Lucio Gutiérrez Borbúa

La relación de presidentes latinoamericanos aupados al poder gracias a las promesas de regeneración política y justicia social, y luego defenestrados por la presión de una calle decepcionada, tiene en el ecuatoriano Lucio Gutiérrez, personaje de efímero carisma, un verdadero paradigma. Coronel del Ejército que en 2000 lideró el fracasado levantamiento indígeno-militar contra el Gobierno liberal de Jamil Mahuad y a partir de ahí protagonista de una carrera política fulgurante, Gutiérrez ganó de manera inadvertida las elecciones de 2002 y en enero de 2003 inició un mandato de cuatro años que apenas iniciada la segunda mitad quedó truncado. Sus mensajes, vagamente envueltos de nacionalismo e izquierdismo moderado, se diluyeron casi inmediatamente en un mar de acusaciones de traicionar a sus votantes y a las clases desfavorecidas por aliarse con sectores conservadores, preservar el modelo económico liberal, someterse al dictado crediticio del FMI, aceptar la cooperación militar con Estados Unidos y dar alas al nepotismo y la corrupción. Su base popular de apoyos, potente en la región interior del Oriente amazónico, se vio erosionada y la temprana deserción del movimiento indígena agudizó la debilidad de su agrupación, el Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP), en un Congreso dominado por los partidos tradicionales.

En abril de 2005, una renovación arbitraria de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, que dio paso a la cancelación de los procesos por corrupción contra los ex presidentes Bucaram y Noboa Bejarano, detonó una colérica revuelta civil, la llamada rebelión de los forajidos, cuyos desenlaces fueron la destitución congresual de Gutiérrez por "abandono del cargo" y su huida sibilina del país con salvoconducto brasileño. Aspecto notable, la crisis que expulsó a Gutiérrez del poder tuvo un trasfondo exclusivamente político y social: paradójicamente, la economía nacional vivía un período de bonanza gracias al negocio petrolero. Para el damnificado, los sucesos de 2005 fueron un verdadero "golpe de Estado" perpetrado por los enemigos de la "gesta heroica" de 2000.

En febrero de 2013, superada una peripecia personal en la que se sucedieron la persecución judicial, el retorno voluntario del exilio, la estancia en prisión y la inhabilitación política, y tras una primera tentativa en las presidenciales de 2009 (cuando quedó segundo), Gutiérrez vuelve a enfrentarse en las urnas con su acérrimo adversario, el presidente Rafael Correa, el cual le acusó de estar detrás de la sublevación policial de 2010 y al que a su vez él retrata como un gobernante "totalitario" y un "títere" de Hugo Chávez que además arrastra un balance de gestión calamitoso. El candidato del PSP, al que los sondeos sólo otorgan un discretísimo tercer puesto, se presenta ahora como "un auténtico hombre del pueblo" que reconoce los "errores" cometidos en el pasado, aunque sigue sin perfilar su ideario, habitualmente descrito como de centro reformista. Algunas de sus propuestas son bajar los impuestos, combatir la delincuencia y abandonar el ALBA.

(Texto actualizado hasta febrero 2013)

1. Un soldado profesional con inquietudes nacionalistas
2. Papel protagonista en la insurrección indígeno-militar de 2000
3. Proyecto político presidencial con mensajes de regeneración nacional
4. Inopinada victoria electoral en 2002
5. Temprano giro a la derecha y ruptura con el principal colectivo indígena
6. Cuenta atrás para el estallido social
7. La caótica revuelta popular de abril de 2005 y remoción del poder: la rebelión de los forajidos
8. Retorno al Ecuador, sometimiento a la justicia e inhabilitación política
9. Nuevamente candidato presidencial en 2009 y 2013


1. Un soldado profesional con inquietudes nacionalistas
Tercero de los seis hijos del agricultor, luego metido a fabricante de canoas y comerciante, Lucio Gutiérrez Rueda y de la enfermera Mary Fanny Borbúa Bohórquez, nació en la capital del país aunque se crió en la cercana Tena, cabeza de la provincia de Napo y hogar de la familia, que completaban cinco hermanos. En esta ciudad del Oriente ecuatoriano recibió la educación primaria, en la Escuela Santo Domingo Savio, y empezó la secundaria, en el Colegio San José, casas de estudios las dos regentadas por los Padres Josefinos.

Seguramente fue por la influencia de sus ascendientes maternos (un tío, Raúl Borbúa, alcanzó el rango de general en el Ejército ecuatoriano) que decidió emprender la carrera militar, así que a los 15 años interrumpió su formación escolar en Tena, donde venía obteniendo excelentes calificaciones, y se inscribió en el Colegio Militar Eloy Alfaro de Quito. Allí terminó el bachillerato (1975), fue seleccionado como cadete brigadier mayor y se graduó con el rango de subteniente del arma de Caballería (1977). Del Colegio Militar el joven egresó como el primero de su promoción, primer jalón de una casuística del liderazgo, la antigüedad y la excelencia que, tal como aseguró años después en entrevistas a la prensa, pautó su currículum militar hasta su salto a la política a raíz de la rebelión de enero de 2000 y el meteórico ascenso, dos años después, a la Presidencia de la República.

La hoja de servicios de Gutiérrez como oficial del Ejército ecuatoriano empezó a tomar forma por la época, en 1979, en que los militares, luego de los gobiernos de facto del general Guillermo Rodríguez Lara y, desde 1976, del almirante Alfredo Poveda Burbano, resolvieron retornar a los cuarteles y restituir en la dirección del país sobre bases democráticas a los políticos civiles, a quienes habían arrebatado el poder por última vez en 1972. En las dos décadas siguientes, Gutiérrez, casado desde 1980 con la licenciada en Medicina Ximena Bohórquez Romero y padre de dos hijas, Karina Ximena y Viviana Estefanía, se labró un perfil de militar multidisciplinar, con méritos en la capacitación para el combate y las misiones operacionales, en la instrucción académica y en la preparación física y la práctica deportiva.

De acuerdo con los currículos divulgados por el político en la última década y con la biografía oficial publicada en su momento por la oficina presidencial, Gutiérrez, además de recibir adiestramiento como comando y paracaidista de las Fuerzas Especiales, y de ganar algunos campeonatos de pentatlón militar en el Ecuador y otros países de Sudamérica, posee un abultado elenco de títulos de formación especializada, obtenidos entre 1980 y 2002. Así, Gutiérrez es: ingeniero civil, licenciado en Educación Física, licenciado en Administración y Ciencias Militares, y diplomado en Alta Gerencia, Administración de Proyectos y Planificación Estratégica, todo ello por la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) de Quito; licenciado por la Escuela de Educación Física del Ejército (ESEFEX) de Río de Janeiro, Brasil; diplomado en Relaciones Internacionales y Defensa Continental por el Inter-American Defense College (IADC) de Washington, Estados Unidos; diplomado en Seguridad Nacional por el Instituto Nacional de Guerra (INAGUE) de las Fuerzas Armadas ecuatorianas; y diplomado en Ciencias Militares por la Academia de Guerra del Ejército de Quito;

Por último, ya en 2002, Gutiérrez se diplomó también en Desarrollo Económico por el Colegio Fu Shing Kang de Taipei, un centro vinculado al partido derechista gobernante en Taiwán, el Kuomintang, y que a lo largo de su historia, lejos de formar a economistas, ha capacitado en técnicas de "guerra política" a oficiales de la China nacionalista y de países en relaciones de cooperación militar con Estados Unidos. Esta relación de titulaciones aparece en las biografías oficiales facilitadas a los medios y publicadas en Internet con motivo de las elecciones de 2002 y 2013, textos con diez años de diferencia entre sí que, debido a algunas omisiones y discrepancias, no coinciden exactamente. Por otro lado, el oficial integró el reducido grupo de militares ecuatorianos destacados en el contingente para Nicaragua del Grupo de Observadores de la ONU en América Central (ONUCA), el cual entre marzo de 1990 y enero de 1992 se encargó de verificar el desarme y la desmovilización de la Contra antisandinista y el respeto global del cese de las hostilidades al término de la guerra civil.

