Augusto Pinochet Ugarte

 Los casi 17 años de dictadura militar presidida por el general Augusto Pinochet (1915-2006) marcaron uno de los períodos más traumáticos en la historia de Chile, que como sociedad vivió dividida el sangriento golpe de Estado de 1973, la persecución de los considerados enemigos ideológicos, el intento del régimen de perpetuarse en el poder tras una fachada constitucional y las dos derrotas en las urnas frente a la oposición democrática unida. En 1990 Pinochet entregó por libre potestad la Presidencia al ganador de las elecciones de 1989, el democristiano Patricio Aylwin, pero continuó comandando el Ejército hasta 1998, cuando se convirtió en senador vitalicio. Comenzó entonces una tortuosa saga judicial que, iniciada en España y continuada en su propio país, registró varios procesos de incriminación por las más graves violaciones de los Derechos Humanos y por corrupción económica. La ancianidad y una demencia dudosa fueron exitosamente argumentadas por los abogados del ex dictador, que no llegó a ser juzgado.

1. Un profesional de la milicia con trayectoria legalista
2. Golpe de Estado contra Allende e instauración de la Junta militar
3. Evolución de una dictadura personalista con manto constitucional
4. Rechazo en las urnas al plan de renovación presidencial y retorno tutelado al gobierno civil
5. Factor permanente de distorsión de la democracia recuperada
6. Imputación de delitos humanitarios por la justicia española
7. El laberinto de los procesos criminales en Chile; el caso caravana de la muerte
8. Los casos Operación Cóndor y sobre cuentas secretas
9. La senilidad y los achaques como salvaguardas de impunidad
10. Una defunción como estímulo de la crispación y la división


1. Un profesional de la milicia con trayectoria legalista
Primogénito de los seis hijos tenidos por los señores Augusto Alejandro Pinochet Vera, funcionario de aduanas descendiente de un emigrante francés bretón llegado a Chile a comienzos del siglo XVIII, y Avelina Ugarte Martínez, con ancestros españoles navarros, cursó las enseñanzas primaria y secundaria en distintos centros de su terruño valpino: el Seminario San Rafael de Valparaíso, el Instituto Rafael Ariztía de Quillota, regido por los Hermanos Maristas, y el Colegio de los Sagrados Corazones, o de los Padres Franceses, también en Valparaíso.

En el colegio no se distinguió como un alumno brillante y su temprana vocación, no obstante carecer de la referencia de unos antepasados de uniforme, fue la de hacerse militar. Sólo al tercer intento, hasta que satisfizo una serie de requisitos de edad y cualificación, consiguió ser admitido como cadete en la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins, en Santiago, centro encargado de formar a los oficiales del Ejército chileno. Ocurrió en 1933, cuando tenía 17 años, ocupando la Presidencia de la República el liberal Arturo Alessandri Palma. Al cabo de cuatro años egresó como alférez de infantería y por unos meses más continuó asistiendo a las aulas en la Escuela de dicha arma sita en la comuna metropolitana de San Bernardo. En septiembre de 1937 partió destinado al Regimiento Nº 6 Chacabuco, en Concepción, y de allí pasó en 1939 al Regimiento Nº 2 Maipo, en Valparaíso.

En 1941 ascendió a teniente comisionado en la Escuela Militar y en enero de 1943 contrajo matrimonio con María Lucía Hiriart Rodríguez, una joven de 20 años que era hija de Osvaldo Hiriart Corvalán, destacado abogado y político del Partido Radical, entonces en el Gobierno. Al ex ministro del Interior y senador Hiriart no le seducía la perspectiva de tener como yerno a un joven provinciano de clase media que intentaba labrarse una carrera en la oficialidad del Ejército, una institución que, a diferencia de lo que sucedía en otros países de la región, no gozaba de mucha estima entre las élites civiles de la sociedad chilena de la época, pero ante la insistencia de su hija hubo de dar el brazo a torcer. El matrimonio Pinochet-Hiriart iba a alumbrar cinco vástagos, tres mujeres, Inés Lucía, María Verónica y Jacqueline Marie, y dos varones, Augusto Osvaldo y Marco Antonio.

En 1945, recién estrenados los galones de capitán, Pinochet se integró en el Regimiento Carampangue en Iquique, en el extremo norte del país. Allí, en la región de Tarapacá, desempeñó diversos cometidos, entre ellos la comandancia de un campo de detención en el puerto de Pisagua, a donde eran enviados los detenidos políticos al amparo de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, un instrumento creado por el presidente radical Gabriel González Videla para reprimir al Partido Comunista (PCCh). En 1948 estuvo de vuelta en Santiago para iniciar en la Academia de Guerra la formación que requerían los aspirantes al cuerpo de oficiales del Estado Mayor del Ejército. Como era demasiado joven, hubo de esperar un tiempo antes de tomar las clases. En el ínterin, añadió a su hoja de servicios un mando de tropa en la comuna de Lota, en la región de Biobío.

En 1951 obtuvo finalmente el título de oficial del Estado Mayor y empezó a dar en la Escuela Militar clases de Geografía Militar y Geopolítica, asignaturas que impartió también en la Academia de Guerra luego de alcanzar en 1953 el grado de mayor con despacho en el Regimiento Nº 4 Rancagua, en la ciudad tarapaqueña de Arica. En estos años de docente, Pinochet dirigió la publicación para oficiales Cien Águilas y presentó algunos trabajos técnicos relacionados con su especialidad lectiva. Pinochet temía que su carrera como oficial quedara estancada si no se sacaba el título de bachiller, pendiente desde sus años de colegial, y no mejoraba su currículum académico civil.

Una vez obtenido el bachillerato se matriculó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, pero sus continuos destinos militares frustraron estos estudios. En 1956 fue comisionado en la Subsecretaría de Guerra del Gobierno, entonces presidido por el general en la reserva Carlos Ibáñez del Campo, y hasta 1959 estuvo destacado en la agregaduría militar de la Embajada chilena en Quito. Su colaboración con el Ejército del Ecuador incluyó actividades formativas en la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, donde dio clases de Geografía, Geopolítica e Inteligencia Militar. Tras tres años de servicios, el Gobierno del país andino concedió a Pinochet y a los demás integrantes de la misión militar chilena la condecoración Abdón Calderón.

Una vez en Chile, sus superiores le destinaron al cuartel general de la I División del Ejército con base en Antofagasta y simultáneamente adquirió la estrella de teniente coronel. Al año siguiente, en 1960, recibió el nombramiento de comandante del Regimiento Esmeralda, conocido como el Glorioso Séptimo de Línea, acantonado también en Antofagasta. En 1963, en el penúltimo año de la Administración del presidente conservador Jorge Alessandri Rodríguez, se convirtió en subdirector de la Academia de Guerra. En 1966 añadió a su uniforme las charreteras de coronel.

En 1968 fue promovido al puesto de jefe del Estado Mayor de la II División del Ejército, con sede en Santiago, y como tal realizó una misión en Estados Unidos y visitó las instalaciones que el Ejército de ese país tenía en la Zona del Canal de Panamá. A finales de aquel año ascendió a general de brigada y a comandante en jefe de la VI División, con guarnición en Iquique, rango que incluyó el desempeño del cargo de intendente subrogante de la región de Tarapacá. En enero de 1971 sumó el grado de general de división y le fue confiada la comandancia general de la II División. En consecuencia, entró en el Estado Mayor General del Ejército y se puso a las órdenes directas del comandante en jefe del Ejército chileno, general Carlos Prats González, que encabezaba la institución desde octubre de 1970, cuando reemplazó al asesinado general René Schneider Chereau.

