Andrés Pastrana Arango

Como presidente de Colombia entre 1998 y 2002, el conservador Andrés Pastrana hizo historia por una iniciativa de paz con las FARC tan bienintencionada como abocada al fracaso. Fueron los Diálogos de San Vicente del Caguán, basados en la concesión a la guerrilla de la llamada Zona de Distensión, una vasta zona selvática en la que el mandatario se adentró para sostener arriesgados encuentros personales con el máximo jefe de los subversivos, Manuel Marulanda, quien en realidad no tenía ninguna voluntad de dejar las armas. Meses antes de la conclusión del mandato, la estrategia presidencial se derrumbó en medio de una feroz arremetida terrorista de asesinatos y secuestros, a la que el Estado respondió manu militari con la Operación Tánatos. El colapso de las conversaciones con las FARC, precedido por la frustración también de las emprendidas con el ELN, puso violento colofón a una presidencia que tuvo que bregar además con las dificultades económicas, las agresiones de las Autodefensas paramilitares y el frente del narcotráfico, objetivo del no menos polémico Plan Colombia.

Aunque su popularidad estaba hecha añicos y las acusaciones de irresponsable y claudicante le llovían por doquier, en 2002 Pastrana entregó la banda presidencial a Álvaro Uribe, quien en 2005 le nombró embajador en Washington, preservando una reputación de político honrado y audaz. La poca credibilidad de la tentativa del Caguán no podía hacer olvidar que el hijo del también presidente Misael Pastrana había sido un edil en su Bogotá natal y un periodista dedicado a la denuncia del narcotráfico, lo que en 1988 le costó un secuestro ordenado por Pablo Escobar, el gran capo del Cartel de Medellín, del que salió vivo prácticamente de milagro. Posteriormente fue alcalde mayor de Bogotá, senador y en 1994 candidato presidencial del Partido Conservador por primera vez, siendo derrotado entonces por el liberal Ernesto Samper, al que acusó de beneficiarse de dinero del narco.

Desde 2012, Pastrana, influyente en política a pesar de estar jubilado de los cargos de representación, se ha mantenido en el candelero por su postura sobre el proceso y el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, donde ha evolucionado del escepticismo al rechazo frontal. Su argumentario por el No descansa en un mensaje principal: que las FARC podrán desmovilizarse como guerrilla, pero "siguen como cartel" de la droga. El ex presidente puntualiza que él no se opone a la paz en sí, sino a unos acuerdos que considera "malos". En vísperas del plebiscito de octubre, Pastrana endureció el tono y acusó a Santos de perpetrar "un golpe de Estado" por adoptar un documento de paz que dejaba "unas instituciones maltrechas y un Ejecutivo dominante y dictatorial". La firma del segundo Acuerdo y su ratificación parlamentaria por la fast track han reafirmado en sus tesis a Pastrana, que denuncia la "locura máxima" de una reforma constitucional ad hoc y la "legalización" vía amnistía del "narcotráfico de las FARC".


(Texto actualizado hasta enero 2017)

1. Periodista y político con vocación social
2. Aspirante presidencial por el Partido Conservador
3. El objetivo de lograr la paz con la guerrilla
4. Acumulación de inquietudes en los terrenos político y económico
5. El controvertido Plan Colombia
6. Derrumbe del proceso de paz
7. Certificación del fracaso de una estrategia como epílogo presidencial
8. Actividad posterior y membresías


1. Periodista y político con vocación social

La familia del antiguo presidente de Colombia está estrechamente vinculada a las dos agrupaciones que, formando una hegemonía bipartidista, dominaron la escena política del país sudamericano entre 1958 y 2002: su padre, Misael Pastrana Borrero, fue presidente de la República entre 1970 y 1974 y líder del Partido Conservador Colombiano (PCC), mientras que su madre, María Cristina Arango Vega, era hija de Carlos Arango Vélez, dirigente del Partido Liberal (PL) y candidato frustrado a la Presidencia en las elecciones de 1942.

El joven Pastrana, que en la época en que su padre se convirtió en presidente presentaba el aspecto de un hippy sensibilizado con la problemática social, cursó estudios secundarios en el Colegio San Carlos y desde 1972 estudios universitarios en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, igualmente en Bogotá, donde en 1977 obtuvo el título de doctor en Leyes. Tras otro año de posgrado en Estados Unidos para sacarse un máster en Derecho Público por el Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, Pastrana retornó a Colombia y comenzó a trabajar como periodista. En 1978 fue cofundador y primer gerente de la revista Guión, y en 1979 fundó el Noticiero TV hoy. Durante unos años desempeñó funciones de presentador en el programa TV Hoy, convirtiéndose en un rostro conocido. Por otro lado, en 1981 contrajo matrimonio con Nohra Puyana Bickenbach, hija del rico industrial cervecero Eduardo Puyana Rodríguez. La pareja iba a tener tres hijos, Santiago, Laura y Valentina.