En enero y febrero de 1995, durante la presidencia de Sixto Durán-Ballén, del conservador Partido de Unidad Republicana (PUR), y ostentando el grado de capitán, Gutiérrez estuvo movilizado a causa del conflicto bélico con el Perú en la región fronteriza del Alto Cenepa, en las estribaciones de la Cordillera del Cóndor, aunque no fue desplazado a la zona de los combates. Como oficial de zapadores de la Brigada 21 Cóndor acantonada en Patuca, participó en tareas relacionadas con la dotación de servicios públicos a comunidades rurales, lo que le sirvió para tomar el pulso a las problemáticas del campesinado indígena y mestizo. Año y medio más tarde, Gutiérrez mostró su primer acercamiento a la política al aceptar el nombramiento de edecán, o ayudante de campo para las cuestiones del Ejército, del recién inaugurado presidente Abdalá Bucaram Ortiz, del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), quien había ganado las elecciones del 7 de julio de 1996 con un programa desaforadamente populista. Gutiérrez estrenó su cargo auxiliar en la institución cumbre de poder ejecutivo el mes de agosto.

Cuando en los primeros días de febrero de 1997, el temprano malestar social por las medidas de ajuste económico, el estilo de gobierno arbitrario y los fuertes indicios de corrupción masiva del equipo dirigente derivó en un gigantesco movimiento de protesta exigiendo la dimisión de Bucaram, Gutiérrez desobedeció las órdenes recibidas por la superioridad de proteger, por la fuerza si fuera preciso, el Palacio Carondelet de Quito, sede del poder Ejecutivo, del acoso de las muchedumbres enfurecidas. La postura pasiva del edecán se enmarcó en la total pérdida de apoyos en los estamentos civiles y militares por el desacreditado Bucaram, quien al no serle garantizada su seguridad en Carondelet no tuvo más remedio que abandonar el edificio y escapar a Guayaquil. El 6 de febrero, el Congreso decidió cesarlo en sus funciones por "incapacidad mental".

El nuevo jefe del Estado interino con mandato hasta agosto de 1998, Fabián Alarcón Rivera, mantuvo a Gutiérrez como edecán presidencial. Transcurrido aquel período, el militar regresó a sus labores convencionales en la milicia y asumió la comandancia del Grupo de Caballería General Dávalos, con cuartel en Cuenca. También, dio clases de Geopolítica y Realidad Nacional en la ESPE de Quito. A Alarcón le sucedió Jamil Mahuad Witt, del partido centrista Democracia Popular (DP), quien también afrontó las protestas de la calle sin gozar apenas de un período de gracia por sus drásticas medidas para recortar la inflación y el déficit fiscal, y por su programa de profundas reformas estructurales en la economía.

Todo este trasiego de gobiernos prematuramente fracasados o decepcionantes para la gran mayoría de la población, muy especialmente para la legión de desfavorecidos y marginados en todas las facetas de la vida nacional, que mostraba crecientes síntomas de hartazgo y desesperación por el nulo progreso -si no retroceso- en sus paupérrimas condiciones, parece que estimuló la reflexión y luego el activismo conspirativo de Gutiérrez, que hasta entonces se habría atenido al modelo de militar profesional y apolítico.

Más tarde, él mismo reveló que en marzo de 1999, cuando se preparaba para el ascenso a coronel, transmitió una misiva al Alto Mando criticando al Gobierno por desatender los problemas del Ejército, y que en noviembre siguiente, en otra iniciativa rayana en la insubordinación que en aquel momento tampoco trascendió fuera de los ámbitos castrenses, entregó un memorándum al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Carlos Mendoza Poveda, donde expresaba su oposición a la pretensión del presidente Mahuad de incrementar los impuestos sobre la renta y el consumo, y donde advertía que no se podía seguir "estrangulando al pueblo ecuatoriano" mientras no se moralizara la función pública y no se pusiera coto a la corrupción generalizada.

Más aún, el entonces teniente coronel demandaba una "revolución democrática" en el Ecuador a partir de un "diálogo cívico-militar" imbuido de espíritu regenerador y patriótico, tarea tanto más urgente por que "la descomposición social era evidente" y existía un "altísimo riesgo de entrar en una guerra civil". Semanas más tarde, en diciembre de 1999, Gutiérrez culminó sus exámenes para coronel y en la ceremonia de recepción de despachos, en el INAGUE, estrechó la mano de Mahuad a la vista de todo el mundo, incurriendo en una infracción de protocolo que constituía un desacato abierto a la primera autoridad del Estado.


2. Papel protagonista en la insurrección indígeno-militar de 2000
Aquella proclama de Gutiérrez en favor del retorno de las Fuerzas Armadas a la gestión política del país con un talante nacionalista, estatalista, disciplinal y antioligárquico puede verse, en retrospectiva, como un aviso de lo que se pergeñaba, ya que todo indica que el coronel, lejos de adherirse espontáneamente en enero de 2000 a la revuelta indígena sobre la marcha, planificó el movimiento insurreccional con antelación, por lo menos desde noviembre del año anterior. Según aportes de la prensa ecuatoriana, Gutiérrez estableció una complicidad antigubernamental con los colegas de escalafón Fausto Cobo Montalvo, Luis Aguas Narváez, Gustavo Lalama Hervas y Jorge Luis Brito Albuja. Los conjurados no se movieron sólo de puertas adentro en los cuarteles y empezaron a coordinarse con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que lideraba el quechua Carlos Antonio Vargas Guatatuca, la cual debía actuar como la punta de lanza del movimiento. Más incierta es la implicación del general Mendoza, recién nombrado ministro de Defensa.

El desarrollo de los hechos fue como sigue. El 9 de enero Mahuad anunció la dolarización total de la economía ecuatoriana. La mudanza monetaria, al igual que el decreto unos meses antes de la congelación parcial de los depósitos bancarios de los particulares, era de hecho una medida desesperada que buscaba estabilizar el tipo de cambio del sucre, cuya cotización con respecto a la moneda estadounidense estaba en caída libre, y recuperar la confianza de los mercados financieros. En un contexto social explosivo, que se nutría de la indigencia crónica de extensas capas de la población, el decreto de dolarización fue la espoleta del estallido definitivo.

El 12 de enero, vigente de nuevo el estado de emergencia nacional por las protestas callejeras en Guayaquil, Quito y otras ciudades, un autodenominado "Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador" llamó a la desobediencia civil y a la toma del poder. Mahuad se negó a dimitir o a cancelar la dolarización, pero el viernes, 21 de enero, miles de indígenas, reforzados, en inopinada alianza, por efectivos del Ejército de rangos inferiores y medios, ocuparon los edificios del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General, y declararon cesantes los poderes del Estado. Fue en este momento de anarquía en que no se sabía muy bien qué estaba sucediendo cuando emergió Gutiérrez como el presidente de una denominada Junta de Gobierno de Salvación Nacional; en la misma, el coronel aparecía flanqueado por el líder indígena Antonio Vargas y por el magistrado Carlos Solórzano Constantine, antiguo presidente de la Corte Suprema.

