Jorge Luis Batlle Ibáñez

Jorge Batlle, presidente de Uruguay entre 2000-2005 tras cuatro intentos de ser elegido bajo el luego abolido sistema de sublemas en 1966, 1971, 1989 y 1994, fue el último eslabón de un insigne linaje de estadistas del Partido Colorado, donde lideró la facción que portaba el apellido de la familia, de orientaciones liberales conservadoras. Comprometido con la restauración de la democracia en la nación rioplatense como político y como periodista, fue un hombre de genio agudo e impulsivo, verbo culto y a la vez espontáneo y sin pelos en la lengua, lo que le ocasionó alguna situación embarazosa, como cuando llamó a los argentinos una "manga de la ladrones".

Su presidencia estuvo marcada por la calamitosa crisis financiera y monetaria del año 2002, considerada la peor en la historia de Uruguay, que, desencadenada por el colapso de la vecina Argentina, aniquiló la banca privada nacional y sumió al país a una aguda recesión. El Gobierno Batlle, que había debutado portando un programa de reformas estructurales y planes de diversificación del comercio exterior para "poner a Uruguay en el mundo real", evitó la quiebra total gracias al socorro crediticio del FMI y Estados Unidos, las restricciones de las operaciones bancarias, la reestructuración profunda del sector, un doloroso ajuste fiscal y la reprogramación de los pagos de la deuda soberana. Por otro lado, al dirigir elogios al nunca realizado ALCA, buscar unas relaciones privilegiadas con Washington y guardar las distancias de Argentina, Batlle fue visto como un estadista que no tenía fe en el MERCOSUR, que como bloque comercial mostró, en efecto, una elevada capacidad para producir turbulencias contaminadoras. También fue el gobernante que inició el compromiso del Estado uruguayo con el esclarecimiento de las desapariciones bajo la dictadura militar, si bien este impulso no se mantuvo a lo largo del lustro.

Aunque antes de concluir su mandato la economía uruguaya ya estaba creciendo de nuevo a un ritmo muy potente y el desbarajuste financiero había dado paso a la estabilidad, Batlle no pudo impedir que su Administración fuera el canto de cisne de la casi bicentenaria hegemonía compartida por los partidos Colorado y Blanco (o Nacional) en la República Oriental, tal que en marzo de 2005 el veterano dirigente entregó la banda presidencial a Tabaré Vázquez, cabeza del izquierdista Frente Amplio. Jorge Batlle falleció en 2016 a los 89 años de edad.


(Texto actualizado hasta noviembre 2016)

1. Dirigente de casta del Partido Colorado
2. Otras tres apuestas presidenciales tras la restauración de la democracia y victoria en la edición de 1999
3. Una Administración marcada por la crisis económica
4. La debacle financiera de 2002
5. Pérdida de la iniciativa política hasta el final del mandato


1. Dirigente de casta del Partido Colorado

El presidente Jorge Luis Batlle Ibáñez fue el heredero de una de las más célebres dinastías políticas de Uruguay. Siendo en origen una familia catalana emigrada desde Sitges, población de mar cercana a Barcelona, al país rioplatense a principios del siglo XIX, antes de la independencia de España en 1830, los Batlle estuvieron en la médula del Partido Colorado (PC), histórica formación de tradición liberal y progresista, si bien muchas veces escorada a la derecha. Junto con su rival, el, en origen, más conservador Partido Nacional (PN), también llamado Blanco, el PC conformó un duopolio por el que las dos formaciones se alternaron irregularmente en el poder durante 170 años, aunque los colorados gobernaron mucho más tiempo que los blancos; precisamente, el período presidencial de Jorge Batlle, entre 2000 y 2005, marcó el final de esta larguísima supremacía desigualmente compartida.

Su tío-abuelo fue José Pablo Batlle y Ordóñez (1856-1929), quien ocupara la Presidencia de la República en tres ocasiones, en 1899, 1903-1907 y 1911-1915; a su vez, José Batlle era hijo de Lorenzo Cristóbal Batlle Grau (1810-1887), presidente en el cuatrienio 1868-1872. El padre, Luis Conrado Batlle Berres (1897-1964), sobrino de José Batlle, ocupó la suprema magistratura en los períodos 1947-1951 y 1955-1956. Su madre era la señora Matilde Ibáñez Tálice (1907-2002), argentina de nacimiento. El batllismo, más tarde identificado con el PC en su conjunto, propugnó un modelo reformista liberal en el que el progreso económico debía asumir una connotación moral orientada al bienestar común de todos los ciudadanos. En esto se oponía al liberalismo individualista y conservador, contrario al Estado interventor, que profesaba el PN. De todas maneras, la mezcolanza de doctrinas y estilos de que han hecho gala a lo largo de su historia estos dos partidos fuertemente fraccionados y verticalizados terminó por hacer vanos los intentos de clasificación ideológica.

La persecución política de la que fue objeto durante la dictadura de su conmilitón Gabriel Terra, elegido en 1930 en un contexto de agudas divisiones en el coloradismo, obligó a Luis Batlle Berres a cambiar de residencia en numerosas ocasiones, de manera que su hijo Jorge repartió sus estudios primarios en escuelas de Uruguay, Argentina y Brasil. Tras completar la secundaria en liceos de Montevideo, concretamente el Público N° 6 y los privados Bauzá y Elbio Fernández, el joven ingresó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

En 1942, durante la Administración colorada del general Alfredo Baldomir Ferrari, Batlle Ibáñez emprendió su activismo formal en el PC al servicio de la aspiración presidencial de su padre y un año después se introdujo en el periodismo como conductor de un programa de jazz en Radio Ariel, propiedad de la familia. En 1945 se integró en los comités ejecutivos Departamental montevideano y Nacional del partido, obviamente como representante de la fracción batllista que continuaba el legado de sus ascendientes, y dos años después, coincidiendo con la llegada de su padre a la Presidencia de la República, fue elegido secretario general del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo. En 1948, después de una estadía lectiva en Londres, comenzó a escribir en el diario Acción, que editaba su progenitor. Su vínculo con este medio se prolongó durante un cuarto de siglo, siendo sucesivamente reportero, jefe de redacción y finalmente director del mismo.

