Enrique Bolaños Geyer

La presidencia, de 2002 a 2007, del empresario Enrique Bolaños en Nicaragua estuvo distorsionada por el controvertido pacto de intereses entre sus predecesores en el cargo, Arnoldo Alemán, de quien había sido vicepresidente, y el sandinista Daniel Ortega, ahora líder opositor. Sus iniciales medidas anticorrupción divorciaron a Bolaños de Alemán, reo de latrocinio al Estado, y de su partido, el conservador Liberal Constitucionalista (PLC), los cuales no dudaron en socavar la acción del Ejecutivo y en ponerse de acuerdo con el FSLN para controlar las demás instituciones. La renuncia por Ortega en 2005 a aplicar la reforma constitucional que recortaba los poderes presidenciales y a impulsar el desafuero de Bolaños por unos presuntos actos de corrupción permitió rebajar la crisis política. De cara al exterior, Bolaños respaldó militarmente a Estados Unidos en Irak, obtuvo la ratificación del CAFTA y adoptó el programa de estabilidad económica demandado por el FMI para condonar la deuda externa.

1. Un empresario conservador hostigado por los sandinistas
2. Vicepresidente con Alemán y la postulación presidencial por el PLC
3. Una Administración lastrada por la enemistad del arnoldismo y la volubilidad del FSLN; la crisis de la corrupción política
4. Entrega del mando al sandinista Ortega en 2007


1. Un empresario conservador hostigado por los sandinistas
Hijo del potentado Nicolás Bolaños Cortés (1890-1963), descendiente de españoles oriundos de Cádiz, y de la señora Amanda del Rosario Geyer Abaunza, de ascendencia alemana y pariente del dos veces presidente de la República (en 1851) Justo Abaunza y Muñoz de Avilés, recibió su formación escolar en los colegios parroquial Monseñor Lezcano de Masaya, Salesiano de Masaya y Centroamericano de Granada. Decantado por la profesión empresarial en el ramo agroindustrial, en 1962 completó un Bachellor in Arts en Ingeniería por la Universidad de San Luis en Missouri, Estados Unidos, y luego se apuntó al Programa de Alta Gerencia impartido por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) para la formación de futuros directivos y presidentes de corporación. Entre 1960 y 1962, mientras estudiaba en la Universidad de San Luis, dio clases de español en el Instituto de Idiomas Berlitz.

En 1952 Bolaños puso en marcha una explotación algodonera, primer jalón en una larga y exitosa carrera empresarial que, con la participación de sus hermanos Alejandro y Nicolás -continuadores, cada uno con su patrimonio, del quehacer del padre- daría lugar al Grupo Bolaños-Saimsa, uno de los más dinámicos y multisectoriales del país, con sede en Masaya y con Enrique a su frente como presidente del consejo de administración. Desde su arranque como empresario a mediados del siglo XX, el futuro presidente de la República participó en los más diversos negocios, siempre en el sector privado. Según su currículum oficial, desempeñó la gerencia general, la dirección de producción o la presidencia de las juntas directivas de las siguientes sociedades:

Calzados Lorena, de Masaya (1956-1959); Compañía Leonesa de Productos Lácteos, de León (1962-1964); Impresora Serigráfica, de Managua (1967-1973); Servicio Agrícola Industrial Masaya (SAIMSA, desde 1964); Aeroservicio Los Altos (ALASA, desde 1969); Agropecuaria El Raizón (desde 1970); Siembras Técnicas (SITEC, desde 1975); Agrícola San Jorge (desde 1975); Agrícola de Fibras Textiles (AFRITEX, desde 1976); Agrícola Moderna Organizada (AGRIMOSA, desde 1977); Productores de Algodón (PRODALSA, desde 1978); y Agrícola San Gregorio (desde 1981). En 1973 constituyó el holding Enrique Bolaños Geyer Hnos. & Cía. Ltda.

En la nación centroamericana, los Bolaños y los Abaunza eran dos influyentes familias ligadas al histórico Partido Liberal, desde 1928 llamado Partido Liberal Nacionalista (PLN), que a raíz de su instrumentación por el clan de los Somoza para perpetuar la dictadura dinástica instaurada en 1937 tras una fachada parlamentaria se dividió en diversas formaciones con un derechismo más o menos acentuado, y discrepantes entre sí sobre la legitimidad del régimen somocista. La principal escisión fue la del Movimiento Liberal Constitucionalista (más tarde denominado Partido Liberal Constitucionalista, PLC), fundado en 1968 por Ramiro Sacasa Guerrero, ministro de Trabajo con Anastasio Somoza García.

Los vínculos de Bolaños con la dirigencia política del país adquirieron relieve tras su temprano matrimonio, en 1949, con la joven Lila Teresita Abaunza Abaunza, una prima en segundo grado que, como doña Amanda del Rosario Geyer, estaba emparentada con el presidente de mediados del siglo XIX y que además era la hija de Alejandro Abaunza Espinoza, un político del PLN que fungió de presidente del Congreso y ministro de Obras Públicas y Agricultura en la era somocista. La pareja concibió cinco hijos, Enrique José, Lucía, Jorge Alejandro, Javier Gregorio y Alberto, el benjamín, quien falleció en 1976 a la prematura edad de 16 años.

