Assimi Goïta

La larga y profunda crisis nacional de múltiples frentes que amenaza con convertir a Malí en otro Estado fallido desembocó el 18 de agosto de 2020 en el clásico golpe militar. El oficial al mando de la asonada, en cierta medida previsible y ejecutada sin hallar resistencia, es el coronel Assimi Goïta, jefe de la junta castrense, el Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), y autoproclamado también jefe del Estado de facto. Goïta, un comandante de fuerzas especiales fogueado en la lucha contra los yihadistas que operan en la mitad norte de Malí, ha justificado su acción inconstitucional por el fracaso del mandatario derrocado bajo el asedio de las protestas de la sociedad civil, Ibrahim Boubacar Keïta, en la conducción de una guerra que se arrastra desde 2012, y por el marasmo de inseguridad, mala gestión, corrupción y subdesarrollo que atenaza el país, el más precario del Sahel. La violencia rampante tiene unos rostros político, religioso, étnico o simplemente criminal, y a la misma se suma el conflicto territorial, aquietado pero no resuelto, de la rebelión tuareg. Las restricciones por la COVID-19 y las polémicas elecciones legislativas de abril colmaron una frustración generalizada que su vez allanó el camino para el putsch.

El coronel y sus colegas de escalafón, tras diagnosticar el hundimiento de Malí "en el caos y la anarquía", se han apresurado a anunciar un proceso de transición de tres años, a culminar con la celebración de elecciones y la devolución del poder al ganador de las mismas, plazo que los partidos de la oposición y la comunidad internacional consideran desmedido y que probablemente se acortará. A diferencia de los movimientos golpistas de Sierra Leona en 1997 o de Burkina Faso en 2015, revertidos en su momento, el perpetrado ahora en Bamako ha concitado una condena exterior más bien limitada. Ello, pese a que el Gobierno depuesto disponía de certificación democrática internacional y era un interlocutor privilegiado de Estados Unidos, la UE y, en particular, Francia, cuyo dispositivo militar sobre el terreno, la Operación Barkhane, sucesora en 2014 de la Operación Serval, es presentado por París como un escudo imprescindible que probablemente ha impedido que la autoridad central colapse ante la arremetida de las guerrillas islamistas.

Los gobiernos y organismos que siguen la evolución de la crisis maliense, no obstante el temor a que a que la irrupción de los militares agrave más que mejore el panorama de inestabilidad, asumen que el cambio de régimen es un hecho consumado y que el depuesto Keïta, exiliado, enfermo y desacreditado, ya no recobrará la Presidencia, en la que fue reelegido en 2018 con mandato hasta 2023. Los interrogantes rodean también el operativo bélico regional comandado por Francia, que en el último sexenio no ha sido capaz de impedir una serie constante de mortíferos ataques y atentados contra acuartelamientos del desbordado Ejército Maliense y de la misión de cascos azules de la ONU, la MINUSMA, y contra objetivos civiles, señaladamente hoteles.

Aunque la junta, por el momento, no ha dicho o hecho nada que ponga en cuestión el futuro de Barkhane -sus mensajes iniciales apuntan a lo contrario-, tampoco puede ignorarse el hecho de que la intervención de la antigua metrópoli colonial es repudiada por los mismos manifestantes que exigieron la dimisión de Keïta y que ahora vitorean a los uniformados. Antes del golpe, las protestas contra IBK fueron alentadas por el influyente imán salafista Mahmoud Dicko, cabecilla del Movimiento del 5 de Junio-Reagrupamiento de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP). Por de pronto, la UE ha suspendido su misión EUTM de entrenamiento de los efectivos del Ejército y la Policía malienses.