A principios de 197 Pinochet fue nombrado jefe del Estado Mayor General y se convirtió en el segundo oficial al mando del Ejército detrás de Prats, al que sustituyó interinamente en los breves períodos en que éste formó parte de los gobiernos de la Unidad Popular (UP), la coalición de izquierda encabezada por Salvador Allende Gossens, líder del Partido Socialista (PS) y vencedor de las elecciones presidenciales de septiembre de 1970. Los ejercicios de Pinochet como comandante en jefe del Ejército en funciones se produjeron desde noviembre de 1972 hasta marzo de 1973 y a partir del 8 de agosto del último año, cuando Prats fungió de ministro del Interior y de Defensa, respectivamente.

Tenido entonces por un oficial disciplinado, legalista y apolítico, en un país de arraigada tradición civilista, y aparentemente conforme con la doctrina de los generales Schneider y Prats de la subordinación constitucional de las Fuerzas Armadas al Gobierno y los demás poderes del Estado de derecho independientemente de la opción ideológica que las urnas confirieran el mandato para gobernar, Pinochet contó siempre con la total confianza de Allende, aun cuando fuera evidente su protagonismo en la dimisión forzada, el 23 de agosto, de Prats como ministro de Defensa y comandante en jefe del Ejército, en medio de un inquietante ruido de sables y como culminación de una campaña de desprestigio contra el general orquestada por quienes en el estamento militar estaban resueltos a forzar la caída de un Gobierno que proponía abrir la "vía chilena hacia el socialismo". El destino de Prats quedó sellado en un consejo del generalato chileno convocado por Pinochet el 21 de agosto, en el cual se votó y aprobó una moción que pedía su renuncia a todos sus cargos. Cuando Prats resignó, Allende nombró nuevo comandante en jefe del Ejército a Pinochet, ignorando que la conspiración golpista contra su régimen ya estaba en marcha.


2. Golpe de Estado contra Allende e instauración de la Junta militar
En la mañana del 11 de septiembre de 1973, en un contexto político, económico y social explosivo, con constantes presiones y provocaciones a derecha e izquierda que tenían paralizado al Gobierno democráticamente elegido y que hacían temer por un grave enfrentamiento civil a la vuelta de la esquina, se declaró el golpe de Estado encabezado por Pinochet, quien ejecutó toda la operación desde el Comando de Telecomunicaciones del Ejército. La toma del poder por los militares fue sangrienta y supuso el derrocamiento y la muerte de Allende, atrincherado con un puñado de leales en el Palacio de la Moneda, la sede del Gobierno, que fue blanco de los cohetes aéreos y pasto de las llamas, hasta quedar prácticamente destruido. Allende se quitó la vida con un fusil automático tras rechazar el ultimátum en el que sus atacantes le conminaban a abandonar la Presidencia y partir al exilio "por no haber respetado la Constitución y haber creado situaciones de hecho ilegítimas". Consumada la sublevación, las emisoras de radio controladas por los golpistas difundieron llamamientos a acatar las disposiciones de la nueva autoridad castrense.

Mientras los soldados sofocaban expeditivamente los focos de resistencia obrera en los cinturones industriales y miles de militantes de partidos de izquierda, sindicalistas y estudiantes eran arrestados y concentrados en improvisados centros de detención (muchos de los cuales iban a ser hechos desaparecer y asesinados), Pinochet constituyó una Junta de Gobierno de la República en la que se hizo flanquear por sus pares en las comandancias en jefe de las otras tres Fuerzas Armadas y del Orden de Chile: el general Gustavo Leigh Guzmán, por la Fuerza Aérea; el almirante José Toribio Merino Castro, por la Armada; y el general César Leonidas Mendoza Durán, director general del Cuerpo de Carabineros.

Los primeros actos de la Junta fueron declarar el estado de sitio por la "situación de conmoción interior" que vivía el país así como el toque de queda, asimilar tal situación a un "estado o tiempo de guerra" (12 de septiembre), clausurar el Congreso (21 de septiembre), proscribir los partidos de la UP (8 de octubre), dejar "en receso" a las restantes fuerzas políticas (11 de octubre, por más que las formaciones de derecha, incluido el Partido Demócrata Cristiano (PDC), hubiesen adoptado una actitud condescendiente o de franco apoyo al golpe) e imponer una severa censura informativa. Asimismo, la Junta instó al restablecimiento del orden público y a la reanudación de la actividad económica.

En política exterior, la primera decisión, adoptada el mismo 11 de septiembre, fue romper las relaciones diplomáticas con Cuba. En Estados Unidos, la Administración republicana de Richard Nixon acogió con evidente satisfacción la destrucción del experimento de la UP, quedando en la duda el grado de conocimiento previo e implicación, como instigadores o asistentes materiales, de la Embajada en Santiago y la CIA en el golpe de Estado. En retrospectiva, puede afirmarse que la participación de Estados Unidos en la sedición de Pinochet, si la hubo, fue indirecta y en absoluto fundamental. En su acta de constitución por "decreto ley", la Junta decía asumir el mando supremo de la nación "con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas, conscientes de que ésta es la única forma de ser fieles a las tradiciones nacionales, al legado de los Padres de la Patria y a la Historia de Chile". Como país, continuaban proclamando Pinochet y sus conmilitones, Chile se encontraba "en un proceso de destrucción sistemática e integral de estos elementos constitutivos de su ser, por efecto de la intromisión de una ideología dogmática y excluyente, inspirada en los principios foráneos del marxismo-leninismo".

A pesar de su composición interarmas, la Junta no era un órgano de poder colegiado: desde el primer momento, el general de Ejército Pinochet se destacó como el mandamás de sus integrantes. Ya en el Decreto Ley Nº 1 del 11 de septiembre fue proclamado presidente de la Junta en tanto que comandante en jefe de la rama más antigua de las Fuerzas Armadas. La idea original era hacer de la presidencia de la Junta un cargo rotatorio, pero la supremacía de Pinochet se hizo permanente. Meses después, por el Decreto Ley Nº 527 del 17 de junio de 1974 -publicado en el Diario Oficial el 26 de junio-, la Junta invistió a Pinochet como jefe supremo de la nación al tiempo que se declaraba titular de los poderes constituyente, legislativo y ejecutivo. Finalmente, el 17 de diciembre del mismo año, en virtud del Decreto Ley Nº 806, Pinochet se arrogó el título de presidente de la República.

Deseoso de revestirse de la legitimidad institucional que había negado al Gobierno democrático de Allende, el régimen militar dio a conocer el 11 de marzo de 1974 una Declaración de Principios en la que aclaraba que su toma del poder no había sido una actuación con vocación de interinidad, sino el inicio de una reordenación total de las estructuras del Estado bajo la guía de un "verdadero patriotismo", bien diferente del modelo precedente. En la etapa de "reconstrucción nacional" que ahora comenzaba, las fuerzas políticas de "inspiración marxista" no iban a tener cabida. El documento aseguraba que el nuevo régimen defendía los "valores morales y espirituales propios de nuestra tradición chilena y cristiana", y que se identificaba con la "civilización occidental y europea". El poder impuesto era de tipo "autoritario, impersonal y justo", así como "nacionalista, realista y pragmático".

