, Aloizio Mercadante, quien poseía esa posición segunda en el partido, encararon la votación del 3 de octubre de 1994 con la confianza que les merecía sus sobresalientes puntuaciones en los sondeos de opinión.

Sin embargo, cuando la campaña arrancó de manera oficial, los principales medios de comunicación volvieron a favorecer de manera ostensible al representante de la moderación y el establishment. En esta ocasión, por el PSDB, Fernando Cardoso, cuyo prestigio internacional como científico político, su interminable currículum académico y, lo más importante, su labor como ministro de Hacienda en el Gobierno de Itamar Franco, que había tenido la virtud de acabar con las turbulencias monetarias y la hiperinflación merced a su Plan Real, eran unos activos que Lula, quien "ni siquiera" tenía terminada la secundaria, no pudo o no supo neutralizar con otra categoría de méritos presumidos. Así, su proyección como hombre honesto, íntegro y voluntarioso, y la explicación de que compensaba con creces la falta de preparación teórica con el conocimiento directo de la realidad cotidiana de los brasileños, siguieron resultando insuficientes para las clases medias que identificaban a FHC con el final de la pesadilla de los precios desbocados.

Acusado de carecer de la experiencia y la cualificación para manejar los complejos asuntos de Gobierno, de no saber conducirse con la diplomacia y el pragmatismo requeridos por la política de Estado, de estar anclado en un izquierdismo trasnochado y de cultivar amistades poco recomendables en el ámbito internacional, Lula volvió a parecerle un candidato poco de fiar a una mayoría de electores. Como resultado, fue vapuleado por Cardoso ya en la primera ronda con el doble de votos, el 54,3% para el socialdemócrata y el 27,1% para el petista. Una compensación insuficiente por este segundo fracaso de Lula fue la captura por su partido de los gobiernos del estado de Espírito Santo, para Vitor Buaiz, y del Distrito Federal de Brasilia, para Cristovam Buarque, más el incremento de la representación en el Legislativo federal hasta los 49 diputados y los cinco senadores.

En el X Encuentro Nacional del PT, el 20 de agosto de 1995, Lula abandonó definitivamente la presidencia del partido. Esta quedó en manos de José Dirceu, antiguo revolucionario de simpatías guevaristas reconvertido a un posibilismo de corte socialdemócrata, que el año anterior había quedado tercero en la elección al gobernador paulista. Lula permaneció como presidente honorario del partido y pasó a coordinar el Instituto Ciudadanía, centro de estudios y formulación de políticas del PT. La opinión pública creyó entonces que Lula había decidido retirarse a un segundo plano no solo por su decepción electoral, sino también por las revelaciones de prácticas corruptas en algunas prefecturas gobernadas por sus compañeros, lo que estaba generando considerables tensiones en la formación izquierdista.

La suposición general de que Lula, por cansancio o por frustración, había dicho adiós a sus aspiraciones de poder resultó estar errada. El 11 de diciembre de 1997 el antiguo tornero lanzó su tercera aspiración presidencial y el 16 de enero de 1998 dio una campanada aún más sonora al adoptar con Brizola un acuerdo de coalición y contra "el neoliberalismo y la globalización salvajes"; si la histórica alianza del PT y el PDT ganaba en octubre, Brizola se convertiría en vicepresidente de la República. El compromiso entre dos dirigentes carismáticos que nunca habían mantenido relaciones particularmente cordiales se interpretó entonces como un reconocimiento implícito del paulatino trasvase al PT del electorado trabalhista de izquierda, una fórmula política en declive.

Lula integró al PCdoB, el PCB y el PSB en su plataforma y se convirtió en lo más parecido a un candidato unitario de la izquierda, aunque esta vez el PPS prefirió concurrir por su cuenta presentando a Ciro Gomes. La campaña electoral reprodujo muchas de las pautas de la edición de 1994, pero esta vez Cardoso partió con las ventajas materiales de tener a su disposición el aparato del Estado y unos formidables recursos dinerarios que le permitieron gastar en movilización y propaganda diez veces más que su rival. 

El 4 de octubre de 1998, pese a los negros nubarrones que asomaban en el horizonte económico, el crecimiento de la deuda externa y el profundo malestar social generado por las privatizaciones, Cardoso, con el 53% de los votos, volvió a birlarle la segunda vuelta a Lula con inapelable autoridad. Al menos, el petista ascendió hasta el 31,7% y se distanció del tercer competidor, el popular socialista Ciro Gomes, quien concurrió con el mensaje de que Lula estaba "gastado" y con la determinación de reemplazarle como primer dirigente de una izquierda renovada y aligerada de dogmatismos.

De nuevo, las satisfacciones vinieron de los otros comicios, celebrados simultáneamente: el PT capturó los gobiernos de Acre, Mato Grosso do Sul y Rio Grande do Sul, que compensaron las derrotas en Espírito Santo y el Distrito Federal, mientras que en el Congreso Nacional creció hasta los 58 diputados y los siete senadores, aunque no por ello dejó de ser la quinta fuerza parlamentaria tras el PFL, el PSDB, el PMDB y el Partido Progresista Brasileño (PPB, fruto de la fusión del PDS con una serie de formaciones de derecha) de Paulo Maluf. Dos años más tarde, en octubre de 2000, el PT iba a ganar las prefecturas de Aracaju, Belém y Recife, y a recuperar las de São Paulo —para Marta Suplicy— y Goiânia –para Pedro Wilson Guimarães—, elevando el número de municipios gobernados a 187.

6. Papel en los foros de São Paulo y Porto Alegre

En parte como una iniciativa de Fidel Castro, que tenía en el brasileño un amigo de excepción en Sudamérica, Lula convocó en São Paulo para los días 2, 3 y 4 de julio de 1990 el primer Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda de América Latina y el Caribe, al que acudieron, además del PT y el Partido Comunista Cubano, más de sesenta partidos y movimientos revolucionarios-guerrilleros de 22 países. El conocido como Foro de São Paulo (FSP) fue luego acusado por medios conservadores y liberales de todo el hemisferio de albergar en su seno a organizaciones subversivas que practicaban el terrorismo, el secuestro y la extorsión como medios de lucha política, aunque los petistas replicaron con el argumento, no exento de ambigüedad, de que lo único que pretendían era tejer un manto de solidaridad con las luchas de índoles social, indigenista y medioambiental en el continente.

Lula acudió puntualmente a los encuentros anuales del controvertido FSP. En 2000 y 2001 lo defendió como un espacio necesario, ya que "la izquierda en el mundo necesita reafirmar su discurso de paz", y de paso expresó su más rotunda condena al terrorismo, que "no ayuda a la izquierda y no lo ha hecho en ningún momento de la historia". No obstante estas puntualizaciones, las apariciones de Lula y Castro compartiendo camaradería e intercambiando elogios en toda la década de los noventa fueron un importante abono para la desconfianza, cuando no la hostilidad y el temor, de la mayoría de los políticos, empresarios y ciudadanos de las clases alta y media de Brasil. Los conservadores veían en Lula poco menos que a un criptocomunista que, de llegar al poder, decretaría la estatalización de la economía, aumentaría los impuestos a los pudientes, derrocharía los ingresos públicos en programas populistas y pondría en fuga la inversión extranjera.

La prefectura más emblemática del PT, Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, donde el partido venía ensayando una atractiva experiencia para integrar a la ciudadanía en la política presupuestaria del consistorio (el llamado "presupuesto participativo"), acogió en enero de 2001 el primer Foro Social Mundial (FSM), concebido como la alternativa al Foro Económico Mundial (FEM) que tenía lugar al mismo tiempo en Davos, Suiza, y como el punto de encuentro de ONG y activistas antiglobalización de todo el mundo.

En el II FSM, celebrado en febrero de 2002, representantes políticos de la izquierda consideraron el establecimiento de un "vínculo estratégico" con el FSP (que envió al evento una nutrida delegación) y anunciaron que el III FSM, a celebrar en enero de 2003 en el mismo escenario, podría contar con la presencia de jefes de Estado, lo que suscitó especulaciones sobre las posibles asistencias de Castro y el presidente de Venezuela Hugo Chávez, artífice en su país de un proyecto neosocialista de inspiración bolivariana y vocación revolucionaria que contaba con todas las simpatías del PT. Lula ofició como la estrella política de las dos primeras citas del FSM, consagrándose como una suerte de campeón de las izquierdas de todo el continente al sur del río Grande.

7. El victorioso envite electoral de 2002: renovación de las formas y matización del programa

En otro ambiente político y en otro país, tres derrotas consecutivas en unas presidenciales habrían sido motivo suficiente para arrojar la toalla, pero si de algo no estaba mermado Lula era de pugnacidad, terquedad y capacidad para mantener la confianza de las bases del partido. El 16 de diciembre de 2001, en el XII Encuentro Nacional del PT, Lula fijó su precandidatura presidencial y el 17 de marzo de 2002, en la primera nominación abierta a la militancia petista, el 85% de los 170.000 afiliados que participaron en la primaria se decantó por él frente al senador Eduardo Suplicy, un dirigente partidario de apartar al líder fundador de la conducción política.

Lula advirtió a propios y extraños que no estaba "dispuesto a perder una cuarta elección" en octubre de 2002, así que, con José Dirceu de brazo derecho y mente pensante, puso en marcha una estrategia electoral enteramente renovada que hacía hincapié en aspectos descuidados o deliberadamente excluidos en campañas anteriores. Por de pronto, se intentó anular las habituales acusaciones en su contra de ser una persona hosca, intratable e indigna de confianza, mediante un notable cambio de imagen: la indumentaria de regusto obrero daba paso al traje y la corbata de corte elegante; el cabello y la barba, otrora crespos y negros, se mostraban ahora más atusados y encanecidos; y los ademanes ceñudos y belicosos eran sustituidos por sonrisas y jovialidad. Los asesores difundieron una imagen del candidato inédita, más relajada y familiar, como esposo y padre afectuoso, capaz de exteriorizar sentimientos y de transmitir sosiego.

El contenido experimentó una mudanza tanto o más importante que la forma. Manteniendo lo esencial del discurso crítico de izquierdas, Lula suavizó el tono y dirigió guiños a sectores ideológicamente remotos. Aseguró a los empresarios locales y a los operadores financieros que no tenían motivos para temer al PT en el poder, ya que los principios del libre mercado no se cuestionaban, al igual que ejes de la política económica de Cardoso como la lucha contra la inflación y la cotización del real en el régimen de cambios variables, luego del final en 1999 de la artificial paridad con el dólar. En relación con este punto, los ataques especulativos contra la moneda brasileña cobraron fuerza desde el momento en que los sondeos de intención de voto situaban a Lula como el casi seguro ganador.

Un sorprendente aldabonazo de Lula en la precampaña fue la presentación del magnate José Alencar Gomes da Silva, uno de los dirigentes del Partido Liberal (PL), pequeña fuerza parlamentaria —una docena de diputados— y adalid de un liberalismo económico con vertiente social, como el compañero de papeleta para la Vicepresidencia. A partir de ahí, un número creciente de empresarios salió a expresar su apoyo a la fórmula Lula-Alencar, al igual que los ex presidentes Sarney y Franco, amén del influyente político derechista de Bahía Antônio Carlos de Magalhães, dirigente del PFL y antaño protector de Collor de Mello; hasta Paulo Maluf, notorio superviviente de la derecha promilitar de tiempos de la dictadura, realizó unos comentarios elogiosos sobre el que había sido su antagonista en la política paulista durante más de dos décadas.

La que concurría como el adversario más fuerte de Lula, Roseana Sarney, hija de José Sarney y gobernadora de Maranhão por el PFL, se retiró de la carrera presidencial en abril al quedar tocada por un escándalo de corrupción. Ello redujo a tres los rivales con cierta entidad: José Serra, ministro de Sanidad con Cardoso y candidato tucano (por el motivo del logotipo del partido oficialista, un tucán) de la Gran Alianza formada por el PSDB y el PMDB, a la que se adhirieron sectores mayoritarios de los derechistas PFL y PPB; Ciro Gomes, respaldado por el Frente Laborista del PPS, el PTB y el PDT; y el socialista Anthony Garotinho, como Gomes tildado de populista, por el Frente Brasil Esperanza que integraban el PSB, el Partido General de los Trabajadores (PGT) y el Partido Laborista Cristiano (PTC).

La extrema izquierda, representada por el PCO y el PSTU, concurrió aisladamente en las personas de Rui Costa Pimenta y José Maria de Almeida, respectivamente. En cuanto al favorito, la coalición Lula Presidente ligó al PT y el PL con el PCdoB, el PCB y el centroizquierdista Partido de Movilización Nacional (PMN). Característica nunca vista en una elección presidencial de Brasil o del resto de América Latina, todos los candidatos, a tenor de sus propuestas, se ubicaban con mayor o menor nitidez en la mitad izquierda del espectro político.

En agosto, con el real devaluado un 30% desde enero, la inflación acercándose al 2% mensual, la economía decelerándose con rapidez y las calificaciones internacionales de la deuda pública y el riesgo inversor de mal en peor, Lula, que hacía poco había comparado la asistencia del FMI a su país con un "beso de la muerte", concedió a Cardoso la garantía en principio de respetar el reciente acuerdo suscrito por el Gobierno con el citado organismo internacional. 

Según los términos del acuerdo con el FMI, Brasil tendría acceso a una línea de crédito de 30.400 millones de dólares (de los que 24.000 estaban condicionados a la política económica ortodoxa del futuro Ejecutivo) a 15 meses y podría gastar 10.100 millones adicionales de sus reservas para defender al real de los ataques especulativos. El Gobierno tendría que perseguir un superávit fiscal primario (descontando el servicio de los intereses de la deuda) para 2003 del 3,75% del PIB como mínimo. Si Brasil no hacía bien sus deberes económicos, advertía el FMI, el país podría entrar en suspensión de pagos.

Lula afirmó que apoyaba "la idea" de que Brasil tuviera que pedir dinero para corregir los desequilibrios de su balanza de pagos, pero eludió expresar un compromiso en firme, prolongado en el tiempo, con el FMI en los actuales términos del acuerdo. Si él llegaba a la Presidencia, Brasil recibiría más inversiones, "pero solo productivas", precisó. En cualquier caso, un Gobierno suyo aplicaría una política marcadamente expansionista y socialmente orientada, con políticas activas de crecimiento, empleo e integración social. El candidato aseguraba que a los empresarios, de hecho, les interesaba integrar en la demanda interna a la legión de marginados económicos tan pronto como estos adquirieran una nueva capacidad de consumo gracias a las transferencias públicas directas.

Lula expuso la necesidad de relanzar la producción, en franco declive desde comienzos de 2001, de obtener tasas de crecimiento anuales no inferiores al 4,5% o el 5% del PIB, y, gracias a la recuperación de las reservas internacionales y al progreso de las exportaciones (una repercusión positiva de la devaluación del real), de reducir el tipo básico de interés, que se encontraba entre los más elevados del mundo, del 18,5% al 13%. Con el abaratamiento de los créditos se pretendía reactivar las inversiones productivas y el consumo, desanimar las inversiones financieras típicamente especulativas y aflojar el dogal de la deuda pública interna, que en mayo de 2002 se situaba en los 175.000 millones de dólares (259.000 millones en términos brutos). Este montante representaba el 70% de la deuda pública total y el 42% del PIB brasileño.

Las máximas prioridades expuestas por Lula en su cuarta campaña presidencial se tomaron de los compromisos petistas de siempre, sintetizados en la mejora de los estándares de vida de los brasileños, en especial las clases menos favorecidas. Lula abogaba por ampliar el nivel laboral creando nada menos que diez millones de puestos de trabajo y dignificando otros tantos ya existentes. La tasa promedio de paro en 2002 iba a rozar el 12%. El dato, con ser preocupante, no ilustraba correctamente sobre el verdadero alcance de la precariedad laboral en Brasil, ya que la mitad de la población activa se ocupaba en la economía sumergida o estaba subempleada.

Para avanzar en el reparto de la renta nacional, Lula formuló la pretensión de aumentar el impuesto sobre la renta en el tramo máximo del 27% al 35%, como anticipo de una profunda reforma fiscal de carácter más progresivo, abierta a la discusión y el consenso de los partidos y los actores sociales, y también deseaba elevar el salario mínimo legal. Partiendo de los programas de asistencia creados por el Gobierno de Cardoso, apuntó como factible, hasta llegar al último de los brasileños, la universalización de los servicios urbanos y los derechos sociales. 

Con su política de renta mínima, Lula centraba la mirada en el colectivo de entre 30 y 55 millones de pobres —según el umbral que se estableciera para ser considerados tales—, cifras que eran desoladoras en términos absolutos pero un poco menos en términos relativos, ya que los porcentajes de pobreza, concentrada en los brasileños afrodescendientes, eran comparativamente inferiores a los de otros países latinoamericanos. Un dato que solía olvidarse habitualmente era que Brasil tenía la clase media más numerosa de América después de Estados Unidos, donde, por cierto, las autoridades federales, con sus métodos de cálculo, reconocían 35 millones de pobres.

El punto de la reforma agraria se mantuvo igualmente intacto en la agenda de Lula, que prometía entregar tierras improductivas a los campesinos sin propiedad, así como los medios tecnológicos y financieros para cultivarlas, por lo que, concluía, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), cuyas reivindicaciones el PT siempre había apoyado, tendría que poner fin a las ocupaciones, a veces violentas, de latifundios y pastizales ociosos propiedad de los terratenientes. En su programa, Lula aunaba estas dos ambiciosas metas bajo el lema Inclusión social con justicia ambiental.

Por lo que se refería a la política internacional, los observadores estaban convencidos de que el Lula presidente mantendría la autonomía de Brasil frente a Estados Unidos, actualizando y, seguramente, intensificando las posturas críticas de Cardoso con procesos de calado estratégico para Washington como a consecución del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) a partir de 2005 y el Plan Colombia para combatir el narcotráfico en el país andino dando prelación a los medios militares. 

Antes de las elecciones, el dirigente petista señaló que un Gobierno suyo concedería prioridad absoluta al Mercado Común del Sur (MERCOSUR, unión aduanera integrada por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) frente al estrictamente librecambista ALCA. Lula hablaba de insuflar vigor al MERCOSUR en una etapa de serio cuestionamiento por la proliferación de conflictos comerciales entre los cuatro estados miembros (además de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) a raíz de la crisis económica que zarandeaba la región. Es más, él favorecería la ampliación del MERCOSUR con las incorporaciones de Chile, Venezuela y Perú.

En cuanto a la alarma suscitada en sectores conservadores del continente por una eventual "alianza Castro-Lula-Chávez" y las advertencias de un "efecto dominó" izquierdista en todo el subcontinente, el brasileño indicó que él, efectivamente, venía manteniendo relaciones con esos dos dirigentes (aunque a Chávez todavía no le conocía en persona, aseguró), como las tenía "con otros estadistas del mundo", pero aclaró que un Gobierno suyo no trazaría preferencias diplomáticas. Simpatías evidentes aparte, el concepto subyacente en todas estas manifestaciones de Lula era el de la independencia y la libertad para establecer la agenda internacional de Brasil, tanto en lo político como en lo comercial.

Llegado el 6 de octubre de 2002, con un grado de expectación internacional por unas elecciones sudamericanas muy pocas veces visto, las dudas se reducían a si Lula iba a ser capaz de proclamarse presidente en la primera vuelta con más del 50% de los votos o si tendría que disputar una segunda ronda con desenlace casi seguro a su favor. Sucedió lo segundo: con el 46,4% de los votos, el 6 de octubre Lula se puso en cabeza y pasó a librar un enfrentamiento personal con Serra, que recibió el 23,2%. Garotinho fue tercero con el 17,9% y Gomes quedó cuarto con el 12%. 

El 27 de octubre, luego de recibir el respaldo de los dos aspirantes eliminados, así como de Brizola, el petista batió definitivamente al tucano con el 61,3% de los sufragios, convirtiéndose en el presidente más votado en la historia de Brasil. Dato añadido, su papeleta logró imponerse en 26 de los 27 estados de la federación. El espectacular vuelco electoral alcanzó también a los comicios al Congreso, donde el PT rebotó hasta los 91 diputados y los 14 senadores, convirtiéndose en la primera fuerza de la Cámara baja y en la tercera de la Cámara alta.

Paradójicamente, la marea de votos hacia Lula y el PT en el plano federal no tuvo su equivalente en los comicios a los gobiernos y asambleas de los estados y el Distrito Federal de Brasilia. El PT fracasó particularmente en São Paulo (si bien en la metrópoli capitalina Lula se impuso a Serra en su pugna particular), donde el gobernador reeleccionista Geraldo Alckmin (PSDB) triunfó sobre José Genoino en la segunda vuelta gracias al apoyo de Paulo Maluf, tercero en discordia. El PT perdió también en Bahía donde Jaques Wagner cayó en la primera vuelta ante Paulo Souto (PFL), y en el Distrito Federal, escenario de una liza muy ajustada en la que el titular Joaquim Roriz (PMDB) arrebató a Geraldo Magela una plaza que los petistas daban por segura. 

El partido de Lula tampoco fue capaz de retener los importantes gobiernos de Río de Janeiro y Rio Grande do Sul, siendo los damnificados respectivamente la gobernadora Benedita da Silva (que había sucedido a Anthony Garotinho cuando éste lanzó su candidatura presidencial), ante Rosinha Garotinho (PSB), y Tarso Genro (aspirante para suceder a su colega Olívio Dutra), frente a Germano Rigotto (PMDB). El PT solo ganó los gobiernos de Acre, Mato Grosso do Sul y Piauí, tres estados pequeños.

8. Una toma de posesión cuajada de expectativas

Luego de confirmarse su victoria y entre el delirio de sus seguidores, que salieron a celebrarlo a lo grande en São Paulo y otras ciudades, Lula proclamó la llegada de una "nueva era" a Brasil y convocó "a todos los hombres y mujeres brasileños, a empresarios, sindicalistas e intelectuales, para construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria". Anunció la formación de un Gobierno de coalición abierto "a los mejores" y un pacto nacional contra la pobreza, la corrupción y la inflación, y reiteró que si al final de su mandato de cuatro años cada brasileño podía desayunar, almorzar y cenar cada día, "entonces habré realizado la misión de mi vida". A sus 57 años, Luiz Inácio Lula da Silva iniciaba un nuevo periplo vital mientras alcanzaba la categoría de personaje internacional del año.