En 1982 Pastrana inició su carrera política dentro del PCC como concejal del Ayuntamiento de Bogotá, cargo para el que fue reelegido en 1984 por otro bienio y que simultaneó con sus trabajos en la prensa, donde se especializó en la investigación de las redes de producción y tráfico de cocaína. A esta época corresponden sus premios de periodismo Rey de España (de ámbito internacional, en 1985 y 1987), Simón Bolívar (nacional, en 1987) y el concedido por el Círculo de Periodistas de Bogotá. Entre noviembre de 1984 y enero de 1985 fue presidente del Concejo de la ciudad.

El 18 de enero de 1988 Pastrana fue secuestrado en Antioquia por orden del cártel de la droga de Medellín, parece ser que con el objeto de presionar al Gobierno liberal de Virginio Barco Vargas para que no extraditara a Estados Unidos a jefes del narcotráfico, en concreto a Pablo Escobar Gaviria. El 25 de enero el periodista y político fue liberado por la Policía y tras este desagradable trance Pastrana redobló sus actividades en el PCC. El 13 de marzo del mismo año ganó la elección a alcalde mayor de Bogotá, el primero salido del voto directo de la población. Como primer edil capitalino, Pastrana alcanzó notoriedad con su programa de seguridad ciudadana, que redujo el índice de criminalidad, y de reformas en los servicios públicos.

El 1 de junio de 1990 concluyó su mandato municipal y en 1991 puso en marcha la Nueva Fuerza Democrática (NFD), un movimiento suprapartidista para apoyar su campaña para el Senado. En las elecciones legislativas de 27 de octubre de aquel año la NFD no presentó lista a la Cámara de Representantes y sí al nuevo Senado de 102 miembros. Con el 10% de los votos, la plataforma de Pastrana se alzó como la tercera fuerza más votada y él fue uno de los nueve senadores que metió en la Cámara alta. Esta labor de parlamentario nacional iba a proyectarle decisivamente para una meta más ambiciosa: la Presidencia de la República.


2. Aspirante presidencial por el Partido Conservador

En julio de 1993 Pastrana renunció al acta de senador para preparar su candidatura presidencial en 1994, que fue nominada por el PCC. En unas de las elecciones más reñidas en la historia de Colombia, de las que había de salir el sucesor del liberal César Gaviria Trujillo, el ex periodista se batió con el liberal Ernesto Samper Pizano. La primera vuelta, el 29 de mayo de 1994, se saldó con un virtual empate al adelantarse Samper con el 45,3% de los sufragios y pegársele Pastrana con tan sólo tres décimas de voto menos. El 19 de junio Samper consiguió inclinar la balanza a su favor y se adjudicó la victoria con el 50,6% de los votos.

Dos días después de la segunda vuelta electoral, Pastrana levantó una formidable polvareda al acusar a Samper de haber permitido la infiltración en su campaña de dinero del narcotráfico, concretamente del cártel de Cali (rival del cártel de Medellín), aportando como pruebas supuestamente concluyentes unas cintas con grabaciones de conversaciones telefónicas en las que podía oírse a los hermanos Orejuela, jefes del cártel de Cali, hablar con un periodista sobre ciertos dineros destinados a apoyar al candidato liberal. Pastrana puso los casetes en manos del presidente Gaviria, quien a su vez los remitió a la Fiscalía General. Las denuncias vertidas contra Samper, tan crudas para la clase dirigente del país, dañaron la imagen de Pastrana, que fue tachado de político irresponsable y mal perdedor. Pero más tarde, las imputaciones fueron corroboradas por algunos cercanos colaboradores de Samper (como su tesorero de campaña, Santiago Medina, y su ministro de Defensa, Fernando Botero Zea) y constituyeron una sólida base para el proceso de enjuiciamiento parlamentario que a punto estuvo de remover al mandatario liberal de la Presidencia en el bienio 1995-1996.

Tras este episodio, Pastrana estuvo alejado durante más de tres años de la política nacional y se estableció con su familia en Cayo Vizcaíno, Florida, una suerte de travesía en el desierto que algunos presentaron como una huida del vendaval que él mismo había provocado. Llegó a tildársele de "cadáver político", pero a comienzos de 1998, sintiéndose vindicado, regresó a Bogotá para anunciar su segunda apuesta presidencial. A tal fin, reactivó la NFD, a la que se acercaron elementos del PL que habían participado en el Proceso 8.000 contra Samper, personalidades definidas como independientes, intelectuales prestigiosos como el ex gobernador liberal atlanticense Gustavo Bell Lemus, al que escogió para secundarle como candidato a la Vicepresidencia, y ex guerrilleros reinsertados. El premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, no obstante sus posiciones de izquierda, también salió en apoyo de Pastrana.

Todos ellos, junto con un PCC movilizado en torno a su candidato, conformaron la denominada Gran Alianza Democrática, que presentó a la población un ambicioso decálogo de propuestas destinadas a conseguir la paz, garantizar el pleno empleo (la tasa oficial de paro marcaba el 14% en aquel momento) y desarrollar una verdadera política social, tratando de que las rentas de la población no soportaran en exclusiva el necesario reajuste fiscal. Entre otras medidas concretas, la Gran Alianza Democrática prometió un recorte por tramos del impuesto uniforme al consumo del 16 al 12%. Los medios nacionales señalaron que, si bien provenía de la oligarquía terrateniente, Pastrana ofrecía un perfil reformista y, lo que era más importante, no sectario y honesto, nunca asociado a escándalos de corrupción, de manera que su candidatura tenía capacidad para atraer a una parte sustancial del electorado hostil al establishment liberal-conservador.

