Pierre Nkurunziza

(Nota: Biografía actualizada hasta diciembre de 2015)

Una década después de convertirse en el presidente por consenso de un país exangüe tras 12 años (1993-2005) de guerra civil sectaria y urgido de un proyecto inclusivo de reconstrucción nacional para superar su trágico ciclo de violencias, Pierre Nkurunziza está arrastrando a Burundi a otro conflicto de incalculables consecuencias por su abusiva reelección para un tercer mandato en las votaciones de julio de 2015.

Hijo de un hutu, la comunidad ampliamente mayoritaria, y una tutsi, el grupo minoritario pero detentador de los puestos de poder en los años que siguieron a la independencia en 1962 -luego el fruto de una relación conyugal sin prejuicios étnicos-, Nkurunziza sufrió como pocos las consecuencias de los odios ancestrales entre hutus y tutsis al resultar asesinados o morir en combate su padre y cinco de sus seis hermanos. Él mismo estuvo a punto de perder la vida en dos ocasiones. En 1995, con el país desangrándose por las masacres interétnicas a raíz del magnicidio, dos años antes, del primer presidente democrático en la historia de Burundi, el hutu Melchior Ndadaye, Nkurunziza dejó su trabajo de educador físico y empuñó el fusil de guerrillero del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), uno de los grupos rebeldes hutus que combatían al Gobierno de Bujumbura. En 2001 asumió el liderazgo de la organización subversiva y luego se embarcó en un tortuoso proceso de cese de hostilidades, desmovilización e integración en la transición política. Este compromiso desembocó en 2005 en su investidura como presidente constitucional de la República por la Asamblea Nacional, donde su partido debutó gozando de mayoría absoluta, y con los respaldos de la UPRONA, la principal formación protutsi, y del FRODEBU, partido prohutu.

Nkurunziza formó un Gobierno de unidad nacional ceñido a los compromisos de reparto de cuotas de poder por comunidades (el 60% de los puestos para los hutus y el 40% para los tutsis), y formulando un discurso que incidía en la reconciliación de los burundeses y en la confianza en el Estado de derecho como garante de las libertades de todos los ciudadanos por igual. Aunque acertó a apagar por la vía negociada el último rescoldo de la guerra civil, la insurgencia de las Fuerzas Nacionales para la Liberación (FNL), y tomó algunos pasos para empujar la economía de este país de desarrollo muy bajo, con dos tercios de su población en situación de pobreza y totalmente dependiente de las exportaciones agropecuarias y de las ayudas del exterior, el dirigente, quien se describe como un protegido de Dios, dio prontas muestras de autoritarismo e intolerancia con cualquier crítica a su gestión.

En 2010 ganó en las urnas un nuevo mandato sin contrincantes de la oposición, la cual boicoteó las elecciones aduciendo fraude e intimidaciones. La espiral de conflictos institucionales, ajustes de cuentas partidistas, arrestos arbitrarios y juicios de destacadas figuras políticas, incluso del CNDD-FDD, acusadas de conspirar contra el jefe del Estado prosiguió en el segundo ejercicio. Hasta el día de hoy, la represión estatal no ha hecho diferencias entre hutus y tutsis. En este sentido, la persecución de oponentes practicada por Nkurunziza, cuyo partido acoge a miembros de las dos comunidades, no presenta un sesgo étnico apreciable; más bien, atiende a criterios convencionales de lealtad o deslealtad. El régimen, cuya característica fundamental es el personalismo, tampoco ha mostrado mucho interés en que se avance en el esclarecimiento de la verdad histórica y se enjuicie a los autores de crímenes de genocidio y de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil.

La inquietante deriva de la presidencia de Nkurunziza experimentó un drástico agravamiento en abril de 2015, cuando el dirigente se empeñó en presentarse a un tercer mandato haciendo una interpretación discutible de la Constitución y violando claramente el espíritu del Acuerdo de Arusha de 2000 sobre paz y reconciliación. La oposición activó una furiosa protesta callejera, la Policía abatió a varios manifestantes y en mayo el Ejecutivo encajó una intentona golpista de generales renegados que pudo sofocar sin dificultad. Desafiando a los gobiernos vecinos, a la Unión Africana y a la ONU, que le pedían un largo retraso electoral o, preferiblemente, la renuncia a su pretensión reeleccionista, Nkurunziza se hizo revalidar en unas votaciones celebradas sin garantías y bajo un clima de terror. Desde entonces, Burundi vive una mortífera escalada de tiroteos y atentados entre las fuerzas gubernamentales y grupos radicalizados de la oposición que ya empiezan a operar como rebelión organizada, según indican los ataques coordinados contra acuartelamientos del Ejército en diciembre. Entre tanto, aumenta el número de ciudadanos, más de 200.000 ya, que huyen a los países vecinos a refugiarse de la violencia. La comunidad internacional asiste con alarma a la evolución de los acontecimientos en Burundi y empieza a presionar con sanciones a Nkurunziza, quien promete "destruir" a quienes "amenacen la seguridad nacional".

(Texto actualizado hasta diciembre 2015)

  1. La experiencia personal de la violencia interétnica como trasfondo del ingreso en la subversión hutu
2. Los años al frente de la rebelión del CNDD-FDD: guerra y paz con el Gobierno de Bujumbura
3. Participación con reservas en la transición política y elección por la Asamblea como presidente de la República en 2005
4. Una década en el poder con más sombras que luces: desmovilización de los últimos rebeldes y movimientos autoritarios
5. El drástico retroceso de 2015: golpe de Estado fallido, reelección presidencial abusiva y escalada de enfrentamientos armados entre el régimen y la oposición

1. La experiencia personal de la violencia interétnica como trasfondo del ingreso en la subversión hutu
Perteneciente a una de las pocas familias urbanas y de clase alta de la comunidad hutu en los días de la independencia nacional, recibió una educación privilegiada en escuelas de las localidades de Mwumba, en la provincia norteña de Ngozi, y Gitega antes de matricularse en 1987 en la Facultad de Educación Física y Deportes de la Universidad de Burundi. Nkurunziza tenía entonces 23 años y había visto vetado el acceso tanto a la Facultad de Economía como a un instituto de formación militar simplemente por ser el hijo de un notable hutu al que el régimen dictatorial que entonces detentaba el poder en Burundi había situado en sus listas negras, con fatales consecuencias para él: se trataba de Eustache Ngabisha, antiguo diputado nacional, prefecto de la Policía y alto funcionario de la administración provincial. En 1972 Ngabisha fungía de gobernador de Ngozi cuando fue asesinado por militares tutsis que le consideraban un enemigo político.

A pesar de suponer el 85% de la población burundesa, los hutus componían un colectivo étnico-social sometido por las élites de la minoría tutsi, que solo constituía el 14%. Los matrimonios mixtos se daban en muy pocas ocasiones, pero este era precisamente el caso de los padres de Nkurunziza, cuya madre era tutsi. Como era habitual en estas situaciones, el niño adquirió a los ojos de las autoridades la condición étnica del padre.

La orfandad de Nkurunziza, que desde los ocho años quedó al amparo exclusivo de su madre, enfermera de profesión, y los estigmas de la discriminación y el odio puramente sectarios, por no hablar de la cascada de tragedias que iba a abatirse sobre su familia en la década siguiente, lo cual seguramente dio más pábulo al rencor y los afanes de venganza, debieron de calar hondo en este hombre joven, de porte atlético y aspecto enérgico, cuando aún no había cumplido la treintena. Su experiencia y trayectoria personales son, de alguna manera, el epítome de la torturada historia de este diminuto pero densamente poblado país de África central.

La supremacía multisecular de los terratenientes y ganaderos tutsis sobre los empobrecidos campesinos hutus se prolongó automáticamente el día, el 1 de julio de 1962, de la independencia nacional concedida por Bélgica, país que había arrebatado esta colonia centroafricana a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Tanto la monarquía de los reyes Mwambutsa IV y su hijo Ntare V, como, desde noviembre de 1966, la República fundada por el coronel golpista Michel Micombero, abortaron sin contemplaciones los intentos de los hutus de adquirir más peso en la vida política y económica del joven Estado, y de poner fin a una forma de organización social flagrantemente injusta que hundía sus raíces en un modelo feudal de señorío y vasallaje.