El 29 de octubre Lula fue recibido por Cardoso en el palacio presidencial de Planalto para establecer la coordinación entre el Gobierno saliente y el equipo técnico de transición nombrado por él, dando pie a una suerte de cogobierno de facto donde el mandatario electo desempeñó funciones institucionales en los dos meses previos a la transferencia de poderes el 1 de enero de 2003. 

En el Gabinete alineado por Lula destacaban numerosas personalidades. Ciro Gomes, el cabeza del PPS, fue incorporado como ministro de Integración Nacional. El diplomático independiente Celso Amorim recobró el Ministerio de Relaciones Exteriores que ya encabezara en el Gobierno de Itamar Franco. La gobernadora carioca saliente Benedita da Silva fue nombrada secretaria especial de Asistencia y Promoción Social, con rango ministerial. Olívio Dutra era el nuevo ministro de Ciudades. El también petista Ricardo Berzoini, viejo camarada de Lula en las luchas sindicales, se convirtió en ministro de Previsión Social. Tarso Genro asumió la Secretaría del Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES), órgano de nuevo cuño.

El cantante y ecologista Gilberto Gil era el fichaje personal de Lula para dirigir el Ministerio de Cultura. La senadora Marina Silva, una petista bregada en las luchas sociales y conservacionistas en la Amazonía, se hizo cargo del Ministerio de Medio Ambiente con la tarea, bastante complicada, de definir y ejecutar una política ecológica integral que conciliara la salvaguardia de la selva tropical, la reforma agraria prometida al MST y los imperativos del desarrollo económico, que se deseaba fuera sostenible. José Dirceu se aseguró un puesto cimero como ministro jefe de la Casa Civil de la Presidencia y, para reducir su carga partidista, el 8 de diciembre cedió la presidencia del PT al diputado federal paulista José Genoino.

La antigua guerrillera marxista Dilma Rousseff, procedente del PDT y que había cautivado a Lula con su labor en el Gobierno de Rio Grande do Sul, fue reclutada para el Ministerio de Minas y Energía con la misión urgente de paliar el déficit de generación eléctrica en Brasil, causa de insufribles apagones y el aspecto más clamoroso del deplorable estado de las infraestructuras de servicios y comunicaciones. Finalmente, el trascendental Ministerio de Hacienda fue para uno de los expertos del partido, Antonio Palocci. Además del PT, que se reservaba 18 de los 34 puestos, obtuvieron plaza en el Ejecutivo el PL, el PCdoB, el PPS, el PSB, el PDT, el PTB y el PV, todos los cuales conformaban una mayoría parlamentaria simple de 218 diputados y 30 senadores.

En diciembre, Lula viajó al extranjero para reunirse con un buen número de mandatarios americanos, entre ellos el argentino Eduardo Duhalde, el chileno Ricardo Lagos, el mexicano Vicente Fox y el presidente George Bush de Estados Unidos. El encuentro del 10 de diciembre en la Casa Blanca, impensable años atrás y en el que Bush no escatimó cortesías a pesar del abismo ideológico que le separaba de su huésped, testimonió a las claras la importancia primordial que para la superpotencia del norte tenía Brasil como pulmón económico de toda Sudamérica y socio comercial de primer orden, independientemente de la orientación política de quien mandara allí. En añadidura, Lula compartió con Cardoso el protagonismo de la cumbre del MERCOSUR celebrada en Brasilia el 5 de diciembre.

El 1 de enero de 2003 el antiguo obrero metalúrgico se convirtió en el primer receptor de la banda presidencial de manos de otro titular elegido directamente por el pueblo desde la transferencia de 1961 entre Juscelino Kubitschek y Jânio Quadros, en una jornada de júbilo y delirio que congregó en Brasilia a medio millón de personas. Tras jurar su cargo en el palacio del Congreso Nacional ante el pleno de diputados y senadores, y representantes de 118 países, entre ellos, once presidentes y jefes de Gobierno —sin faltar Castro y Chávez—, Lula pronunció el discurso de investidura. En él, pasó revista a sus principales compromisos electorales y se reafirmó en el objetivo concreto, erigido poco menos que en un mantra promisorio en función del cual se exponía a ser juzgado cuando terminara su mandato, de proporcionar tres comidas diarias a todos y cada uno de los brasileños.

Ahora mismo, un análisis se imponía: si el flamante mandatario brasileño perseguía contra viento y marea las metas de justicia social que proclamaba y pretendía obtener resultados más bien tempranos, planteaba una ecuación extraordinariamente complicada. Ya que mientras intentara confortar a sus seguidores tradicionales, los cuales habían aguardado 22 años este momento y eran los miembros más desasistidos y marginados de la sociedad, tendría que ser capaz de calmar a los mercados financieros, afrontar los próximos vencimientos de la deuda y proseguir la austeridad presupuestaria, que era condición sine qua non para recibir la asistencia del FMI. 

En la calle, sin embargo, el clima era de radical optimismo, de euforia. Quienes confiaban ciegamente en Lula estaban convencidos de asistir a una alternancia histórica protagonizada por un dirigente que, por primera vez, no era el hijo de una familia pudiente sino que procedía de los extractos más humildes de la sociedad. Librarse de la "herencia maldita" —una expresión empleada frecuentemente por Lula—, esto es, de un sistema socioeconómico profundamente excluyente e injusto, parecía estar al alcance de los brasileños.

9. El primer año de gobierno (2003): pragmatismo, gradualismo e impaciencia por la izquierda

Aunque Lula reclamaba la compleción de su mandato de cuatro años para alcanzar las metas trazadas, hacer un balance de resultados y, llegado el caso, rendir cuentas ante el electorado, los doce primeros meses de su gestión ya fueron suficientemente ricos en acontecimientos como para disipar muchas de las dudas que habían acompañado su proclamación presidencial e identificar pautas de gobierno que muy probablemente iban a caracterizar todo el cuatrienio.

El prontuario del primer año de Lula en el palacio de Planalto podía ser éste: descarte categórico de una transición a un modelo de Estado intervencionista y al socialismo; superación de las tentaciones populistas en el manejo del erario y rechazo de las actitudes radicales; consolidación de la agenda social como un terreno de actuación impostergable, pero sin obsesionarse con la obtención de resultados palpables de manera inmediata; prolongación, entre tanto, de las políticas de estabilización y vigilancia celosa de la gran economía; y, en definitiva, elección de la vía pragmática de las reformas, graduales pero firmes, con el objeto de modernizar las estructuras productivas y sociales e integrar a todos los brasileños en las dinámicas del desarrollo y el crecimiento sin abandonar los cauces del libre mercado.

Por todo ello, el presidente mereció las alabanzas de los medios liberales y financieros, gratamente sorprendidos con la "responsabilidad" de que hacía gala, y encajó las primeras críticas y contestaciones de los sectores situados a su izquierda, que se movieron entre la decepción, la impaciencia y el enfado. Si Lula aspiraba a construir en Brasil una economía social de mercado, tendría que transcurrir más tiempo para que se apreciara con claridad. En sus primeras semanas como presidente, Lula, para dar una satisfacción de entrada a sus votantes, muchos de los cuales le miraban con una expectación casi mesiánica, adoptó una serie de medidas que no esquivaron la calificación de demagógicas por quienes seguían observándole con desdén. Sin embargo, las disposiciones daban respuesta a una serie de cuestiones cardinales de la campaña y de paso buscaban certificar que la mudanza de gobierno iba a aparejar cambios drásticos en determinadas maneras de ver y hacer las cosas.

Así, el ministro de Defensa, José Viegas, diplomático con amplia experiencia, anunció el aplazamiento hasta 2004 de la adquisición para la Fuerza Aérea de una docena de aviones de combate con un coste de 760 millones de dólares, y también la implicación de efectivos de las Fuerzas Armadas en labores de construcción civil. Más importante, Lula encargó al Ministerio de Justicia y a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos la elaboración de sendos proyectos para entregar títulos de propiedad a los millones de habitantes de las favelas levantadas ilegalmente en los cinturones de miseria urbanos, y para brindar la asistencia del Estado a aquellos jóvenes de las áreas marginales que desearan abandonar el submundo de las drogas.

El Consejo de Ministros dio luz verde también a una campaña de captación de donaciones voluntarias, tanto nacionales como del extranjero, para el fondo de la estrategia Hambre Cero, destinada a 6,5 millones de familias con rentas muy bajas. A cambio de la entrega mensual de una cantidad suficiente para alimentar a todos sus miembros, las familias beneficiarias debían comprometerse con la escolarización y la vacunación de sus hijos. La campaña Fome Zero, presentada por el presidente el 30 de enero, era el más ambicioso proyecto del Gobierno.

Lula explicó que pretendía acabar con las situaciones de hambre y desnutrición en cuatro años, pero que las metas excedían la urgencia humanitaria y que el objetivo último era "dar a todos los brasileños dignidad y autoestima, ofreciéndoles posibilidades de trabajo, educación y sanidad". Para tal fin, la sociedad civil en su conjunto era instada a movilizarse junto con los poderes públicos, la Presidencia creaba un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria bajo su directa jurisdicción, y un ramillete de celebridades de la cultura y el deporte eran invitadas a apadrinar el proyecto. Otra petición de ayuda se lanzó a la ONU, la cual, a través de su agencia especializada, la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), respondió afirmativamente con la prestación de asistencia técnica valorada en un millón de dólares.

A la espera de los primeros resultados de Hambre Cero y de otros proyectos sociales como el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo, avanzado en marzo, el equipo dirigente se concentró en recuperar la confianza de los inversores privados y las instituciones de crédito. Lula quería convencer a toda costa a sus todavía numerosos detractores de que era un gobernante serio y responsable. Pues bien, cumplido el plazo de gracia tradicional de los cien días, las mejores puntuaciones a la labor de Lula procedían de los mercados y los despachos financieros, tanto de viva voz, con elogios de lo más encendidos, como a través de las dinámicas impersonales, que resultaban más clamorosas. Estas reacciones podían parecer paradójicas, ya que el estadista era la gran esperanza de los antiglobalistas, de los partidarios de una tercera vía que arrojara por la borda el denostado modelo neoliberal y hasta de izquierdas revolucionarias que no creían que el capitalismo pudiera reciclarse y ofrecer un rostro humano.

La sensible apreciación del real con respecto al dólar, la mejora no menos llamativa de los índices del riesgo-país y la revalorización de los títulos de deuda pública fueron las reacciones positivas de los operadores de mercado a las prontas medidas continuistas del Gobierno, como la salvaguardia por ley de la autonomía del Banco Central, el nombramiento para dirigir la entidad de Henrique de Campos Meirelles, banquero privado del círculo de Cardoso, la asunción milimétrica del servicio de la deuda externa, la prolongación de la ortodoxia antiinflacionista y la elevación del objetivo de superávit fiscal primario para 2003 al 4,25% del PIB, medio punto más que el planteado en la campaña electoral y el perseguido por la Administración precedente.

La puesta en marcha de Hambre Cero dio menos que hablar entre las sensibilidades petistas de extrema izquierda que la decisión del Ministerio de Hacienda de reducir el gasto público un 16% para cumplir los compromisos adquiridos ante el FMI, y, sobre todo, que la propuesta de ley de la primera gran reforma estructural de la era Lula: la poda de las pensiones percibidas por los empleados públicos, consideradas desmesuradas y un privilegio sangrante en relación con el resto de asalariados. El Gobierno quería retrasar la edad de jubilación de los funcionarios, recortar sustancialmente la cuantía de sus pensiones, hasta ahora equiparadas a los salarios, y que cotizaran a la Previsión Social.

En abril, el ala más radical del PT declaró a Lula su rechazo a la reforma de la Previsión Social porque consideraba que meter mano al sistema de pensiones de los funcionarios era recortar gasto social, y le recordó que él mismo había impugnado propuestas de esa naturaleza en los años en la oposición. Las primeras defecciones de diputados petistas descontentos parecían estar a la vuelta de la esquina. Al mismo tiempo, el Gobierno encajaba su primera huelga sectorial, convocada por los trabajadores de los organismos públicos federales afectados por la reforma. 

El presidente, arropado por el PMDB y los gobernadores estatales, replicó que no se podía tolerar una discriminación tan abultada para el 87% de jubilados que habían trabajado en el sector privado y que cobraban unas pensiones comparativamente muy inferiores. Lula adujo asimismo que estas rebajas graduales de las pensiones del sector público eran imprescindibles para suprimir el déficit de la Previsión Social, obtener recursos para financiar el programa Hambre Cero y avanzar en la reducción de las desigualdades sociales.

La agitación huelguística de los funcionarios cobró ímpetu en julio, y en agosto los magistrados de Justicia, alrededor de 15.000, amenazaron con sumarse a los paros mientras ejercían una fortísima presión corporativa para impedir que el Gobierno les recortara las nóminas. Confrontado con la minoría parlamentaria por la rebelión de diputados díscolos con las directrices oficiales, Lula, después de asegurar que "ni Congreso Nacional, ni poder judicial, solo Dios" podrían hacer malograr la reformas (una polémica frase de la que tuvo que retractarse), transigió parcialmente con los jueces y les concedió el techo salarial equivalente al 85% del sueldo de un miembro del Supremo Tribunal Federal, en vez del recorte hasta el 75% a partir del tope vigente del 90%.

La otra gran concesión del Gobierno fue respetar las jubilaciones con un monto igual al último salario percibido para todos los funcionarios en activo. De la propuesta original se mantuvieron el recorte de las pensiones de los futuros funcionarios, la fijación de su carácter contributivo y el retraso de la edad mínima de jubilación de los hombres a los 60 años y de las mujeres a los 55. A grandes rasgos, éste fue el proyecto de ley corregido sobre la Reforma de la Previsión Social que el 6 de agosto la Cámara baja aprobó por 358 votos a favor y 126 en contra, dejándolo listo para su sanción por el Senado.

Ganada esta jugada política en un tiempo récord, Lula llevó al Congreso su segundo proyecto de transformación de calado con rango constitucional, la reforma del Sistema Tributario Nacional, con el objeto de simplificar los numerosos impuestos, aligerar la presión fiscal a los productores del sector secundario y ahogar el fraude, causa de un importantísimo agujero en los ingresos. De nuevo, ya que quería sacar adelante la ley este mismo año, Lula tuvo que emplearse a fondo para vencer resistencias, esta vez procedentes de algunos gobiernos de estados, los partidos de derecha y la patronal, y hacer concesiones que empañaron un tanto el desenlace victorioso, si bien, reflejaban los sondeos, el electorado apoyaba abrumadoramente los cambios.

La Cámara de Diputados dio luz verde a la nueva fiscalidad el 4 de septiembre por 378 votos a favor y 53 en contra después de ceder el Gobierno en la creación de sendos fondos de compensación a los exportadores y a los estados que vieran descender sus recaudaciones, la cesión a los mismos estados de parte de la recaudación del impuesto sobre combustibles y la prórroga hasta 2023, diez años más tarde de lo previsto, de los beneficios fiscales a las industrias de bienes de consumo de la zona franca amazónica de Manaos. 

Tras obtener el preceptivo voto senatorial, las dos reformas legales, la de las pensiones y la tributaria, fueron promulgadas el 19 de diciembre de 2003 como enmiendas a la Constitución. Complacido, el FMI extendió por otros 15 meses el crédito de 31.000 millones de dólares concedido el año anterior, incrementado en 6.600 millones adicionales. Brasilia accedía de manera inmediata a un tramo de 8.200 millones, pero, vista la mejora de la balanza de pagos, no preveía necesitar nuevos desembolsos.

Lula se mostró exultante con este éxito legislativo, cuyo fatigoso trámite parlamentario coincidió con el lanzamiento de otros instrumentos básicos de la política social. Estos fueron: el plan para erradicar el analfabetismo, que afectaba al 14% de los brasileños; el Programa Bolsa Família, destinado a cubrir las necesidades básicas de 3,6 millones de núcleos familiares pobres y muy pobres mediante transferencias directas de renta; y, seguramente, el más importante de todos por incidir en la médula de la injusticia social, el Plan Nacional de Reforma Agraria (PNRA). Reclamado con impaciencia creciente por los marchistas del MST, el PNRA contemplaba el asentamiento como granjeros de 530.000 familias de campesinos sin tierras y la entrega de títulos de propiedad a otras 500.000 familias ya asentadas pero que nunca habían recibido del Gobierno la documentación acreditativa.

Sin embargo, en el último tramo de 2003, el presidente afrontó, como se señaló arriba, la rebelión abierta de algunos legisladores del PT y el malestar, a duras penas contenido por la disciplina partidaria, de miembros del Gabinete. Lula fue tachado directamente de "traidor" por petistas de extrema izquierda que describían un panorama gubernamental de constantes renuncias a metas programáticas tradicionales del partido y de claudicaciones ante los poderes económicos. 

Por ejemplo, se reprochaba al PNRA que dejara intactos los inmensos latifundios y no incidiera en la intervención de terrenos no registrados por el catastro pero que de hecho eran cultos y estaban explotados; mientras tanto, sicarios al servicio de terratenientes y elementos policiales encargados de los desalojos de fincas invadidas proseguían, e incluso intensificaban, las ejecuciones extrajudiciales de activistas agrarios, tal como denunciaba Amnistía Internacional. Dio la impresión de que el Gobierno echó a andar el PNRA únicamente bajo la presión del MST.

Lula prometió un "espectáculo del crecimiento" para el segundo semestre del año, pero 2003 terminó creciendo solo el 1,1% del PIB, tasa que era el peor dato anual en una década y se situaba muy lejos de ese ritmo del 5% contemplado en la campaña electoral como el imprescindible para, junto con unas finanzas saneadas, meter a Brasil en el pelotón de los países desarrollados. La caída de la producción se explicaba por la caída del consumo, a su vez causada por la mengua de las rentas familiares.

Otras noticias inquietantes que no hicieron mella en el optimismo obstinado de Lula, quien comparaba las medidas de ajuste con una "vacuna para garantizar un futuro mejor", fueron el alza del desempleo, que rozaba el 13% en las seis mayores áreas metropolitanas (el 20% en São Paulo), el crecimiento de la deuda pública federal a pesar de la bajada por el Banco Central de los tipos de interés al 16% (después de haberlos aupado a un increíble 26% para contener el empuje de los precios y amarrar al capital extranjero), el notable descenso de las inversiones foráneas directas y la omnipresencia de la criminalidad y la inseguridad ciudadana, realidades que figuraban entre las principales preocupaciones de los ciudadanos.

10. Una ambiciosa agenda internacional: diálogo con el Norte, cooperación entre el Sur, rechazo del ALCA y la cruzada contra el hambre; Lula y los grupos G20, IBSA y BRIC

En las etapas tempranas de su presidencia, la acción exterior de Lula suscitó más consenso de opinión que la labor doméstica. Fue ampliamente compartida la valoración positiva, en lo que afectaba tanto a los intereses nacionales de Brasil como al conjunto de las relaciones internacionales, aunque los críticos por la izquierda se quejaban de que el presidente viajaba demasiado y no destinaba suficiente tiempo a los asuntos de casa.

Uno de los rasgos más destacados del estadista brasileño pasó a ser su militancia, con aires de paladín, en pro de un sistema internacional donde los países del Norte desarrollado dialogaran de una manera más abierta y democrática con los del Sur en desarrollo, en cuestiones fundamentales como la liberalización comercial y la lucha contra el hambre. Un sistema en el que el extremismo islamista, los diversos terrorismos, la proliferación de armas de destrucción masiva o cualquier otra amenaza emergente para la paz y la seguridad globales no sirvieran de pretexto para restar prioridad a la resolución de los sempiternos y abrumadores problemas ligados al subdesarrollo y el orden económico imperante.

Lula opinaba que al terrorismo había que combatirlo en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y con los instrumentos nacionales, policiales y militares, que fueran precisos. Pero advertía que eso no era suficiente y subrayaba la necesidad de secar el caldo de cultivo de los futuros terroristas mediante políticas que corrigieran unas situaciones insostenibles de miseria, incultura y exclusión social. 

La promoción del diálogo Norte-Sur, la concertación de estrategias conjuntas por los países en vías de desarrollo para hacer valer sus intereses comerciales, las aproximaciones multilaterales a los problemas globales y la distensión de conflictos internos motivaron iniciativas de Lula como la propuesta de "declarar la guerra" al hambre en el planeta, la articulación del Grupo de los Veinte (G20) países en desarrollo para negociar en bloque la remoción de barreras proteccionistas, la formación del Grupo de Países Amigos de Venezuela, la asunción por el Ejército brasileño del mando de la misión de cascos azules desplegada por la ONU en Haití y la apertura de una vía de colaboración entre el FEM de Davos y el FSM de Porto Alegre.

De entrada, el 15 de enero de 2003 en Quito, aprovechando la coincidencia de mandatarios para la toma de posesión de Lucio Gutiérrez como presidente del Ecuador, el canciller Amorim anunció la puesta en marcha del Grupo de Países Amigos de Venezuela con la participación de Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal. La función del Grupo era facilitadora, de respaldo a la labor de mediación de la OEA en la acerba disputa que venía enfrentando a Hugo Chávez y a la oposición venezolana sobre la permanencia del primero en el poder. El propósito era dar una solución "electoral, constitucional, democrática y pacífica" a la larga crisis venezolana, la cual había experimentado un peligroso paroxismo cuando la masacre de manifestantes y el frustrado golpe de Estado antichavista de abril de 2002.

A pesar de lo conjeturado en el III FSM, del 23 al 28 de enero de 2003 en Porto Alegre, no asistió Castro; sí lo hizo, en cambio, Chávez. En el III FSM Lula tuvo una acogida estelar por quienes le habían elevado a la condición de símbolo continental y acaso mundial. El día 24 el presidente dirigió un emotivo discurso, lleno de citas visionarias, a las decenas de miles de participantes en la explanada situada a orillas del río Guaíba, en el cual se refirió al FSM como "el mayor evento multinacional organizado por la sociedad civil en el mundo", apeló a los aforados a "cambiar la historia de la humanidad" y describió la reforma que aguardaba a Brasil como "tranquila, cautelosa e inteligente". También, justificó su programada presencia en el Foro de Davos porque "quiero decir allá que no es aceptable un orden económico donde pocos pueden comer cinco veces al día y muchos quedan sin comer", y que "el mundo no necesita guerras, sino paz".