El PLC se articuló como una fuerza de oposición al presidente Anastasio Somoza Debayle (hijo de Somoza García), y aunque Bolaños simpatizaba abiertamente con el movimiento de Sacasa, se guardó de plantear un compromiso político claro para no granjearse la enemistad del dictador y poner en riesgo sus negocios. Su prudencia le llevó a esquivar incluso los cargos en la patronal nicaragüense, susceptible de politizarse completamente una vez que la dictadura, acosada militarmente por la guerrilla izquierdista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y repudiada desde la legalidad por una alianza plural de partidos (cuyo principal adalid, el empresario y político conservador Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, fue asesinado en 1978), no vaciló en responder a la insurrección generalizada con una feroz represión.

No fue hasta 1979, en los estertores de una tiranía acosada desde todos los frentes, cuando Bolaños se decidió a desempeñar un papel dirigente en los gremios empresariales. Entonces, fue elegido presidente de la Asociación de Algodoneros de Oriente (ADADO), director de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC) y director de la Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN). El 16 de junio de 1979, mientras el FSLN libraba la ofensiva final contra la Guardia Nacional, Bolaños fue protagonista involuntario de un incidente que seguramente influyó en su posterior e indeclinable hostilidad al sandinismo aupado al poder. Cuando conducía con su jeep por la carretera de Granada a Masaya, un comando sandinista le capturó y le trasladó a la última ciudad, escenario de combates; sometido a "juicio popular" y declarado "inocente" por sus captores, el empresario fue puesto en libertad el mismo día.

En la década siguiente, el grupo empresarial de Bolaños fue objeto de expropiaciones de fincas por el Gobierno sandinista, personalizado pronto en la figura del coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y luego presidente de la República, el comandante Daniel Ortega Saavedra, como parte de la reforma agraria en curso, así como de confiscaciones de plantas fabriles. Por ejemplo, en junio de 1985, dos terceras partes de sus tierras algodoneras en Masaya fueron requisadas para recolocar en ellas a campesinos del norte. De hecho, los actos de intimidación y hostigamiento contra la familia Bolaños fueron frecuentes en todo el período. Muy crítico con las actuaciones autoritarias del régimen sandinista, el propio Bolaños sufrió apresamiento por breve tiempo en tres ocasiones, acusado de violar las leyes de excepción implantadas al socaire de la guerra civil contra las guerrillas de la Contra. Bolaños y sus hermanos, igualmente afectados por las medidas revolucionarias, han considerado siempre estas interdicciones meros "actos de venganza y castigo políticos".

El primer arresto, de una semana de duración, le sobrevino el 20 de octubre de 1981, en compañía de otros dirigentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), por haber enviado una carta de denuncia a la Junta de Gobierno que violaba las disposiciones sobre la censura; tres patronos fueron condenados a unas penas de meses de prisión, pero a él no se le dictaron cargos. La segunda detención se produjo justo un mes después, cuando, siendo presidente interino de la COSEP descabezada de sus jefes, se disponía a viajar a Venezuela para asistir a una asamblea de la Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA). El tercer arresto sucedió en julio de 1982, tras invitar a la inversión privada foránea en un acto celebrado en algodonales de su propiedad; llevado a la prisión de seguridad de El Chipote, en Managua, a las 24 horas fue puesto en libertad gracias a la intercesión del presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins.

El COSEP, por su parte, constituyó en 1982 junto con otras organizaciones políticas, sociales y gremiales la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN), embrión que fue de la más amplia coalición partidista Unión Nacional Opositora (UNO), fundada en 1986. La CDN, de orientación nítidamente derechista y animada principalmente por el ex miembro de la Junta de Gobierno Arturo José Cruz Porras, boicoteó las elecciones generales de noviembre de 1984 por considerar que no se daban las debidas garantías democráticas y su principal integrante, el PLC, se destacó como uno de los detractores más intransigentes del sandinismo.

Hasta el final del período, Bolaños estuvo al frente del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), como director en 1981-1983 y como presidente en 1983-1986, del INCAE, como miembro de su Directorio Nacional desde 1983, y del propio COSEP, cuya presidencia ejerció entre marzo de 1983 y septiembre de 1988, además de prolongar algunas de las gerencias iniciadas en 1979 y ya citadas. Presidió asimismo con carácter honorífico diversas organizaciones gremiales de Nicaragua (incluido el COSEP, tras finalizar su titularidad en 1988), y en 1985 fue elegido al frente de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP). Por otro lado, escribió varios informes y artículos, la mayoría publicados por el sello editorial del COSEP, como Nicaragua 1984: Economía (1984) y Nicaragua, 165 años de vida independiente (1987). Su actividad empresarial le hizo merecedor de numerosos galardones nacionales y extranjeros.