En 1956 se licenció en Derecho y Ciencias Sociales, y en las elecciones de noviembre de 1958, que ganaron los blancos tras 90 años ininterrumpidos de gobiernos colorados, adquirió su primer mandato representativo como diputado por Montevideo en la Lista 15 (batllista) del PC en la Cámara de Representantes, que inauguró sus sesiones en febrero de 1959. Reelegido en los comicios de noviembre de 1962, fue uno de los redactores de la reforma constitucional de 1966 que restauró el poder ejecutivo unipersonal, al cabo de 14 años de presidencia colegiada a través del Consejo Nacional de Gobierno (CNG). De hecho, el segundo ejercicio presidencial de su padre estuvo había estado sujeto a la estructura del CNG, que se renovaba cada año, manteniendo el componente bipartito y redistribuyendo las cuotas de poder en función de los resultados electorales.

En las elecciones de noviembre de 1966, celebradas con arreglo al sistema de candidaturas por lemas y sublemas entonces vigente, que permitía al PC y al PN presentar más de un aspirante a las presidenciales, Batlle fue, con 39 años, uno de los postulantes del coloradismo, pero la votación la ganó para el partido el general retirado Óscar Diego Gestido Pose, quien no cumplió el año en el poder porque falleció por causas naturales en diciembre de 1967, teniendo que tomar las riendas el hasta entonces vicepresidente, Jorge Pacheco Areco. Tras concluir su mandato legislativo el 14 de febrero de 1967, Batlle realizó una segunda tentativa presidencial en la edición siguiente, la del 28 de noviembre de 1971. De nuevo, fue otro colorado el titular del lema más votado y quien se llevó la Presidencia, el ex ministro de Agricultura Juan María Bordaberry Arocena.

Entre uno y otro envites presidenciales, en noviembre 1970, Batlle se vio envuelto en un lance de una naturaleza mucho más física y con grave riesgo para su vida: nada menos que un duelo a sable, del que no salió precisamente ileso, con un adversario que supuestamente había afrentado su honor y que, para mayor extrañeza, era un compañero del partido, el senador Manuel Flores Mora. Cualquier persona no familiarizada con la singular persistencia entre la élite política e intelectual uruguaya de los "duelos entre caballeros", al más puro estilo decimonónico, que incluso tenían cobertura legal, podía considerar este incidente, en absoluto aislado, una ridícula y peligrosa extravagancia.

Claro que los ímpetus retadores venían de familia: en abril de 1920, su tío-abuelo, don José Batlle, había matado de un certero disparo al dirigente liberal Washington Beltrán, en un duelo a pistola reclamado por el ex presidente tras ser llamado por Beltrán "rey del fraude" desde el diario que éste dirigía. Y en noviembre de 1957, su mismo padre, don Luis Batlle, se había enfrentado a sablazos con el general ultraderechista, a la sazón su antiguo ministro de Defensa, Juan Pedro Ribas, terminando el desafío con sendos cortes en el brazo derecho del primero y la mano derecha del segundo. Fue precisamente el famoso duelo Batlle-Beltrán, que conmocionó a la sociedad de la época, el que empujó a la Asamblea General a regularizar por ley, y con carácter retroactivo, las llamadas justas "de honor"; en cualquier otro país del mundo, dejar malherida o matar a una persona en tales circunstancias habría sido objeto de persecución penal.

El pintoresco suceso de 1970 se inició cuando el abogado y periodista, que continuaba en el candelero como director de Acción, encajó como una gravísima injuria la acusación vertida por el senador colorado Manuel Flores de que se había lucrado en una operación de compraventa de divisas aprovechándose del conocimiento por anticipado de una devaluación del peso uruguayo. Batlle quería reparar su honor a toda costa, pero en ese momento estaba fuera del país. Entonces, terció como factótum su correligionario batllista Julio María Sanguinetti Coirolo, quien era el subdirector de Acción y, lo que resultaba más asombroso, el ministro de Industria y Comercio del Gobierno pachequista.

Sanguinetti, en representación de su amigo, retó a Flores Mora a un duelo a sable, de filo y de punta, a primera sangre, que se celebró el 21 de octubre. Según narran las crónicas, tras media hora de mandobles y estocadas, el futuro presidente de la República hirió de un profundo tajo en la mano a su adversario. El duelo terminó en ese instante, pero la peripecia no terminó ahí, ya que Batlle regresó al país y, no satisfecho con la victoria de Sanguinetti, mandó a su vez sus padrinos al ofensor. Las normas exigían que los duelistas se enfrentaran en perfectas condiciones físicas, así que Batlle tuvo que esperar unos días, hasta que se curara la mano del senador. El 11 de noviembre Batlle y Flores desenvainaron sus espadas y, según contaron los periódicos de la época, en el tercer asalto, cuando ya se había infligido la primera sangre, sólo la intervención de los padrinos impidió que los sablistas continuaran acometiéndose hasta un fatal desenlace. El tribunal de honor dictaminó un empate.

Dedicado a la profesión periodística y a la política interna del coloradismo, Batlle, en calidad de líder de la facción Unidad y Reforma (la Lista 15), de tendencia centroderechista, se erigió en una de las voces más críticas con la política de Bordaberry, proclive a contemporizar con las Fuerzas Armadas para conseguir la liquidación, más allá de los límites impuestos por el Estado de Derecho, de la guerrilla urbana del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). A su juicio, la imposición de las soluciones puramente militares para acabar con la subversión izquierdista de los tupamaros entrañaba un enorme peligro para la institucionalidad civil y la democracia uruguayas, advertencia que resultó ser una certera predicción.

El 27 de octubre de 1972, tras acusar desde su tribuna periodística a los militares de utilizar "métodos nazis" y de estar conchabados de hecho con los tupamaros para quebrar el orden constitucional, Batlle fue detenido bajo la acusación de agraviar la moral de las Fuerzas Armadas. El episodio levantó una fuerte polémica por considerarlo los sectores de la opinión pública más comprometidos con la democracia una intromisión flagrante del Ejército en el ejercicio de la libre opinión. Como señal de protesta, abandonaron el Gobierno los tres ministros de la fracción batllista, y el propio líder del PN, Wilson Ferreira Aldunate, adversario político pero viejo conocido de Batlle e igualmente hostil a la alianza fáctica formada por el coloradismo oficial y los militares, condenó el arresto. El 20 de noviembre Batlle fue puesto en libertad tras aceptar los diputados de la Lista 15 sumar sus votos a la propuesta gubernamental de prorrogar el estado de guerra interno, que llevaba implícita la suspensión de garantías constitucionales, vigente desde el 15 de abril del año en curso.

