Carlos Andrés Pérez Rodríguez

La historia de Venezuela en el último cuarto del siglo XX tiene un referente ineludible en Carlos Andrés Pérez (1922-2010), político precoz y carismático, resistente contra la dictadura perezjimenista, colaborador de Rómulo Betancourt y miembro original del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD). Su primera presidencia, entre 1974 y 1979, se caracterizó por el manejo populista de los ingentes ingresos petroleros, la estatalización de las industrias del hierro y los hidrocarburos (con la creación del monopolio PDVSA), la prosperidad consumista y la búsqueda de prestigio e influencia internacionales, que obtuvo. En 1989 CAP regresó al poder, pero para afrontar un panorama radicalmente distinto, por sombrío y hostil. Su inmediato plan de ajuste para estabilizar una economía malparada por la inflación y la deuda externa provocó el violentísimo Caracazo, y en 1992 hubo de sortear dos intentos de golpe militar, el primero encabezado por un entonces desconocido teniente coronel de paracaidistas con ideas bolivarianas llamado Hugo Chávez. En 1993, como colofón a su accidentada segunda presidencia, Pérez, quien se erigiera en símbolo de la legalidad constitucional, fue procesado por la Corte Suprema bajo la acusación de corrupción, para finalmente, cinco meses antes de expirar su mandato electoral, ser destituido por el Congreso.

( Texto actualizado hasta enero 2012)

1. Temprano militante adeco y discípulo de Betancourt
2. La primera presidencia: bajo el boom del petróleo
3. Prodigalidad en el gasto y prestigio internacional
4. El arranque traumático de la segunda presidencia: crisis económica y estallido social
5. Del golpismo chavista a la destitución por el Congreso
6. Imputaciones judiciales, enfermedad y defunción


1. Temprano militante adeco y discípulo de Betancourt
Penúltimo de los doce hijos tenidos por el matrimonio formado por Antonio Pérez, oriundo de Colombia, y Julia Rodríguez, los dos modestos cultivadores de café tachirenses, estudió en el Colegio María Inmaculada de los Padres Dominicos de su localidad natal, Rubio, cerca de la frontera colombiana, y luego en el Liceo Andrés Bello de Caracas, a donde la familia marchó a vivir en 1935. Completado el bachillerato en la rama de Filosofía, en 1944 se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), pero su temprano compromiso político de signo izquierdista le apartó pronto de las aulas.

Ya en 1938, siendo apenas un adolescente, Pérez estuvo entre los fundadores de la Asociación Juvenil Venezolana y se incorporó al Partido Democrático Nacional (PDN), creado el año anterior por el abogado y periodista Rómulo Betancourt Bello para oponerse a la dictadura del general Eleazar López Contreras. Cuando el 13 de septiembre de 1941 la formación adquirió el nombre de Acción Democrática (AD), el muchacho siguió vinculado a una agrupación que profesaba un ideario socialista no marxista y que poco después iba a ser pionera en la introducción de la socialdemocracia en América Latina. El 18 de octubre de 1945 una Junta Revolucionaria de Gobierno cívico-militar presidida por Betancourt derrocó el régimen del general Isaías Medina Angarita. Entonces, Pérez fue llamado por su mentor, quien le sacaba 14 años, para asistirle como secretario privado y secretario del Consejo de Ministros. El futuro estadista sólo tenía 23 años recién cumplidos.

Ejemplo de máxima precocidad política gracias al apadrinamiento de un gobernante, Pérez fue elegido en 1946 diputado de la Asamblea Legislativa del estado Táchira y en 1947 diputado de la Cámara baja del Congreso por la misma circunscripción federal. En el golpe de estado militar del 24 de noviembre de 1948 contra el recién elegido presidente adeco, el literato Rómulo Gallegos Freire, Pérez y otros militantes del partido y oficiales del Gobierno intentaron establecer en Maracay un contrapoder en nombre del mandatario legítimo, pero la Junta golpista integrada por los militares Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez, y por el civil Germán Suárez Flamerich sofocó rápidamente toda resistencia. El joven permaneció encarcelado en Caracas hasta 1949, cuando fue expulsado del país.

Acompañado por su esposa Blanca Rodríguez, una prima carnal matrimoniada el año anterior y con la que iba a tener seis hijos –cinco chicas y un varón-, Pérez emprendió un exilio de una década de duración que repartió entre Colombia, Panamá, Cuba y Costa Rica, país este último donde durante un lustro fue editor jefe del diario La República. En 1952 regresó clandestinamente a Venezuela para establecer células de resistencia a la dictadura personal de Pérez Jiménez, pero no tardó en ser capturado; confinado por un tiempo en Puerto Ayacucho, el opositor obtuvo la libertad de nuevo antes de poder reunirse en La Habana con Betancourt. Tras la caída del dictador en el movimiento cívico-militar del 23 de enero de 1958, maestro y discípulo volvieron al país con la misión de reorganizar el partido y prepararlo para las elecciones democráticas convocadas por la Junta de Gobierno que presidía el vicealmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto. En los comicios del 7 de diciembre Betancourt se hizo con la Presidencia de la República y AD ganó la mayoría en el Congreso. Uno de los escaños de la Cámara de Diputados fue para Pérez, en representación de Táchira, mandato que iba a renovar en sucesivas ediciones electorales hasta 1974.

Siempre en el círculo de confianza del líder adeco, Pérez fue nombrado por Betancourt director general del Ministerio de Relaciones Interiores en 1960 y titular de la misma cartera en 1961. Como tal, Pérez reprimió contundente y exitosamente a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), guerrilla guevarista creada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y fomentada desde fuera por la triunfante revolución cubana, así como al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que era una escisión de extrema izquierda de la propia AD lanzada a la subversión armada al hilo del enfrentamiento ideológico y personal entre Betancourt y Fidel Castro.

En 1963 el ala moderada de AD impuso como candidato para suceder a Betancourt a Raúl Leoni Otero, que obtuvo la Presidencia en las elecciones del 1 de diciembre y tomó posesión del cargo el 11 de marzo de 1964. Durante el quinquenio de Leoni, Pérez, cuyas ambiciones políticas apuntaban a lo más alto, no ocupó ningún puesto en el Ejecutivo y hubo de conformarse con la jefatura del grupo parlamentario de AD. En 1968 se hizo con la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del partido y, así reforzado en el liderazgo adeco, se erigió en fustigador de Rafael Caldera Rodríguez, el líder del Partido Socialcristiano (COPEI) y vencedor en las elecciones presidenciales del 1 de diciembre de aquel año sobre Gonzalo Barrios, uno de los dirigentes fundadores de AD.


2. La primera presidencia: bajo el boom del petróleo
Con el apoyo de Betancourt, que atajó los rumores que auguraban su retorno al primer plano de la política, AD postuló a Pérez para recuperar el poder en las elecciones del 9 de diciembre de 1973. Enérgico, extrovertido y jovial, el tachirense desarrolló una campaña triunfalista y centró su programa electoral en el debate del momento: el total control por el Estado de la extraordinaria riqueza petrolera, que había hecho de Venezuela el país de América del Sur con los mayores ingresos por habitante. Una de las ideas del candidato que más impactó al público fue la concepción del petróleo como el instrumento de presión de las naciones en desarrollo para arrancar del primer mundo desarrollado un orden económico internacional más justo, que democratizara el acceso a las nuevas tecnologías y librara de hipotecas a los esquemas de desarrollo que cada país quisiera implantar de acuerdo con sus especificidades.

