Bernardo Arévalo de León

El 20 de agosto de 2023, tras meterse inesperadamente en el balotaje y superar provisionalmente un grave intento de neutralización desde la judicatura penal, Bernardo Arévalo, secretario general del Movimiento Semilla, se llevó la Presidencia de Guatemala con el 60,9% de los votos frente a su adversaria Sandra Torres, ganadora de la primera vuelta del 25 de junio y veterana en estas lides. Hijo del antiguo presidente Juan José Arévalo, sociólogo, diplomático y diputado, el mandatario electo representa una opción progresista de centroizquierda o izquierda moderada dirigida a "construir democracia" y a formar una "mayoría alternativa" fundadas en el desarrollo social, el Estado garantista de derechos y el ecologismo, todo con visión a largo plazo. No faltan en su programa, expuesto con aires de cambio histórico —una nueva "primavera", metaforiza— pero sin emplear tonos populistas o demagógicos, las promesas, obligadas para cualquier candidato, de la lucha contra la corrupción y la inseguridad delincuencial, terrenos en los que los logros tangibles no admiten demora. Estas son unas de las piezas del puzle de permacrisis que atenaza a Guatemala, nación "plagada de desigualdades" según Semilla, y que obliga a muchos de sus ciudadanos a emigrar.

El 14 de enero de 2024 Arévalo, al que las encuestas otorgaban todo lo más un simbólico quinto puesto en vísperas de una primera ronda electoral donde dio la campanada con el 15,5% de los sufragios descontando los inválidos, sucederá en la jefatura del Estado al derechista Alejandro Giammattei, el cual despide su ejercicio de cuatro años dejando un sombrío balance de degradación política y social. El desencanto de la población quedó patente en la baja participación de la segunda vuelta: solo fue a votar el 45% de los electores, 15 puntos menos que en junio. Descontando a los abundantes abstencionistas y votantes nulos, del desarrollo y desenlace de la campaña se colige que Arévalo, al final, con sus formas articuladas y convincentes, consiguió que una mayoría de sus paisanos le identificaran como el único de los 22 contendientes en liza que encarnaba posibilidades de mudanzas reales. El grueso de su voto se concentró en los núcleos urbanos. Fue allí donde caló con fuerza insospechada su propuesta de "poner fin al sistema de gobiernos corruptos que cooptan las instituciones".

Arévalo, que repudia sin ambages la dictadura de Ortega en la vecina Nicaragua y ha condenado enérgicamente también la invasión rusa de Ucrania (estas posturas, por cierto, le alejan de otros líderes de la izquierda latinoamericana y le sitúan en la línea del chileno Boric), hará frente al hándicap inmediato de la baja representación de su partido en el fragmentado Congreso de la República, donde Semilla, con 23 representantes para 160 escaños, está a la zaga de la UNE de Torres y de la formación del oficialismo saliente, Vamos; esta, paradójicamente, pasa a la oposición alcanzando la condición de primera fuerza legislativa. "Podemos empezar una nueva vida sin que los corruptos nos roben los sueños y nos roben el desarrollo", sostiene con optimismo el nuevo presidente, apodado Tío Bernie por sus seguidores.


(Nota de actualización: esta biografía fue publicada el 24/8/2023. Pese a ser proclamado presidente electo de la República el 29/8 por el Tribunal Supremo Electoral y a recibir medidas cautelares de la CIDH, Bernardo Arévalo siguió haciendo frente a los intentos de la judicatura y el Ministerio Público de bloquear su toma de posesión en sucesión de Alejandro Giammattei , prevista para el 14/1/2024. El mandatario electo prestó finalmente juramento del cargo con 10 horas de retraso, ya en la madrugada del 15/1, por las maniobras de un sector del Congreso para boicotear su investidura y luego de que la Corte de Constitucionalidad confirmara la orden judicial de suspensión de su partido, el Movimiento Semilla).