El propio Pinochet explicó que, en su momento, una vez completadas las reformas legales previstas, el Gobierno de facto daría lugar a una "auténtica democracia protegida". En julio de 1976 el general nombró un Consejo de Estado, órgano consultivo que supuso una implicación limitada de los sectores conservadores del arco civil en la toma de decisiones, y en julio de 1977, cuatro meses después (11 de marzo) de decretar la disolución de todos los partidos, agrupaciones y movimientos de carácter político, planteó el lejano horizonte de 1991 para la conclusión del régimen militar. Por otra parte, al entender que el país era el escenario de una "guerra" no declarada en la que planteaba hostilidades un "enemigo interno", las Fuerzas Armadas se legitimaban a sí mismas para tomar las medidas que consideraran convenientes. Esta era la esencia de la doctrina de seguridad nacional adoptada por el régimen. Las causas por infracción del estado de sitio fueron sustraídas de la justicia ordinaria y traspasadas a la jurisdicción militar de tiempo de guerra. La represión alcanzó dimensiones desconocidas en Chile. De acuerdo con Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hacia finales de 1973 hasta 250.000 ciudadanos habían sido detenidos por motivos políticos.

La progresiva consolidación por Pinochet de su dictadura personalista y vertical, más allá de la retórica sobre el gobierno mancomunado de la cúpula castrense, registró tres eventos clave. En primer lugar, el plebiscito del 4 de enero de 1978, convocado "en respaldo al presidente en su defensa de la dignidad de Chile" y que fue una especie de desagravio por la condena en la ONU a las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas por la Junta; la consulta la ganó el régimen con el 75,3% de votos favorables. A continuación, el 24 de julio del mismo año, se produjo el desenlace de la minicrisis interna causada por el general Leigh, capitoste militar muy involucrado en la represión política, quien pagó con el cese por haberse atrevido a cuestionar la autocracia del jefe del Ejército y a demandar que se recortara el plazo para devolver el poder a los civiles; el general Fernando Matthei Aubel sustituyó a Leigh como comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta.

Por último, el 11 de septiembre de 1980, coincidiendo con el séptimo aniversario del golpe, tuvo lugar el plebiscito sobre la Constitución Política sancionada por el Decreto Ley Nº 3.464 del 11 de agosto anterior y cuyo borrador había sido redactado con el concurso del Consejo de Estado, la Junta de Gobierno y una Comisión de Estudios encabezada por Enrique Ortúzar Escobar, antiguo ministro con Jorge Alessandri. La nueva Carta Magna, que sustituía a la norma vigente desde 1925, en suspenso desde el golpe, consagraba fórmulas democráticas tradicionales, como la separación de los tres poderes del Estado y la adopción del sufragio universal para la elección de las autoridades políticas. Sin embargo, su acusado presidencialismo brindaba el marco legal idóneo para las disposiciones dictatoriales de la Junta, que era como decir de Pinochet.

También, como no podía ser de otra manera, el texto otorgaba garantías jurídicas fundamentales a los ciudadanos, pero este reconocimiento de derechos y libertades devenía papel mojado desde el momento en que los cuerpos armados del Estado perseguían con una arbitrariedad y un encono inauditos a cualquiera que consideraran un subversivo político. Aunque el estado de sitio y el toque de queda habían sido levantados el 10 de marzo de 1978, como antesala de una Ley de Amnistía que fue promulgada el 18 de abril, las excepciones constitucionales seguían vigentes en virtud del estado de emergencia.

Sin sorpresas, la Constitución fue ratificada en las urnas con el 67% de los sufragios –computando como afirmativos los votos emitidos en blanco, el 1,3%- y fue promulgada el 21 de octubre. Los referendos nacionales de 1978 y 1980 estuvieron totalmente controlados por el Ministerio del Interior y no se permitió la propaganda desafecta a las consignas oficiales. Cuando la consulta constitucional, la DC, encabezada entre otros por Patricio Aylwin Azócar y Andrés Zaldívar Larraín, objetó vigorosamente la enésima maniobra de los militares, pues dejaba en la estacada el sistema parlamentario. El principal partido conservador del país se había declarado en oposición al régimen en 1976 tras comprobar que la quiebra del orden constitucional tres años atrás había sido cualquier cosa menos un trastorno transitorio, atrayéndose las iras represivas del régimen pinochetista. En cuanto al PS y las demás formaciones de izquierda, eran objeto de una represión feroz y simplemente luchaban por su supervivencia física desde la clandestinidad.


3. Evolución de una dictadura personalista con manto constitucional
El 11 de marzo de 1981 Pinochet prestó juramento como presidente de la República con un mandato prorrogado de ocho años, inaugurando una dilatada etapa de "transición" que había de culminar con la plena entrada en vigor de la Constitución en marzo de 1989. Aunque retuvo la comandancia en jefe del Ejército, generando una duplicidad de cargos, militar y civil, difícilmente compatible con un Estado de derecho, cedió su puesto en la Junta al general César Raúl Benavides Escobar, un oficial de toda confianza, que había ejercido de ministro del Interior entre 1974 y 1978, y de Defensa entre 1978 y 1980.

Aunque ya no podía llamársele de facto sino constitucional, el régimen retuvo su carácter estrictamente militar y la Junta de Gobierno siguió funcionado como un órgano legislativo y constituyente. El Congreso Nacional permanecía disuelto desde el golpe y así había de continuar, por lo menos hasta el final del mandato presidencial de Pinochet. El dictador, que se promovió a sí mismo a capitán general del Ejército, un grado sólo portado hasta entonces por el prócer de la independencia nacional Bernardo O’Higgins, advirtió que continuaba sin tolerarse toda actividad política de signo partidista y hasta disuadió a sus propios adeptos de la idea de formar un movimiento orgánico de apoyo.

Gran admirador del general y dictador español Francisco Franco, a cuyo entierro cerca de Madrid asistió en noviembre de 1975 –fue el único estadista internacional que acudió- y emulador del férreo militarismo de tradición alemana prusiana, Pinochet persiguió sañudamente a los militantes de la izquierda y reiteró que el marxismo-leninismo seguiría siendo combatido sin vacilaciones, a fin de que no tuviera presencia en el país cuando llegara la plena normalización constitucional. La indefensión judicial y los atropellos cometidos por los Carabineros y el propio Ejército, que continuó movilizado como fuerza represiva, provocaron una amplia condena internacional y el descrédito del Gobierno.

El balance luctuoso de casi 17 años de dictadura fue cifrado por el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), más conocido como Informe Rettig, una investigación encomendada por el nuevo Gobierno democrático en abril de 1990 y que fue publicada en marzo de 1991, en 2.279 víctimas probadas entre muertos y desaparecidos, por violación de los Derechos Humanos (la gran mayoría) o como efecto de la violencia política. Sobre 641 casos, la CNVR no pudo formarse una convicción y otros 449 fueron excluidos de la investigación por conocer de ellos sólo el nombre de la persona. De las víctimas con militancia política reconocida, la práctica totalidad pertenecían a formaciones izquierdistas. En 2004, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, o Comisión Valech, ayudó a perfilar el cuadro de horrores pintado por el régimen pinochetista al reconocer como víctimas de la tortura en centros de detención a 28.459 personas, de las cuales un millar largo eran menores de 18 años y un 12% mujeres.

La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta dirigida por el general Juan Manuel Contreras Sepúlveda y colocada bajo la autoridad del jefe del Estado, fue creada el 14 de junio de 1974 con la misión de ejecutar una guerra sucia que tomó visos de exterminio al cobrarse la vida de centenares de personas cuyos nombres aparecían en las listas negras del régimen. Los secuestrados, torturados, asesinados y hechos desaparecer por la DINA eran antiguos miembros del círculo personal de Allende, y dirigentes y cuadros del PS, el PCCh y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

La insidia criminal de la DINA no se detuvo en las fronteras de Chile. Su sección exterior ejecutó los asesinatos de dos notorios personajes que se habían exiliado a raíz del golpe de Estado: el general Prats y el ex ministro de Exteriores allendista Orlando Letelier del Solar, muertos respectivamente (el primero junto con su esposa, Sofía Cuthbert, y el segundo junto con una ayudante estadounidense, Ronni Karpen Moffitt) en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974 y en Washington el 21 de septiembre de 1976. Los magnicidios, que compartieron la modalidad del atentado con bomba adosada al bajo del vehículo y detonada por control remoto, fueron perpetrados por Michael Townley, un expatriado estadounidense que trabajaba también para la CIA. Una tercera personalidad, el dirigente democristiano Bernardo Leighton Guzmán, resultó gravemente herido el 5 de octubre de 1975 en Roma por disparos de bala, pero salvó la vida.