La prioridad otorgada al inicio de negociaciones de paz con las guerrillas comunistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, unos 17.000 hombres en armas) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, 6.000 efectivos), las cuales no ocultaron su preferencia por Pastrana en la lid presidencial, y la incidencia en los mensajes sociales, alimentaron las esperanzas de una población estragada por décadas de violencia en múltiples frentes y otros déficits de tipo económico. La violencia endémica, la inseguridad ciudadana y la sensación de desamparo angustiaban a la población. Pastrana pertenecía a las clases pudientes, pero había vivido estos males en carne propia: además de su experiencia particular los sicarios del narcotráfico, en 1991 había encajado el secuestro y asesinato por una banda de delincuentes con fines de extorsión del padre de su esposa, don Eduardo Puyana.

Por otro lado, su oferta de restaurar el nivel de cooperación con Estados Unidos vigente hasta 1996, cuando la Agencia para la Lucha contra la Droga (DEA) descertificó al Gobierno Samper, fue acogida positivamente en Washington. Aun y todo, Pastrana, al que se le adjudicaban importante contactos con las élites económicas y políticas de Estados Unidos, precisó que de llegar a la Presidencia no solicitaría el envío de asesores militares para no hacer un "excesivo énfasis en las medidas represivas".

En la elección del 31 de mayo de 1998 Pastrana fue, con el 34,4% de los sufragios, el segundo candidato más votado pero a sólo una décima de distancia del liberal Horacio Serpa Uribe, quien había desarrollado una campaña fieramente populista y planteado similares propuestas, aunque en el recuerdo del electorado pesaba la defensa que Serpa había hecho del acosado Samper. Sin embargo, en el desempate del 21 de junio Pastrana obtuvo el apoyo de la mayoría de los votantes de la tercera en discordia en la votación de mayo, Noemí Sanín Posada de Rubio, ministra de Exteriores durante la administración liberal de Gaviria y ahora postulante independiente de éxito merced a su enérgica campaña anticorrupción. Como resultado, el aspirante conservador se alzó con la victoria con el 50,4% de los sufragios.

Los comicios de 2002 se celebraron en un clima relativamente pacífico para los estándares colombianos y registraron un índice de participación histórico, el 59%, lo que reflejaba la fuerte voluntad de cambio del electorado. El partido del presidente electo, empero, estaba en minoría en el Congreso, al ganar en las elecciones legislativas del 13 de marzo sólo 56 de los 165 representantes de la Cámara baja y 27 de los 102 senadores.


3. El objetivo de lograr la paz con la guerrilla

Pastrana tomaba posesión de su mandato cuatrienal, primero para el PCC desde 1986, el 7 de agosto, pero no esperó hasta entonces para mover sus piezas en el frente de la guerrilla. Con un dinamismo inusual en un estadista de su nivel y no poca audacia política (si no arrojo personal), el 9 de julio el presidente electo se internó en la selva para reunirse con el comandante Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, alias de Pedro Antonio Marín, quien era el líder histórico de las FARC, su fundador en 1964 y el número uno de su Secretariado y su Estado Mayor Central. El encuentro, primero directo de un mandatario colombiano con la guerrilla y que sorprendió por la cordialidad exhibida por los interlocutores, sentó las bases para futuras negociaciones encaminadas a finalizar el dilatadísimo conflicto insurgente.

Al mismo tiempo, el ELN y el Consejo Nacional de Paz (CNP), foro integrado por organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil colombiana, llevaban tres meses dialogando en un convento de carmelitas en las cercanías de la ciudad alemana de Maguncia. De esta "mesa de sondeo" surgió, el 15 de julio, un acuerdo de principio para convocar antes de octubre una Convención Nacional como conferencia de seguimiento y consolidación del proceso. Todo ello parecía indicar que la elección de Pastrana había sido un verdadero catalizador de las iniciativas de paz. No obstante, bien pronto quedaron decepcionadas las perspectivas más optimistas y cobraron convicción quienes venían advirtiendo que el proceso de paz iba a ser largo y proceloso. Pastrana ignoraba que hasta el final de su mandato los desaires de las guerrillas, particularmente las FARC, iban a ser la amarga tónica.

El 22 de julio el ELN rompió su compromiso de tregua y comenzó una campaña de atentados. El mismo 7 de agosto, la ceremonia de asunción de Pastrana quedó deslucida por la ola de violencia guerrillera sin precedentes que asolaba el país. Colombia fue conmocionada por el desastre militar del 3 de agosto, con cientos de uniformados y civiles muertos o desaparecidos en los combates. En su ataque a una base antinarcóticos en Miraflores, Guaviare, las FARC mataron a 40 policías y soldados, y secuestraron a otros 56. El descalabro del 3 de agosto recordaba el sufrido en marzo anterior, cuando otro golpe de las FARC en El Billar, Caquetá, se saldó para las fuerzas del Estado con 65 bajas y 43 secuestrados.