Secundado por los cuatro coroneles arriba citados, que se hicieron cargo de los puestos cimeros del Alto Mando militar (Cobo, la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Aguas, la Comandancia General de la Fuerza Terrestre, y Lalama, la Jefatura del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre), y por numerosos oficiales y suboficiales jóvenes de la ESPE y la Academia de Guerra (varios de ellos veteranos de la guerra del Cenepa contra el Perú), Gutiérrez asumió la portavocía del movimiento y, micrófono en mano, proclamó el inicio de "una lucha pacífica para romper las cadenas que atan a la más espantosa corrupción, cambiar las estructuras del Estado y fortalecer las instituciones democráticas".

Con posterioridad a los hechos, Gutiérrez justificó su rebelión como un acto de patriotismo ante una situación nacional crítica, ya que Mahuad "había perdido toda cualidad moral" para conducir el Estado por, según él, haber aceptado dinero empresarial y haber antepuesto los intereses particulares de los capitalistas ecuatorianos a los intereses del pueblo desde el momento en que confiscó los ahorros. Según el coronel, la asonada fue legítima en virtud de los artículos 3 y 97 de la Constitución de 1998, que obligaban, respectivamente, al Estado, a garantizar el sistema democrático y la administración pública libres de corrupción, y a todos los ciudadanos, a denunciar y combatir estos mismos actos de corrupción. Puesto que Mahuad había "violado" la Carta Magna, concluía Gutiérrez, el Ejército se había sentido impelido a intervenir porque había jurado defender dicha suprema ley.

A posteriori también, Gutiérrez reveló qué medidas habría adoptado la Junta de haber permanecido más tiempo en el poder: la reversión de la dolarización y, con carácter temporal, la elevación del tipo intervenido de cotización de los 25.000 a los 13.000 sucres por dólar; el inicio de procedimientos de extradición contra políticos y banqueros corruptos para "hacerles devolver el dinero que robaron al Ecuador y meterlos en la cárcel"; la fiscalización, "casi inquisidora", de todas las instituciones que recibían dinero público para cubrir sus agujeros financieros; el levantamiento del sigilo bancario a todo funcionario público; la creación de un cuarto poder del Estado, llamado de "control financiero" o de "rendición de cuentas"; y una profunda reforma en los órganos del poder legislativo y judicial, reduciendo el número de diputados y despolitizando la magistratura.

Claro que entonces apenas hubo tiempo para conjeturas sobre los pasos a tomar por la Junta, porque en cuestión de horas la aventura de Gutiérrez y sus compañeros tocó a su fin. Antes de acabar el día y sin explicar las razones -lo que, de entrada, sugirió graves descoordinaciones y divisiones entre los militares-, la Junta fue sustituida por otro triunvirato denominado Consejo de Estado, en el que Gutiérrez ya no figuró. Su puesto fue ocupado por el intrigante general Mendoza, quien procedió a reconducir la sublevación engañosamente triunfante a la situación anterior, lo que desde el punto de vista de los alzados constituyó un acto de "traición". Según el testimonio autoexculpatorio del general, él se vio arrastrado a la sedición cuando Mahuad le exigió, el día 20, que empleara la fuerza para contener a las turbas antigubernamentales, lo que, en su opinión, agotó los "escenarios de rectificación" para dar a la crisis una salida dentro del orden establecido.

Con las seguridades recibidas de Mendoza y el Alto Mando, el 22 de enero el Congreso tomó las riendas de la crisis y le dio un cerrojazo institucional: declaró cesante a Mahuad por abandono de sus funciones e invistió al vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano, un miembro de la élite política tradicional y del mismo partido que Mahuad, presidente constitucional con mandato hasta el 15 de enero de 2003. Poco después, Mahuad, desde su escondite, comunicó su conformidad con el nombramiento de Noboa. En resumidas cuentas, la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y la clase dirigente civil se apresuraron a apuntalar el orden de cosas puesto en peligro por unos sectores sociales desde siempre marginados por las clases dirigentes blancas que creyeron conquistar el poder por la vía insurreccional y con la ayuda inestimable de Gutiérrez y su grupo de coroneles, los cuales fracasaron en convencer a todos los mandos por encima de ellos.

Gutiérrez y sus compañeros fueron inmediatamente arrestados y sometidos a las autoridades judiciales, tanto civiles como militares. El 1 de junio el coronel llevaba más de cuatro meses encarcelado cuando el Congreso, a instancias del Gobierno de Noboa, que deseaba apaciguar la tensa situación social por la reactivación de la protesta indígena y la escalada en los precios, aprobó una ley de amnistía para él y otros 16 oficiales, los cuales recobraron la libertad al día siguiente. Se trataba de una exoneración ante las justicias civil y militar por los cargos de insubordinación y sedición, no ante la Comandancia General del Ejército, que aún debía dictar las sanciones disciplinarias correspondientes. Según un sondeo de opinión realizado poco antes, el 67% de los ecuatorianos rechazaba el enjuiciamiento de los oficiales implicados en la asonada de enero.

Sin perder un minuto, Gutiérrez se hizo entrevistar por la prensa local y extranjera para defender su actuación en los acontecimientos del 21 enero. Así, negó que aquel día se intentase un golpe de Estado, tal como aseguraban Mahuad y otros políticos, y, antes bien, describió los hechos como una "rebelión popular nacida de las entrañas mismas del pueblo ecuatoriano", que, como "forma de autodeterminación de los pueblos", le parecía tan legítima como las revoluciones francesa, norteamericana y la propia de los ecuatorianos cuando la independencia de España a principios del siglo XIX. Estos comentarios le acarrearon el 5 de junio un arresto de cuatro días por orden de la autoridad militar. Superado este último encontronazo con sus superiores de uniforme, Gutiérrez se lanzó de lleno a la política. Con celeridad, articuló un movimiento de apoyos para catapultarle a la Presidencia de la República en las elecciones de 2002, meta que, estaba convencido, quedaba al alcance de su mano, no obstante ser un absoluto neófito en estas lides y, a priori, un rival no de talla para los líderes políticos consolidados, algunos de ellos empresarios multimillonarios que no iban a reparar en gastos para sufragar sus campañas.


3. Proyecto político presidencial con mensajes de regeneración nacional
El 10 de junio de 2000 Gutiérrez solicitó a la Comandancia General el estado de servicio pasivo en las Fuerzas Armadas. Una vez obtenido el pase a la reserva del Ejército, el 5 de julio presentó junto con algunos militares, policías y civiles que participaron en la asonada el Partido Sociedad Patriótica 21 de enero (PSP). La primera parte del nombre aludía al fracasado alzamiento patriótico de 1809 contra los españoles, que prologó la verdadera independencia en 1822; la segunda parte de nombre del partido dejaba constancia de la reciente "gesta heroica" en la que, en una "simbiosis maravillosa con el pueblo ecuatoriano", su grupo de militares había dado "horas de libertad, dignidad y autoestima" a ese mismo pueblo.

Gutiérrez explicó que su movimiento aspiraba a ser tan grande como los 12 millones de ecuatorianos -"sólo los corruptos" no tendrían acceso al mismo, puntualizó-, a traer "la segunda y definitiva liberación" del Ecuador, y a "refundar el país" de manera pacífica y democrática. El PSP nacía con un fuerte sentido moral, ya que el problema más grave que tenía la nación andina no era "el económico ni el social, sino el ético". Indagado por el sustrato ideológico de su partido, Gutiérrez esquivó la atribución de cualquier etiqueta clásica de izquierda e insistió en que sólo se guiaba por la devoción por la patria y un sentimiento de unidad nacional que bebía del pensamiento y las acciones de los próceres de la independencia y, muy especialmente, del Libertador Simón Bolívar.

