Ricardo Lagos Escobar

En Chile, los seis años de mandato, entre 2000 y 2006, de Ricardo Lagos, tercer presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia y el primero socialista desde Salvador Allende, estuvieron caracterizados por la salud económica y financiera, la firma de los tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos y China, y la consecución de la plena subordinación del estamento militar al poder civil, ejemplificada con la retirada de la Constitución de las disposiciones restrictivas de la democracia legadas por la dictadura. El Gobierno de Lagos coincidió con los reiterados e infructuosos intentos de juzgar en casa al general Augusto Pinochet, de cuyo régimen el político fue destacado opositor, por violación de los Derechos Humanos y delitos económicos. Pese a los escándalos de corrupción que afectaron a su entorno político y familiar, Lagos se despidió con una elevada cota de popularidad, siendo sucedido por su anterior ministra de Defensa y compañera de partido, Michelle Bachelet.

(Texto actualizado hasta enero 2008)

1. Un allendista ligado al mundo académico
2. Los años en la oposición a la dictadura y en los primeros gobiernos de la democracia
3. Victoria electoral y tercer presidente de la Concertación
4. La gestión doméstica: fortalecimiento del Estado civil, solvencia económica y casos de corrupción
5. La política exterior: apuesta librecambista y equilibrio hemisférico
6. Vida pospresidencial


1. Un allendista ligado al mundo académico
Hijo único y desde los ocho años huérfano del padre, don Froilán Lagos Sepúlveda, un agricultor que había enviudado de su primer matrimonio antes de desposarse con la profesora de piano Emma Escobar Morales, recibió la educación primaria en el Liceo Manuel de Salas y la secundaria, desde 1948, en el Instituto Nacional, ambos en la capital del país. En 1954, con 16 años, ingresó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde fue dirigente estudiantil y en 1960 se licenció como abogado. Su memoria de fin de carrera, titulada La concentración del poder económico, obtuvo el máximo reconocimiento académico y se convirtió en un éxito editorial. Hasta 1965 realizó estudios de posgrado e impartió clases de Ciencias Políticas en Estados Unidos, en las universidades de Duke y de Carolina del Norte en Chapel Hill. En 1966 obtuvo el doctorado en el Departamento de Economía de Duke y de vuelta a casa se incorporó al Instituto de Economía de la Universidad de Chile.

En el siguiente sexenio, Lagos ejerció su triple perfil de jurista, politólogo y economista en distintas secciones académicas de su alma máter santiaguina. Durante dos años dirigió la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas (hoy, Escuela de Gobierno y Gestión Pública), en 1969 se hizo cargo de la Secretaría General de la Universidad y entre 1971 y 1972 desempeñó la dirección del Instituto de Economía. En todo este tiempo simultaneó sus funciones rectoras con la actividad puramente docente. Por lo que se refiere a su vida sentimental, el futuro presidente contrajo primeras nupcias en 1961 con Carmen Weber Aliaga (1945-2007), con quien tuvo dos hijos, Ricardo y Ximena. La difícil convivencia marital debido a la enfermedad psiquiátrica que ella padecía (un trastorno de personalidad bipolar) desembocó en un divorcio. Años después, en 1971, él volvió a casarse con la trabajadora social Luisa Durán de la Fuente, que era madre también de dos hijos, Hernán y Alejandro, frutos de otro matrimonio anulado. En 1975 la pareja Lagos-Durán tuvo a su único retoño en común, Francisca.

Las orientaciones políticas de Lagos apuntaron siempre a la izquierda moderada. Vinculado primero al Partido Radical, del que era militante su madre, el apoyo prestado por esta formación al gobierno conservador de Jorge Alessandri Rodríguez en 1961 le empujó a las filas del Partido Socialista de Chile (PS), de cuyo líder, Salvador Allende Gossens, elegido presidente de la República en septiembre de 1970, era declarado partidario. A pesar de su inexperiencia en la materia, prestó servicios diplomáticos al Gobierno allendista como representante chileno en la XXVI Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1971, y en la III Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de esta organización (CNUCED), en 1972. En estos foros, causaron sensación sus discursos sobre la crisis financiera internacional y la política monetaria de la Administración de Nixon en Estados Unidos, cuyo decreto de la inconvertibilidad del dólar en oro criticó enérgicamente.

En 1972 fue nombrado secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y director del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), así como auditor del Banco Edwards, pero a raíz del golpe de Estado consumado el 11 de septiembre de 1973 por el general Augusto Pinochet Ugarte y los demás comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que truncó trágicamente la experiencia del Gobierno de la Unidad Popular (UP), hubo de trasladarse a Argentina y luego a Estados Unidos, donde reanudó su actividad académica. Precisamente, poco antes de la quiebra del orden constitucional, Allende le designó embajador en Moscú, pero nunca llegó a ejercer el puesto porque el Senado no aprobó el nombramiento.

En 1974, luego de desempeñar durante unos meses la secretaría general de la FLACSO en Buenos Aires, Lagos llegó a Chapel Hill para ejercer durante un curso de profesor visitante en la Cátedra William R. Kenan de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Carolina del Norte. Entre 1975 y 1978 trabajó de consultor para la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y de responsable del programa de Estudios de Posgrado en Ciencias Sociales de la UNESCO en Buenos Aires. Hasta 1979 dirigió también el CLACSO. A partir de 1978, año de su regreso a Chile para inaugurar su singladura política, se desenvolvió en el área económica, primero como investigador a través del Centro de Estudios VECTOR, luego como responsable de área en el Programa Regional de Empleo de las Naciones Unidas para Latina y el Caribe (PREALC), y finalmente, desde 1984, como consultor privado.


2. Los años en la oposición a la dictadura y en los primeros gobiernos de la democracia
En 1982 Lagos ingresó en el Comité Ejecutivo del PS, que entonces trataba de recomponer sus filas y cohesionar las distintas facciones internas tras años de durísima represión militar y disputas ideológicas. Él se sentía identificado con los sectores moderados y renovadores del partido, en el que aún tenían peso las posiciones cercanas al marxismo-leninismo y al socialismo no socialdemócrata, de acuerdo con el allendismo prístino y con las tesis del que fuera secretario general del partido en los últimos años de la UP, Carlos Altamirano Orrego, quien mantenía un enfrenamiento ideológico con Clodomiro Almeyda Medina, el responsable de la diplomacia chilena con Allende.