El 14 de octubre, tres días después de hacer lo propio con el ELN, el Gobierno arrancó las conversaciones con las FARC. La guerrilla vio reconocido un estatus de interlocutora política y el Ejército comenzó a abandonar una vasta zona selvática en los departamentos de Caquetá y Meta, al sur del país, de 42.130 km² (extensión ligeramente superior a la de Suiza y que comprendía cinco municipios), satisfaciendo así la precondición planteada por Marulanda a Pastrana de levantar un "laboratorio de paz" en esta región dominada por sus fuerzas. El 7 de noviembre, seis después de asaltar los guerrilleros Mitú, capital del departamento de Vaupés, y capturar a 60 policías y soldados, los militares completaron la evacuación del territorio y la llamada Zona de Distensión se hizo efectiva.

El 7 de enero de 1999 comenzaron las negociaciones de manera oficial, y lo hicieron con mal pie: al encuentro inaugural en San Vicente del Caguán, municipio del departamento de Caquetá, no compareció Marulanda, dejando a Pastrana en una situación sumamente embarazosa. Con su boicot al acto, Marulanda lanzaba al Gobierno una señal de advertencia contra la concesión de un estatuto político similar y garantías de amnistía a las organizaciones paramilitares de extrema derecha, unos 7.000 hombres perfectamente pertrechados para luchar contra las guerrillas al margen de la ley del Estado y agrupados desde abril de 1997 como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el mando de Carlos Castaño Gil.

Precisamente, las autodefensas, responsables de algunas de las peores violaciones de los Derechos Humanos cometidas en Colombia, habían desencadenado en la víspera una campaña de masacres contra civiles sospechosos de pertenecer o simpatizar con la guerrilla. El objetivo de Castaño y sus huestes era obligar al Gobierno a sentarse con ellos en una mesa de negociaciones y obtener beneficios políticos en plano de igualdad con las FARC y el ELN.


4. Acumulación de inquietudes en los terrenos político y económico

El 2 de mayo de 1999 Pastrana y el jefe de las FARC celebraron por sorpresa una reunión en la finca Caquetania, en plena selva de San Vicente del Caguán. De la conferencia salió un comunicado que daba fe de la "voluntad política indeclinable" de las partes de llegar a un "acuerdo total para una agenda común" y de "encontrar una solución política al conflicto". Con el fin de "sentar las bases sólidas de una paz verdadera y duradera", el Estado, cuyo representante regular era el Alto Comisionado para la Paz nombrado por Pastrana, Víctor Ricardo Piñeros, y la guerrilla acordaban reanudar 6 de mayo el proceso de negociación y diálogo. El Acuerdo de Caquetania sirvió para desbloquear la situación empantanada desde enero anterior por decisión unilateral de las FARC. Las negociaciones en efecto se reanudaron, pero en los meses siguientes la coyuntura no hizo más que empeorar en todos los frentes, y no sólo los militares, poniendo a Pastrana contra las cuerdas.

Por un lado, las guerrillas no le concedieron ninguna facilidad, pues incrementaron los asesinatos y los secuestros de personajes públicos o de grupos en masa -la irónicamente denominada "pesca milagrosa", que nutría un lucrativo negocio de rescates-, las voladuras de instalaciones como oleoductos y torres de energía, y las emboscadas a militares y policías. Sin duda crecidas por los resultados obtenidos hasta entonces, las FARC optaron por las grandes demostraciones de fuerza a fin de obtener del Gobierno las máximas ganancias.

La tesis de Pastrana de perseverar contra viento y marea no encontraba eco en buena parte de la opinión pública, cada vez más escéptica ante un proceso de paz percibido sólo como una sucesión de concesiones y gestos de apaciguamiento, que a cambio sólo producían en las guerrillas declaraciones arrogantes y una espiral de agresiones al Estado. Según algunas encuestas, el 70% de los colombianos percibía la subversión como una manifestación no guerrillera, sino terrorista, y no eran pocos los que pensaban que el presidente se estaba mostrando "más preocupado en satisfacer a las guerrillas que en escuchar a la parte de la sociedad que no está armada". El 26 de mayo de 1999, en vísperas de unas jornadas bélicas especialmente sangrientas, se abrió una crisis sin precedentes en el Ejército por la dimisión en masa de 14 generales y coroneles en protesta por la desmilitarización de una parte del país en aras del proceso de paz. Igualmente presentó la renuncia el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda Caicedo, que arrastraba desavenencias con Pastrana.

El comportamiento de la economía no iba a la zaga en cuanto a generación de desasosiego; en agosto de 1999 los sindicatos realizaron un paro nacional para protestar por la política económica y social del Gobierno, que aunque había empezado a aplicar bastante de lo prometido por Pastrana en la campaña electoral (reforma tributaria, rebaja del IVA, devaluaciones del peso) se mostraba incapaz de poner coto a la espiral del desempleo, el 20% ya, y a una deuda exterior exorbitante, de 34.000 millones de dólares. En septiembre de 1999 el peso entró en régimen de flotación cambiaria con respecto al dólar y el año terminó registrando una contracción económica del 4,4% del PIB. La profunda recesión, de hecho la primera desde 1931, se declaró en un país que a pesar del permanente estado de violencia había mantenido durante décadas unas tasas de crecimiento bastante estables.