El Ejército, controlado por la oficialidad tutsi, perpetró la mayor masacre étnica de las cometidas hasta la fecha en la primavera de 1972, cuando, al socaire de un fracasado intento del depuesto rey Ntare y sus partidarios de recobrar el poder, es decir, aprovechando un conflicto que básicamente enfrentaba a clanes tutsis, sectores radicalizados de la comunidad hutu en el exilio abandonaron sus refugios en Rwanda (donde la revolución hutu contra la aristocracia tutsi había triunfado en 1959, tres años de la independencia) y atizaron una insurrección, topándose con una represión salvajemente desproporcionada. Según los documentos de la época, el "genocidio selectivo" de 1972 pudo cobrarse entre 100.000 y 150.000 vidas, de hutus en su gran mayoría, aunque estimaciones actuales elevan la cifra más alta hasta los 200.000 muertos. Miles de profesionales liberales, funcionarios, universitarios y representantes políticos hutus fueron pasados por las armas, y entre ellos estuvo el padre de Nkurunziza, a quien pertenecer a la formación política en el poder, la Unión para el Progreso Nacional (UPRONA), declarado partido único por Micombero, no le guareció de esta vasta operación criminal.

En septiembre de 1987, en la época en que Nkurunziza consiguió entrar en la Universidad en Bujumbura, la dictadura cívico-militar pro tutsi instalada en 1966 cambio de máximo jerifalte por segunda vez. Al igual que él había hecho con Micombero en noviembre de 1976, el teniente coronel Jean-Baptiste Bagaza fue expulsado de la Presidencia por un subalterno uniformado que también formaba parte de la dirigencia de la UPRONA, el mayor Pierre Buyoya. Este golpe de palacio, pese a traer Buyoya una cierta fama de oficial moderado, no supuso al principio ningún alivio para los sojuzgados. De hecho, todo lo contrario: en agosto de 1988, como represalia por el asesinato de algunos tutsis por agresores hutus, el Ejército desencadenó otro pogromo de enorme proporción, matando esta vez a alrededor de 25.000 miembros de la comunidad mayoritaria.

Ajeno todavía al activismo político, y, que se sepa, sin tener nada que ver con las subversiones armadas activas en aquellos años, las del Partido por la Liberación del Pueblo Hutu (PALIPEHUTU, creado en 1980) y el Partido de los Trabajadores de Burundi (UBU, surgido en 1972), Nkurunziza se graduó en 1990 y al año siguiente emprendió actividades docentes relacionadas con su especialidad, la formación física, en centros escolares de secundaria y en una academia militar. Entre tanto, el Gobierno de Buyoya fue adoptando una serie de pasos sin precedentes en favor del pluralismo, la democracia y la reconciliación nacional. Nkurunziza continuaba dando clases en la Universidad, ampliando sus conocimientos en las disciplinas de psicología y pedagogía, y entrenando al New Sporting Club, un equipo de la primera división burundesa de fútbol, cuando Burundi celebró las cruciales elecciones generales del 1 de junio de 1993. Indefectiblemente, de los comicios, a poco que fueran libres y limpios, dado el aplastante desequilibrio étnico en favor de los hutus, iba a salir el primer presidente burundés no tutsi, amén del primero democráticamente elegido en la historia del país

En efecto, con el 65% de los votos, fue proclamado venedor el hutu Melchior Ndadaye, principal líder del Frente Democrático de Burundi (FRODEBU), partido creado en julio de 1992 a partir del Movimiento para la Emancipación y el Progreso de Barundi (MEPROBA) y que, pese a no fomentar el tribalismo la mayoría de sus dirigentes, se nutría de un electorado casi exclusivamente hutu. El candidato de la UPRONA, Buyoya, asimiló su derrota y no obstaculizó la transferencia pacífica del poder, que tuvo lugar el 10 de julio. Ni la personalidad abiertamente moderada e integradora, nada más alejada de un talante revanchista, de Ndadaye, ni la participación de la UPRONA en un Gobierno de concentración cuya jefatura fue encomendada a una dirigente tutsi de esa formación, Sylvie Kinigi, sirvieron para refrenar los impulsos asesinos de la línea dura del mando militar y del anterior partido único, vinculada al ex dictador Bagaza, que nunca aceptó acatar a un jefe de Estado hutu.

Así, el 21 de octubre de 1993, no habían transcurrido cuatro meses desde la asunción presidencial cuando el flamante mandatario y buena parte de las máximas autoridades políticas del país cayeron asesinados en un golpe militar que, si bien fracasó en cuanto a que no dio lugar a la captura del poder por la clásica junta castrense (el autoproclamado Comité para la Salvación Nacional, que tampoco consiguió convertir en presidente al diputado François Ngeze, uno de los escasos dirigentes hutus de la UPRONA), sí realizó su propósito de malograr el predominio político recién conquistado por los hutus del FRODEBU. Más aún, el asesinato de Ndadaye fue el preámbulo de una dramática espiral de matanzas interétnicas, con un inmediato exterminio masivo de hutus, víctimas por decenas de miles, pero también de muchos tutsis, estos a manos de elementos del FRODEBU, seguida de crisis institucionales, magnicidios y, finalmente, la guerra civil.

A Nkurunziza volvió a alcanzarle de lleno el furor genocida que se apoderó del país: dos de sus siete hermanos perecieron en el caos de las masacres y las represalias que siguió a la liquidación de Ndadaye, aunque él no ha confirmado si sus muertes obedecieron a sendos asesinatos sectarios perpetrados por radicales tutsis. Por el momento, con el país en llamas, el educador físico siguió al margen de la militancia política, dedicado a su profesión y a formar un hogar con Denise Bucumi, madre que iba a ser de sus cinco hijos. Nkurunziza y Bucumi contrajeron matrimonio en 1994, el año en que el sucesor de Ndadaye, Cyprien Ntaryamira, designado por la Asamblea Nacional que desde las elecciones de junio de 1993 dominada por los frodebistas, pereció a su vez junto con su homólogo hutu de Rwanda, Juvénal Habyarimana, cuando el avión que transportaba a ambos fue derribado por un misil sobre la pista del aeropuerto de Kigali. Dicho sea de paso, este magnicidio fue el desencadenante del gran genocidio rwandés (entre medio millón y un millón de asesinados, la mayoría tutsis, pero también muchos hutus moderados) perpetrado desde abril a julio de 1994 por los extremistas hutus que controlaban el Gobierno del país vecino, el cual hizo pequeños los genocidios cometidos en Burundi.

La reluctancia de Nkurunziza a involucrarse en el conflicto que enfrentaba a hutus y tutsis, por más que los responsables políticos moderados –el presidente Sylvestre Ntibantunganya, hutu del FRODEBU, y los primeros ministros Anatole Kanyenkiko y Antoine Nduwayo, tutsis de la UPRONA- intentaran apaciguarlo, tocó a su fin en 1995, cuando los desmanes de las fuerzas de seguridad controladas por los upronistas más intransigentes empujaron a miles de hutus a abandonar la fe en las instituciones y a empuñar las armas. A fuerza de sufrirlos en propia carne, el extremismo y la violencia reactiva u ofensiva se apoderaron del ánimo de muchos hutus burundeses. Aunque la guerrilla del PALIPEHUTU se había reorganizado y volvía a la carga, el principal estandarte de la subversión hutu pasó a enarbolarlo un movimiento de nuevo cuño y vástago directo de los terribles sucesos que asolaban al país desde 1993: el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), que emergió en septiembre de 1994 a iniciativa de Léonard Nyangoma, ministro del Interior en el efímero Gobierno de Kinigi, y otros disidentes del FRODEBU.

Animado por cuadros frodebistas e intelectuales hutus de la provincia sureña de Bururi (cantera tradicional de las élites dirigentes del país y la patria chica de los presidentes Micombero, Bagaza y Buyoya) que estaban descontentos por la, así les parecía, actitud condescendiente del grupo de dirigentes del círculo del presidente Ntibantunganya, quien se mostraba incapaz de imponer su autoridad a los mandos militares tutsis, y con la cuota de poder casi paritaria obtenida en el Ejecutivo por la UPRONA, el CNDD se perfiló como la sección política del nuevo movimiento tras publicar un manifiesto que incidía en la democratización del país y el apartamiento de las castas dirigentes tradicionales, a las que tachaba de usurpadoras.