Por lo demás, esta es la cuarta interrupción golpista que vive Malí desde la independencia en 1960. Las tres tomas anteriores tuvieron diferentes desenlaces: en 1968 el primer presidente civil, Modibo Keïta, fue derrocado por el teniente Moussa Traoré; en 1991 el teniente coronel Amadou Toumani Touré liquidó la prolongada dictadura de Traoré y puso las bases de la normalización democrática, estrenada en 1992 por Alpha Oumar Konaré; y en 2012 el capitán Amadou Sanogo adelantó por la fuerza el final del mandato constitucional de Toumani Touré, blanco del enfado de los militares en unas circunstancias similares a las actuales. Si entonces el adversario que amenazaba con dinamitar la integridad del Estado era el nacionalismo armado tuareg, que por cierto sacó una ventaja decisiva del vacío de poder creado por la remoción de Touré, hoy el enemigo son la insurgencia y el terrorismo islámicos, en auge en la región sahelo-sahariana y vinculados a Al Qaeda en su mayor parte. Para la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que medió infructuosamente entre Keïta y el M5-RFP y que ahora ha impuesto sanciones a la junta de Goïta, la desestabilización de Malí entraña un peligro letal para al menos una decena de países, empezando por los otros cuatro del G5 del Sahel.

Como en otros casos de tomas del poder por soldados surgidos del anonimato, la biografía o trayectoria del nuevo hombre fuerte de Malí, el coronel golpista Assimi Goïta, ha sido facilitada a los medios por la misma junta que encabeza. El militar, apodado Asso por sus allegados, nació en 1983, está casado y tiene tres hijos. Su padre fue también oficial de las Fuerzas Armadas Malienses. Tras su acceso a la vida castrense recibió formación en las academias del país, citándose la Prytanée militaire de Kati y la École militaire interarmes (ÉMIA) de Koulikoro. Su capacitación incluyó además cursillos en Francia, Alemania, Estados Unidos y Gabón.

Sus servicios con el rango de coronel han tenido las insignias del Batallón Autónomo de Fuerzas Especiales-Centros de Guerra (BAFS-CA), unidad de élite creada en 2018 por el Ejército de Malí en un intento de obtener mejores resultados en la lucha contra las guerrillas yihadistas situadas en la órbita de Al Qaeda, principalmente MUJAO, AQMI y Ansar ad-Dine. Estas subversiones estallaron en la desértica mitad norte del país en 2012 y en un tiempo récord arrebataron a los rebeldes tuaregs del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA) las principales ciudades de la vasta y escasamente poblada región, Timbuktu, Kidal y Gao, poco antes conquistadas por el MNLA. Goïta estuvo destinado en guarniciones de Timbuktu, Kidal y Gao a partir de 2002, cuando la seguridad en la zona era comprometida por las bandas terroristas que se infiltraban desde Argelia.

En enero de 2013 la violenta embestida de los yihadistas contra la región central de Mopti, en la ruta que descendía a Bamako, fue parada en seco y neutralizada por una contraofensiva aérea y terrestre del Ejército Francés, movilizado en socorro de las descalabradas tropas malienses con el apoyo de soldados chadianos. Al año siguiente Goïta se incorporó a las fuerzas especiales del Ejército Maliense y en noviembre de 2015 coordinó la operación del Ministerio de Defensa contra la captura por una célula yihadista de hotel Radisson Blu de Bamako. El asalto por los comandos del Ejército se saldó con las muertes de los dos atacantes y de 19 de los 170 civiles, huéspedes extranjeros la mayoría, tomados como rehenes por los terroristas. En mayo de 2018 Goïta fue nombrado comandante en jefe del nuevo BAFS-CA, con acuartelamiento en Mopti, y pasó a dirigir operaciones contrainsurgentes en las regiones conflictivas. De paso, ascendió a vicejefe del Estado Mayor.

Aunque su semblanza oficial no lo explicita, se infiere que Goïta es un oficial acostumbrado al trato con fuerzas armadas de otras naciones, ya que su batallón participa en maniobras multinacionales africanas de adiestramiento, se coordina con los efectivos franceses y recibe de Estados Unidos entrenamiento de lucha de comandos. Además, la junta incluye el dato de que el oficial sirvió en misión internacional en la región sudanesa de Darfur.

Cuenta atrás para un golpe de Estado
La caída del presidente Ibrahim Boubacar Keïta, hombre clave en la estrategia antiyihadista de Francia y el G5 de países sahelianos -además de Malí, Níger, Burkina Faso, Chad y Mauritania- , comenzó a fraguarse después de su contestada reelección para un segundo período de cinco años en las votaciones a doble vuelta de julio y agosto de 2018; entonces, el mandatario batió con el 67% de los votos al líder opositor Soumaïla Cissé, quien denunció fraude.