El PLC escogió a Bolaños como su precandidato para las primarias que la UNO celebró el 2 de septiembre de 1989 con el fin de definir al contrincante de Ortega en las elecciones generales del 25 de febrero de 1990, decisivas para la normalización democrática y el final de la ruinosa guerra civil entre el Ejército Popular Sandinista y la Contra financiada por Estados Unidos. Sin embargo, el empresario fue aventajado por dos personalidad de la UNO ideológicamente más moderadas y que respondían mejor al propósito de la reconciliación nacional, Virgilio Godoy Reyes, del Partido Liberal Independiente (PLI), y Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro, dueña del diario La Prensa y durante años cabeza visible de la contestación a los sandinistas desde la legalidad institucional; ambos representaban a la parte de la oposición civil que no había boicoteado las elecciones de 1984 y que por tanto estaba representada en la Asamblea Legislativa.

Chamorro ganó la nominación de la UNO y meses después, con Godoy de compañero de fórmula, hizo lo propio con la Presidencia de la República, que asumió en abril de 1990. Bajo el liderazgo del alcalde de Managua, Arnoldo Alemán Lacayo, abogado y, como Bolaños, antiguo dirigente gremial, el PLC planteó serias objeciones a la gestión de Chamorro, considerada condescendiente con los sandinistas, tal que en 1993 terminó por abandonar la UNO y por colocarse en la oposición a la presidenta.

En diciembre de 1994, de cara a las elecciones generales de octubre de 1996, el PLC formó una Alianza Liberal con los partidos Liberal Independiente de Unidad Nacional (PLIUN, una escisión del PLI de 1984), Neo-Liberal (PALI, otra defección de la formación de Godoy, producida en 1986) y el resurgido PLN (que teóricamente había cortado amarras con el pasado somocista pero que acogía en su seno a muchos servidores de ese régimen), a los que más tarde se sumaron el Partido Unionista Centro Americano (PUCA), la Convergencia Liberal y Conservadores por la Democracia. El 4 de octubre de 1995 Bolaños fue nombrado jefe de la campaña electoral de la Alianza Liberal y el 8 de mayo de 1996 ésta le eligió su candidato a la Vicepresidencia de la República, secundando a Alemán.


2. Vicepresidente con Alemán y la postulación presidencial por el PLC
En las elecciones del 20 de octubre de 1996 la fórmula Alemán-Bolaños se impuso a la de Ortega-Caldera con el 51% de los votos, tal que el 10 de enero de 1997 los mandatarios electos tomaron posesión de sus cargos para un período quinquenal. Bolaños precisó que las prioridades de la nueva Administración iban a ser una gestión honesta de la cosa pública y la lucha contra la corrupción, la búsqueda de soluciones legales al embrollo de las tierras confiscadas en el período sandinista y ahora reclamadas por sus antiguos dueños, y la desarticulación de las bandas armadas de forajidos que aún operaban en el norte del país.

En el Gobierno de Alemán, Bolaños mantuvo un perfil discreto, tanto por las limitadas atribuciones del puesto que ostentaba como por su personalidad. Alejado de la primera línea de las tarascadas partidistas y en apariencia incómodo con las batallas ideológicas, el vicepresidente se proyectó a la opinión pública como un dignatario apegado a las reglas del Estado de Derecho y el juego democrático, así como un hombre honesto, virtud esta que cobró prestancia a medida que otros miembros del Ejecutivo, con Alemán a la cabeza, eran acusados de tolerar la corrupción más desaforada, cuando no de participar activamente en ella. Mientras que Alemán tuvo que renunciar a muchas de sus propuestas económicas de corte neoliberal por la beligerancia parlamentaria y social del FSLN, Bolaños fue el principal impulsor del Programa de Reforma y Modernización del Sector Público (PRMSP), lanzado por Chamorro en 1994 y que ahora, en marzo de 1998, adquirió sustancia bajo la forma de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Bolaños inspiró también el decreto presidencial sobre Normas de Ética del Servidor Público del Poder Ejecutivo, emitido en diciembre de 1999.

Durante la emergencia nacional provocada en noviembre de 1998 por las riadas e inundaciones al paso del huracán Mitch, que causaron en Nicaragua cerca de 4.000 muertos y arrasaron extensas zonas agrícolas, Bolaños fue el delegado del Gobierno para el manejo de las ayudas a los damnificados. Tras esta terrible experiencia, el vicepresidente redactó la Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, que fue aprobada por la Asamblea en marzo de 2000.

Persona de confianza del cada vez más desacreditado Alemán, Bolaños lanzó su candidatura presidencial el 6 de octubre de 2000, fecha en que solicitó la exoneración de sus funciones institucionales para poder concentrarse en la campaña electoral con más de un año de antelación. El 24 de octubre la Asamblea aceptó la renuncia e invistió nuevo vicepresidente de la República al diputado Leopoldo Navarro Bermúdez, a la sazón presidente de la Junta Directiva Nacional del PLC desde 1998. El 28 de enero de 2001 Bolaños fue elegido por unanimidad candidato oficialista a la Presidencia de la República en la Gran Convención del PLC; el abogado José Rizo Castellón fue el escogido para vicepresidente. En las elecciones del 4 de noviembre de ese año Bolaños iba a tener como máximo rival a Ortega, que protagonizaba su tercer intento consecutivo de retornar al cargo del que había sido desalojado por Chamorro en 1990.