En diciembre de 1983, Lagos, una vez liberado de sus compromisos profesionales con la ONU, pasó a presidir la Alianza Democrática (AD), primer frente que reunió a los partidos no extremistas opuestos a la dictadura y donde el grueso de un PS aún fraccionado pactó estrategias con los democristianos, los radicales, los socialdemócratas, los socialistas populares y los republicanos demócratas. La AD tuvo su contraparte puramente izquierdista en el Movimiento Democrático Popular (MDP), puesto en marcha ese mismo año por el Partido Comunista (PCCh), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y los socialistas de Almeyda, pero este bloque se condenó al aislamiento por su negativa a descartar ningún medio, inclusive el insurreccional y el guerrillero urbano, para acabar con la dictadura.

El 7 de septiembre de 1986 Lagos fue detenido temporalmente por la Policía de Investigaciones para ser interrogado en relación con el atentado contra Pinochet perpetrado aquel mismo día por el grupo de extrema izquierda Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), de cuya autoría intelectual fue considerado sospechoso sin el menor fundamento. 19 años más tarde, el estadista iba a subrayar la veracidad de unas declaraciones judiciales de dos antiguos agentes de la CNI sobre que su nombre figuraba en una lista negra de opositores confeccionada por la policía secreta de la dictadura, la Central Nacional de Informaciones (CNI), que se propuso secuestrarlos y liquidarlos como represalia por la acción terrorista contra Pinochet. Todo apunta a que la temprana detención de Lagos por la Policía de Investigaciones le libró de correr la suerte del periodista José Humberto Carrasco Tapia y otros tres opositores al régimen, todos los cuales fueron asesinados a balazos el 8 de septiembre de 1986.

En 1987 Lagos se puso al frente del Comité de Izquierda pro Elecciones Libres (CIEL) y el 15 de diciembre de ese año figuró entre los fundadores del Partido por la Democracia (PPD), surgido como un foro político abierto a sectores socialistas, liberales progresistas y centristas cristianos, y que brindó un marco para las actividades del aún ilegal PS. Lagos asumió la presidencia de la primera directiva del PPD, teniendo como vicepresidente a Sergio Bitar Chacra, antiguo ministro allendista de Minería y procedente de la Izquierda Cristiana. La campaña por el no a la renovación en la Presidencia de Pinochet por otros ocho años en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 proporcionó un importante empuje al PPD, que, a pesar de su carácter instrumental en origen, continuó existiendo como partido autónomo después de la legalización y reunificación del PS en su XXIV Congreso, el 27 de diciembre de 1989. Lagos, que durante la campaña del referéndum se hizo famoso por apuntar desafiantemente con el dedo a las cámaras de la televisión mientras recriminaba al dictador las torturas y asesinatos cometidos desde 1973 y su pretensión de perpetuarse en el poder, recuperó las actividades en su partido de origen, aunque continuó afiliado al PPD, dando lugar a una doble militancia.

El PS siguió manteniendo estrechos vínculos con el PPD, convertido ahora en una opción de centro-izquierda independiente en el seno de la Concertación de Partidos por la Democracia, alianza puesta en marcha a partir de la Concertación de Partidos por el No. Lagos ocupó la presidencia del PPD hasta julio de 1990, cuando traspasó el puesto a Eric Schnake Silva, quien a su vez iba a ser sucedido en 1992 por Sergio Bitar, artífice del ingreso del partido en la Internacional Socialista.

A pesar de su gran popularidad, Lagos rehusó defender su opción como candidato unitario de la Concertación para las elecciones presidenciales del 14 de diciembre de 1989, a las que el régimen pinochetista presentó al ex ministro de Hacienda Hernán Büchi Buc, y prefirió postularse para el puesto de senador por la circunscripción de Santiago Poniente, mandato que sin embargo le arrebató Andrés Zaldívar Larraín, el presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), por menos de 9.000 votos. En el primer Gobierno de la Concertación, presidido por Patricio Aylwin Azócar -antiguo profesor suyo en el Instituto Nacional y últimamente enlace para sus buenas relaciones con el PDC- y sometido a la amenazadora vigilancia de Pinochet, que continuó comandando el Ejército, Lagos sirvió como ministro de Educación desde la inauguración del Ejecutivo, el 11 de marzo de 1990, hasta septiembre de 1992.

El 23 de mayo de 1993 disputó en un proceso de primarias, restringido a los militantes y a un colectivo más amplio de adherentes, la elección del candidato presidencial de la Concertación, pero, con el 37,1% de los votos, fue derrotado por el democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que a la postre iba a ganar la elección nacional en diciembre y a tomar el relevo de Aylwin el 11 de marzo de 1994. Durante la Administración de Frei, Lagos se hizo cargo de la cartera de Obras Públicas entre el 11 de marzo de 1994 y el 31 de julio de 1998, fecha en que se desprendió de la misma para preparar su segunda precandidatura presidencial, de cara a las elecciones nacionales del 12 de diciembre de 1999. En este último año Lagos se estrenó como presidente de la Fundación Chile 21, lo que le permitió mantener una presencia en los círculos intelectuales. Además, integró la Comisión sobre Progreso Global, un comité de expertos de la Internacional Socialista (IS) encabezado por el ex presidente del Gobierno español Felipe González y que tuvo como misión redactar un nuevo ideario socialdemócrata en respuesta a la globalización, texto que sirvió de base para la Declaración que cerró el XXI Congreso de la IS, celebrado en París en noviembre de 1999.


3. Victoria electoral y tercer presidente de la Concertación
El 30 de mayo de 1999, como candidato conjunto del PPD y el PS, Lagos se impuso en las primarias de la Concertación, abiertas por vez primera a todos los electores chilenos -excepción hecha de los militantes de partidos ajenos a la Concertación-, con un arrollador 71,4% de los votos frente al 28,6% sacado por su rival democristiano Andrés Zaldívar, actualmente presidente del Senado. En este resultado se advirtieron el reconocimiento a la buena gestión ministerial y el prestigio, como político e intelectual, alcanzados por Lagos, que ofrecía al público un perfil equilibrado entre la moderación responsable y la contundencia a la hora de pronunciarse sobre la etapa y la herencia pinochetistas, una característica esta última que apenas asomó en los dos primeros presidentes democristianos de la Concertación. Lagos incluyó en su programa la reforma, vía referéndum, de la Constitución otorgada por los militares con el fin de suprimir las disposiciones restrictivas del poder civil, si bien se le sabía partidario de establecer unas relaciones de confianza con las Fuerzas Armadas. También habló sobre la necesidad de resolver el problema de los desaparecidos como paso necesario para completar la transición democrática. Para organizar su campaña Lagos recurrió a un fiel compañero de lides políticas, Sergio Bitar, que desde 1997 ostentaba por segunda vez la presidencia del PPD.