En efecto, el 26 de enero de 2003 Lula volvió a ser la estrella, esta vez en la ciudad suiza y ante la élite empresarial, financiera y económica del primer mundo. En el FEM, que escuchó con interés lo que el brasileño tenía que decirle, Lula se desenvolvió como el portavoz de los países pobres y transmitió sus quejas sobre la incongruencia que suponía predicar el libre comercio y el desarme arancelario mientras en casa se practicaba el proteccionismo aduanero o se subvencionan las exportaciones, típicamente las del sector agropecuario. El mensaje de Lula estaba claro, pero las intenciones de fondo, también: tender un puente de entendimiento entre los dos mundos, y qué mejor manera de hacerlo, a su entender, que vinculando al FSM y el FEM a través de una agenda conjunta de actividades. El primer viaje presidencial a Europa se completó con sendas visitas de Estado a Francia y Alemania.

El 1 de junio de 2003 Lula fue uno de los once dirigentes de países en desarrollo que respondieron a la invitación de participar en un "diálogo alargado" con los líderes del Grupo de los Ocho (G8) en la ciudad francesa de Évian-les-Bains. Allí, el brasileño volvió a exponer su propuesta de crear un Fondo Mundial contra el Hambre, mal que calificó de "realidad intolerable", el cual podría financiarse con una tasa sobre el comercio internacional de armas y con un porcentaje de los pagos de deuda externa de los países emergentes a los desarrollados. 

El representante del Sur criticó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) por sus "resistencias a suprimir los subsidios multimillonarios a la agricultura", y censuró igualmente el retraso de una cuestión crucial como era el "acceso a los medicamentos" por los países pobres, con lo que se refería al derecho de los gobiernos a suministrar a sus ciudadanos medicamentos genéricos para tratar enfermedades como el sida sin someterse a los precios de mercado fijados por las multinacionales farmacéuticas propietarias de las patentes. En este capítulo, Brasil, tras la batalla ganada por la Administración Cardoso, ya estaba haciendo de abanderado.

El 20 de junio, dos días después de anunciarle la fundación española Príncipe de Asturias la concesión de su Premio de Cooperación Internacional, Lula fue recibido en la Casa Blanca por Bush, quien se declaró "muy impresionado" con su visión del mundo y se refirió a él con las siguientes palabras: "no solo tiene un enorme corazón, sino también la capacidad de trabajar con su Gobierno y el pueblo brasileño para incentivar la prosperidad y acabar con el hambre". Bush, nada más lejos del trato tributado a los gobernantes de países aliados como Francia o Alemania, no solo le pasó a Lula por alto su rechazo a la reciente guerra de Irak, sino que se deshizo en elogios personales. A cambio, el brasileño invitó a su anfitrión a conocer un país que "no solo es carnaval y fútbol".

Aunque las partes tenían presente el tamaño de los intercambios comerciales (Estados Unidos era el principal cliente y proveedor de Brasil, como el destino del 25% de sus exportaciones y el origen del 23% de sus importaciones, superando, no ya al MERCOSUR, sino al conjunto de América Latina en ambos flujos), la gran efusividad de la reunión de Washington produjo perplejidad, ya que las subvenciones algodoneras estadounidenses estaban haciendo caer los precios internacionales y provocando muy graves pérdidas a los productores brasileños. De hecho, las tensiones comerciales entre ambos países estaban en un pico, y Brasilia acababa de interponer ante la OMC una protesta que los observadores describieron como el inicio de una guerra comercial en toda regla.

Pero además, Bush y Lula chocaban virtualmente en toda visión de fondo: la forma de combatir el terrorismo; la noción de la seguridad hemisférica; la actitud frente a la Corte Penal Internacional (firmada y ratificada por Brasilia); y el planteamiento de acuerdos medioambientales multilaterales como las convenciones sobre el Cambio Climático, con el Protocolo de Kyoto de reducción de gases de efecto invernadero, y sobre Biodiversidad.

Las fórmulas para combatir la pobreza también diferían, ya que el estadounidense se atenía a la doctrina liberal que confiaba en la reducción de los impuestos a las rentas más altas con la expectativa de incentivar así las inversiones productivas generadoras de riqueza y empleo, mientras que el brasileño apostaba por la movilización del Estado, la fiscalidad progresiva y la persecución del fraude evasor. Con todo, la discrepancia fundamental era otra: las intenciones, calendario y modalidades del ALCA, que Washington quería ver hecho realidad el 1 de enero de 2005, tal como se había previsto en la I Cumbre de Las Américas, celebrada en Miami en diciembre de 1994.

De hecho, Lula estaba logrando frenar las negociaciones del ALCA y subordinar en parte el resultado de las mismas al contenido de los acuerdos que alumbrara la ronda de negociaciones de la OMC. En enero de 2004, la Cumbre de Las Américas celebrada con carácter extraordinario en Monterrey, México, fracasó para las tesis librecambistas de Estados Unidos en buena medida porque Brasil se negó a que la declaración final mencionara de manera expresa el primero de enero de 2005 como la fecha en que el ALCA podría arrancar. 

A partir de aquí, el ALCA entró en crisis y tras la IV Cumbre de Las Américas, en Mar del Plata, Argentina, en noviembre de 2005, empezó a ser considerado un proyecto muerto. Lula aseguraba no oponerse al ALCA de raíz, sino que reclamaba para el tratado una justa reciprocidad —Estados Unidos debía dejar de subsidiar a su agricultura si se le permitía inundar con sus productos manufacturados los mercados latinoamericanos— y la contemplación de las necesidades especiales de los socios con las economías más débiles. Muy pronto, Lula y Bush iban a poner un paréntesis en sus desavenencias al alcanzar un espectacular entendimiento en materia de biocombustibles.

En el segundo semestre de 2003, las delegaciones brasileñas redoblaron sus esfuerzos para diversificar las relaciones comerciales, atraer más inversiones y captar para sus tesis en la interlocución con los países desarrollados a otras naciones que, como Brasil (la novena potencia económica mundial a paridad de poder adquisitivo, pero la 77ª en producción por habitante y la 65ª en nivel de desarrollo humano), tenían un volumen del PIB que no se correspondía con la calidad de vida de sus poblaciones y gozaban de una influencia creciente aunque todavía no decisiva en las grandes cuestiones internacionales. 

En la cumbre del G8 en Évian, Amorim anunció la creación de una "nueva alianza estratégica" con India y Sudáfrica, y cinco días después Brasilia fue el escenario de la primera reunión de cancilleres de los tres países, que saludó el nacimiento de este "bloque del sur", en palabras del ministro brasileño, y adoptó una Declaración centrada en los aspectos desarrollistas, comerciales, medioambientales y sanitarios.

El Foro de Diálogo India-Brasil-Sudáfrica (IBSA) fue presentado formalmente por Lula el 23 de septiembre de 2003 en la Asamblea General de la ONU, donde el presidente defendió la reforma y ampliación del Consejo de Seguridad para aumentar su representatividad y reflejar la balanza de poder del sistema internacional del momento, muy diferente del que había en 1945 al acabar la Segunda Guerra Mundial. Implícitamente, Lula expresó su deseo de que Brasil tuviera en el Consejo un asiento de miembro permanente con derecho a veto. La solicitud en tal sentido fue realizada de manera oficial, a la vez que Alemania, India y Japón (el llamado G4), en septiembre de 2004.

Aquel mismo mes, el día 20, Lula, el chileno Lagos, el presidente francés Jacques Chirac, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y el presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, concretando la propuesta hecha en enero en Ginebra por los cuatro primeros, presentaron en la sede de la organización en Nueva York para su adopción por la Asamblea General una Declaración de Acción contra el Hambre y la Pobreza, que el brasileño concebía para erradicar estos males en todo el mundo en 2015, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo del Milenio declarados por la Cumbre del Milenio en 2000.

El llamado Quinteto contra el Hambre, con Lula como cabeza más visible, planteó a la comunidad internacional una serie de medidas concretas, instrumentos y mecanismos (como los impuestos especiales sobre los movimientos de capital y el comercio de armas) para reunir los recursos financieros que la colosal empresa humanitaria requería, con la advertencia de que del cumplimento de los objetivos de eliminación del hambre y la pobreza dependía la paz mundial en el siglo XXI. 

La labor agente del brasileño y sus colegas en pro de la seguridad alimentaria global fue instrumental para el impulso de la Alianza Internacional Contra el Hambre, luego llamada Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición (AAHM), surgida en octubre de 2003 con el apoyo inicial de tres agencias de las Naciones Unidas con sede en Roma, la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). La AAHM seguía las recomendaciones de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación Cinco años después, celebrada bajo la égida de la FAO en junio de 2002.

Menos de un año después de lanzar su Alianza contra el Hambre, en julio de 2005, Lula, junto con los jefes de otros diez estados en desarrollo, volvió a participar bajo invitación en una cumbre anual del G8, la celebrada en Gleneagles, Escocia. En esta ocasión, los asistentes aprobaron un Plan de Acción sobre el cambio climático y acuerdos en torno a los Objetivos del Milenio para condonar la deuda externa y aumentar la ayuda a África. A la siguiente cumbre del G8, la de San Petersburgo en julio de 2006, Lula fue nuevamente invitado a dialogar, esta vez como miembro del G5 de economías emergentes, además de Brasil, China, India, México y Sudáfrica.

Entre el 10 y el 14 de septiembre de 2003 tuvo lugar en Cancún, México, la V Conferencia Ministerial de la OMC. Para asombro de la opinión pública internacional, el nuevo G20 (en parte, una ampliación circunstancial del G15, o Grupo de Cooperación Sur-Sur, nacido en Belgrado en 1989 para coordinar el diálogo de una serie de países en desarrollo con el G7 de los países industrializados), capitaneado por los países IBSA, Argentina y, novedad absoluta, China, fungió como un negociador muy duro y compenetrado que forcejeó sin complejos con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.

La cumbre de Cancún fracasó porque los países ricos no consiguieron imponer al G20 un marco de protección de las inversiones y de garantías a la libre competencia. En el reparto de culpabilidades por el fiasco, el bando de Brasil e India fue también acusado, en su caso de inflexibilidad y de preferir ningún acuerdo a una liberalización agrícola parcial del Norte condicionada a la apertura de los sectores industriales del Sur. A este compromiso sí estaban dispuestos los numerosos países de desarrollo bajo, casi exclusivamente agrarios y dependientes en mayor medida de los acuerdos preferenciales con el Norte. En diciembre, Lula propuso crear un área de libre comercio de los países en desarrollo que incluyera al G20. Por lo que se refiere al IBSA, en septiembre de 2006 este alineamiento celebró en Brasilia su primera cumbre de gobernantes con las asistencias de Lula, el primer ministro indio Manmohan Singh y el presidente sudafricano Thabo Mbeki.

El seísmo financiero, bancario y económico de 2008-2009, que arrastró a las economías capitalistas más desarrolladas al borde del precipicio, fue aprovechado por Lula, ya en su segundo mandato, para llevar su estrategia internacional a su apogeo. Por un lado, terminó de gestarse una complicidad de lo más llamativa entre las principales potencias emergentes del planeta, Brasil, Rusia, India y China, cuyos líderes celebraron en Yekaterimburgo su primera cumbre en junio de 2009. La II Cumbre de los BRIC, que así vino a llamarse esta asociación económica y comercial a cuatro, la orquestó Lula en Brasilia en abril de 2010, contando con las asistencias de nuevo del indio Singh, el ruso Dmitri Medvédev y el chino Hu Jintao. El encuentro alumbró diversos acuerdos técnicos de cooperación y una declaración que reclamaba reformas estructurales en el FMI y el Banco Mundial.

Por otro lado, el caos financiero provocado por la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos y el advenimiento de la Gran Recesión hicieron que el G20 (no confundir con el otro G20, el concretado en 2003 en la Cumbre de la OMC en Cancún) creado en 1999 por una serie de grandes economías desarrolladas y en desarrollo, entre ellas Brasil, se convirtiera, para satisfacción de Lula, en el foro multilateral de los principales gobiernos. A través de reuniones regulares en la cumbre y desplazando al vetusto G7/G8 en esta misión de gobernanza global, el nuevo G20 tomó la responsabilidad de poner orden en los mercados y establecer directrices para el estímulo económico, la regulación financiera y el comercio internacional sin distorsiones.

El líder brasileño, quien en marzo de 2009, en el curso de la visita a su país del primer ministro británico Gordon Brown, achacó la crisis a los "comportamientos irracionales de gente blanca de ojos azules", resultó un interlocutor imprescindible con asiento reservado en las cumbres del G20 primera (en Washington en noviembre de 2008, a cuya salida Lula expresó su convicción de que "la geografía política del mundo había ganado una nueva dimensión"), segunda (en Londres en abril de 2009, ocasión en la que fue cubierto de elogios por el debutante Barack Obama), tercera (en Pittsburgh en septiembre de 2009), cuarta (en Toronto en junio de 2010, cita esta a la que el brasileño se excusó de asistir por las inundaciones que asolaron los estados de Alagoas y Pernambuco, por lo que mandó en su lugar al ministro Mantega) y quinta (en Seúl en noviembre de 2010).

Hasta el final de su ejercicio presidencial, Lula, en tanto que miembro del G5 de economías emergentes, asistió como invitado también a las cumbres del G8 en Heiligendamm (junio de 2007), Toyako (julio de 2008) y L'Aquila (julio de 2009).

Lula se había convertido en una luminaria internacional, y su figura suscitaba respeto y admiración por doquier, pero la política exterior de Brasil no estaba exenta de reproches. En particular, podía resultar irritante su actitud laxa o evasiva frente a situaciones clamorosas de violaciones de los Derechos Humanos cometidas por regímenes represivos como el de Sudán, postura visible tanto en los tratos diplomáticos con estos países como en las abstenciones en las votaciones de la ONU de condena de los mismos. La búsqueda intensa del diálogo y la cooperación con los países africanos y de Oriente Medio tendía a pasar por alto las cuestiones de los Derechos Humanos en aras de la discusión de los problemas comunes, la cooperación económica, "los negocios" y el "intercambio cultural".

En mayo de 2005 Lula presidió en Brasilia una cumbre inédita entre 22 países árabes y sudamericanos. Fue otra baza importante del dirigente en su deseo de afianzar a Brasil como un actor de primer orden en las relaciones internacionales, relaciones que había que diversificar tanto como fuera posible. En la I Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y los Países Árabes (ASPA) el anfitrión volvió a dejar patente su posición propalestina y contraria a la colonización israelí de los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza. Posteriormente, en diciembre de 2010, Brasil iba a reconocer al Estado de Palestina.

11. La tormenta del Mensalão desarbola al PT: escándalos de corrupción y cascada de dimisiones en 2005

Al comenzar 2004, Lula quiso imponer su autoridad sobre la descontentadiza ala izquierda del PT realizando un "ajuste político". Este consistió en el despido o recolocación de cuatro responsables del área social del Ejecutivo, blanco de las críticas por la demora de resultados. Los afectados fueron: Ricardo Berzoini, ministro de Previsión Social; Benedita da Silva, ministra de Acción Social; José Graziano, ministro extraordinario de Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre (luego el responsable del programa Hambre Cero); y Cristovam Buarque, ministro de Educación. Berzoini fue retenido en el Gabinete como ministro de Trabajo y Empleo, su predecesor en esta cartera, Jaques Wagner, pasó a la Secretaría de la CDES, y de la misma fue liberado Tarso Genro para suplir a Buarque en Educación. Al abrir su primera crisis de Gobierno, Lula incorporó al mismo al PMDB, que se hizo cargo de los ministerios de Previsión Social (para Amir Lando) y Comunicaciones (para Eunício Oliveira).

El giro al centro dispuesto por Lula, remarcado por la decisión del PDT de pasarse a la oposición (la muerte en junio de su líder histórico, Brizola, no alteró la nueva postura de los trabalhistas), no hizo más que agudizar la inquietud de quienes pensaban que las reformas prometidas no terminaban de arrancar. Ahora mismo, dos frentes conflictivos preocupaban particularmente: el caos de inseguridad en los barrios de favelas de Río de Janeiro, donde las autoridades estatales se veían incapaz de contener los desmanes criminales de las bandas de narcotraficantes, lo que obligó al Gobierno federal a desplegar miles de soldados para apoyar a la desbordada Policía local; y el desafío del MST, que en abril lanzó una violenta campaña de invasiones de fincas para obligar al Gobierno a poner en marcha la reforma agraria.

El presidente, siguiendo el consejo de sus asesores, se ausentó de los actos de masas convocados por la CUT, el sindicato que había ayudado a crear, con motivo de la fiesta del 1 de mayo por temor a ser abucheado, luego de aprobar un insignificante aumento del salario mínimo de los 240 a los 260 reales: el Gobierno no podía subirlo más porque "no podemos gastar lo que no tenemos", explicó a modo de justificación Lula, quien no ocultaba su frustración y su pesar por el exiguo margen de maniobra financiera con que contaba para dar cumplimiento a sus promesas sociales. En junio, Lula recibió un doloroso bofetón en el Senado, donde el voto combinado de la oposición y de varios representantes del PT, el PMDB, el PL y el PSB rechazó la subida del salario mínimo de 20 reales, ya aprobada por los diputados, y a cambio aprobó un aumento de 35 reales.

Las elecciones municipales del 3 y el 31 de octubre de 2004 fueron un termómetro del estado de opinión nacional sobre la gestión federal del presidente y su partido, el cual resultó ser mayormente positivo, pero con fuertes mensajes de aviso. El PT triunfó en 409 prefecturas, incluidas las de nueve capitales estatales (Aracaju, Belo Horizonte, Fortaleza, Macapá, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio Branco y Vitória), pero perdió las emblemáticas de São Paulo y Porto Alegre, donde Marta Suplicy y Raul Pont fueron batidos por el socialdemócrata José Serra y el popular socialista José Fogaca, respectivamente. Nuevos sondeos demoscópicos confirmaron la recuperación de los altos niveles de confianza en Lula, que volvió a superar el 60% de aprobación popular.

Una vez iniciado 2005, la expulsión de un grupo de congresistas rebeldes del ala izquierda del PT (quienes formaron el Partido del Socialismo y de la Libertad, PSOL), el portazo del PPS al Gobierno y la pérdida de la presidencia de la Cámara de Diputados, que pasó a manos de la derecha por las rivalidades internas del petismo, precedieron la imputación de graves acusaciones de corrupción a la formación del presidente. El escándalo sacudió con la fuerza de un terremoto al PT, que quedó descabezado de varios de sus dirigentes con más renombre, y colocó a Lula en la situación más apurada de su presidencia, y acaso de su carrera política hasta ese momento.

Los casos de presunta corrupción en diversos ámbitos de la función pública y los partidos del Gobierno ya venían generando titulares periodísticos desde hacía meses. Pero la tormenta se desató en serio el 6 de junio de 2005, cuando el diputado Roberto Jefferson, presidente del PTB y aliado de Lula, en una entrevista a la Folha de São Paulo, acusó al círculo más interno del oficialismo de haber sobornado a cierto número de diputados de los partidos progubernamentales con 30.000 reales al mes para asegurar su lealtad en las votaciones de los proyectos de ley del Ejecutivo. 

Jefferson señaló particularmente al tesorero del PT, Delúbio Soares, encargado de poner en movimiento los maletines cargados de dinero, y entre otros detalles explicó que había informado personalmente de esta red de corrupción parlamentaria al presidente, el cual "lloró y lo abrazó" al enterarse de la fechoría, a su mano derecha, José Dirceu, y a otros responsables del Gobierno y el PT. Según Jefferson, una vez hecha la denuncia en Planalto, cesaron todas las compras de diputados.

Aunque el propio Jefferson había sido involucrado en las irregularidades detectadas en la Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos (EBCT) y el Instituto de Reaseguros Brasileño (IRB), y hubo de renunciar a sus cargos políticos —una situación chocante que, según algunos, no encerraba ironía, sino simple venganza por parte del denunciante, quien hizo sus explosivas revelaciones cuando afrontaba su propia indagación parlamentaria—, el escándalo del mensalão (mensualidad), como vino a llamarse este esquema de compra de votos de congresistas, ya era una descomunal bola de nieve echada a rodar, amenazando con arrollar a un número insospechado de personalidades políticas, sin distingos de colores y jerarquías.

Días después de su primera delación, Jefferson denunció en una nueva entrevista de prensa que el dinero de las mensualidades salía de empresas públicas y privadas, que el mismo era movido por el publicista Marcos Valerio, y que el trasiego de billetes afectaba, además de al PT y el PTB, al Partido Progresista (PP) del presidente de la Cámara, Severino Cavalcanti, y al PL del vicepresidente Alencar. 

También, pero esta vez ante el Consejo de Ética y Decoro Parlamentario de la Cámara de Diputados, Jefferson declaró que el ministro de la Casa Civil y durante siete años presidente del PT, Dirceu, comandaba una trama de corrupción que incluía los sobornos a diputados y la recaudación de fondos en una caja paralela para financiar campañas electorales de partidos aliados. Él mismo, Jefferson, había aceptado unos cuatro millones de reales para gastos proselitistas. Las detalladas imputaciones del político laborista fueron parcialmente corroboradas y ampliadas por divulgaciones independientes de diversos medios de comunicación.

Lula, que se topó con el vendaval precisamente cuando debía inaugurar en Brasilia el IV Foro Global de Lucha contra la Corrupción, un evento organizado por la ONU, intentó parar el Mensalão reiterando el compromiso ético, el suyo y el de su partido, en la lucha contra la "lacra" de la corrupción ("cortaremos en carne propia si fuera necesario", "no dejaremos piedra sobre piedra", aseguró), desbloqueando la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la presunta malversación por la EBCT (cuya directiva, al igual que la del IRB, cesó de un plumazo el 7 de junio) de fondos idos al bolsillo de miembros del PTB, y anunciando un amplio plan de reforma política para fiscalizar la financiación pública de los partidos y prohibir el transfuguismo durante las legislaturas.

Fue en vano. Un rosario de diputados, funcionarios y miembros del Gobierno comenzó a desfilar ante el Consejo de Ética para rendir cuentas de sus actividades, mientras sobre el jefe del Estado, pese al interés de Jefferson en exculparle de los hechos denunciados (el problema de Lula era, según el trabalhista, que estaba "secuestrado por la cúpula del Gobierno y el PT"), se cernía una crisis de credibilidad, siendo acusado desde diversos medios de prevaricación, cinismo, incompetencia o simple frivolidad. Para ellos, era sencillamente imposible que el presidente no supiera nada de tanto soborno y tanta financiación ilegal, perpetrados por personas con las que trataba todos los días y que trabajaban a pocos metros de su despacho oficial.