Boubacar Keïta llegó a estas elecciones con un único logro, y frágil, que daba una mínima realización a sus promesas de seguridad, unidad estatal y reconciliación nacional, en uno de los países más pobres del planeta. Se trataba de la congelación por el MNLA de su subversión armada y de su proclamación en 2012 del Estado independiente de Azawad. Desde febrero de 2015 regía un alto el fuego que el MNLA había accedido a firmar luego de sus derrotas a manos de los yihadistas en las regiones de Timbuktu, Kidal y Gao, cuyas capitales el Gobierno central volvía a controlar. En otras palabras, una tregua que la principal organización del nacionalismo tuareg laico se había visto obligada a aceptar por su debilidad en su propio campo. Ahora, las autoridades de Bamako reconocían a Azawad como "realidad humana, sociocultural y simbólica", pero insistían en rechazar las demandas del MNLA y de la Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA) de conceder a toda la región un amplio autogobierno en el marco de un Malí federal. En junio de 2015, tras meses de negociaciones en Argel, el Gobierno y la CMA adoptaron en Bamako un Acuerdo de Paz y Reconciliación que, al menos en términos materiales, puso término a la rebelión tuareg.

De todas maneras, el silencio de las armas del MNLA quedó eclipsado por la efusión de violencia en otros dos terrenos. Por un lado, la multiplicación de los ataques, emboscadas y atentados, con el resultado de cientos de muertos, de los reorganizados grupos yihadistas, que desde 2014 atacaron multitud de poblaciones remotas, guarniciones del Ejército Maliense y bases de la Operación Barkhane y de la misión de cascos azules de la ONU, la MINUSMA, amén de edificios civiles como hoteles y resorts turísticos. Los ataques no se limitaron a las turbulentas regiones del norte, donde la presencia del Estado era exigua en el mejor de los casos, o a la inestable Mopti en el centro del país, sino que se extendieron también a Bamako y a Sikasso, en el extremo sur lindero con Côte d’Ivoire. En paralelo a este estado de guerra civil se sucedían los pogromos étnicos y la espiral de represalias que enfrentaban a milicianos y "grupos de autodefensa" de las comunidades fulani/peuhl (ganaderos y pastores) y dogon/bambara (agricultores y cazadores).

Esta triste cotidianidad continuó invariable, si no se recrudeció, tras las elecciones de 2018 ante la impotencia de IBK, tachado por la oposición de incompetente, y que empezó a ser acusado también de nepotismo, de dilapidar recursos públicos y de corrupción. En enero de 2020 el atribulado presidente asistió en la ciudad francesa de Pau a una cumbre de presidentes del G5 Sahel y Emmanuel Macron. El encuentro no pudo menos que constatar los fracasos recientes de la estrategia en la lucha contra el yihadismo, pero decidió el refuerzo de los efectivos de Barkhane. Para colmo de desgracias, sobrevino la pandemia COVID-19, que el 26 de marzo indujo al Gobierno de Boubou Cissé, el sexto primer ministro nombrado por Keïta en siete años, a imponer el toque de queda.

Tres días después de adoptarse esta drástica medida de contención del coronavirus, el 29 de marzo, el país celebró, con año y medio año de retraso y en muy precarias circunstancias, la primera vuelta de las elecciones a la Asamblea Nacional. El 19 de abril tuvo lugar la segunda vuelta y los resultados oficiales, de nuevo impugnados, otorgaron a la formación del jefe del Estado, el Reagrupamiento por Malí (RPM), una disminuida mayoría simple de 51 escaños, 15 menos que en los comicios de 2013. En segundo lugar quedó el partido ADEMA-PASJ, aliado del presidente, y tercera fue la URD del líder opositor Soumaïla Cissé, quien por cierto, en la enésima muestra de la inseguridad que asolaba el país, había sido raptado por desconocidos el 25 de marzo; desde entonces, se ignoraban el paradero y la condición de Cissé.