Aunque considerado un servidor público recto y competente, Bolaños distaba mucho de ser un político carismático. Muchos consideraban que su actuación como vicepresidente había sido, cuando menos, tímida. No pocas voces le reprochaban que hubiese guardado silencio frente a los desaciertos gestores, los actos de corrupción y los emolumentos abusivos imputados a miembros del Ejecutivo, reserva tanto más llamativa cuanto que era el titular de la Comisión de Ética y Transparencia de la Asamblea Nacional. Había también quienes sospechaban que Bolaños gozaba de todos los parabienes del intrigante Alemán porque el mandatario saliente ambicionaba el regreso a la Presidencia en 2007 y necesitaba un colaborador dócil que hiciera de puente para cubrir el quinquenio presidencial en blanco exigido por la Constitución.

Las encuestas más tempranas otorgaban grandes posibilidades de victoria a Ortega, beneficiado en parte por el amplio descontento que la gestión de Alemán había generado entre la población. Además, el líder sandinista había edulcorado drásticamente su discurso y su puesta en escena con llamamientos a la responsabilidad, a establecer un consenso nacional y a superar el pasado de odios ideológicos. Por el contrario, Bolaños adoptó un tono de confrontación y encontró un filón en la "conversión" del ex presidente, que sorprendió a propios y extraños. Así, Bolaños recriminó a Ortega que sus decisiones erróneas y sus excesos autoritarios hubiesen "destruido" al país en la década de los ochenta, insinuó que el ex presidente se había lucrado personalmente con las requisas revolucionarias, puso en duda su reconversión doctrinal y finalmente le exigió que explicara sus tratos con líderes izquierdistas radicales y revolucionarios como el cubano Fidel Castro, el libio Muammar al-Gaddafi, el venezolano Hugo Chávez y el comandante Tirofijo de la guerrilla colombiana de las FARC.

El aspirante gubernamental advirtió que Nicaragua no podía permitirse tener un presidente que era amigo de dirigentes internacionales puestos en la picota o bajo sospecha, y que en su primer ejercicio había convertido el país en un "asilo de terroristas" pertenecientes a la ETA vasca, las Brigadas Rojas italianas y los más diversos grupos subversivos de América Latina. Para Bolaños, esta atribuida incompatibilidad era más manifiesta después de que las catástrofes del 11 de septiembre en Nueva York y Washington hubieran alumbrado una coalición antiterrorista encabezada por Estados Unidos e integrada en mayor o menor grado por los principales países del mundo. Malévolamente, la propaganda del PLC, profusamente emitida por los medios de comunicación afines al oficialismo, afirmaba que Osama bin Laden y Saddam Hussein, si pudiesen, "votarían por Ortega".

Los sandinistas, conscientes del daño que el discurso del miedo le hacía a su líder, replicaron que Bolaños no era sino el "candidato de los ricos" de turno y un mero continuador del arnoldismo, no desperdiciando la ocasión que brindaba su avanzada edad, 73 años, para ironizar con su apellido y tildarle de "bola de años". La oposición izquierdista se quejó de que el aspirante del Gobierno gozaba del apoyo descarado, no sólo de la oligarquía nacional y la Iglesia Católica, sino también de la Administración estadounidense del republicano George Bush y los agentes económicos internacionales.

El constitucionalista no resultó tan convincente en sus intentos por distanciarse del omnipresente Alemán y del aura de corrupción que los numerosísimos descontentos percibían en él; así, los medios destacaron el dato de que las listas de candidatos a diputados que salieron de la Convención del PLC fueron rellenadas, de hecho, por Alemán, y que entre aquellos figuraban varios ex funcionarios señalados como corruptos. La prensa local recordó también que Bolaños apenas tenía influencia en las estructuras del partido. Sin criticar explícitamente a su superior institucional, Bolaños sí se quejó de lo que denominó el "cuchubaleo" montado en la Asamblea entre el PLC y el FSLN, que había obstaculizado sus actuaciones como vicepresidente, poniendo el ejemplo de los diversos anteproyectos de ley empantanados en las comisiones legislativas. Se desmarcó de Alemán cuando subrayó que él nunca había sido objeto de acusaciones de corrupción y que su estilo de vida, "modesto, prudente y honrado", era "diferente". Dio garantías de que un gobierno presidido por él no toleraría irregularidades de ese tipo y prometió investigar detalladamente la corrupción atribuida a todos los gobiernos posteriores a la caída del somocismo en 1979.

Su programa electoral, titulado Gobernabilidad, democracia y transparencia: muchos retos, dos opciones, una alternativa, puso asimismo el acento en la creación de empleo y el desarrollo económico, en un país golpeado por un fuerte empeoramiento de los estándares vitales de la población, la multiplicación de las enfermedades infecciosas y los fallecimientos por desnutrición. A este deterioro estaban contribuyendo la caída de los ingresos por las exportaciones cafetaleras y las pérdidas ocasionadas por la sequía en la producción agroalimentaria, enormemente cuantiosas en los cultivos de maíz, arroz y banano del norte y el noroeste.