La presentación de sí mismo como un "ferviente" seguidor de las ideas integracionistas bolivarianas enriqueció el cuadro de similitudes de Gutiérrez, por antecedente sedicioso y por discurso regeneracionista, con el otrora teniente coronel y ahora presidente de Venezuela Hugo Chávez, quien en diciembre de 1998 había arrollado en las urnas por acertar a capitalizar el profundo rechazo de la gran mayoría de la población venezolana a su clase política y a transmitir a la sociedad del país vecino un proyecto ilusionante. Gutiérrez no se privó de expresar su admiración por el movimiento chavista, cuyo éxito en la implicación de los militares en política y en el salto al poder por la vía exclusivamente democrática constituía para el coronel ecuatoriano una referencia de primer orden.

La estirpe contemporánea de militares progresistas (Omar Torrijos en Panamá, Juan Velasco Alvarado en Perú, Juan José Torres en Bolivia) tenía en el mismo Ecuador un notorio representante, el ya citado dictador Guillermo Rodríguez Lara, el cual dirigió entre 1972 y 1976 un régimen calificado de nacionalista y revolucionario que se asignó los objetivos de la reforma agraria, el control estatal del petróleo, la plena explotación de los recursos naturales, el desarrollo educativo y el sometimiento de la oligarquía al poder popular, con resultados harto discutibles. Como Gutiérrez 25 años después, Rodríguez Lara aseguraba carecer de ideología al uso. Más cerca en el tiempo estaba el caso de Frank Vargas Pazzos, díscolo general de Aviación que provocó varias perturbaciones golpistas durante la Presidencia del conservador León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano (PSC), en 1986 y 1987. Erigido en fustigador de corruptos en los estamentos civil y militar, Vargas se hizo muy popular entonces por su talante, difícil de clasificar, a caballo entre el nacionalismo presuntamente regeneracionista, un machismo típicamente castrense y la admiración por los métodos de acción directa en lugar de las fórmulas legalistas y los cabildeos políticos.

Otro elemento de carisma en Gutiérrez tenía que ver con su tez morena, evocadora de un grado de mestizaje con el que, un poco al modo del presidente peruano Alejandro Toledo (no obstante presentar éste un tipo racial mucho mas acusado, de indígena quechua), podían sentirse identificados esa gran mayoría de ecuatorianos mestizos e indígenas puros que desde la restauración de la democracia sólo habían conocido presidentes blancos de ascendencia española o libanesa.

En enero de 2001 Gutiérrez acompañó a Antonio Vargas en la nueva campaña de movilizaciones de la CONAIE contra las subidas de las tarifas de los servicios públicos y el IVA decretadas por el Gobierno de Noboa, y en los meses siguientes multiplicó los actos públicos como preparación de su candidatura presidencial. El 27 de febrero de 2002 el PSP fue inscrito en el registro de partidos. A lo largo de 2002 el coronel napeño realizó varias salidas a países latinoamericanos para dar charlas en universidades y asistir a eventos como el II Foro Social Mundial, celebrado en la ciudad brasileña de Porto Alegre a principios de febrero. Con el fin de robustecer sus posibilidades de pasar a la segunda vuelta en las elecciones del 20 de octubre, el aspirante pactó el respaldo de la CONAIE, ahora presidida por Leónidas Iza, y de otras organizaciones y sindicatos, más sendas alianzas con los partidos políticos de izquierda Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP), coordinado por Miguel Lluco Tixe y estrechamente ligado a la CONAIE en tanto que brazo político del colectivo indígena militante, y el Movimiento Popular Democrático (MPD), este de tendencia marxista.

También, se fraguaron listas comunes con el Partido Socialista Ecuatoriano-Frente Amplio (PSE-FA), de extrema izquierda, pero el acuerdo fue roto a los dos meses de la firma. Como compañero de fórmula para la Vicepresidencia de la República, Gutiérrez escogió a un independiente, el médico cardiólogo y ex ministro de Sanidad Alfredo Palacio González. En el programa de Gobierno de Gutiérrez señoreaban dos puntos. En primer lugar, la lucha frontal e implacable, con características de cruzada, contra toda forma de corrupción y fraude económicos cometidos por funcionarios públicos, empresarios privados y personal bancario. En particular, proponía una legislación especial para combatir la evasión tributaria, el contrabando aduanero y el trasiego ilícito de dinero entre los poderes públicos y la banca y la empresa privadas. Quienes estando procesados por esos delitos se hallaran prófugos en el extranjero, harían frente a los correspondientes procesos de extradición. Además, el Código Penal sería modificado para imponer castigos draconianos, como la cadena perpetua para todo funcionario público hallado culpable de malversar fondos superiores a los 5.000 dólares.

El otro aspecto destacado del programa electoral del PSP era la atención prioritaria, por delante de transformaciones como la privatización de los sectores eléctrico y de las telecomunicaciones, a las cuestiones sociales, aliviando de cargas al ecuatoriano corriente golpeado por la crisis y brindando servicios y oportunidades a los más desfavorecidos. Entre las propuestas en este terreno, calificadas alternativamente de "izquierdistas" y "populistas" por sus detractores, figuraban: la rebaja del IVA del 12% al 10%; el aumento de los gastos en la educación hasta suponer el 30% del presupuesto total (tal como recogía la Constitución de 1998, que exhortaba a erradicar el analfabetismo); el establecimiento de un seguro universal de salud; la dotación de vivienda subvencionada y vivienda prefabricada con cargo al Estado para cuatro millones de familias; y, una oferta de bonos específicos para cubrir las necesidades de los pobres, los estudiantes, los agricultores, los pescadores y los artesanos.

Adicionalmente, Gutiérrez manifestaba su intención de impulsar la creación de una Agencia de Garantías del Emigrante para atender todas las necesidades de este importantísimo colectivo, que subvenía a la economía nacional con sus remesas, y para vigilar sus condiciones legales y laborales en los países de acogida, fundamentalmente Estados Unidos y España, de lo que se derivaba la lucha policial contra el tráfico de personas. En política exterior, Gutiérrez se presentaba como un latinoamericanista convencido que creía en la necesidad de articular un "gran frente continental" para presentar una propuesta global contra la hipoteca al desarrollo que suponía el pago de la deuda externa y para enfrentar el resto de problemas compartidos por los estados del subcontinente, cuales eran la pobreza, la corrupción, el narcotráfico y las agresiones al medio ambiente.

En consecuencia, durante la campaña electoral Gutiérrez se declaró muy crítico con el denominado Plan Colombia (acometido por Estados Unidos para combatir las fuentes del narcotráfico en el país vecino con incidencia en los medios militares). También le disgustaban el convenio ecuato-estadounidense de noviembre de 1999 para el uso conjunto de la Base Área de Manta (sita en la provincia de Manabí, la instalación era un importante centro operacional de Estados Unidos en su lucha contra el narco-terrorismo en la región) y el proyecto del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), igualmente impulsado por Washington.

Al cierre de la campaña, Gutiérrez refutó las imputaciones de "comunista" vertidas por el candidato del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), el magnate bananero y antiguo bucaramista Álvaro Fernando Noboa Pontón, recalcando que, como hombre de la milicia, él no tenía formación ideológica ni doctrina política, que su "única ideología" era "el pueblo del Ecuador" y que de hecho se trataba de un hombre de profundas convicciones cristianas, respetuoso con la propiedad privada y los Derechos Humanos. El 6 de octubre, en una entrevista concedida a un diario guayaquileño, el candidato se definió como "un nacionalista que ama profundamente al Ecuador" y como "un individuo no dogmático, sino más bien pragmático".