El lema acuñado por Pérez Democracia con Energía hizo fortuna, y el ya popularmente conocido como CAP (por las iniciales de su nombre compuesto y apellido) se impuso con el 48,7% de los votos válidos al candidato del oficialismo copeyano, Lorenzo Fernández, que obtuvo el 36,7%. A mucha mayor distancia quedaron Jesús Ángel Paz Galarraga, del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP, una escisión izquierdista de AD) y apoyado por el PCV, José Vicente Rangel Vale, por el Movimiento al Socialismo (MAS) y apoyado por el MIR, y el veterano Jóvito Villalba Gutiérrez, líder de la centroderechista Unión Republicana Democrática (URD). Además, AD salió triunfante de las elecciones a las dos cámaras del Congreso y de la mayoría de los comicios a las asambleas legislativas de los estados y los concejos municipales. La participación en las presidenciales, elevadísima, alcanzó el 96,5% del censo.

La toma de posesión del 12 de marzo de 1974, con un mandato de cinco años y en sustitución de Caldera, no pudo celebrarla Pérez en unas circunstancias más propicias para sus propuestas energéticas, que dieron pábulo a un optimismo desaforado. A raíz de la guerra de Yom Kippur de octubre de 1973, los países árabes, con Arabia Saudí a la cabeza, arrastraron al conjunto de la OPEP a una política sin precedentes de reducción progresiva de las cuotas de producción para castigar a los países consumidores que habían apoyado a Israel en la contienda contra Egipto y Siria. En los cinco meses transcurridos entre una y otra fecha (el cambio de Gobierno en Venezuela coincidió con el levantamiento del embargo petrolero de los países árabes a Estados Unidos), el precio promedio del barril de crudo en el mercado internacional se triplicó, pasando de los 3,5 a los 10 dólares. Países que, como Venezuela, eran ajenos a las vindictas de Oriente Próximo, se encontraron en sus manos, prácticamente de la noche a la mañana, con un colosal capital en divisas de exportación.

Pérez, con los poderes extraordinarios que en mayo de 1974 le concedió el Congreso dominado por su partido y apoyado en un amplio respaldo social, lo que le aseguró pleno margen político para gobernar libre de componendas, ejecutó de inmediato su programa económico, muy ambicioso y de cariz fuertemente nacionalista y social, con los objetivos de alcanzar el pleno empleo, elevar y consolidar el poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, y distribuir de una manera más equitativa la renta nacional, ahora disparada gracias al petróleo. El programa se ceñía a los patrones entonces en boga del desarrollismo a ultranza y ponía el acento en el sector secundario, ignorando los criterios liberales sobre el manejo cuidadoso de los recursos financieros, los cuales, a tenor de la coyuntura petrolera, el Gobierno y muchos fuera de él estimaban inagotables. En cuanto a la corrupción administrativa y la ineficiencia de la función pública, Pérez declaró que había que acabar con ambos lastres antes de que se convirtieran "en un sistema de vida" en Venezuela.

De entrada, el mandatario estableció una política de fuertes inversiones en grandes complejos industriales y en transformaciones de estructuras agrarias con cargo a sendos fondos especiales nutridos por la renta petrolera. La estatalización de la economía tomó cuerpo con la nacionalización de la industria del hierro, decretada el 16 de diciembre de 1974 e inaugurada el 1 de enero de 1975 con el izado simbólico de la bandera nacional en el Cerro Bolívar, uno de los yacimientos ferrosos más ricos del mundo. Dando cumplimiento a una histórica aspiración nacional, el 21 de agosto de 1975 el Congreso aprobó la mal llamada ley de nacionalización del petróleo. Firmada por Pérez el 29 de agosto y vigente desde el 1 de enero de 1976, la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, que tal era su nombre oficial, supuso la retrocesión al Estado "por razones de conveniencia nacional" de todas las obras, trabajos y servicios relacionados con la explotación y comercialización de los hidrocarburos, tanto los pozos de extracción como las estructuras relacionadas con su tratamiento y transporte, ya fueran oleoductos, refinerías o terminales de embarque. Como consecuencia, todas las concesiones a compañías privadas quedaron extinguidas.

La reserva al Estado de la industria y el comercio de los hidrocarburos -que no la soberanía sobre los bienes naturales en sí, jurídicamente sobreentendida aunque hasta ahora más bien ficticia-, ya había estado prevista por la Ley de Reversión aprobada en 1971 bajo el Gobierno de Caldera, pero aquella norma demoraba el nuevo estatus hasta 1983. A través de la Comisión Presidencial para la Reversión del Petróleo, la Administración Pérez estableció el monopolio estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), el cual, a modo de un holding, respetó lo esencial de las estructuras de las 14 compañías privadas afectadas por la reversión, integrándolas en su seno como cuatro divisiones operativas. Las antiguas concesionarias extranjeras fueron convenientemente indemnizadas.

Con la asunción de la plena soberanía sobre los hidrocarburos y, por ende, de la capacidad para decidir las políticas de producción y de precios, el Estado venezolano puso remate a una larga batalla con las corporaciones privadas que desde el final de la Segunda Guerra Mundial había registrado cuatro grandes hitos precursores: la captación del 50% de la renta petrolera en concepto de impuestos (el famoso principio del fifty-fifty, de enorme trascendencia internacional al ser imitado sucesivamente por los demás países productores) en 1948; la elevación de esta participación estatal al 65% en 1958; la creación de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y de la misma OPEP, una iniciativa de Betancourt, en 1960; y, ya en el quinquenio de Caldera, la nacionalización de la industria del gas.

El V Plan Nacional para el período 1976-1980 apostó por un programa de grandes proyectos industriales, fundamentalmente tres: la ampliación de la Siderurgia del Orinoco (Sidor) y del resto de facilidades del vasto complejo extractivo de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar; la creación de nuevas plantas de refinado de bauxita y fundición de aluminio; y el acometimiento de diversas obras hidroeléctricas en los caudalosos afluentes del Orinoco. El V Plan Nacional contemplaba inversiones por un total de 53.000 millones de dólares al cambio. Teniendo presente además que los recursos pesqueros aún se hallaban sin explotar (si bien la declaración en 1978 como "zona económica exclusiva" de 500.000 km² de mar Caribe preparó el camino para esa meta), tamaña intervención del Estado en la estructura económica indicó la determinación de Pérez de sacar el mayor partido posible de las inmensas riquezas de un país especialmente agraciado por la naturaleza. Es más, el presidente redujo deliberadamente las exportaciones petroleras para propiciar la elevación de los precios y alargar todo lo posible la duración de este recurso no renovable.

En otro orden de cosas, sus desvelos para la protección del medio ambiente y la introducción de un modelo de desarrollo sostenible que incorporase una sensibilidad ecológica, bastante pionero en aquella época, le hicieron merecedor en 1975 del premio Earth Care, otorgado por primera vez a un jefe de Estado latinoamericano.


3. Prodigalidad en el gasto y prestigio internacional
Ahora bien, la euforia petrolera que se apoderó de la llamada Venezuela Saudita no ocultó la realidad, suscitando voces de preocupación ya antes de concluir el período presidencial, de una gestión desordenada, poco atinada e incluso frívola de la riada de millones de dólares que afluía a las arcas del Estado. El voluntarismo y la audacia desarrollista de Pérez se enfangaron en la burocracia, la pobreza de los recursos humanos y la corrupción, que medró con voracidad. En el sector no estatal, las inversiones tuvieron un carácter especulativo, en negocios inmobiliarios y financieros, y el propio presidente, sucumbido al populismo con tintes caudillistas, estimuló las subvenciones y las prebendas, y lanzó un faraónico programa de obras públicas y adquisición de equipamientos industriales cuya utilidad real resultaba más que dudosa.