En otras circunstancias y con otro gobernante, el país habría prorrumpido tal vez en un clamor reclamando el juicio político al presidente, como había pasado con Collor de Mello trece años atrás, dada la gravedad de los chanchullos destapados. En realidad, ni el PMDB ni el PSDB estaban interesados en un abrupto desprestigio de Lula, cuya caída, tremendamente traumática sin duda, bien podía arruinar la estabilidad económica trabajosamente recuperada y hasta dar pábulo a un recambio político que tomase un vericueto populista o extremista. Entre las bases del PT y el MST el carisma de Lula era tan grande que, pese a tener motivos para estar descontentas por el lento ritmo de las reformas sociales, no podían concebir en él más condiciones que la inocencia y la no responsabilidad de lo que se imputaba a sus colaboradores más cercanos.

De todas maneras, sin solución de continuidad, comenzaron a rodar las cabezas. El primer capitoste en caer fue el superministro Dirceu, dimitido el 16 de junio de 2005. Lula no tuvo más remedio que sacrificar al lugarteniente de mayor confianza y poder, la eminencia gris del Ejecutivo, para que Dirceu pudiera defender su honorabilidad en las vistas del Consejo de Ética como simple diputado. 

Para reemplazarle en la jefatura de su Casa Civil, el presidente optó por Dilma Rousseff, la afanosa y eficiente ministra de Minas y Energía, apodada la Dama de Hierro del PT por su carácter fuerte, cuyo perfil era más técnico que político. Al promocionarla a este puesto, Lula reconocía a Rousseff los resultados de su estrategia energética para Brasil, que había aumentado la generación eléctrica haciendo hincapié en las fuentes alternativas de energía y conducido con algunos resultados tangibles, pese a su corto recorrido todavía, el Programa Nacional de Universalización del Acceso y Uso de la Energía Eléctrica, más conocido como Luz Para Todos.

El 23 de junio, en una sentida alocución al país, Lula reconoció que Brasil vivía "momentos críticos" y garantizó que los casos de presunta corrupción, una "pesadilla para los gobernantes y una vergüenza para el pueblo", serían investigados hasta el final y las responsabilidades depuradas con todo el rigor que hiciera falta. Al comenzar julio, el presidente firmó cuatro decretos sobre medidas anticorrupción y compareció en el XII Encuentro del FSP, donde trazó un nexo entre la consolidación de las conquistas democráticas y la implacabilidad de la lucha contra la corrupción.

En la segunda semana de julio, la enésima andanada de revelaciones periodísticas del Mensalão hizo insostenibles las continuidades de Silvio Pereira, el secretario general del PT, Delúbio Soares, el tesorero, y José Genoino, el presidente de la formación, que renunciaron a sus cargos orgánicos sucesivamente los días 4, 5 y 9. La cúpula del partido había quedado decapitada. Lula salió al paso realizando otra remodelación gubernamental, mientras que el PT se afanó en parar la hemorragia interna colocando a Tarso Genro, cuyas malas relaciones con Dirceu eran ampliamente conocidas, en la presidencia interina.

El 12 de agosto, tras desvelar Valdemar Costa Neto, presidente de PL, que en mayo de 2002 su grupo había aceptado coaligarse con el PT porque éste le había prometido 10 millones de reales y que el acuerdo lo adoptaron él, Dirceu y Soares mientras Lula y Alencar aguardaban en una sala contigua, el presidente, en un sombrío discurso televisado y radiado a la nación, flanqueado por sus ministros, aseguró sentirse "traicionado" e "indignado" por la catarata de "prácticas inaceptables" sacadas a la luz en los últimos meses y de las que "nunca tuve conocimiento". "No siento vergüenza de decir que el Gobierno y el PT tienen que pedir perdón", sentenció el mandatario.

12. La reelección de 2006; logros macroeconómicos y primeros resultados de los programas sociales

Las funestas repercusiones del Mensalão de 2005 pusieron en peligro la candidatura reeleccionista de Lula en 2006. En el petismo, militantes de sectores minoritarios convencidos de que la credibilidad del partido estaba indeleblemente manchada hallaron en la reacción pública del presidente un nuevo motivo de desilusión y parte de ellos decidió darse de baja, protagonizando otra ola de defecciones. Algunos dirigentes regionales y ministros no salpicados por la trama de sobornos y que se consideraban lulistas fieles sugirieron al presidente que considerara no presentarse a la reelección, a fin que el partido llegara a las urnas con un mensaje convincente de depuración interna y renovación.

Desde la oposición, el PSDB, persuadido de que el procesamiento de Lula solo traería perjuicios al país, se limitó a aguardar la conclusión del período constitucional, en la convicción de que su candidato en las presidenciales de 2006, Serra o tal vez Alckmin, ganaría a la persona en la que Lula, supuestamente, delegaría la postulación a cambio de terminar su mandato con tranquilidad. Y si Lula insistía en concurrir, pensaban los socialdemócratas, también él podía ser batido. Esta actitud moderada de la principal formación opositora, unida al incesante parte de buenas noticias económicas facilitado por el ministro Palocci, debió reafirmar a Lula en su decisión de, lejos de arrojar la toalla, presentarse a la reelección, aunque por el momento no hizo explícitas sus intenciones.

Al comenzar el otoño de 2005, el jefe del Estado se apuntó dos tantos consecutivos. Primero, con la elección del comunista Aldo Rebelo, un hombre de su confianza, para presidir la Cámara de Diputados en sustitución del progresista Cavalcanti, última personalidad alcanzada por las acusaciones de corrupción. Y poco después, en octubre, con la elección del candidato del llamado Campo Mayoritario, el ex ministro y actual secretario general Ricardo Berzoini, como nuevo presidente del PT. No llegó a disputar la interna Tarso Genro, el presidente interino, durante unos meses principal rostro de la alternativa petista que exigía la refundación del partido y el alejamiento del "núcleo hegemónico" tocado por el Mensalão, cuyo principal exponente era José Dirceu.

Una vez iniciado 2006, las encuestas volvieron a incidir en la imbatibilidad de Lula, que consiguió salir indemne de tres fuertes topetazos. El primero fue el relevo forzado en el Ministerio de Hacienda de Antonio Palocci, acusado de actos de corrupción en su anterior etapa como alcalde de la ciudad paulista de Ribeirão Preto; el 27 de marzo a Palocci le tomó el relevo el economista Guido Mantega, hasta entonces presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

A continuación, llegó el informe de la CPI del Congreso que reclamaba el procesamiento de una veintena de diputados y de los ex ministros Dirceu y Luiz Gushiken, antiguo secretario de Comunicación, por su implicación en el Mensalão, seguido de la petición del fiscal general de la República al Supremo Tribunal Federal de que se procesara a varios de estos servidores institucionales así como a la dimitida cúpula del PT. Y, como colofón, la explosiva afirmación del defenestrado secretario general petista, Silvio Pereira, desmentida al cabo de unos días en una igualmente impactante retractación, de que Lula "sabía todo lo que ocurría" en relación con los sobornos a los diputados.

El 24 de junio de 2006, en un momento en que gozaba de un 48% de intención de voto frente al apenas 19% de su principal rival, el socialdemócrata Geraldo Alckmin, Lula presentó oficialmente su candidatura reeleccionista "para continuar la lucha por un Brasil justo e independiente, y porque los pobres hoy son menos pobres". "Vuelvo a ser candidato porque Brasil hoy está mejor de lo que estaba a comienzos de 2003", aseguró el presidente en la Convención Nacional del PT celebrada en Brasilia. Además del PT, se adhirieron formalmente a la repostulación de Lula el Partido Republicano Brasileño (PRB) del vicepresidente Alencar —luego de abandonar el PL— y el PCdoB, dando lugar a la coalición tripartita Fuerza del Pueblo. De manera informal, renunciando a presentar candidatos propios, se alinearon tras el petista el PMDB, el PL, el PSB, el PP y el PMN.

En su Programa de Acción de Gobierno, cuyas directrices elaboró el XIII Encuentro Nacional del PT celebrado en abril, Lula partía de las realizaciones de su primer mandato, que ya estaban a la vista de casi todo el mundo, para seguir avanzando hacia la consecución de las grandes metas trazadas en 2002. Así, el presidente resaltó entre los logros de su gestión la cancelación anticipada de la deuda contraída con el FMI, lo que suponía una publicidad inmejorable para la captación de inversiones. 

En efecto, en enero del año en curso Brasil había saldado, con cargo a las recrecidas reservas internacionales del BCB, las dos últimas cuotas del crédito de 2002-2003, que vencían en 2006 y 2007 y sumaban 15.400 millones de dólares. La deuda externa había descendido a los 90.000 millones de dólares desde los 131.000 millones alcanzados en 2003, pero la deuda soberana, con las sucesivas emisiones del Tesoro Nacional, se estaba disparando sin medida (en 2008 la deuda doméstica del Estado iba a alcanzar unos astronómicos 870.000 millones de dólares, lo que suponía un crecimiento del 40% en solo dos años).

En cuanto a la inflación, había sido domeñada desde el 12,5% de 2002 al 3,2% de ahora, pero al precio de una política monetaria muy estricta que había limitado el crecimiento, en una coyuntura de gran demanda asiática de las exportaciones brasileñas del sector primario. En el cuatrienio 2003-2006 el PIB nacional había crecido a un ritmo promedio del 3,5% (2004 había sido el año puntero, con un 5,8% de crecimiento), tasa positiva que sin embargo estaba lejos de las alcanzadas por otras potencias emergentes como China e India, y que figuraba entre las más sobrias de América Latina.

Lula y su equipo destacaron también el sensible recorte del paro, hasta el 9% de la población activa, a pesar del fracaso objetivo del programa Primer Empleo —dirigido a los jóvenes desocupados—, así como los resultados, cuantificados en millones de beneficiarios, de las estrategias de transferencia de renta y rescate de la pobreza materializadas en los programas y campañas Hambre Cero, Bolsa Familia y el PNRA. Según el Gobierno, la gran mayoría de los niños atendidos por Bolsa Familia, que alcanzaba ya a más de nueve millones de familias con bajos o mínimos ingresos, accedía por lo menos a tres comidas diarias.

El Ejecutivo, de paso, rebatía las acusaciones de incurrir en el gasto populista que, más bien con timidez, se le hacían desde la oposición con el argumento de que la distribución directa de dinero y alimentos entre los necesitados eran unos auxilios impostergables del Estado que estaban produciendo una movilidad social real, procurando y consiguiendo que muchos de los beneficiarios, una vez alcanzando unos determinados niveles de renta, se integraran en la economía productiva como consumidores, cotizantes y contribuyentes tributarios, y dejaran de precisar esas ayudas. El PT insistía en que no buscaba fidelizar votos "comprando estómagos", sino saldar una deuda histórica con la población y dar oportunidades reales de prosperidad material e inclusión social.

Para el período 2007-2011, el PT ofrecía potenciar las actuaciones sociales para alcanzar los objetivos del desarrollo humano, donde, empero, quedaba mucho por hacer. La política fiscal de obtención de superavits primarios en la balanza financiera del Estado, que desde el primer año del mandato había arrojado porcentajes positivos superiores al 4% del PIB (los cuales estaban permitiendo pagar los intereses de la colosal deuda pública interna), sería flexibilizada, rebajando los objetivos de superávit al 3,75% original, para poder gastar más en Hambre Cero, salud, educación y vivienda.

La capacidad de Lula para sobreponerse a cualquier adversidad, si no de mantenerse blindado mientras cualquier otro oficial de su círculo y su partido podía caer en la sospecha y el oprobio en cualquier momento, era sorprendente. El mandatario, no obstante vestir sistemáticamente el traje y la corbata, siguió labrando con éxito la imagen de estadista campechano, conectado a las clases más populares de las que procedía, dando fe de un origen humildísimo que proclamaba con orgullo, alguna vez con asomos de confrontación clasista. Sus formas cálidas, sus contundentes gesticulaciones y su hablar simple y directo, entendible por las personas menos instruidas, acompañado de su característico timbre ronco de voz, permitían a Lula tocar la fibra sensible de sus paisanos, una mayoría de los cuales estaban listos para darle el segundo mandato. Sin embargo, esta cuasi invulnerabilidad tenía sus límites, como estaba a punto de comprobarse.

A una semana de las elecciones del 1 de octubre de 2006, Lula acariciaba en los sondeos la victoria en la primera vuelta sobre su principal adversario, el tucano Alckmin, cuando se vio obligado a retirar a Berzoini de la dirección de su campaña presidencial. El presidente del PT, quien tuvo que apartarse también de sus funciones orgánicas de manera temporal, estaba denunciando por un intento de compra de documentos fabricados que comprometían a José Serra, candidato del PSDB al Gobierno de São Paulo, en un falso caso de corrupción. 

Alckmin se apresuró a fustigar la "sofisticada organización criminal" en que se había convertido el partido del presidente, y al vapuleo se sumó la tercera aspirante presidencial más relevante, Heloísa Helena, uno de los disidentes petistas echados del partido en diciembre de 2003 y fundadora del PSOL; Helena era la postulante del Frente de Izquierda, una coalición de partidos socialistas y comunistas que consideraban que Lula había traicionado las esperanzas populares generadas en 2002.

El último episodio de la, en apariencia, interminable secuencia de desafueros del PT hizo mella en la operación reeleccionista de Lula, que, de nuevo, esta vez pese a su fardaje de realizaciones, no fue capaz de emular la hazaña de Cardoso en 1994 y 1998: con el 48,6% de los votos, al presidente le faltó menos de punto y medio para ahorrarse la segunda vuelta en un duelo personal con Alckmin, quien sacó el 41,6%. En el oficialismo cundió la convicción de que las elecciones presidenciales no se habían zanjado el 1 de octubre por culpa del dossiergate del PT paulista y por la torpe negativa de Lula a sostener un debate televisado con Alckmin en los últimos días de la campaña. El presidente libró la segunda campaña sin escabullirse del cuerpo a cuerpo dialéctico con su contrincante socialdemócrata y el 29 de octubre se llevó la reelección con el 60,8% de los votos.

En los demás comicios, el rendimiento del PT no fue sobresaliente. En las legislativas federales, el partido del presidente hubo de conformarse con 83 diputados, cedió el primer puesto al PMDB en la Cámara baja y en el Senado, renovado en una tercera parte (27 de los 81 senadores), solo dos de sus candidatos, Eduardo Suplicy por São Paulo y Tião Viana por Acre, revalidaron el escaño. En las elecciones a gobernador, los candidatos petistas se impusieron en Acre, Bahía, Pará, Piauí y Sergipe; en São Paulo, Aloizio Mercadante fue arrollado por José Serra. Un palmarés más bien discreto que quedaba mejorado por la participación del PT en las coaliciones comandadas por el PSB y victoriosas en Ceará y Rio Grande do Norte. Además, en otros nueve estados los gobiernos fueron para partidos —el PMDB, el PP y el mismo PSB— que encabezaban coaliciones donde el PT no estaba pero que a nivel federal formaban parte de la alianza pro Lula; de todos ellos, el presidente esperaba hallar colaboración y lealtad.

Al inaugurar su segundo mandato el 1 de enero de 2007, Lula se fijó como meta la vigorización del crecimiento económico, alcanzando una tasa mínima del 5% anual hasta el final del cuatrienio, en paralelo a la intensificación de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, todo ello sin renunciar al rigor fiscal, a pesar de que ya no había prescripciones del FMI. Una de las primeras medidas iba a ser la elevación del salario mínimo un 8,5%, muy por encima de la inflación. El Gobierno se esmeraría en dos terrenos en particular, el educativo, donde había un "grave déficit" que era urgente subsanar para que Brasil ofreciera a sus jóvenes un sistema formativo digno del siglo XXI, y el de la seguridad ciudadana, con mención particular de la apabullante violencia criminal en Río de Janeiro, que calificó de "terrorismo" y "barbaridad", a la que había que combatir "con una política fuerte y la mano dura del Estado brasileño".

La insuficiencia de mayoría cualificada en un Congreso atomizado movió a Lula a negociar una amplia alianza política que trascendió el ámbito de la coalición electoral Fuerza del Pueblo y sus adherentes oficiosos. Las complejas negociaciones desembocaron en una coalición, informal pero funcional, de diez partidos: además del PT, se comprometieron a apoyar activamente al Ejecutivo desde el Congreso el PMDB, el PRB, el PCdoB, el PSB, el PP, el PTB, el PDT, el PV y el Partido de la República (PR, ex PL), cuyos presidentes tomaron asiento en el Consejo Político de asesoría convocado semanalmente por el inquilino de Planalto; posteriormente, a estos grupos iban a sumárseles el PTC, el PMN, el Partido Social Cristiano (PSC), el Partido Laborista de Brasil (PTdoB) y el Partido Humanista de la Solidaridad (PHS).

Hasta marzo, Lula no desveló la composición del nuevo Gabinete, de signo continuista y sin cambios relevantes en los ministerios más importantes. PMDB, PRB, PSB, PP, PDT, PCdoB y PV obtuvieron cuotas ministeriales a la zaga del PT. La estrella ascendente del círculo de leales lulistas era Dilma Rousseff, la poderosa ministra jefa de la Casa Civil, que venía ejecutando o coordinando los programas desarrollistas del Gobierno.

El 22 de enero de 2007 Lula, Rousseff y el titular de Finanzas Guido Mantega presentaron, en un gran cónclave político en Brasilia que contó con la asistencia de todos los ministros federales, los gobernadores de 22 estados y los líderes de los partidos de la mayoría presidencial, el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), un ambicioso conjunto de políticas económicas a cuatro años vista e inversiones previstas de 504.000 millones de reales.

Con Rousseff como máxima planificadora y gestora, el PAC perseguía obtener un crecimiento económico anual del 5% hasta 2010 al tiempo que se avanzaba en la distribución más equitativa de la renta disponible y de la nueva riqueza generada. Para ese fin, el Estado invertiría masivamente en infraestructuras públicas y sociales (transporte, energía, vivienda, saneamiento, recursos hídricos) y estimularía el buen clima para las inversiones y los negocios otorgando facilidades crediticias, exenciones tributarias y otros incentivos fiscales, en particular a las industrias de bienes y servicios con peso tecnológico y más competitivas. La filosofía subyacente de la PAC era que el crecimiento por sí solo, si no estaba acompañado de unas políticas públicas activas, no traería la distribución de los recursos. Es más, entre los planificadores gubernamentales se opinaba abiertamente que primero había que distribuir para luego crecer, no al revés.

Al PAC le siguieron el Plan de Desarrollo de la Educación (PDE), de abril de 2007, cuya meta a largo plazo era alcanzar el nivel educativo de los países desarrollados en 2021, y el Programa Nacional de Seguridad Pública con la Ciudadanía (PRONASCI), lanzado por el Ministerio de Justicia en julio de 2007 y encaminado a disminuir los índices de delincuencia en las áreas metropolitanas más violentas de Brasil. En particular la turbulenta São Paulo, donde los enfrentamientos entre la mafia de las cárceles y las fuerzas del orden habían degenerado en mayo de 2006 en una sangrienta guerra urbana con un balance de más de medio millar de víctimas mortales entre pistoleros, policías y civiles. Una de las concreciones sectoriales del PAC fue el programa Minha Casa, Minha Vida , oficializado en marzo de 2009 con la participación de la Caixa Económica Federal y con el objetivo de construir un millón de viviendas subvencionadas destinadas a familias con bajos ingresos.

En julio de 2009 la UNESCO publicó un Country Programming Document (UCPD) sobre Brasil que ponía cifras a varios de los logros obtenidos por el Gobierno Lula en el terreno social. Destacaba el análisis de la pobreza general, que en solo cinco años, de 2003 a 2008, había descendido del 35% al 24,1%; en el caso de la pobreza extrema o indigencia, esta había caído del 13,7% al 6,6%.

13. Dos polémicas apuestas estratégicas: los biocombustibles y los transgénicos; las opciones energéticas de Brasil y la incierta protección de la Amazonía

Heredera de una industria que en Brasil se remontaba a la crisis del petróleo de 1973, la Administración Lula confirió un impulso formidable a la producción de combustibles obtenidos de la biomasa, de los que Brasil se convirtió en la principal referencia mundial, para su uso generalizado por el parque automovilístico. Se trataban del bioetanol, o alcohol etílico producido por la fermentación de cosechas de caña de azúcar, alternativo a la gasolina, y del biodiésel, sintetizado a partir del tratamiento industrial de diversos aceites vegetales obtenidos de oleaginosas como la soja y el ricino, alternativo al gasoil, de uso generalizado en el país sudamericano.

Al confiar en unos combustibles de origen no fósil, Brasil pretendía reducir al máximo su dependencia del petróleo y así adquirir la autosuficiencia en este terreno; de paso, se desarrollarían las pequeñas economías familiares del agro (en el caso del biodiésel) y se contribuiría a la reducción global de las emisiones contaminantes de efecto invernadero. Se aspiraba a surtir cuanta demanda interna hubiera, la actual y la generada por las nuevas normativas, y destinar una parte muy importante de la producción (fundamentalmente, la de etanol) a la exportación, con los consiguientes ingresos en divisas. 

Seguridad energética, requerimientos medioambientales, inclusión social y generación de empleo en el campo, y oportunidades comerciales eran, pues, las cuatro consideraciones que animaban a volcarse con los carburantes no minerales y por tanto renovables. Lula no dudó en calificar la apuesta estratégica por los biocombustibles de "revolución energética del siglo XXI", que convertiría a Brasil en el primer país con una economía sostenible en este ámbito.

El Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiésel (PNPB) fue inaugurado por el Ministerio de Minas y Energía en diciembre de 2004. En 2005 Brasil empezó a refinar biodiésel para usos comerciales en el mercado doméstico y a finales de 2006 el Gobierno anunció su intención de adelantar tres años, de 2013 a 2010, el plazo para hacer obligatoria la mezcla de diesel convencional con un 5% de biodiésel en todos los suministros para locomoción.

El programa de etanol, más orientado a la exportación, estuvo desde el principio destinado a alcanzar unas enormes dimensiones porque de su materia prima, la caña de azúcar, Brasil era con diferencia el principal productor mundial. En 2009 la producción nacional de etanol para combustible en motores de explosión fue de 24.900 millones de litros, esto es, el 37,7% de la producción mundial —exactamente la cuota de producción de caña de azúcar en la tarta mundial—, lo que situaba a Brasil solo por detrás de Estados Unidos, donde este biocarburante se obtenía del maíz, un producto mucho menos eficiente que la caña desde el punto de vista ambiental y con mayor impacto en la oferta mundial de alimentos.