El progresismo del que César Bernardo Arévalo de León hace gala entronca explícitamente con la memoria de su padre Juan José Arévalo Bermejo, presidente de 1945 a 1951 y, junto con su sucesor en el cargo Jacobo Arbenz Guzmán, coprotagonista de una década de gobiernos revolucionario-democráticos —los diez años de primavera, según expresión acuñada para la historiografía nacional— que pusieron un paréntesis izquierdista a la larga secuencia de regímenes dictatoriales, militares y oligárquicos de la Guatemala contemporánea. La madre de Bernardo, Margarita de León, segunda esposa del ex presidente, le alumbró en 1958 en Montevideo, parada temporal de la familia durante su exilio a raíz del derrocamiento de Arbenz en el golpe de Estado perpetrado por la CIA en 1954. En aquella época, Juan José Arévalo teorizaba sobre un "socialismo espiritual" de carácter no marxista como sustrato de las profundas reformas estructurales que Guatemala necesitaba, si bien posteriormente moderó su pensamiento.

Poniendo fin a un peregrinar por Venezuela, México y Chile, los Arévalo retornaron a casa en 1973 (en los sesenta, durante la presidencia de Miguel Ydígoras Fuentes, don Juan José había intentando regresar al primer plano de la política como candidato presidencial aglutinador de las izquierdas, pero el golpe derechista del coronel Enrique Peralta Azurdia vino a frustrar esa aventura) y el muchacho terminó la escuela secundaria en Guatemala. Más tarde se labró un currículum universitario en Sociología y Filosofía, especialidades que estudió respectivamente en Jerusalén y Utrecht, obteniendo el título de doctor en el segundo caso.

Entre unas y otras aulas, Arévalo desarrolló una sólida trayectoria como diplomático de carrera. Previamente a la restauración de la constitucionalidad democrática en 1986, cuatro años antes de fallecer su anciano padre, el licenciado en Sociología ingresó en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta 1996, se desempeñó sucesivamente como primer secretario, cónsul y ministro consejero de la Embajada en Israel, subdirector de Estudios Estratégicos y Planificación del Ministerio, director de Política Exterior Bilateral, director general de Relaciones Internacionales Bilaterales, director general de Relaciones Económicas y Multilaterales, viceministro de Relaciones Exteriores y por último, a partir de 1995, embajador en España. Esta serie de cargos los fungió a lo largo de cuatro gobiernos harto dispares: la dictadura militar del general Humberto Mejía Víctores, el Ejecutivo democrático del democristiano Vinicio Cerezo, la truncada presidencia del conservador Jorge Serrano y el ejercicio temporal del independiente Ramiro de León Carpio

Con la llegada de la Administración del liberal Álvaro Arzú, Arévalo orientó su experiencia a la gestión del consenso social postconflicto y tomó parte en el proceso de diálogo nacional posterior a la firma a finales de 1996, cerrando 36 años de sangrienta guerra civil con un balance estimado de 200.000 muertos y desaparecidos, de los Acuerdos de Paz entre el Estado y la guerrilla de la URNG. En las dos décadas siguientes, el futuro dirigente desarrolló múltiples actividades de consultoría internacional en procesos de resolución de conflictos y consolidación de la paz, poniéndose al servicio y llevando programas de diferentes agencias de la ONU, ONG y centros académicos. Entre otros cometidos, presidió el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), con sede en Antigua Guatemala, y estuvo en las direcciones de la ONG ginebrina Interpeace y de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL). En 2005-2011 condujo la Unidad de Programa Conjunto Interpeace-ONU-UNOPS. Asimismo, publicó una serie de documentos sobre sus áreas de especialidad.

Arévalo no se decidió a ingresar en la política partidaria hasta fecha tardía, camino de la sesentena, estando casado en terceras nupcias con la médica cirujana Lucrecia Peinado y siendo padre de seis hijos. Su participación en la vasta protesta popular de 2015 contra el presidente Otto Pérez Molina, desaforado por el Congreso, obligado a renunciar y acto seguido arrestado por su presunta implicación en la trama de fraude aduanero y contrabando conocida como La Línea, dio rodaje a un grupo de reflexión y análisis creado el año anterior junto con otros especialistas, intelectuales y funcionarios de ONG de talante progresista, y al que habían dado el nombre de Semilla.

Al calor de las manifestaciones contra Pérez Molina, Semilla tomó la forma de un movimiento sociopolítico con un discurso centrado en la regeneración de las instituciones republicanas y el fin de la impunidad de los corruptos, y un reformismo social de vertientes socialdemócrata y verde. Posteriormente, Arévalo iba a explicar que él había dado este paso inspirado por la obra y el legado de su padre y la Revolución de 1944. El Movimiento Semilla obtuvo su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) el 14 de julio de 2017 y la personería jurídica como partido el 21 de noviembre de 2018. Semilla definió cinco principios ideológicos como base de su pensamiento: "construir democracia", "establecer la equidad como eje orientador de la acción pública", "reconocer un país plural", "impulsar una economía humana" y "respetar la naturaleza". En enero de 2019 el partido, en su I Asamblea Nacional, eligió al economista Samuel Pérez Álvarez secretario general.