El programa de inversiones del Gobierno se fundó en la expectativa de la prosecución a buen ritmo del encarecimiento del petróleo, pero entre septiembre de 1976 y enero de 1979 el precio del barril sólo subió mínimamente, de los 14 a los 15 dólares. Para no recortar el gasto presupuestado y quedar en evidencia ante la población, Pérez recurrió a los créditos de la banca privada internacional, cargando de deudas al Estado y agravando el déficit de la balanza de pagos, cuando a priori la excepcional recaudación fiscal debía generar suficientes recursos propios como para eludir la financiación externa. Esta situación tampoco fue óbice para que el mandatario, deseoso de potenciar el ascendiente internacional del país, concediera a su vez, a través del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), créditos blandos y diversas ayudas a estados vecinos del Caribe, América Central y el área andina, con lo que Venezuela adquirió la doble condición, un tanto anómala, de país deudor y prestamista.

El gobernado por CAP terminó convirtiéndose en un país de extremas paradojas. Por ejemplo, pese a suministrar una de las gasolinas más baratas del mundo y pese a disponer de uno de los suelos más fértiles también, Venezuela se veía obligada a importar el 80% de los alimentos que consumía, a precios también subsidiados, porque su agro, ignorado por el Gobierno y desatendido por un campesinado emigrado a las ciudades, apenas producía. La segunda mitad de los setenta fueron unos años de fuerte crecimiento del PIB, de la renta per cápita y del coste de la vida, pero las bases de todo este progreso y bienestar eran engañosas. Las funestas consecuencias de la política dilapidadora de quien había prometido "administrar la abundancia con una mentalidad de escasez" se iban a apreciar mejor a largo plazo, aunque en 1979 ya quedaba claro que el viejo enunciado de "sembrar el petróleo" estaba teniendo una ejecución cuando menos dudosa y que el país no había estado preparado para administrar cabalmente la avalancha de petrodólares.

El nacionalismo económico de Pérez se expresó también, y muy brillantemente, en la política exterior. Si Betancourt estableció la doctrina de no tener tratos con gobiernos dictatoriales y totalitarios sin importar su signo, tanto si eran de derecha como de izquierda, y Caldera apeló a la "solidaridad con el pluralismo ideológico" para basar su nuevo pragmatismo diplomático, el tachirense abrazó con entusiasmo la defensa de cualesquiera causas progresistas y tercermundistas en los cinco continentes. Siguiendo los pasos de Perú, Argentina y Panamá, Venezuela restableció las relaciones diplomáticas con Cuba el 29 de diciembre de 1974, tras trece años de ruptura. Poco antes, la decisión de la Administración republicana de Estados Unidos de excluir a Venezuela, al igual que a otros países de la OPEP, del Sistema General de Preferencias Arancelarias fue tachada de afrentosa e injusta por Pérez, que recordó que su país no había dejado de suministrar petróleo a la potencia norteamericana cuando los árabes llamaron a embargar los envíos de crudo a los países occidentales con una diplomacia proisraelí.

Su oposición vehemente a la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua, su amistad con el panameño Omar Torrijos, apoyándole en las negociaciones con Estados Unidos para la devolución del Canal de Panamá, o sus declaraciones con el presidente mexicano Luis Echeverría en favor de la integración de los países latinoamericanos fueron otras tantas actuaciones que aseguraron al venezolano un protagonismo en las controversias, resurgidas gracias a la estabilización de la Guerra Fría, específicas del eje Norte-Sur. En 1975 Pérez y Echeverría fueron los artífices del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), que estableció su sede en Caracas con los objetivos de promover la cooperación económica y los intercambios científicos y tecnológicos entre los países del Sur americano y así reducir la dependencia de los países desarrollados del Norte, particularmente Estados Unidos.

Mandatario de prestigio e influencia, Pérez fue siempre agasajado en sus giras por los países de Europa, Oriente Próximo, América Latina y la URSS. A Jimmy Carter lo visitó en junio de 1977 y luego lo recibió, con todos los honores, en marzo de 1978, en la primera visita de un mandatario estadounidense a Venezuela desde la efectuada por John Kennedy en 1961. Carter quitó hierro a la decisión de Caracas de reconocer al régimen de La Habana, que había levantado resquemor en Washington durante la Administración de Gerald Ford, y prefirió reconocer a su anfitrión como el mejor representante de la democracia en un subcontinente asolado por las dictaduras militares y los partidos hegemónicos; en efecto, en aquel momento, sólo Venezuela, Colombia y Costa Rica disfrutaban de libertades democráticas y de pluralismo con posibilidades de alternancia en América Latina.

Dicho sea de paso, durante su primer ejercicio presidencial, Pérez no hubo de afrontar desórdenes de tipo militar, marcando el contraste con las numerosas asonadas sofocadas por Betancourt y con las dos intentonas golpistas encajadas por él mismo en su segundo mandato. En este sentido, la calma y la obediencia constitucional más absolutas imperaron en los cuarteles. Tampoco hubo actividad guerrillera, gracias a la política de entendimiento y pacificación aplicada por Caldera, que había permitido a las organizaciones de extrema izquierda con tendencia subversiva integrarse en el juego político.

Puesto que la Constitución no permitía la reelección presidencial consecutiva, de cara a las elecciones del 3 de diciembre de 1978 el partido gobernante eligió candidato a Luis María Piñerúa Ordaz, secretario general de la formación y representante de su ala conservadora. El COPEI presentó a Luis Antonio Herrera Campins, quien acusó al mandatario saliente de despilfarrar la fortuna petrolera con gastos e inversiones superfluos o inútiles, y de alimentar la corrupción hasta niveles nunca vistos en Venezuela. La prueba de que al electorado no terminaban de parecerle convincentes las políticas de AD fue que Herrera batió a Piñerúa en las urnas. Así las cosas, el 12 de marzo de 1979 Pérez transmitió los atributos presidenciales a un copeyano.


4. El arranque traumático de la segunda presidencia: crisis económica y estallido social
Pérez, convertido en senador vitalicio en tanto que ex presidente, estaba decidido a regresar al Palacio de Miraflores al cabo de una década, esto es, tras dos administraciones presidenciales, que era el lapso prescrito por la Constitución de 1961. Superada sin desafuero la investigación en su contra llevada a cabo por una comisión parlamentaria formada por el COPEI, que intentaba demostrar la comisión de presuntas irregularidades en el ejercicio de su mandato, en todo este tiempo el político socialdemócrata se mantuvo activo en el ámbito internacional, donde contaba con muchos amigos y no pocos admiradores. En 1980 Pérez fue elegido presidente de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) y de paso reelegido vicepresidente de la Internacional Socialista. A lo largo de la década, estuvo involucrado en iniciativas de mediación de conflictos y en misiones de monitorización electoral. Propagandista infatigable de sí mismo, sus numerosas visitas a pie a pueblos y barrios humildes a lo largo y ancho de Venezuela le hicieron acreedor del sobrenombre de el hombre que camina.

En las elecciones generales del 4 de diciembre de 1983 AD recobró la Presidencia en la persona de Jaime Lusinchi, antiguo jefe del grupo parlamentario, senador y últimamente secretario general del partido, así como la mayoría en el Congreso. Para la selección del candidato presidencial adeco en las elecciones de 1988, Lusinchi apostó por Octavio Lepage Barreto, ex ministro del Interior y veterano dirigente del partido, pero en la elección primaria del 11 de octubre de 1987 Pérez se le impuso.

