Jamil Mahuad Witt

Con ascendencias libanesa por parte del padre y alemana por parte de la madre, cursó la enseñanza primaria con los salesianos y la secundaria con los jesuitas, en el colegio San Gabriel de Quito. En 1973 se licenció en Ciencias Políticas y Sociales, en 1979 obtuvo el doctorado en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) con sede en Quito, y en 1989 realizó un MBA en el John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Durante años ejerció el profesorado en la PUCE, el Colegio de San Gabriel y el Centro de Ejecutivos en Quito. Entre 1973 y 1983 prestó servicios de asesor legal y gerente en instituciones financieras y empresas públicas ecuatorianas, como la Empresa Nacional de Productos Vitales (Enprovit), y practicó la abogacía en los tribunales del Estado.

Miembro desde 1981 de la Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana (DP-UDC), partido centrista originado en 1964 a partir de una disidencia del más conservador Partido Social Cristiano (PSC) y que ostentaba responsabilidades en el poder ejecutivo desde agosto de 1979 como aliado del malogrado presidente Jaime Roldós Aguilera y su Concentración de Fuerzas Populares (CFP), entre 1983 y 1984 sirvió como ministro-secretario de Estado de Trabajo y Recursos Humanos en el Gobierno presidido por Osvaldo Hurtado Larrea, jefe de la formación y sucesor de Roldós en la jefatura del Estado en mayo de 1981. Durante las legislaturas 1986-1988 y 1990-1992 fungió también de diputado en el Congreso Nacional representando a la provincia de Pichincha, que incluye a la capital del país.

Mahuad quedó, con el 11% de los votos, en quinto lugar en las presidenciales del 31 de enero de 1988, que ganó el socialdemócrata Rodrigo Borja Cevallos, del partido Izquierda Democrática (ID), al que apoyó en la segunda vuelta frente al empresario populista Abdalá Bucaram Ortiz, del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). La compensación por esta derrota vino sobradamente en los comicios del 17 de mayo de 1992, que le otorgaron la siempre codiciada alcaldía de Quito, oficina en la que fue reelegido el 19 de mayo de 1996. Su primer mandato cuatrienal como primer edil coincidió con la administración presidencial del conservador Sixto Durán-Ballén, quien había encabezado también el consistorio quiteño en los años setenta. Mahuad figuró como director nacional, esto es, máximo responsable, de la DP-UDC en los períodos 1987-1988 y 1991-1993, y entre 1991 y 1998 sirvió asimismo como vicepresidente para el Área Andina de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y vicepresidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

De cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 1998 Mahuad invirtió la cooperación mantenida con ID en los años ochenta y acudió aliado con el PSC, adalid de la derecha liberal. Se adelantó como el candidato más votado con el 35,3% de los votos y en la segunda y definitiva vuelta del 12 de julio batió al magnate guayaquileño Álvaro Noboa Pontón, del PRE, con el 51,1%. En las legislativas, la DP-UDC fue la fuerza que más escaños obtuvo, 35. Como en anteriores convocatorias, los comicios fueron una expresión de la dicotomía geopolítica entre la Costa y la Sierra, representando Noboa el primer ámbito y Mahuad el segundo.

Luego de impugnar Noboa los resultados, el 20 de julio el Tribunal Supremo Electoral confirmó la victoria de Mahuad, que en la segunda ronda había recibido el apoyo de los líderes de las principales fuerzas políticas, incluidos el socialcristiano Jaime Nebot Saadi y el ex presidente Borja, los cuales veían con desconfianza el populismo de Noboa. La victoria de Mahuad fue tanto más resonante si se tiene en cuenta que los aspirantes de la DP-UDC en las anteriores convocatorias electorales, Vladimiro Álvarez en 1992 y Rodrigo Paz Delgado en 1996, sólo habían podido quedar en octava y cuarta posición, respectivamente.