En diciembre de 1999 Colombia, por primera vez en su historia (era el único país de América Latina que nunca había dado este paso, tratándose del Estado más grande de la región que jamás había padecido hiperinflación o dejado de pagar sus deudas a los acreedores del exterior), solicitó al FMI una asistencia financiera trienal de 2.700 millones de dólares para reducir el déficit fiscal del Estado desde el 6,3% actual hasta el 1,5% en 2000. El préstamo se sumó a los 4.200 millones de dólares ya concedidos por el Banco Mundial y otros organismos de crédito.

La aceleración del embarque de capitales y de la emigración de ciudadanos al extranjero atestiguaba el profundo pesimismo reinante sobre el futuro del país, sometido ahora al ajuste estructural, aunque al iniciarse el año 2000 la crisis comenzó a remitir y la recuperación del crecimiento, si bien tibia, llegó pronto. Para estabilizar la economía, el presidente nombró ministro de Hacienda y Crédito Público a un dirigente liberal, Juan Manuel Santos Calderón, quien fuera ministro de Comercio Exterior con Gaviria y luego un fuerte detractor de Samper. Además, Santos era el artífice de la idea de la zona de distensión con la guerrilla, que él había propuesto a Samper en 1997. 2000 terminó para Colombia con un crecimiento del PIB del 2,8%.


5. El controvertido Plan Colombia

Pese a la absorbente situación interna, Pastrana no descuidó el quehacer internacional. El 27 de mayo de 1999 presidió en Cartagena de Indias el XI Consejo Presidencial de la Comunidad Andina (CAN), que revistió un carácter especial al conmemorar el 30 aniversario de la firma del Pacto Andino en la ciudad caribeña. Este socorrido destino vacacional acogió también la XIV Reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, el 15 y 16 de junio de 2000, en la que se incorporaron como miembros de pleno derecho Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana. Hasta el 2 de septiembre de 1998 Pastrana fue presidente de turno del Movimiento de países No Alineados, ya que la XI Cumbre trienal había tenido lugar en Cartagena en 1995 y la XII edición se celebró en Sudáfrica en la primera fecha. Por otro lado, el 18 de enero de 1999 Pastrana sostuvo en La Habana un encuentro con el presidente cubano Fidel Castro, al cual se sumó, en singular cita a tres, el presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez. Con este viaje a La Habana, el mandatario colombiano quiso poner bien de manifiesto su política de "puertas abiertas" hacia Cuba.

Ahora bien, la recomposición de las relaciones con Estados Unidos y la formulación de la nueva estrategia de este país para Colombia requirieron un capítulo principal en la agenda exterior de Pastrana. En octubre de 1998 el presidente cursó una visita de Estado a Washington y en septiembre de 1999 volvió a reunirse con su homólogo Bill Clinton, esta vez con motivo del período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El 30 de agosto de 2000 Clinton hizo una breve parada en Cartagena para exponer a Pastrana el último y más ambicioso plan de Estados Unidos para dar un golpe mortal al gran negocio criminal de las drogas en América Latina, plan que pivotaba sobre Colombia.

El llamado Plan Colombia contemplaba inversiones masivas en la lucha contra el narcotráfico para atacarlo en su origen, las plantaciones de coca y los laboratorios de procesado de cocaína sobre el terreno, y tenía un fuerte componente militar. El Gobierno de Estados Unidos creía posible estrangular los grandes flujos de narcóticos en la dirección sur-norte si implicaba en un vasto operativo conjunto al Estado colombiano, pues más del 90% de la cocaína comercializada en el país norteamericano procedía del andino. Se trataba de ayudar a Colombia a darle una continuidad decisiva a las espectaculares actuaciones contra los cárteles acometidas en los últimos años, la última de las cuales, la Operación Milenio, desarrollada en octubre de 1999 de manera simultánea en Colombia, Ecuador y México, había permitido la detención de 32 grandes narcotraficantes, a la cabeza de los cuales figuraban Fabio Ochoa y Alejandro Bernal Madrigal.

El plan preveía un desembolso total de 7.500 millones de dólares, de los que 4.864 los aportaría Colombia y el resto Estados Unidos y otros países que quisieran contribuir. El 51% de los recursos financieros se destinaría a programas sociales y de promoción de los Derechos Humanos, y al fortalecimiento de las instituciones del Estado, el 32% iría a la lucha contra las drogas propiamente dicha y un 16% a subvenir necesidades económicas.

El Gobierno Clinton se comprometió a aportar 1.300 millones de dólares, de los que 900 irían directamente a la persecución de las organizaciones delictivas, dotando de mejores medios militares al Ejército colombiano, y el resto a la campaña de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. En el apartado humano, se contempló un tope inicial de 500 asesores militares para labores de instrucción de las fuerzas locales, pero con la reserva de aumentarlos si existían "evidencias de una agresión", ambigua referencia que suscitó múltiples especulaciones sobre a cuáles de los grupos armados que operaban en el país se estaba aludiendo. Además, Estados Unidos estaba dispuesto a despachar otros 300 funcionarios civiles para asistir en el desarraigo de cocales.

