Adolfo Rodríguez Saá

Adolfo Rodríguez Saá es el continuador de un linaje familiar de tradición conservadora que desde mediados del siglo XVII ha estado presente en la vida pública de San Luis, desde 1860 turnándose en la conducción política de la provincia. Así, su abuelo y tocayo, Adolfo Rodriguez Saá, fue gobernador provincial de 1909 a 1912, y dos tíos abuelos, Humberto y Ricardo Rodríguez Saá, ocuparon el puesto en 1922 y 1934-1938, respectivamente. El padre del muchacho, Carlos Rodríguez, sirvió como Jefe de Policía. El joven Adolfo estudió el bachillerato en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, entonces adscrita a la Universidad Nacional de Cuyo, y luego accedió a la Universidad Nacional de Buenos Aires, por la que obtuvo la licenciatura en Leyes en 1971. Durante 1972 y 1973 impartió docencia en su antigua escuela en las asignaturas de Sociología e Instrucción Cívica.

Ligado en su primera juventud a la Democracia Liberal, la corriente política de sus mayores, y editor de la gacetilla antiperonista La Voz de San Luis, su experiencia académica en la Capital Federal le convirtió, en 1969, a la militancia del movimiento que hasta entonces había combatido. El mismo año de su graduación, el Partido Justicialista (PJ) fundado y liderado por Juan Domingo Perón y que arrastraba una proscripción desde el golpe militar de 1955, le aceptó en la Juventud Peronista, concretamente en la Tendencia Revolucionaria, y luego le integró en la organización provincial sanluiseña como apoderado para asuntos jurídicos.

En las elecciones generales del 11 de marzo de 1973, convocadas por el presidente militar de turno, general Alejandro Agustín Lanusse, y a las que por primera vez fue autorizado a concurrir el peronismo con la doble excepción de su jefe histórico para las presidenciales y del partido como tal para las legislativas -el Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) de Héctor Cámpora ocupó su lugar en las listas-, el joven abogado ganó el escaño a la legislatura de su provincia, donde pasó a liderar la bancada de diputados peronistas. Retornado Perón a Argentina y a la Presidencia de la Nación, Rodríguez Saá se acercó a la burocracia sindical derechista que dirigía Oraldo Britos y no tardó en retar al gobernador Elías Adre, referente de la izquierda del peronismo.

A raíz del golpe militar del 24 marzo de 1976, que derrocó a la presidenta María Estela (Isabel) Martínez de Perón, las actividades políticas fueron proscritas y Rodríguez Saá instaló junto con su hermano menor Alberto un bufete de abogados en la ciudad de San Luis. Quedó bajó el patrocinio político de Orlando Britos, capitoste del justicialismo en la provincia, y en las elecciones generales del 30 de octubre de 1983, que marcaron la restauración de la democracia en Argentina, ganó el mandato de gobernador provincial de San Luis con el 40,5% de los sufragios frente al aspirante de la Unión Cívica Radical (UCR), en una lid muy ajustada decantada a su favor con la ayuda del obispo católico sanluiseño, que llamó a votar contra el rival por sus posturas laicas y anticlericales.

El 10 de diciembre de 1983 Rodríguez Saá asumió el puesto que ya ocupara su abuelo y que iba a mantener durante 18 años a través de cuatro reelecciones consecutivas, un registro inigualado en el conjunto de las 23 provincias de Argentina. Líder popular al estilo tradicional del peronismo, siempre sonriente, haciendo gala de una vocación de triunfador y él mismo descrito como un optimista incorregible, sobre su larga gestión como gobernador las valoraciones han sido dispares. Los analistas económicos coinciden en destacar su habilidad para atraer con el acicate de las vacaciones fiscales un considerable capital alóctono, así como subvenciones federales. Todos estos ingresos se invirtieron en tejido industrial, obras públicas, servicios sociales y recursos turísticos, creando riqueza y bienestar cuando el resto del país estaba en recesión. Este hecho fue tanto más notable cuanto que San Luis había sido de siempre un territorio eminentemente agrícola. Aunque una provincia periférica que aportaba un mínimo porcentaje al producto nacional, San Luis registró en este período unos índices de empleo, escolaridad, ingreso por habitante y seguridad ciudadana por encima de la media nacional. Rodríguez Saá destacó por su gestión eficiente, de suerte que en 1984 la tesorería provincial enjuagó todo su déficit y en 1992 empezó a tener superávit.