Los dos gigantes americanos acaparaban el 89% de la producción mundial de etanol, si bien el sureño exportaba más que el norteño, que de hecho le compraba grandes cantidades de caña, muy barata en origen, para producir alcohol vegetal, aunque aplicándole unos aranceles que disgustaban vivamente a los brasileños. Brasil y Estados Unidos, tan desacompasados en numerosos temas, compartían pensamiento estratégico en este campo y 2007 conoció la consagración de la "diplomacia del etanol", por la que los presidentes Lula y Bush buscaban promover la producción y el uso del etanol destilado de la caña de azúcar en América Latina y el Caribe.

La industria del bioetanol no solo estaba cambiando los aspectos comerciales y diplomáticos del sector exterior de Brasil; también afectaba a la vida diaria de los brasileños. Para 2009, ya circulaban en el país más de ocho millones de vehículos, los llamados flex, por la flexibilidad en el tipo de combustible que podían consumir, pues funcionaban con cualquier proporción de gasolina y etanol (gasohol), incluida la fórmula de 100% de etanol hídrico (E100). El éxito de ventas de los vehículos flex más el uso obligatorio de los gasoholes E20 a E25 hicieron que el consumo de etanol/gasohol superase el de la más cara gasolina en 2008.

Lula y sus colaboradores no dejaron de ponderar las ventajas que ofrecían los biocombustibles, elevados prácticamente a la condición de panacea energética, ecológica, económica y social. El presidente fue muy explícito en la defensa de los carburantes verdes en la Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria Mundial, celebrada por la FAO en Roma en junio de 2008 y centrada en los desafíos del cambio climático y la bioenergía. Allí, Lula fustigó a los "lobbies petroleros" y a la industria europea del automóvil por oponerse al etanol de caña, cuyo uso debía verse como la "solución" a la crisis global. 

Ahora bien, activistas conservacionistas, ONG, miembros de la comunidad científica y gobiernos como los europeos no lo tenían tan claro. Fueron muy numerosas las voces autorizadas que formularon dudas y denuncias de diverso calibre en torno a las atribuidas bondades del etanol, pues, si bien se trataba de un carburante renovable, no era en absoluto "limpio", ya que su proceso de fabricación y su misma combustión, pese a las menores emisiones carbónicas en comparación con la gasolina, producían abundantes agentes contaminantes del suelo y el aire.

Además, seguían objetando, el etanol requería el cultivo exclusivo y sistemático de vastas superficies de terreno susceptible de ser arrebatado a la selva virgen y podía fácilmente empujar al alza el precio de los alimentos agrícolas por la disminución de las tierras que los producían, con el consiguiente perjuicio social. Todo lo contrario que lo argüido por Lula en la cumbre de la FAO en Roma, donde el presidente achacó la subida de los precios agrícolas a la "especulación" del precio del petróleo y a los subsidios europeos a la agricultura. Los biocombustibles no eran responsables, zanjó. En cuanto a la generación de riqueza social de base, si bien era cierto que el desarrollo del biodiésel ofrecía una oportunidad a los campesinos que podían cultivar en sus parcelas plantas oleaginosas con una salida comercial automática, la demanda de caña de azúcar parecía enriquecer solamente a los grandes cultivadores, las compañías del ramo y los terratenientes, donde la rapacidad era frecuente.

En julio de 2007, en su visita a la Comisión Europea en Bruselas, Lula reclamó a la UE que abriera sus mercados al etanol brasileño. Las autoridades comunitarias anunciaron al huésped sudamericano su intención de importar biocombustibles para lograr el objetivo de que la UE se nutriera en 2020 en un 10% de esta fuente energética, pero también le advirtieron que ellos, los europeos, no adquirirían etanol procedente de campos expoliados a la selva amazónica.

La batalla de la energía se libraba en múltiples frentes. El 8 de noviembre de 2007, precisamente en un momento de racionamiento del servicio doméstico de gas en Rio de Janeiro y São Paulo, el Gobierno anunció el descubrimiento el año anterior de un gigantesco yacimiento de petróleo de alta calidad en la cuenca submarina de Santos, frente al litoral del estado de São Paulo. Según cálculos preliminares, las reservas del hidrocarburo en el campo de Tupí, estimadas entre 5.000 y 8.000 millones de barriles y localizadas a 250 km de la costa y bajo un lecho de sal a unos 6 km de profundidad, permitirían a Brasil incrementar su producción petrolera de golpe un 50%, garantizar su autosuficiencia en este producto —alcanzada por primera vez en 2006 con el comienzo del bombeo en otro yacimiento más pequeño en la cuenca de Santos— y convertirse en un exportador neto.

El Ejecutivo se puso a elaborar un nuevo marco regulador de la explotación por Petrobras de la riqueza, aún inmensurable, que se escondía bajo la capa pre-sal para reservar al Estado una participación decisiva en todos los tramos del negocio en ciernes y para asegurar que las ganancias, previsiblemente grandiosas, revirtiesen de manera equitativa al Gobierno federal, los estados y, en última instancia, la ciudadanía. Poco después del hallazgo del campo Tupí —posteriormente renombrado campo Lula—, en enero de 2008, Petrobras anunciaba el descubrimiento de un segundo y enorme yacimiento de petróleo condensado y gas natural unos 40 km al este. El nuevo campo petrolífero de la cuenca de Santos recibió el nombre de Júpiter.

El hallazgo de esta reserva estratégica de petróleo, cuya explotación planteaba sin embargo importantes desafíos técnicos por la difícil ubicación del crudo, fue paralelo a la aceleración del programa nuclear, con la presentación de planes para la construcción de un tercer reactor de agua presurizada generador de electricidad, Angra 3, operado por Eletrobrás Eletronuclear en la Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto de Angra dos Reis, en Rio de Janeiro, y la botadura de un submarino de la Armada de propulsión atómica. 

Lula manifestó su entusiasmo con la energía extraída de la fisión del uranio, que junto con la producida por las nuevas centrales térmicas y eólicas permitirían suplir el déficit del sector hidroeléctrico, expuesto a las perturbaciones climáticas, y que además era "limpia y segura". El optimismo del dirigente brasileño incluía la convicción de que su país, con toda esta panoplia de progresos en los segmentos de producción, autoabastecimiento y penetración comercial, iba a ser "la mayor potencia energética del planeta dentro de 20 o 30 años".

A la controversia sobre los biocombustibles no le fue a la zaga la que envolvió la extraordinaria proliferación de los cultivos genéticamente modificados o transgénicos, donde la Administración Lula, a diferencia de la actitud que le merecían el etanol y el biodiésel, tardó en aclarar su postura.

Tras constituirse en 2003, el Gobierno del PT decidió prohibir el cultivo de vegetales transgénicos para alimentación humana, en una primera fase los de consumo doméstico y posteriormente los de exportación, después de que un equipo de la Universidad Católica de San Pablo llegase a la conclusión de que la manipulación genética de los alimentos, mediante la adición en laboratorio de genes exógenos para lograr nuevas propiedades, implicaba riesgos para la salud.

Entonces, un 8% de la soja que se cultivaba en Brasil era transgénica, y su siembra y recolección era el único medio de subsistencia de más de 10.000 pequeños agricultores. Mucho más importantes eran las cosechas de colza transgénica, de la que el país era junto con Argentina el principal exportador mundial. El freno inicial a la producción de transgénicos supuso una victoria para el Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Marina Silva, preocupada por las repercusiones ecológicas y sanitarias de estos cultivos, pero las contradicciones y los titubeos no tardaron en apoderarse de la cuestión.

A lo largo de 2004, en el Ejecutivo fueron ganando terreno las tesis favorables a los transgénicos esgrimidas por el Ministerio de Agricultura, cuyo titular, el ingeniero agrónomo João Roberto Rodrigues, representaba los intereses del sector agroexportador, responsable del superávit de la balanza comercial. Esta tendencia cristalizó en marzo de 2005 con la aprobación por el Congreso de la Ley de Bioseguridad, discutido texto de 42 artículos que daba luz verde a la producción y comercialización de productos transgénicos, así como a las investigaciones con células madre embrionarias, dos permisos que iban a dar un empujón histórico a la ya potente industria biotecnológica brasileña.

Organizaciones defensoras del medio ambiente reclamaron a Lula, en vano, que vetara la Ley de Bioseguridad porque a su entender los organismos modificados genéticamente eran un producto artificial potencialmente nocivo para el ser humano y los ecosistemas. Los peligros podían ser imprevisibles e irreversibles, empezando por la pérdida de biodiversidad, con todo su potencial para la investigación médica, a causa de la contaminación genética o el paulatino arrinconamiento de las semillas naturales. El diseño de cultivos resistentes a determinados herbicidas destinados a las malas hierbas animaba, temían los críticos, a emplear esos agroquímicos de manera indiscriminada, con los consiguientes daños para el suelo. Además, como sucedía con la caña de azúcar para destilar etanol y con la cabaña vacuna para producir carne, las plantaciones de soja (muy especialmente), maíz, colza o algodón transgénicos ponían a las tierras vírgenes bajo una fuerte presión.

Grupos de izquierda y antiglobalistas incidieron en la denuncia de que Lula se había plegado a los intereses de las multinacionales que, como Monsanto, hacían su agosto con los alimentos sometidos a ingeniería genética y cobraban regalías por la siembra de semillas con propiedad intelectual y patentes, práctica que enmarcaban en un deseo de controlar o monopolizar los precios y el conjunto de los mercados agrícolas. 

Por el otro lado, el Gobierno, consultores privados próximos a los intereses comerciales y grupos de investigación independientes presentaron numerosos informes donde se destacaban los beneficios económicos, ambientales y sociales de los cultivos transgénicos en Brasil. Según estos estudios, las cosechas genéticamente modificadas, al crecer más rápido, al producir granos o frutos en mayor número, de mayor tamaño o con características físicas más atractivas, y al ser más resistentes frente a las plagas de insectos u hongos y frente a los herbicidas, permitían ahorrar enormes cantidades de agua para riego, gasoil contaminante empleado por la maquinaria, fertilizantes e insecticidas.

Los transgénicos, concluían, eran la clave para una agricultura sostenible que reducía costes de producción, generaba más beneficios económicos para todo tipo de productores, desde los más ricos hasta los más humildes, y hacía frente al reto de la demanda creciente de alimentos por el aumento de la población. En 2009 Brasil se consolidó como el segundo país, tras Estados Unidos, en cultivos transgénicos con el 16% de la producción mundial, generada por 21,4 millones de hectáreas. Lula no era insensible a las advertencias de los sectores críticos con los transgénicos y propuso orientar la soja genéticamente modificada, no al consumo humano, sino a la producción de biodiésel.

Ya en el primer año del Gobierno del PT, salieron a relucir las divergencias entre la ministra Marina Silva, cuyos planteamientos hacían hincapié en el preciso equilibrio entre ecología y desarrollo económico sostenible, y el presidente y sus principales colaboradores, fogueados sobre todo en las luchas obreras de la ciudad, que tenían más presentes los poderosos intereses gremiales, a veces contrapuestos, de los diversos colectivos laborales y empresariales, pero que también predicaban la sostenibilidad. El mandatario aseguraba seguir comprometido con el ambientalismo, que era uno de los estandartes originales del PT, aunque su fijación por el salto económico y social, de la mano del agrocomercio, las plantaciones de transgénicos y las zafras para la producción masiva de etanol, le llevó a realizar importantes matizaciones.

Así, Lula advirtió que la Amazonía no podía ser vista como un "santuario de la humanidad" cerrado al "progreso" de sus habitantes, quienes también querían tener derecho a "agua, autos, carreteras y vías férreas". Tampoco le gustaba que "países calvos" que habían aniquilado sus bosques primigenios hacía mucho tiempo en aras del desarrollo industrial le dijeran a Brasil lo que tenía que hacer con sus mantos forestales. En efecto, el Gobierno brasileño era instado por la comunidad científica, las ONG y portavoces de la ONU y la Unión Europea a que invirtiera un mayor esfuerzo en proteger la biomasa amazónica, la gran recicladora de dióxido de carbono atmosférico en el planeta, cuyo retroceso solo podía empeorar el calentamiento global.

Las directrices económicas y energéticas, justificadas por el bienestar de los ciudadanos y el crecimiento nacional, tenían un complicado acomodo con las necesidades conservacionistas del manto de la pluvisilva, las vastas cuencas fluviales y la biodiversidad que acogían. Aún peor, pese a los decretos de veto de explotación maderera, a la conversión en áreas de protección ambiental y en parques nacionales de más de 20 millones de hectáreas y a la introducción de una legislación muy exigente, duras medidas penales inclusive, para impedir la explotación ilegal del campo, las talas, las quemas y las rozas indiscriminadas en áreas que teóricamente eran patrimonio público seguían campando por sus fueros.

A lo largo de 2004 y 2005, el Gobierno pidió paciencia para que pudieran apreciarse los resultados del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación de la Amazonía. Hasta bien iniciado el segundo mandato de Lula, la batería de medidas para frenar la deforestación no empezó a recoger fruto, a la luz de los datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente en 2008: frente a los 27.429 km² de superficie desarbolada en 2003-2004 se había pasado a solo 11.224 km² en 2006-2007, lo que suponía una caída del 59% en el ritmo de destrucción de la selva. 

En todo ese tiempo, las autoridades habían intervenido y disuelto más de un millar de empresas madereras y agropecuarias por violar la ley, y cientos de infractores habían sido juzgados y condenados a penas de prisión. En febrero de 2005 Lula envió al Ejército a Pará, en la Región Norte, para terminar con la impunidad e imponer el orden tras el asesinato de la misionera estadounidense Dorothy Stang, quien había denunciado las talas salvajes de los hacendados del estado.

Con todo, en el Gobierno siguieron brillando la descoordinación y las diferencias. El sector ecologista estaba en franca minoría y su representante más conspicuo, Marina Silva, terminó arrojando la toalla. En mayo de 2008, culminando un largo período de frustraciones por los límites de su agenda medioambiental y de preocupación por el avance de los transgénicos y el impacto natural de las grandes obras públicas para el aumento de la generación eléctrica y la apertura de corredores terrestres y fluviales, la ministra petista presentó la dimisión de manera irrevocable. 

El portazo de Silva enfureció a Lula, que era perfectamente consciente del daño que la renuncia de la ministra de Medio Ambiente causaba a la imagen internacional del Gobierno. Silva se marchó tras encomendar el presidente la coordinación del Plan Amazonía Sostenible (PAS), que definía cinco prioridades estratégicas para el desarrollo equilibrado de toda la región, no a ella, sino al ministro de Asuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, un reputado jurista y teórico social que no pasaba por un abanderado del ecologismo.

Un año después, el penúltimo de su mandato, Lula volvió a decepcionar a los sectores conservacionistas por la aprobación de la nueva normativa reguladora de la tenencia y explotación de fincas rústicas, que al entender de aquellos iba a amparar la ocupación ilegal de tierras forestales por terratenientes y ganaderos. Y en 2010 el Gobierno publicó la licencia para la construcción de una enorme presa hidroeléctrica sobre el río Xingú a su paso por Belo Monte, Pará, obra cuyas dimensiones solo serían superadas por la faraónica represa brasileño-paraguaya de Itaipú pobre el Paraná y que, según los ecologistas y los indígenas locales, iba a suponer la anegación de 500 km² de selva y el desalojo de 50.000 paisanos.

14. El liderazgo regional: el eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires, las divergencias con Chávez y la integración sudamericana

La conducción de los foros de São Paulo y Porto Alegre, las relaciones estrechas con la Cuba comunista cultivadas desde la década de los ochenta, la fuerte amistad con la Venezuela bolivariana de Chávez y la campaña contra el ALCA de Estados Unidos certificaron que, con Lula y el PT en el poder, Brasil empujaba a América Latina hacia la izquierda. Y lo hacía poniendo énfasis en los procesos de integración subregionales de carácter integral y autónomo, donde se dieran la mano el comercio abierto clásico y las consideraciones sociales y culturales de acuerdo con las especificidades locales. Los deseos de liderazgo hemisférico del nuevo Brasil de Lula eran evidentes, pero ni llegaron a tener una vocación hegemónica, ni dejaron de despertar recelos en varias capitales sudamericanas.

Además, el activismo brasileño se desarrolló en paralelo a la gestación, articulación y auge de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), bloque lanzado en 2004 por Chávez y Fidel Castro de carácter radicalmente político. El ALBA nacía impregnado de ideología antineoliberal, antiglobalista y antiimperialista, concebía un modelo de integración de sus miembros fundado en el boicot sistemático de todas las políticas de Estados Unidos, y se sustanciaba en una pléyade de consorcios interestatales y en el desarrollo solidario de los pueblos de la llamada Patria Grande, en particular con cargo al petróleo venezolano, dispensando por Caracas a sus socios con generosidad.

Lula colaboró con Chávez en varios aspectos del ALBA, pero ni se le pasó por la cabeza convertir en miembro del bloque a Brasil, que disponía de una agenda internacional propia pormenorizada, como correspondía a una potencia por méritos propios, y tenía una visión del resurgimiento latinoamericano sin aquella carga de militancia y confrontación ideológicas. Más aún, con el tiempo, surgieron capítulos de desacuerdo entre las dos figuras más influyentes de América Latina. El gigante brasileño, que aceptaba las reglas del mercado y componía con Estados Unidos, y el ALBA, que hablaba de revolución y que fue ganando adeptos y adquiriendo poder en todo el arco centroamericano-caribeño-andino hasta el final del mandato de Lula, convivieron con armonía o disonancias en según qué momentos.

Antes de conformar Venezuela y Cuba oficialmente el ALBA en diciembre de 2004, Lula dispuso de dos años en los que trabajó a fondo para dinamizar y ampliar el MERCOSUR, que debía contar con Venezuela como quinto miembro, admitir como asociados a terceros países como Colombia, Perú y Ecuador, y levantar aranceles con el alicaído bloque vecino del norte, la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

En esta empresa, Lula encontró un colaborador de excepción, el argentino Néstor Kirchner, llegado a la Casa Rosada en mayo de 2003 y exponente de un peronismo de centroizquierda, amén de firme defensor de la autonomía y la fortaleza del MERCOSUR. Brasil fue el destino de la primera salida de Kirchner al exterior en junio de 2003. En Brasilia, los dirigentes rubricaron una declaración de 32 puntos que subrayaba la fortaleza de la "alianza estratégica" entre las dos naciones, artífices y sostenedoras de un MERCOSUR que, empero, no pasaba por sus mejores momentos toda vez que las crisis económicas nacionales venían distorsionando seriamente la unión aduanera activada en 1995. En septiembre siguiente, Brasil y Argentina bregaron codo con codo en el seno del G20 durante las negociaciones con Estados Unidos, la UE y Japón en la Conferencia de Cancún.

Al poco, en octubre de 2003, Lula devolvió la visita por invitación de su huésped y suscribió con él el llamado Consenso de Buenos Aires —la expresión era deliberada, como contrapunto del denostado Consenso de Washington y el orden neoliberal implantando en América Latina en la década de los noventa—, por el que los mandatarios anunciaban su decisión de subordinar los pagos de la deuda externa a la "creación de riqueza y puestos de trabajo", y se reafirmaban en su intención de obrar con más "autonomía" para intensificar la cooperación bilateral y la integración regional, promover políticas sociales incluyentes, combatir la pobreza y avanzar en el crecimiento económico sostenido. 

La declaración consensuada destacaba las dimensiones añadidas del MERCOSUR, "un bloque no sólo comercial" que además constituía "un espacio catalizador de valores, tradiciones y futuro compartido". Kirchner fue más explícito que Lula en su llmado a "consolidar políticamente" el MERCOSUR como "un bloque de poder latinoamericano" alternativo a los designios de Estados Unidos para el subcontinente.

A continuación, mediado diciembre de 2003, en la XXV Cumbre ordinaria de la organización en Montevideo, los dos presidentes y sus homólogos uruguayo y paraguayo culminaron las negociaciones para la firma de un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) que pusiera en marcha la prevista área de libre comercio entre el MERCOSUR y tres países de la CAN, Venezuela, Colombia y Ecuador, y de paso otorgaron a Perú el estatus de asociado, del que ya disfrutaban Bolivia y Chile. Este ACE 4+3, al que en 2005 iba a seguir el ACE MERCOSUR-Perú, fue suscrito el 18 de octubre de 2014. En diciembre del mismo año Belo Horizonte acogió la XXVII Cumbre del MERCOSUR, saldada con la obtención por Venezuela, Colombia y Ecuador del estatus de asociación al bloque.

Con esta sucesión de desarrollos en el MERCOSUR, el eje brasileño-argentino enviaba un claro mensaje a Estados Unidos, que insistía en obtener un compromiso multilateral para echar a andar el ALCA. Chávez metió baza y el llamado eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires tuvo su puesta de largo en enero de 2004 en la Cumbre de Las Américas de Monterrey, que selló el destino del ALCA. Al igual que Lula, Kirchner se mantuvo fuera del ALBA, pero como aquel se mostró muy interesado en varios de sus proyectos y consorcios. La relación triangular entre el petista, el bolivariano y el peronista resultó fructífera.

La nueva "asociación estratégica" argentino-brasileña, que dio un giro completo a las malas relaciones bilaterales en los años de Cardoso y Carlos Menem, experimentó un nuevo impulso el 16 de marzo de 2004 cuando Lula y Kirchner, reunidos en Río de Janeiro, ampliaron el Consenso de Buenos Aires con el Acta de Copacabana. También denominado Consenso de Río, el documento tenía por objeto "definir una posición convergente en los temas comunes", empezando por la conducción de las negociaciones con los organismos multilaterales de crédito, que pasarían a desarrollarse dentro de una estrategia conjunta donde primaran "un superávit primario y otras medidas de política económica que no comprometan el crecimiento y garanticen la sustentabilidad de la deuda".

Ahora bien, un límite a este entendimiento lo ponían las barreras proteccionistas levantadas unilateralmente por Argentina contra la creciente entrada de mercancías brasileñas, fundamentalmente textiles y electrodomésticos. El problema comercial tenía profundo calado, ya que Kirchner, de hecho, recelaba de cómo se estaba configurando el mercado interno del MERCOSUR, con Argentina dedicada a suministrar materias primas y la más industrializada Brasil especializada en procesarlas, generando manufacturas que luego vendía de vuelta a su socio.