El Plan Colombia fue acogido con aprensión por otros gobiernos de la zona, concretamente los de los estados limítrofes con Colombia, directamente afectados por los flujos transfronterizos del negocio de narcóticos. En casa, provocó malestar y preocupación en diversos sectores sociales y políticos, que temían la internacionalización del conflicto (y hasta una escalada a la vietnamita, apuntaban los más alarmistas), y recibió la advertencia de las guerrillas, por su parte cada vez más enredadas en el jugoso negocio de la droga, que se olieron una eventual operación militar a gran escala contra ellas con la participación de efectivos estadounidenses en alianza fáctica de los paramilitares. Con todo, Pastrana, muy pedagógico en este sentido, consiguió remover suspicacias, tal que en la I Cumbre Sudamericana, celebrada en Brasilia del 1 de septiembre de 2000, todos los presidentes asistentes, él y otros once, expresaron su respaldo al Plan Colombia en sus planteamientos globales. No fue la excepción el venezolano Chávez, quien le comunicó su aceptación del plan siempre y cuando no supusiera la implicación de personal militar estadounidense en la lucha contra el narco sobre el terreno.


6. Derrumbe del proceso de paz

Las tortuosas negociaciones con las FARC, recuperadas el 24 de octubre de 1999 tras otro parón, volvieron a interrumpirse en mayo de 2000 a raíz del anuncio por la guerrilla de la creación de un impuesto revolucionario a los particulares que tuvieran un patrimonio superior al millón de dólares: quien no pagara esa exacción se exponía a ser secuestrado. Fue el comienzo de un rosario de secuestros de altas personalidades del Estado y la clase política, tanto del PL como del PCC, que pusieron en vilo a un país que pensaba que ya lo había visto todo en materia de fechorías y atrocidades.

Así, hasta finales de 2001 iban a ser secuestrados por la guerrilla el congresista Óscar Tulio Lizcano, el ministro de Desarrollo hasta 1999, Fernando Araújo Perdomo, el gobernador del Meta, Alan Jara Urzola, el senador Luis Eladio Pérez Bonilla, el congresista Orlando Beltrán Cuéllar, la congresista Consuelo González de Perdomo y, meses después de cesar como ministra de cultura, la intelectual Consuelo Araújo Noguera. Estos eran únicamente los nombres más conocidos de una larguísima lista de ciudadanos a los que las FARC arrebataron la libertad para convertirlos en rehenes canjeables (en su mayoría, no fueron liberados hasta varios años después de abandonar Pastrana la Presidencia) y en algunos casos también la vida. El 26 de abril de 2000 Pastrana encajó otro revés con la renuncia del alto comisionado Víctor Ricardo, al que el jefe de las AUC, Castaños, había amenazado por haber "entregado el país a las guerrillas". El presidente nombró como sustituto a su secretario privado, Camilo Gómez.

Como contrapartida, el 24 de julio de 2000, tras dos años de estériles encuentros, representantes del ELN y el CNP se reunieron en Ginebra para explorar la posibilidad de un consenso básico sobre un calendario de paz que incluyera un alto el fuego en firme y la convocatoria de la Convención Nacional, entendida como un foro abierto a todos los sectores sociales para discutir la violencia estructural del país y aportar soluciones. El ELN, por su parte, reiteró su exigencia de concesiones territoriales como las dadas a las FARC, en este caso llamadas eufemísticamente "zonas de convivencia" y a establecer en el departamento de Bolívar, a pesar de que la población local se había movilizado en contra de esa posibilidad.

Por si no tenía suficientes frentes abiertos, Pastrana se enredó en un conflicto institucional con el Congreso tras su anuncio, en abril de 2000, de celebrar un referéndum para disolver el poder legislativo como paso indispensable para llevar a buen puerto sus planes de saneamiento de la política nacional. Los congresistas amenazaron con destituir al presidente, quien finalmente ahuyentó esa posibilidad al precio de perder la mayoría de diputados afectos.

El 8 de febrero de 2001 Pastrana, luego de prorrogar la vigencia de la Zona de Distensión, sostuvo su tercera reunión con Marulanda en la localidad de Los Pozos. Al día siguiente, los máximos jefes de las dos partes anunciaron un acuerdo para reanudar las conversaciones a partir del 14 de febrero, acuerdo condicionado a la creación de una comisión mixta para verificar el control efectivo del Ejército sobre los paramilitares. El 28 de febrero el presidente recibió un importante balón de oxígeno político con la ratificación por los representantes de la "sociedad civil" (en realidad, las planas mayores de los principales partidos) de los términos del Acuerdo de Caquetania de 1999.Sin embargo, una palada de cal por una de arena, ya que 19 de abril el ELN anunciaba su abandono del diálogo de paz ante la "falta de voluntad del Gobierno para luchar contra los paramilitares". Nadie dudaba de que la verdadera razón de la espantada del ELN era la negativa de Pastrana a concederle una zona desmilitarizada.