Estas operaciones clandestinas de terrorismo de Estado se enmarcaron en un vasto dispositivo transnacional conocido como Operación Cóndor, en el que diversos organismos de inteligencia de las dictaduras militares latinoamericanas cooperaban para eliminar a sus respectivos opositores de izquierdas o a cualesquiera personas consideradas enemigas políticas. La CIA mantenía estrechos contactos con la DINA y, con el peso de las evidencias obtenidas en el curso de los años, resulta indudable que la comunidad de inteligencia civil y militar de Estados Unidos estaba plenamente al tanto, si es que no las patrocinaba activamente, de las andanzas criminales de un entramado donde el brazo chileno era de los más activos.

La DINA tuvo una especie de carta blanca para asesinar a exiliados chilenos en Argentina con el beneplácito de los gobiernos civiles de Juan Domingo Perón y de su viuda María Estela Martínez de Perón, y, a partir del golpe de Estado de marzo de 1976, de la Junta Militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla. Sin embargo, las relaciones chileno-argentinas se deterioraron muy gravemente por la añeja disputa sobre la posesión de las islas Picton, Lennox, Nueva y otras menores sitas entre la parte oriental del canal de Beagle y el cabo de Hornos, que un arbitraje de la Corona británica adjudicó a la soberanía chilena en 1977.

El rechazo por Buenos Aires a este laudo disparó la tensión y en diciembre de 1978, luego (19 de enero) de una infructuosa entrevista entre Pinochet y Videla en la ciudad de Mendoza, los dos países estuvieron a punto de entrar en guerra; sólo una tormenta en el mar y la intervención apaciguadora del Vaticano impidieron el enfrentamiento naval de las dos armadas. Más tarde, cuando Argentina invadió las islas Malvinas y entró en guerra con el Reino Unido, Chile adoptó una postura abiertamente probritánica que no se limitó al terreno diplomático, ya que las Fuerzas Armadas prestaron un valioso apoyo logístico e informativo al cuerpo expedicionario fletado por Londres.

Sin embargo, los asesinatos de Letelier y Moffitt, cometidos casi a las puertas de la Casa Blanca, agrió la relaciones de Pinochet con la nueva Administración demócrata de Jimmy Carter, sensible a todo lo concerniente a los Derechos Humanos en los países del hemisferio bajo su influencia. Todavía en junio de 1976 el general había recibido cordialmente en Santiago al secretario de Estado Henry Kissinger, quien por una parte expresó su preocupación por la situación de los Derechos Humanos en Chile pero por la otra alabó el anticomunismo de su anfitrión. Para apaciguar a Estados Unidos, la Junta decidió reemplazar a la DINA el 13 de agosto de 1977 por un nuevo organismo, la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Por lo que se refiere a la política económica, en 1975 Pinochet delegó en un equipo de economistas neoliberales formados en la Universidad Católica de Chile y seguidores de la Escuela de Chicago (en cuya Universidad la mayoría de ellos habían realizado cursos de posgrado, por lo que se les llamó los Chicago Boys) la complicada tarea de estabilizar un ámbito sumido en un enorme desbarajuste. De la noche a la mañana, Chile se convirtió en un laboratorio pionero para la aplicación de las propuestas de economistas como Milton Friedman, Friedrich Von Hayek y George Stigler, anticipándose en varios años a la ola de reformas liberales que iba a barrer el subcontinente sudamericano en las décadas de los ochenta y noventa, y precediendo incluso a las revoluciones económicas lanzadas por Margaret Thatcher en el Reino Unido y por Ronald Reagan en Estados Unidos. La Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) centralizó las medidas aplicadas y los ministerios de Hacienda y Economía, así como el Banco Central de Chile, fueron entregados a destacados miembros del citado colectivo.

La apuesta por la apertura de los mercados, la bajada de los aranceles aduaneros, la eliminación de los controles de precios, la unificación de los tipos de cambio, la flexibilización de los tipos de interés y la reducción del gasto público en aras del equilibrio fiscal, por la terapia de choque en definitiva, generó unos efectos positivos por lo que se refiere al saneamiento financiero de la economía y la eliminación de la hiperinflación, que en septiembre de 1973 superaba con creces el 300%. En este sentido, resultó beneficiosa la reforma monetaria efectuada en 1975, cuando el peso volvió a ser la divisa nacional en sustitución del escudo, introducido en 1960. El nuevo peso equivalía a 1.000 antiguos escudos.

En una etapa posterior se acometió la reforma de la Seguridad Social y la privatización de las empresas pertenecientes a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Este sistema desregulado, monetarizado y desestatalizado fue heredado por el régimen democrático en 1990, pero arrastró los déficits de su enorme coste social. La clase media se contrajo, hubo despidos masivos de manera continuada y cientos de miles de chilenos se hundieron en la pobreza tras sufrir su poder adquisitivo una merma progresiva. Los salarios reales se achicaron a ojos vista y las desigualdades sociales alcanzaron niveles inaceptables en un país que en éste y en otros terrenos siempre se había considerado más cercano a Europa que a las naciones vecinas de América Latina.

El primer lustro de recetas neoliberales produjo a partir de 1977 un crecimiento medio del PIB en torno al 7,5% anual, dando pie a Milton Friedman, quien había convencido al autócrata personalmente en Santiago de que sólo la aplicación de sus teorías podría salvar a una economía moribunda, para elogiar el "milagro chileno". Pero este espectacular rendimiento se paró en seco en 1981 por la confluencia de factores externos, en esencia la recesión mundial, e internos, como la excesiva dependencia de los mercados foráneos, la elevada tasa de endeudamiento privado y el tipo de cambio fijo peso-dólar. En 1982 el PIB se contrajo el 14%, un registro sin precedentes en el último medio siglo, y en doce meses el paro trepó del 16% al 26%.

Al final, los Chicago Boys no habían sido capaces de garantizar la prosperidad económica, tal que Pinochet optó por prescindir de ellos. Un nuevo equipo económico de corte más clásico, con acentos keynesianos, fue el encargado de paliar la crisis. En 1983 hubo de requerirse la asistencia del FMI. Sin embargo, a comienzos de 1985, tan pronto como la recuperación apareció en el horizonte, Pinochet regresó a las fórmulas neoliberales. El nuevo ministro de Hacienda, Hernán Büchi Buc, un liberal menos dogmático que sus predecesores, aplicó una batería de medidas mixtas (fuerte reducción del gasto público, descarga fiscal a las empresas y privatización general del sector industrial, acompañadas de una devaluación del peso y de la reposición del control por el Banco Central de los tipos de interés) que favoreció la actividad económica y devolvió la excelencia al rendimiento del PIB.