Bolaños trazó tres grandes planes, a implementar respectivamente en las zonas rurales (donde se abrirían nuevas facilidades de crédito para los campesinos), el sector de la pequeña y mediana empresas, y las áreas del turismo y las infraestructuras. El programa del PLC contemplaba inversiones públicas en la formación de capital humano y en la reducción de la enorme pobreza, que afectaba al 70% de los cinco millones de nicaragüenses, pero estas promesas sociales no casaban bien con las seguridades de que se perseguiría la austeridad en el gasto público, pues el déficit del sector superaba ampliamente el 10%.

La voluntad de consolidación fiscal tenía presente el peso de la deuda externa, cuyo monto de 6.500 millones de dólares era diez veces el valor de las exportaciones nacionales. Managua esperaba acogerse al Servicio para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (SCRP/PRGF), que el FMI otorgaba a los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE/HIPC) siempre y cuando sus gobiernos elaboraran un programa integral de estabilidad macroeconómica, reformas estructurales y políticas sociales. Durante la campaña, Bolaños se mostró confiado en el porvenir inmediato del país, en pro del cual trabajaría partiendo de los dos legados de sus predecesores: la paz civil, lograda por Chamorro, y el desarrollismo capitalista, impulsado por Alemán.

Aunque la Alianza Liberal como tal no se reeditó, Bolaños y el PLC se aseguraron mediante pacto el apoyo de una serie de agrupaciones que ampliaban el espacio ideológico de aquella y que en parte revivía el espíritu de la extinta UNO. Estas formaciones eran: el PLN; el Partido de la Resistencia Nicaragüense (PRN, fundado por ex contras en 1993); el Partido Social Cristiano (PSC, de centro progresista); el Partido Social Demócrata (PSD, centro-izquierda); el Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN, derecha liberal); el Partido Socialista Nicaragüense (PSN, izquierda moderada); el Partido de Acción Nacional (PAN, derecha); la Unión Demócrata Cristiana (UDC); el Camino Cristiano Nicaragüense (CCN); la Acción Nacional Conservadora (ANC); y la Alianza Popular Conservadora (APC). Además, imitando la innovación del panista mexicano Vicente Fox en su campaña presidencial de 2000, la plataforma del candidato constitucionalista activó un Movimiento de Amigos de Enrique Bolaños, definido como un grupo cívico suprapartidista en el que había representantes de todos los sectores de la sociedad.

Los dos candidatos cabeceros llegaron a la cita con las urnas del 4 de noviembre de 2001 virtualmente empatados en las encuestas, pero la participación masiva, en torno al 90%, desequilibró la balanza en favor de Bolaños, que se impuso con un contundente 56,3% de los votos a Ortega, receptor del 42,3%. El tercero en liza, Alberto Saborío Morales, del Partido Conservador (PC), cosechó un simbólico 1,4%. En la Asamblea Nacional, el PLC recibió el 53,2% de los sufragios, lo que se tradujo en una mayoría absoluta de 53 diputados. Los 3.000 observadores internacionales avalaron la absoluta limpieza de los comicios. Bolaños realizó el distanciamiento más ostensible de Alemán pocos días después de ser proclamado presidente electo con su anuncio de que se proponía revisar la Constitución para terminar con el polémico reparto de cargos y cotos de poder, amparado por ley, en las instituciones del Estado que desde su sorprendente pacto de reforma constitucional de enero de 2000 se traían entre manos arnoldistas y sandinistas, no obstante ser antagonistas ideológicos.

El 10 de enero de 2002 Bolaños tomó posesión de la suprema magistratura con mandato hasta 2007, en presencia de varios presidentes de la región y de unos 500 empresarios y hombres de negocios de 28 países, invitados a la ceremonia para ilustrar su convencimiento de que el país resultaba atractivo a los inversionistas foráneos. En su discurso inaugural, el mandatario reiteró sus pretensiones de combatir la pobreza y la corrupción, moralizar y despartidizar los poderes públicos, y modernizar las estructuras del Estado.


3. Una Administración lastrada por la enemistad del arnoldismo y la volubilidad del FSLN; la crisis de la corrupción política
Los analistas vaticinaron que el nuevo presidente iba a tener grandes dificultades para sacar adelante sus propuestas legislativas, ya que Alemán y Ortega, diputados propietarios merced a la reforma constitucional a medida de 2000 (el primero obtenía el escaño por ser el presidente saliente y el segundo por ser el candidato presidencial que había quedado en segundo lugar) permanecían como jefes de sus respectivas bancadas en la Asamblea y en sus manos quedaría la aprobación de los presupuestos, la estrategia de reprivatizaciones y las medidas de corte fiscal. Antes de tomar posesión, Bolaños, como barruntando un horizonte de problemas, manifestó que, si fuera necesario, "suplicaría" el soporte de los diputados leales a Alemán, quienes, les recordó, habían ganado el escaño porque formaban parte de la propuesta electoral por él encabezada y conducida a la victoria.