Su vocación proclamada de servir a los intereses de todos los burundeses sin distinciones y su insistencia en restituir la balanza de poder ampliamente favorable al FRODEBU porque así lo habían decidido los comicios de 1993, conferían al CNDD una lógica reivindicativa más aligerada de carga sectaria y etnicista, a diferencia del discurso intencionadamente chovinista, incluso sesgado de mesianismo religioso, caro al PALIPEHUTU. Más todavía, la organización puesta en marcha por Nyangoma no cerraba sus puertas a los tutsis, y de hecho algunos de sus dirigentes pertenecían a esta comunidad. En cuanto a las FDD, no eran sino el brazo armado de la organización, varios miles de combatientes reclutados a lo largo y ancho del país que muy pronto se encontraron en situación de infligir graves quebrantos al Ejército nacional gracias a los pertrechos que les llegaban desde el Zaire de Mobutu Sese Seko y al reclutamiento de fugitivos de las Fuerzas Armadas Rwandesas y de la milicia Interahamwe, integradas por extremistas hutus expulsados de su país por la triunfante guerrilla tutsi en 1994 e implicados en el genocidio rwandés.

Según él mismo ha explicado, Nkurunziza se unió a las FDD a raíz de la escalada de ataques lanzados por milicias tutsis y las fuerzas de seguridad contra alumnos y profesores hutus de su Universidad entre junio y agosto 1995, que causaron varias decenas de muertos. En particular, cita un asalto militar al campus de Bujumbura que "mató a 200 estudiantes" y que a punto estuvo de costarle la vida a él también, ya que la soldadesca disparó y prendió fuego a su vehículo, debiendo apearse del mismo y huir a la carrera. Convertido en un clandestino, el ex docente entró en contacto con las FDD, donde le dieron el fusil de guerrillero. Su formación universitaria y sus innatas dotes de liderazgo permitieron a Nkurunziza realizar una ascensión completa en el seno del CNDD-FDD, desde la condición de soldado raso hasta la dirección suprema del movimiento, en solo seis años. Ya en 1998, dos años después (25 de julio de 1996) del golpe de Estado militar que devolvió a la Presidencia de la República a Buyoya, considerado por altos mandos del Ejército y sectores de la UPRONA como la única persona capaz de impedir que el país ardiera por los cuatro costados, Nkurunziza se convirtió en vicesecretario general del CNDD-FDD y tomó bajo su responsabilidad la coordinación de las actividades de las alas política y militar.

Esta promoción de Nkurunziza en 1998 aconteció luego de ser destituido, el 11 de mayo, en la jefatura del movimiento Nyangoma, quien de paso encabezaba una facción radical del FRODEBU -el cual se había dividido tras del golpe de Estado de 1996 entre los partidarios y los enemigos de colaborar con Buyoya y sus propuestas de paz y reconciliación-, bajo las acusaciones de corrupción y de servirse de su puesto dirigente para satisfacer unas ambiciones políticas personales y privilegiar a un grupo de allegados. Nkurunziza se puso a las órdenes del nuevo hombre fuerte del movimiento, el coronel Jean-Bosco Ndayikengurukiye, hasta entonces jefe del Estado Mayor de las FDD y al que miembros del Gobierno venían acusando de comportarse como un terrorista y un criminal por permitir que sus huestes se ensañaran con paisanos desarmados.


2. Los años al frente de la rebelión del CNDD-FDD: guerra y paz con el Gobierno de Bujumbura
La asunción del poder por Ndayikengurukiye en el CNDD-FDD supuso un enconamiento de la guerra civil, con ambos bandos rivalizando en la comisión de atrocidades, aunque también propició el arranque en la ciudad tanzana de Arusha de una mesa de negociaciones multipartitas en las que estuvieron presentes los delegados del CNDD y el PALIPEHUTU, si bien la exclusión de las mismas de las FDD y del ala guerrillera del PALIPEHUTU, las Fuerzas Nacionales para la Liberación (FNL), abrió fisuras en ambos movimientos rebeldes y contribuyó a que el alto el fuego firmado el 21 de junio de 1998 se quedara en mero papel mojado. Entre tanto, en Bujumbura, Buyoya, la facción moderada del FRODEBU y la UPRONA intentaban sentar las bases de una transición política cuyos primeros pasos fueron la reapertura de la Asamblea Nacional, el levantamiento de la proscripción que pesaba sobre las actividades partidistas, la formación de un nuevo Gobierno de coalición y la promulgación de una nueva Constitución.

En este período de lucha sin cuartel con el Ejército, donde algo más de la tercera parte de la tropa era hutu (otro dato que es pertinente arrojar, para deshacer la impresión de que las instituciones armadas, los partidos políticos y las fuerzas rebeldes eran cerradamente monoétnicas), nada menos que tres hermanos de Nkurunziza, que también se habían unido a las FDD, murieron en combate. Tras estos óbitos, que había que sumar a los de los dos hermanos asesinados tras el golpe de 1993, a Nkurunziza solo le quedó viva una hermana. Es más, él mismo estuvo a punto de sucumbir a unas graves heridas sufridas en el curso de una acción militar en 1999, peripecia que no podía menos que recordar la traumática experiencia vivida en el campus de Bujumbura cuatro años atrás. Considerado a sí mismo un "cristiano renacido", Nkurunziza ha vinculado este renacer espiritual personal a su "milagrosa" conservación de la vida en 1999, donde atisbó poco menos que una intervención divina.

Nkurunziza se encaramó al centro del proscenio el 17 de octubre de 2001, día en el que protagonizó un golpe interno similar al que había supuesto la caída de Nyangoma en 1998: con el pretexto de que toleraba los crímenes de guerra y no castigaba a los soldados infractores con arreglo al código de conducta del partido-guerrilla, Ndayikengurukiye fue defenestrado por instigación del secretario general, Hussein Radjabu, quien permitió a su subalterno la asunción de la presidencia. Al ser Ndayikengurukiye un sureño de Bururi y sus antagonistas dirigentes norteños, se especuló con una fractura en el CNDD-FDD sobre líneas geográficas. Asimismo, el Ejecutivo burundés, los partidos legales y los mediadores diplomáticos sudafricanos y tanzanos se preguntaron por el impacto que el golpe de mano de Nkurunziza fuera a tener en el renqueante proceso negociador de Arusha, que el 28 de agosto de 2000 había colocado otro jalón esperanzador.

Se trató del Acuerdo de Paz y Reconciliación para Burundi, firmado por un nutrido grupo de actores del enquistado conflicto burundés, encuadrados en tres bloques: por parte del Estado, el Gobierno de Buyoya y la Asamblea Nacional; el denominado G-7 o alianza de siete partidos prohutus, entre ellos el CNDD, el FRODEBU, el PALIPEHUTU, el Frente de Liberación Nacional (FROLINA, escindido del anterior) y la Alianza del Pueblo Burundés (RPB); y seis de los integrantes del bloque protutsi, el denominado G-10, a saber, la UPRONA, el Partido para la Reconstrucción Nacional (PARENA), el Partido para la Reconciliación del Pueblo (PRP), el Movimiento Socialista Panafricano-Inkinzo (MSP-Inkinzo), el Abasa y el AV-Ntwari. Aunque bastante integrador, el nuevo compromiso adoptado en Arusha con los buenos auspicios del ex presidente sudafricano Nelson Mandela había nacido cojo al descolgarse del mismo cuatro partidos tutsis -si bien, posteriormente, estas formaciones accedieron a signar como las otras 15 delegaciones- y, sobre todo y de nuevo, porque quienes hacían la guerra sobre el terreno, las FDD y las FNL que acaudillaba Cossan Kabura, no se sintieron concernidos por los compromisos asumidos por sus camaradas políticos.

Ahora bien, el apartado político del plan de Arusha, que incluía un calendario de transición democrática a culminar en 2004 con la celebración de elecciones presidenciales, sí fue aplicado por el régimen de Buyoya. Así, el 23 de julio de 2001, los 19 partidos signatarios, no sin muchos recelos, aprobaron investir a Buyoya como presidente constitucional de la República y a Domitien Ndayizeye, un hutu moderado y el secretario general del FRODEBU, como vicepresidente. El 1 de noviembre de 2001 arrancó el período de transición, de 36 meses de duración, con las tomas de posesión de Buyoya, Ndayizeye y el nuevo Gobierno de coalición del que se automarginaron el CNDD y el PALIPEHUTU, al tiempo que retornaban del exilio Jean Minani (quien iba a ser elegido presidente de la Asamblea Nacional de transición en enero de 2002) y otros líderes del FRODEBU bajo la protección de 700 soldados sudafricanos. El pacto estipulaba que transcurrida la mitad del período, a los 18 meses, Buyoya debía ceder su puesto a un hutu, el cual sería el encargado de conducir la fase decisiva de la transición y ponerle broche con la celebración de elecciones y la formación de un Gobierno nacional democrático.