4. Inopinada victoria electoral en 2002
Según los sondeos, Gutiérrez ni siquiera tenía seguro el paso a la segunda vuelta y aparecía rezagado con respecto al ex presidente socialdemócrata (1988-1992) Rodrigo Borja Cevallos, de la Izquierda Democrática (ID). El favorito era Noboa, quien en la edición de 1998 había estado cerca de conseguirlo frente a Mahuad. Sin embargo, el 20 de octubre de 2002 el militar en la reserva dio la campanada al colocarse el primero con el 20,3% de los votos seguido de Noboa (17,4%), de León Roldós Aguilera por el Movimiento Ciudadano (15,5%) y de Borja (14%). El otro protagonista de la asonada de 2000, Antonio Vargas, compitió por cuenta propia, como candidato del movimiento indígena Amauta Jatari, y sólo cosechó el 0,8% de los votos.

En el interludio hasta la segunda vuelta, donde se vería las caras con Noboa, Gutiérrez aplicó a su discurso un tono más conciliador y menos retórico, para aquietar los temores que sus propuestas programáticas -más que su estilo personal, habitualmente contenido y alejado, por ejemplo, de la exuberancia y la agresividad de Hugo Chávez- estaban suscitando en los operadores económicos. Gutiérrez amplió su relación de contactos con los actores sociales ecuatorianos, mantuvo reuniones con el presidente saliente, Noboa Bejarano, y con la cúpula militar, e incluso viajó a Estados Unidos para entrevistarse con empresarios, banqueros y representantes del FMI, a quienes causó una buena impresión al asegurarles que un Gobierno suyo respetaría la dolarización, mantendría el diálogo con el organismo financiero para la recepción de un préstamo de contingencia de 240 millones de dólares y cuidaría la austeridad fiscal, un punto este último que se antojaba difícilmente conciliable con la prometida expansión del gasto social del Ejecutivo. De paso, Gutiérrez se etiquetó por primera vez a sí mismo como un político de "centro-izquierda", negó que pudiera ser la tercera ficha de un dominó ideológico en América Latina luego de los triunfos de Chávez en Venezuela y de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, y aclaró, contrariamente a lo dicho anteriormente, que apoyaba la presencia de militares estadounidenses en Manta. Estas manifestaciones generaron las primeras suspicacias en el movimiento indígena.

El 24 de noviembre, arropado por una masa de enfervorizados partidarios, Gutiérrez acudió a votar en su colegio quiteño vestido "por última vez" con la indumentaria paramilitar verde oliva con que había realizado toda la campaña, y exudando triunfalismo. Al cabo de una jornada electoral impecablemente democrática, el escrutinio otorgó la victoria a Gutiérrez sobre el magnate de Guayaquil con el 54,3% de los votos. En sus primeros momentos como presidente electo, Gutiérrez anunció un Gobierno pluralista y de concertación nacional, con inclusión de representantes de los movimientos sociales a la vez que banqueros y hombres de negocios de probada honestidad. Tanto el Pachakutik como el MPD obtendrían ministerios. También, indicó que tras asumir el cargo enviaría al Congreso sendos proyectos de ley para despolitizar los tribunales de justicia, crear la cuarta función del Estado, la de control y rendición de cuentas, reducir el número de diputados, reformar el código electoral y modernizar el aparato burocrático.

La salida adelante de esta reforma política y estatal se auguraba complicada, ya que Gutiérrez iba a tener que negociar con el atomizado Congreso salido de los comicios del 20 de octubre, los cuales sólo otorgaron 13 escaños sobre 100 a las candidaturas del PSP y el Pachakutik, bien como lista conjunta, bien concurriendo por separado. Entre los escaños ganados estaban los de la futura primera dama, Ximena Bohórquez, por Pichincha, el hermano menor de Gutiérrez, Fausto Gilmar, también militar de carrera, por Napo, y un primo materno, Aníbal Renán Borbúa Espinel, por Guayas. Además, Gilmar Gutiérrez y Renán Borbúa eran respectivamente el presidente nacional del PSP y el jefe del partido en Guayaquil. Aparte, un puñado de candidatos de ambas formaciones obtuvo el escaño en algunas circunscripciones dentro de listas conjuntas con partidos de izquierda. Contrastando vivamente con lo sucedido en las presidenciales, el PSC, el PRE y la ID, esto es, los partidos dominantes tradicionales, se hicieron con las bancadas más nutridas del hemiciclo.

Para tranquilizar a los descontentadizos del Pachakutik a raíz de su viraje a la moderación entre los turnos electorales, Gutiérrez aseguró que no iba a aplicar un paquetazo, es decir, medidas de ajuste traumáticas de la economía, porque "los ecuatorianos no resisten más". Ya entonces, a modo de análisis prospectivo, no era aventurado suponer que el nuevo mandatario ecuatoriano se exponía a correr la suerte de otros líderes sudamericanos aupados al poder con muy parecidas o idénticas promesas de luchar contra la corrupción y la pobreza rampantes, es decir, que en un tiempo muy breve viera evaporarse su popularidad.

Lo cierto era que los esperanzados votantes de Gutiérrez, que no estaban homogéneamente repartidos en todos los ámbitos sociales y geográficos del país, ya que predominaban abrumadoramente los indígenas y mestizos del interior serrano, ansiaban apreciar con la mayor prontitud una mejora sustancial en sus deplorables condiciones de vida. En este sentido, la accidentada cuenta atrás para la toma de posesión presidencial, con un mandato de cuatro años, del 15 de enero de 2003, a la que asistieron varios presidentes de la región inclusive Chávez (quien, en unas declaraciones embarazosas para su anfitrión, cubrió de elogios el "tremendo" y "revolucionario" discurso inaugural del flamante mandatario) y el también debutante Lula de Silva, podía ser vista como un aviso a Gutiérrez por anticipado.

En los días previos al evento, en el que lanzó la advertencia lapidaria "o cambiamos al Ecuador o morimos en el intento", el antiguo uniformado desató una tormenta política con su declaración de que los nueve ex presidentes vivos del país deberían "ir a la cárcel" por su responsabilidad "en el desastre nacional". Gutiérrez arremetió especialmente contra el veterano político guayaquileño Febres Cordero, que seguía conservando un considerable ascendiente en la política nacional desde que terminó su mandato presidencial en 1988, a quien llamó "el personaje más nefasto del país". El presidente electo se vio obligado a retractarse de estos comentarios y a pedir disculpas públicamente, y también hubo de abandonar su intención inicial de prestar juramente de su cargo no ante el pleno del Congreso, sino "ante el pueblo", en un foro alternativo que no especificó. Por si fuera poco, las negociaciones emprendidas con los partidos de la oposición para intentar asegurarse una mayoría de respaldo en el Congreso no prosperaron.

Este rosario de tropezones, insólito en un mandatario que ni siquiera había empezado a gobernar, mereció duras reprimendas de la prensa ecuatoriana, que presentó los tempranos bandazos de Gutiérrez como los propios de un líder impulsivo y bisoño, acostumbrado a las fórmulas autoritarias de la milicia y no familiarizado con las formalidades y los mecanismos de la institucionalidad civil.


5. Temprano giro a la derecha y ruptura con el principal colectivo indígena
Quienes entre las élites políticas y empresariales tradicionales habían temido que el Ejecutivo, con Gutiérrez al timón, tomara una deriva populista de izquierdas, empezara a aplicar medidas de corte socialista o impusiera soluciones expeditivas al estilo "castrista" o "chavista" quedaron rápidamente aliviados. Al contrario, la frustración afloró en los partidos de la izquierda, los sindicatos y los colectivos indígenas al ver cómo el ex coronel, a las primeras de cambio, se desdecía de las promesas electorales de contenido social y se sometía a las directrices liberales.