A mediados de 2001 a Pastrana aún no se le había agotado la paciencia con las FARC. Una actitud bienintencionada y, pese al eco ingrato que generaba, necesaria según los miembros del frente pacifista, o bien una claudicación del Estado de derecho y el imperio de la ley según los detractores, su insistencia en discutir en pie de igualdad con una guerrilla que parecía más desmandada cada día agotó sus últimas cotas de credibilidad ante un sector ampliamente mayoritario de la opinión pública. A la decisión del presidente de prorrogar la Zona de Distensión siguió el secuestro y bárbaro asesinato a finales de septiembre de Consuelo Araújo, la popular ex ministra de Cultura, quien había dejado el puesto en marzo. Araújo fue ejecutada a sangre fría por sus captores cuando estos advirtieron que un dispositivo militar les tenía localizados y rodeados. Ni antes ni después de la prorrogación efectiva de la zona neutral por tres meses, el 7 de octubre, interrumpieron las FARC sus asesinatos, secuestros y atentados, pese a comprometerse, por enésima vez, a mantener una tregua en aquel período.

Simultáneamente, la ONG Human Rights Watch, muy crítica con la administración militarista de las FARC en el "laboratorio de paz" de Caquetá, acusó a Pastrana de no hacer nada para cortar los vínculos entre el Ejército y las AUC, que seguían operando con absoluta impunidad y compitiendo con la guerrilla en la comisión de atrocidades contra la población civil. Era tal la efusión de violencia que las acciones de una u otra parte se solapaban, suscitándose dudas sobre cual de los varios grupos armados era el responsable de determinados asesinatos de alto contenido político dirigidos a dinamitar el proceso de paz. En el denominado Acuerdo de San Francisco de la Sombra alcanzado el 5 de octubre, el Gobierno se había comprometido a combatir el paramilitarismo, con lo que el incumplimiento de lo suscrito era flagrante en ambas partes.

Por lo demás, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos favorecieron la simplificación del análisis de la posible naturaleza terrorista de muchos grupos armados en diversas partes del mundo; en el caso de Colombia, las FARC y las ELN fueron consideradas sin ambages organizaciones terroristas por el Gobierno de Washington, y empezaron a serlo por los gobiernos europeos. La percepción de que a partir de entonces la comunidad internacional iba a ser menos condescendiente con los fenómenos de violencia con marchamo guerrillero espoleó en la opinión pública colombiana las tesis de ruptura del engañoso proceso de paz y del inicio de la guerra total contra las citadas organizaciones no obstante la aparente imposibilidad de derrotarlas con las armas. Una actitud de mano dura que, por ejemplo, hizo suya el liberal disidente Álvaro Uribe Vélez, pronto aupado en los sondeos de opinión como el favorito para ganar las elecciones presidenciales de 2002.


7. Certificación del fracaso de una estrategia como epílogo presidencial

El 9 de enero de 2002 Pastrana, en respuesta a la última y brutal campaña de ataques, declaró suspendido el proceso de paz con las FARC y el día 12, previo rechazo de su demanda de que terminaran las medidas de control de su territorio mediante sobrevuelos, los retenes militares en el perímetro exterior y las restricciones a las visitas de extranjeros, les lanzó un ultimátum de 48 horas para que clarificaran sus propuestas de cese de hostilidades antes de ordenar al Ejército la ocupación de la Zona de Distensión. En el último momento, el 14 de enero, el proceso de paz postergó el colapso definitivo al suscribir ambas partes un documento propiciado por la ONU y los países facilitadores en el que se declaraba que existían garantías para seguir negociando.

Pero este logro in extremis sólo fue un espejismo de paz. Las FARC desataron otra feroz embestida terrorista contra civiles y militares, y, como enésima provocación de contenido político, secuestraron un avión comercial para capturar al senador liberal Jorge Eduardo Gechen Turbay, quien engrosó la lista de legisladores en activo o retirados víctimas de este tipo de operaciones.

El 21 de febrero, despojado de todo margen de maniobra, Pastrana compareció ante la nación para anunciar la ruptura definitiva del proceso de paz y la orden dada al Ejército de recuperar la zona desmilitarizada de Caquetá. Con un tono a caballo entre una pretendida firmeza y una decepción que sólo ahora, casi de golpe, afloraba, Pastrana acusó a Marulanda de haberle engañado a él y al pueblo colombiano, palabras que no podían ocultar el fracaso total del propósito que le llevó a la Presidencia cuatro años atrás. La grave decisión del presidente tuvo el respaldo de los 34 países de la OEA y fue recibida en el país con una mezcla de emociones en la que destacaban el alivio por el final de una situación insostenible y el miedo por los duros tiempos que se avecinaban. Con la denominada Operación Tánatos, la Fuerza Aérea comenzó el bombardeo de objetivos guerrilleros como antesala del despliegue terrestre de fuerzas aerotransportadas e infantería. El 22 de febrero las tropas tomaron el control del principal núcleo de población, San Vicente del Caguán, y al día siguiente Pastrana en persona izó la bandera de Colombia en la cabeza del municipio rodeado de fuertes medidas de seguridad.