En el lado turbio, estuvieron las denuncias de caudillismo, de manipular a su antojo la judicatura provincial, de copar los medios de comunicación y de administrar con familiares y allegados una sofisticada red de prebendas y corrupción. Además de escabrosas peripecias en su esfera privada, como la denuncia en octubre de 1993 de que había sido objeto de un secuestro, con chantaje sexual incluido, organizado por una antigua amante. Sin embargo, los seguidores de El Adolfo prefirieron tomar nota de sus logros materiales: en 1995, luego de las reelecciones de 1987 y 1991, el gobernador ganó el cuarto mandato con un impresionante 71,7% de los votos. Este capital político, no por localizado territorialmente menos desdeñable, animó a Rodríguez Saá a plantear ambiciones mayores, que apuntaban a la jefatura de la nación. Miembro del Congreso Nacional del PJ desde 1983 y presidente del mismo en el distrito sanluiseño desde 1985, en 1987 accedió al Consejo Nacional, máximo órgano rector del partido, y pugnó por hacerse con un hueco en la dirigencia peronista.

La promoción de Rodríguez Saá coincidió con la elección del gobernador de La Rioja, Carlos Sául Menem, como presidente del Consejo Nacional, mudanza que cerró la etapa de crisis de identidad en el Movimiento Justicialista comenzada tras la desaparición del líder histórico en 1974 y agravada con la renuncia de Isabel Perón en 1985. Entonces se abrió paso una fórmula de equilibrio fundada en el cabildeo de los dirigentes sindicales peronistas y los cada vez más influyentes gobernadores provinciales. Aquel 1987, además, Rodríguez Saá compartió con el radical Eduardo César Angeloz, de la provincia de Córdoba, la distinción de Gobernador del Año concedida por la Organización Mundial de las Naciones y se inscribió para las elecciones primarias del partido de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 1989, procesos que ganó Menem.

En la década del Gobierno menemista (1989-1999), el dirigente puntano no se involucró en el círculo del poder del Ejecutivo nacional y siguió dedicado a la gestión provincial y a sus maniobras internas del partido. En abril de 1994 salió elegido, en representación de Santa Fe, entre los 305 convencionales que integraron la Asamblea Constituyente (convocada por Menem para sacar adelante las enmiendas a la Carta Magna que le iban a permitir optar a la reelección por otros cuatro años) y amagó de nuevo con retar la "candidatura natural" de Menem, por más que no tuviese ninguna posibilidad de ganar al hallarse éste en la cima de su poder. En 1995 cesó en la jefatura del PJ en el distrito de San Luis y al año siguiente se convirtió en vicepresidente tercero del Consejo Nacional. Al mismo tiempo, impulsó el denominado Frente Federal Solidario (FFS) de gobernadores justicialistas para reafirmar los intereses de las once provincias chicas ante las tres grandes, estas son, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (a las que luego se sumaron Santa Cruz y La Pampa), y al mismo tiempo para oponerse al avance electoral de la Alianza formada por el Frente País Solidario (Frepaso) y la UCR en este nivel institucional.

Inhabilitado Menem para optar al tercer mandato en las presidenciales de octubre de 1999, Rodríguez Saá realizó su envite más decidido para hacerse con la nominación en las primarias justicialistas convocadas para el mes de junio, pero esta vez renunció a su precandidatura para despejar el camino al popular gobernador de Buenos Aires, Eduardo Alberto Duhalde, que contaba con el apoyo de los principales dirigentes regionales para presentar al electorado deseoso de cambio un programa posmenemista. Pero el 24 de octubre Duhalde cayó derrotado a manos del aliancista Fernando de la Rúa mientras que en San Luis Rodríguez Saá, el 12 de septiembre, se apuntó su quinto mandato con un contundente 54,9% de los votos frente al también aliancista Walter Ceballos. Un año después, empero, su proyecto de dividir la ciudad de San Luis -gobernada por un justicialista indispuesto con el clan de los Rodríguez Saá- en cuatro municipalidades levantó una protesta con visos de rebelión popular.

Como gobernador provincial aparentemente inamovible, presidente del Consejo Federal de Inversiones (CSF) y miembro del Consejo Nacional del PJ -desde ahora al frente de la Secretaría de Relaciones Institucionales-, Rodríguez Saá tal vez había tocado techo en sus ambiciones institucionales, pero la gravísima situación económica que padecía el país, aflorada tras una década de férreo monetarismo practicado por Menem, que dejó sin resolver los fallos estructurales del sistema, y ahora agravada por la gestión inercial del radical de la Rúa, arrancó una cadena de acontecimientos que terminó poniendo en sus manos la meta soñada de la Presidencia de la Nación, de una manera harto inesperada.