De Nkurunziza se esperaba un liderazgo más consistente a la hora de meter en vereda a los comandantes de las FDD, que parecían ir por su cuenta, aunque la terquedad belicista del ala militar del principal movimiento rebelde (unos 20.000 guerrilleros basados en las provincias orientales linderas con Tanzania, y con campamentos de retaguardia en la propia Tanzania, más algunas unidades que merodeaban en la República Democrática del Congo, el antiguo Zaire) no hacía otra cosa que dar un relieve exagerado a la atribuida buena voluntad del ala política. Quienes concedían a Nkurunziza unos sinceros deseos de paz tomaron nota de cómo se le adelantaron en la plasmación de este propósito algunos cabecillas de facción que habían adquirido la aureola de violentos recalcitrantes. Así, el 7 de octubre de 2002, Ndayikengurukiye, que había retenido el control de una parte minoritaria de las FDD, y Alain Mugabarabona, comandante de una reciente escisión de las FNL, aceptaron silenciar las armas y sumarse al proceso político.

Nkurunziza dio el paso de reunirse cara a cara por primera vez con Buyoya en Dar es Salam el 26 de octubre de 2002, como prólogo de unas negociaciones oficiales entre el Gobierno y el CNDD-FDD que contaban con los buenos oficios del vicepresidente sudafricano, Jacob Zuma. Una vez retirada la precondición del cese de hostilidades por Nkurunziza, quien aceptó entrar a discutir directamente ese punto y a continuación la agenda global de paz, el jefe rebelde y el jefe del Estado, flanqueados por Zuma y por el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promotor de la denominada Iniciativa de la Región de Grandes Lagos sobre Burundi, firmaron el ansiado Acuerdo de Alto el Fuego en Arusha el 2 de diciembre de 2002, poniendo aplaudido colofón a la decimonovena cumbre regional sobre el conflicto burundés. El cese de las hostilidades entró en vigor de iure el 30 de diciembre.

Nkurunziza se declaró conforme con el abandono de la subversión armada, el desarme y la desmovilización de sus combatientes bajo la supervisión de la Misión Africana en Burundi (AMIB), fuerza integrada por 2.870 soldados de Sudáfrica, Mozambique y Etiopía, y que contaba con un sólido mandato de la Unión Africana. El líder rebelde aceptó también que en lo sucesivo su grupo se desenvolviera exclusivamente en el terreno partidista civil, pero exigió la satisfacción de una de las demandas fundamentales del CNDD, cual era someter al Ejército y a los demás órganos de defensa y seguridad a una profunda transformación, de manera que reflejaran el equilibrio de cuotas de representación étnica ya implantado en las instituciones políticas del Estado. Esto suponía que, por lo menos, un 60% de la tropa y la oficialidad debía tener filiación hutu. Y, por supuesto, los efectivos desmovilizados de las FDD debían poder integrarse en las nuevas Fuerzas Armadas de Burundi, cuya denominación oficial era Fuerza de Defensa Nacional.

Al comenzar 2003 Nkurunziza, como medida de presión y violando de manera flagrante las disposiciones de Arusha, ordenó la reanudación de los combates en las provincias occidentales de Cibitoke y Bubanza, y en las orientales de Ruyigi, Rutana y Makamba, obligando a un apurado Buyoya a sostener nuevos encuentros con él, el 27 de enero en Pretoria y el 2 de marzo en Dar es Salam. De estas reuniones salieron sendas declaraciones en las que los firmantes reiteraban su voluntad de cumplir los acuerdos previamente adoptados. Zuma, Museveni y el presidente tanzano, Benjamin Mkapa, conminaron a los contendientes a detener los combates de inmediato, sin resultado. Burundi seguía inmerso en la guerra civil.

Aunque ahora mismo Nkurunziza era el principal responsable de la prolongación de los padecimientos de un país exangüe, donde una década de matanzas interétnicas y guerra civil había dejado entre 250.000 y 300.000 muertos, más un millón largo de desplazados y refugiados (sobre una población total de menos de siete millones de burundeses), los facilitadores africanos y la comunidad internacional consideraron que la imposición de sanciones a la facción mayoritaria del CNDD-FDD depararía más perjuicios que otra cosa. Parece ser que la falta de sintonía personal, cuando no una profunda antipatía cuajada de desconfianza, entre Nkurunziza, el hutu, y Buyoya, el tutsi, impidió el desarme y disolución de la principal guerrilla burundesa dentro del período presidencial del segundo. Pero la asunción de Domitien Ndayizeye, de acuerdo con el calendario de la transición, el 30 de abril de 2003, deparó la apertura de un diálogo al más alto nivel entre hutu y hutu, no tardando en producirse resultados. Sin embargo, todavía en junio los hombres a las órdenes de Nkurunziza se permitieron el atropello de secuestrar, para liberarlos al cabo de un mes, a cuatro diputados de la Asamblea miembros del FRODEBU como advertencia al Gobierno de transición para que cesara lo que según el CNDD-FDD era una campaña de propaganda hostil orquestada por las autoridades.

Días después de solventarse este incidente, Nkurunziza canceló sus renuencias. El 21 de agosto sostuvo su primera reunión con Ndayizeye en la capital sudafricana. Seis días después, la Asamblea Nacional aprobó una ley que concedía "inmunidad temporal" frente a eventuales acciones penales por la comisión de crímenes de naturaleza política desde 1962 a todos los dirigentes opositores que renunciaran al exilio y el maquis. El 8 de octubre los dos hombres volvieron a encontrarse en Pretoria para firmar un acuerdo de aplicación del alto el fuego declarado en diciembre del año anterior así como un Protocolo sobre la integración de los guerrilleros en la Fuerza de Defensa Nacional, la Policía y los servicios de inteligencia, de manera que un 50% de las posiciones de los institutos armados quedaría en manos del oficialismo, el 40% sería para los hombres de Nkurunziza y el 10% restante se repartiría entre el CNDD-FDD-Ndayikengurukiye y el PALIPEHUTU-FNL-Mugabarabona (en el caso del mando policial, la cuota para los gubernamentales se elevaría al 65%). El arreglo fue ratificado por la Asamblea el 22 de octubre.

Noviembre de 2003 fue el mes decisivo para el adiós a las armas de Nkurunziza y su organización. El día 2 el antiguo educador físico y el presidente suscribieron en Pretoria sendos protocolos sobre cuestiones relacionadas con el reparto del poder en las esferas política y de defensa y seguridad, y sobre los aspectos técnicos del acantonamiento, el desarme y la desmovilización de la guerrilla. El día 7, el número dos del CNDD-FDD, su secretario general Hussein Radjabu, aterrizó en Bujumbura acompañado de Zuma para preparar la inserción en las estructuras políticas. El día 16, en el marco de la vigésima cumbre de la Iniciativa de la Región de Grandes Lagos sobre Burundi, celebrada en la capital tanzana, Nkurunziza y Ndayizeye signaron el Acuerdo Global de Alto el Fuego, en una ceremonia a la que asistieron, entre otros dignatarios regionales, el sudafricano Zuma, el ugandés Museveni, el mozambiqueño Joaquim Chissano, a la sazón presidente de turno de la UA, el congoleño Joseph Kabila y el etíope Meles Zenawi. Zuma, Museveni, Chissano y el secretario general de la UA, Alpha Oumar Konaré, añadieron sus firmas en calidad de testigos.


3. Participación con reservas en la transición política y elección por la Asamblea como presidente de la República en 2005
El siguiente paso le concernía a Ndayizeye, y consistía en la remodelación del Consejo de Ministros para dar cabida a un CNDD-FDD en trance de convertirse en partido político legal. El 23 de noviembre recibieron sus carteras gubernamentales cuatro miembros del ya ex movimiento insurgente, y a la cabeza de ellos el propio Nkurunziza, que se estrenó como ministro de Estado, encargado de la "Buena Gobernanza" y la "Inspección del Estado". La oficina, creada para la ocasión y de carácter eminentemente político, confería a su titular la prerrogativa de ser consultado por el presidente sobre todas las cuestiones de importancia, lo que convertía a Nkurunziza en la tercera figura del poder ejecutivo por detrás de Ndayizeye y el vicepresidente Alphonse Marie Kadege, tutsi y jefe de la UPRONA. Además, el CNDD-FDD tenía derecho a designar a 15 de los 182 diputados de la Asamblea, a tres de los 16 gobernadores provinciales y a dos embajadores en el extranjero. El 6 de diciembre de 2003, tras ocho años de ausencia y mientras el desarme y la desmovilización de las FDD ya estaba en marcha, Nkurunziza retornó a Bujumbura para pilotar lo que le correspondía del proceso de transición política, que no estaba, ni mucho menos, coronado.