La asunción total del poder por las Fuerzas Armadas en el autogolpe de Estado perpetrado por Bordaberry el 27 de junio de 1973, que supuso la disolución de la Asamblea General, la introducción del Gobierno por decreto, la inhabilitación de todos los dirigentes políticos y la prohibición de la actividad de los partidos, precipitó asimismo el cierre, entre otros medios, del diario Acción. En 1976, el año en que los militares defenestraron a Bordaberry y pusieron en su lugar a un presidente de paja aún más manejable, el blanco Aparicio Méndez Manfredini, Batlle tuvo que renunciar también a la dirección de la Radio Ariel.

En los once años siguientes, Batlle, sometido a estrecha vigilancia por el llamado Gobierno de facto debido a su trayectoria democrática y contestataria, desarrolló actividades empresariales privadas en el sector agropecuario, pero desde la clandestinidad continuó desempeñando labores directivas en el PC, siendo uno de los tres miembros de su Directorio. Ello le costó varias detenciones, de breve duración. En 1983 cesó como secretario del Comité Ejecutivo del partido y en 1984, luego del acuerdo alcanzado por los representantes de los principales partidos y las Fuerzas Armadas, fue uno de los beneficiarios del levantamiento de las proscripciones que pesaban sobre los responsables políticos de la oposición civil.


2. Otras tres apuestas presidenciales tras la restauración de la democracia y victoria en la edición de 1999

En las elecciones democráticas del 25 de noviembre de 1984 Batlle salió elegido senador con un mandato de cinco años dentro de la Lista 15 y desde el 15 de febrero de 1985 fue el encargado de presidir la Asamblea General que inauguró las instituciones de elección popular. A la Presidencia de la República accedió el primero de marzo Julio María Sanguinetti, que lideraba la facción colorada entonces predominante, el Foro Batllista, orientada al centroizquierda y cercana a la socialdemocracia.

En octubre de 1986 Batlle encabezó la delegación nacional en el arranque del XLI período regular de sesiones de la Asamblea General de la ONU, labor que iba a repetir doce años después, en la LIII Asamblea General. Fuera de sus compromisos institucionales, destinó tiempo al hacer intelectual como conferenciante sobre temas de filosofía, política y economía en eventos organizados dentro y fuera de Uruguay. Cabe destacar, por ejemplo, su participación en febrero de 1988 en las actividades del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), con sede en Madrid. El 28 de mayo de 1989 el senador venció a su competidor, Enrique Tarigo, que era el vicepresidente de la República y gozaba del respaldo de Sanguinetti, en la primaria del sublema Batllismo Unido para la definición del candidato presidencial de la facción, votación que estuvo abierta a cualquier ciudadano previamente registrado en el padrón electoral. El día de la elección nacional, el 26 de noviembre, Batlle superó al otro aspirante colorado, el ultraderechista Pacheco Areco, por sólo una décima de diferencia con el 14,8% de los votos.

No obstante, el vencedor absoluto fue el candidato blanco Luis Alberto Lacalle Herrera, quien totalizó a su favor el voto de los tres sublemas del PN, aunque él también fue el candidato individual más votado. En la liza personal, Batlle quedó tercero tras Lacalle y el general retirado Líber Seregni Mosquera, el postulante de la coalición de izquierda Frente Amplio (FA) –y, por cierto, protagonista del último duelo conocido por motivos políticos, el que le había enfrentado al quisquilloso general Ribas, pistola en mano, en diciembre de 1971-. El mandato senatorial de Batlle terminó el 14 de febrero de 1990. Hasta enero de 1992, su Lista 15, también conocida como Batllismo Radical, formó parte de la Coincidencia Nacional, una amplia coalición de facciones blancas y coloradas destinada a dar soporte parlamentario al Gobierno de Lacalle; entonces, Batlle, decepcionado por la, a su entender, falta de brío de Lacalle en la ejecución de las reformas liberales de la economía, retiró su apoyo al Gobierno y se pasó a la oposición.

El 27 de noviembre de 1994 Batlle realizó su cuarto intento de llegar a la jefatura del Estado y enarbolando de nuevo un programa que fue calificado como de derecha neoliberal. Con el 5,1% de los votos, el ya muy veterano político quedó rezagado entre Sanguinetti y el tercer candidato colorado, el también ex presidente Pacheco, pero su cuota de sufragios fue instrumental para que Sanguinetti se llevara la Presidencia con un total del 32,3%, ya que el candidato individual mejor situado fue el oncólogo socialista Tabaré Ramón Vázquez Rosas, cabeza de la coalición de izquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA).

Batlle, que también concurrió inscrito en la lista para la Cámara de Senadores, sí ganó el mandato legislativo para el período 1995-2000. Miembro de las comisiones senatoriales de Industria y Energía, Hacienda, Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Partidos Políticos, en 1996 participó en los trabajos de redacción de la reforma constitucional que, entre otras novedades, estableció la candidatura presidencial única por partido y la doble vuelta electoral, con lo que quedó derogada la casi centenaria Ley de Lemas. En las primarias celebradas por el PC el 25 de abril de 1999 Batlle se proclamó candidato único del partido para las elecciones presidenciales del 31 de octubre de ese año. El primero de junio renunció al escaño de senador para centrarse en su quinto proyecto presidencial.

Batlle presentó un programa económico centrado en la apuesta por el crecimiento (1999 iba a terminar para Uruguay con una recesión del 2% debido a la drástica caída de las exportaciones, a su vez provocada por la aguda depreciación de la moneda brasileña, en flotación cambiaria desde enero), el mantenimiento de la estabilidad de los precios (la inflación rondaba el 6% anual) y los cambios, la estricta responsabilidad fiscal, la mejora de la competitividad mediante la remoción de obstáculos jurídicos y estructurales a la libre actividad económica, y, de puertas al exterior, la búsqueda de negociaciones multisectoriales en el ámbito de la integración regional, siendo siempre la primera referencia el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que Uruguay compartía con Argentina, Brasil y Paraguay. El postulante colorado planteó además el desarrollo de la industria turística, la continuidad de las inversiones sociales para mejorar la calidad de vida de la población (unos gastos que tendrían que cuadrar con la prometida austeridad presupuestaria), y la creación y captación de empresas tecnológicamente avanzadas en los sectores agropecuario y de servicios.