Por de pronto, los arnoldistas se apresuraron a marcar su terreno en la víspera misma del traspaso de la banda presidencial, cuando 49 diputados eligieron a Óscar Moncada Reyes presidente de la Asamblea Nacional frente al postulante preferido por Bolaños, Jaime Cuadra Somarriba: de los 42 votos recibidos por Cuadra, sólo dos provinieron de la bancada del PLC. La promoción de Moncada no fue sino el preámbulo de operaciones de control político de mayor envergadura. Muy pocos observadores –y, seguramente, no el flamante presidente- llegaron a adivinar la rapidez y virulencia con que voló por los aires la unidad del PLC y se impuso la férula del grupo alemanista, dispuesto a seguir mandando en Nicaragua desde el poder legislativo, puenteando a Bolaños y pactando con Ortega cuando fuera necesario.

Las hostilidades comenzaron prácticamente de inmediato. A los pocos días de asumir el cargo, Bolaños, dando respuesta a un verdadero clamor popular, puso en marcha su prometida cruzada anticorrupción y de paso informó que convendría reformar la Ley Electoral para impedir que ningún ex presidente volviera a optar a dicho cargo, aún transcurriendo el período en blanco. La respuesta de Alemán fue, el 17 de enero, hacerse elegir presidente de la Asamblea. Con 49 votos favorables, dos más de los mínimos requeridos, Alemán volvió a derrotar a Cuadra, que obtuvo los votos de tres colegas liberales, más el suyo propio. Esta vez, los sandinistas se abstuvieron.

El 31 de enero Bolaños presentó a la Asamblea con trámite de urgencia dos proyectos legislativos para castigar las prácticas corruptas de los trabajadores del Estado: el de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, que establecía "reglas y procedimientos claros para la recta administración de la cosa pública" así como sanciones a los funcionarios y empleados que "violaran la confianza depositada en ellos"; y otro con reformas al trasnochado Código Penal de 1974, para tipificar los delitos de enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, fraude, encubrimiento y soborno transnacional, entre otros.

Simultáneamente, la Procuraduría General de la República (PGR) emprendió una investigación de las denuncias vertidas contra Alemán sobre supuestos actos de corrupción cometidos en el ejercicio de su mandato presidencial. El 3 de abril la PGR acusó formalmente al ex presidente y a ocho funcionarios de su Gobierno, dos de ellos aforados como él, de unos presuntos delitos de fraude, peculado y asociación ilícita para delinquir por su supuesta participación en la falsa compra en 2001 por el Canal 6 de la televisión estatal a una compañía panameña de unos servicios tecnológicos y contenidos de programación. La estafa había generado pérdidas por valor 1,35 millones de dólares, dinero público que habría ido a los bolsillos de los implicados. El principal imputado en los hechos arremetió contra el "circo" montado a instancias de Bolaños, mientras que a su entorno le faltó tiempo para acusar al propio presidente de cometer actos irregulares como el desvío de dinero y la financiación ilegal de su campaña electoral.

El grupo parlamentario alemanista, siguiendo las instrucciones de su jefe, enfiló sus lanzas contra el Ejecutivo, obligando a Bolaños a buscar el favor del FSLN, que contaba con 38 representantes, y la lealtad del puñado de diputados liberales, cuatro, que rehusaron acatar a Alemán y que junto con el único parlamentario del PC formaron un grupo llamado Azul y Blanco. Aparte, de la disciplina del PLC se desvincularon otros cuatro diputados electos en sus listas pero que pertenecían al centroderechista CCN. En total, el máximo respaldo parlamentario al que Bolaños podía aspirar lo aportaban los 47 diputados no fieles a Alemán. Esta mayoría, que era la mínima absoluta, no resultó imprescindible para sacar adelante las leyes de Reforma y Adición al Código Penal (aprobada el 11 de junio) y de Probidad de los Servidores Públicos (aprobada el 16 de julio), instrumentos anticorrupción que complementó el Decreto Ejecutivo de Creación de la Oficina de Ética Pública (dictado por Bolaños el 5 de julio). Pero ante la eventualidad de una petición de desafuero de Alemán, obviamente sí lo sería.

La ruptura definitiva entre Bolaños y Alemán llegó a principios de agosto de 2002. El 7 de ese mes, el Ejecutivo, a través del procurador general Francisco Fiallos Navarro, dio un parte pormenorizado del latrocinio contra las arcas del Estado y el lavado de dinero en bancos panameños perpetrados por Alemán, el ex Director General de Ingresos Byron Jerez Solís (ya encarcelado y procesado), el ex ministro de Hacienda y Crédito Esteban Duque Estrada, familiares directos de los dos primeros y otros funcionarios. Los montos sustraídos sumaban la exorbitante cantidad de 1.400 millones de córdobas, al cambio casi 100 millones de dólares, comparable a los presupuestos anuales de Salud y Educación. Todos los acusados eran denunciados ante el Juzgado de Distrito del Crimen de Managua.