Tras fracasar los sucesivos planes de ajuste para atajar la angustiosa iliquidez del sistema financiero y en particular de la tesorería federal, que parecía abocada a no poder asumir sus débitos en las fechas de amortización acordadas con prestamistas e inversores, el Gobierno decretó el 1 de diciembre la intervención parcial sobre todos los depósitos bancarios, de manera que los ahorradores sólo podrían retirar efectivos de 250 pesos o dólares por semana como máximo. El denominado corralito financiero terminó de agotar la paciencia de una población azotada por el descenso progresivo de su nivel de vida y la inseguridad laboral, tal que el 19 de diciembre se lanzó a la calle.

Se trataba del temido estallido social, que se prolongó hasta el día 20 y pintó un impresionante cuadro de saqueos a supermercados, caceroladas ante las sedes de los poderes del Estado, desmanes contra mobiliario urbano y enfrentamientos con las fuerzas del orden, con un balance de 27 muertos y un sinnúmero de heridos. En esencia, se trataba de una demostración espontánea de rabia y desesperación de una clase media que, por primera vez, se lanzaba a la calle por necesidad y para exigir la partida de sus gobernantes, en una rebelión sin precedentes contra toda una clase política, sin distingos de siglas, largamente tachada de demagógica, clientelista y corrupta. Al final de la dramática jornada, de la Rúa anunció su dimisión después de resignar el Gobierno en pleno y de serle rechazado su exhortación al PJ para la formación de un gobierno de concentración nacional. Llegado este punto, la crisis económica derivó en institucional, pues la Vicepresidencia de la Nación estaba vacante (su ocupante, Carlos Chacho Álvarez, líder del Frepaso, había dimitido en octubre de 2000 por desacuerdo con de la Rúa), y urgía elegir a un presidente interino en el plazo de 48 horas establecido por la Constitución.

El 21 de diciembre la Asamblea Legislativa -esto es, las dos cámaras del Congreso reunidas en sesión conjunta- aceptó la dimisión de de la Rúa y asumió la jefatura de la nación en funciones el presidente provisional del Senado, el peronista Federico Ramón Puerta, un aliado de Rodríguez Saá en el seno del FFS cuando fue gobernador de Misiones. La única función de Puerta consistió en convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea para designar al presidente interino de entre los diputados, senadores y gobernadores provinciales, y sobre este punto tenían la palabra los jefes del PJ, que desde las elecciones legislativas del 14 de octubre ostentaba la mayoría en ambas cámaras. El 23 de diciembre la opción de Rodríguez Saá salió adelante con 169 votos a favor y 138 en contra, y acto seguido el puntano prestó juramento de su mandato limitado hasta el 5 de abril de 2002, fecha en que debía entregar el mando al presidente salido de unas elecciones anticipadas al 3 de marzo, el cual a su vez gobernaría hasta el final de la legislatura para la que había sido elegido de la Rúa, en diciembre de 2003. El 24 de diciembre cesó formalmente como gobernador provincial, siendo sustituido por la vicegobernadora María Alicia Lemme.

La designación de Rodríguez Saá fue una decisión consensuada entre los cinco gobernadores de las provincias al margen del FFS, esto es, el bonaerense Carlos Ruckauf, el cordobés José Manuel de la Sota, el sanfatesino Carlos Alberto Reutemann, el santacruceño Néstor Carlos Kirchner y el pampeano Rubén Marín, así como, en menor medida, Duhalde, senador federal por Buenos Aires (Menem fue marginado del conciliábulo). Este grupo reunía a los dirigentes que sostenían abiertamente, o se sospechaba que sostenían, apuestas presidenciales y que deseaban elecciones con prontitud. Esta era la razón fundamental por la que no habían querido impedir la caída anticipada del presidente aliancista, y ahora impusieron su criterio a los jefes de los distritos pequeños, que preferían un interinato largo hasta el final de la legislatura.

De la primera opción eran asimismo partidarios la mayoría de los legisladores aliancistas, en la opinión de que un presidente no salido de las urnas carecería de legitimidad política para afrontar la crisis, pero entre los que la sustentaban en el peronismo había discrepancias sobre la modalidad de las elecciones anticipadas; de la Sota, Reutemann y Kirchner, alegando que no había tiempo de celebrar unas primarias para dirimir las distintas postulaciones, abogaban por el procedimiento de la ley de lemas, un mecanismo electoral, para muchos de dudosa calidad democrática, que permite la presentación de varios candidatos (sublemas) de cada partido (lema) y permite la elección de uno de ellos aun sin haber obtenido el mayor número de votos al computar el total de papeletas logrado por cada partido.