El 31 de octubre de 1999 Batlle, con el 31,3% de los votos, fue superado por el frenteamplista Vázquez, quien obtuvo el 38,5%. El nacionalista Lacalle quedó tercero. Al no alcanzar ningún candidato la mayoría absoluta del 50% más uno de los votos, fue necesario estrenar el mecanismo de la doble vuelta. A la ronda del 28 de noviembre Batlle llegó con ventaja sobre Vázquez gracias el trasvase en masa del voto útil conservador; más allá de su rivalidad bisecular, colorados y blancos se pusieron de acuerdo para cerrar el paso al anterior intendente municipal de Montevideo, cuya profesión de fe socialista y sus fuertes críticas al liberalismo de mercado les producían viva inquietud.

Sin sorpresas, por tanto, Batlle se impuso con el 51,6% de los sufragios y aseguró la continuidad por otros cinco años más de la hegemonía bipartidista asentada desde la guerra civil de 1836-1838. El 1 de marzo de 2000 el estadista electo recibió la banda de presidente de la República para el próximo lustro, en una ceremonia a la que asistieron los mandatarios de Brasil, Argentina, Paraguay, Venezuela y Bolivia. En su discurso inaugural, Batlle enmarcó los retos que tenía por delante en las nuevas realidades de un mundo globalizado. Así, señaló que "las regulaciones, los monopolios, los oligopolios, las trabas en todas sus formas, los mercados protegidos, tanto de los sectores públicos como de los privados, dificultan y entorpecen la evolución de esta sociedad uruguaya", e instó, "entre todos", a "poner a Uruguay en el mundo real".


3. Una Administración marcada por la crisis económica

Batlle llegaba al poder en la República Oriental del Uruguay más de tres décadas después de su primer intento, a la respetable edad de 72 años y con una fama de político culto, perspicaz y un tanto excéntrico, capaz de asombrar a propios y extraños con declaraciones inopinadas, algunas ingeniosas, otras polémicas, sobre cualquier tema de actualidad. Sus primeros pasos como presidente causaron muy buena impresión, incluso entre la oposición izquierdista, que se encontró con un mandatario colorado abierto a establecer con ella unas relaciones de cordialidad y diálogo; no en vano, la minoría del oficialismo en la Asamblea, donde el PC sólo disponía de 32 diputados y una decena de senadores, iba a requerir negociaciones con el EP-FA y el PN para sacar adelante la legislación liberalizadora de la economía y el presupuesto plurianual. La grata imagen dada por Batlle en su debut presidencial no permitía presagiar la calamidad económica y financiera sin precedentes que muy pronto iba a abatirse sobre el país.

De entrada, Batlle recibió en su despacho en el séptimo piso del Edificio Libertad a familiares de desaparecidos durante la dictadura y se comprometió personalmente en la resolución, con espectaculares resultados, de algunos casos de bebés robados a sus madres por los militares para ser dados en adopción. A continuación, el 9 de agosto, un decreto presidencial instituyó un panel investigador denominado Comisión para la Paz que, por una "obligación ética del Estado", recibió la misión de establecer la suerte corrida por los 38 ciudadanos uruguayos –cifra oficial que correspondía a las denuncias formalizadas- detenidos y hechos desaparecer por las Fuerzas Armadas de su país entre 1973 y 1985.

La implicación particular del presidente y la creación de la CP fueron unánimemente considerados unos pasos muy importantes para el esclarecimiento de las violaciones de Derechos Humanos cometidas bajo el Gobierno de facto. También, marcaron el contrapunto de la postura mantenida por sus dos predecesores en el cargo. Sanguinetti, en particular, había afirmado enfáticamente que la cuestión de los desaparecidos estaba cerrada. Cierto era que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986 y sancionada mediante plebiscito en 1989, protegía a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía contra toda persecución judicial por presuntas actuaciones criminales, pero no impedía investigar el paradero de los detenidos-desaparecidos.

El 21 de junio de 2000 la Cámara de Representantes aprobó, con los votos a favor del PC y el PN, una ley de "urgencia" que contenía una serie de medidas para aliviar los efectos de la recesión provocada por la devaluación competitiva del real brasileño. La ley estableció rebajas tributarias para el sector agropecuario, pilar de las exportaciones, así como medidas de fomento de la inversión y el empleo en el sector industrial no primario, consistentes principalmente en la reducción de los impuestos a las actividades económicas. También, se autorizaba al capital privado la adquisición de tierras y establecimientos comerciales de titularidad pública con acciones al portador y a través de sociedades anónimas. Justo un año después, el Gobierno anunció varias reformas para flexibilizar la legislación en materia laboral y nuevas medidas fiscales para reestructurar la deuda de los productores agrícolas y disminuir las cargas de los empresarios, algo que Batlle consideraba insoslayable ante la extensión por todo el país de la epidemia de fiebre aftosa, que estaba causando verdaderos estragos en la cabaña ganadera.

Toda vez que el bloque izquierdista de la Asamblea y el poderoso Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) tachaban las políticas del Gobierno de antisociales y de ineficaces para conjurar las dificultades económicas, Batlle apostó por sacar adelante sus planes con el sólo respaldo del PN, sin concertación social. Por de pronto, el agravamiento de la crisis del sector agropecuario a causa de las turbulencias en el comercio interno del MERCOSUR, las pérdidas provocadas por la fiebre aftosa y la flojera de las cotizaciones internacionales de la carne de vacuno, la lana y el arroz, unido al encarecimiento del petróleo, tuvo un reflejo muy negativo en la producción nacional y el nivel de empleo: 2001 terminó con un retroceso del PIB del -3,8%, el doble que en los también recesivos 1999 y 2000, y con un índice de paro rebotado al 15%, tres puntos más que en marzo de 2000.