Nkurunziza comenzó por brindar un respaldo muy oportuno a Ndayizeye, un presidente pletórico de buenas intenciones y hacendoso, pero políticamente débil. Sin embargo, a lo largo de 2004, el año en que debía concluir el período de transición, surgieron serios roces por el retraso en la aplicación del calendario pactado. Además, los dos estadistas fueron incapaces de convencer al cabeza de las FNL, Agathon Rwasa, para que liquidase su campaña insurgente y se reciclara en la política civil. En opinión de Nkurunziza, las FNL no abrazaban causa alguna y concebían la guerra no como un medio para alcanzar unos objetivos políticos, sino como un fin en sí. Por otra parte, sucedió que muchos combatientes de las FDD se pasaron al campo gubernamental solo para dirigir las armas contra la última guerrilla en activo, contraviniendo las obligaciones del acantonamiento y el decomiso bajo la supervisión de la AMIB, que el 1 de junio entregó el testigo a la Operación de Naciones Unidas en Burundi (ONUB), una misión de mantenimiento de la paz a cargo de 5.650 cascos azules y 120 policías civiles que fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 21 de mayo. Con todo, desde que Nkurunziza y su partido se incorporaron al Gobierno de transición, la situación de la seguridad en el conjunto del país mejoró considerablemente, animando a decenas de miles de refugiados a tomar el camino de vuelta.

El 6 de agosto de 2004 el ministro de Buena Gobernanza no estuvo entre los firmantes en Pretoria de un acuerdo multipartito sobre el reparto del poder tras la conclusión de la etapa transitoria. Nkurunziza justificó su ausencia de tan trascendente cita porque los días 7 y 8 tenía lugar en Gitega el III Congreso del CNDD-FDD, cónclave que supuso la transformación de la organización en partido político, así como la reelección de sus dirigentes. Sin embargo, el caso era que Nkurunziza estaba enfadado con Ndayizeye por su propuesta, luego aceptada por los presidentes de la iniciativa regional sobre Burundi, de, ante la imposibilidad de alcanzar un consenso partidista sobre el proceso constituyente, postergar a la primavera de 2005 las elecciones legislativas inicialmente previstas para el 31 de octubre de 2004.

La actitud de boicot de Nkurunziza, que ya se había expresado a las claras en mayo anterior con el anuncio de la "suspensión" de la participación de su partido en el Ejecutivo y el Legislativo porque no le gustaba cómo se estaban implementado los acuerdos de paz, arrojó más incertidumbres a una situación bastante tensa a causa de la negativa de diez formaciones protutsis, con la UPRONA a la cabeza (en noviembre, Ndayizeye iba a castigar por este motivo a Kadege destituyéndole de la Vicepresidencia, mientras que Nkurunziza no fue sancionado), a aplicar el esquema, consagrado por la nueva Constitución, de reparto de poder de acuerdo con las cuotas representativas del 60% para los hutus y el 40% para los tutsis, tanto en el Gobierno como en la Asamblea, así como determinados puntos conexos de la Carta Magna. En Pretoria, donde se congregaron delegaciones de 30 partidos, signatarios o no signatarios del Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha de 2000, estas formaciones protutsis no habían querido firmar nada.

Por fortuna para Burundi, la peligrosa crisis declarada en la recta final del período de transición en 2004 pudo ser reconducida. Presionado por los mediadores africanos, Nkurunziza se plegó al nuevo calendario electoral trazado de un día para otro por la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), que extendía en varios meses la fase transitoria: el referéndum para ratificar la Constitución permanente que debía suceder al texto interino promulgado el 1 de noviembre, el día en que debió haber expirado el período de transición de tres años, sería el 26 de noviembre (consulta que luego se trasladó al 22 de diciembre y que finalmente quedó pospuesta hasta el 28 de febrero de 2005); las elecciones a las comunas serían el 9 y el 23 de febrero de 2005 (en realidad, iban a celebrarse el 3 y el 7 de junio); los comicios a diputados y senadores tendrían lugar respectivamente el 9 y el 23 de marzo (de nuevo, no iban a poder celebrarse hasta cuatro meses después); y las elecciones presidenciales indirectas completarían la secuencia de votaciones el 22 de abril (en realidad, en agosto). En cuanto a la UPRONA y sus aliados, levantaron, a regañadientes e in extremis, su boicot procedimental a la Constitución horas antes de la entrada en vigor del texto el 1 de noviembre.

Aunque con retrasos y rodeadas de mucha desconfianza y de malos gestos políticos, las sucesivas citas con las urnas se desarrollaron a lo largo de 2005 de una manera mayormente pacífica. El proceso electoral se saldó con resultados sobresalientes para el CNDD-FDD, que colmaron las expectativas y las ambiciones de Nkurunziza, a quien decantarse en su momento por la lucha armada, la violencia, y el terror para defender los derechos de su comunidad le resultó mucho más provechoso, en términos de poder institucional, que a los pacifistas y legalistas del FRODEBU. En mayo, iniciado ya el maratón electoral, Nkurunziza tuvo un relativo gesto de magnanimidad política al aceptar que Jean-Marie Ngendahayo, un tutsi, asumiera el sensible puesto de ministro del Interior en sustitución de Simon Nyandwi, fallecido en marzo. Esta contribución a la distensión no fue espectacular, ya que, si bien extralimitaba la cuota del 40% de puestos gubernamentales reservada a los tutsis, Ngendahayo, como el hutu Nyandwi, era miembro del CNDD-FDD.

El 28 de febrero de 2005, pese a los llamamientos al no hechos por los upronistas, la Carta Magna fue respaldada por el 92% de los votantes, alcanzando la participación idéntico porcentaje. En junio, el CNDD-FDD capturó 1.781 consejeros en las elecciones para renovar las 129 comunas o municipios. Y el 4 de julio, el antiguo movimiento rebelde obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones a la Asamblea Nacional al obtener 64 de los 118 diputados con el 58,5% de los votos, seguido por el FRODEBU (el 21,7% y 30 escaños), la UPRONA (7,2% y 15), el CNDD de Léonard Nyangoma (4,1% y 4) y el Movimiento por la Rehabilitación de los Ciudadanos-Rurenzangemero (2,1% y 2). La participación en esta ocasión fue del 77,2%, y los observadores internacionales avalaron las elecciones como básicamente libres, limpias y transparentes. En la elección indirecta del Senado, el 29 de julio, el CNDD-FDD colocó 32 de los 49 puestos.

Tras conformarse el nuevo Parlamento, Nkurunziza lanzó su candidatura presidencial, a la que no le salieron rivales. Así, la elección efectuada el 19 de agosto por la Asamblea y el Senado en sesión conjunta fue más bien una investidura con tintes de aclamación: 151 legisladores votaron a favor y solo nueve en contra, más una abstención y un voto nulo. A Nkurunziza le habrían bastado 108 votos, la mayoría de dos tercios, para ser proclamado presidente.

El 26 de agosto de 2005, ante una decena de líderes africanos, Nkurunziza tomó posesión con un mandato de cinco años como el octavo presidente de la República, el quinto perteneciente a la mayoría hutu y el segundo salido de un proceso democrático. En los discursos posteriores a la proclamación y la inauguración en Bujumbura, Nkurunziza explicó que sus prioridades iban a ser "la seguridad para todos, la justicia, una verdadera democracia y el desarrollo por y para el pueblo". "La sangre vertida en esta guerra nos debe servir de lección, debemos acabar con los métodos del pasado, caracterizados por la exclusión y el favoritismo", afirmó, añadiendo que los burundeses tendrían que "cambiar de mentalidad para crear un Estado de derecho donde no haya exclusión fundada en la etnia, la procedencia o el dinero". En cuanto a él, se comprometía "a combatir toda ideología y todo acto de genocidio y exclusión, y a promover y defender los derechos individuales y colectivos, y las libertades de las personas y de los ciudadanos". Además, el flamante presidente apostaba por restringir el uso de la indumentaria formal inherente al cargo ("en nuestra cultura, cuando alguien se pone una corbata se siente un tipo poderoso y no se gana el respeto de la gente pequeña", razonó) y por dirigirse a sus gobernados "como un simple hombre".