El 19 de enero, a los cuatro días de empezar a gobernar, en un vuelco que recordó el protagonizado por Bucaram nada más iniciar su mandato en agosto de 1996, el presidente y su ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo Crespo, anunciaron a la nación un "Programa de Ordenamiento Económico y Desarrollo Humano" que contemplaba el incremento inmediato de los precios de los combustibles, la congelación de los salarios en el sector público y reducciones en los gastos del Estado. Como compensación, el llamado Bono Solidario, instaurado por el Gobierno Mahuad en 1998 y que recibían cada mes 1,2 millones de ecuatorianos encuadrados en colectivos especialmente vunerables, subía de los 11,5 a los 15 dólares para las madres de familias pobres y de 7 a 11,5 dólares para ancianos y discapacitados (meses después, en mayo, el Bono Solidario iba a fusionarse con el programa de Beca Escolar para dar lugar al Bono de Desarrollo Humano, elemento clave del sistema de protección social del Ecuador).

"Con profundo dolor asumo la responsabilidad de las medidas y pido la comprensión y el apoyo de todos los ecuatorianos", dijo el presidente en su alocución televisada. El Gobierno reconoció que lo que tenía entre manos era un programa de ajuste, pero "no tradicional", ya que se fijaba metas tanto de ingresos como de gastos. Las medidas, proseguía el Gobierno, eran insoslayables debido al voluminoso déficit fiscal heredado de la Administración de Noboa Bejarano. A continuación, el 9 de febrero, Gutiérrez inició en Estados Unidos un viaje no oficial de seis días. El 10 de febrero asistió a la firma por el ministro Pozo en la sede del FMI en Washington de una carta de intenciones sobre la liberalización de los precios, el manejo cuidadoso de los ingresos fiscales, la introducción de reformas en los terrenos laboral, tributario y arancelario, y el pago de la deuda externa, que entonces alcanzaba los 16.400 millones de dólares. A cambio, el país andino recibía del FMI un crédito de 200 millones de dólares y la elegibilidad para obtener otros 500 millones más a cuenta del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la jornada siguiente, el presidente comunicó a su homólogo anfitrión en la Casa Blanca, George Bush, que el Ecuador deseaba convertirse "en el mejor amigo y aliado de Estados Unidos en la lucha permanente por alcanzar la paz en el mundo, fortalecer la democracia, reducir la pobreza, combatir el narcotráfico y terminar con otra lacra humana como es el terrorismo". De estas palabras se desprendía que Quito aceptaba participar en el Plan Colombia y levantaba cualquier objeción al convenio sobre el uso conjunto de la Base Aérea de Manta hasta 2009.

Sectores de la CONAIE y el Pachakutik, que tenían a dos líderes históricos en el Ejecutivo, Nina Pacari Vega, ministra de Relaciones Exteriores, y Luis Macas Ambuludi, ministro de Agricultura y Ganadería, acusaron a Gutiérrez de estar enajenando la soberanía nacional con sus primeras decisiones de puertas afuera. Además, el presidente se puso a cortejar con acciones clientelistas de entrega de prebendas y dádivas a una ONG de nuevo cuño que se erigió en rival de la CONAIE, el Frente de Defensa de los Pueblos Indígenas Campesinos y Negros del Ecuador (FEDEPICNE). Ahora bien, la inquietud de la opinión pública, aquí sin distingos de ideología, comenzó a manifestarse también en relación con los fuertes indicios de nepotismo presidencial.

Si la condición de diputados del PSP de la esposa, el hermano menor y un primo del presidente no presentaba ninguna incompatibilidad, las dudas y el estupor resultaron inevitables a medida que fue conociéndose el número impresionante de parientes sanguíneos y políticos que estaban recibiendo un despacho o una prebenda en la función pública del Estado. De entrada, el presidente colocó a sus tres hermanas: Janeth, a quien hizo su secretaria particular, Paola, a la que nombró coordinadora general de Banco del Estado (BEDE), y Susana, encargada de misión en la Embajada ecuatoriana en Buenos Aires. El esposo de Janeth Gutiérrez, Gualberto Napoleón Villa Barragán, un coronel retirado de la Policía, fue designado presidente ejecutivo del Fondo de Solidaridad, un organismo clave encargado de financiar los programas de desarrollo social, aunque su gestión aquí iba a ser efímera. Varios familiares del cuñado del jefe del Estado recibieron importantes nombramientos en el Fondo de Solidaridad y en las empresas estatales Petroecuador, Petrocomercial, Petroproducción y Pacifictel, así como en el servicio diplomático.

El apellido Borbúa, es decir, la familia carnal del presidente por parte de madre, también abundaba en las instituciones del sector público. Por ejemplo, un tío, Mario Aníbal Borbúa Bohórquez, era el gerente general del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE). Y lo mismo sucedía con la familia materna del primo Renán Borbúa. En añadidura, una hermana de la primera dama, Rocío Bohórquez Romero, tomó asiento en el Directorio de Andinatel y en calidad de presidenta del mismo, un puesto que cabía calificar de sinecura.

Los entresijos de la familia presidencial desembocaron en un galimatías de recriminaciones atizadas por propios y extraños. El 7 de abril, cuando ya habían tenido que dimitir cinco altos cargos del oficialismo, entre ellos el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Nelson Álvarez Sánchez (tras revelarse que arrastraba una orden judicial de arresto por estafa desde 1996 y una denuncia por falsificación de documento bancario y desfalco desde el año pasado), y el propio supercuñado del presidente, Napoleón Villa (acusado de haberse embolsado irregularmente haberes de la Policía en 1994), Ximena Bohórquez, que no vivía en Carondelet y que a todos los efectos estaba separada de su marido, generó un nuevo escándalo al declarar al periódico El Universo que el presidente había errado en la selección de funcionarios, que el Gobierno debía "entrar en un sano proceso de depuración" y que el país merecía "respeto" y "transparencia".

Gutiérrez reaccionó inmediatamente, tachando de "lamentables" y "rayanas en los límites de la inmoralidad" las declaraciones de la primera dama, pero se vio obligado a dejar caer a más allegados identificados por la prensa como integrantes de la "red" de familiares y amigos, y como beneficiarios de las "cuotas" de poder pactadas por el presidente. La puesta en marcha del Sistema Anticorrupción del Ecuador (SAE) a partir de una Comisión adscrita a la Presidencia no impresionó a unas cabeceras de prensa decididamente fiscalizadoras y hostiles que endilgaron al cabeza de tal comisión, el dirigente del PSP Alejandro Nájera, la elaboración de "listas negras" de "enemigos" del Gobierno, entre los que habría numerosos periodistas, así como la práctica de espionajes telefónicos.

El ambiente se enrareció más a partir del 12 de abril, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció que las autoridades del país estaban colaborando con las ecuatorianas en el esclarecimiento de un presunto complot para asesinar a Gutiérrez; los anónimos conspiradores habrían contratado a sicarios de Cali para perpetrar un "atentado" contra la vida del presidente. El 6 de julio, el MPD, que tenía dos ministros en el Gobierno, abandonó el barco del oficialismo por la "derechización" del presidente. El primero de agosto dimitió sin dar una explicación satisfactoria el ministro de Gobierno y Policía, Mario Canessa Oneto.

Cinco días después de la salida de Canessa, y al tiempo que el Congreso derrotaba un proyecto de ley enviado por el Gobierno para introducir controles en la contratación de trabajadores estatales y podar la burocracia, la CONAIE y el Pachakutik declararon rota la coalición porque el presidente, así rezaba el duro manifiesto de la ONG indígena, había "traicionado el mandato que le fue entregado por el pueblo ecuatoriano" desde el momento en que firmó la carta de intenciones con el FMI, asumió el principio de la privatización de los activos del Estado, flexibilizó el mercado laboral, reformó la fiscalidad y lanzó "una reforma de la Seguridad Social que busca destruirla". El grupo de los ahora dimitidos Nina Pacari, Luis Macas y Doris Solís Carrión, ministra de Turismo, se desligaba de "cualquier responsabilidad" por la actuación del Gobierno y llamaba a los ecuatorianos a movilizarse y a expresar "su rechazo a un régimen que se caracteriza cada vez más por la corrupción y el entreguismo".