El 27 de diciembre de 2001 el presidente se apuntó un tanto con la derogación por la Asamblea de los monopolios que desde 1931 poseía la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) sobre la importación, la exportación y el refinado de petróleo crudo, y sobre la exportación de derivados de petróleo. La cancelación de estos privilegios del Estado, convertida por el presidente en la piedra angular de su programa de reformas estructurales, abría las puertas a la participación de compañías privadas en el negocio del hidrocarburo.

Al tiempo que se esforzaba en ejecutar las medidas que él creía correctas para recuperar el bueno tono económico, Batlle fue perfilando su postura con respecto al MERCOSUR. En la primera cumbre de presidentes a la que asistió, la celebrada en Buenos Aires el 30 de junio de 2000, el mandatario uruguayo defendió la aspiración de Chile a ingresar como miembro de pleno derecho con el objeto de robustecer la posición del bloque de cara a las negociaciones para la puesta en marcha del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), cuya entrada en servicio, según el calendario barajado por el Gobierno de Estados Unidos, a partir de 2005 él consideraba perentoria, entre otras razones, como una alternativa a las enormes dificultades que los productos agrícolas sudamericanos hallaban para penetrar en el mercado común de la Unión Europea (UE). En 2000 el establecimiento de un área de libre cambio entre el MERCOSUR y la UE era visto como un escenario relegado a un futuro tan lejano como incierto.

Batlle, en lo que se alejaba del enfoque regionalista de su colega brasileño, el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, planteaba el ALCA como el ámbito ideal donde negociar un acuerdo bilateral entre el MERCOSUR y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, de Estados Unidos, México y Canadá), a cuyo acceso preferencial por Uruguay el Gobierno otorgaba la mayor importancia por tratarse del segundo mercado cliente después del MERCOSUR. Más aún, Batlle deslizó su escepticismo con los logros alcanzados por el MERCOSUR, aunque sus críticas estuvieron centradas en el proteccionismo europeo. El caso era que el presidente buscaba con ahínco el acceso al mercado continental americano y diversificar el comercio exterior porque temía, y con razón, las devastadoras consecuencias que para la economía uruguaya tendría la pertinacia de la crisis en Brasil y Argentina: los dos motores del MERCOSUR absorbían el 41% de las exportaciones uruguayas, y cualquier flaqueza allí, fuera una contracción de las importaciones o una devaluación monetaria, tenía un impacto inmediato y brutal en un país pequeño que basaba su PIB en las exportaciones de productos del campo.

En la III Cumbre de Las Américas, en abril de 2001 en Quebec, Batlle realizó una ardiente defensa del ALCA y llegó al punto de instar a los uruguayos a que hicieran oír en el Congreso de Washington su voz favorable a la aceleración de la concreción del vasto proyecto de desarme arancelario. Luego, en 2002, ante el arrastre de la economía nacional por el colapso argentino, el presidente se lanzaría a buscar desesperadamente una salida individual para contrarrestar en lo posible los efectos letales de la devaluación del peso argentino, a pedir la vivificación del diálogo "4+1" entre el MERCOSUR y Estados Unidos, y, en opinión de sus detractores internos, a, literalmente, "echarse en los brazos" de Washington. El unilateralismo se vio a las claras en la política comercial, con la aplicación de aranceles temporales a todas las importaciones, de dentro y de fuera de la zona, excepción hecha de los bienes de capital, a los que se retiró el gravamen del 8%, lo que contravenía el acuerdo sobre el Arancel Externo Común del MERCOSUR.

El uruguayo fue el anfitrión en Montevideo de dos reuniones del Consejo del MERCOSUR: la XXI, el 20 y el 21 de diciembre de 2001, y la XXV, el 15 y el 16 de diciembre de 2003, en la que se firmó un Acuerdo de Complementación Económica con Colombia, Venezuela y Ecuador, el cual debía ser la antesala de un área de libre comercio con la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Más allá de las obligadas alocuciones de carácter institucional, Batlle, al volcarse en el elogio del ALCA y en la búsqueda de unas relaciones privilegiadas con Estados Unidos, fue visto como un estadista que no tenía fe en el MERCOSUR. Las llegadas al poder del socialista Lula da Silva en Brasil y del peronista de izquierda Néstor Kirchner en Argentina en el primer semestre de 2003 hicieron que empezara a hablarse con propiedad de un "eje progresista sudamericano", dejando a Batlle aislado en este contexto.


4. La debacle financiera de 2002

Pero el verdadero annus horríbilis para Batlle fue 2002, cuando quedó dramáticamente al descubierto la vulnerabilidad estructural de la economía de Uruguay y su condición, en una expresión muy mencionada aquellos días, de "país argentinodependiente". El derrumbe financiero y monetario en el Estado vecino a caballo entre 2001 y 2002 provocó la parálisis de los intercambios comerciales entre los dos países rioplatenses. La imposición allí del corralito financiero, es decir, el bloqueo por el Gobierno de los depósitos bancarios para impedir la completa iliquidez del sistema, se tradujo aquí en la caída en picado de los ingresos generados por el turismo argentino y, mucho más grave, en un movimiento de retirada por los clientes no residentes, que en su mayoría eran también argentinos, de sus depósitos en bancos uruguayos por la desconfianza que les merecía la capacidad el Estado uruguayo para cumplir con sus responsabilidades financieras. Por de pronto, las tres principales agencias calificadoras de riesgo-país quitaron el grado de inversión a la deuda pública uruguaya.

La autoridad monetaria se aferró al tipo de cambio controlado del peso y el 28 de febrero la Asamblea General aprobó una ley llamada de ajuste o de responsabilidad fiscal, por la que se creaba un Impuesto Adicional al Impuesto a las Retribuciones y Prestaciones con el único fin de financiar el Banco de Previsión Social, en números rojos. El 25 de marzo el FMI anunció la concesión de un crédito stand-by de 743 millones de dólares por un período de 24 meses para que Uruguay pudiera aguantar el funesto efecto tango. Pero estos apaños no surtieron efecto. El 16 de abril, la actividad económica quedó paralizada en una jornada de huelga nacional que convocaron, en un acto de unidad interconfederal inédito desde hacía 20 años, los gremios del PIT-CNT y la veintena larga de asociaciones patronales de la Concertación por el Crecimiento. La protesta del sector productivo al completo pretendía que el Gobierno centrara sus esfuerzos en enfrentar las quiebras empresariales en cadena y la consiguiente destrucción de puestos de trabajo.