Rodríguez Saá aceptó la limitación de su mandato y tampoco objetó la ley de lemas, que iba a exigir retoques ad hoc en la Ley Electoral y la Constitución. El controvertido proyecto sí levantó hostilidades en la UCR y el Frepaso, así como una acogida más bien fría de Duhalde y Ruckauf, para quienes el mecanismo sólo favorecía la dispersión del voto peronista. Por de pronto, Rodríguez Saá formó un gabinete reducido y verticalizado formado por peronistas de poco prestigio pero de su absoluta confianza, entre ellos su antiguo protector, Oraldo Britos, en el Ministerio de Trabajo.

Tras conocer su designación, Rodríguez Saá declaró que iba a gobernar "para los más humildes y lo que sufren", que tenía "prioridad la gente, no la deuda externa", y que había que pensar en una "nueva política económica" que apuntase a la reactivación. El 23 de diciembre, en el mismo discurso inaugural ante el pleno de un Congreso que respondió con ovaciones patrióticas, confirmó la ruptura con las políticas menemistas, en esencia continuadas por de la Rúa, con el impactante anuncio de la suspensión de pagos de las deudas externa y soberana. La idea era dedicar los 11.000 millones en intereses que vencían en el primer tramo de 2002 a unos fondos de emergencia alimentaria y asistencia social. El flamante mandatario no se privó de prometer un millón de puestos de trabajo (el desempleo rozaba el 20% y el subempleo era por lo menos diez puntos mayor), la creación de un seguro de desempleo de 300 pesos para cada cabeza de hogar y de 60 pesos por hijo de hasta 18 años, y la revocación del recorte salarial del 13% para pensionistas y empleados públicos aprobado por el Gobierno anterior.

Rodríguez Saá hizo hincapié en el recorte del gasto político, con bajadas de salarios de los altos funcionarios del Gobierno Nacional, la supresión de ministerios, la congelación de vacantes en la administración pública y hasta la puesta en venta del parque móvil y los tres aviones de la Presidencia de la Nación. No obstante, confirmó el mantenimiento del corralito de los ahorros y la Ley de Convertibilidad de 1991, que establecía la paridad fija entre el peso y el dólar y que prohibía toda emisión de moneda sin el debido respaldo en las reservas internacionales de divisas. Su derogación supondría la transformación a pesos (pesificación) de todos los depósitos bancarios y deudas de particulares compradas en dólares seguida inmediatamente de una devaluación controlada; ello levantaría el corsé sobre el comercio de los productos nacionales en los mercados internos y externos y atraería inversiones productivas, abriendo así el camino a la recuperación económica, pero al precio de mermar el poder adquisitivo de asalariados, pensionistas y ahorradores, y con un elevado riesgo de escalada en los precios.

Entre estas dos "opciones falsas", Rodríguez Saá se decantó por emitir una tercera moneda, el argentino, cuya función primordial sería inyectar liquidez al "consumo popular" y que sustituiría a los distintos bonos emitidos por los gobiernos provinciales para afrontar el pago de salarios, pensiones y prestaciones de desempleo, como los denominados patacones y las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop). El argentino, anunciado oficialmente por Rodríguez Saá el 26 de diciembre, se concebía como una unidad de cuenta fruto de la necesidad, flotaría ante el peso y el dólar en el mercado de divisas y no tendría respaldo del Estado en caso de ataque especulativo. Todo esta batería de medidas empezó a ejecutarse sin dilación, en notable contraste con la escasez de novedades que caracterizó a la administración aliancista.

Los observadores internacionales calificaron de "demagógicas" y "populistas" las primeras medidas del Gobierno de Rodríguez Saá y destacaron el tono "mitinero" de sus alocuciones a la nación, una proyección de voluntarismo a la antigua usanza peronista que si bien buscaba calmar a la población por otro lado aumentaba la desconfianza de los proveedores de créditos en las autoridades argentinas. Con su silencio, los acreedores foráneos denotaban un temor a que el Estado, según se desprendía de la moratoria de la deuda, se desentendiera de sus compromisos por tiempo indefinido. Otros echaron de menos un plan realista de reformas estructurales que, por ejemplo, estableciera un sistema de recaudación fiscal eficiente, cuya inexistencia había obligado a los gobiernos menemistas a endeudarse enormemente para contener el déficit.