Desde comienzos de la década de los ochenta, coincidiendo con la mencionada crisis económica, Pinochet afrontó numerosas protestas y manifestaciones que le exigían su dimisión y el inmediato retorno a la democracia. La contundencia habitual de las fuerzas antidisturbios no acalló este frente de rechazo en la calle, el cual, por otra parte, nunca llegó a poner contra las cuerdas a la dictadura. El 11 de mayo de 1983 la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) encabezó la primera protesta de alcance nacional tras una década de amordazamiento sindical y el 22 de agosto siguiente nació el primer frente de oposición multipartidista, la Alianza Democrática. No por casualidad, la actividad represora del régimen, que había disminuido sensiblemente desde la amnistía de 1978, volvió a dispararse aquel año. En agosto de 1985 los partidos de la Alianza Democrática, que representaban a todo el arco ideológico exceptuando los extremos, adoptaron un Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia.

El 7 de septiembre de 1986 se produjo un pico de tensión con el atentado sufrido por Pinochet en un paraje de Cajón del Maipo, en la provincia metropolitana de Cordillera, conocido como cuesta de Achupallas, a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo terrorista de extrema izquierda que había iniciado sus actividades subversivas en diciembre de 1983 como el brazo militar de la resistencia armada a la dictadura impulsada por el PCCh. El comando ametralló y arrojó granadas a la comitiva de seis vehículos blindados y dos motocicletas en la que de regreso a Santiago desde su residencia vacacional en El Melocotón viajaban Pinochet y uno sus nietos, Rodrigo García, de diez años. Los atacantes mataron a cinco escoltas y causaron heridas a otros 11, pero fracasaron en su objetivo, ya que el general escapó con vida y casi ileso, con la salvedad de unas heridas superficiales en la mano izquierda.

Inmediatamente después del atentado, la Junta declaró el estado de sitio y las fuerzas de seguridad lanzaron una vasta operación de caza y captura de los terroristas, a la vez que una redada de represalia en medios de la oposición no violenta. La implacable represión policial dejó a las claras que Pinochet no toleraba ni las agitaciones fomentadas por una extrema izquierda pequeña y muy debilitada, ni la presión estrictamente política de los partidos moderados, manteniéndose él y sus colaboradores firmes en la conducción de los acontecimientos y reservándose cualquier decisión sobre el inmediato horizonte político.

En cuanto a la personalidad del dictador, pudo apreciarse una evolución desde los modos más agrios, autoritarios y cuarteleros hasta una figura de estadista más relajado y ceremonioso, que gustaba mostrarse en compañía de sus familiares –en especial su omnipresente e influyente esposa, a la sazón su mayor defensora y panegirista- y colaboradores, proyectando una equívoca imagen de patriarca bonancible que se dejaba asesorar y sabía delegar responsabilidades en los círculos civiles, los cuales fueron ganando peso en el Ejecutivo. Mal comunicador y carente de dotes intelectuales, supo sin embargo mantener la lealtad, en muchos casos irrestricta, de cientos de miles de chilenos de pensamiento conservador que le veían como un salvador patriótico férreamente determinado a mantener a Chile en el lugar que le correspondía. Más allá del posibilismo político de que hizo gala a finales de su segunda década en el poder, el general no se desprendió nunca de su perfil vindicativo y porfiado, ni dejó de formular frases lapidarias y cortantes.


4. Rechazo en las urnas al plan de renovación presidencial y retorno tutelado al gobierno civil
El banderazo de salida al remedo de legitimación democrática de la dictadura se dio en agosto de 1988 con el levantamiento del estado de excepción vigente, prácticamente sin interrupción, desde el golpe de 1973. El 5 de octubre siguiente, en aplicación de las disposiciones transitorias 27, 28 y 29 de la Constitución, Pinochet sometió a plebiscito nacional la expiración de su mandato el 11 de marzo de 1989 o bien su renovación por otros ocho años, hasta el 11 de marzo de 1997, seguida de la celebración de elecciones legislativas en el plazo de nueve meses. Para su sorpresa, venció el no con el 55,99% de los votos frente al 44,01% obtenido por el sí, en porcentajes computados sobre las papeletas válidas emitidas.

Disciplinadamente, y venciendo las posibles tentaciones de ignorar la voluntad popular, lo que habría tenido unas repercusiones explosivas dentro y fuera del país (en agosto de 2003 el general Fernando Matthei iba a asegurar que su superior, tras conocer el resultado de la consulta, sopesó realizar una especie de autogolpe para perpetuarse en el poder), Pinochet aplicó la Disposición Transitoria vigesimonovena, que en previsión de la circunstancia de un resultado negativo en el plebiscito establecía la prolongación del período presidencial en curso por un año y la convocatoria 90 días antes de expirar ese plazo de elecciones directas a presidente y a congresistas. Crecidas con esta victoria, las fuerzas opositoras encuadradas en la Concertación de Partidos por la Democracia, sucesora de la Alianza Democrática, aprobaron la candidatura presidencial unitaria del veterano dirigente democristiano Patricio Aylwin.

El 30 de julio de 1989 un nuevo plebiscito aprobó con el 85,7% de los votos una serie de enmiendas a la Constitución que eliminaban algunas de las cortapisas democráticas con que los militares habían pretendido enmarcar la fase de "consolidación" posterior a 1989. Así, se levantó la proscripción que pesaba sobre los partidos de ideario marxista y se recortó el mandato del presidente de los ocho a los cuatro años, lo que iba afectar al mandatario salido de los comicios previstos para últimos de año.

La polémica reserva de una cuota de senadores designados y vitalicios, a través de la cual las Fuerzas Armadas se disponían a fiscalizar la acción legislativa del Congreso, no fue derogada, aunque se redujo el número de los senadores designados de 20 a 9. La reforma constitucional fue consensuada entre el Ejecutivo y la Concertación, la cual aceptó superar el debate sobre la legitimidad de una suprema norma jurídica que había sido otorgada por la Junta sin admitir discusión y transigió en la preservación de una serie de privilegios y prerrogativas de los militares, cuyo engarce en un sistema democrático resultaba bastante problemático. La imposición más clamorosa de Pinochet al futuro Gobierno civil era su continuidad como comandante en jefe del Ejército.

En las elecciones directas del 14 de diciembre de 1989 el candidato del oficialismo, el ex ministro de Hacienda Hernán Büchi, que tras algunas vacilaciones aceptó postularse con el respaldo de los dos principales partidos de la derecha promilitar, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y la más liberal Renovación Nacional (RN), cosechó sólo el 29,4% de los sufragios y fue batido por Aylwin con casi el doble de votos. En las legislativas, la coalición bipartita de la UDI y la RN, Democracia y Progreso, fue derrotada con la misma contundencia por la Concertación. Así las cosas, el 11 de marzo de 1990 Pinochet, a los 74 años, traspasó la banda presidencial a Aylwin, convirtiéndose en uno de los pocos dictadores contemporáneos que primero asumía el resultado adverso del proceso electoral por él mismo convocado y a continuación ponía voluntariamente término a su férula política. Quedó en ese momento disuelta la Junta militar, entonces integrada por el general Jorge Lucar Figueroa por el Ejército, el almirante Jorge Martínez Busch por la Armada, el general Matthei por la Fuerza Aérea y el general Rodolfo Stange Oelckers por los Carabineros.


5. Factor permanente de distorsión de la democracia recuperada
El influjo del general ex dictador en la política nacional quedó garantizado al dejar impuestas a los civiles una serie de disposiciones constitucionales de restricción democrática, intocadas por el referéndum de 1989: el sometimiento a los militares de determinadas cuestiones de trascendencia para el Estado en el seno del Consejo de Seguridad Nacional; el nombramiento por dicho órgano -en la práctica, por el comandante en jefe del Ejército, esto es, el propio Pinochet- de cuatro miembros del Senado consistentes en los ex comandantes en jefe de las cuatro fuerzas armadas (los otros cinco senadores designados eran dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, un contralor general, un rector de universidad y un ministro de Estado, todos ellos ya retirados y dejados nombrados por Pinochet antes de la transferencia presidencial); y, la privación al presidente de la República de la prerrogativa de nombrar a aquellos oficiales supremos.