Tanto Lagos como su principal oponente, Joaquín Lavín Infante, representante de la derecha propinochetista aunque favorable a romper amarras con su pasado reaccionario y represivo, adoptaron un discurso poco ideológico y trataron de obviar la espinosa situación del anciano general retirado y ahora senador vitalicio de la República, candente al máximo a raíz de su detención en octubre de 1998 en Londres a instancias de la justicia española para que respondiese por las violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante su Gobierno y que aquella consideraba imprescriptibles y de persecución universal. Cuando las últimas novedades del caso les obligaron a posicionarse, Lagos y Lavín coincidieron en manifestar que el ex dictador no estaba por encima de la ley y que la justicia chilena tenía perfecto derecho a procesarlo si encontraba causa para ello.

El aspirante de la Concertación se centró en las promesas de atender las perentorias necesidades sociales, luego de una década de políticas liberales y cuando el país salía de una recesión económica (1999 cerró con un 0,8% de crecimiento negativo, en la primera recesión anual desde 1983), poniendo énfasis en la lucha contra el paro, que alcanzaba el 11%, con la creación de 200.000 puestos de trabajo a través de un plan de inversiones en obras públicas y de facilidades para la pequeña y mediana empresa. La clase trabajadora fue destinataria de buena parte de sus mensajes, como las propuestas de introducir un nuevo subsidio de desempleo y medidas de protección de los productores agropecuarios. Ahora bien, Lagos, implícitamente, deslizó la seguridad de que, en caso de ganar, no se apartaría de las grandes líneas económicas implantadas por la dictadura y mantenidas por la democracia, que pasaban por la primacía del sector privado como motor de la economía y la actuación sin trabas de la libre empresa.

En la primera vuelta de las elecciones, Lagos superó a Lavín por el muy estrecho margen de 31.000 papeletas con el 48% de los votos, ventaja que aumentó al 51,3% en la segunda y definitiva ronda disputada el 16 de enero de 2000. En Santiago, ante los 100.000 partidarios que le aclamaban y exigían el juicio penal en casa para Pinochet ahora que el Gobierno británico había decidido rechazar la extradición a España y ponerle en libertad, el mandatario electo dijo que eran los tribunales los que decidirían esa cuestión. También, en tono conciliador, se declaró presidente de todos los chilenos, pronunciamiento que suponía un claro desmarque del estilo de Allende, quien desde un principio había dejado claro que jamás sería el presidente de la derecha más reaccionaria. El 11 de marzo de 2000 Lagos tomó posesión del Palacio de la Moneda con un mandato sexenal, convirtiéndose en el primer presidente socialista en 27 años y en el tercero de la Concertación en la última década.

Lagos incorporó al Gobierno a los cuatro partidos de la Concertación, esto es, el PDC, el PS, el PPD y el Partido Radical Social Demócrata (PRSD, nacido de la fusión del Partido Radical y el Partido Social Demócrata), que recibieron siete, cuatro, tres y dos carteras, respectivamente. Destacaron los nombramientos de José Miguel Insulza Salinas (PS) en Interior, Soledad Alvear Valenzuela (PDC) en Exteriores, Mario Fernández Baeza (PDC) en Defensa, Nicolás Eyzaguirre Guzmán (PPD) en Hacienda, Juan Antonio Gómez Urrutia (PRSD) en Justicia y en Salud la socialista Michelle Bachelet Jeria, una preclara víctima carcelaria de la dictadura. Una mayoría de 70 escaños sobre 120 en la Cámara de Diputados, obtenida en las elecciones legislativas de diciembre de 1997, garantizaba la estabilidad del flamante ejecutivo.

En el Senado, sin embargo, la Concertación se hallaba en equilibrio de fuerzas con la Alianza por Chile, representante –aunque con diversos matices- de la derecha promilitar y formada por los partidos Renovación Nacional (RN, más liberal), y Unión Demócrata Independiente (UDI, más conservadora); además, estaban los nueve senadores designados militares y civiles más el senador vitalicio Pinochet, que ahora mismo afrontaba la amenaza de un procesamiento por la justicia nacional por su presunta responsabilidad en los desmanes criminales del dispositivo represivo conocido como la caravana de la muerte.

La cuota de senadores designados y vitalicios, que reservaba cuatro escaños a los antiguos comandantes de las Fuerzas Armadas, era, precisamente, una de las imposiciones constitucionales de los militares que Lagos pretendía abolir. Las otras restricciones democráticas heredadas de la Carta Magna de 1980 eran la privación al jefe del Estado de la facultad de nombrar a los comandantes en jefe y la transformación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en un órgano poco menos que instructor de la Presidencia, lo que permitía a los mandos castrenses participar en la deliberación y adopción de altas decisiones del Estado. El predecesor de Lagos, Frei, había fracasado en sus intentos, más bien tímidos, de enmendar la Constitución para reducir la influencia de los uniformados en la política nacional.


4. La gestión doméstica: fortalecimiento del Estado civil, solvencia económica y casos de corrupción
El 13 de junio de 2000 el Gobierno, las Fuerzas Armadas y organizaciones de Derechos Humanos, en el marco de la denominada Mesa del Diálogo, firmaron un histórico acuerdo por el que los militares se comprometían a entregar, bajo confidencialidad, información sobre el paradero de los desaparecidos en el plazo de seis meses. El documento, avalado por Lagos y por el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta Caffarena, un oficial interesado sobre todo en la modernización y la profesionalización de las Fuerzas Armadas, fue presentado por el oficialismo como un éxito para un presidente comprometido con el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura, y además en colaboración con la institución armada.

Cuando en marzo de 2002, en presencia de Lagos y Bachelet, recién nombrada ministra de Defensa, Izurieta entregó la comandancia del Ejército al general Juan Emilio Cheyre Espinosa, al acto castrense fueron invitados los familiares de los generales Schneider y Prats, asesinados respectivamente por la ultraderecha militar en 1970 y por la DINA de Pinochet en 1974. Un gesto de reconciliación que, sin embargo, no evitó las críticas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), que reprocharon a Izurieta su escaso interés en la productividad de la Mesa del Diálogo. Posteriormente, en enero de 2003, Cheyre, en un gesto aplaudido por Lagos, tomó el paso de negar la "justificación" de la violencia practicada por las Fuerzas Armadas contra el pueblo chileno entre 1973 y 1990.