Pero en Argentina, las dudas y aprensiones sobre Rodríguez Saá se expresaron sin cortapisas. Los liberales ortodoxos se lanzaron a predecir escenarios catastróficos por el desentendimiento de los preceptos fondomonetaristas, los economistas heterodoxos criticaron el desequilibrio entre las inversiones sociales prometidas y las partidas que se aseguraba poseer (de entrada, se contemplaba un déficit de 12.000 millones en el presupuesto federal de 2002), mientras que el ambicioso plan social no dijo nada a quienes estaba destinado. Ciertamente, tras los principios rectores de "libertad, igualdad, transparencia y austeridad" enumerados por Rodríguez Saá la ciudadanía percibió la continuidad de los viejos rostros y discursos políticos. Se cuestionaban varios nombramientos en el Ejecutivo, en particular los de Carlos Grosso, antiguo intendente porteño, para jefe de los asesores del Gabinete, y José María Vernet para canciller y ministro de Defensa, ambos encausados por corrupción durante la administración de Menem.

Peor aún para Rodríguez Saá, ya su primer discurso, rico en retórica triunfalista, pareció a muchos menos más el de un presidente con fecha de caducidad que el de uno con trazas de perdurar. El ex gobernador puntano, con sus proclamas laudatorias a las víctimas de la dictadura militar y los trabajadores, y sus frenéticas conversaciones con los distintos agentes sociales, parecía esbozar su candidatura a las presidenciales de marzo (al amparo de la Ley de Lemas, estaba perfectamente facultado para hacerlo), con la consiguiente alarma de los caudillos regionales que lo habían elegido en la creencia de que se contentaría con su papel de transición. A mayor abundamiento, los bancos dieron largas a su demanda de que se flexibilizara el corralito, que era la espoleta de la cólera popular, como su "contribución a la paz social". Transcurrida su primera semana en la Casa Rosada, Rodríguez Saá sólo contaba con el apoyo de la vieja guardia de la Confederación General del Trabajo (CGT), la potente central peronista, que puso "el movimiento obrero a su disposición".

Así estaban las cosas cuando el 29 de diciembre los acontecimientos se precipitaron, llevándose por delante al recién nombrado presidente. En una reedición de los sucesos del 19 de diciembre, estalló una fortísima algarada popular en Buenos Aires al tiempo que grupos de incontrolados desbordaron a la Policía y asaltaron el edificio del Congreso de la Nación, donde provocaron destrozos e hicieron piras en la calle con muebles, bustos y cortinajes. Los miembros del Ejecutivo pusieron sus cargos a disposición del presidente, que no se pronunció a la espera de la reunión del día siguiente en su residencia presidencial de Chapdmalal a la que estaba convocada la dirigencia del partido para discutir la creación de un nuevo gabinete, la aplicación de un nuevo plan económico y el futuro del argentino, del que todavía no se había impreso un solo billete.

A la cita del 30 de diciembre sólo acudieron seis de los 14 gobernadores justicialistas, escenificando el enfado general por los "graves errores" y "apresuramientos" de un presidente que, se quejaban, no les había consultado en sus decisiones gubernativas y, se adivinaba, no se había atenido a lo pactado: la Presidencia interina a cambio de convocar elecciones anticipadas y su no concurrencia en las mismas. El presidente viajó a San Luis y desde allí, con un tono de acrimonia, anunció su dimisión "indeclinable", de la que responsabilizó a las "actitudes de mezquindad y retaceo" exhibidas por los dirigentes provinciales, arremetiendo particularmente contra de la Sota por "priorizar la interna partidaria a los intereses de la patria".

Puesto que Ramón Puerta dimitió al punto como presidente provisional del Senado, la jefatura del Estado en funciones recayó en el segundo en la línea de mando, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Óscar Camaño, peronista, que la asumió de hecho el último día del año por abandono del titular y de derecho el 1 de enero, cuando la Asamblea Legislativa admitió la dimisión de Rodríguez Saá y consiguientemente declaró vacante la Presidencia. El mismo 1 de enero de 2002 los legisladores eligieron a Duhalde, que se había distanciado ostensiblemente de su colega peronista, nuevo presidente interino, con mandato ya hasta diciembre de 2003, sin elecciones de por medio. Duhalde prestó juramento como quinto presidente de Argentina en trece días y con la misión extraordinariamente delicada de levantar un país hundido por la doble fractura en su sistema económico y en la relación entre gobernantes y gobernados.

El presidente titular más efímero en la historia de la República Argentina está casado desde 1973 y es padre de cinco hijos. En 1998 fue distinguido por el Gobierno chileno con la Orden al Mérito en grado de Comendador. En las reseñas biográficas divulgadas consta que es un forofo del club de fútbol River Plate y amigo personal del presidente norteamericano George W. Bush desde la época que se desempeñaba como gobernador de Texas, estado que mantiene una estrecha relación con San Luis a partir de distintas inversiones en los sectores agrícola, minero y de telecomunicaciones.

(Cobertura informativa hasta 30/1/2002)