Con su estilo optimista y arrollador de siempre, CAP, también conocido como El Gocho (gentilicio coloquial para referirse a los andinos tachirenses), consiguió que el electorado le recordara como el presidente del milagro económico de los setenta, cuando los venezolanos podían consumir y prosperar sin temor a perder poder adquisitivo. Pérez se erigió en el hombre-providencia, en el estadista con buenas credenciales que ofrecía una última oportunidad para confiar en un modelo de partidos y en una forma de hacer política que después de tres décadas, a raíz del famoso Pacto de Punto Fijo del 31 de octubre de 1958 (firmado por AD, el COPEI y la URD) y su posterior evolución a un mero pacto institucional, ya mostraba claros signos de agotamiento, no obstante haber sido él una pieza fundamental del sistema.

Los infortunios económicos del presente tenían su origen en la dependencia masiva del petróleo, cuyos precios eran de nuevo reducidos; con los ingresos muy mermados, el Estado no podía hacer frente a los pagos de la deuda externa, crecida a los 34.000 millones de dólares, y las mismas importaciones de alimentos estaban en crisis. Además, la fuerte devaluación del bolívar en 1986 había desencadenado una ola inflacionista sin precedentes. En 1988 el índice de precios creció un 35%. El legado económico de su compañero de partido, Lusinchi, no tenía nada de positivo, pero el 4 de diciembre de 1988 Pérez se impuso al copeyano Eduardo Fernández con el 54,6% de los votos. Era la segunda vez que se presentaba a unas elecciones presidenciales y en los dos intentos había ganado con una confortable mayoría.

El 2 de febrero de 1989, a sus 66 años, CAP tomó posesión de la suprema magistratura entre dispendiosos fastos y arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno del subcontinente incluido Fidel Castro (en el primer viaje del dictador cubano a Venezuela en los últimos 30 años), más el presidente portugués, Mário Soares, y el presidente del Gobierno español, Felipe González, ambos colegas de la Internacional Socialista y amigos personales del venezolano. Pérez también había tenido tratos con el canciller Willy Brandt. Pocos mandatarios de la región podían exhibir una cartera de simpatías y contactos internacionales tan abultada.

Consciente de la gravedad de la crisis económica, Pérez no recurrió al populismo de su anterior mandato. Nombró un Gabinete cuajado de tecnócratas y expertos en gerencia y el 17 de febrero, en una tensa alocución, anunció por radio y televisión un plan de austeridad muy riguroso sujeto a las prescripciones del FMI, que a cambio aceptaba prestar a Venezuela 4.500 millones de dólares en los tres años siguientes. Conocido popularmente como El Paquete, el plan del Ejecutivo imponía: alzas generalizadas de los precios de los carburantes y las tarifas de los servicios públicos; la liberalización de los precios de los demás productos, salvo los incluidos en la canasta básica; la liberalización de los tipos de interés hasta un tope temporal del 30%; la congelación de las contrataciones de personal en la administración del Estado; la reducción del gasto público con el objetivo de rebajar el déficit fiscal al 4% del PIB; la eliminación progresiva de los aranceles a la importación; y un nuevo esquema cambiario consistente en un tipo único y flexible, el que determinaran la oferta y la demanda, y que operaría en todas las transacciones de la economía. Esta última medida supuso la defunción del Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI), establecido por el Gobierno de Herrera Campins tras el Viernes Negro de febrero de 1983.

Simultáneamente, el presidente comunicó una serie de medidas sociales compensatorias: el incremento del salario básico en 4.000 bolívares para los trabajadores de la ciudad y en 1.500 bolívares para los del campo; una subida del 30% en los sueldos de los funcionarios; un programa de becas alimenticias para los escolares de familias con ingresos bajos; el establecimiento de 42.000 hogares de cuidado diario para la infancia; el refuerzo de los programas de asistencia a los niños lactantes y preescolares; y la creación de una comisión presidencial para la lucha contra la pobreza.

El 24 de febrero el Banco Central empezó a desprenderse de sus reservas de oro para venderlas en el mercado de Londres (un primer envío de ocho toneladas en lingotes partió a la capital británica en la bodega de un aerocarguero). El 25 de febrero el Gobierno anunció la ampliación de la suspensión de pagos por la deuda externa del sector privado. Y el 26 de febrero el Ejecutivo precisó el aspecto más draconiano de su plan de ajuste, el encarecimiento de la gasolina un 100% y del transporte urbano un 30%, con carácter inmediato y por un período de tres meses, transcurrido el cual el Gobierno se reservaría aplicar alzas aún mayores.

El 27 de febrero, coincidiendo con la entrada en vigor de los nuevos precios y tarifas, estallaron violentísimos disturbios en barrios populares del metropolitano de Caracas, con saqueos de comercios y pillaje generalizado, que rápidamente se extendieron al núcleo urbano de la urbe, así como a Valencia, La Guaira, Mérida, Ciudad Guayana y otras poblaciones importantes del país. Las fuerzas policiales y la Guardia Nacional se vieron desbordadas y al día siguiente el presidente, con la plena aquiescencia del ministro de Defensa, general Italo del Valle Aliegro, decidió movilizar al Ejército, que desplegó a 9.000 soldados en las calles, al tiempo que decretaba el estado de emergencia y el toque de queda con suspensión de garantías constitucionales.

El tristemente célebre Caracazo, o Sacudón, dejó un balance incierto pero estremecedor de muertos, en su mayoría víctimas de los disparos efectuados por los militares y los agentes del orden, así como cuantiosísimas pérdidas materiales, luego calculadas en 150 millones de dólares. Las autoridades dieron cuenta de 276 víctimas mortales, pero esta cifra fue considerada demasiado conservadora por multitud de medios y organismos tanto nacionales como extranjeros. Más tarde, diversas ONG venezolanas denunciaron la aparición de fosas comunes llenas de cuerpos de revoltosos abatidos que no figuraban en los partes oficiales así como la desaparición de hasta 2.000 personas en los dos días que duraron las algaradas y con posterioridad a las mismas. En otras palabras, el Caracazo se saldó con una masacre de enorme magnitud y con claros indicios de represalias postreras, cuando los saqueos ya habían cesado, que pudieron esconder una represión completamente ilegítima, de tipo político.

Tras esta insólita conmoción, Pérez analizó lo sucedido en clave de una "rebelión de los pobres contra los ricos". Pero este subterfugio populista no le ahorró ser ferozmente recriminado por los excesos represivos de los cuerpos armados, más propios de las peores dictaduras que había conocido el continente. El dirigente perdió mucha de la popularidad –no toda- que le había devuelto a la Presidencia, abriendo un divorcio de la opinión pública que iba a pasarle factura tres años después. Por el momento, Pérez moderó los aspectos más dolorosos del plan de ajuste, como el aumento del precio de la gasolina, y se esmeró en el cumplimiento de las fórmulas de compensación como las alzas salariales, aunque, en conjunto, se mantuvo fiel a su nuevo pragmatismo económico de fuerte gusto liberal.

Habiéndose cerrado el infausto año de 1989 con un crecimiento negativo del PIB del -8,1% y una tasa de inflación del 81%, 1990 registró un 4,4% positivo en la primera variable y un 36% en la segunda. La deuda externa también experimentó un sensible descenso luego de acogerse el Gobierno al Plan Brady, ofrecido por el Tesoro de Estados Unidos para el escalonamiento de los pagos. Si las macromagnitudes tomaron un cariz relativamente benigno, no podía decirse lo mismo en el ámbito social. El índice de población que se hallaba por debajo del umbral más extremo de pobreza avanzó del 15% a finales de 1988 al 45% dos años después; también, estaban creciendo el desempleo y el subempleo, y todo ello en un contexto de inseguridad ciudadana por la proliferación de la delincuencia común y el crimen organizado.