La espantada de sus socios indígenas e izquierdistas dio a Gutiérrez plena libertad para, por necesidad legislativa y al parecer también por convicciones personales, negociar el soporte de los partidos escorados al centro y la derecha, empezando por el PSC. El 17 de diciembre de 2003 se hizo cargo del Ministerio de Gobierno y Policía un antiguo lugarteniente de Rodrigo Borja, Raúl Baca Carbo, mientras que para la Secretaría General de la Administración Pública fue reclutado el ex ministro con Durán-Ballén y ex diputado del PUR Xavier Ledesma Ginatta.

Antes de terminar 2003, la CONAIE celebró una denominada Asamblea de los Movimientos Indígenas, Campesinos, Sociales y Partidos Políticos de Izquierda y Democráticos, la cual, ya sin tapujos, llamó a forzar la salida del poder del "traidor" Gutiérrez "por no ser coherente con los principios y programas que le permitieron triunfar en las urnas y por haberse subordinado una vez más al PSC y a los planteamientos del FMI, que han profundizado el modelo neoliberal, la corrupción y pobreza para el 80% de los ecuatorianos". La CONAIE expresó también su "rechazo a la política dictatorial y autoritaria" del Ejecutivo, en referencia a la represión policial de una huelga de maestros y de varias movilizaciones de los colectivos indígenas y campesinos.


6. Cuenta atrás para el estallido social
La "gran marcha hacia la unidad nacional" y la "gran asamblea de trabajadores y los pueblos del Ecuador", convocadas por la CONAIE para principios de 2004 con la intención de poner a Gutiérrez contra las cuerdas, fracasaron debido a las disensiones con la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negros (FENOCIN). La falta de entendimiento en este frente opositor impidió por el momento la realización de movilizaciones conjuntas. Y eso, a pesar de un suceso tan grave como el intento de asesinato de Leónidas Iza, que el 1 de febrero fue blanco de los disparos efectuados por dos pistoleros en el momento de apearse de un taxi junto con su familia frente a la sede de la CONAIE en Quito; aunque el presidente de la confederación indígena salió ileso, su hijo, su esposa y otros dos familiares resultaron heridos de diversa consideración.

El atentado contra Iza sucedió al asesinato, el 30 de enero, del funcionario de Petroecuador Patricio Campana, justo cuando se disponía a presentar a la justicia un informe sobre la sustracción ilícita de combustible por una mafia de propietarios de gasolineras, y precedió al intento de asesinato, fallido también, el 9 de febrero del presidente ejecutivo de la emisora de televisión Telesistema, Carlos Muñoz Insúa. El Gobierno condenó enérgicamente estos crímenes y habló de "grupos extremistas" que pretendían desestabilizarlo, pero los alarmados sectores de la oposición no tuvieron ambages en enmarcarlos en una "política de persecución, crimen e impunidad" que tendría sus expresiones más cotidianas en las amenazas anónimas a periodistas. A estas alturas, las relaciones entre el poder y los medios de comunicación, sobre todo los basados en Guayaquil, que no se cansaban de publicar detalles escandalosos sobre presuntas corruptelas y abusos en el oficialismo, eran absolutamente belicosas.

La tensión política fue escalando de nivel a lo largo de 2004. A finales de mayo, el presidente no tuvo más remedio que cesar a uno de los pesos pesados del Ejecutivo y el partido, el coronel en la reserva Patricio Acosta Jara, que venía fungiendo de ministro de Bienestar Social desde el mes de diciembre, cuando dejó el puesto de secretario general de la Administración Pública. Gutiérrez soltó lastre con Acosta luego de saberse que el Departamento de Estado de Estados Unidos le había incluido en su lista de autoridades extranjeras sospechosas de corrupción y le había cancelado el visado de entrada en el país. La defenestración de Acosta fue unánimemente considerada un rudo golpe para Gutiérrez, que nombró para el Ministerio de Bienestar Social a su antiguo compañero en la revuelta de 2000, el quechua Antonio Vargas.

Antes de poder digerir el escándalo en torno a Acosta la opinión pública se encontró con la renuncia de Mauricio Pozo. El titular de Economía venía sufriendo un fuerte desgaste por el vendaval de críticas a su gestión desde el frente social e indígena, el cual empezaba a tener éxito en el liderazgo de la oposición popular a los intentos del presidente y los diputados afectos de que el Congreso diera luz verde a la explotación de los campos petrolíferos amazónicos de Shushufindi, Lago Agrio, Culebra-Yulebra y Auca, a cual más rentable, por concesionarias privadas extranjeras. Gutiérrez reemplazó a Pozo por el presidente del Directorio del Banco Central, Mauricio Yépez Najas. El país todo era un mentidero, y el rumor del momento apuntaba a una inminente "autodictadura" del Gobierno que incluiría el cierre del Legislativo.

Una semana después de la caída de Pozo, el 6 de junio, coincidiendo con el arranque en la capital del XXXIV período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (al que no faltó el secretario de Estado de Bush, Colin Powell), el país fue sobresaltado por un rosario de bombas de escasa potencia que estallaron en Quito, Guayaquil y Cuenca, y que tenían el remite de un tal "Grupo de Combatientes Populares". Al mismo tiempo, piquetes de la CONAIE bloqueaban la carretera panamericana en dos puntos al norte de Quito. Ahora mismo, la aceptación popular del presidente no superaba el 20%, de creer los sondeos periodísticos. El estilo porfiado de Gutiérrez fue ganando en intensidad a medida que arreciaban las acusaciones de sus detractores. Su agenda exterior había sido, e iba a seguir siéndolo, perturbada por los conflictos en el Gobierno y el Congreso, aunque el 12 de julio de 2004 discurrió sin novedad en Quito el XV Consejo Presidencial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Teniendo a Gutiérrez de anfitrión, los presidentes de los cinco países miembros adoptaron la Declaración sobre el Establecimiento y el Desarrollo de la Zona de Paz Andina.

Uno de los principales motivos de la irritación de la CONAIE era el acusado interés de Gutiérrez en las dinámicas de integración comercial y desarme arancelario. El otrora crítico con los procesos librecambistas en la región se había convertido en un paladín de los mismos. El Gobierno no ahorraba los gestos favorables al proyecto del ALCA. Es lo que se desprendía, por ejemplo, de la decisión de conceder parte del patrimonio de Petroecuador a las multinacionales. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, propuesto formalmente por Gutiérrez a Bush en octubre de 2003, empezó a negociarse el 18 de mayo siguiente en Cartagena de Indias en una mesa multilateral que también incluía a Perú y Colombia. Entre medio, el 16 de diciembre de 2003 en Montevideo, el canciller Patricio Zuquilanda Duque culminó las negociaciones para la firma de un Acuerdo de Complementación Económica que, con vistas a la formación a la mayor brevedad de un área de libre comercio entre los dos bloques, comprometía al Ecuador, Colombia y Venezuela por parte de la CAN, y a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay por parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Justo un año después, en su cumbre de Belo Horizonte, el MERCOSUR iba a conceder al Ecuador el estatus de Estado asociado.