Cuando la concesión, el 8 de agosto de 2000, por la Corte Suprema del desafuero del senador vitalicio Pinochet, solicitado por el juez chileno Juan Guzmán Tapia para procesarle por secuestro y asesinato en relación con el dispositivo represivo de la dictadura conocido como la caravana de la muerte, Lagos llamó a la calma y a respetar escrupulosamente las decisiones judiciales. Esta actitud neutral, de no interferir en la acción de la justicia, por parte de la institución ejecutiva del Estado fue la tónica a lo largo de la procelosa saga judicial de Pinochet. El anciano ex dictador fue incriminado y procesado por nuevos casos de violaciones de Derechos Humanos y de corrupción (calle Conferencia, Operación Cóndor, cuentas secretas, Operación Colombo), pero consiguió eludir todo juicio alegando una demencia senil y unos achaques físicos que la gran mayoría de la opinión pública nacional no consideró creíbles.

La política aperturista de Lagos, propiciando el reencuentro con el pasado sin crispación, el conocimiento de la verdad represiva de la dictadura y el resarcimiento de las víctimas, continuó manifestándose en las decisiones de reabrir al público el Palacio de la Moneda y de crear, por el decreto supremo Nº 1.040 del 26 de septiembre de 2003, la Comisión Nacional sobre Presión Política y Tortura. Integrado por ocho personalidades, la mayoría juristas, y presidido por el obispo Sergio Valech Aldunate, este órgano asesor de la Presidencia de la República completó la labor de esclarecimiento histórico realizada durante la presidencia de Aylwin por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, o Comisión Rettig -la cual había limitado sus investigaciones a los asesinatos y las desapariciones-, al determinar el número y la identidad de las personas que habían sufrido privación de libertad y/o torturas por razones políticas, por acciones de agentes del Estado o de personas a su servicio, en los 17 años de dictadura.

El 28 de noviembre de 2004 Lagos presentó al país el informe elaborado por la Comisión Valech, que cuantificó en 33.221 las detenciones y, dentro de las mismas, en 27.255 los casos de prisión política y/o tortura. En su solemne discurso a la nación, Lagos anunció que el Gobierno, en cuanto representante de un Estado que asumía sus responsabilidades y aceptaba realizar reparaciones económicas, tomaría la nómina de víctimas como base para computar los ciudadanos que tenían derecho a ser indemnizados por ley. "Se terminó el silencio, se desterró el olvido, se reivindicó la dignidad (…) Si está comprometida la responsabilidad de agentes públicos, lo que corresponde es que el Estado responda por ello, lo cual implica adoptar medidas que ayuden a mitigar los efectos de dolor causado", manifestó el mandatario.

La promesa fue materializada el 15 de diciembre con la aprobación por el Congreso de la Ley Nº 19.992, que concedía a las más de 27.000 víctimas censadas una pensión mensual vitalicia de 112.816 pesos, aumentables si el beneficiario era mayor de 70 años y asignables a los familiares si aquel había fallecido, además de otros beneficios en salud, educación y vivienda. La sensación general fue de satisfacción, si bien las organizaciones humanitarias criticaron que la Comisión Valech no tomara en consideración las detenciones y torturas practicadas en otros países (como las realizadas en el contexto de la Operación Cóndor) y, dentro de Chile, en otros lugares aparte de los 1.200 centros identificados, así como los períodos de detención inferiores a los cinco días. Asimismo, la AFDD lamentó que el informe guardara mutismo sobre los nombres de los responsables de las violaciones.

Finalmente, Lagos cumplió su promesa electoral de liquidar los vestigios antidemocráticos presentes en la Constitución. El 16 de agosto de 2005, previo consenso de la trascendental reforma con todos los partidos parlamentarios y merced a la habilidad negociadora del ministro Insulza, el pleno del Congreso aprobó con 150 votos a favor, tres en contra y una abstención un paquete de enmiendas constitucionales que entre otros cambios supuso: la abolición, desde el 10 de marzo de 2006, de los nueve senadores designados militares y civiles (que habían iniciado su mandato de ocho años en marzo de 1998) y de los senadores vitalicios en tanto que ex presidentes de la República (ahora mismo, sólo Frei); la restitución al jefe del Estado de la facultad de nombrar, previa información al Senado, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas; la transformación del Cosena en un órgano meramente asesor de la Presidencia en materias relacionadas con la seguridad nacional; la reducción del período presidencial de seis a cuatro años sin posibilidad de reelección consecutiva; y la eliminación de la exigencia a los hijos de chilenos nacidos en el extranjero de vivir un año en Chile para adquirir la nacionalidad. Tras la modificación de la Carta Magna, Lagos, satisfecho, sentenció: "La transición ha concluido".

Por lo que se refiere a la economía, la coyuntura chilena dibujó una U a lo largo del sexenio de Lagos, que inició su mandato con un país creciendo por encima del 5% gracias al empuje del comercio exterior. Pero transcurridos dos años, una caída en las exportaciones sumada a la pertinaz anemia de la demanda interna recortó ese crecimiento a la mitad, lo que se tradujo en el aumento del desempleo hasta el 9% y en un déficit presupuestario del 0,8% del PIB, que habría sido mayor de no haber recurrido el Gobierno al Fondo de Compensación del Cobre y a la concesión a operadoras privadas de determinadas obras y servicios.

Este frenazo productivo deslució en parte las iniciativas reformistas del Ejecutivo, como el ambicioso plan de inversiones públicas en los sectores con valor añadido, fundamentalmente empresas y centros de investigación aplicada, canalizadas por el Programa de Innovación Tecnológica y aportadas a partes iguales por el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como la ampliación de la cobertura educativa y la orientación más social, enfocándolo a las familias con rentas bajas, del gasto público en sanidad, vivienda y reducción de la pobreza (programas AUGE y Chile Solidario). Por otro lado, la oposición derechista, que en las elecciones parlamentarias del 16 de diciembre de 2001, por vez primera, privó a la Concertación de obtener la mayoría absoluta en la Cámara baja (caída a los 62 diputados), tuvo bloqueadas en el Congreso unas reformas legislativas que buscaban poner limites a la evasión fiscal e impulsar la reforma laboral.

2003 fue el año de la recuperación económica, a fuer, de nuevo y exclusivamente, del excelente comportamiento de las exportaciones, dinamizadas por el alto precio internacional del cobre, los recientes avances en la red de tratados de libre comercio suscritos con países y organizaciones de todo el mundo (cuya entrada en servicio obligó a subir el IVA, para compensar la caída de los ingresos en concepto de tarifas de aduana) y la flojera cambiaria del peso. El índice de precios descendió ese año a un histórico 1,1%, la tasa más baja en casi siete décadas. En el bienio 2004-2005 el PIB chileno creció un respetable 12,4% de tasa acumulada, aunque a cambio la inflación trepó hasta el 3,7%. Pero el legado económico de Lagos, contemplado en la recta final de su mandato, estaba cuajado de cifras positivas, en la balanza comercial, la cuenta corriente, la balanza fiscal y el nivel de empleo, con el paro cayendo por debajo del 7%.