Las restricciones debidas a la COVID-19, con una incidencia moderada en el país, vinieron a espolear el malestar popular por la calamitosa coyuntura nacional. El 5 de junio, el descontento de la población adquirió una expresión organizada con el desfile en Bamako de una nutrida manifestación que, al grito de la renuncia inmediata del presidente, aparecía encabezada por Mahmoud Dicko, un notorio imán de la corriente salafista procedente de las escuelas wahhabistas de Timbuktu. Hasta el año anterior, este influyente religioso sunní había presidido el Alto Consejo Islámico Maliense (HCIM), y como tal había ejercido, infructuosamente, de mediador entre el Gobierno y los insurgentes yihadistas. En las elecciones de 2013 Dicko había apoyado a Keïta, pero en 2017 se había declarado en la oposición y desde hacía unos meses conducía una plataforma antigubernamental de marcada línea islamista, la Coordinación de Movimientos, Asociaciones y Simpatizantes (CMAS).

Ahora, la CMAS actuó como el aglutinante del llamado Movimiento del 5 de Junio-Reagrupamiento de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP), confluencia heterogénea de sectores sociales y políticos que no tardó en poner al presidente contra las cuerdas. A mediados de junio, Keïta dijo tender "la mano al diálogo" y anunció un Gobierno de unidad nacional. Sin embargo, el hombre encargado de formar este nuevo Gabinete era el primer ministro Boubou Cissé, igualmente abucheado por los manifestantes y dimitido formalmente para la ocasión.

Dicko despreció el aparente gesto de apertura de Keïta y llamó a redoblar la presión en la calle, hasta forzar la dimisión del Ejecutivo en pleno. Las manifestaciones y los actos de desobediencia civil cobraron intensidad. El 5 de julio el presidente y el imán sostuvieron una reunión cara a cara con desenlace estéril. El 11 de julio, a rebufo de unos violentos encontronazos entre manifestantes y policías que dejaron al menos siete muertos, Keïta hizo una concesión de más calado, la disolución de la Corte Constitucional, medida para rebajar la tensión que venía recomendando la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Sin embargo, la otra exhortación de la CEDEAO, que se repitieran las elecciones legislativas de la primavera para zanjar las disputas sobre la legitimidad de la Asamblea, no fue tomada en cuenta. El 13 de julio, con el balance de la represión incrementado hasta las 11 víctimas mortales y los 150 heridos, el hijo diputado del presidente, Karim Keïta, protagonista de las imputaciones de nepotismo, anunció que dimitía como jefe del comité parlamentario de defensa.

El M5-RFP desacreditó estos últimos movimientos de Keïta como gestos inanes de un mandatario acorralado y tampoco aplaudió el trabajo de mediación de la CEDEAO, que no contemplaba la marcha de Keïta como prerrequisito para una solución negociada de la crisis. Dicko y sus asociados únicamente aceptaron una "tregua" en las movilizaciones de protesta mientras durase la misión in situ de cinco presidentes del bloque regional, Muhammadu Buhari de Nigeria, Nana Akufo-Addo de Ghana, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Mahamadou Issoufou de Níger y Macky Sall de Senegal. Las gestiones de los mandatarios, favorables a la formación de un Gobierno genuino de unidad que incluyera a figuras de la oposición, no dieron fruto y el 23 de julio asumieron el fracaso de su misión facilitadora.

La toma del poder por la junta de los coroneles
El coronel Assimi Goïta y sus camaradas de armas irrumpieron en la vorágine nacional el 18 de agosto de 2020. Ese día, saltó la noticia de que un grupo de mandos medios-altos del Ejército había aprehendido al presidente Keïta, a su hijo Karim, al primer ministro Cissé y a otras altas autoridades civiles y militares de la República. En la confusión inicial, se habló de motín y de acto de fuerza para arrancar al Gobierno determinadas concesiones materiales para las Fuerzas Armadas. Las dudas sobre lo que estaba sucediendo se disiparon rápidamente al conocerse que los alzados conminaban a Keïta, retenido en el campamento militar de Kati, próximo a Bamako, a renunciar al poder. Se trataba, en suma, de un golpe de Estado, golpe que no hallaba ninguna resistencia y que se estaba perpetrando de una manera limpia, sin disparos.