Con su toma de posesión el 10 de agosto de 1998 sucediendo al presidente interino Fabián Alarcón Rivera y con mandato hasta 2002, Mahuad cerró el año de provisionalidad abierto con la destitución por el Congreso del controvertido presidente Abdalá Bucaram, amigo y mentor político de Noboa, en cuya caída en febrero de 1997 él había participado activamente, siendo uno de los promotores de las protestas populares. Por otro lado, la asunción presidencial coincidió con la entrada en vigor de la nueva Constitución redactada por la Asamblea Nacional Constituyente.

Dando una imagen de político serio y capacitado, partidario de la economía social de mercado (“criterios de derecha en lo económico, criterios de izquierda en lo social"), Mahuad hizo un diagnóstico técnico de la negativa situación económica y delineó sus objetivos de gobierno. Estos eran: la consecución de una paz efectiva con el Perú (ambos países habían sostenido en enero y febrero de 1995 una breve pero intensa guerra fronteriza en la cuenca alta del río Cenepa, último episodio de más de medio siglo de escaramuzas periódicas), ya que, en su opinión, la estabilidad regional traería grandes incentivos económicos; el recorte del déficit del Estado, poniendo coto al gasto público que había caracterizado la administración Bucaram, y racionalizando el sistema fiscal, en consonancia con los requisitos del FMI; la dotación de facilidades a la inversión extranjera; y, el relanzamiento de los procesos de privatización de empresas públicas. Adicionalmente, y en aparente contradicción con estas medidas de saneamiento y desregulación, anunció un ambicioso plan contra la pobreza, reformas en el sistema educativo y la creación de 900.000 puestos de trabajo por contrataciones de obras públicas.

En el ámbito diplomático, Mahuad se mostró extremadamente activo y en dos meses sostuvo seis reuniones con su homólogo peruano Alberto Fujimori. Los dos dirigentes escenificaron su voluntad de solucionar el añejo contencioso territorial del Alto Cenepa en la Cumbre Iberoamericana de Oporto y días después, el 26 de octubre, firmaron en Brasilia un acuerdo de paz que reconocía la delimitación de la frontera trazada por los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, es decir, la que señalan las cumbres de la Cordillera del Cóndor. El arreglo fue interpretado como más satisfactorio para las tesis del Perú, que siempre había aceptado la demarcación de 1942, a diferencia de Ecuador.

Las relaciones con Estados Unidos se estrecharon con la firma el 12 de noviembre de 1999 del denominado Acuerdo de Cooperación concerniente al Acceso y Uso de los Estados Unidos de las instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para Actividades Aéreas Antinarcóticos. Con este acuerdo, valedero por diez años, la superpotencia norteamericana obtenía en la provincia costeña de Manabí una facilidad muy provechosa para su lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes en la región andina. La presencia militar estadounidense en el Ecuador no fue bien acogida por movimientos sociales y partidos de izquierda, que acusaron a Mahuad de involucrar al país en el controvertido Plan Colombia por la puerta trasera.

En cuanto a la ejecución de sus proyectos económicos, Mahuad encontró obstáculos infranqueables desde el primer momento. En los meses inmediatos a su inauguración, el Gobierno devaluó el sucre, liberalizó el precio de los combustibles, suprimió los subsidios para el consumo eléctrico e introdujo una serie de medidas de austeridad cuyo costo recayó directamente sobre las rentas de la población. El 11 de marzo de 1999, ante el acelerado declive económico (tasa de crecimiento negativo, inflación interanual del 50%, ahondamiento del déficit fiscal hasta suponer el 6% del PIB, depreciación masiva del sucre frente al dólar, evaporación de las reservas de divisas, aceleración de la fuga de capitales), Mahuad anunció un drástico paquete de medidas consistente en el incremento del precio de los combustibles en un 174%, la congelación parcial de los depósitos bancarios de particulares durante un año, el control por el Estado de más de la mitad del sistema bancario nacional y la clausura temporal de todos los bancos.

Al mismo tiempo, envió al Congreso una decena de proyectos de ley que contenían reformas fiscales, como el aumento del IVA del 10 al 15%, y otras destinados a dar vía libre a la privatización general de los servicios públicos, afectando a la telefonía (Pacifictel y Andinatel), la electricidad (Inecel) y los hidrocarburos (Petroecuador); en los dos últimos casos se seguiría el modelo aplicado por el Gobierno de Alarcón con la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (Emetel), y antes de sacar a subasta los monopolios, escasamente atractivos para los licitadores extranjeros, se procedería a su escisión en varias sociedades anónimas -con el 100% de su capital de titularidad pública, no obstante- para la prestación de servicios especializados.