Por otro lado, estaba la imposibilidad legal de juzgar los actos de la Junta militar, un fuero que asentaba la Ley de Amnistía de 1978 y que fue confirmado por el Tribunal Constitucional el 18 de enero de 1990. Igualmente, siguieron en vigor las leyes orgánicas constitucionales de las Fuerzas Armadas y los Carabineros, aprobadas por la Junta a finales de febrero de 1990 días antes de disolverse, las cuales, por ejemplo, permitían a dichos cuerpos comprar y vender armas, edificios y propiedades fuera del ámbito de decisión de los ministerios de Defensa y del Interior.

Esta cuota de autonomía castrense, inaceptable en cualquier democracia normal, permitió a Pinochet supervisar personalmente los planes de modernización y profesionalización del Ejército chileno y participar en los programas de renovación de armamento con arreglo al presupuesto obtenido del Gobierno, lo que incluyó numerosos desplazamientos internacionales; de hecho, Pinochet viajó mucho más al extranjero sólo como comandante en jefe del Ejército que cuando era también presidente de la República; entonces, de hecho, sólo había podido realizar alguna salida casi clandestina debido al aislamiento internacional de la dictadura. Aunque rodeadas de discreción o secretismo, estas giras no anduvieron escasas de aparato, alimentando las polémicas sobre lo permisible en una actividad que no se sabía muy bien cuánto tenía de institucional y cuánto de privado.

El general, que contaba con la adhesión en bloque de las Fuerzas Armadas y aún con muchos partidarios civiles, realizó diversas exhibiciones de fuerza y de autonomía frente al poder civil. Acciones como el acuartelamiento de tropas, el movimiento de unidades y la reunión en junta de la cúpula castrense eran vistas como veladas advertencias cuando coincidían con diligencias judiciales en contra de personas de su entorno y de antiguos prebostes uniformados de la dictadura procesados por violaciones humanitarias o por delitos de corrupción. Pero el mayor desasosiego lo produjeron ciertos pronunciamientos institucionales suyos que sonaron a amenaza directa.

Por ejemplo, a finales de marzo de 1991, como reacción a la publicación del Informe Rettig, Pinochet, arropado por todos sus generales y un millar largo de oficiales y suboficiales, rehusó pedir perdón "por haber tomado parte en la patriótica labor" realizada entre 1973 y 1990, y afirmó que el Ejército de Chile no aceptaba "ser situado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados por haber salvado la libertad y la soberanía de la patria a requerimiento insistente de la civilidad". Más, aún, advirtió: "Se requiere que nunca más se pretenda en Chile poner en práctica un proyecto político de la naturaleza y alcances del que representó el de la Unidad Popular. De lo contrario, sería imposible impedir la experiencia que el legítimo empleo de la fuerza por sus propias características conlleva o hace difícil evitar".

Este desafío de Pinochet a un Gobierno débil que más parecía tolerado que acatado se produjo dos meses después de que una comisión de investigación de la Cámara de Diputados soslayara el nombre del general en un informe sobre el cobro en 1988 por su hijo mayor de una fuerte suma de dinero al Ejército como pago por la compra de un paquete accionarial de la sociedad anónima Proyectos Integrados de Producción (una empresa productora de armas de la que Augusto Pinochet Hiriart era socio mayoritario y que llevaba años sin facturar), asunto que dio lugar al llamado escándalo de los pinocheques, y días antes de que el FPMR asesinara al senador Jaime Guzmán Errázuriz, fundador y ex presidente de la UDI e ideólogo señero de la dictadura. En septiembre de 1991 el general provocó indignación al valorar con hiriente sarcasmo las exhumaciones de restos de víctimas de la dictadura ordenadas por la justicia. Preguntado por los periodistas por el hallazgo de dos cuerpos por tumba en el área excavada en el principal cementerio de Santiago, comentó "¡pero qué economía más grande!", para acto seguido transmitir sus felicitaciones a los "buscadores de cadáveres".

Esta situación prosiguió con la Administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el segundo presidente de la Concertación y miembro del PDC -quien sucedió a Aylwin en marzo de 1994 luego de derrotar en las urnas al candidato de la ahora llamada Unión por el Progreso, Arturo Alessandri Besa-, reforzando la impresión general de que la transición a la democracia estaba inconclusa, y que este proceso no sería culminado antes de abandonar el general la comandancia en jefe del Ejército en 1998.

En 1995 Pinochet multiplicó las salidas de tono. En marzo, rechazó las demandas domésticas de que siguiera el ejemplo de su homólogo en el Ejército argentino, el general Martín Balza, y realizara una autocrítica por las brutalidades del régimen militar. En junio, días después de asegurar al Gobierno el acatamiento por las Fuerzas Armadas de la confirmación por la Corte Suprema de la sentencia de siete años de prisión impuesta en 1993 al general Contreras como autor intelectual del asesinato de Orlando Letelier, demandó "olvido" a quienes seguían exigiendo castigo judicial para los violadores de los Derechos Humanos y también el cese de los hostigamientos a las Fuerzas Armadas ("creo que llegó el momento de decir ¡basta!") para así lograr la reconciliación de los chilenos. En septiembre, en el vigesimosegundo aniversario del golpe de Estado, tachó de "asesinos" a los derrocados en 1973.

En noviembre de 1995, con motivo de su octogésimo cumpleaños, rodeado de la fastuosidad propia de una testa coronada y ante 1.800 invitados que contribuyeron con un generoso óbolo al programa de becas universitarias para hijos de militares financiado por la Fundación Presidente Augusto Pinochet, el general afirmó: "Me duelen también las pérdidas de vidas de nuestros adversarios de esos años". La sinceridad de su primera frase de conmiseración hacia sus víctimas quedó empañada por una matización hecha en el mismo discurso, que arrancó las ovaciones de los asistentes a la cena: "Si se repitiera la historia, volvería a hacer lo que he hecho, y con iguales intenciones".

La despedida de Pinochet como comandante en jefe del Ejército de Chile estuvo precedida por una estela de declaraciones provocativas que enfurecieron a muchos dirigentes de la coalición gobernante de centro-izquierda. A finales de septiembre de 1997 el general justificó nuevamente el golpe y el régimen que alumbró porque "era un momento bélico, una guerra civil larvada". El 27 de diciembre volvió a despacharse a gusto en una entrevista donde arremetió contra la clase política, reiteró que desestimaba hacer algún gesto de compunción ("yo no tengo que pedir perdón a nadie"), afirmó que la DINA "no dependía" de él y restó credibilidad a los asesinatos y las desapariciones por tratarse de una "una invención muy sabia de los marxistas".

En virtud de la ley por él promulgada, Pinochet se disponía a ocupar su escaño de por vida en el Senado, contento de poder "aportar algo de experiencia" al país desde la institucionalidad política. Incluso llegó a rumorearse que ambicionaba la presidencia de la Cámara alta, extremo que fue desmentido por personas de su entorno. El 6 de marzo de 1998 el generalato le entregó el título honorífico de Comandante en Jefe Benemérito del Ejército de Chile. El día 10 entregó el mando del Ejército al teniente general Ricardo Izurieta Caffarena, un oficial 28 años más joven desvinculado de la represión de la dictadura, en una solemne ceremonia celebrada en la Escuela Militar de Santiago. Y en la jornada siguiente juró como senador vitalicio de la República, en un acto pródigo en incidentes protagonizados por miembros de los partidos de la izquierda, que denunciaron el aforamiento legislativo de Pinochet como un blindaje a su inmunidad. En el momento de su jubilación militar, Pinochet exclamó: "¡Misión cumplida!".