Batlle depositó sus esperanzas en las asistencias urgentes del FMI y Estados Unidos. El 29 de mayo la Cámara de Representantes, donde todavía funcionaba la alianza del PC y el PN, sacó adelante la Ley de Estabilidad Fiscal, con la que el Gobierno esperaba recaudar unos 230 millones de dólares hasta finales de año y así cumplir la meta pactada con el FMI de reducir el déficit fiscal del 4,2% del PIB al 2,5% en 2002 y al 1,5% en 2003, con miras a alcanzar el equilibrio contable en 2004, mediante un rosario de cargas tributarias a los salarios de los trabajadores, a las rentas de las empresas industriales, comerciales y agropecuarias, a las sociedades anónimas y a los servicios públicos de agua, electricidad y telefonía.

En estas semanas de máxima inquietud por la evolución de la borrasca económica, Batlle protagonizó sendos incidentes en las relaciones bilaterales con dos países latinoamericanos, los cuales no le ayudaron a remontar sus agónicos niveles de aprobación popular, según indicaban las encuestas. La primera tarascada fue con Cuba. El voto de Uruguay, junto con Estados Unidos y la mayoría de países americanos allí presentes, a favor de una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Ginebra que condenaba la falta de libertades políticas en el país caribeño desató la reacción desaforada de las autoridades comunistas y del propio Fidel Castro, que tacharon a Batlle de "genuflexo", "lacayo", "servil" "mentiroso de los grandes" y "Judas abyecto". La retahíla de insultos enfureció al presidente, que el 23 de abril, con el argumento de que el régimen cubano le había agraviado no a él, sino a todo Uruguay, ordenó la ruptura de las relaciones diplomáticas y demandó a La Habana que retirase de inmediato a su embajador en Montevideo.

El segundo incidente diplomático de 2002 se produjo con Argentina, cuyo presidente entonces era el peronista Eduardo Duhalde, y, a diferencia del anterior, fue totalmente provocado por el mandatario uruguayo, aunque de manera involuntaria. Quien ya en ocasiones anteriores, a lo largo de su extensa carrera política y periodística, había hecho elevar muchas cejas con sus comentarios ocurrentes y fuera de lo común causó un gran escándalo el 3 de junio cuando, durante la grabación de una entrevista televisada, creyendo que hablaba off the record, se despachó a gusto con sus vecinos ante dos periodistas de la cadena Bloomberg que le sacaron a colación las similitudes entre las crisis de Argentina y Uruguay.

Así, a Batlle, quien en el pasado había dejado clara su admiración por figuras de la política argentina como Carlos Menem y Domingo Cavallo, amén de ser el hijo de una argentina y haber estado casado en primeras nupcias con otra argentina, pudo vérsele y oírsele decir: "La situación argentina es de los argentinos, con los problemas argentinos: ¡una manga de ladrones, del primero hasta el último! (…) ¿Usted conoce la Administración argentina? ¿Sabe cómo se manejan las cosas en Argentina? ¿Sabe la clase, volumen y magnitud de corrupción que hay? (…) La Argentina no es el ombligo del mundo (…) No hay nadie en el mundo que necesite de la Argentina para vivir (…) Es la tragedia de los argentinos (…) Se pasan diciendo a ver quién es el culpable de no ayudarnos. Y no se dan cuenta que tienen que ayudarse a sí mismos". La locuacidad del presidente incluyó unos comentarios sobre su homólogo de Buenos Aires: "¿Cómo le voy a plantear a Duhalde nada? (…) No tiene fuerza política, no tiene respaldo, no sabe a dónde va (…) ¿Pero cómo le voy romper a un ciudadano que llegó por casualidad y que se va no se sabe si esta semana que viene o en el mes de marzo?".

Al ver la polvareda que su "conversación particular" con los periodistas de Bloomberg estaba levantando (en realidad, muchos argentinos de a pie acogieron la mordacidad del estadista uruguayo a costa de su país con complacencia y regocijo), Batlle se apresuró a telefonear a Duhalde para expresarle sus excusas. Más aún, al día siguiente, 4 de junio, se presentó en Buenos Aires para disculparse en persona ante él "y ante el pueblo argentino" de un "error" que se había debido a la "combustión espontánea" y el "apasionamiento" que le caracterizaban. Duhalde alabó la "hidalguía" del presidente uruguayo, que se fundió con él en un emotivo abrazo, y dio por "terminado absolutamente" el chusco episodio.

Pero no había respiro para Batlle. El 20 de junio, el ministro de Economía, Alberto Bensión, y el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), César Rodríguez Batlle, quien por cierto era primo carnal del jefe del Estado, anunciaron que, ante la ineficacia de las medidas adoptadas para proteger la moneda nacional de la depreciación –ya se habían liquidado 1.100 de los 3.000 millones de dólares en reservas- y previa consulta con el FMI, el Gobierno renunciaba al esquema de bandas de fluctuación y ponía al peso en libre flotación, dejando que fuera el mercado cambiario el que fijara su cotización. Uruguay, por tanto, seguía los traumáticos pasos adoptados por Brasil en enero de 1999 y por Argentina en enero de este 2002.

La mudanza monetaria tuvo dos efectos fulminantes: una devaluación incontrolada (de un 40% con respecto al dólar en el plazo de un mes) y un movimiento masivo de reintegros de ahorros bancarios, por temor a que se aplicara también aquí el corralito, que hizo resquebrajarse al sistema financiero. La aprobación por el FMI el 26 de junio de un préstamo suplementario de 1.500 millones de dólares, aunque confirmaba que el organismo no iba a dejar en la estacada a Uruguay –a diferencia del caso argentino-, no consiguió tranquilizar a los ciudadanos. El 22 de julio, el ministro Bensión, duramente criticado por el PN y Lacalle, presentó la dimisión, que secundó Rodríguez Batlle.