En los días previos y posteriores a su asunción, Nkurunziza enfatizó sus deseos de traer a las FNL de Agathon Rwasa a la mesa de negociaciones para conseguir el cese definitivo de la violencia, más allá de la moribunda tregua arrancada por Ndayizeye el 15 de mayo, y su unión al proceso político, así como acelerar la repatriación de los refugiados con la ayuda de la ONU y reponer los cimientos de la economía y los servicios sociales en un país diezmado en todos los aspectos: la esperanza de vida al nacer era de 50 años, el 68% de la población vivía bajo el umbral de la pobreza, menos de la mitad de los niños estaban escolarizados y seis de cada cien adultos eran portadores del virus del sida. Con un PIB por habitante de 700 dólares (a paridad de poder adquisitivo), Burundi figuraba entre los diez países más subdesarrollados del planeta.

Nkurunziza designó el nuevo Gobierno el 29 y el 30 de agosto. Martin Nduwimana, tutsi de la UPRONA, fue nombrado vicepresidente primero y responsable de Asuntos Políticos y Administrativos, y Alice Nzomukunda, hutu del CNDD-FDD, vicepresidenta segunda, al cargo de los Asuntos Económicos y Sociales. Los otros cuatro pesos pesados del Gabinete eran Antoinette Batumubwira (tutsi, CNDD-FDD) en Exteriores, Salvator Ntacobamaze (hutu, CNDD-FDD) en Interior y Seguridad, el general Germain Niyoyankana (tutsi) en Defensa y Dieudonné Ngowembona (hutu, CNDD-FDD) en Finanzas. De los 20 ministerios, 12 fueron para el partido del presidente, tres para el FRODEBU, uno para la UPRONA, uno para el PARENA, uno para el MSP-Inkinzo y uno para el MRC-Rurenzangemero. Los otrora partidos mayoritarios, la UPRONA y el FRODEBU, se quejaron de que Nkurunziza no les había consultado en la adjudicación de las carteras y de que estaban pobremente representados en el Ejecutivo.


4. Una década en el poder con más sombras que luces: desmovilización de los últimos rebeldes y movimientos autoritarios
En el comienzo de la presidencia de Nkurunziza, Burundi afrontó su futuro inmediato con un moderado optimismo, si bien los problemas en el Gobierno de coalición, donde la UPRONA y el FRODEBU participaban aun considerándose oposición y adversarios del CNDD-FDD, comenzaron casi de inmediato. En marzo de 2006 el nuevo líder del FRODEBU, Léonce Ngendakumana, ordenó a sus tres representantes en el Gabinete que renunciaran a sus puestos para dejarle claro a Nkurunziza el rechazo del partido prohutu a sus "métodos policiales", los cuales encubrían, denunciaba Ngendakumana, una auténtica guerra sucia contra las FNL y sus simpatizantes civiles, objeto de ataques por escuadrones de la muerte integrados por antiguos combatientes de las FDD y organizados por el Servicio Nacional de Inteligencia (SNR).

Ciertamente, se estaban produciendo no pocos casos, documentados por ONG humanitarias y por el Departamento de Estado de Estados Unidos, de ejecuciones sumarias y desapariciones de sospechosos de tener vínculos con la subversión del PALIPEHUTU-FNL. Mientras negaba lo evidente, Nkurunziza lanzó al grupo de Rwasa una oferta de negociaciones en firme para poner término al conflicto armado interno, ofrecimiento que al principio fue rechazado por la guerrilla. El horizonte de la paz completa en Burundi empezó a despejarse al comenzar 2006 gracias a una serie de gestos de distensión por parte del Gobierno, que liberó a cientos de presos políticos de la comunidad hutu y, el 14 de abril, levantó el toque de queda que llevaba vigente desde las matanzas de 1972.

El PALIPEHUTU-FNL, sometido a intensas presiones internacionales, accedió finalmente a negociar con las autoridades de Bujumbura y el 18 de junio las partes, con los auspicios de los gobiernos tanzano y sudafricano, suscribieron en Dar es Salaam un acuerdo sobre el cese provisional de hostilidades, el denominado Acuerdo de Principios para la Paz Duradera, la Seguridad y la Estabilidad en Burundi. El 7 de septiembre siguiente la capital tanzana volvió a ser escenario de una reunión entre las delegaciones, que en presencia del presidente anfitrión, Jakaya Kikwete, y de sus colegas de Uganda, Museveni, y Sudáfrica, Thabo Mbeki, adoptaron un documento teóricamente determinante, el Acuerdo Global de Alto el Fuego, al que debía seguir el acantonamiento, desarme, desmovilización e integración de los 3.000 efectivos rebeldes en la Fuerza de Defensa Nacional. Entre los que hicieron un diagnóstico positivo de la situación estaba la ONU, que el último día del año clausuró su operación de mantenimiento de la paz, la ONUB, para sustituirla por una mucho más modesta Oficina Integrada en Burundi de las Naciones Unidas (BINUB).

Sin embargo, la clausura de este epílogo de la guerra civil aún iba a demorarse dos años. Las violencias entre facciones rivales de las FNL retrasaron la aplicación de los acuerdos de Dar es Salaam y, más grave aún, entre abril y mayo de 2008 la guerrilla, con el pretexto de que el Gobierno no estaba haciendo honor a sus compromisos, dirigió una serie de bombardeos y ataques contra Bujumbura y sus alrededores, provocando un centenar de muertos. Nkurunziza dijo mantenerse perseverante en su apuesta por la paz y solicitó el auxilio de la comunidad internacional. El Gobierno tanzano respondió a este llamado lanzando un ultimátum a las FNL para que procedieran sin más evasivas al abandono de las armas so pena de ser expulsadas de sus bases de retaguardia en el país vecino. A finales de mayo, Rwasa sucumbió a las advertencias y puso término a su exilio, presentándose en Bujumbura con promesas de sometimiento al alto el fuego.

El 4 de diciembre de 2008, por fin, una cumbre de presidentes de la Región de los Grandes Lagos sobre el Proceso de Paz en Burundi selló el arreglo definitivo. Nkurunziza anunció la liberación de los presos políticos y los prisioneros de guerra, y la concesión de puestos gubernamentales a 33 mandos de la guerrilla. Rwasa, por su parte, aceptó solicitar para su organización el registro como partido político bajo la denominación única de FNL, sin el acrónimo PALIPEHUTU, con arreglo al punto de la Constitución que prohibía cualquier sesgo etnicista en el funcionamiento de los partidos políticos. En abril de 2009 Rwasa hizo entrega de su fusil de guerrillero en una ceremonia que simbolizó su conversión en político legal. Ese mismo mes, uno de los antiguos comandantes de las FDD, Godefroid Niyombare, se convirtió en el primer hutu al mando del Estado Mayor General de la Fuerza de Defensa Nacional.

La conclusión de la guerra civil no suponía pasar por alto, había recalcado la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, los masivos crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cometidos en los años del conflicto. En mayo de 2007 Nkurunziza había aceptado poner en marcha un Tribunal Especial para investigar las peores violaciones y perseguir a sus autores, pero luego el Gobierno no dio ningún paso encaminado a constituir la corte, cuya composición muy difícilmente podía poner de acuerdo a los partidos burundeses. Los Acuerdos de Arusha de 2000 ya previeron la creación de una Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación y de un Tribunal Penal Internacional para Burundi, dos instituciones esenciales que el período de transición finalizado en 2005 había dejado en el tintero.

La extinción, al cabo de un tortuoso proceso, del último foco de rebelión interna heredado de los ciclos de violencia de las décadas de los ochenta y noventa reportó valiosos réditos a Nkurunziza, que obtuvo la condonación total de la deuda de 134 millones de dólares contraída con los gobiernos del Club de París y que lanzó un programa de reconstrucción de las provincias más afectadas por la guerra con financiación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El presidente se interesó también, junto con la República Democrática del Congo y Rwanda, por las posibilidades comerciales que ofrecía la Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos (CEPGL), organización subregional que remontaba su existencia a 1976 pero que los sucesivos conflictos bélicos en la zona habían convertido en inoperativa.