Desde finales del año anterior, Mahuad venía advirtiendo que Ecuador se hallaba en virtual suspensión de pagos y que no podía hacer frente al servicio de la deuda pública externa, 12.800 millones de dólares (esto es, el 60% del PIB), situación que no aquejaba a un país de la región desde la aplicación del Plan Brady en 1990. Sumados los montantes privados, el total de la deuda externa ecuatoriana se acercaba a los 16.000 millones de dólares. Con tono lúgubre, el mandatario declaró que Ecuador vivía su peor crisis económica desde la década de los 30 y que tener la tasa de inflación más alta de América Latina era motivo de vergüenza nacional. Este conjunto de medidas draconianas suscitó una fortísima reacción popular, que diluyó en la nada la popularidad de Mahuad. Un Frente Patriótico que reunía a sindicatos, organizaciones populares y partidos políticos (luego se les sumaron representantes de la patronal) llamó a la desobediencia civil y a detener el intento de Mahuad de "consolidar el modelo económico neoliberal".

El 17 de marzo el país quedó paralizado por una huelga general y al día siguiente Mahuad pactó con el Congreso la creación de un nuevo sistema tributario con mayor capacidad recaudatoria, retiró el paquete de proyectos de ley anticrisis, rebajó el alza de los combustibles al 49% y levantó el estado de emergencia implantado a raíz de los disturbios. La batería de medidas de contingencia económica se iba a dosificar ahora en vez de aplicarse de golpe, mientras que la transformación de Inecel en siete sociedades anónimas fue un hecho el último día del mes. La rectificación parcial de Mahuad consiguió desactivar la crisis social por el momento.

Pero el 5 de julio de 1999 comenzó una segunda oleada de protestas, incluida una huelga general, convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que puso en jaque a Mahuad en plena negociación con el FMI, con la nueva Ley de las Finanzas Públicas bajo el brazo, para la concesión de un crédito de disponibilidad inmediata (stand-by) de 800 millones de dólares, en el que depositaba todas sus esperanzas para cubrir las más urgentes necesidades del Estado, empezando por el pago de los salarios retrasados a los funcionarios. El 15 de julio, luego de declarar otra vez el estado de emergencia, el presidente accedió a suspender por un año el aumento del precio de la gasolina en un 13%. Esta marcha atrás, que no evitó que miles de indígenas ocuparan Quito el día 16, si le permitió llegar el 17 a una precaria tregua con los sectores sociales afectados y levantar el estado de emergencia. A finales de septiembre Mahuad declaró la moratoria unilateral de una parte de la deuda pública adquirida en bonos Brady

En enero de 2000 Mahuad afrontó la tercera y más peligrosa fase de la protesta social, que tomó la forma de un clamor generalizado por un cambio de rumbo en la política del mandatario. El día 9 Mahuad anunció la dolarización oficial de la economía y el anclaje de la cotización del dólar en 25.000 sucres, moneda que, sin desaparecer en un sentido estricto, en lo sucesivo funcionaría como simple unidad fraccionaria de la anterior. Tal pasaba a ser la paridad de la conversión. El Tesoro de Estados Unidos y el FMI manifestaron su sorpresa por la medida, que, aseguraron, no les fue anunciada con antelación. La inflación para el conjunto de 1999 había marcado el 56% y no había visos de que el ritmo del crecimiento de los precios aminorara en los meses siguientes.