El julio del mismo año, 2004, Chávez y Kirchner firmaron una carta de intención para crear la compañía sudamericana de energía PetroSur, primera piedra del proyecto chavista de fundar una gran transnacional petrolera latino-caribeña, PetroAmérica. PetroSur nacía como un mero marco, sin personalidad jurídica por el momento, con la participación de la compañía estatal venezolana PDVSA y su equivalente argentino recién creado, Enarsa, pero Chávez deseaba sobre todo incorporar a la poderosa Petrobras, una empresa semipública; Lula se limitó a notificar que estudiaría la idea.

El 14 de febrero de 2005 Lula y Chávez adoptaron en Caracas diversos acuerdos de cooperación económica, entre los que destacaba un protocolo entre PDVSA y Petrobras para la construcción en Pernambuco de una refinería de petróleo venezolano con una inversión de 2.000 millones de dólares, y militar, inclusive un convenio de compra por la Aviación Nacional de Venezuela de 38 aviones de ataque ligero y entrenamiento Super Tucano y AMX-T fabricados por la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer). 

Poco después, el 2 de marzo, Lula, Chávez y Kirchner acordaron en Montevideo, aprovechando su coincidencia en la capital uruguaya para la toma de posesión presidencial del socialista y frenteamplista Tabaré Vázquez, establecer una posición común ante los organismos financieros internacionales y la compra mutua de títulos de deuda pública. Asimismo, abordaron la puesta en marcha de PetroSur y de la Nueva Televisión del Sur, TeleSUR, un canal de televisión dedicado a emitir noticias las 24 horas del día, dando la réplica latina a la programación en español de la estadounidense CNN.

Una nueva mini-cumbre tripartita, la cuarta de estas características, celebrada en Brasilia el 9 de mayo de 2005 en los prolegómenos de la I Cumbre América del Sur-Países Árabes, decidió la inmediata activación de estos dos ambiciosos proyectos en los campos energético y mediático. El foro PetroSur arrancó formalmente el 10 de mayo con la firma por los tres ministros de minería y energía de un acuerdo que tenía como objeto el desarrollo de proyectos petroleros compartidos por PDVSA, Petrobras y Enarsa.

Lula no descuidaba los tratos con el país líder del área mesoamericana, México. El 25 de septiembre de 2003 el presidente visitó a Vicente Fox, un homólogo conservador, y los interlocutores rechazaron que existiera una "rivalidad" entre Brasil y México por un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Un día después de condenar en Ciudad de México por enésima vez el "bloqueo inhumano" de Estados Unidos a Cuba, Lula recaló en La Habana para firmar con Fidel Castro una serie de convenios bilaterales, destacando un acuerdo marco para el pago de la deuda contraída por Cuba, unos 40 millones de dólares, con una parte de los ingresos cubanos por sus exportaciones a Brasil. Al mismo tiempo, una delegación empresarial brasileña firmaba con el Gobierno cubano acuerdos de inversión por valor de 200 millones de dólares.

En el ámbito multilateral latinoamericano exterior al MERCOSUR, en 2003 Lula asistió a la XVII Reunión del Grupo de Río, en la peruana Cuzco en mayo, y a la XIII Cumbre Iberoamericana, en la boliviana Santa Cruz de la Sierra en noviembre. El frenético activismo internacional de Lula en su primer año de mandato, desgranado en parte en el epígrafe 10 de este documento (véase supra), se completó con tres giras continentales: en Europa, en julio y con etapas en Portugal, el Reino Unido y España; la realizada por África subsahariana en noviembre y que revistió un carácter histórico porque incluyó a las ex colonias lusas de São Tomé y Príncipe, Angola y Mozambique, además de Namibia y Sudáfrica; y, marcando un precedente también, la efectuada en Oriente Próximo en diciembre, con paradas en Siria, Líbano, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Libia.

La capacidad de Lula para conectar sin dogmatismos con los planteamientos de presidentes de tendencias diferentes escribió un nuevo capítulo prolífico con el peruano Alejandro Toledo, quien se situaba bien lejos de la órbita bolivariana y que además no renegaba del proyecto del ALCA. Toledo le estaba muy agradecido a Lula por su promoción de la inserción de Perú en el MERCOSUR como socio en el capítulo del libre comercio, así que le expuso y confió su ambicioso proyecto de institucionalizar las Cumbres Sudamericanas que venían celebrándose desde 2000 (y que eran un marco intergubernamental inaugurado a iniciativa, precisamente, del Gobierno de Cardoso, pero que por el momento carecía de personalidad jurídica) con la creación de una nueva organización regional, la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). Lula encontró excelente la idea y Kirchner, con algunos dudas iniciales, terminó por aceptarla.

La suerte de tándem formado aquí por Lima y Brasilia quería que el proceso de convergencia económica y política de los doce países de América del Sur desembocara a medio plazo en una vasta área de libre comercio fundamentada en el engarce del MERCOSUR y la CAN. La CSN, que aspiraba, inspirándose en la Unión Europea, a dotarse de un mercado común y un parlamento sudamericano, vio la luz con la Declaración de Cuzco, firmada el 8 de diciembre de 2004 en el curso de la III Cumbre Sudamericana, con Toledo de anfitrión. El jefe de Estado peruano fue el primer secretario pro témpore de la CSN, hasta septiembre de 2005, cuando traspasó el testigo a Lula en la que fue la I Cumbre oficial de la CSN, en Brasilia.

El brasileño prefirió no hacer conflicto del convencimiento por Toledo de que la CSN era compatible, además de con el ALBA, cuyo horizonte era latinoamericano e incluso panamericano, no limitado al subcontinente meridional, con el ALCA. Pero para Chávez esto no podía ser, además de que el venezolano tampoco aceptaba que la CAN, que él quería liquidar a toda costa porque la veía como una especie de caballo de Troya de Estados Unidos, fuera, junto con el MERCOSUR, uno de los pilares de la CSN. En cualquier caso, el líder bolivariano aprovechó la I Cumbre de la CSN para adoptar con Lula y Kirchner nuevos acuerdos energéticos en el ámbito de PetroSur.

Al margen de los vericuetos de la naciente CSN, que iban a ser auspiciosos, en la segunda mitad de 2005 y en todo 2006 Lula, Kirchner y Chávez prosiguieron sus encuentros en comandita, ilusionándose —sobre todo el venezolano— con ambiciosos proyectos hemisféricos como el Gran Gasoducto del Sur, una tubería de, dependiendo de los croquis del trazado, entre 8.000 y 15.000 km para transportar diariamente 50 millones de m³ de gas natural desde Venezuela, el socio creso en hidrocarburos, hasta Brasil y Argentina. La megaobra de ingeniería, con un coste estimado de 23.000 millones de dólares y un período de construcción no inferior a los seis años, figuraba en un Memorando de Entendimiento sobre Interconexión Gasífera suscrito por los ministros de Energía de los tres países amigos en diciembre de 2005 en la XXIX Cumbre del MERCOSUR, en Montevideo. Por supuesto, el Gran Gasoducto se acometería en el marco de PetroSur.

En la cita montevideana, además, se adoptó el Acuerdo Marco de Adhesión de Venezuela al bloque comercial. El Protocolo de Adhesión de Venezuela al MERCOSUR como Estado miembro de pleno derecho lo firmaron Lula, Chávez, Kirchner, Vázquez y el paraguayo Nicanor Duarte en Caracas el 4 de julio de 2006. Pero, para enorme frustración del venezolano, la entrada en vigor del Protocolo iba a quedar paralizada por las reticencias y bloqueos planteados en los parlamentos de Brasil y Paraguay, cuya ratificación de lo acordado por los ejecutivos era insoslayable.

La suspensión sine díe del ingreso de Venezuela en el MERCOSUR a causa de las trabas legislativas en Brasilia y Asunción puso un borrón en las relaciones entre Lula y Chávez al que los presidentes no quisieron dar bombo. Sin embargo, las diferencias entre ambos empezaron a amontonarse. A Lula le desconcertó la decisión por Chávez de abandonar de manera intempestiva una CAN a la que daba por difunta desde el momento en que dos de sus miembros, Colombia y Perú, estaban en tratos librecambistas con Estados Unidos. Además, Brasil empezó a perder a ojos vista interés en el Gran Gasoducto del Sur por su coste desorbitado y los tremendos desafíos técnicos de una obra de esta envergadura, "enfriamiento" del que Chávez se quejó en público. Más aún, podía hablarse de un choque de trenes energéticos al acelerar Lula su estrategia de los biocombustibles y apostarlo Chávez todo al petróleo.

Por respeto a su amigo y sus políticas soberanas, Chávez no vertió críticas a Lula por entenderse en este terreno con nada menos que con Bush, retratado por el bolivariano como el mismísimo "Diablo", pero las suspicacias flotaban en el aire y en abril de 2007 el hombre fuerte de Caracas dio rienda suelta a su disgusto calificando de "locura" el concepto estadounidense de la ''sustitución de la gasolina por el etanol" en detrimento de la agricultura para alimentos. Con todo, Chávez se apresuró a puntualizar que a él no le iban a arrastrar a ninguna "pelea" con Lula en torno al tema del etanol, pues el enfoque que Brasil tenía del mismo era "una cosa muy distinta".

El debate energético se enmarañó sobremanera entre 2006 y 2007 por la decisión del nuevo presidente de Bolivia, el indígena socialista Evo Morales, rápidamente reclutado para el ALBA, de nacionalizar la industria hidrocarburífera sin indemnizaciones a las compañías contratistas afectadas y exigir a Brasil (y a Argentina) unas mayores tarifas de pago del gas, que era mucho, comprado a La Paz.

Las incautaciones expeditivas de las instalaciones gasíferas concitaron crispación en las autoridades brasileñas porque los intereses de Petrobras, encargada de extraer el 70% de gas natural suministrado a Brasil y con dos refinerías en el país andino, salieron perjudicados, lo que complicó las negociaciones sobre las nuevas tarifas de exportación. En esta trifulca, Chávez se puso discretamente del lado de Morales. Una cumbre a cuatro celebrada en mayo de 2006 en Puerto Iguazú entre Lula, Kirchner, Morales y Chávez dejó la cuestión sin resolver, aunque al final Lula se plegó a un fuerte aumento del precio del gas boliviano y a la compra por la hispano-argentina YPFB de las dos refinerías operadas por Petrobras. Por si fuera poco, el MERCOSUR iba de mal en peor por el pertinaz proteccionismo argentino y el gravísimo conflicto generado entre Buenos Aires y Montevideo por la papelera instalada en la orilla uruguaya del río Uruguay.

En 2007 la diplomacia brasileña actuó con asomos de rivalidad con Venezuela para frenar la creciente influencia de Chávez en toda la región, toda vez que el ALBA-TCP, haciendo ondear las banderas revolucionarias y antiimperialistas, no hacía más que crecer: Nicaragua se incorporó al bloque en enero de 2007, Honduras lo hizo en agosto de 2008 y el Ecuador de Rafael Correa dio el paso en junio de 2009. En agosto de 2007 Lula realizó una gira por México, Centroamérica y el Caribe para promover la tecnología brasileña del etanol, al tiempo que los buques cisterna venezolanos surcaban el mar regional para entregar a los numerosos socios de PetroCaribe sus preciados cargamentos de crudo a precios "solidarios".

De todas maneras, Lula y Chávez se respetaban y apreciaban demasiado como para permitir que sus diferencias se airearan en exceso y terminaran fracturando el "eje progresista" sudamericano. El Gran Gasoducto del Sur nunca pasó de la fase de esbozo, pero el 9 de diciembre de 2007 Lula, Chávez, Kirchner —en la víspera de la entrega de la banda albiceleste a su propia esposa, Cristina Fernández—, el boliviano Morales, el ecuatoriano Correa y el paraguayo Duarte sentaron en Buenos Aires las bases del Banco del Sur.

En sus tres últimos años de mandato, Lula hizo notar con fuerza su liderazgo y autoridad en el hemisferio. El 23 mayo de 2008 los doce presidentes del subcontinente firmaron en Brasilia el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), el nombre definitivo dado a la CSN. La I Cumbre de la UNASUR tuvo lugar en Santiago de Chile en septiembre de 2008 en respuesta a la aguda crisis política interna de Bolivia, donde el Gobierno de Morales enfrentaba el desafío autonomista de la región oriental del país que atesoraba los yacimientos de gas: una disrupción del suministro podía resultar desastrosa para las economías de los países importadores.

Aunque la convocatoria de la reunión con carácter de emergencia corrió a cargo de la presidenta Michelle Bachelet por ejercer Chile a presidencia de turno de la UNASUR, fue Lula el que llevó la batuta con habilidosas dotes de mediación. Antes de terminar el año, el 16 y el 17 de diciembre, el presidente brasileño orquestó en el balneario de Costa do Sauípe, Bahía, una "megacumbre" americana constituida nada menos que por cuatro eventos multilaterales: la XXXVI Cumbre del MERCOSUR, una cumbre extraordinaria de la UNASUR, la I Cumbre de América Latina y Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) y, en el marco de la anterior, una Reunión Extraordinaria del veterano Grupo de Río, con la inclusión además del cubano Raúl Castro.

Los procesos integracionistas caros a Lula avanzaban a buen ritmo y en marzo de 2009 emergió bajo el paraguas de la UNASUR el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS), una idea original de Lula para prevenir conflictos regionales que fue entusiásticamente acogida por Chávez y que se fundaba, rezaba la Declaración de los ministros, en "el respeto irrestricto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los estados, la no intervención en sus asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos". Las piezas del mecano regional iban encajando y en febrero de 2010 la II Cumbre de la CALC y la XXI Reunión del Grupo de Río, subsumidas en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, en Riviera Maya, México, alumbraron la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), nueva y vasta organización hemisférica que comprendía todos los países desde la frontera del río Grande hasta el cabo de Hornos, tomando el relevo tanto a la CALC como al Grupo de Río.

15. La iniciativa mediadora en el conflicto nuclear de Irán, inoportuna para Estados Unidos

La cacareada "alianza del etanol" con Estados Unidos, que había puesto un paliativo "estratégico" al antagonismo en la cuestión del ALCA, proyecto fenecido del que el Gobierno de Brasilia era principal sepulturero, y en las negociaciones de la ronda de Doha de la OMC, llegó a su máxima expresión en marzo de 2007 con el intercambio de visitas por Lula y Bush para acordar la expansión de la producción y el comercio del biocombustible como alternativa del petróleo. Existían también aproximaciones en la manera de afrontar la crisis financiera global y en la apuesta por los transgénicos. Sin embargo, las dos superpotencias americanas tenían enfoques divergentes en virtualmente todo lo demás, haciendo inviable un mayor grado de complicidad en las grandes cuestiones mundiales. Un buen número de fricciones aguardaban a la vuelta de la esquina, y estas adquirieron una especial visibilidad tras llegar en enero de 2009 Barack Obama a la Casa Blanca.

El nuevo enfriamiento de las relaciones brasileño-estadounidenses no dejó de ser paradójico, pues el demócrata Obama, por trayectoria personal y por ideología de partido, estaba a priori en condiciones de sintonizar mucho mejor con Lula que el republicano y derechista Bush. De hecho, los dos presidentes de entrada intercambiaron cumplidos y reconocimientos de mutua admiración, como pudo verse en marzo, en la recepción del brasileño en el Despacho Oval, y a continuación en abril, en la II Cumbre del G20 en Londres y en la V Cumbre de Las Américas en Trinidad y Tobago. En esta última cita, Obama empleó un lenguaje grato a los brasileños ansiosos de relaciones de equidad al reconocer que en el pasado su país había "desatendido" o "tratado de dictar sus condiciones" a sus vecinos del sur, y al comentar su deseo de "pensar en el futuro" y de "buscar una alianza entre iguales" basada "en el mutuo respeto, los intereses comunes y los valores compartidos".

Tras esta buena impresión de partida, Lula no se mordió la lengua a la hora de criticar el acuerdo suscrito en octubre en Bogotá por los representantes de Washington y el Gobierno de Álvaro Uribe para el acceso por el Ejército estadounidense a una serie de facilidades militares colombianas como parte de la lucha conjunta contra el terrorismo y el narcotráfico en la región. El año terminó con la inesperada convergencia de los dos países en las negociaciones tras las bambalinas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Copenhague, pero también con un desacuerdo frontal en relación con la crisis política de Honduras. 

Aquí, el Departamento de Estado adelantó que reconocería al conservador Porfirio Lobo como el ganador de las elecciones celebradas en el país centroamericano el 29 de noviembre, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores insistía en la legitimidad y la reposición del presidente prochavista depuesto en el golpe de Estado de junio, Manuel Zelaya, el cual había tomado refugio en la legación brasileña en Tegucigalpa antes de recibir un pasaje seguro a la República Dominicana.

Había otras cuestiones que levantaban resquemores llevaderos en los dos gobiernos, como la política monetaria ultraexpansiva de la Reserva Federal, diametralmente opuesta a las restricciones ancladas por el BCB (el 0% de tipo de interés en un caso y el 8,75% en el otro), o el suculento contrato con Francia de adquisición de armamento pesado para la Armada y la Fuerza Aérea brasileñas. Sin embargo, el asunto que terminó de enturbiar del todo las relaciones bilaterales fue la implicación de Lula, en un alarde de activismo "fuera de área", en el enquistado contencioso nuclear de Irán.

Para empezar, la Administración Obama encontró desagradable la recepción con alfombra roja dada en noviembre de 2009 al polémico presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, que recaló en Brasilia como la primera parada de una gira latinoamericana proseguida en Bolivia y Venezuela. Ignorando las críticas externas y las manifestaciones de protesta domésticas, las cuales recordaban las declaraciones homófobas, el negacionismo del Holocausto judío, las amenazas militares a Israel y los desmanes represivos de Ahmadinejad y la República Islámica shií, Lula, que invocaba los intereses comerciales y las posibilidades de la cooperación en biotecnología y energía aunque —a diferencia de Evo Morales y Chávez— se abstuvo de toda retórica antiimperialista, dispensó un trato untuoso a su huésped iraní, el cual traía una comitiva de 200 empresarios.

El Gobierno brasileño opinaba que Irán, objeto de sanciones por la ONU y en el punto de mira militar de Estados Unidos con Bush, estaba en su perfecto derecho a desarrollar un programa nuclear para usos civiles y pacíficos, tal como insistía Ahmadinejad, al igual que Brasil tenía el suyo, ajustado a todas las regulaciones y tratados internacionales. Lula estaba genuinamente interesado en explorar las posibilidades de su país como intermediario en el conflicto palestino-israelí y como agente del diálogo entre Occidente e Irán. 

Así que el 17 de mayo de 2010 dio un aldabonazo al presentar en Teherán, conjuntamente con el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, y un pletórico Ahmadinejad, una iniciativa que buscaba evitar la cuarta ronda de sanciones de la ONU contra Irán patrocinadas por el llamado Grupo 5+1, es decir, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania. La clave de la declaración de Teherán era una permuta de 1,2 toneladas de uranio enriquecido, de baja graduación pero susceptible de municionar una bomba atómica, por 120 kilos de uranio occidental de mayor graduación destinados exclusivamente al reactor experimental iraní.

La propuesta turco-brasileña, realizada por dos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, para enviar a Turquía el cargamento de uranio iraní poco enriquecido a cambio de las varillas más enriquecidas certificadas por la AIEA fue acogida por Estados Unidos con sorpresa y con un malestar que dejó muy patente la secretaria de Estado Hillary Clinton, la cual indicó que la idea de la transacción del uranio enriquecido dejaba varios puntos sin aclarar y no suprimía el peligro de que Irán, clandestinamente, pudiera desarrollar armamento nuclear pese a todas su garantías verbales. Es más, la jefa de la diplomacia estadounidense echó en cara a Lula y al canciller Amorim que "hacer que Irán gane tiempo" hacía "al mundo más peligroso".

Desde Río de Janeiro, donde dirigía el III Foro de la Alianza de Civilizaciones, Lula defendió su actuación con Erdogan en pro de una "solución negociada" alegando que quien ya poseía la bomba no estaba en condiciones de "negarle a nadie el derecho a tenerla", que la energía nuclear debía ser "un instrumento para el desarrollo, no una amenaza", y que "las posiciones inflexibles solo ayudan a la confrontación y alejan la posibilidad de soluciones de paz". Al final, el plan Lula-Erdogan quedó en agua de borrajas porque el 9 de junio el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la cuarta ronda de sanciones militares, financieras y de transportes contra Irán. Para no incurrir en una clamorosa incongruencia, pero asumiendo los costes políticos que este posicionamiento pudiera acarrear, los representantes de Brasil y Turquía votaron en contra de la resolución.

Su disgusto por las gestiones unilaterales de Lula en el frente de Irán, que desde su perspectiva socavaban los esfuerzos estadounidenses para someter al régimen de los ayatolás a una cuarentena internacional, lo expresó Obama renunciando a participar a finales de mayo en el III Foro de la Alianza de Civilizaciones y declinando la invitación brasileña de realizar una visita de Estado antes de las elecciones generales de octubre de 2010 (esta visita iba a producirse, pero con Lula ya fuera de la Presidencia, en marzo de 2011). En la recta final de su mandato, un decepcionado Lula confesaba su "tristeza" porque los Estados Unidos de Obama, pese a los discursos presidenciales, "no hubieran cambiado" la relación con América Latina, cuya "importancia" el poderoso vecino del norte "seguía sin reconocer".

16. El final de ocho años de mandato: un legado de progreso y sucesión por Dilma Rousseff

Cuando se aproximaba al ecuador de su segundo y, con la Constitución en la mano, improrrogable mandato de cuatro años, la Administración Lula vivía un momento extrañamente singular. 

Aunque el partido que la sustentaba arrastraba el descrédito ético del monumental escándalo del Mensalão y sus epígonos, que habían fundido a varias de sus luminarias (Dirceu, Genoino, Soares, Pereira y Palocci, siendo los dos primeros procesados, juzgados y finalmente condenados, ya en 2012, a penas de cárcel, mientras que el actual presidente orgánico, Ricardo Berzoini, también había visto cuestionada su honorabilidad en la campaña electoral de 2006, sin olvidar la renuncia en mayo de 2007 del ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau, por embolsarse los típicos sobornos empresariales de gratificación por concesiones), el presidente disfrutaba de una luna de miel con sus conciudadanos, que le veían por encima y al margen de todo chanchullo y corruptela, y a cuyos carisma, liderazgo y autoridad moral se rendían con variadas muestra de devoción, afecto o respeto.