En el terreno diplomático, Pérez retomó el activismo de su primer mandato, si bien ahora el margen para desenvolverse era menor debido al ajuste económico. El venezolano fue uno de los presidentes amigos del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, en su labor de mediación en el proceso de paz de El Salvador (1989-1992) y participó en los proyectos de integración regional, como el del Grupo Andino, que el 17 y el 18 de mayo de 1991 celebró en Caracas la V Reunión de su Consejo Presidencial, cita en la que se decidió iniciar un área de libre comercio regional a partir del 1 de enero de 1992.

La capital venezolana congregó también una cumbre especial del G-3 (Venezuela, Colombia y México) y los cinco presidentes centroamericanos el 12 y el 13 de febrero de 1993, dedicada a estudiar la implementación de otra área libre de aranceles en torno a 2003, así como la IV Reunión ordinaria de presidentes del Grupo de Río, el 11 y el 12 de octubre de 1990. En dicha cita, este organismo, surgido en diciembre de 1986 como el Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, o Grupo de los Ocho (a su vez, nacido de la fusión del Grupo de Contadora para los conflictos de Centroamérica, del que Venezuela era integrante, y de su Grupo de Apoyo), adquirió el nombre de Grupo de Río a la vez que otorgó la membresía a Ecuador, Bolivia, Chile y Paraguay. Asimismo, el 23 de octubre de 1991 Pérez, el colombiano César Gaviria y el mexicano Carlos Salinas de Gortari se entrevistaron con Fidel Castro en la isla mexicana de Cozumel para intentar convencerle de que introdujera reformas políticas en su régimen.

Dando fe de la calidad alcanzada por las relaciones venezolano-estadounidenses, Pérez realizó hasta siete viajes a Estados Unidos para encontrarse con el presidente George Bush. Más aún, en diciembre de 1990, en plena crisis del Golfo por la ocupación irakí de Kuwait, Bush encontró necesario volar a Caracas, en el primer viaje de este nivel desde el realizado por Carter en 1978 -precisamente cuando la primera administración del dirigente adeco-, para cerciorarse de que Venezuela seguía siendo un aliado diplomático y un fiel proveedor de petróleo. Ciertamente, el país caribeño accedió a aumentar la producción para paliar la desaparición del petróleo kuwaití e irakí en los mercados. Por otro lado, Pérez acogió con los brazos abiertos al presidente izquierdista haitiano, Jean-Bertrand Aristide, derrocado por los militares en septiembre de 1991. Finalmente, en noviembre de 1991 Caracas puso el escenario para la II Cumbre del Grupo de los Quince (G-15).


5. Del golpismo chavista a la destitución por el Congreso
En un remedo, pero en menor medida, de lo sucedido en 1973-1974, la escalada del precio del petróleo mientras duró la crisis irako-kuwaití (de agosto de 1990 a marzo de 1991) benefició a Venezuela, que mejoró sensiblemente algunas variables económicas, como la balanza de pagos y la tasa de crecimiento, la cual alcanzó un sobresaliente 9,1% en 1991. Después, la OPEP obligó a PDVSA a revisar su estrategia de producción para estabilizar los mercados. Los ingresos petroleros volvieron a descender, pero el Estado pudo compensar parte del recorte con las ganancias generadas por los procesos de privatización que afectaron a la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), a la aerolínea Viasa (comprada por la española Iberia, una operación en la que al parecer resultó decisiva la amistad entre Pérez y González) y a tres grandes bancos en situación deficitaria. Ahora bien, la inflación, que en 1991 había descendido al 21%, rebotó al 32% en 1992. El encarecimiento del coste de la vida excitó el malestar social latente desde los sucesos de febrero de 1989. Incluso en el año económicamente benigno de 1991, el reguero de huelgas y disturbios culminó en noviembre con la muerte de una veintena de personas en enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Pérez no parecía darse cuenta del fortísimo rechazo popular que concitaba su Gobierno. Las causas de esta masiva desafección no eran otras que el abandono de los programas asistenciales y los subsidios indiscriminados, la degradación de los servicios públicos, los despidos en el sector estatal y, desde una perspectiva general, el crecimiento imparable de la pobreza y los desequilibrios en el reparto de la menguada riqueza nacional. En añadidura, el Ejecutivo proyectó un imagen de connivencia con la corrupción y la impunidad de los delitos económicos, que campaban por sus respetos.

En este ambiente enrarecido se produjo, en la noche del 3 al 4 de febrero de 1992, el intento de golpe de Estado de unos oficiales autodenominados "bolivarianos", quienes comandados por un desconocido teniente coronel de paracaidistas, Hugo Rafael Chávez Frías, se hicieron con la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, popularmente llamada La Carlota, tomaron posiciones alrededor de la residencia presidencial de La Casona y capturaron otros centros neurálgicos en Maracaibo, Maracay y Valencia. Transcurridas unas horas de confusión y entablados los primeros tiroteos entre soldados rebeldes y leales, Pérez, recién bajado del avión que le había traído de una conferencia del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y por cuya vida se temió en un principio, ya que en el trayecto desde el aeropuerto pudo haber sido interceptado por los facciosos, recondujo enérgicamente la situación desde la sede presidencial de Miraflores, no lejos de La Casona. En la madrugada del martes 4 el mandatario apareció en la televisión anunciando el fracaso del levantamiento y la lealtad al orden constitucional expresada por el Alto Mando de la Fuerza Armada. El balance de la intentona, excepcional en 34 años de historia democrática de Venezuela, se estableció en 19 fallecidos y un millar de detenidos.

La tentativa golpista fue, sin embargo, acogida con indisimulado júbilo por una parte considerable de la población, que estaba hastiada de estrecheces económicas y desengañada con los partidos y políticos tradicionales. De hecho, a partir de entonces, la popularidad de Chávez y su todavía confusa ideología nacionalista y regeneracionista no hicieron más que aumentar, mientras que Pérez y todos los políticos a su alrededor se hundían en el descrédito. El encarcelamiento de Chávez y varios de sus camaradas del círculo castrense clandestino Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 no le evitó al presidente, empero, nuevos sobresaltos antes de acabar 1992.

En primer lugar, el 11 de octubre, su vehículo oficial estuvo a punto de ser arrollado por un camión que arremetió contra la comitiva presidencial durante una visita en Paraguaipoa, Zulia. La escolta de Pérez mató a tiros a los dos ocupantes del camión, dos indígenas que, según el Gobierno, estaban ebrios debido a los festejos del V Centenario y a los que por desgracia había habido que disparar para impedir un siniestro que habría podido ocasionar una tragedia mayor. Sin embargo, la explicación oficial del incidente de Paraguaipoa no convenció a amplios sectores de la prensa, que apuntaron a la posibilidad de un intento de magnicidio con trasfondo político.

Un segundo y más grave contratiempo, quizá menos peligroso para la integridad física de Pérez pero desde luego sí para su Gobierno, estaba a la vuelta de la esquina. El 27 de noviembre, con mayor determinación que en febrero, un nutrido grupo de militares, ahora liderados por el general del Aire Efraín Francisco Visconti Osorio y por los contraalmirantes Hernán Grüber Odremán y Luis Enrique Cabrera Aguirre, bombardeó los edificios de las principales instituciones del poder político y durante unas horas mantuvo el control de acuartelamientos clave y de la casa de la televisión. Desde allí, los alzados retransmitieron un mensaje sedicioso de Chávez, al que de hecho intentaron sacar de prisión. Este nuevo intento de golpe involucró a las tres fuerzas armadas y a la Guardia Nacional. Además, en el mismo estuvieron implicados elementos civiles de los partidos políticos de izquierda Bandera Roja y Tercer Camino. Unos y otros actuaron coordinados bajo el marchamo de Movimiento Cívico Militar 5 de Julio, con el contralmirante Grüber como responsable en jefe.