6. Imputación de delitos humanitarios por la justicia española
El 17 de marzo de 1998, seis días después de estrenarse Pinochet como senador vitalicio, una comisión investigadora formada por tres diputados oficialistas y dos de oposición inició el estudio de una propuesta de juicio político presentada el día anterior por 11 diputados del PS y el Partido por la Democracia (PPD), fundada en la acusación de "comprometer gravemente el honor y la seguridad de la nación", y sobre la base de una serie de declaraciones públicas en las que el general había justificado la represión política durante la dictadura. El 9 de abril la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional por 62 votos contra 52. El proceso de antejuicio político no prosperó porque algunos diputados del PDC se alinearon con el bloque propinochetista.

Sin embargo, desde hacía más de un año la justicia de España venía investigando la posible responsabilidad penal de Pinochet en "los casos de ciudadanos, españoles o de cualquier otra nacionalidad, asesinados o desaparecidos" en los años de la dictadura. Las diligencias, que incluían la solicitud de una comisión rogatoria internacional a la Fiscalía General de Estados Unidos para aportar información a las investigaciones, habían comenzado el 6 de febrero de 1997 cuando el juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, admitió a trámite una querella interpuesta el 5 de julio de 1996 por la Unión Progresista de Fiscales de España contra Pinochet y los demás miembros de la Junta militar por hechos que podían considerarse tipificados de genocidio y terrorismo internacional en el Código Penal español.

El 16 de octubre de 1998, el mismo día en que abogados defensores de víctimas de la dictadura interpusieron en Chile la decimotercera querella en su contra por violación de los Derechos Humanos (la primera, presentada por la secretaria general del PCCh, Gladys Marín Millie, se remontaba al 20 de enero), Pinochet se encontraba en una clínica de Londres convaleciendo de una operación de hernia discal, dolencia que le había sido diagnosticada mientras se hallaba en el Reino Unido realizando una visita de carácter aparentemente privado, aunque fuentes periodísticas aseguraron que el general encabezaba una misión de compra de armamento. Al filo de la medianoche, las autoridades británicas dispusieron su arresto preventivo en la misma habitación del hospital a requerimiento de los magistrados de la Audiencia Nacional española García-Castellón y Baltasar Garzón Real, quienes querían interrogarle sobre la desaparición, secuestro o asesinato de ciudadanos españoles en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre desde 1983, así como de ciudadanos chilenos refugiados en Argentina durante la dictadura.

La orden de detención, cursada cinco días atrás a la Interpol y hecha llegar a Scotland Yard, se fundamentaba en las declaraciones de testigos de los querellantes que señalaban a Pinochet como conocedor y probable coordinador, entre otras acciones represivas, de los crímenes cometidos en el ámbito de la Operación Cóndor. La acusación detallaba 79 presuntos casos de víctimas de unos delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Ante la expectación generada por la espectacular noticia, el Gobierno británico aclaró que aunque Pinochet se encontraba en el país con pasaporte diplomático, éste no le confería inmunidad frente a un requerimiento "puramente judicial y policial", dados los cargos especialmente graves que se le formulaban desde Madrid, y además informó que España tenía 40 días para proporcionar información que apoyase una demanda de extradición, pese a que los jueces, por el momento, sólo habían reclamado la detención de Pinochet para someterle a interrogatorio.

En Chile se produjo un enorme revuelo, con airadas reacciones de los partidarios del general, que protagonizaron graves incidentes en Santiago, y declaraciones de satisfacción de los partidos de la izquierda y sectores sociales progresistas, los cuales pidieron al Gobierno de Frei que no entorpeciera la acción de la justicia. Pero la reacción del Ejecutivo chileno fue protestar enérgicamente ante su homólogo de Londres por lo que consideraba una violación de la soberanía nacional personificada en el senador de la República.

El 19 de octubre la Fiscalía Nacional de España recurrió el auto del juez Garzón, quien asumió todas las investigaciones y diligencias tras inhibirse García-Castellón en la instrucción del sumario de los desaparecidos y asesinados en Chile, al entender que carecía de competencia por tratarse Pinochet de un aforado. El magistrado respondió dictando un nuevo auto de detención en el que ampliaba a 94 los casos susceptibles de ser enjuiciados como actos de genocidio, terrorismo y torturas. Garzón aclaró también que los delitos de los que se acusaba eran "imprescriptibles" y que sus presuntos autores no gozaban de inmunidad diplomática ni podían obtener el estatuto de refugiado político, estando obligados todos los países del mundo a perseguirlos y a colaborar con las diligencias judiciales iniciadas en cualquier Estado. El 23 de octubre el juez ordenó el embargo urgente de las posibles cuentas bancarias de Pinochet y sus familiares, y para tal fin dispuso el envío de comisiones rogatorias a Suiza y Luxemburgo.

Entretanto y días después, instancias judiciales de Francia, Suiza, Bélgica, Alemania, el propio Reino Unido y otros países tramitaron contra Pinochet querellas de particulares siguiendo los pasos emprendidos por la Audiencia Nacional de España. En Estados Unidos, asociaciones de fiscales solicitaron a la Administración de Bill Clinton que facilitase a la justicia española documentación concreta sobre la actuación de los servicios secretos chilenos en el país, y que cursase una demanda de extradición contra Pinochet para ser juzgado allí por las muertes de Letelier y de varios ciudadanos estadounidenses represaliados en Chile. Todas estas actuaciones pusieron de relieve el impacto del caso, que sentaba un precedente por su carácter extraterritorial y que fue considerado por organizaciones no gubernamentales como un avance histórico en la persecución de antiguos dictadores violadores de los Derechos Humanos, independientemente de su condición y localización actuales.

Los abogados de Pinochet obtuvieron una primera victoria el 28 de octubre al decidir el Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales que su cliente gozaba de "inmunidad soberana" en calidad de antiguo jefe de Estado, si bien la corte ordenó que se mantuviese el arresto de manera cautelar, hasta que se resolviese el recurso presentado por la Fiscalía de la Corona ante la Cámara de los Lores, la Cámara alta del Parlamento de Londres. Esta iba a ser la primera de una alambicada serie de decisiones judiciales y políticas en un caso que polarizó a la sociedad chilena y que fue convertido por ambos bandos, los detractores y los defensores del ex dictador, en una cuestión de la máxima trascendencia.

El 30 de octubre la Audiencia Nacional rechazó el recurso de la Fiscalía Nacional, el 3 de noviembre Garzón elevó una petición de extradición al Ministerio de Justicia español y el 11 de noviembre el Gobierno británico recibió esta solicitud, que fue la primera en tramitar, del ramillete de peticiones recibidas o en camino, al ser la justicia española la primera en iniciar diligencias. El 25 de noviembre, por tres votos contra dos, el Tribunal de los Lores falló en contra de la apelación de la defensa y estableció que el senador Pinochet carecía de inmunidad frente al tipo de delitos de que era sospechoso. En consecuencia, el 9 de diciembre, el ministro británico del Interior, Jack Straw, resolvió autorizar el procedimiento de extradición solicitado por España por los supuestos de tortura y terrorismo, pero no por el de genocidio, ya que éste, de haberse cometido, se produjo fuera del ámbito jurisdiccional británico, y las leyes del país no contemplaban la extradición en ese caso.