Esta medida de choque parecía razonable desde el punto de vista técnico, aunque, de hecho, suponía un intento desesperado de estabilizar el tipo de cambio, pero en un contexto social explosivo, que se nutría de la pobreza endémica de extensas capas de la población, sirvió de espoleta para el estallido definitivo: vigente de nuevo el estado de emergencia nacional por las protestas callejeras en Guayaquil, Quito y otras ciudades, el día 12 un autodenominado "Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador" llamó a la desobediencia civil y a la toma del poder ejecutivo. Mahuad se negó a dimitir o a revocar el decreto de dolarización, pero el viernes 21 miles de indígenas y efectivos del Ejército de rangos inferiores y medios, en inopinada alianza, ocuparon los edificios del Congreso Nacional, la CSJ y la Contraloría General, declararon cesantes los poderes del Estado y anunciaron la formación de una Junta de Gobierno de Salvación Nacional integrada por el coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, antiguo edecán de Bucaram y Alarcón, Antonio Vargas Guatatuca, líder de la CONAIE, y Carlos Solórzano Constantine, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Antes de acabar la jornada, Mahuad huyó del palacio presidencial de Carondelet y, tras una parada en la residencia del embajador chileno en Quito, se refugió en la base que la Fuerza Aérea tiene en el aeropuerto Mariscal Sucre, en las afueras de la capital. En cuestión de horas, las divisiones y el desorden se instalaron en la flamante Junta de Salvación, tal que Gutiérrez fue sustituido por un alto oficial menos radical, el general Carlos Mendoza Poveda, ministro de Defensa, que antes de terminar la jornada encabezó el segundo triunvirato, denominado ahora Consejo de Estado. El día 22 el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano prestó juramento como jefe del Estado tras concluir el Congreso, de acuerdo con el artículo 167 de la Constitución, que Mahuad había incurrido en el abandono del cargo, cesando automáticamente en sus funciones. El damnificado calificó de "cantinflada" el levantamiento de la víspera y declaró que con la asunción de Noboa el país retornaba al orden constitucional.

Por lo demás, el nuevo presidente informó que la dolarización de la economía seguía su curso. A la vista de todos, el alzamiento indígena, histórico y esperanzador para unos, pintoresco, golpista y condenado al fracaso para otros, fue reconducido en cuestión de horas por la alta oficialidad del Ejército hacia una salida satisfactoria para el establishment copado por las élites blancas, el cual aceptó la caída de Mahuad pero en absoluto la toma del poder por unos sectores de la sociedad tradicionalmente marginados y menospreciados. Mahuad no se exilió inmediatamente, pero el 26 de febrero, tras notificar al Congreso ecuatoriano su "ausencia temporal" del país, se instaló en Perú invitado por el presidente Fujimori. De ahí pasó a Chile y posteriormente se le perdió la pista, si bien se apuntó a Estados Unidos como seguro país de acogida, probablemente en la ciudad universitaria de Cambridge, Massachusetts.

El 13 de julio de 2000 la CSJ inició un proceso penal y dictó orden de prisión preventiva contra el ex presidente por tres supuestos de delito: violación de las garantías constitucionales de los ecuatorianos por decretar el congelamiento de los depósitos bancarios y la dolarización de la economía; extralimitación en sus funciones y abuso de poder en la toma de estas decisiones; y, uso ilegal de fondos donados por importantes empresarios a la campaña presidencial de 1998, imputación que se fundaba en una denuncia de la Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción (CCCC, más conocida por Comisión Anticorrupción, creada por Alarcón)

Desde su refugio secreto y a través de sus abogados, Mahuad informó de su disposición a regresar a Ecuador, pero sólo si recibía garantías de un juicio justo con cargos fundados, asegurando que no podía juzgársele por aplicar una determinada política económica ya que el Código Penal no lo tipifica como delito. A los pocos días se confirmó que se encontraba en Massachusetts, para impartir docencia como profesor visitante en el John Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. En una entrevista concedida a un diario ecuatoriano, calificó la orden de prisión de la CSJ de "linchamiento político" y criticó también la amnistía por el Congreso a los líderes de la asonada que le derrocó. El 8 de octubre de 2001 transmitió su decisión de darse de baja de la DP-UDC coincidiendo con la puesta a punto de su juicio en la CSJ por un delito de peculado.

Jamil Mahuad es miembro del Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Centro Carter de Atlanta, Estados Unidos.

(Cobertura informativa hasta 1/12/2001)