El sector constitucionalista del Ejército entró en acción de inmediato y la posesión de puntos estratégicos se dirimió con violentos combates. El día 28, ante lo evidente del fracaso de sus propósitos, un centenar de militares rebeldes, con el general Visconti a la cabeza, escapó a Perú buscando la protección del Gobierno de Alberto Fujimori, mientras que otros muchos fueron desarmados y detenidos por fuerzas leales al orden establecido. El Gobierno reconoció 171 muertos en los combates (aunque balances extraoficiales elevaron la cifra a los tres centenares), mientras que la OEA y la comunidad internacional expresaron su rotunda condena a la nueva irrupción castrense.

El segundo alzamiento militar de 1992 fracasó en su propósito de mudar violentamente la titularidad del poder, pero tuvo muy serias consecuencias políticas: la popularidad de Chávez, que como estaba encarcelado no podía ser acusado otra vez de rebelión, se disparó, llegando a convertirse el reo en un serio quebradero de cabeza para Pérez. Aunque a corto plazo iba a acusar un golpe que le debilitó en grado sumo, Pérez, de nuevo, se mantuvo templado en los momentos críticos y capeó el peligro inmediato, al tiempo que expresaba su absoluta intransigencia en la defensa del sistema democrático. Pero a la ciudadanía no le impresionó el posicionamiento legalista de Pérez, al que no le reconocían ya legitimidad para argumentar con tono moral. Así que en las elecciones a gobernadores y alcaldes del 6 de diciembre AD sufrió un duro varapalo a manos del COPEI, el MAS y la Causa Radical.

El 5 de marzo de 1993, en un intento de recuperar la iniciativa política, Pérez propuso la reforma de la Carta Magna y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, pero no encontró ningún eco. Días después, el 11 de marzo, el fiscal general de la República, Ramón Escobar Salom, elevó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de antejuicio de mérito contra Pérez con imputación de delito de corrupción sobre la base de una denuncia interpuesta por el partido Causa Radical y que a su vez se sostenía en lo investigado y divulgado por José Vicente Rangel y su colega de profesión periodística Andrés Galdo. A Pérez se le acusaba de malversación y peculado, o apropiación indebida, de 250 millones de bolívares, unos 17 millones de dólares al cambio de entonces, de una partida secreta correspondiente a los fondos reservados por ley para gastos del Ministerio de Relaciones Interiores.

Según la Fiscalía, la desviación había sido cometida el 22 de febrero de 1989 tras el ardid de una rectificación presupuestaria con el objeto de financiar el servicio de escoltas de la política nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro, quien un año más tarde había de convertirse en presidenta de su país. Estos fondos habrían servido supuestamente para financiar las campañas electorales de políticos extranjeros afines a Pérez como la propia Chamorro, el haitiano Aristide y el boliviano Jaime Paz Zamora. Todas estas actuaciones, proseguía el sumario de la acusación, habrían formado parte de un plan de Pérez para convertirse en una especie de paladín de la democracia y el progresismo en el continente americano.

El 20 de mayo de 1993 la Corte Suprema dictaminó que existían razones suficientes en el antejuicio de mérito como para procesar a Pérez, el cual insistió en todo momento en su inocencia y en la tesis de una conspiración puramente política, urdida por sus enemigos. Nada más conocer el fallo judicial, el acusado emitió un mensaje donde, con indignada retórica, arremetía contra "el espíritu inquisitorial y destructor que no conoce límites a la aniquilación, sea moral o política", y dirigía su dedo acusador a "la rebelión de los náufragos políticos de las últimas cinco décadas", "los rezagos de la subversión de los años sesenta", "los derrotados en las intentonas subversivas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992", y "los nuevos reclutas" que conformaban "la abigarrada legión de causahabientes".

En su vehemente alegato, Pérez justificaba sus acciones de gobierno con las siguientes palabras : "Ya no era posible el estatismo, porque el Estado macrocefálico había llegado a su fin. La armonía social financiada de manera ilimitada por el petróleo llegó a su fin. Fue una decisión que requirió voluntad y coraje, no fue fácil, porque implicaba un cambio de rumbo en una historia de un país petrolero de cincuenta años de deformaciones. Asumí la impopularidad de esta tarea. Tenía una alternativa quizás distinta: porfiar hasta el final y comprometer los recursos del Estado, extremando la falsa armonía social. Pero los resultados habrían sido catastróficos". Y de vuelta a sus enemigos: "No me perdonan que haya sido dos veces presidente por aclamación popular. No me perdonan que sea parte consubstancial de la historia venezolana de este medio siglo. No me perdonan que haya enfrentado todos los avatares para salir victorioso de ellos (…) Tendrán que asumir su responsabilidad quienes han conducido al país a esta encrucijada dramática de su historia".

En cuanto a él: "Quien como yo, que ha dedicado su vida entera a la conquista, defensa y consolidación de la democracia, no tiene que ratificar que acato esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. No la juzgo. Será la historia —implacable en su veredicto— la que lo hará más adelante (…) Ratifico ante mis compatriotas que no he incurrido ni en éste, ni en ningún otro caso, en manejos ilícitos, impropios o irregulares. No me he enriquecido jamás (…) No me defenderé porque no tengo nada de que defenderme. No me agrediré porque no he envilecido nunca el debate político ni con el insulto ni con la calumnia". La apasionada declaración de repudio y autodefensa terminaba con una frase lapidaria: "Quiera Dios que quienes han creado este conflicto absurdo no tengan motivos para arrepentirse".

Al día siguiente, el Senado, considerando que se daban las contingencias contempladas por la Constitución, aprobó suspender en la Presidencia a Pérez mientras durase el proceso judicial. La Cámara alta resolvió levantar la inmunidad también a los otros dos imputados aforados, Alejandro Izaguirre Angeli, senador y ministro de Relaciones Interiores en el momento de cometerse los presuntos delitos, y el diputado Reinaldo Figueredo Planchart, ex ministro de la Presidencia y después canciller hasta 1992. Octavio Lepage, presidente adeco del Congreso, se posesionó de la jefatura del Estado en funciones. La decisión del Legislativo no tenía precedentes en la historia de Venezuela, y sólo uno en la de Sudamérica: el desafuero y apartamiento del poder el año anterior del brasileño Fernando Collor de Mello, protagonista de un escándalo similar. El 27 de mayo la Corte Suprema incoó proceso y el 31 de agosto el Congreso de la República destituyó definitivamente a Pérez "en resguardo de la convivencia pacífica de los ciudadanos y para garantizar la vigencia del orden democrático". Desde ese momento, el senador adeco Ramón José Velásquez Mújica, juramentado como presidente en funciones el 5 de junio, se convirtió en presidente titular con carácter interino, hasta la terminación del mandato electoral el 2 de febrero de 1994.


6. Imputaciones judiciales, enfermedad y defunción
El 18 de mayo de 1994 Pérez fue arrestado e ingresado en el Retén Judicial de la prisión caraqueña de El Junquito por decisión de la Corte Suprema; dos días después, el Comité Ejecutivo Nacional de AD, en una tensa reunión, resolvió expulsar del partido a quien había sido su dirigente más destacado desde Betancourt. Excarcelado y pasado al régimen de residencia vigilada en su finca La Ahumada de la urbanización Orituco, en el municipio de El Hatillo, a 20 km de Caracas, el 26 de julio, el ex presidente fue sometido a juicio a partir del 22 de noviembre de 1994 con la apertura de la vista oral. El fiscal general, Iván Darío Badell, solicitó para el acusado la pena de prisión que contemplaba la ley venezolana y una multa de 700 millones de bolívares por los delitos de malversación y peculado.