La confirmación del proceso de extradición, que acercó dramáticamente la perspectiva del enjuiciamiento de Pinochet en España, fue recibida en Chile como una gran victoria por los familiares de las víctimas y los partidos de la izquierda, y con cólera por los seguidores del antiguo comandante en jefe. El Gobierno del presidente Frei se encontró en una posición incómoda y muy delicada, siendo presionado por las Fuerzas Armadas para que movilizara todas sus capacidades con el objetivo de traer a Pinochet de vuela a casa.

El 10 de diciembre Garzón dio a conocer su auto de procesamiento, por los mismos delitos en que había basado su demanda de extradición, ahora reiterada. El magistrado imputó a Pinochet haber ordenado de forma directa la detención, tortura y previsiblemente el asesinato de nueve asesores de Allende, de 15 miembros de su dispositivo de seguridad y de 68 civiles en las localidades de Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama, tratándose estos últimos de unos crímenes ejecutados por la denominada caravana de la muerte. El auto de Garzón hacía constar que las atrocidades cometidas por la DINA "como organización criminal" se habían hecho "siguiendo las órdenes de Pinochet", pero precisaba que los atentados mortales contra Letelier, Moffitt y el matrimonio Prats-Cuthbert habían sido planificados y ordenados personalmente por el jefe del Estado.

El mismo 10 de diciembre el Tribunal de los Lores aceptó a estudio la apelación de la defensa para anular la sentencia de los cinco lores jueces, argumentando que la filiación a la ONG Amnistía Internacional de uno de ellos, lord Hoffmann, habría introducido un sesgo favorable a la acusación. En la jornada siguiente, Pinochet, sentado en una silla de ruedas, salió del inmueble de Virginia Water, en el condado de Surrey, en el que estaba recluido bajo régimen de alquiler desde el 1 de diciembre luego de ser dado de alta en la London Clinic, para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Woolwich, adyacente a la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres, y responder de las acusaciones que constaban en los autos de extradición y procesamiento: el senador declaró ante el juez Graham Parkinson que no reconocía a otra justicia más que la de su país.

El 17 de diciembre el Tribunal de los Lores validó por unanimidad la apelación de la defensa, dejando nulo y sin vigor su propio fallo del 25 de noviembre. La aceptación de una demanda que cuestionaba el veredicto de los lores jueces sólo tenía el precedente de un oscuro litigio sobre propiedad fechado en 1823, aunque en aquella ocasión la apelación fue rechazada. Se hacían necesarios, por tanto, un nuevo veredicto judicial y una nueva decisión política sobre el futuro de Pinochet, que provisionalmente recuperaba la inmunidad soberana, aunque no la libertad de movimientos. En cualquier caso, el proceso de extradición a España se auguraba largo y complicado.

La primera batalla judicial de Pinochet se prolongó hasta lo insospechado, cubriendo todo 1999 y parte de 2000. El 18 de enero de 1999 comenzó la segunda vista de la Cámara de los Lores, a cuyas primeras sesiones asistió Garzón en calidad de asesor de la Fiscalía británica. El 24 de marzo, por seis votos contra uno, los lores jueces resolvieron que Pinochet no gozaba de inmunidad y podía ser extraditado, pero sólo por los delitos de torturas y conspiración para la tortura cometidos después 8 de diciembre de 1988, fecha a partir de la cual tales delitos pasaron a ser considerados hechos de persecución legal extrajudicial por la legislación británica con arreglo a la Convención internacional contra la Tortura. El 30 de abril Garzón decidió procesar a Pinochet por 64 nuevos casos de tortura, que se sumaron a los ocho relatados en el primer auto de procesamiento.

El 27 de mayo, con la desestimación por el Alto Tribunal de Justicia de una última impugnación de la defensa a la autorización por Straw, el 15 de abril, de iniciar los trámites, obtuvo luz verde el nuevo procedimiento de extradición, cuyo primer capítulo iba a ser, otra vez, de índole judicial. El 2 de julio el juez Garzón emitió un auto por el que se incrementaban los casos de violaciones humanitarias contenidas en la demanda de extradición hasta llegar a las 130 acusaciones.

Entre tanto, el Gobierno chileno, a través del canciller Juan Gabriel Valdés Soublette, proponía infructuosamente a sus homólogos español y británico sendos arreglos extrajudiciales consistentes, respectivamente, en el sometimiento del caso a un arbitraje internacional y en la puesta en libertad del encausado por razones humanitarias, en atención a su salud y avanzada edad. El 14 de septiembre el protagonista de todo este revuelo, en una toma de postura insólita en él que seguramente perseguía ablandar a las autoridades británicas para obtener la libertad, expresaba en una carta pública enviada al presidente del Senado chileno, Andrés Zaldívar, su aflicción por los daños ocasionados en su etapa presidencial y su disposición a contribuir a cicatrizar las heridas en el pueblo chileno. "En mi alma no existen odios ni rencores (…) El dolor de quienes han sufrido no me fue ajeno en el pasado y menos lo es hoy. Lamento todas las situaciones de beligerancia y hechos de violencia que lo causaron", declaraba Pinochet en su misiva de seis folios.

El 27 de septiembre, luego de someterse el imputado a una revisión médica para establecer su estado de salud, arrancó en el Tribunal de Magistrados londinense de Bow Street el segundo juicio sobre la extradición del senador a España, que, de ejecutarse, se basaría de manera definitiva en 36 casos de torturas cometidas a partir del 8 de diciembre de 1988, de acuerdo con las condiciones definidas por el Tribunal de los Lores. El 8 de octubre el magistrado Ronald Bartle falló a favor de la extradición al hallar conformes a la ley los argumentos de la Fiscalía de la Corona, que actuaba por cuenta de la Audiencia Nacional española. El 22 de octubre la defensa recurrió la sentencia ante el Alto Tribunal de Justicia sin presentar argumentación; si el recurso era rechazado, los abogados de Pinochet aún podían apelar ante el Tribunal de los Lores, cuyo veredicto sería ya irrecusable. En última instancia, la decisión política de extraditar a Pinochet o de dejarlo en libertad por razones humanitarias recaía en el ministro Straw.

El 11 de enero de 2000, acortando drásticamente esta nueva etapa del interminable proceso, Straw anuncio que, a la luz del resultado del examen médico confidencial realizado seis días atrás por cuatro facultativos en el Northwick Park Hospital, el dignatario chileno no reunía las condiciones de salud para afrontar un juicio en España, luego no había lugar para la extradición. Esa era "la conclusión inequívoca y unánime" de los tres médicos y la neuropsicóloga que lo habían examinado. El círculo del general desgranó las dolencias fisiológicas y neurológicas que padecía el octogenario, entre otras asma, diabetes, artritis, hipotiroidismo, irregularidad cardíaca (que controlaba un marcapasos implantado en 1992), rinitis y enfermedad de Parkinson incipiente. En su historial médico reciente constaban además microinfartos cerebrales de carácter isquémico y síntomas prostáticos.

Pinochet no fue puesto en libertad todavía, ya que la Secretaría del Interior otorgó un plazo de siete días a España para cursar las alegaciones que considerara pertinentes. Sin embargo, el Gobierno que presidía el conservador José María Aznar ya había anunciado meses atrás que respetaría la decisión del Ejecutivo encabezado por Tony Blair en el sentido que fuera. El Ministerio de Exteriores de Madrid, con el respaldo del Tribunal Supremo de España, comunicó que renunciaba a recurrir la decisión de poner en libertad a Pinochet. La inesperada decisión de Straw levantó críticas de diversa intensidad en el grupo parlamentario del Partido Laborista británico, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, los gobiernos de los otros países donde se seguían causas contra el ex dictador y, obviamente, entre los abogados de los querellantes, que pusieron el grito en el cielo. La prensa británica apostó por la existencia de un pacto secreto entre los gobiernos chileno, británico y español para poner punto y