De cara a su debut en las urnas, las elecciones generales y municipales del 16 de junio de 2019, Semilla abrió un proceso de precandidaturas presidenciales a las que Arévalo inicialmente se presentó, si bien al poco el sociólogo declinó en favor de una personalidad prestigiosa y archiconocida por el público, Thelma Aldana Hernández, fiscal general de Guatemala en 2014-2018 y azote de los acusados de La Línea, amén de impulsora de muchos otros procesos por corrupción destapada durante los gobiernos de Pérez Molina y de su sucesor en la Presidencia a partir de 2016, Jimmy Morales. Aldana, que ideológicamente se orientaba más bien al centro-derecha, fue proclamada candidata presidencial de Semilla en marzo de 2019. Sin embargo, no llegó a concurrir porque un juez, de manera harto sospechosa, dictó unos cargos contra ella y la Corte de Constitucionalidad acabó denegándole el amparo y anulando su postulación.

Arévalo siguió en la brecha como candidato a diputado del Congreso, escaño que ganó, dentro del listado nacional, junto con el secretario general Samuel Pérez y otros cinco compañeros de filas. Semilla entraba en el Congreso que arrancó sus sesiones el 14 de enero de 2020 ocupando un puesto más bien testimonial, empatado en número de bancas con los partidos Todos y VIVA, y por detrás del BIEN de Rubén García López, el FCN-Nación del presidente saliente Jimmy Morales, el Valor de Zury Ríos, la UCN de Jorge Passarelli, el Vamos de Alejandro Giammattei y la UNE de Sandra Torres. Torres y Giammattei habían disputado la segunda vuelta presidencial del 11 de agosto, con victoria para el segundo. Arévalo tomó la dirección del grupo parlamentario de Semilla, situado firmemente en la oposición al Gobierno muy conservador de Giammattei.


LA ASPIRACIÓN PRESIDENCIAL DE 2023: CANDIDATO SORPRESA Y ZANCADILLA JUDICIALEl 29 de mayo de 2022 la II Asamblea Nacional de Movimiento Semilla eligió a su diputado jefe secretario general en sustitución de Samuel Pérez. "Esta es la realidad que queremos transformar: la de un país que niega la desnutrición y que no ofrece un futuro a los millones de connacionales que huyen de sus casas", afirmó Arévalo tras ganar el proceso interno con el respaldo de 71 de los 78 delegados del cónclave y refiriéndose al proceder del Gobierno Giammattei, muy contestado en el Congreso y desde la calle. Después, el 22 de enero de 2023, Arévalo fue proclamado por los semilleros su candidato presidencial para las elecciones generales que tocaban el 25 de junio. En su discurso de aceptación, el postulante manifestó su deseo de traer de vuelta la "primavera" a Guatemala, aludiendo a los años, muy lejanos ya, en que la nación había estado regida por su padre Juan José, considerado por él y por muchos "el mejor presidente" que había tenido el país. La Asamblea Nacional extraordinaria del partido lanzó también a Karin Herrera Aguilar, una reputada microbióloga de la Universidad San Carlos, para acompañarle como aspirante a la Vicepresidencia.

El 16 de febrero siguiente el Registro de Ciudadanos del TSE inscribió a Arévalo para librar una contienda electoral de lo más apretada, con 22 competidores. Además el TSE, aduciendo el incumplimiento de determinados requisitos legales y contando con los avales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC), negó el registro a otros cuatro candidatos, entre ellos Roberto Arzú, hijo del ex presidente Álvaro Arzú, la líder del campesinado indígena Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos y cuarta en la elección de 2019, y el empresario Carlos Pineda Sosa, de Prosperidad Ciudadana. Este último, con su discurso antisistema y su hiperactividad en las redes sociales, estaba capitalizando el descontento popular por la pésima situación nacional en múltiples campos y subiendo como la espuma en los sondeos, los cuales llegó a encabezar.