En el país ya se hablaba del fenómeno del lulismo, una especie de afinidad simpática que reconocía los méritos y trascendía ideologías o militancias partidistas. Además, Lula se había convertido en el más influyente y respetado estadista de América Latina, a tenor de lo visto en los procesos intergubernamentales del subcontinente, en la cooperación con las economías emergentes de Asia y en la interlocución con los país ricos del Norte. Lula no dudó en valerse de esta extremada personalización de su Gobierno para imponer sus criterios a los petistas más reticentes de cara a la elección presidencial de 2010, que sin él como candidato se presentaba abierta dentro de la competencia formal en democracia. El presidente ya tenía decidido su delfín y dejó poco margen para la incertidumbre.

El 8 de septiembre de 2008, en una entrevista al diario argentino Clarín, el mandatario manifestó que "con mucha humildad" él iba a escoger a su sucesor y que, aunque por el momento no podía desvelar su identidad, había "muchas posibilidades" de que fuera una mujer. El nombre de Dilma Rousseff estaba en boca de todos. Lo implícito debía hacerse explícito y las insinuaciones fueron cobrando fuerza en los dos meses siguientes. El 23 de septiembre el ministro de Educación, Fernando Haddad, expresó su "creencia" de que el presidente, en efecto, se había decantado por la gobernanta de su Casa Civil. El 9 de octubre el oficialismo dio un paso más por boca del ministro de Justicia, Tarso Genro, quien aseguró a la Agência Brasil que la opción preferencial de Lula era "visible", tratándose sin duda de Rousseff.

El presidente se pronunció ya sin perífrasis el 13 de noviembre de 2008 en una rueda de prensa en Roma, donde se hallaba en visita oficial. "Querría que Brasil, después de mí, fuera gobernado por una mujer, y ya existe la persona adecuada: es Dilma Rousseff", declaró el huésped sudamericano. Un mes más tarde, Lula insistió en que su colaboradora era la persona "mejor preparada" para sucederle en el cargo, pero admitió que, pese a su alta función ejecutiva, debía hacerse "más conocida" dentro y fuera del país, animándola entre líneas a que se diera publicidad. Pese a todos sus elogios, Lula aseguró que aún no había conversado "ni una sola vez" con la interesada sobre su posible candidatura presidencial, afirmación que suscitó perplejidad y escepticismo. Asimismo, indicó que la posibilidad de volver a postularse él en 2014 le parecía una "hipótesis absurda".

Rousseff guardó reserva durante unos meses, después de haber negado en reiteradas ocasiones que tuviera ambiciones presidenciales. Aunque contaba con un padrino político de excepción y probablemente decisivo, sus hándicaps personales no eran nimios. En efecto, distaba de ser un personaje público con fuerte tirón popular, su imagen era más bien la de una tecnócrata adusta y fría dentro de su eficacia y no tenía ninguna experiencia en campañas proselitistas con su nombre al frente. En el PT, había no pocas dudas sobre su idoneidad, mientras se barajaban, con escaso fundamento, las alternativas de Tarso Genro y de la ex ministra de Turismo Marta Suplicy, cuya reciente derrota en la tentativa de recuperar la prefectura de São Paulo, de la que había sido descabalgada en 2004, la hacía inviable de hecho.

Además, en los últimos tiempos la ministra de la Presidencia había tenido que defenderse de dos denuncias contra la Casa Civil, sobre que había elaborado un dossier relativo a los gastos económicos del ex presidente Cardoso y su familia, y sobre que había presionado a la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que vendiera la división de logística de la quebrada aerolínea Varig, Variglog, a un consorcio estadounidense-brasileño cuya composición de capital podía violar la normativa nacional sobre la adquisición por extranjeros de compañías aéreas.

Todos estos factores pesaban, así que al finalizar 2008 quien seguía al frente de las preferencias de los electores, proclamaban los sondeos, era el aspirante del PSDB, José Serra, político bastante bregado en estas lides. Tras perder frente a Lula en 2002, desde 2007 Serra gobernaba en São Paulo recostado en un grueso colchón de votos. Ahora mismo, Rousseff, con apenas un 10% de intención de voto, iba 30 puntos por detrás del paulista y estaba a la zaga también de Ciro Gomes, el ministro de Integración Nacional del PSB en 2003-2006 y ahora diputado federal por Ceará, y de la ex petista Heloísa Helena, líder del PSOL y tercera en la elección presidencial de 2006. La ministra tenía por delante un arduo trabajo de remontada y sus opciones no estaban en absoluto aseguradas.

El 2 de marzo de 2009, en un encuentro con prefectos paulistas en Campinas, Rousseff admitió que era "precandidata" presidencial del PT, pero que, a pesar de la multiplicación de sus actividades públicas y su trajín viajero en las últimas semanas, todavía no estaba en la campaña oficiosa. Aún faltaba año y medio para las elecciones, y se desconocía si el PT iba a definir a su candidato por aclamación, como había hecho siempre con Lula, o a través de unas primarias en las que la favorita del jefe del Estado tendría que competir con otros aspirantes.

El 25 de abril de 2009, cuando su candidatura ya empezaba a animarse en los sondeos, Dilminha, como cariñosamente la llamaba Lula, sobresaltó el curso político al revelar que acababan de extirparle un tumor linfático maligno, detectado semanas atrás en un nódulo de la axila izquierda, y que tenía por delante unos cuantos meses de tratamiento con quimioterapia bastante agresivo, lo que no iba a impedirle desempeñar sus funciones oficiales. El linfoma había sido removido y la convaleciente ya parecía estar fuera de peligro, pero el 19 de mayo Rousseff hubo de ser ingresada por unas horas en un hospital de São Paulo al presentársele una dolorosa miopatía, una inflamación de tipo muscular, en las piernas, producida al parecer por la terapia química.

La inesperada alarma médica, bien que fugaz, de la pretendiente oficialista revivió las especulaciones, alentadas por ciertos movimientos de congresistas petistas y pemedebistas, sobre la posibilidad de enmendar la Constitución a toda prisa para permitir a Lula presentarse por tercera vez y enfrentarse a Serra, quien en tal caso sería derrotado casi con toda certeza. Pero el mandatario se apresuró a enterrar la hipótesis: una nueva postulación por su parte estaba descartada en cualquier circunstancia. El presidente y varios altos responsables del partido reiteraron su apoyo a la jefa de la Casa Civil, que el 25 de junio de 2009, antes de lo previsto, comunicó el final de sus sesiones de quimioterapia, si bien siguió recibiendo radioterapia hasta principios de septiembre; entonces, Rousseff dio cuenta de su completa curación.

Tras su pleno restablecimiento físico al finalizar el verano de 2009, Rousseff, aunque sin confirmar todavía si aceptaría ser la candidata del PT, se volcó en su empresa proselitista de carácter no oficial. Por el momento, su contrincante tucano seguía llevándole la delantera. La política incrementó las declaraciones optimistas con guiño electoral, como que la nueva riqueza petrolera descubierta en las aguas profundas del Atlántico permitiría "anticipar la salida del país de la pobreza". También afirmó que, a la luz de los últimos datos económicos y sociales, "en 2014 no vamos a reconocer este país". Se hicieron más ostensibles el soporte y la promoción personales de Lula, que intentaba "transferir" su popularidad y su prestigio a su heredera política, al tiempo que el partido del presidente negociaba con el PMDB, primera fuerza del Congreso, su apoyo a la opción electoral petista.

El 29 de enero de 2010, en Minas Gerais, la ministra disolvió las últimas ambigüedades manifestando que le "gustaría mucho" ser escogida la "sucesora" de su superior en el Gobierno. Finalmente, el PT iba a darle a Dilma el espaldarazo por aclamación, sin competición interna. Al IV Congreso Nacional del partido, celebrado entre el 18 y el 20 de febrero en el Centro de Convenciones Ulisses Guimarães de Brasilia, Rousseff llegó avanzando algunas de sus propuestas del programa, en proceso de elaboración por el partido. 

De entrada, subrayó su total sintonía con Lula, cuyo Gobierno había hecho "muchas cosas buenas" que era menester "continuar". Así, mantendría la política exterior "volcada" a América Latina, África y los países de los grupos BRIC e IBSA, aunque no a costa de las provechosas relaciones con Estados Unidos y Europa, puesto que la diplomacia brasileña se regía por el multilateralismo. Lo mismo sucedería con las directrices macroeconómicas, alabadas por los mercados y los organismos de crédito por su compromiso con la estabilidad fiscal, el control de la inflación y la flotación del tipo de cambio del real.

Con todo, la precandidata parecía exponer una visión del crecimiento y el desarrollo ligeramente más estatista y más social que la de Lula, según se desprendía de su entrevista-manifiesto Un país para 190 millones de brasileños, donde contemplaba las políticas inclusivas como el camino correcto para alcanzar un "bienestar social al estilo brasileño". Para Rousseff, la intervención del Estado resultaba imprescindible para integrar en la red de servicios básicos a los millones de ciudadanos cuyo bajísimo nivel de renta les convertía en sujetos invisibles a los ojos del mercado. Los comentaristas apuntaron que estaba por ver si estas matizaciones suponían un giro a la izquierda en la plataforma de Rousseff, tal como pedía la tendencia más socialista del PT, en la que desde luego ella no se ubicaba.

Por otro lado, fuentes gubernamentales dieron por hecho que Rousseff, si conquistaba el sillón presidencial, mantendría a varios arquitectos del modelo económico de Lula, descrito por los críticos de izquierda como "social liberal", pero a quienes también se daba el crédito de haber conducido al gran país de América del Sur con bastante acierto por las turbulentas aguas de la crisis global.

Tras un breve período de recesión de dos trimestres a caballo entre 2008 y 2009 (en el segundo año, de grandes estragos económicos en Europa y Estados Unidos, el PIB brasileño se había contraído un levísimo 0,1%), pero ahora la economía, empujada por las demandas externa e interna, volvía a marchar a todo tren y 2010 iba a terminar con una tasa positiva del 7,5%, la más lustrosa en el último cuarto de siglo e inimaginable en la mayoría de los países desarrollados, si bien acompañada de inflación. Al 3,5% de media anotado en el primer cuatrienio, le iba a seguir un crecimiento promedio del 4,6% en el segundo, y eso con los embates de la Gran Recesión, que tuvieron su epicentro en los países ricos de la OCDE, de por medio. En otras palabras, la meta del PAC acuñado en 2007 se logró.

El 20 de febrero de 2010 Rousseff, tras prometer "profundizar en la visión social de Lula" y serle fiel a su "bendita herencia", fue proclamada candidata presidencial por el IV Congreso del PT, que estrenaba a José Eduardo Dutra como conductor orgánico. El 29 de marzo Lula y la todavía jefa de su Casa Civil presentaron, en un acto que fue tachado de electoralista por la oposición, el segundo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC II), que contemplaba la inversión de 1,59 billones de reales en obras y servicios públicos entre 2011 y 2016, luego se trataba de un proyecto estratégico que heredaría la próxima Administración. En su discurso, el presidente recordó que Rousseff era "la madre del PAC I", sin cuya "dedicación" no habría podido lanzarse el PAC II.

El 19 de marzo Rousseff se desprendió de su puesto al frente del Consejo de Administración de Petrobras y el último día del mes, de acuerdo con la ley electoral, cesó como ministra jefa de la Casa Civil, donde traspasó el relevo a la abogada Erenice Guerra. En mayo la petista adelantó a Serra en los sondeos, arrebatando una condición de favorita que con el transcurrir de las semanas no iba más que a agrandarse. El 13 de junio, el PT, en una Convención Nacional celebrada en Brasilia, lanzó oficialmente su candidatura a la Presidencia. El Programa de Gobierno, titulado Para que Brasil siga cambiando, amalgamaba las propuestas del PT, de intenso sabor izquierdista, y las de nueve partidos vinculados al oficialismo, cuatro de los cuales contaban con ministros en el Gobierno, y que apoyaban la candidatura de Rousseff.

Los integrantes de esta variopinta coalición, que abarcaba desde la extrema izquierda hasta el centro-derecha liberal, eran, además del PT: el PMDB de Michel Temer, a la sazón el compañero de fórmula de Rousseff como aspirante a la Vicepresidencia y que desde febrero de 2009 ostentaba la presidencia de la Cámara de Diputados; el PCdoB de Renato Rabelo; el PDT de Carlos Lupi; el PRB de Vitor Paulo dos Santos; el PR de Alfredo Nascimento; el PSB de Eduardo Campos; el PSC de Vitor Nósseis; el PTC de Daniel Tourinho; y el Partido Laborista Nacional (PTN) de José de Abreu. 

El PP de Francisco Dornelles anunció su respaldo "informal" a Rousseff, sin llegar a suscribir el Programa de Gobierno. Cinco formaciones aliadas de la Administración Lula rehusaron apoyar a su candidata: el PTB de Roberto Jefferson, el PMN de Oscar Noronha, el PTdoB de Luis Tibé, el PV de José Luiz Penna y el Partido Humanista de la Solidaridad (PHS); los tres primeros se decantaron por Serra, mientras que el PV postuló a la ex ministra medioambiental Marina Silva, quien se había pasado a sus filas tras romper con el PT.

En su folleto de campaña 13 certezas de que Brasil va a seguir cambiando, Rousseff enumeraba una serie de razones por las que había que votarla. Así, con ella en la Presidencia se avanzaría hacia el "fin de la miseria", profundizando en el camino recorrido por Lula, bajo cuyo Gobierno "31 millones de personas entraron en la clase media y 24 salieron de la pobreza absoluta". El programa de transferencias directas de renta Bolsa Familia, destinado a cumplir los objetivos de la estrategia Hambre Cero de seguridad alimentaria y nutricional, así como el programa de construcción de viviendas Mi Casa, Mi Vida, serían ampliados y reforzados. Lo mismo cabía decir de las políticas específicas de salud, educación, empleo y reajustes salariales por encima de la inflación.

Rousseff llegó al arranque oficial de la campaña instalada en una cómoda primacía en las encuestas y guarnecida por las constantes muestras de aprecio y sustento del omnipresente Lula, quien se refería a ella con tonos incluso paternales (pese a ser solo dos años mayor, la aleccionaba llamándola "hija mía") y que fue multado dos veces por el TSE, al igual que su protegida, por realizar propaganda encubierta o anticipada. Las sanciones económicas impuestas por el TSE al presidente sumaron los 15.000 reales. A finales de agosto, la petista superó la barrera mágica del 50% y al comenzar septiembre trepó en algún sondeo hasta el 56%. Sin embargo, a tres semanas de las votaciones, el surgimiento de nuevos escándalos por casos de sobornos y tráfico de influencias en el oficialismo, en particular el que afectó a su sucesora en la Casa Civil, Erenice Guerra, obligada a renunciar, puso el punto de inflexión a la trayectoria alcista de Rousseff.

Al mismo tiempo, entablaron un polémico cruce de acusaciones Lula y cabeceras de la prensa nacional en torno a los supuestos abusos de poder del primero y la supuesta manipulación política de las segundas. Rousseff ya venía rechazando los comentarios sobre que era poco más que una marioneta de su mentor y defendiendo su aspiración por méritos propios ("he trabajado íntimamente con el presidente Lula los últimos cinco años y medio. Su éxito es el mío. He sido su brazo derecho e izquierdo. Él no será ministro si yo llego al Gobierno, pero siempre estaré abierta a sus propuestas", declaró al diario español El País). Ahora, el arropamiento por el presidente tenía un lado abrasivo que le estaba haciendo perder votos.

El 3 de octubre de 2010 estas erosiones de última hora pasaron factura a Rousseff, que vio escapársele la victoria en la primera vuelta al obtener el 46,9% de los votos, un porcentaje algo menor que el proyectado por los últimos sondeos, los cuales, de todas maneras, ya habían puesto en seria duda un desenlace sin segunda vuelta, a disputar el 31 de octubre. Serra se apuntó el 32,6%, igualando el nivel de apoyos prospectado por última vez en agosto. La gran sorpresa de la jornada la protagonizó la verde Silva, que con el 19,3%, casi 20 millones de votos, mejoraba con creces sus expectativas más optimistas y se convertía en un factor probablemente determinante: su público respaldo a uno u otro contendientes en la segunda vuelta bien podía decantar el resultado final. Así que, de manera inmediata, tanto Rousseff como Serra se pusieron a cortejar a la ex ministra de Medio Ambiente.

Silva, sin embargo, rehusó respaldar a cualquiera de los dos y el PV optó por dar libertad de voto a sus afiliados y simpatizantes. La postura de neutralidad de los verdes permitió a Rousseff y Serra concentrarse en los ataques mutuos. En su primer cara a cara televisado, los candidatos se acometieron con agresividad, con la petista llamando al tucano "títere de los inversores extranjeros" y urdidor de una campaña de "mentiras, calumnias y difamaciones", y este echándole en cara a ella su "doble moral" y su "incoherencia" por su cambio de postura sobre el aborto, cuya despenalización ahora no aceptaba, a la vez que había pasado de deslizar sus dudas sobre la existencia de Dios a expresar su fe religiosa. 

La estrategia de Serra de resaltar los bandazos en el discurso de su adversaria, claramente preocupada por la hostilidad de las iglesias católica y evangélicas (para apaciguarlas, Rousseff se echó atrás también en el apoyo al matrimonio homosexual), tuvo su reflejo en las encuestas, que recortaron drásticamente la ventaja de la antigua jefa de la Casa Civil. Transcurridas dos semanas desde la primera vuelta, Rousseff, empero, volvió a despuntar en los sondeos.

En su último acto de campaña, la candidata oficialista prometió gobernar "para todos los brasileños sin hacer discriminación de partidos", pero aseguró que mantendría un vínculo especial con el mandatario saliente: "El presidente Lula será siempre una persona con la que voy a contar. Tengo una inmensa confianza política y personal con él (…) Siempre que pueda, conversaré con el presidente. Tendré con él una relación muy íntima y muy fuerte. No hay nadie en este país que nos vaya a separar", afirmó.

El 31 de octubre de 2010, confirmando la ventaja de 12 puntos que le otorgaban los pronósticos postreros, Rousseff se proclamó presidenta de Brasil con el 56,05% de los votos. El porcentaje era más modesto que los obtenidos por Lula en las segundas vueltas de 2002 (el 61,3%) y 2006 (el 60,8%). Serra reconoció de inmediato su derrota. Por la noche, en su primer discurso pronunciado en el hotel capitalino que le servía de cuartel general, la ganadora, con tono emotivo, proclamó: "Sabré honrar el legado de Lula. Sabré avanzar y consolidar su obra". "Erradicar la miseria" iba a ser la empresa cardinal de su mandato, ya que "no podemos descansar mientras haya brasileños con hambre, mientras niños pobres estén abandonados a su propia suerte", aseguró.

El visaje sobrio de la política se manifestó cuando aludió a la necesidad de cimentar el crecimiento económico sostenido de Brasil menos en el comercio exterior que en la demanda interna, y de poner coto a las especulaciones monetarias en los mercados cambiarios. La presidenta electa se comprometió asimismo a controlar el gasto público, a respetar la seguridad jurídica y la libertad de expresión, y a mejorar la sanidad y la educación. El manejo cuidadoso de las cuentas públicas se daba por descontado, pero en ningún caso habría ajustes que afectaran a "los programas sociales, los servicios básicos y las inversiones necesarias".

Hasta el nombramiento de su equipo de gobierno, Rousseff se puso a la diestra de Lula como acompañante en algunas de sus últimas citas internacionales, deseosa de adiestrarse en el terreno donde su tutor era una estrella y ella una neófita. La gira de presentación mundial la emprendió Rousseff, tras unos días de descanso, el 11 de noviembre en Seúl, donde se reunió con Lula, procedente de Mozambique, para representar a Brasil en la V Cumbre del G20. En su reunión en la capital surcoreana, los líderes mundiales instaron a evitar las devaluaciones monetarias competitivas como instrumento de estímulo del comercio nacional en tiempos de crisis.

Una vez en casa, Rousseff se concentró en la formación del Gabinete, cuya alineación desveló a cuentagotas, en sucesivos comunicados, a partir del 23 de noviembre. El continuismo lulista asomó en la relación de los 37 ministros, donde destacaban los nombres de Guido Mantega, ratificado en el Ministerio de Hacienda, Antonio Palocci, el jefe de la campaña presidencial petista (y ya zafado de sus líos con la justicia, tras ser absuelto por el Tribunal Supremo de un cargo de violación del secreto bancario), nombrado jefe de la Casa Civil, y Miriam Belchior, hasta ahora coordinadora general del PAC y en adelante ministra de Planificación. En total, 16 rostros de los gobiernos de Lula fueron repescados y nueve titulares del Gabinete saliente se mantuvieron en el entrante, aunque algunos con cambio de cartera.

El PT se quedó con 17 ministerios, la mayoría de peso. El PMDB obtuvo seis carteras, el PSB dos y una cada uno el PDT, el PCdoB, el PR y el PP. Estas siete formaciones reunían 326 diputados en la Cámara baja, a los que debían sumarse los 26 de los otros tres partidos (PSC, PRB y PTC) que habían suscrito el programa electoral de Rousseff y, en potencia, los siete de otras cuatro pequeñas agrupaciones pro Lula. En otras palabras, el nuevo Ejecutivo tenía asegurada una aplastante mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. 

Las elecciones legislativas del 3 de octubre habían devuelto al PT, con 88 escaños, la condición de primera fuerza de la Cámara de Diputados, ganada en 2002 pero perdida a manos del PDMB en 2006. Independientes eran ocho miembros del Gabinete, incluidos el ministro de Exteriores, Antonio Patriota, y el nuevo presidente del Banco Central de Brasil (BCB), Alexandre Tombini. La elección de este tecnócrata de prestigio para reemplazar al ortodoxo Henrique Meirelles, el favorito de Lula, fue interpretada como un deseo de la mandataria electa de someter la autonomía de la entidad financiera a su marcaje político.

En los últimos tiempos, Rousseff había llamado la atención sobre los elevados tipos de interés, ahora situados en el 10,75%, entre los más altos del mundo y un imán para los capitales especulativos, y se había referido a la necesidad de empujar hacia abajo la cotización del real, muy sobrevalorado en los mercados. Pero sin relajar por ello la vigilancia de la inflación, que, espoleada por el fuerte ritmo del crecimiento, estaba trepando por encima del 5% anual. Como contrapartida, el mantenimiento en Hacienda de Guido Mantega, al que Rousseff habría preferido cambiar, debía verse como una cesión a Lula, para el que la intangibilidad de la estrategia macroeconómica, bastante liberal, era imprescindible. La principal novedad del Gobierno Rousseff radicó en el incremento de las mujeres ministras: su número se triplicó, pasando de tres a nueve. El próximo Ejecutivo sería femenino en un 24%.