En un discurso pronunciado tras la presentación de Fiallos, Bolaños interpeló a Alemán en primera persona con estas palabras: "Arnoldo (…), estoy triste, adolorido y desilusionado al ver las pruebas irrefutables y contundentes que señalan al ex presidente de la República como autor y cómplice de haber cometido semejante delito con los pocos riales del pueblo de Nicaragua. Arnoldo, nunca me imaginé que traicionarías así a tu pueblo. Le quitaste parte de la pensión a los jubilados, le quitaste medicinas a los enfermos, le quitaste salarios a los maestros, defraudaste la confianza de nuestro pueblo". Por ello", continuaba el jefe del Estado, "la patria me exige hoy hablar con franqueza, decir con toda claridad y honestidad que el país no podrá seguir avanzando hacia el progreso si seguimos siendo rehenes de la corrupción y la deshonestidad (…) Pero todos sabemos que, lamentablemente, hay un poder del Estado que está secuestrado por una persona que no deja al resto cumplir con su deber. Con sus actitudes, esta persona claramente nos manda señal de que podría colaborar con las acciones del Poder Ejecutivo si se detiene la firme lucha contra la corrupción. Pero la lucha contra la corrupción no se detiene".

El presidente, además, instaba a la ciudadanía a firmar una petición pública a la Asamblea para que levantara la inmunidad parlamentaria a Alemán. La denuncia de las "guacas" atesoradas por el caudillo liberal y sus asociados provocó las más airadas reacciones del interesado, dirigentes del PLC y los medios de comunicación a su servicio, que negaron en redondo las imputaciones y se deshicieron en acusaciones de corrupción e insultos contra Bolaños, un "pequeño dictador" que le había declarado la "guerra política" al arnoldismo. Bolaños calificó de "hito histórico" y "revolución pacífica" la destitución el 19 de septiembre de Alemán como presidente de la Asamblea por los 47 diputados sandinistas y progubernamentales, entre los que destacaba Jaime Cuadra, miembro de Azul y Blanco y nuevo titular del poder legislativo. El siguiente paso era el desafuero del aún diputado, que el FSLN no tenía prisa en tramitar.

Pero el 29 de octubre, irónicamente, fue Bolaños, junto con el vicepresidente Rizo, quien se vio obligado a "renunciar voluntariamente" a su inmunidad, poniéndola a disposición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de resultas de la denuncia presentada en su contra por el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, en relación con unos presuntos delitos electorales. En concreto, Centeno acusaba al presidente de haber financiado su pasada campaña electoral con fondos no declarados de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN, registrada en Miami y Panamá), dineros que a su vez procedían de fraudes y desvíos cometidos por funcionarios de la Administración de Alemán.

De "perversa", "malintencionada", "vergonzosa", "triste", "peligrosa", "treta jurídica" y "cortina de humo" tachó el mandatario una denuncia que, no tenía duda, obedecía al maquiavelismo de Alemán, al que desafió a hacer lo que él, despojarse voluntariamente de la inmunidad para enfrentar las acusaciones judiciales. Comenzaba para Bolaños una peripecia jurídica que fue paralela a la singladura penal, más sinuosa si cabe y desde luego con peores consecuencias, de su archienemigo declarado. Entre tanto, el tercer protagonista de la saga, Ortega, contribuía al alboroto nacional con sus bruscos cambios de táctica, ora auxiliares del presidente, ora hostiles al mismo. Como resultado, Nicaragua se sumió en una honda crisis política, la peor desde el final de la guerra civil y el cambio de régimen en 1990, que contagió a todas las instituciones del Estado, convertidas en el campo de batalla de los respectivos bandos partidistas, obstruyó la actividad legislativa y crispó al máximo la vida pública.

El 8 de noviembre de 2002, tras inhibirse en el caso la CSJ en favor de la Asamblea Nacional y ser acusado formalmente por el fiscal Centeno de defraudar al Estado 4,1 millones de dólares en presuntos delitos electorales, Bolaños dio un paso atrás al asegurar que desprenderse de su inmunidad parlamentaria sería "como tirarse al vacío sin paracaídas". Los asesores y abogados del mandatario alegaban que el procedimiento de desafuero en este caso carecía de jurisprudencia y que antes de llevarse a cabo tenían que establecerse las bases jurídicas. Alemán fue desaforado el 12 de diciembre gracias al voto del FSLN y diez días después dos juezas de Managua ordenaron su ingreso en prisión por los delitos de fraude, peculado, malversación de caudales públicos, asociación e instigación para delinquir, lavado de dinero y violaciones electorales. Ortega obtenía la "cabeza" política que había reclamado, pero, con el argumento de que la lucha contra la corrupción debía "continuar de forma profunda, sin excepciones ni negociaciones", parecía dispuesto a proceder de igual manera con Bolaños.

El 23 de marzo de 2003 el PLC, en una convención extraordinaria y en un clima de furibundos ataques al jefe del Estado, se ratificó en su oposición al Gobierno. En los siguientes meses, el presidente pasó grandes dificultades para sacar adelante en la Asamblea sus propuestas legislativas con el equívoco sostén de Ortega. El líder sandinista amagaba con resucitar el Pacto con Alemán, lo que en las presentes circunstancias equivaldría a maniatar políticamente a Bolaños y, probablemente también, condenarlo al desafuero y el juicio político.