Los observadores se complacieron en destacar el contraste entre una Argentina sumida en el caos de la iliquidez y la insolvencia, y un Chile que proyectaba una imagen de "estabilidad", "seriedad" y "credibilidad", de país donde las reformas salían adelante de manera gradual y concertada, sin descuidar nunca la política macroeconómica, ciñéndose a la ortodoxia fiscal y preservando los pilares del libre mercado. En otro orden de cosas, el 7 de mayo de 2004, venciendo la oposición de la influyente Iglesia católica, Lagos, un agnóstico declarado, promulgó la nueva ley sobre matrimonio civil, que introducía la figura del divorcio vincular. Chile, país eminentemente conservador en materia de costumbres, era el último país latinoamericano donde no existía ese derecho. La nueva norma entró en vigor el 18 de noviembre de 2004.

Este abanico de realizaciones aseguró a Lagos unos altos niveles de popularidad a lo largo de todo su mandato, pero la aprobación de la opinión pública no estuvo exenta de baches, fundamentalmente debido a una serie de escándalos relacionados con prácticas fraudulentas en el aparato del Gobierno, los partidos que lo componían y diversas instancias del Estado, y que salpicaron también a familiares del presidente. En 2001 el Ejecutivo empezó a ser sacudido por las acusaciones de cohecho contra el subsecretario (viceministro) de Transportes y presidente del PRSD, Patricio Tombolini Véliz, quien fue llevado a juicio y en julio de 2004 condenado a tres años de prisión.

En el semestre comprendido entre octubre de 2002 y marzo 2003 afloraron una serie de remuneraciones ilícitas, "sobresueldos" y desvíos de dinero que dieron lugar por de pronto a la investigación judicial del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones (MOP), revelado como un verdadero nido de corruptos, y en enero de 2003 al procesamiento de su titular hasta hacía un año, Carlos Cruz Lorenzen, miembro del PS, así como de varios altos funcionarios. Aquel mismo mes, la Corte Suprema desaforó a cinco diputados oficialistas por existir sospechas fundadas de su participación en casos de cohecho y soborno por el funcionamiento de centros de revisión técnica de vehículos. Entre los legisladores que perdieron la inmunidad estaba Víctor Manuel Rebolledo, vicepresidente del PPD, que ya había suspendido sus funciones directivas partidarias. La resolución judicial redujo en la práctica la ventaja que tenían los partidos de la Concertación en la Cámara baja a una exigua mayoría de sólo un voto.

Ante el estupor provocado por los llamados casos MOP-Gate y coimas en una opinión pública que se jactaba de la "diferencia chilena" en el contexto regional (no en vano, Chile era considerado por la organización Transparencia Internacional el país menos corrupto de América del Sur), Lagos intervino para reafirmar la transparencia como principio de su gestión y dejar claro que las responsabilidades iban a depurarse "caiga quien caiga, porque acá no hay que tener ningún tipo de contemplaciones por quienes puedan ser personeros, cualquiera que sea la jerarquía que tengan".

Con el fin de insuflar un "segundo aire" a un gobierno peligrosamente desgastado, el 3 de marzo de 2003, con las tarascadas diplomáticas en el Consejo de Seguridad de la ONU por la crisis prebélica de Irak en su punto álgido, el presidente acometió la cuarta y más amplia remodelación ministerial desde el comienzo de su mandato. En esta ocasión fueron reemplazados los titulares de Justicia, Salud, Planificación y Cooperación, Mujer y Educación, área esta última donde la democristiana Mariana Aylwin Oyarzún, hija del ex presidente Patricio Aylwin, pasó el testigo al veterano Sergio Bitar, así como los ministros secretarios generales del Gobierno, Heraldo Muñoz Valenzuela (PPD), y de la Presidencia, el antes responsable de Defensa Mario Fernández.

Continuaron en sus puestos las figuras clave –Insulza en Interior, Bachelet en Defensa, Alvear en Exteriores y Eyzaguirre en Hacienda- y, salvo el ministerio perdido por el PRSD –Justicia-, se mantuvo el equilibrio de fuerzas entre los partidos de la Concertación. Los democristianos no vieron comprometido su predominio y se quedaron con siete de los 17 puestos, aunque no con todas las posiciones que ambicionaban ni con figuras muy cercanas a su presidente desde el año anterior, Adolfo Zaldívar Larraín, hermano de Andrés Zaldívar, que venía expresando su escepticismo con la Concertación y la coalición con la izquierda.

Marzo de 2003 se convirtió en el mes más tenso de la presidencia de Lagos con el estallido el día 7 del denominado escándalo CORFO-Inverlink. Ese día, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) desde 1997 -cuando fue nombrado por Frei- y yerno del jefe del Estado, Gonzalo Rivas Gómez, reconoció que el organismo estatal había sido objeto de una estafa de 79.000 millones de pesos cometida por un funcionario a sus órdenes, Javier Moya Cucurella, el cual había sustraído papeles de depósito a plazo fijo por ese valor antes de entregarlos para su comercialización al holding bursátil Inverlink, a su vez involucrado en el robo de información confidencial al Banco Central y por ese motivo objeto de intervención por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Rivas se vio obligado a dimitir, mientras que su suegro, en un intento de restar gravedad al asunto, comparó el descomunal desfalco con el robo de un jarrón ("acá no se ha perdido un peso del Estado de Chile (…) si usted tiene un jarrón en su casa y entra un ladrón y se lo roba, cuando descubran el jarrón se lo van a devolver"), en unas declaraciones que fueron consideradas desafortunadas de manera unánime por la prensa. La familia política del presidente dio pábulo a otros escándalos económicos, que adquirieron especial relieve al tratarse los protagonistas de colaboradores institucionales de Lagos.

Así, un primo carnal de su esposa, Hernán Durán de la Fuente, socio principal de la empresa de consultoría medioambiental Gescam y representante de la Presidencia de la República en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), fue investigado en los tribunales y por el Congreso por posible tráfico de influencias en la obtención de decenas de licitaciones públicas para asesorar a diversos organismos del Estado, aunque la conclusión fue que no había cometido irregularidad alguna. Otro primo de su mujer, Matías de la Fuente, fue procesado y enviado a prisión preventiva como presunto perceptor de sobresueldos ilegales mientras se desempeñó como director de Planeamiento del MOP a finales de los años noventa.