El veto de Pineda por el TSE el 19 de mayo en medio de una encendida controversia relanzó las opciones de tres rivales situados en el arco del centro-derecha y a los que periodistas y politólogos consideraban claros exponentes del establishment, mostrando diferentes matices del tradicionalismo conservador. Estos eran: la uneísta Sandra Torres, antigua primera dama del país como esposa del ex presidente (2008-2012) Álvaro Colom, candidata en las votaciones de 2015 y 2019 y cuyo partido se había movido en el pasado en la socialdemocracia, si bien la UNE seguía incidiendo en la movilización del Estado en favor de los pobres; Zury Ríos, hija del dictador militar (1982-1983) Efraín Ríos Montt y líder del partido Valor; y Edmond Mulet, del partido Cabal.

Con menos del 7% en las encuestas más favorables, Arévalo, hombre nada dado a elevar el tono y a la gesticulación populista, quedaba fuera del pelotón de cabeza, donde amagaba con colarse además Manuel Villacorta del partido VOS, y sus opciones de pasar la criba parecían completamente nulas. Sin embargo, en una descomunal sorpresa, el recuento de la ronda del 25 de junio arrojó el resultado de Arévalo segundo con el 15,5% de los votos y Torres ganadora provisional con el 21,1% (en porcentajes descontando los votos nulos y en blanco, que rozaron el 25%; incluyéndolos en el conteo, el voto para Torres rozó el 16% y el de Arévalo no llegó al 12%). Ríos y Mulet, al final desfondados, fueron aventajados por el candidato del oficialismo de Vamos, Manuel Conde, tercero con el 10,4%, y por Armando Castillo de VIVA, cuarto con el 9,4%. En las legislativas, Semilla tuvo también un rendimiento bastante mejor de lo esperado, saltando de los siete a los 23 congresistas.

El desenlace del balotaje del 20 de agosto se presentaba de lo más incierto, aunque Arévalo no ahorraba optimismo. Sin embargo, la segunda fase del proceso electoral arrancó con problemas, al punto devenidos reyerta política y escándalo nacional.

Para empezar, el 1 de julio, la certificación de los resultados del 25 de junio y la consiguiente adjudicación de cargos electos quedaron en suspenso porque la UNE, Vamos, Cabal, Valor y otros cinco partidos presentaron un pedido de amparo ante la CC alegando "irregularidades" e indicios "fraude electoral" en favor de Arévalo y Semilla. La CC atendió la impugnación con un amparo provisional para "depurar" los resultados, respondido por el indignado Arévalo ("no nos vamos a dejar robar las elecciones por los de siempre") con sus propias acciones legales. La revisión de actas ordenada por la CC no supuso ninguna alteración significativa de los resultados preliminares, dejando sin sustento los señalamientos de los adversarios de Semilla. El 10 de julio la CSJ declaró improcedente las impugnaciones ante la CC y dos días después el TSE, presidido por Irma Palencia, oficializó los resultados electorales de la primera vuelta: Torres y Arévalo disputarían la segunda en agosto.

El conflicto podría haber terminado aquí, pero, instantes antes del anuncio del TSE, el juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, en respuesta al pedido de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, ordenó al TSE suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, y de paso su participación en el proceso electoral, por un supuesto caso de falsificación de firmas, hasta 5.000, para la adhesión de ciudadanos a su militancia.

El hecho de que tanto el juez Orellana como el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, ya arrastraran acusaciones de prevaricar flagrantemente en el ejercicio de sus funciones y, junto con la fiscal general María Consuelo Porras y otras autoridades, figuraran en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre "actores corruptos y antidemocráticos" en Guatemala, Honduras y El Salvador, alimentó la impresión en sectores jurídicos, políticos y sociales, así como en el extranjero, de que Arévalo estaba siendo víctima de una auténtica operación de acoso y derribo desde instancias conservadoras contrarias a su programa y desde el entorno del Gobierno de Giammattei, quienes tiraban de acusaciones espurias, se conducían no con arreglo al derecho y socavaban el mismo orden constitucional.