La cancelación de depósitos devino una sangría dineraria tal que el Gobierno, luego de suspender el BCU las actividades de la Caja Obrera y el Banco de Montevideo por "incumplimiento de la normativa vigente", tuvo que decretar el feriado bancario el 30 de julio: hasta nuevo aviso, todos los bancos y cajas de ahorros dejaban de operar. Los mercados reaccionaron con pánico y el peso se depreció hasta las 35 unidades por dólar. En esos momentos, las reservas del BCU estaban en un nivel históricamente bajo, menos de 700 millones de dólares. Desde enero, se habían evaporado el 45% de los fondos bancarios y el 78% de las reservas. En barrios de la periferia pobre de la capital ya se estaban produciendo saqueos de supermercados y almacenes. El Gobierno empezó a repartir bolsas de alimentos. La confirmación de que Uruguay padecía, según él mismo, "la peor crisis del siglo", obligó al presidente a cancelar su asistencia a la II Cumbre Sudamericana, que tuvo lugar en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil el 26 y el 27 de julio.

A comienzos de agosto, el PC y el PN negociaron y la Asamblea aprobó, todo en un tiempo récord, la denominada Ley de Creación del Fondo de Fortalecimiento del Sistema Financiero, que daba luz verde a la reapertura de los bancos y establecía restricciones a la retirada escalonada de los fondos congelados desde el "martes negro" del 30 de julio. De inmediato, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la concesión de un crédito de 1.500 millones de dólares a corto plazo y como adelanto de la cantidad comprometida por el FMI, pero condicionado a una reestructuración total de la banca uruguaya. El 5 de agosto el Gobierno levantó el feriado bancario.

El punto álgido de la crisis había pasado y la quiebra total del sistema financiero había sido evitada, pero sobre Batlle cayó un diluvio de reproches desde la opinión pública, que en su búsqueda de culpables por el desastre puso de relieve las sospechosas relaciones de amistad entre el presidente y los hermanos José, Juan, Dante y Jorge Peirano Basso, perseguidos por la justicia por haber provocado la quiebra del Banco de Montevideo con sus prácticas estafadoras a gran escala. La insistente afirmación por Batlle de que el sistema uruguayo era "serio" y solvente, y que no tenía nada que ver con el caos argentino, fue crudamente impugnada por los hechos. Si Uruguay no incurrió en el ominoso default, la suspensión de pagos de las deuda externa y soberana, fue únicamente gracias al flotador que le lanzaron el FMI y Estados Unidos. En estas circunstancias, la declaración de "fracaso del modelo neoliberal" hecha por el bloque centroizquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM) tuvo amplia repercusión en una ciudadanía que hasta la fecha se había distinguido por su conservadurismo y su renuencia a un cambio político de fondo.

El 28 de octubre, cuando la inflación alcanzaba el 26%, el mandatario recibió un rudo golpe político con la declaración por Lacalle de que lamentaba que el PN hubiera apoyado al Partido Colorado en la segunda vuelta de las presidenciales de 1999, anuncio al que siguió la retirada del Ejecutivo de los cinco ministros blancos. Era el final de la coalición bipartita. El 27 de diciembre la Cámara de Diputados, siguiendo los pasos del Senado y casi por unanimidad, aprobó la ley por la que se liquidaban los tres bancos quebrados, el Comercial, el de Montevideo y la Caja Obrera, y se procedía a fusionarlos en una sola entidad, el Nuevo Banco Comercial, cuyo único accionista era el Estado. La reestructuración no incluía al cuarto banco suspendido, el de Crédito, que de todas maneras iba a acabar siendo también liquidado, en febrero de 2003. En resumidas cuentas, la crisis supuso para Uruguay la virtual desaparición de la banca privada de capitales nacionales.

El año 2002 terminó como uno de los más infaustos en la historia nacional, con una brutal recesión económica rayana en el -8% (tasa que situó el crecimiento negativo acumulado desde 1999 en el -15%), una inflación promedio del 14%, la deuda externa lindando los 10.000 millones de dólares, el paro disparado al 19% y la cuarta parte de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza.


5. Pérdida de la iniciativa política hasta el final del mandato

El presidente uruguayo encaró los dos últimos años que le restaban en el poder con actitud reservada, como acomodándose en un compás de espera pautado por la resaca de la crisis económica, el inicio de la recuperación, que iba a ser muy vigorosa, y las elecciones generales de 2004. Su último cartucho, el referéndum vinculante del 7 de diciembre de 2003, convocado a iniciativa del Frente Amplio, que recogió el número suficiente de firmas para respaldarlo, sobre la derogación de la ley que abolía el monopolio petrolero de la ANCAP y abría las puertas a la privatización del sector, salió mojado al ganar el sí defendido por la oposición de izquierda con un contundente 63,7% de los votos, siendo la participación del 83,4%. Se trató de la primera vez que una política respaldada conjuntamente por el PC y el PN sufría una derrota electoral.

Por otro lado, el impulso depurador de los crímenes de la dictadura se había detenido en seco. El 10 de abril de 2003 la Comisión para la Paz publicó un informe final que pretendía dar un carpetazo concluyente a la espinosa cuestión, pero lo que consiguió fue indignar a los familiares de las víctimas y a las ONG. Según la Comisión, 26 de los desaparecidos denunciados estaban, en efecto, muertos; tras ser asesinados por los militares, sus cuerpos habían sido incinerados en hornos crematorios y las cenizas resultantes, dispersadas. Sobre el destino final de los otros 12 desaparecidos la Comisión no fue capaz de esclarecer nada. El presidente ya había prohibido a los militares declarar ante el panel y ahora, con el documento en la mano, rehusó también ordenar al alto mando la apertura de acuartelamientos para efectuar excavaciones y tomar pruebas forenses que confirmaran las conclusiones sobre los 26 casos supuestamente resueltos.

Días después, el 23 de abril, Batlle realizó una visita de trabajo a Washington. A la vuelta, en declaraciones a la prensa, explicó que el primer objetivo de su encuentro con George Bush en la Casa Blanca había sido transmitirle que Uruguay estaba "agradecido" por lo que su Gobierno había hecho por él, ya que "somos un país fantástico porque tenemos una gente de primera, pero si no nos hubieran dado una mano, allá por el mes de julio del año pasado, habríamos desaparecido de la faz de la Tierra". También, aprovechó para llamar "asesino" a Fidel Castro. Estas manifestaciones del presidente tuvieron más difusión que una postura del Ministerio de Relaciones Exteriores que, en apariencia, las contradecía: la negativa a firmar con el Departamento de Estado un acuerdo bilateral por el que Montevideo garantizaba la inmunidad de los súbditos estadounidenses frente a la acción extraterritorial de la Corte Penal Internacional (CPI). Al no someterse a esta exigencia antes de la fecha límite del 1 de julio, Uruguay se hizo acreedor de sanciones estadounidenses en materia de cooperación militar.