Lagos no dudó en defender públicamente la inocencia de un familiar con el que venía manteniendo unas relaciones particularmente estrechas, ya que hasta marzo de 2003 Matías de la Fuente fue su jefe de Gabinete. La polémica también rondó la concesión por el Ministerio de Educación de la beca Presidente de la República al hijo varón del mandatario, Ricardo Lagos Weber, un alto funcionario de comercio exterior adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores y reputado sherpa de las conferencias de la APEC.

Al margen de los escándalos políticos, que afectaron también, y muy negativamente, a la oposición de la Alianza por Chile (sacudida especialmente por la implicación de algunos de sus miembros en una red de pederastia, escabroso asunto que dañó sus posibilidades electorales), el Gobierno y la Presidencia fueron objeto de críticas por su tratamiento desdeñoso de las reivindicaciones de la comunidad indígena mapuche, su aparente insensibilidad frente a la degradación del medio ambiente (mortandad de avifauna en el río Cruces por culpa de un vertido tóxico de la empresa papelera CELCO; luz verde al proyecto de explotación de la mina Pascua Lama, ubicada bajo uno de los glaciares que alimentan el río Huasco, único curso de agua en el desierto de Atacama), los indicios de nepotismo y, sobre todo, la desastrosa implementación del TranSantiago, un nuevo sistema de transporte público urbano en el área metropolitana de la capital, lastrado por la escasez de autobuses y el pésimo trazado de los recorridos. En cuanto a los pregonados logros macroeconómicos, también tenían una contraparte negativa, y bien conspicua: la aún muy desigual distribución social de los ingresos y la excesiva concentración de la riqueza en una minoría de privilegiados, situaciones que alejaban a Chile de un espejo, el europeo occidental, en el que tanto gustaba verse reflejado.

El 29 de septiembre de 2004 Lagos acometió otra reestructuración del Gabinete, esta vez relacionada con las próximas elecciones primarias en la Concertación. Bachelet y Alvear fueron licenciadas para concentrarse en sus respectivas precandidaturas partidarias; la primera fue sucedida por Jaime Ravinet de la Fuente y la segunda por Ignacio Walker Prieto, ambos del PDC. Los otros cambios afectaron a los ministerios de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales, donde Ravinet dejó paso a la socialista Sonia Tschorne Berestesky, y Planificación, donde el democristiano Andrés Palma Irarrázaval hizo lo propio con su correligionaria Yasna Provoste Campillay. Las primarias abiertas de la Concertación, previstas para el 31 de julio de 2005, no llegaron a disputarse porque Alvear, dos meses antes, renunció a su postulación y llamó a cerrar filas tras Bachelet.

Dicho sea de paso, el 9 de abril de 2005 falleció la madre del presidente, doña Emma Escobar, a la venerable edad de 108 años.


5. La política exterior: apuesta librecambista y equilibrio hemisférico
El 30 de junio de 2000 Lagos asistió en Buenos Aires a su primera cumbre de presidentes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la XVIII en la historia de la organización, donde reiteró el deseo de su país de acceder a la misma como miembro de pleno derecho desde su estatus actual de Estado asociado (adquirido por el Acuerdo de Complementación Económica de 1996), eventualidad que, sin embargo, quedó postergada de nuevo al considerar excesivo Santiago el arancel externo común que regulaba la unión aduanera de los cuatro países integrantes, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La actitud de Lagos reflejaba la cautela oficial sobre una cuestión que aún no gozaba de un consenso generalizado en Chile, donde se seguían con prevención los vaivenes del MERCOSUR y, en especial, las decisiones comerciales adoptadas de manera unilateral por sus dos principales miembros, Brasil y Argentina, en función de sus necesidades de coyuntura económica. Lagos manifestó su interés en que el MERCOSUR se dotara de un mecanismo de solución de conflictos y definiera un esquema básico de políticas macroeconómicas.

La inserción de Chile en su espacio de integración natural, por geografía y lazos históricos, el Cono Sur americano, registró otro avance en la XXIII cumbre del MERCOSUR, celebrada el 5 y el 6 de diciembre de 2002 en Brasilia, en la que Lagos suscribió los Acuerdos sobre Regularización Migratoria Interna de los Ciudadanos y Residencia para Nacionales, al que también se adhirió Bolivia como sexto partícipe. Este marco, que apuntaba a una libre circulación de personas –aspecto fundamental para la consecución, en un futuro aún sin fecha, de un verdadero mercado común-, fue adoptado en paralelo al Acuerdo de Complementación Económica entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el MERCOSUR.

Mientras se decantaba por la parsimonia a la hora de profundizar los lazos con el MERCOSUR, el Chile de Lagos pisó el acelerador en la extensión de la madeja de tratados de libre comercio (TLC), hasta entonces limitada a México, Canadá y Centroamérica, a los socios europeos, asiáticos y estadounidense. El Acuerdo de Asociación Política y Comercial entre Chile y la Unión Europea, ultimado por Lagos el 17 de mayo de 2002 en Madrid en el marco de la II Cumbre UE-América Latina-Caribe, firmado por la ministra Alvear en Bruselas el 18 de noviembre del mismo año y en vigor desde el 1 de febrero de 2003, marcó un hito compartido. Para Chile, este acuerdo significó el levantamiento inmediato de los aranceles y las barreras no arancelarias del Mercado Común Europeo para el 85% de sus mercancías, lo que se tradujo automáticamente en un aumento espectacular de las exportaciones al que ya era el principal socio comercial del país, mientras que otro 11% sería liberalizado, según categorías de bienes, en unos plazos comprendidos entre los cuatro y los diez años; al final del período, se conseguiría una liberalización del 100% del comercio industrial, del 91% del comercio pesquero y del 81% del agrícola. La liberalización iba a alcanzar, asimismo de manera casi completa, a los servicios financieros y las inversiones.

Más aún, el Acuerdo abarcaba cuestiones extracomerciales al incluir un pacto para promover valores democráticos como el respeto a los Derechos Humanos, las libertades individuales y el Estado de derecho, y el compromiso de cooperar en el desarrollo económico, el desarrollo social, la protección del medio ambiente, la política exterior, la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Desde el punto de vista europeo, la asociación con Chile suponía el más avanzado acuerdo de libre comercio adoptado con un país no candidato a ingresar en la UE, superando al de México por el alcance de la liberalización comercial y por la inclusión del diálogo político y la cooperación multisectorial. Además, Bruselas confiaba en que la privilegiada relación con Chile estimulase las complejas negociaciones para la conclusión de un acuerdo de asociación con el MERCOSUR. Este era el fruto del Acuerdo Marco de Cooperación suscrito con Bruselas por Frei en 1996.