Keïta apareció en la televisión para anunciar su dimisión y la disolución del Gobierno y la Asamblea Nacional. "Me gustaría en este preciso momento, mientras agradezco al pueblo maliense su apoyo durante estos largos años y la calidez de su afecto, comunicarles mi decisión de dejar mis funciones, todas mis funciones, a partir de ahora (...) Si hoy ciertos elementos de nuestras Fuerzas Armadas determinaron poner fin a esto con su intervención, ¿tengo acaso elección?. Me someto a ella, porque no quiero que se derrame sangre para mantenerme en el poder (...) No albergo odio hacia nadie, el amor por mi país me lo impide", dijo el mandatario, llevando mascarilla sanitaria, en su mensaje difundido por la televisión nacional ORTM.

Antes de terminar el día, los golpistas anunciaron la formación de un Comité Nacional para la Salvación del Pueblo de la República de Malí (CNSP), el cierre de las fronteras y la imposición de un toque de queda diurno, el cual apenas tuvo efecto porque miles de alborozados ciudadanos, en su mayoría las mismas personas que venían manifestándose contra Keïta, se echaron a las calles para celebrar la captura del poder por los militares. La proclama, leída por el coronel Ismaël Wagué, subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, incluía una invitación a la sociedad civil y a los movimientos políticos y sociales para "unirse a nosotros, para crear todos juntos las mejores condiciones de una transición política civil que conduzca a unas elecciones generales creíbles, para el ejercicio de la democracia a través de una hoja de ruta que ponga los cimientos de un nuevo Malí". "Nuestro país se está hundiendo en el caos, la anarquía y la inseguridad, sobre todo por culpa de las personas encargadas de su destino", añadió Wagué, que describió un panorama funesto dominado por el "clientelismo político", la "gestión familiar de los asuntos del Estado", el "despilfarro y robo" de los recursos públicos, las "masacres de campesinos", el "terrorismo" y el "extremismo".

En una primera reacción de condena, la CEDEAO exigió la liberación y restitución inmediatas del presidente y demás dignatarios apresados, y anunció la suspensión de los canales financieros y la participación de Malí en los órganos del bloque regional. En similares términos de repudio se pronunciaron la ONU, la Unión Africana, los países socios del G5 Sahel, la UE, Francia y Estados Unidos.

En la jornada siguiente, 19 de agosto, Assimi Goïta, vistiendo ropa de la lucha en el desierto sin distintivos de grado en lugar de lucir su uniforme de coronel, se presentó a los periodistas como el jefe del CNSP, del que también eran miembros sus compañeros de escalafón y promoción Ismaël Wagué, Sadio Camara, Modibo Koné y Malick Diaw; este último era el subcomandante del campo de Kati y el vicepresidente de la junta. Tanto Diaw como Camara habían recibido recientemente adiestramiento especial en Rusia. Otro mando implicado era al parecer el general Cheick Fanta Mady Dembele, director de la Escuela de Mantenimiento de la Paz Alioune Blondin Beye, quien sin embargo no aparecía como integrante del CNSP. En su alocución, Goïta explicó que Malí atravesaba "una crisis de seguridad y sociopolítica", pidió a la población terminar con el "vandalismo" y retornar a la normalidad, y reiteró que el CNSP se proponía gobernar el país hasta la celebración de elecciones libres y democráticas "en un plazo razonable". Dicho plazo sería, se supo días después, de tres años, si bien la junta estaba dispuesta a discutir los detalles con los representantes de la sociedad civil y la CEDEAO.

El 27 de agosto Goïta robusteció su posición proclamándose jefe del Estado para el período de transición, proceso que estaría, puntualizó el CNSP, guiado por los militares. Paralelamente, el derrocado presidente Keïta, que seguía retenido en Kati, fue autorizado a abandonar el país para recibir tratamiento médico en Abu Dhabi.

(Cobertura informativa hasta 1/9/2020)