También a principios de julio de 2003, Batlle denunció en una entrevista televisada que hacía exactamente un año el FMI había intentado "un quiebre institucional" desde el momento en que el subdirector gerente del organismo, el chileno Eduardo Aninat, le pidió que "hiciera las valijas y llamara a elecciones", pues Uruguay "no tenía ninguna posibilidad". Según el presidente, él respondió entonces que "de ninguna manera renunciaba". Con su peculiar oratoria, Batlle recordaba: "Estábamos muertos. Como nos decían que no a todo lo que planteábamos, terminábamos en la zanja".

Batlle y el oficialismo afrontaron las elecciones generales del 31 de octubre de 2004 con un espíritu de resignación y derrotismo: la victoria del EP-FA-NM era segura, y solamente quedaba la duda de si su candidato, Tabaré Vázquez, se haría con la Presidencia en la primera vuelta o si bien necesitaría el balotaje. Fue lo primero: con el 50,7% de los sufragios, el frenteamplista derrotó al blanco Jorge Washington Larrañaga Fraga, que recogió el 34,1%, y machacó al colorado Guillermo Eduardo Stirling Soto, veterano dirigente del Foro Batllista y ministro del Interior hasta el año anterior, cuando fue seleccionado como el candidato unitario del Foro Batllista y el Batllismo Radical. Stirling marcó las distancias con el presidente saliente, cuya gestión estaba indeleblemente marcada por la gran crisis de 2002, pero sólo recogió el 10,3% de los votos.

En las legislativas, el PC se hundió hasta la cuota de la decena de diputados y los tres senadores. Eran los peores resultados de su historia. Batlle consiguió el escaño de senador como cabeza de la lista colorada Uruguay es Posible, pero renunció a ocuparlo; su mandato legislativo pasó al primer suplente, Isaac Alfie, a la sazón ministro saliente de Economía. Los otros dos senadores electos del PC eran Juan Justo Amaro por Uruguay es Posible y Julio María Sanguinetti por el Foro Batllista. En la misma jornada se celebró un plebiscito, convocado por iniciativa popular y respaldado matizadamente por el EP-FA-NM y el PN, sobre una reforma constitucional que otorgara al Estado el monopolio de los servicios de saneamiento y suministro de agua potable, siendo el resultado de la consulta afirmativo.

El 1 de marzo de 2005, Batlle, a sus 77 años, transmitió la banda presidencial a Vázquez en un ambiente de distensión y alborozo. Al estadista le cupo la satisfacción postrera de legar una economía floreciente, como el verde que brota feraz en el erial dejado por una catástrofe: 2004 había cerrado con un crecimiento del PIB del 5%, tasa sobresaliente que obedecía al excelente comportamiento de las exportaciones, en un contexto de bonanza regional –las economías de Argentina y Brasil también crecían con vigor-, apertura de los mercados estadounidenses y debilidad del dólar frente al euro. Además, la inflación era inferior al 8%, el peso estaba estabilizado y volvía a haber liquidez, situación a la que había contribuido, además de la asistencia crediticia de Estados Unidos y el FMI, un exitoso canje de deuda soberana con tenedores privados de bonos que había prorrogado los vencimientos.

Tras abandonar la Presidencia, Jorge Batlle se jubiló de la política institucional, aunque siguió tomando parte activa en los trabajos de su partido, que no estaba llevando nada bien su travesía opositora, contribuyendo a delinear la senda política como una especie de estratega del coloradismo. Inicialmente, rechazó el ofrecimiento que le hizo Vázquez de ser el embajador de Uruguay en Estados Unidos, y en los años siguientes concedió algunas entrevistas periodísticas, en las que dio su opinión sobre aspectos de la actualidad nacional y no se privó de criticar las políticas del Gobierno del Frente Amplio, al que tildó de "socialista-marxista", "populista" y "demagógico".

De cara a las elecciones internas del coloradismo del año 2009, Batlle auspició, sin éxito, la articulación de una precandidatura única, a modo de "polo batllista", para batirse con el aspirante de la facción Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry Herrán, hijo del ex presidente Juan María Bordaberry y quien fuera ministro en los gobiernos del período presidencial 2000-2005. Bordaberry se impuso a sus contrincantes Luis Hierro López, el vicepresidente de la República con Batlle y representante del Foro Batllista, y José Amorín Batlle, ex ministro de Cultura, apoyado por la Lista 15 y sobrino en segundo grado de Jorge Batlle, aunque luego, en la elección nacional, el triunfador fue el frenteamplista y ex guerrillero tupamaro José Mujica Cordano.

Batlle dedicó los últimos años de su vida a la administración de su estancia ganadera y a la consultoría privada, aunque esporádicamente siguió dejándose ver las actividades del PC y publicando columnas de opinión en los medios de comunicación. El 14 de octubre de 2016, meses después de pasar por el quirófano para el implante de una válvula aórtica percutánea, el ex presidente se encontraba en Tacuarembó cuando sufrió un mareo que provocó su desplome, propinándose un fuerte golpe en la cabeza al golpearse contra el suelo. Ingresado en un hospital de la ciudad, le fue diagnosticada una hemorragia intracraneal que requirió una intervención quirúrgica de urgencia ese mismo día. Aunque la operación salió bien, Batlle cayó en un estado de coma y fue trasladado al Centro de Tratamientos Intensivos del Sanatorio Americano de Montevideo, cuyos médicos confirmaron que el traumatismo había dejado daños severos e irreversibles en el cerebro del paciente. Batlle siguió en coma hasta que su corazón dejó de latir el 24 de octubre, la víspera de su 89º cumpleaños.

Uruguay, en estos momentos gobernado por segunda vez por Tabaré Vázquez, celebró un sepelio de Estado para honrar a su fallecido presidente, que dejó viuda a Mercedes Menafra Rodríguez, cónyuge desde 1989. Con su primera esposa, la argentina Beatriz Lamuraglia, Batlle tuvo dos hijos, quienes le dieron cuatro nietos.

(Cobertura informativa hasta 25/11/2016)