La absorbente tarea de dar forma a su Gabinete obligó a Rousseff a cancelar su prevista asistencia junto con Lula a la IV Cumbre de la UNASUR en Georgetown, Guyana, el 26 de noviembre. Lo mismo sucedió con la XX Cumbre Iberoamericana, en Mar del Plata, Argentina, el 3 y el 4 de diciembre, y con la XL Cumbre del MERCOSUR el 16 de diciembre, a pesar de celebrarse en casa, en Foz de Iguazú. Estas tres cancelaciones sucesivas empañaron la puesta de largo internacional de Rousseff, que prefirió esperar hasta después de asumir el puesto el primer día de 2011. Lula, lejos de sumirse en la condición del pato rengo (lame duck) habitual en los presidentes que están de salida y con su sucesor electo, mantuvo intacto su protagonismo estelar hasta el último minuto del mandato.

17. Las ramificaciones de Lava Jato: la caída de un mito en plena debacle nacional

El 1 de enero de 2011, un feliz Lula entregaba la banda presidencial a su discípula y heredera electa disfrutando de un 87% de popularidad. Eran momentos de cenit personal y de optimismo colectivo porque Brasil estaba "en racha". Sin ir más lejos, entre 2002 y 2010 el país había ascendido de la decimotercera a la séptima posición en el ránking de las mayores economías por PIB nominal. Lula, sexagenario, estaba ilusionado con su nueva faceta de estadista emérito e influyente, dedicado a ayudar en las campañas electorales de su partido, dirigir un Instituto de cooperación internacional que llevaba su nombre, dar conferencias y promover causas progresistas por el mundo.

Pero luego, el respetado político, su partido y la nación entera, cuyos líderes habían pecado de autocomplacencia, se deslizaron por una pendiente calamitosa de problemas de todo tipo: la salud del ex presidente, que en 2012 superó un cáncer de laringe a golpe de quimio y radioterapia; el estrepitoso deterioro de la economía, sumida en el bienio 2015-2016 en la peor recesión en casi un siglo; la contestación social sin precedentes, testimonio de una ciudadanía concienciada y madura para plantear una segunda generación de mejoras, reclamadas en las multitudinarias movilizaciones antigubernamentales de 2013, 2014 y 2015; y, conectado con lo anterior, la inextinguible corrupción del PT, que desató otra cascada de dimisiones en el oficialismo, volvió a llenar los juzgados de procesados y finalmente tocó de lleno a Lula tras años de rondarle las sospechas y las pesquisas judiciales.

Al comenzar 2016, cuando cobraba fuerza la impresión de que Lula podría presentarse a las presidenciales de 2018, el Ministerio Público de São Paulo informó que tenía indicios suficientes para denunciar al anterior mandatario por su implicación en el masivo esquema de desvío de fondos públicos, sobornos y lavado de activos conocido como Lava Jato, que estaba golpeando al gigante petrolero estatal Petrobras. En marzo, el país quedó conmocionado al contemplar al líder con la aureola de luchador por los desfavorecidos siendo detenido por la Policía Federal, y su casa de São Paulo allanada y registrada, para ser interrogado por el juez federal Sergio Moro en el marco de la Operación Aletheia. 

La Fiscalía acusaba de aceptación de dinero ilícito y de ocultación de patrimonio inmobiliario al ex presidente, quien de paso vio cómo la justicia federal bloqueaba su nombramiento por Rousseff, reelegida con dificultades en las votaciones de 2014, para el descollante puesto de ministro-jefe de la Casa Civil. Este fue un fallido intento por Rousseff de obstaculizar las diligencias penales contra su mentor, arropándole con un aforamiento privilegiado.

A la desventura de Lula, con un pedido de prisión preventiva sobre su cabeza, no tardó en sumarse la de la Rousseff, objeto de un polémico impeachment en el Congreso, suspendida por el Senado y finalmente removida de la Presidencia en medio de una fenomenal algarada en agosto de 2016. La jefatura del Estado recayó en el hasta entonces vicepresidente, Michel Temer, tachado de "traidor" y "golpista" por la defenestrada. Figura conservadora de perfil intrigante y proclive a revisar la obra del lulismo, Temer a duras penas iba a conseguir terminar el mandato constitucional en 2019 ante el abrumador rechazo social que concitaba su Ejecutivo y por sus propios encausamientos judiciales por corrupción.

La imputación de marzo de 2016 fue para Lula el inicio de una odisea judicial que él siempre presentó como un calvario al que inicuamente habían decidido someterle, a él y a su familia, ciertas élites reaccionarias y poderes fácticos vengativos, los mismos que nunca le habrían perdonado su osadía de "sacar a tantos pobres de la miseria". No tenía dudas de que se le quería neutralizar de cara a futuras convocatorias electorales, y de paso aniquilar al PT como alternativa de poder al "régimen" de Temer y borrar el legado positivo de 13 años de Gobierno. Sus numerosos incondicionales, entre la lealtad, la admiración y el agradecimiento, no dejaron de jalearle en la calle bajo el lema de Lula, guerrero del pueblo brasileño. Para muchos otros, incluidos anteriores votantes petistas, en cambio, la honradez de Lula estaba en entredicho cuando menos y su descrédito era innegable.

La peripecia del veterano líder izquierdista, encajada con actitud de desafío y abundantes dosis de victimismo ("vivimos un espectáculo de pirotecnia", "han prendido fuego en mí", "no voy a agachar la cabeza", "la lucha sigue", "a popularidad solo me gana Jesucristo", "tengo la conciencia tranquila", "quieren masacrarme", "soy presa de una cacería de brujas", etc) generó muchos de los titulares del crispado devenir nacional a lo largo de un lustro, tensionado por unos niveles de división, sectarismo y desprestigio de la clase política y las instituciones republicanas nunca vistos en democracia.

El cerco judicial fue estrechándosele a Lula en la segunda mitad de 2016 con la sustanciación de las acusaciones por presuntos corrupción, fraude, blanqueo de capitales, tráfico de influencias e intento de soborno, en fase procesal. En septiembre, la Fiscalía consideró al ex presidente, no ya uno de los muchos beneficiarios, sino el "comandante máximo" y el "verdadero maestro" de Lava Jato, en supuesta comandita con su esposa María Letícia (fallecida poco después, en febrero de 2017, a causa de un derrame cerebral a los 66 años de edad), su hijo Luiz Cláudio y una serie de colaboradores. 

En diciembre, la Policía Federal le interpuso una denuncia adicional, por corrupción pasiva y admitida por el juez, en un caso sobre el uso de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para el alquiler de un apartamento y la compra de un terreno. En enero de 2017, las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht aportaron más datos sobre un esquema de corrupción generalizada (sobornos, compra de favores, tráfico de influencias) en el que habrían estado involucrados cientos de políticos, funcionarios y altos cargos, inclusive, y de manera señalada, Lula y su entorno.

En julio 2017 el primer juicio a Lula, efectuado por el 13º Tribunal Federal Penal de Curitiba, Paraná (TRF4) y asignado al magistrado Moro, desembocó en una sentencia de culpabilidad y en una condena a nueve años y seis meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, advertidos en la aceptación de la constructora OAS de un apartamento tríplex en la playa de Guarujá, São Paulo, a modo de gratificación por los contratos recibidos de Petrobras.

Resuelto a presentarse a las presidenciales de 2018 con el acicate añadido de unos sondeos de lo más favorables, y alternando la defensa de su inocencia con afirmaciones proselitistas de tono mesiánico ("no hay nadie como yo que sepa cuidar del pueblo necesitado"), el reo en primera instancia apeló, pero siguió recibiendo denuncias del fiscal general, Rodrigo Janot, por nuevos supuestos delictivos aflorados en las confesiones de otros convictos dispuestos a colaborar con la justicia. Entre ellos destacaba Antonio Palocci, el que fuera ministro de Hacienda y persona del círculo de confianza de Lula, quien a su vez replicó a su incriminador llamándole "mentiroso", "frío" y "calculador".

En enero de 2018 Lula recibió un segundo mazazo con la confirmación del veredicto de culpabilidad en segunda instancia por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4), que de paso le aumentó la condena a los 12 años de prisión. El político, porfiado, continuó su batalla. A través de sus abogados presentó un recurso de habeas corpus para evitar el encarcelamiento, se dio nuevos baños de masas ("el condenado no soy yo, es el pueblo brasileño") e hizo que el PT, conducido por Gleisi Hoffmann, anunciara su candidatura presidencial para las elecciones que tocaban en octubre, desafiando con ello la inhabilitación política implícita en la condena ratificada en segunda instancia por el tribunal con sede en Porto Alegre.

La estrategia dilatoria de los abogados de Lula, que enfrentaba otros seis procesos además, se agotó en abril de 2018 con el rechazo por el Supremo Tribunal Federal (STF) del recurso de habeas corpus. La entrada en prisión del reo tenía vía libre y se produjo, llena de tumulto, el 7 de abril. Aquel día, Lula, abriéndose paso entre una muchedumbre sobreexcitada por su arenga en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC en São Bernardo do Campo ("la muerte de un combatiente no para la revolución"; "yo no soy un ser humano más, yo soy una idea, y las ideas no se encierran", dijo a los congregados), se entregó a la Policía Federal, que acto seguido lo trasladó a una estancia acondicionada en sus dependencias en Curitiba.

Lula iba a pasarse 580 días preso en su celda especial de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba. En los meses restantes de 2018, el ex presidente vio cómo fracasaban sus intentos de conseguir la libertad provisional mientras se resolviesen sus sucesivas apelaciones. Su pesada alforja de causas procesales se mantuvo inalterable en las seis por el cierre de una y la apertura de otra. En estas circunstancias, su candidatura presidencial se tornó inviable.

A finales de agosto de 2018, el Tribunal Superior Electoral (TSE) vetó la postulación de Lula y en septiembre, faltando menos de un mes para las elecciones generales, el PT hubo de activar un tardío plan B. El sustituto en las urnas era Fernando Haddad, anterior alcalde de São Paulo, ex ministro de Educación y personalidad del ala moderada del partido, desprovisto del carisma del líder histórico. Llegadas las votaciones de octubre, Haddad fue noqueado a doble vuelta por Jair Bolsonaro, capitán retirado del Ejército con ideas de extrema derecha y un agresivo discurso antisistema y reaccionario que nadaba en la corriente, crecida en un ambiente crispado y polarizado, del antipetismo.

El triunfo de la plataforma nacionalista, populista y ultraconservadora de Bolsonaro suscitó diversas lecturas, entre ellas la de que era un imán para muchos brasileños que abominaban de las políticas sociales del PT y a la vez rechazaban la venalidad de sus dirigentes. En lo sucesivo, Bolsonaro y Lula, dos figuras que no podían estar más en las antípodas, pasaron a encarnar las dos mitades en que se había dividido Brasil. Por cierto que el ministro de Justicia nombrado por Bolsonaro al tomarle la banda presidencial a Michel Temer el 1 de enero de 2019 fue el primer condenador de Lula, el juez Sergio Moro.

18. Excarcelación, exoneración judicial y resurrección política en 2021

A Lula le cayó una segunda condena en febrero de 2019, mientras aguardaba a que el STF resolviera su recurso por la sentencia de alzada de 2018. Impuesta por la jueza Gabriela Hardt, nueva titular del 13º Tribunal Federal Penal de Curitiba, y recurrible también, la pena consistió en otros 12 años y 11 meses de prisión como culpable de aceptar para el PT sobornos de empresas constructoras y de cobrarse personalmente favores en forma de obras en una hacienda paulista que no estaba a su nombre pero que solía utilizar. 

En abril siguiente, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil acordó reducir a ocho años, 10 meses y 20 días la primera condena de 12 años. En junio, a Lula le tocó en suerte una de cal y otra de arena. Así, de un lado, fue imputado por enésima vez, ahora por la presunta recepción de sobornos de Odebrecht. De otro lado, salieron a la luz unas conversaciones de Sergio Moro de las que podía deducirse que el entonces juez instructor había conspirado con la fiscalía de Lava Jato para perjudicar al ex presidente.

Las sospechas de que el juez Moro, ahora mismo ministro de Bolsonaro, y el procurador del Ministerio Público al frente del equipo de fiscales, Deltan Dallagnol, hubiesen hecho colusión para incriminar y llevar a juicio a Lula sobre la base de pruebas inconsistentes, inadmisibles o directamente falsas municionaron el discurso vindicativo del prisionero y airaron a Haddad y Hoffmann, que hablaron de "farsa" y del "mayor escándalo institucional en la historia de la República". La imparcialidad de los procesos seguidos contra Lula quedó en entredicho y su equipo jurídico se lanzó al contraataque para conseguir, no ya la puesta en libertad o la sustitución de la cárcel por la prisión domiciliaria, sino la recusación de los tribunales, la anulación de las sentencias y la plena exoneración.

La situación empezó a despejarse para Lula en noviembre de 2019 al dictar el STF que los encarcelamientos con apelaciones pendientes de resolver por tribunales superiores eran contrarios a la ley, aunque hubiera condena en segunda instancia. Con esta sentencia del STF, Lula podía solicitar y obtener la libertad; además, su segunda condena a prisión no era firme al no estar refrendada en segunda instancia, luego no cabía por el momento su ejecución. En efecto, la liberación en Curitiba le llegó a las pocas horas, el mismo 8 de noviembre, en olor de multitudes y en virtud de la orden de un juez federal.

Ese mismo día, de regreso triunfal al Sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos en São Bernardo do Campo, un eufórico Lula manifestó: "Cada noche duermo con la conciencia tranquila de los hombres justos y honestos (…) Tengo más coraje para luchar que cuando me fui de aquí (…) Fui diputado, fui presidente, y si me dan la vuelta con el culo para abajo no se me caerá ni una moneda del bolsillo (…) No puedo, a mis 74 años, ver a esta gente [el Gobierno de Bolsonaro] destruir el país que construimos (…) Moro es un mentiroso. Dallagnol es un mentiroso (…) Este joven cachondo de 20, energético de 30 y experimentado de 70 estará contigo en la calle. Para que no dejemos que nuestro país sea destruido". Al recobrar la libertad tras 19 meses de cautiverio, el viudo aprovechó para presentar al público a su nueva novia, Rosángela Janja Silva, una socióloga 21 años más joven que él y militante del PT desde 1983. Al parecer, tenían planes de boda.

La excarcelación de Lula y su regreso al proscenio político vinieron a revitalizar la deshilvanada oposición a Bolsonaro y enardeció al PT, que se aprestó a reforzar su perfil de izquierda dura, asumiendo expícitamente las nociones de radicalismo y polarización. A finales de noviembre, el partido celebró en São Paulo su VII Congreso Nacional, en el que Hoffmann fue reelegida presidenta orgánica y Lula, arropado también por Janja, Haddad y Rousseff, fue la estrella absoluta. 

En otro de sus emocionales discursos para galvanizar a los militantes, el ex presidente dijo: "No saben lo que es enfrentarse a un hombre de 74 años enamorado (…) Somos y seremos oposición al Gobierno de Bolsonaro, que recorta derechos a los trabajadores, genera desempleo, reduce el salario mínimo, trae de vuelta el flagelo del hambre, destroza el medio ambiente y ataca a mujeres, negros, la población LGTB y a cualquiera que ose discrepar (…) Sí, somos radicales, radicales defensores de la soberanía, de las universidades públicas gratuitas, de la sanidad universal y enemigos de los que niegan la ciencia".

Ahora bien, con su expediente penal sin resolver, Lula no podía registrar la candidatura para las presidenciales de 2022. La deseada exoneración total tardaría todavía año y medio en producirse, tiempo en el cual el líder opositor encajó nuevos contratiempos.

El 27 de noviembre, solo tres días después de terminar el VII Congreso del PT, el TRF4 desestimó la apelación de la defensa y confirmó en segunda instancia la condena de febrero por corrupción pasiva, activa y blanqueo de dinero. Como había sucedido con la primera sentencia, el tribunal de alzada endureció la pena de prisión, desde los 12 años y los 11 meses hasta los 17 años, un mes y 10 días. Tiempo de cárcel que se sumaba a los ocho años, 10 meses y 20 días de la primera condena reducida y que Lula provisionalmente se libraba de cumplir en virtud de la reciente sentencia del STF. Las denuncias/acusaciones adicionales por presunta corrupción y para las que todavía no había juicio fueron entrando y saliendo de las carpetas de sus abogados. Entre tanto, Lula recrudecía sus denuncias de las políticas de Bolsonaro, más a partir de declararse la COVID-19, cuya gestión por el presidente derechista estaba siendo un "arma de destrucción masiva" más letal que el coronavirus en sí, bramaba.

La victoria judicial y por tanto política de Lula sonó el 8 de marzo de 2021. Entonces, el juez del STF Edson Fachin determinó la anulación de las dos condenas con el argumento de que el TRF4 no tenía competencias para juzgarle por esos casos. La decisión era de índole procesal, relativa a la jurisdicción del tribunal, y no analizaba el fondo de las condenas. Es decir, Lula no era declarado inocente de los cargos de corrupción, aunque sí recuperaba sus derechos políticos y por tanto su elegibilidad. "Fui víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años de historia", afirmó el ya ex reo de la justicia, para añadir que el "dolor" que había sentido en prisión no era "nada" en comparación con los padecimientos de los brasileños bajo la pandemia. También, animó a la población a vacunarse, tal como él había hecho ya y al contrario que la "estúpida decisión" del "ignorante" y "negacionista" Bolsonaro.

El 23 de marzo la Segunda Sala del STF decidió que el juez Moro no había actuado de manera imparcial en el caso del tríplex de Guarujá, resultaba "sospechoso", y que Lula no había tenido un juicio justo, por lo que su condena debía anularse completamente. El 15 de abril el STF, dando respuesta negativa al recurso de la Fiscalía y en pronunciamiento colegiado, ratificó la anulación dictada en marzo por el juez Fachin de forma unilateral. El 22 de abril el plenario del STF reafirmó el fallo del 23 de marzo y de paso remitió el caso del tríplex a la Justicia Federal de Brasilia. 

El punto y final llegó el 23 de junio de 2021: ese día, el STF, por siete votos contra cuatro, reconoció la competencia de la Segunda Sala para declarar parcial la primera condena de Lula. El sumario del tríplex debía instruirse desde cero, las pruebas recabadas quedaban anuladas y una nueva investigación fiscal tendría que reunir pruebas también nuevas para ser utilizadas en un hipotético juicio ulterior por el Juzgado Federal del Distrito Federal, el tribunal competente para esa causa.

En aquellos momentos, Lula, con su candidatura presidencial por el PT pendiente de proclamar e inscribir, ya había adelantado a Bolsonaro en todos los sondeos de intención de voto, perfilándose como el favorito de ganar la primera vuelta de las elecciones de 2022.

19. Elenco de distinciones

El presidente brasileño posee una abultadísima relación de galardones y reconocimientos. En el capítulo de condecoraciones estatales, además de varias de su país, como la Orden del Cruzeiro do Sul en el grado de Gran Collar (el cual, por cierto, él impuso al dictador sirio Bashar al-Assad meses antes del estallido de la revuelta y guerra civil en el país árabe en 2011) y la Orden Nacional del Mérito, Lula recibió entre otros el Gran Collar de la Orden de la Libertad de Portugal, la Gran Cruz de Caballero de la Orden de Bath del Reino Unido, la Gran Cruz con Diamantes de la Orden del Sol del Perú y la Medalla de Oro de la Alianza Internacional Contra el Hambre.

Está en posesión además de numerosos premios, entre los que se citan: el Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (Oviedo, España, 2003); el Félix Houphouët-Boigny de la Paz (UNESCO, París, 2008); el Chatham House (Londres, Reino Unido, 2009); el Norte-Sur (Consejo de Europa, 2010); el Indira Gandhi (India, 2010); el Lech Walesa (Varsovia, Polonia, 2011); el World Food (World Food Prize Foundation, Des Moines, Iowa, Estados Unidos, 2011); el Roosevelt Four Freedoms (Roosevelt Foundation, Middelburg, Holanda, 2012); y el Inter-Americano (Inter-American Organization for Higher Education, Montreal, Canadá, 2013).

En enero de 2010, faltando un año para el final de su segundo mandato, Lula fue laureado como Estadista Global por el Foro de Davos con motivo de su cuadragésima edición. El galardón especial, que Lula no pudo recoger en la ciudad suiza en la fecha prevista del 29 de enero porque una hipertensión de última hora le obligó a cancelar el viaje cuando ya estaba en el avión y a guardar una noche de reposo en un hospital de Recife, le fue concedido en reconocimiento a su "verdadero compromiso con todos los sectores de la sociedad, de la mano de un crecimiento económico integrado y con justicia social", mérito que debía ser seguido, añadía el FEM, "por los líderes mundiales". Luego, en mayo, el presidente recogió en Brasilia de manos de la directora ejecutiva de la organización, Josette Sheeran, la distinción Global Champion in the Battle Against Hunger del Programa Mundial de Alimentos.

Estadista sin apenas producción escrita, Lula da Silva publicó en 1998 el libro-manifiesto Esquerda: novos tempos, novas propostas. En 2003 apareció en el mercado español la selección de discursos Tengo un sueño: cinco propuestas para cambiar la historia. En diciembre de 2019 las librerías brasileñas sacaron a la venta A verdade vencerá: O povo sabe por que me condenam, un alegato de autodefensa de las acusaciones judiciales en su contra.

Por otro lado, en enero de 2010 fue estrenada en las salas comerciales brasileñas la película Lula, o Filho do Brasil, de los realizadores Fábio Barreto y Marcelo Santiago, y con el actor Rui Ricardo Diaz en el papel del presidente en su etapa de sindicalista. El biopic del mandatario en ejercicio fue descrito por la crítica como un filme de factura técnica impecable, pero demasiado centrado en los aspectos "heroicos" de la vida del niño pobre y obrero metalurgico sin estudios devenido líder de masas y finalmente uno de los más importantes presidentes en la historia de América Latina. Para la oposición política, Lula, o Filho do Brasil, que con un presupuesto de 12 millones de dólares era toda una superproducción para el cine brasileño, constituía un descarado producto de ensalzamiento y propaganda del oficialismo en el año de las elecciones que dieron la victoria al oficialismo.

(Cobertura informativa hasta 1/1/2022).ç

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