Ni siquiera en esta jornada de afirmación del Estado pudo el presidente eludir las malas noticias: Íngrid Betancourt Pulecio, candidata presidencial por el Partido Verde Oxígeno y denunciadora habitual de las corruptelas de los grandes caciques políticos, fue aprehendida por la guerrilla el mismo 23 de febrero cuando, tras cruzar las líneas de control del Ejército con la intención de contactar con partidarios políticos locales, se internó en la Zona de Distensión y se topó con una partida de subversivos. Fue el inicio de uno de los más famosos cautiverios de la historia colombiana, que no iba tener desenlace, feliz, hasta 2008. Luego, en abril, las FARC capturaron al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y a su asesor de paz, Gilberto Echeverri Mejía: los dos iban a ser asesinados en mayo de 2003.

Desde este momento, Pastrana se limitó a gobernar con una agenda del día a día, sin propuestas ni iniciativas, hasta la terminación de su mandato el 7 de agosto. Su partido, o mejor dicho, los pocos candidatos conservadores que le seguían respaldando, fueron castigados en las elecciones legislativas del 10 de marzo. Para mayor baldón, dos días después de los comicios el candidato oficial para las presidenciales, Juan Camilo Restrepo Salazar, ministro de Hacienda y Crédito Público en 1998-2000, quien apenas contaba con el 2% de intención de voto en los sondeos, anunció que se retiraba para no perjudicar las expectativas de Uribe, que tenía como principal contendiente a Serpa. Situación insólita, el partido al que pertenecía el jefe del Estado saliente se quedó sin representante en la elección presidencial por primera vez en la historia nacional. Una vez que Uribe fue proclamado vencedor en la primera vuelta del 26 de mayo, Pastrana se limitó a agotar lo que le quedaba de mandato como un presidente meramente de iure: todo el protagonismo y el dinamismo políticos recayeron en el mandatario electo, Uribe, quien captó la atención de los gobiernos internacionales y la cobertura informativa.

En la recta final de su mandato, Pastrana reclamó para su administración el mérito de haber ganado a las guerrillas la batalla política y destacó el logro postrero de la inclusión de las FARC por la Unión Europea (el 12 de junio, meses después del paso dado por el Gobierno de Estados Unidos) en su lista de grupos calificados como terroristas. Semanas atrás, la UE había rechazado adjudicar a la principal guerrilla colombiana tal condición, pese a su responsabilidad confesa en recientes matanzas de civiles, lo que motivó la reacción disgustada de Pastrana y la petición al presidente del Gobierno español José María Aznar, en tanto que presidente de turno del Consejo de la UE, de que propiciara un nuevo examen de la cuestión, como así fue.

En el momento de su despedida, Pastrana se quejó de que la prensa nacional, en estos cuatro años, hubiera tendido a resaltar sólo los aspectos inconclusos de su gestión y a "enfatizar lo negativo", y reclamó el legado de una economía en fase de recuperación, así como la moderación del déficit fiscal y la inflación. No obstante, la mayoría de los análisis recogieron un balance más bien mediocre también en lo económico, aparte la desastrosa situación de la seguridad interior y el aumento a ojos vista de la corrupción, señalándose tres espirales alarmantes: la de la pobreza, que afectaba ya al 55% de los colombianos; la del desempleo, con una tasa media del 25% aunque en el campo era casi el doble; y la de la deuda externa, que sobrepasa los 40.000 millones de dólares.


8. Actividad posterior y membresías

El ex presidente, tal como había anunciado, se marchó a vivir a España. Luego de residir allí durante dos años, en 2004 Pastrana retornó a Colombia con un mensaje de oposición al plan de Uribe de presentarse a la reelección presidencial previa aprobación por el Congreso de una enmienda constitucional. En 2005 publicó La palabra bajo fuego, libro de memorias donde repasaba el proceso de paz con las guerrillas y explicaba las razones de su fracaso. Ese mismo año, en un giro inesperado que presuponía la superación de sus diferencias con Uribe, Pastrana aceptó el cargo de embajador de Colombia en Estados Unidos. La misión diplomática de Pastrana duró menos de un año. En julio de 2006 cesó en Washington y casi de inmediato reanudó sus críticas a Uribe, denunciando en particular su estrategia pactada de desmovilización de los paramilitares y la implicación de Venezuela en el llamado Acuerdo Humanitario con las FARC. En junio de 2012 el ex presidente colombiano volvió a ser noticia al visitar, en su celda de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, a quien fuera su secuestrador 24 años atrás, Jairo Velásquez, alias Popeye, jefe de sicarios de Pablo Escobar

Aparte los reconocimientos y haberes arriba citados, Pastrana fue presidente del Capítulo Americano y miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Autoridades Locales (1988-1989), vicepresidente de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica (1989) y codirector de la Conferencia Mundial de Alcaldes sobre la Drogadicción, en sus reuniones de Nueva York (1989) y Madrid (1990). En 1994 asesoró a la sede en Tokyo de la Universidad de Naciones Unidas y en 1992 fue elegido presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA). Andrés Pastrana cuenta con varias condecoraciones colombianas y la UNESCO le distinguió con su Orden homónima. En la actualidad es miembro del Club de Madrid, del Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Programa de las Américas del Centro Carter de Atlanta, de la Clinton Global Initiative (CGI) y del Consejo Directivo de las International Foundations for Electoral Systems (IFES), con sede en Washington.

(Cobertura informativa hasta 1/2/2012)