El impacto de la COVID-19 y de la guerra en ucrania sobre la seguridad alimentaria: ¿hacia una crisis alimentaria?

Los datos económicos en el 2022 indican un empeoramiento de la situación debido a diversos factores: por un lado, la COVID-19 no acaba de remitir, al tiempo que los retos mundiales se acumulan, entre conflictos y condiciones climáticas adversas; por si esto fuera poco, ha estallado una guerra entre Rusia y Ucrania –dos países clave en la producción de alimentos– en un momento en el que más de 800 millones de personas padecen hambre, y tres mil millones están privadas del acceso a dietas saludables.

En el momento actual, las nuevas variantes de la COVID-19 y las consecuencias sobre la seguridad alimentaria de la guerra en Ucrania amenazan por igual a la población de países desarrollados y la de aquellos en vías de desarrollo; sin embargo, el impacto final sobre la población evidencia la desigualdad en la resiliencia de los países y la profunda desigualdad sistémica en las sociedades, en las que los colectivos más vulnerables como las mujeres, los jóvenes y los trabajadores en situación irregular, sencillamente, luchan por mantener unos ingresos mínimos que les permitan sobrevivir. A ello se suma la relación directa entre los precios de la energía y el de los alimentos y de los fertilizantes, así como sobre los costes al alza del transporte, que encarecen los precios de los diversos eslabones de la cadena agroalimentaria, lo que empuja a muchos países hacia una mayor y persistente inflación –en especial de la cesta de los alimentos–, que hace que incluso los alimentos más básicos queden fuera del alcance de muchos hogares.

Sumado a ello, la guerra en Ucrania y las restricciones a las exportaciones de Rusia –que es el primer exportador de nitrógeno, segundo de potasio y tercero de fósforo en el mundo, todos ellos elementos clave en la producción de fertilizantes– han exacerbado la situación, poniendo en riesgo la disponibilidad de alimentos para 2023.

Las consecuencias del conflicto en Ucrania no han tardado en hacerse notar. La guerra está a punto de perjudicar a, al menos, una tercera parte del comercio mundial de cereales y, por extensión, al comercio agrícola mundial, por valor de unos 1,8 billones de dólares. En 2021, Rusia y Ucrania, o uno de los dos, figuraron entre los principales exportadores mundiales de trigo, maíz, colza, semillas de girasol y aceite de girasol, a lo que se suma el citado papel de Moscú como uno de los principales exportadores mundiales de fertilizantes. Rusia es también el mayor exportador mundial de trigo y Ucrania el quinto. Juntos, proporcionan el 19% del suministro mundial de cebada, el 14% del trigo y el 4% del maíz, lo que supone más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales. Ambos también son proveedores líderes de colza y representan el 52% del mercado mundial de exportación de aceite de girasol. Todo ello es especialmente alarmante para unos cincuenta países que dependen de Rusia y Ucrania en un 30% o más de su suministro de trigo. Muchos de ellos son países menos avanzados o países de rentas bajas del norte de África, Asia y el Próximo Oriente.  

La crisis alimentaria del 2011 nos mostró claros ejemplo de inestabilidad política. Egipto, por ejemplo, en 2011 vivió un levantamiento impulsado, al menos en parte, por la inflación de los alimentos. Es también el caso de Kenya, donde el aumento de los precios alimentarios este año ha provocado una protesta en las redes sociales en todo el país; o la gran movilización del pasado 20 de marzo en España, cuando varios cientos de miles de agricultores y demás personas vinculadas al mundo rural se manifestaron por la situación del sector, agravada por la sequía prolongada y, de nuevo, la guerra de Ucrania. La lección es clara; tenemos que acelerar los esfuerzos globales para evitar que aumente la hambruna y el advenimiento de una nueva crisis alimentaria. Y si son unos pocos los países que alimentan al mundo, está claro que no podemos permitir que se produzcan interrupciones de los flujos de importaciones y exportaciones: si no queremos empeorar las estadísticas del hambre en el mundo, especialmente de los países en situación de emergencia alimentaria, el comercio internacional de alimentos y de insumos de producción agrícola no puede verse frenado.