El 30 de mayo de 1996, presidiendo el país de nuevo el veteranísimo Rafael Caldera (aunque desvinculado ya del partido por él fundado medio siglo atrás y con un nuevo proyecto político entre manos, la Convergencia), la Corte Suprema halló a Pérez culpable del delito de "malversación genérica agravada" y le impuso una pena de dos años y cuatro meses de prisión. En atención a su edad, 73 años, Pérez comenzó a cumplir su condena en La Ahumada bajo un régimen aliviado, similar al arresto domiciliario. Esta situación terminó el 18 de septiembre del mismo año, al finalizar el período de privación de libertad iniciado el día de su detención en mayo de 1994. El tribunal consideró que la condena impuesta cuatro meses atrás ya estaba cumplida, así que ordenó la puesta en libertad del reo.

Con sus cuentas con la justicia aparentemente saldadas e inasequible al desaliento, Pérez regresó a la arena política con ímpetu renovado. El 20 de marzo de 1997 presentó su nuevo partido, el Movimiento de Apertura y Participación Nacional, formado a partir de figuras independientes y disidentes adecos, y para el que reclamó un ideario socialdemócrata, si bien la orientación de la mayoría de sus integrantes apuntaba más bien al centro-derecha liberal. El ex presidente proclamaba la plena vigencia de su carrera política con la vocación de reconquistar cotas de poder institucional, pero la impresión general era que con este proyecto Pérez únicamente perseguía el escaño de senador por Táchira en las próximas elecciones legislativas y así blindarse frente a eventuales actuaciones de la justicia con la inmunidad parlamentaria. El caso es que antes de los comicios, en efecto, nuevos contratiempos judiciales le salieron al paso.

Así, el 14 de abril de 1998 el Tribunal Superior de Salvaguardia del Patrimonio Público (TSS) ordenó su arresto domiciliario y su puesta bajo custodia policial por unos nuevos cargos de enriquecimiento ilícito, presuntamente cometido en su segundo mandato. Esta vez, a Pérez y de paso a su compañera sentimental desde hacía más de tres décadas, Cecilia Beatriz Matos Molero (su antigua secretaria presidencial, con la que había tenido dos hijas fuera del matrimonio), se les acusaba de ocultar entre 50.000 y 900.000 dólares de dinero público en sendas cuentas abiertas en sucursales del Citibank y el Republican National Bank de Nueva York. Ahora bien, la prolongación de la fase sumarial no fue impedimento para que Pérez inscribiera a su partido para concurrir en las legislativas del 8 de noviembre de 1998. Apertura cosechó en la Cámara el 1,7% de los votos y tres diputados, y en el Senado el 2,4% y el escaño para Pérez. El 6 de diciembre tuvieron lugar las presidenciales, ganadas espectacularmente por Hugo Chávez, y el candidato presentado por Apertura, Miguel Rodríguez Fandeo, ministro de Planificación durante el segundo Gobierno de Pérez, sólo recabó 19.600 votos, el 0,3% del total.

Asumiendo su nueva condición jurídica, el 7 de enero de 1999 el TSS suspendió los autos contra el ex presidente, que recuperó la libertad de movimientos. De todas maneras, poco le duró a Pérez el privilegio de aforado, ya que en agosto de 1999 el Congreso quedó en suspenso con motivo del proceso constituyente impulsado por Chávez. De hecho, antes del receso legislativo, Pérez renunció a su acta de senador para postularse a un puesto en la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Chávez, pero la elección del 25 de julio de 1999 no le fue propicia. Activo en los intentos de organizar núcleos de oposición contra un Chávez plenipotenciario, Pérez quedó de nuevo expuesto a los avatares judiciales. El 6 de enero de 2000 la Sala Penal de la Corte Suprema –en vísperas de ser sustituida esta instancia por el nuevo Tribunal Supremo de Justicia nombrado por Chávez- confirmó dos decisiones tomadas por el ya extinto TSS, con fechas del 17 de julio y el 5 de septiembre de 1996, tal que exoneró a Pérez de cualquier responsabilidad penal en sendas investigaciones iniciadas el 11 de julio de 1995 y el 20 de junio de 1996 sobre diversos casos de corrupción y tráfico de influencias presuntamente cometidos antes y después de cesar en la Presidencia en 1993.

Una de cal y otra arena, ya que el 20 de diciembre de 2001, tres días después de reabrir el caso dos fiscales del Ministerio Público, un juzgado de primera instancia del Área Metropolitana de Caracas ordenó que Pérez y Cecilia Matos fueran arrestados con carácter preventivo en sus domicilios en relación con las cuentas mancomunadas en Estados Unidos. Pérez, que entonces se encontraba en la República Dominicana, calificó el reinicio de las diligencias judiciales de "farsa", "chantaje" y "amenaza" orquestados por Chávez, quien le estaba acusando de conspirar contra su Gobierno, aunque aseguró estar dispuesto a comparecer ante la justicia de su país en la convicción de que no podría probársele ningún delito.

El 24 de enero de 2002 la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo falló a favor de la extradición de Pérez y su pareja y el 3 de abril la Cancillería del Gobierno cursó la petición oficial a la República Dominicana al tiempo que anunciaba su intención de elevar igual demanda a las autoridades de Estados Unidos, toda vez que el ex presidente venía repartiendo su residencia entre Santo Domingo, Miami y Nueva York. Días después se produjo el golpe cívico-militar que fracasó en el intento de derrocar a Chávez. Tras la restitución de este, el Gobierno constitucional acusó al ex presidente de haber sido el "autor intelectual" de la intentona del 12 de abril. En los meses siguientes, las autoridades de Caracas presionaron intensamente a las de Santo Domingo, llegando a verse afectadas las relaciones energéticas bilaterales, para que les entregaran al imputado.

El 24 de octubre de 2003, semanas después de llamar a Chávez "loco infame" por su pretensión de "chantajear" al Gobierno dominicano con el corte de las exportaciones petroleras a menos que reconociera la veracidad de su denuncia de la existencia en el país insular de una célula de conspiradores apadrinada por el ex presidente, Pérez fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Presbiterian Hospital de Nueva York, ciudad donde estaba viviendo desde hacía cuatro meses, aquejado de una dolencia cerebro-cardiovascular que le provocó una parálisis en los miembros de la parte derecha del cuerpo. El antiguo líder adeco superó este accidente con riesgo para su vida y fue dado de alta, pero, con 81 años recién cumplidos, su condición física quedó irreparablemente malparada. No así su agudeza mental, según se desprende de las elaboradas críticas antichavistas que difundió en los años siguientes.

En septiembre de 2004 Pérez envió una carta abierta a Jimmy Carter, de cuyo Centro con sede en Atlanta había sido miembro, donde le manifestaba su "más profunda desaprobación" por su confirmación de la validez del resultado del referéndum presidencial celebrado en Venezuela el 15 de agosto, en el que venció el no a la revocación del mandato de Chávez, el cual había "embaucado" al ex presidente estadounidense en su labor de supervisión del proceso. Mucho más duras fueron las recriminaciones lanzadas directamente contra Chávez, algunas en respuesta automática a los ataques dirigidos contra su persona por el mandatario en su programa de televisión Aló presidente. Así, en julio de 2004 Pérez instó a la oposición a recurrir a "la violencia" para desembarazarse del líder bolivariano, quien no merecía otro destino que "morir como un perro, con perdón de esos nobles animales", afirmó. Tan crudas palabras fueron recibidas con desagrado por los partidos de la Coordinadora Democrática, al entender que su tono subversivo sólo les perjudicaba de cara al referéndum revocatorio.