Arévalo no tuvo ambages en calificar de "golpe de Estado técnico" los movimientos hostiles del fiscal y el juez, a la vez que Semilla solicitaba el amparo de la CC, concedido de manera provisional y dejando así sin efecto, al menos por el momento, el dictamen penal de suspensión. El propio Registro de Ciudadanos del TSE se revolvió contra la inquietante judicialización de las elecciones apelando a la CSJ para que anulara la orden de Orellana. El candidato presidencial y su compañera de fórmula salieron a manifestarse junto con sus partidarios y denunciaron por la vía penal a Curruchiche y Orellana.

La campaña para la segunda vuelta siguió adelante, pero pródiga en tensiones. El 17 de julio el equipo legal de Semilla recusó a Orellana. Al día siguiente, el juez, respaldado por la FECI, solicitó que se investigara al Registro de Ciudadanos del TSE por no acatar su resolución contra Semilla, pese a estar la misma suspendida por el amparo constitucional. La Fiscalía allanó la sede de Semilla y sobre dos antiguos militantes recayó una orden de captura por presunta delincuencia organizada. El 19 de julio el partido solicitó amparo a la CSJ. El 23 de julio la CC denegó el recurso de amparo presentado por el TSE, objeto también de persecución judicial, contra la FECI, el Ministerio Público, la CSJ y otras instituciones del Estado, si bien ratificó la convocatoria del balotaje con Arévalo de candidato.

Solo en apariencia, la crisis concluyó el 18 de agosto, al filo de la campaña, al resolver el pleno de la CSJ dejar sin efecto la resolución del juez Orellana sobre la suspensión de Semilla. El partido conseguía el amparo definitivo. La FECI, no obstante, indicó que el proceso contra el partido por indicios de corrupción seguía su curso. Dos días después, esta vez tal como aventuraban los sondeos, Arévalo ganó la segunda vuelta con el 58% de los votos válidos, porcentaje que ascendía al 60,9% si se quitaban de la suma las papeletas nulas y en blanco. Al final, la "persecución" emprendida contra Semilla desde la judicatura y la Fiscalía lo que había conseguido fue dar más votos a su candidato presidencial.


EL PROGRAMA DE ARÉVALO PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO 2024-2028En su Plan de Gobierno Por un país para vivir, el presidente electo de Guatemala desgrana "10 semillas para recuperar el futuro" y, explica, arrancar el "proceso de reconstrucción del Estado para convertirlo en el promotor eficaz y eficiente del desarrollo, puesto al servicio del conjunto de la sociedad, no de sectores específicos y privilegiados".

Se habla aquí de: 1, desarrollo social (en los campos de salud, educación, vivienda, empleo y cultura); 2, protección, asistencia y seguridad social (inclusive una reconfiguración más cobertora de los programas de pensiones no contributivas y de transferencias condicionadas de renta); 3, lucha contra la desnutrición; 4, dotación de infraestructuras (caminos rurales, el sistema metropolitano de transporte); 5, tecnología e innovación; 6, seguridad democrática ("desarticulación de las bandas criminales mediante el trabajo de inteligencia civil e investigación criminal fortalecidos"); 7, cuidado de la naturaleza ("hacia una gran transición verde", con tránsito de "una economía extractiva que destruye la naturaleza hacia una economía basada en la producción regenerativa, limpia y circular, consecuente con la necesidad de frenar el cambio climático"); 8, ciudadanía sin fronteras (poniendo la bases de un modelo de desarrollo económico y social "que no expulse a las personas" y, hasta entonces, reforzando la asistencia del Estado a los guatemaltecos de la diáspora y sus familias); y 9, función pública legítima y eficaz (con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción).

La décima "semilla" es a su vez la plantación de las "semillas de un nuevo contrato social" para la Guatemala de 2056. El Plan estipula que hay que forjar cuatro grandes pactos nacionales con la participación de todos los partidos del Congreso y los colectivos sociales: sendos pactos por la educación, la salud, el desarrollo y el medio ambiente, más un "acuerdo de bases para un diálogo constitucional".

Para los diversos capítulos de plan, Arévalo precisa las partidas de dinero a invertir desde su Gobierno. El político asegura que contará con la financiación necesaria —en un país con un muy bajo nivel de ingresos fiscales— y denuncia que hoy en día hasta un 5% del presupuesto nacional se esfuma por "problemas de sobrecostos y corrupción". Combatiendo los gastos inflados y superfluos, la evasión tributaria, el contrabando y el fraude aduanero, Arévalo cree factible cubrir todo el gasto público previsto. Ha dejado claro que no contempla subir los impuestos directos y que recurrirá a la deuda pública "para financiar infraestructura social y económica de carácter urgente".