Transcurrido el verano de 2004, las relaciones de mutuo interés entre el PSP y el PSC, es decir, entre Gutiérrez y Febres Cordero, quien para muchos era la segunda figura política más influyente del país, se fueron a pique por diferencias insuperables en torno a las licitaciones y concursos a la hora de sacar a la venta los activos del Estado. La oposición izquierdista describió este conflicto como una reyerta por el "botín de las privatizaciones" entre unos partidos que no renunciaban a convertir las transformaciones del sector público en un negocio para engrosar patrimonios y clientelas. Las acusaciones cruzadas de latrocinio se recrudecieron durante la campaña de las elecciones seccionales (a prefectos y consejeros provinciales, a alcaldes y concejales municipales, y a miembros de las juntas parroquiales) del 17 de octubre, que depararon unos resultados bastante mediocres al oficialismo (28 alcaldías sobre 219 con el 8% de los votos).

Crecidos con sus buenos resultados en estos comicios, los socialcristianos capitanearon en el Congreso un movimiento de destitución del presidente por unos supuestos de corrupción, por uso ilícito de fondos del Estado para financiar giras de candidatos electorales del PSP. El 4 de noviembre, un grupo de parlamentarios del PSC, la ID, el Pachakutik y el MPD presentó una petición de juicio político al presidente bajo las presunciones de peculado (malversación de fondos públicos), cohecho y delitos contra la seguridad del Estado. Aunque un proceso de impeachment, de destitución con juicio político, tenía muy pocas posibilidades de prosperar, Gutiérrez montó en cólera, prometió "luchar a muerte" en defensa de su cargo y de su reputación, y acusó a Febres Cordero de ser el "cerebro" de una "conspiración" de políticos y empresarios conservadores que, según él, actuarían por venganza, porque el Gobierno había empezado a cobrarles las deudas que tenían con el fisco. El 8 de noviembre renunció el ministro Baca Carbo, a quien sucedió Jaime Damerval Martínez. Al día siguiente, la iniciativa opositora contra el presidente quedó frenada en seco al no reunir sus promotores el número suficiente de votos, 51, para nombrar una comisión legislativa que sería la encargada de determinar la factibilidad del enjuiciamiento.

Para escapar del cerco que le estaban tendiendo sus enemigos políticos, Gutiérrez se echó en los brazos de los partidos populistas PRE, de Bucaram, y PRIAN, de Noboa Pontón, que sumaban 25 escaños en un Congreso atomizado. Las dos agrupaciones que se sentaban con el PSP en el Gobierno, el Amauta Jatari y el Movimiento Esperanza, Transformación y Acción (META), eran dos grupúsculos extraparlamentarios que no podían ofrecerle ningún soporte más allá de lo simbólico. En cuanto al vicepresidente Palacio, tomó la decisión de cancelar todo acto institucional que le juntara con Gutiérrez hasta que este escuchara a los colectivos populares, apostara por el consenso político, cumpliera con sus promesas electorales y abrazara "un nuevo modelo económico y social".

El enorme riesgo político que este movimiento entrañaba no disuadió a Gutiérrez de negociar en secreto una delicada transacción con el ex presidente Bucaram, con quien ya el primero de septiembre sostuvo una entrevista en Panamá, no obstante ser un prófugo de la justicia ecuatoriana, y con su rival electoral en 2002, Noboa. Como pago a su vital respaldo en el Congreso, el presidente accedió a que representantes de los dos partidos tomaran asiento en la Corte Suprema. El más interesado en una politización favorable de la Corte era Bucaram, sobre el que pendían varias causas criminales por corrupción que únicamente el alto tribunal podía cerrar.

La grave crisis política y social, que no económica en términos de producción e ingresos financieros, ya que las macromagnitudes se estaban beneficiando del boom petrolero, con más exportaciones y a precios más altos, entró en una fase de no retorno a partir de dos actuaciones extremadamente controvertidas de la nueva mayoría congresual formada por el oficialismo y sus aliados, entre los que volvían a estar los izquierdistas MPD y PSE. La primera, el 25 de noviembre, fue la destitución en bloque de los vocales del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral. La segunda, el 8 de diciembre, fue la idéntica medida tomada con 27 de los 31 jueces de la Corte Suprema, seguida del nombramiento de los sustitutos, la mayoría de los cuales eran afines al bloque progubernamental. Sin ir más lejos, el presidente de la nueva corte, Guillermo Castro Dáger, era un roldosista confeso, amigo de Bucaram y también de Gutiérrez.

La drástica "reforma judicial" abrió la caja de los truenos, con la oposición formada por el PSC, el Pachakutik y la ID hablando lisa y llanamente de "usurpación de los poderes del Estado" y de "dictadura". Las acusaciones de escalada autoritaria recibieron un nuevo estímulo el 20 de diciembre con el anuncio por el presidente de que el 21 de enero de 2005 los ecuatorianos serían preguntados en referéndum si estaban de acuerdo con que los integrantes de la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional y la Procuraduría General del Estado fueran nombrados, no por el Legislativo, sino a través de colegios electorales. La consulta, enmarcada por Gutiérrez en su lucha contra quienes se habían "apoderado de todos los mecanismos de control", no llegó a celebrarse, pero el 5 de enero de 2005, la elección del diputado del PRE Omar Quintana Baquerizo como presidente del Congreso fue presentada por la oposición como la primera evidencia irrebatible de que entre Bucaram y su antiguo edecán existía un conciliábulo. A final de mes, el presidente arremetió contra una serie de periodistas críticos con su Gobierno, a los que tildó de "miserables, testaferros, podridos y sinvergüenzas".

En febrero, el pulso político entre el poder y la oposición adquirió un inquietante matiz de polarización social al reflejar las encuestas que el índice de aprobación del presidente había subido al 35%, y al registrarse en Quito y Guayaquil, cuyos alcaldes eran respectivamente el ex jefe de las Fuerzas Armadas Paco Moncayo Gallegos (ID) y el dos veces candidato presidencial Jaime Nebot Saadi (PSC), nutridas manifestaciones a favor y en contra de Gutiérrez, si bien sólo las marchas antigubernamentales fueron verdaderamente multitudinarias.

El presidente arengó a sus partidarios y aseguró que las movilizaciones en su contra eran obra de la "oligarquía corrupta". El 16 de febrero, desde la balconada de Carondelet, el jefe del Estado se retrató como "un guerrero que va a cambiar el país o morir en el intento" y formuló la siguiente denuncia: "Esos señoritos sinvergüenzas y amanerados, que se hacen la cirugía plástica y se robaron el dinero del pueblo para llevárselo a Miami, son ahora los que me critican porque me he atrevido a reclamarles lo que hurtaron durante la crisis financiera de hace siete años". El alcalde quiteño, Paco Moncayo, replicó a Gutiérrez llamándole "tirano, dictador y cínico". Para refutar este tipo de denuestos, al presidente se le ocurrió decir que él, en realidad, era un "dictócrata", es decir, "dictador para los pelucones [oligarcas]" y "demócrata para los pobres".

El diputado Gilmar Gutiérrez insistió en que la oposición conspiraba contra el Gobierno, que el 22 de febrero registró su enésima baja, la del titular de Interior, Jaime Damerval, por estar en desacuerdo con la propuesta del referéndum. A Damerval le sucedió el hasta entonces secretario general de la Administración, Xavier Ledesma, quien fue reemplazado en ese puesto por Óscar Ayerve Rosas. El trasiego de ministros se prolongó con la renuncia de Ledesma tan sólo un mes después de su nombramiento alegando "motivos de salud". Gutiérrez recurrió a un hombre de su entera confianza, Fausto Cobo, uno de los coroneles rebeldes que le habían seguido en la revuelta contra Mahuad, para ocupar la Secretaría General de la Administración, en tanto que Ayerve cubrió la vacancia de Ledesma en Gobierno y Policía. Ayerve era el sexto ministro del Interior de un Gobierno que apenas acababa de doblar el ecuador de su mandato de cuatro años.