La búsqueda por Nkurunziza de visibilidad y nombradía internacionales le llevó a implicarse de manera decidida en la pacificación de Somalia con más de 5.000 soldados asignados a la Misión de la Unión Africana, la AMISOM, que fue diseñada tomando como referente la AMIB de 2003-2004. En diciembre de 2007 la avanzadilla burundesa, con soporte logístico y equipamiento de Francia y Estados Unidos, empezó a desplegarse en Mogadiscio para proteger a la capital de los embates guerrilleros y terroristas de la organización jihadista Al Shabaab. Sin embargo, las tropas despachadas por Bujumbura iban a pagar un altísimo precio, al cebarse en ellas las sangrientas acometidas de Al Shabaab: hasta 2015, el contingente burundés, el segundo más numeroso por detrás del ugandés, iba a sufrir más de 400 bajas mortales en un sinfín de atentados suicidas, escaramuzas y combates, cifra que suponía cuatro quintas partes del total de bajas de la AMISOM, donde participaban también, además de Uganda, Etiopía, Kenya, Djibuti, Sierra Leona, Nigeria y Ghana. En septiembre de 2009 uno de estos ataques costó la vida al general Juvenal Niyoyunguruza, quien era el subcomandante de la AMISOM, supeditado al ugandés Nathan Mugisha.

En cuanto al curso político institucional, Nkurunziza no dejó de dar pasos conducentes a consolidar su poder personal, con las consiguientes acusaciones de autoritarismo. Particular inquietud causó la temprana propensión del núcleo duro del oficialismo a anunciar la desarticulación de complots de más que dudosa especie. En agosto de 2006 el ex presidente Ndayizeye, quien seguía siendo un dirigente del FRODEBU, fue arrestado bajo la acusación de estar implicado en una supuesta conspiración golpista abortada a principios de año. Ndayizeye, al que previamente le habían retirado el fuero de senador, negó rotundamente la imputación y en enero de 2007 quedó absuelto del cargo junto con otros cuatro acusados; uno de ellos era el ex vicepresidente de la UPRONA Alphonse Marie Kadege, al que torturaron mientras estuvo preso y que una vez libre se apresuró a escapar del país. Dos inculpados, Alain Mugabarabona, el antiguo comandante disidente de las FNL, y Tharcisse Ndayishimiye, fueron hallados culpables y condenados respectivamente a 20 y 15 años de cárcel. También ellos aseguraron haber sufrido torturas, para que firmasen una confesión de incriminación.

La detención de Ndayizeye bajo acusaciones poco creíbles y probablemente espurias causó malestar en el ala más moderada del propio partido de Nkurunziza, el CNDD-FDD. En septiembre de 2006 la vicepresidenta segunda de la República, Alice Nzomukunda, presentó la dimisión por este hecho y por el panorama general de violaciones de los Derechos Humanos y corrupción. Su sustituta, Marina Barampama, también hutu del CNDD-FDD, fue cesada por Nkurunziza a los seis meses, en febrero de 2007, por haberse puesto del lado de Hussein Radjabu, al que un congreso extraordinario del partido acababa de desplazar de la presidencia orgánica, reemplazándole por Jeremy Ngendakumana, entre acusaciones de abuso de poder. Los observadores de la política burundesa tuvieron claro que Nkurunziza deseaba desembarazarse de Radjabu, quien al cabo de dos meses fue arrestado y llevado a juicio por haber organizado una "rebelión armada" y haber insultado al jefe del Estado llamándole "botella vacía", es decir, borracho. En abril de 2008 Radjabu fue sentenciado a 13 años de prisión.

En estas circunstancias, llamó la atención la continuidad del compromiso de la UPRONA con su participación en el Ejecutivo, si bien en agosto de 2007 el partido que encabezaba Aloys Rubuka censuró la labor que venía desempeñado su vicepresidente primero, Nduwimana. Este fue expulsado de la UPRONA y en noviembre siguiente hubo de renunciar a su puesto gubernamental. Barampama y Nduwimana dejaron paso a Gabriel Ntisezerana e Yves Sahinguvu. Hasta el final del primer período presidencial de Nkurunziza, estos fueron respectivamente el vicepresidente segundo para Asuntos Económicos y Sociales, amén de hutu del CNDD-FDD, y el vicepresidente primero para Asuntos Políticos y Administrativos, así como tutsi de la UPRONA. Por lo demás, Nkurunziza aprovechó el relevo de Nduwimana por Sahinguvu para hacer una importante remodelación del Gabinete, formado por 19 ministros y siete viceministros. El cambio de Gobierno tuvo la virtud de cerrar la crisis parlamentaria iniciada en julio debido al rechazo de los partidos de la oposición, en particular el FRODEBU que dirigía Léonce Ngendakumana, a la anterior composición ministerial, considerada excluyente y anticonstitucional.

En este conflicto en particular, Nkurunziza cedió. Sin embargo, la madeja de recelos, desacuerdos y acusaciones no se desembrolló. Así, en febrero de 2008 el FRODEBU suspendió su participación en la Asamblea Nacional como protesta por los intentos del CNDD-FDD de despojar a Alice Nzomukunda, recién expulsada de sus filas, del puesto de vicepresidenta de la Cámara. La cuenta atrás para las trascendentales elecciones presidenciales directas del 28 de junio de 2010, a las que Nkurunziza se presentaba buscando la reelección, quedó ensombrecida por el arresto, en enero, de una docena de soldados y un oficial del Ejército, tanto hutus como tutsis, bajo la acusación de estar tramando un golpe de Estado.

El clima de intimidación y la impresión de que el poder no estaba jugando limpio y preparaba un fraude como el que según ellos -pero contrariamente al dictamen de los observadores internacionales- se había producido en los comicios municipales de mayo, empujaron a Agathon Rwasa, el líder de las FNL, considerado el adversario más fuerte de Nkurunziza, al vicepresidente de la UPRONA, Sahinguvu, y al resto de postulantes opositores a retirarse del proceso electoral. Esta desbandada general de la oposición puso en bandeja la victoria de Nkurunziza, ganador de un segundo mandato de cinco años con el 91,6% de los votos. El 8,4% restante provino de los votos computados como validos y con la opción de Nkurunziza marcada, pero metidos por los electores en un sobre distinto de color negro, fórmula de rechazo explícito a un candidato que hacía del burundés un sistema electoral único en el mundo. La CENI dejó la cifra de participación en el 77%.

Nkurunziza negó cualquier responsabilidad por este formidable revés para el pluralismo en Burundi, mientras que Rwasa, frustrado y temeroso por su integridad, se esfumó y, tal como indicó desde su paradero no revelado, probablemente la República Democrática del Congo, "desapareció de la circulación". Su partido, las FNL, boicoteó las elecciones legislativas que tuvieron lugar poco después, el 23 de julio, postura que fue imitada por el FRODEBU, pero no por la UPRONA. Sin sorpresas, el CNDD-FDD, única formación hutu importante que concurría, vio ascender su cuota en la Asamblea hasta los 81 diputados. La UPRONA se quedó con 17 puestos y una escisión del FRODEBU favorable a Nkurunziza, el FRODEBU-Nyakuri, obtuvo cinco actas. Como en 2005, tres escaños fueron reservados a la minoría étnica twa, del grupo pigmeo.

El 26 de agosto de 2010 Nkurunziza prestó juramento para un segundo mandato quinquenal, primero con soporte en el voto directo de los burundeses y teóricamente el último, si bien el artículo 96 de la Constitución no dejaba del todo zanjada esta cuestión, pues el mismo decía textualmente que "el presidente de la República es elegido por sufragio universal con un mandato de cinco años renovable una vez". Además, la Carta Magna incluía una provisión excepcional, el artículo 302, que establecía precisamente la fórmula de la elección indirecta del primer presidente del período post-transición. Una lectura interesadamente literal de estos artículos podía dar pie al oficialismo para sostener que el período 2005-2010 no contaba para la limitación de los mandatos presidenciales a dos, lo que supondría abrir un conflicto Gobierno-oposición de incalculables consecuencias. Esto era exactamente lo que iba a suceder cinco años más tarde.