El 24 de febrero de 2005 la fiscal del Área Metropolitana de Caracas Indira Mora Padilla solicitó ante el Tribunal 2º en funciones de Control de Caracas la emisión de una orden de captura contra el ex presidente por su responsabilidad en la instrucción y ejecución del denominado Plan Ávila, el dispositivo que facultó a la fuerza pública para reprimir con toda contundencia, aparentemente sin reparar en las vidas de los alborotadores, los disturbios y saqueos durante el Caracazo de 1989. Ya entonces se divulgaron unas imágenes en las que podía verse a Pérez postrado en una silla, avejentado y en un visible estado de deterioro físico. No por ello perdió su capacidad de comunicación. 2007 fue un año en el que el octogenario estadista se mostró especialmente locuaz en sus arremetidas contra su archienemigo, Chávez.

Así, en febrero, Pérez tachó de "vergüenza" la conmemoración con un desfile militar del decimoquinto aniversario del intento de golpe de Estado de febrero de 1992. En mayo, reclamó la presión internacional al Gobierno venezolano para obligarle a renovar la licencia de emisión en abierto a la cadena privada Radio Caracas Televisión (RCTV), crítica con el oficialismo. En agosto, denunció el "desgobierno", la "corrupción", el "despilfarro" y el "estrepitoso fracaso" del régimen bolivariano en la lucha contra la pobreza, y advirtió: "no dejaré de dar mi modesto aporte para desalojar de mi país a un gobierno ilegítimo porque es producto del mas desvergonzado fraude electoral". En noviembre, notificó por carta al rey Juan Carlos I su solidaridad y pesar por el "indecoroso comportamiento" de Chávez durante la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile, en la que el monarca español mandó callar al venezolano.

En los primeros meses de 2008 Pérez siguió haciéndose notar con sus críticas a Chávez, últimamente centradas en el grave encontronazo diplomático con Colombia en relación con la guerrilla colombiana de las FARC. En febrero, se despachó a gusto en una entrevista concedida al diario chileno La Segunda, donde entre otras cosas calificó a su sucesor en la Presidencia de "peligroso hampón de baja ralea" al que había que "analizar con un libro de criminología en la mano" y que empleaba una "diplomacia del azote de barrio", más propia de un "vendedor de drogas (…) que reparte el botín entre algunos y que a los demás aterroriza".

El 31 de marzo de 2008 la dirigencia de AD (en un momento crítico para la formación, ausente de la Asamblea Nacional tras su boicot a las legislativas de 2005, con un único gobernador estatal, Morel Rodríguez Ávila en Nueva Esparta, y con muy pocos alcaldes) notificó que su antiguo jefe, de 85 años, se encontraba en un estado de salud "extremadamente delicado" y que deseaba regresar a Venezuela a "vivir sus últimos días". Para tal fin, el anciano estadista había pedido a los adecos que le clarificaran su situación jurídica, realizando las diligencias que fueran necesarias ante la Fiscalía General y el Ministerio de Interior y Justicia. La prensa venezolana apuntó que el prófugo de la justicia, al parecer, había perdido ya la capacidad de hablar y se encontraba recluido en su residencia de Miami. El 6 de abril el Gobierno filtró la noticia de que estaba considerando la posibilidad de permitir la repatriación. Días después, el secretario general de AD, Henry Ramos Allup, expresó su confianza en que Pérez pudiera retornar sin temor a pisar la cárcel pese a los dos procedimientos judiciales que tenía abiertos, los incoados por peculado y por homicidio calificado en grado de continuidad por los sucesos del Caracazo.

En noviembre siguiente, con motivo de un homenaje de ex presos político cubanos celebrado en su casa de Miami, Pérez se dejó entrevistar por los medios y, aunque su aspecto era el de un hombre totalmente inexpresivo y extenuado, refutó las informaciones sobre que había perdido sus capacidades intelectuales. Preguntado por enésima vez sobre Chávez, el anciano estadista, sin vacilar, respondió: "Lo echaremos por la fuerza (…) es un bandido". El 8 de noviembre de 2009 Pérez rompió un año de silencio con un comunicado en el que calificaba de "incendiario", "irresponsable" y "crimen de lesa patria" el llamamiento hecho por Chávez al pueblo y a la Fuerza Armada para que estuvieran listos para el combate en un eventual conflicto armado contra Colombia, con la que las espadas volvían a estar en alto a causa de la "cooperación con los narcoterroristas de las FARC" por parte del Gobierno bolivariano, explicaba el firmante.

"Arriesgar venezolanos en una aventura bélica cuyo único propósito es impedir que se controlen las actividades de terroristas y el trafico de drogas que circula en nuestro país al amparo de las autoridades es un crimen contra la patria" (…) La Fuerza Armada tiene la obligación de definir su posición ante lo que parece un inminente crimen de lesa patria por parte del jefe del Estado. Ha llegado el momento de conocer cual es su posición ante semejante aventura de riesgos incalculables para nuestra gente y nuestro futuro", concluía el ex presidente en su comunicado. Este contundente pronunciamiento sobre la acalorada actualidad política en la Venezuela de Chávez fue el canto de cisne de Pérez, quien ya no dio más señales de lucidez o de vitalidad.

El anuncio del fallecimiento del ex presidente, a los 88 años de edad, llegó el 25 de diciembre de 2010, tres meses después de las elecciones legislativas que dieron la victoria al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aunque pisado en los talones por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). La noticia del óbito fue transmitida al canal televisivo Globovisión por una de las hijas del ex presidente, María Francia Pérez Matos, la cual informó que su padre acababa de fallecer víctima de un paro cardíaco en el Mercy Hospital de la ciudad de Miami. La hija de Cecilia Matos, la compañera sentimental del finado desde hacía más de 40 años, explicó que aquella mañana su padre se había levantado animoso y locuaz, pero que repente le sobrevino una insuficiencia cardiorrespiratoria. También, que el estadista había estado "preocupado por la situación política de su país, que fue por lo que él vivió y luchó hasta el último momento".

La familia Pérez Matos se dispuso a cumplir las dos voluntades comunicadas por el ex presidente antes de morir, que no incineraran su cuerpo y que sus restos fueran repatriados "siempre y cuando haya libertad en Venezuela", es decir, que no quería que lo sepultaran en casa en tanto Chávez estuviera en el poder. Por lo tanto, anunciaron Cecilia Matos y sus dos hijas, Cecilia Victoria y María Francia, el ex presidente iba a ser inhumado el 29 de diciembre en el cementerio Our Lady of Mercy de Miami. Desde la Presidencia, Chávez envió su pésame "sin ningún tipo de cinismo ni ironía" y aseguró que los deudos del difunto tenían "todo el derecho" a traer de vuelta su cuerpo para enterrarlo en Venezuela. Sin embargo, el mandatario no soslayó el denuesto a las políticas de su predecesor, que "subordinaron a Venezuela a los intereses de la burguesía local y de Estados Unidos. "Fue una forma de hacer política atropellando los derechos del pueblo y sometiéndolos al imperio yanqui", afirmó el presidente.

El 28 de diciembre comenzaron las exequias con la instalación de la capilla ardiente en una funeraria de Miami. Al velatorio, abierto al público, acudieron cierto número de personas venidas desde Venezuela, entre simpatizantes, amigos y representantes de la oposición antichavista. Todo estaba listo para el entierro en Miami, pero entonces la funeraria recibió la orden de un juez local para que paralizara las diligencias fúnebres en respuesta a una acción legal interpuesta por la familia residente e