Una de cada cinco calorías que se consumen a nivel mundial ha cruzado al menos una frontera y, más de un tercio de las exportaciones agroalimentarias se integran en cadenas globales que involucran, por lo menos, a tres países¹. Las economías con ingresos bajos y medios son responsables de un tercio del comercio mundial de alimentos, lo que contribuye de forma muy importante a los ingresos de sus poblaciones. Más aún, los países con mayores índices de hambruna son también aquellos donde no existe una oferta local de alimentos básicos para garantizar el acceso a dietas saludables. Además, tal y como explica el último informe de la FAO sobre el «Estado mundial de la agricultura y la alimentación 2021: Lograr que los sistemas agroalimentarios sean más resistentes a las perturbaciones y tensiones»², conocemos ya las fórmulas para disminuir la fragilidad de los sistemas e incrementar la resiliencia de los métodos agroalimentarios para que puedan hacer frente ashocks repentinos y a tensiones latentes, como las que experimentamos actualmente. La publicación de este informe se produce además en un momento oportuno, después de que la pandemia pusiese de relieve tanto la capacidad de resistir de nuestros sistemas alimentarios como sus debilidades intrínsecas; unas condiciones que la guerra en Ucrania ha vuelto a subrayar.

La producción de alimentos y las cadenas de suministro han sido tradicionalmente vulnerables a fenómenos como los extremos climáticos, los conflictos armados o el aumento de los precios mundiales de los alimentos, unos sucesos que se están volviendo cada vez más frecuentes. Sin una preparación adecuada, estos fenómenos –a menudo impredecibles– continuarán socavando los sistemas agroalimentarios. Para lidiar con ellos, la FAO ha desarrollado una serie de indicadores específicos a escala nacional y para más de 100 países, mediante los cuales se pretende hacer el seguimiento de factores como las redes de transporte, los flujos comerciales y la disponibilidad de dietas saludables y variadas. Si bien los países de ingresos bajos generalmente enfrentan desafíos mucho mayores, los de ingresos medianos también están en riesgo. En el caso de Brasil, por ejemplo, el 30% del valor de la exportación depende de un solo socio comercial –China–, lo que expone su economía muy severamente a posibles perturbaciones en el país asiático.

Otro dato alarmante respecto a América Latina y el Caribe como conjunto es que más de la mitad de los trabajadores de la región se encuentran en el sector informal, lo que redunda no solo en empleos más vulnerables y de menor calidad, sino que al carecer de contratos o del acceso a seguros de desempleo, y depender de actividades laborales diarias que no pueden realizarse desde el domicilio, los ciudadanos son especialmente vulnerables a las fluctuaciones de ingresos propias de las crisis, como ha sido el caso de la pandemia de la COVID-19.

Incluso los países de ingresos altos, como Australia y Canadá,están expuestos al riesgo de una perturbación, debido a las largas distancias que hay que cubrir para distribuir los alimentos. Para paliar esta situación, y basándonos en la evidencia científica, desde la FAO hemos incitado a los gobiernos a que aumenten la resiliencia de sus sistemas agroalimentarios como una parte integral de su respuesta estratégica a los desafíos presentes y futuros.

La estrategia clave es diversificar: desde las fuentes de insumos, producción, mercados y cadenas de suministro, hasta los actores de la cadena y socios comerciales. Porque la diversidad ofrece diferentes vías para absorber los impactos. Apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas agroalimentarias, cooperativas, consorcios y agrupaciones contribuye a mantener la diversidad en las cadenas de suministro agroalimentarias nacionales.

Los países que dependen de las importaciones de alimentos de Rusia y Ucrania, por ejemplo, deberán buscar proveedores alternativos. También se aconseja diversificar su producción nacional. Y debe hacerse todo lo posible para proteger las actividades de producción y comercialización necesarias para satisfacer las demandas nacionales y mundiales, garantizando el comercio mundial de alimentos y fertilizantes. Otro factor clave es la conectividad. Una red agroalimentaria bien conectada permite superar las dificultades en un mundo más rápido, variando las fuentes de suministro, los canales de transporte, la comercialización, los recursos y la mano de obra.

Resulta igualmente fundamental fortalecer la transparencia del mercado y el diálogo para que gobiernos e inversores tomen decisiones informadas ante mercados volátiles. Iniciativas como el Sistema de Información del Mercado Agrícola (AMIS) del G20 aumentan la transparencia a la hora de proporcionar evaluaciones de mercado objetivas y oportunas.

Por último, es necesario fortalecer las capacidades de resiliencia de las familiaspara garantizar un mundo libre de hambre. Esto se puede lograr mediante un mejor acceso a los recursos, fuentes de ingresos diversificadas y programas de protección social en caso de nuevas y repentinas crisis. 

Notas:

1. Véase FAO, «The State of Agricultural Commodity Markets (SOCO) 2022». Accesible en línea: https://www.fao.org/publications/soco/en/ 
2. Véase FAO, «The State of Food and Agriculture (SOFA) 2021». Accesible en línea: https://www.fao.org/publications/sofa/sofa-2021/en/