El desarme arancelario quedó completado por el flanco europeo con la firma de un acuerdo específico con los países (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA) el 26 de junio de 2003. La vasta área de Asia y el Pacífico, no menos prioritaria para Chile desde el momento en que era miembro del gran foro de la cooperación económica regional, la APEC, y porque incluía a algunas de las economías más dinámicas del planeta, se abrió para el país sudamericano de manera espectacular: nada menos que cinco países de la región, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y la República Popular China, firmaron sendos TLC con Chile entre febrero de 2003 y noviembre de 2005.

El TLC con China era especialmente importante por la amplitud de su cobertura y por tratarse el socio de una gran potencia con una economía en fase explosiva, caracterizada por una demanda extraordinariamente voraz de todo tipo de mercancías, como el cobre chileno. El TLC de julio de 2005 con Brunei, Nueva Zelanda y Singapur tuvo un carácter multilateral, bajo la forma de una Asociación Estratégica Económica Transpacífica. El llamado Acuerdo P-4 tenía como meta suprimir todos los aranceles comerciales de los países signatarios para 2015. En añadidura, en febrero de 2006, en vísperas del final del mandato de Lagos, arrancaron las negociaciones para elaborar un TLC con Japón.

El enfoque multilateral y diversificado, esencialmente pragmático y exponente de un regionalismo de lo más abierto, que Lagos tenía de las relaciones comerciales de Chile tuvo su tercera gran plasmación en el TLC con Estados Unidos, que no gustó a sectores de la izquierda, antiglobalización y conservacionistas por dejarse en el tintero medidas concretas para asegurar el cumplimiento por los empresarios de normas básicas en materia de medio ambiente y sobre derechos laborales, pero que el Gobierno consideraba una oportunidad de oro para multiplicar los intercambios de bienes y los flujos de inversión con el gigante norteamericano. Las negociaciones bilaterales, retrasadas tras el rechazo por el Congreso de Washington al formato de la fast track cuando la Administración de Frei, comenzaron en diciembre de 2000 y quedaron finiquitadas justo dos años más tarde, el 11 de diciembre de 2002. Todo estaba listo para la firma del documento, pero las posturas contrapuestas sobre la crisis de Irak en los debates del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Chile poseía circunstancialmente uno de los diez asientos no permanentes, vinieron a retrasar el proceso.

En los tensos días previos a la invasión anglo-estadounidense de Irak, el 20 de marzo de 2003, el Gobierno de George W. Bush sometió al de Lagos a muy duras presiones para que su representante permanente en la sede de Nueva York, Juan Gabriel Valdés Soublette, abrazara la iniciativa de una segunda resolución, patrocinada por Estados Unidos, Reino Unido y España, en la que se lanzaría un ultimátum explícito a Irak para que esclareciera en cuestión de días el paradero de las armas de destrucción masiva que supuestamente escondía, so pena de sufrir una intervención militar a gran escala.

Lagos, desoyendo a influyentes círculos económicos chilenos que le recomendaban secundar a Estados Unidos para no poner en peligro la firma del TLC, y sintonizando con el sentir de los partidos de la Concertación y de la gran mayoría de la opinión pública chilena, respondió de manera negativa a los apremios estadounidenses e intentó, sin éxito, que el Consejo estudiara un proyecto de resolución en el que el recurso a la guerra quedaba postergado por lo menos tres semanas, tiempo en el cual Irak debía cumplir una serie de condiciones de desarme. Al inclinarse por la abstención o el voto negativo en una segunda resolución que finalmente nunca se presentó, Chile, como México, se alineó implícitamente con el bloque de países miembros que se oponía frontalmente a la solución bélica, a saber, Francia, Alemania, Rusia y China.

Tras producirse la invasión de Irak y el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein, la tormenta diplomática escampó. Finalmente, el Senado de Washington no aplicó la represalia temida en Santiago, la suspensión de su voto de ratificación. En consecuencia, el TLC fue firmado el 6 de junio de 2003 en Miami por la ministra Alvear y el representante de Comercio Robert Zoellick, y el 4 de diciembre siguiente fue promulgado en una ceremonia presidida por Lagos en el Palacio de la Moneda. El 1 de enero de 2004 entró en vigor, convirtiendo a Chile en el primer país sudamericano y el quinto país del mundo –tras Canadá, México, Israel y Jordania- que establecía con Estados Unidos una asociación comercial de esta naturaleza.

Sin abandonar el terreno multilateral, Lagos fue el anfitrión en Santiago de la XV Reunión del Grupo de Río, el 17 y el 18 de agosto de 2001, y de la XII Cumbre de la APEC, el 20 y el 21 de noviembre de 2004, en la que acordó con su homólogo chino, Hu Jintao, dar inicio a las negociaciones del TLC bilateral.

En el ámbito de las Naciones Unidas, en 2004 el presidente ordenó el despacho de 650 soldados para servir en la misión de cascos azules aprobada para Haití, la MINUSTAH, y contribuyó a sustanciar, junto con el secretario general de la organización, Kofi Annan, y los presidentes brasileño Luiz Inácio Lula da Silva -promotor de la iniciativa-, español José Luis Rodríguez Zapatero y francés Jacques Chirac, la denominada Alianza Internacional contra el Hambre (AICH), una plataforma de acción global que se planteó la meta de reducir a la mitad el hambre en el mundo para 2015, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2000 y la Declaración adoptada en Roma en 2002 por la Cumbre Mundial de la Alimentación.

Lagos aspiraba a que Chile desarrollara un papel constructivo en las diversas iniciativas de integración comercial y cooperación económica y política de las que era partícipe, alcanzando un equilibrio entre sus intereses nacionales, los compromisos bilaterales y las obligaciones de país responsable y moderado en los conciertos multilaterales. Aspecto característico en él, el mandatario se mostró menos interesado en los grandes debates geopolíticos y los alineamientos ideológicos en el continente que en la defensa compartida del desarrollo sostenible y los valores democráticos.

A diferencia del Brasil de Lula, la Argentina de Néstor Kirchner y el Uruguay de Tabaré Vázquez, que completaban el grupo de gobiernos de centroizquierda e izquierda en el Cono Sur y que eran críticos con el proyecto, y, con mayor nitidez, de la Venezuela de Hugo Chávez y la Bolivia de Evo Morales, adalides de un socialismo radical y que lo impugnaban de cabo a rabo, el Chile de Lagos siguió confiando en el Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), la gran empresa de desarme arancelario continental perseguida con ahínco aunque con escaso éxito por Estados Unidos, por parecerle un instrumento positivo para su desarrollo económico, pero siempre que preservara la diversidad de los países miembros y operara de manera asimétrica, concediendo cláusulas de excepción y salvaguardia nacionales en función de los diversos grados de desarrollo y preparación de los países participantes.