En su segunda toma de posesión, Nkurunziza, que pasaba a estar flanqueado por el upronista Therence Sinunguruza en la Vicepresidencia Primera y por el miembro del CNDD-FDD Gervais Rufyikiri en la Vicepresidencia Segunda, certificó el cumplimiento de las promesas hechas en la campaña electoral y que se referían a la consolidación de la paz, la creación de un clima de seguridad, la reconstrucción de las infraestructuras públicas, la promoción de las economías rurales y la lucha contra la pobreza. No faltó la habitual consigna de la "tolerancia cero" con la corrupción. Al cumplirse el primer lustro del período post-transición, la sensación general era que en Burundi, más allá del final de la guerra civil y la instalación de instituciones constitucionales democráticas, casi todo estaba por hacer. Sin ir más lejos, seguía pendiente de formarse la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), llamada a realizar el mandato esclarecedor no asumido por la ya existente Comisión de Notables para la Unidad Nacional y la Reconciliación, órgano de tipo consultivo que a diferencia de aquella sí tenía fundamento constitucional. En julio de 2011, el mismo mes en que unos desconocidos prendieron fuego a una plantación de piñas de su propiedad en el área sureña de Musongati, el presidente volvió a pronunciarse sobre el establecimiento de la CVR, que tendría lugar en 2012. Ese año terminó y de la inauguración del organismo contemplado por los Acuerdos de Arusha de 2000 siguió sin saberse nada.

El segundo mandato presidencial de Nkurunziza, quien de puertas al exterior jugaba las cartas de actor estabilizador de los conflictos que sacudían la República Democrática del Congo y la República Centroafricana, fue adquiriendo unos tintes cada vez más ominosos. En noviembre de 2011 organizaciones humanitarias informaron que solo en los últimos cinco meses habían perecido más de 300 personas, entre agentes del orden, miembros de la oposición y antiguos guerrilleros de las FNL, así como muchos ciudadanos sin vinculaciones políticas claras, en la secuencia de ataques, sabotajes y tiroteos que, un día sí y otro también, se sucedía en todo el país. El Gobierno dominado por el CNDD-FDD, partido que en marzo de 2012 pasó a estar presidido por Pascal Nyabenda, contribuía a caldear el ambiente con sus redadas de presuntos subversivos y delincuentes al amparo de la legislación sobre seguridad y con sus disposiciones fuertemente restrictivas de la libertad de prensa. Las operaciones represivas se cebaron en el Movimiento por la Solidaridad y la Democracia (MSD), acusado por el Ejecutivo de instigar una rebelión armada.

En marzo de 2014, al tiempo que el presidente del MSD, Alexis Sinduhije, quien ya había conocido los calabozos del régimen años atrás y que quería presentarse a las presidenciales de 2015, recibía una orden de arresto, Nkurunziza sufrió un raro revés político al estrellarse en la Asamblea, donde se requerían 85 votos, es decir, mayoría de cuatro quintos, un paquete de reformas constitucionales diseñado por el Ejecutivo y que, como novedades de calado, iba a suponer la abolición de las dos vicepresidencias de la República, la restitución del puesto de primer ministro (ocupado por última vez por el upronista Pascal-Firmin Ndimira en 1998), que no estaría reservado a grupo étnico alguno sino que saldría de la mayoría parlamentaria de turno, y la retirada de la cláusula alusiva a las elecciones presidenciales indirectas de 2005.

Cuando el Ejecutivo informó de sus planes, la UPRONA y el Foro para el Refuerzo de la Sociedad Civil en Burundi (FORSC), que agrupaba a 200 organizaciones, denunciaron que este cambio del diseño institucional daría un golpe mortal al preciso equilibrio de poderes construido sobre el consenso interétnico, cual era el principal pilar de la transición post-conflicto. De hecho, el Gobierno pretendía retirar de la Ley Fundamental todas las referencias al Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha de 2000. La oposición al completo alertó que suprimir el artículo 302 abriría las puertas a la habilitación de una candidatura presidencial en 2015 de Nkurunziza, quien ciertamente ya se había declarado dispuesto a dar ese paso, siempre que las instituciones republicanas se lo permitieran. Ahora, el resultado de la votación parlamentaria fue saludada por aquellos colectivos como una "victoria de la democracia" en Burundi.

La cuestión de la reforma constitucional llevó las tensiones entre el CNDD-FDD y la UPRONA a un punto álgido en los primeros meses de 2014. El 29 de enero el Ministerio del Interior, amparándose en un auto del Tribunal Supremo, destituyó a Charles Nditije como presidente del partido. Dos días después, Bernard Busokoza, el vicepresidente primero de la República miembro de la UPRONA y quien había reemplazado al dimitido Sinunguruza en octubre de 2013, salió a anular la medida del ministro Edouard Nduwimana, uno de los principales halcones del CNDD-FDD, con el argumento de que se trataba de un acto arbitrario que se injería en los asuntos internos de un partido legal. Airado por este posicionamiento, Nkurunziza destituyó a Busokoza el 1 de febrero, mientras que Nditije ordenó a los tres ministros de su grupo que abandonaran el Gobierno. La pendencia se saldó a favor de Nkurunziza al hacerse con las riendas del antiguo partido único una facción no beligerante liderada por Concilie Nibigira, quien negoció con el presidente la cobertura de los cuatro puestos vacantes. Así, el 14 de de febrero el nuevo vicepresidente primero pasó a ser Prosper Bazombanza, del ala pro-Nkurunziza de la UPRONA.

En abril, los diputados de la UPRONA, rebelados contra Nibigira y Bazombanza, boicotearon la aprobación por la Asamblea de la ley que establecía, por fin, la CVR. Su misión iba a ser examinar todos los crímenes políticos cometidos desde la independencia en 1962, una tarea ingente que, de acometerse, podría suponer un escrutinio superficial de los crímenes perpetrados entre 1993 y 2015, más cercanos en el tiempo y con implicaciones políticas potencialmente muy embarazosas para el CNDD-FDD. En octubre, el líder del FRODEBU y de la coalición de partidos opositores Alianza de Demócratas por el Cambio (ADC-Ikibiri), Ngendakumana, fue castigado por un tribunal a un año de prisión como reo de un delito de calumnias, por haber dicho que la emisora de radio del CNDD-FDD, Rema FM, era el equivalente burundés de la infame Radio Télévision Libre des Mille Collines rwandesa durante el genocidio de 1994, y que la organización juvenil del partido de Nkurunziza, los Imbonerakure, evocaba a los Interahamwe, los paramilitares extremistas hutus del régimen de Juvénal Habyarimana en el país vecino.


5. El drástico retroceso de 2015: golpe de Estado fallido, reelección presidencial abusiva y escalada de enfrentamientos armados entre el régimen y la oposición
El 25 de abril de 2015, tal como se esperaba, un congreso especial del CNDD-FDD nominó a Nkurunziza como su candidato presidencial en las elecciones de junio. La proclamación, que obtuvo el respaldo del ala de la UPRONA sentada en el Gobierno, desató una furibunda protesta en Bujumbura, donde miles de simpatizantes de los partidos de la oposición, desafiando la prohibición de las autoridades, salieron a manifestarse con expresiones de violencia, encontrando la respuesta contundente de la Policía antidisturbios. Desde Estados Unidos, la Administración del presidente Obama, el cual había recibido a su homólogo burundés en la Casa Blanca en agosto de 2014, exhortó a Nkurunziza a que abandonara su plan del tercer mandato para no comprometer la estabilidad del país.

Las refriegas se recrudecieron el 5 de mayo, luego de que el Tribunal Constitucional, en medio de denuncias de que varios jueces discrepantes estaban siendo objeto de amenazas e intimidaciones para que colaboraran con los designios del Ejecutivo, avalara el envite reeleccionista del jefe del Estado haciendo la interpretación jurídica de que el mandato recibido del Parlamento en 2005 se situaba al margen del artículo 96 de la Constitución. Más de 30.000 burundeses habían huido ya a Rwanda, Tanzania y la República Democrática del Congo huyendo de la ola de violencia, cuyo balance provisional de víctimas mortales rozaba la veintena.

El 13 de mayo Nkurunziza se encontraba en Dar es Salaam, participando en una cumbre extraordinaria de la Comunidad Africana Oriental (CAO) convocada precisamente para analizar la preocupante situación en su país, cuando desde Bujumbura le llegó la noticia de que el general Godefroid Niyombare, el antiguo comandante de las FDD devenido jefe del Estado Mayor, al que él había destituido en febrero anterior como director del Servicio Nacional de Inteligencia por mostrarse desafecto, acababa de anunciar su destitución presidencial, la disolución del Gobierno, el establecimiento de un "Comité de Salvación Nacional" con carácter "temporal" y la próxima formación de un "Gobierno de transición" surgido de un diálogo entre los principales sectores de la sociedad civil. Según Niyombare, quien decía hablar en nombre del Ejército y de las "masas populares", Nkurunziza no podía seguir siendo el presidente porque había "violado l