Gastando siempre más de lo que se ingresa, como hasta ahora, y partiendo de una previsión de crecimiento del PIB del 4,2% anual de promedio, prevé mantenerse en unos niveles manejables de déficit público aunque ligeramente al alza, pasando de un déficit del 2,6% en 2023 a una tasa del 2,9% en 2026-2027. Un "manejo responsable e integral de las finanzas públicas" debería permitir, arguye, que Guatemala termine 2027 con un volumen de deuda mínimamente mejorado (del 27,7% del PIB previsto para 2023 al 26,8%), la parte del presupuesto destinado a la inversión pública elevada del 20,5% al 28,2% e incluso una subida de la carga tributaria, solo por la previsión de crecimiento, del 11,7% al 13%.

Toda vez que el concepto de "semilla" evoca unas actuaciones que se emprenden ahora para obtener los deseados frutos no rápidamente sino en un plazo más largo, incluso más allá del final de los cuatro años de mandato, en aras de un "futuro sostenible políticamente", Arévalo aneja a su programa una lista de 24 "cambios para los 100 primeros días", encuadrados en cuatro directrices.

La primera es "salvar a Guatemala urgentemente de la corrupción", presentando denuncias desde el Estado, asegurando la probidad y capacidad de los funcionarios con "criterios meritocráticos", creando un nuevo Código de Ética y Transparencia, y garantizando el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Urge también "rescatar la economía", con medidas como la rebaja de la factura eléctrica, el monitoreo de precios para impedir la especulación, el apoyo a la producción agrícola nacional (créditos hipotecarios, inversión en regadíos), la implementación del Programa de Formación y Capacitación para el empleo, y la activación de un Fondo Nacional para la Innovación y la Transformación Productiva.

En tercer lugar, se trata de "construir un Gobierno que sí este presente", en tareas tales como los programas de vacunación, la dotación de viviendas dignas, la gestión de residuos y el manejo de recursos hídricos y bosques. Aquí, Arévalo adelanta también una decisión habitual de muchos presidentes entrantes: la rebaja ejemplarizante de su salario como jefe del Estado, seguida de una revisión a la baja de las remuneraciones de los altos funcionarios con el fin de "eliminar privilegios injustificados y la práctica de hacer de la política un negocio y no un servicio".

Por último, manifiestan Arévalo y el Movimiento Semilla, toca "frenar la delincuencia" reclutando más agentes policiales, combatiendo en firme el contrabando, previniendo mejor la violencia específica contra las mujeres e imponiendo el "control" de las cárceles para acabar con las extorsiones y la planificación de delitos desde los mismos centros penitenciarios.

Esta última medida, junto con el anuncio de la construcción de una cárcel de máxima seguridad para los reos de delitos graves y reclusos peligrosos, hace pensar inevitablemente en el "modelo Bukele" de mano dura y sin miramientos legalistas contra los pandilleros implantado por el presidente de El Salvador, que está causando furor en toda América Latina y es citado expresamente como atractivo o deseable por multitud de políticos y aspirantes presidenciales desde México hasta Chile, incluidos varios primeros espadas de la política guatemalteca que se midieron con Arévalo (Torres, Conde, Mulet, Ríos) en las urnas.

Ahora bien, durante la campaña electoral, él, como excepción, aclaró que no estaba de acuerdo con importar la estrategia drástica de Bukele para acabar con las maras porque los problemas de seguridad de El Salvador "no son los de Guatemala". Asimismo, arguye que la lucha contra la delincuencia, en los sistemas democráticos, puede aplicarse eficazmente "sin recurrir a violaciones de derechos humanos". Por otro lado, Arévalo, y en esto no difiere de sus adversarios de la oposición, se declara pro-vida en la cuestión del aborto (delito en Guatemala y penado con cárcel en la gran mayoría de los casos, inclusive el supuesto de violación). Además, no se ha manifestado en favor del matrimonio de personas del mismo sexo. En la esfera internacional, el presidente electo no contempla tampoco un viraje en las relaciones con Taiwán, por lo que Guatemala seguirá siendo junto con Paraguay el único país de Hispanoamérica que rehúsa reconocer diplomáticamente a la República Popular China.

(Cobertura informativa hasta 24/8/2023)