El deseo de mantener buenos tratos con todos los países sudamericanos no ahorró a Lagos una serie de sonados desencuentros bilaterales. Con Bolivia, en ausencia –desde la ruptura de 1978- de relaciones diplomáticas normales, se experimentó un pico de tensión en 2004 debido a la solicitud por el Gobierno de La Paz del comienzo de negociaciones que diesen satisfacción a la histórica demanda boliviana de una salida al océano, por la frustración, debido a las circunstancias políticas del país vecino, de las expectativas de exportar el abundante gas boliviano a través de una facilidad portuaria chilena, y por la exigencia planteada por el presidente Carlos Mesa a Néstor Kirchner de que Argentina dejara de suministrar gas a Chile si quería comprar el hidrocarburo a Bolivia.

Los altibajos también presidieron las relaciones con Venezuela, principalmente a raíz de la acusación lanzada por Chávez contra Lagos en enero 2004, a su llegada a la cumbre extraordinaria de Las Américas en Monterrey, de haber apoyado secretamente el fracasado golpe de Estado que durante unas horas le tuvo apartado del poder en abril de 2002 –pese a que la reacción pública de Santiago entonces había sido precisamente la contraria, de defensa del orden constitucional venezolano-, y de su toma de partido por Bolivia, poco después, en el rifirrafe territorial. Lagos y la Cancillería defendieron con serenidad las tesis nacionales y trataron de apaciguar al lenguaraz mandatario venezolano.

Hacia el final del mandato del chileno, las relaciones bilaterales ya habían recobrado la normalidad e incluso eran calificadas de excelentes. En abril de 2005 Lagos se desplazó a Caracas y en marzo del año siguiente Chávez devolvió la visita haciéndola coincidir con la transmisión de poderes. En esta ocasión, Lagos prácticamente piropeó al líder bolivariano al declarar: "El presidente Chávez tiene una cierta visión de las cosas, pero eso no significa que sea una fuerza desestabilizadora en América Latina". Y también: "Es un error demonizar a Hugo Chávez (…) es una fuerza desatada de la naturaleza, es un hombre de gran carisma".

Por último, con Perú hubo una fuerte trifulca en noviembre de 2005 debido a la aprobación por el Congreso de Lima, seguida de su promulgación por el presidente Alejandro Toledo, de una ley que establecía un nuevo criterio de delimitación de las aguas territoriales del Pacífico. El Gobierno de Santiago reaccionó como un resorte, pues entendía que la revisión por Perú de su dominio marítimo cuestionaba la soberanía oceánica chilena. Desde Chile se calificó la decisión peruana como "un acto unilateral sin efecto jurídico internacional".

El ambiente ya estaba revuelto desde el mes de abril por el escándalo, sentido en Perú -que no olvidaba las amputaciones territoriales sufridas tras la victoria chilena en la Guerra del Pacífico (1879-1884)- como una verdadera afrenta nacional, en torno al video sensacionalista de la compañía aérea chilena Lan que presentaba a Lima como una ciudad azotada por la pobreza, la suciedad y la delincuencia. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano dirigió una queja oficial al embajador chileno en Lima por el tono denigratorio de un video del que sólo era responsable la aerolínea privada.

Al encauzamiento de las relaciones chileno-peruanas no contribuyó la dilación de la decisión por las autoridades del primer país de extraditar al ex presidente Alberto Fujimori, detenido en Santiago el 7 de noviembre, nada más aterrizar procedente de Japón, por tratarse de un prófugo de la justicia de su país. La Corte Suprema chilena no iba a fallar a favor de la extradición de Fujimori hasta año y medio después de terminar el mandato presidencial de Lagos.


6. Vida pospresidencial
En el momento de su partida de la Moneda, Lagos, pese a los escándalos de corrupción que habían golpeado a su administración en 2002 y 2003, gozaba de unos índices de popularidad sin precedentes, de hasta el 75%, según varios sondeos. Un volumen de aceptación de su gestión que repercutió en el triunfo de Bachelet en las elecciones presidenciales celebradas a dos vueltas el 11 de diciembre de 2005 y el 15 de enero de 2006 frente al candidato de la RN, el magnate empresarial y ex senador Sebastián Piñera Echenique. El 11 de marzo de 2006 Lagos cedió los atributos presidenciales a la primera mujer presidenta de Chile y el cuarto mandatario de la Concertación.

En la actualidad, Ricardo Lagos continúa siendo miembro del Círculo de Montevideo y del Club de Madrid, cuya presidencia bianual asumió en abril de 2006, semanas después de abandonar la jefatura del Estado chileno, así como presidente honorario, junto con el senador y antiguo ministro de Economía Carlos Ominami Pascual, de la Fundación Chile 21 y copresidente de la Junta de Directores del Diálogo Inter-Americano. En añadidura, el 24 de marzo de 2006 puso en marcha en Santiago la Fundación Democracia y Desarrollo, de la que es igualmente presidente. El 1 de julio de 2007 comenzó a dar clases como professor at large en el Instituto Watson de Estudios Internacionales (WIIS) de la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island.

El prestigioso perfil internacional conservado por el ex mandatario chileno se puso de manifiesto el 1 de mayo de 2007 con su nombramiento por el nuevo secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, como enviado especial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, junto con la ex primera ministra noruega y ex directora general de la OMS Gro Harlem Brundtland, y el ex ministro de Exteriores surcoreano Han Seung Soo. La designación de Lagos, empero, fue rechazada por grupos ecologistas chilenos, que sacan a colación el polémico manejo por su gobierno de los diversos conflictos medioambientales sucedidos durante el sexenio

Ricardo Lagos es autor de numerosos artículos científicos y periodísticos, así como de varios libros, sobre economía, sociedad y actualidad política. Ha publicado los siguientes ensayos: La concentración del poder económico (1962, su antigua tesis de licenciatura); Agricultura y tributación: dos ensayos (1965, en coautoría con Ullrich Burckhardt); La industria en Chile: antecedentes estructurales (1966); América Latina: algunos hechos económicos recientes y su poder de negociación (1980); Democracia para Chile: proposiciones de un socialista (1985); Hacia la democracia (1987); Las ciencias sociales en el proceso de democratización (1991); Después de la transición (1993); Mi idea de país (1999); y, Conversaciones en el camino (2004), libro en el que hace balance de su gestión presidencial. Posee doctorados honoris causa otorgados por la universidades de Duke, Salamanca (USAL), Córdoba (UCO), Austral de Chile (UACh) y Autónoma Nacional de México (UNAM).

(Cobertura informativa hasta 1/1/2008)