A finales de abril de 2003, el voto sandinista permitió sacar adelante un proyecto de reformas al sistema tributario, pero el Presupuesto Nacional para 2004 (de 15.676 millones de córdobas, un 42% de los cuales iban destinados a las partidas sociales) obtuvo la luz verde el 9 de diciembre gracias a la bancada del PLC, a pesar de que dos días atrás Alemán había sido condenado a 20 años de prisión por la comisión de seis delitos, sentencia, por cierto, que fue valorada por los enfurecidos arnoldista como una puñalada de Ortega. En esta ocasión, el FSLN, molesto con la compleción de la privatización de la telefónica Enitel, planteó un paquete de enmiendas presupuestarias y, al no ser aceptadas, optó por abstenerse. Que Ortega no era para Bolaños más que un aliado esporádico y poco fiable ya se había puesto de manifiesto en junio, cuando el FSLN y el PLC se repartieron la elección de los nueve magistrados de la CSJ, marginando a los candidatos que contaban con el parabién del presidente.

Por lo demás, la aprobación de la reforma fiscal y de los presupuestos permitió a Nicaragua acceder a las facilidades crediticias de la iniciativa para los HIPC así como beneficiarse de la condonación de 4.500 de los 6.345 millones de dólares de la deuda externa, la cual fue anunciada en enero de 2004 conjuntamente por el FMI y el Banco Mundial. Jubiloso, Bolaños celebró "la mejor noticia económica de los últimos 25 años" y anunció que el Gobierno pasaba a destinar a programas de reducción de la pobreza los 1.500 millones de córdobas que Nicaragua venía pagando cada año como servicio de deuda. Dicho sea de paso, la economía, tras el 0,8% positivo registrado en 2002, había recuperado la senda del crecimiento por encima del aumento demográfico; 2003 iba a cerrar con una tasa del 2,3% y hasta el final del quinquenio el valor iba a mantenerse en torno al 4%. En el lado negativo, la inflación fue trepando hasta rebasar el 10%, mientras que el desempleo y el subempleo se aproximaban al 40% de la población activa.

En agosto de 2004, la constatación de que el tan traído y llevado Pacto, de alguna manera, seguía vigente, el desprecio a sus invitaciones a un diálogo nacional para resolver la crisis política del país y la eventualidad de su destitución por la Asamblea llevaron a un frustrado Bolaños a advertir que no vacilaría en hacer uso de sus facultades como jefe del Ejército de Nicaragua para hacer respetar las leyes si se pretendía "atentar contra la democracia y la gobernabilidad del país". El 12 de octubre siguiente, la Contraloría General de la República solicitaba a la Asamblea la destitución de Bolaños por negarse a facilitar información sobre el origen de 7 millones de dólares gastados en su campaña electoral de 2001.

El mandatario, que tenía de su parte a la presidenta del CSJ, Yadira Centeno González, a los colegas centroamericanos (que el 16 de octubre se personaron en Managua para arroparle en una cumbre de apoyo) y al Gobierno de Estados Unidos (el cual deploró "los intentos motivados políticamente y basados en dudosos supuestos legales de minar el orden constitucional en Nicaragua y su Presidencia"), acusó al PLC y el FSLN de hacer una pinza para obstaculizar la aprobación de los proyectos de ley del Ejecutivo y de urdir una "trama golpista" para defenestrarlo a él y "seguir robando en paz". Uno de los "dos caudillos" de esta conchabanza, Ortega, señaló a Bolaños como "un ladrón igual o peor" que su paradójico interlocutor, Alemán, pero lo cierto era que el jefe sandinista daba largas a la formación de la Comisión Especial parlamentaria que debía examinar la petición del contralor general. La que sí entró en escena, el 18 de octubre, fue la Misión Especial creada por la OEA para tomar el pulso a la preocupante situación en Nicaragua y evaluar la amenaza de destitución que se cernía sobre Bolaños. Para el Gobierno, la intervención de la OEA constituía un ejercicio de "diplomacia preventiva" extremadamente valioso para la democracia nacional

El 25 de noviembre de 2004, la alianza fáctica liberal-sandinista se manifestó a las claras al aprobar la Asamblea por 74 votos contra siete un paquete de enmiendas constitucionales que obligaba al presidente de la República a someter al Legislativo los nombramientos de los miembros del Gabinete y otras altas personalidades del Estado: en lo sucesivo, tales oficiales debían ser ratificados o podían ser vetados con una mayoría parlamentaria equivalente al 60% de los escaños. Además, el jefe del Estado no podría emitir decretos ejecutivos de carácter administrativo.

La Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, recurrida en vano por Bolaños ante la CSJ, fue ratificada por el hemiciclo en enero de 2005 y promulgada el siguiente mes. En marzo, la Corte Centroamericana de Justicia dictaminó que las enmiendas constitucionales violentaban el principio de la separación de poderes, pero la CSJ se apresuró a reafirmar su validez. Simultáneamente, vieron la luz sendas leyes para la creación de la Superintendencia de los Servicios Públicos (SISEP) y el Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (INPRUR), dos organismos nuevos supeditado al Parlamento.

El enfrentamiento entre Ortega y Bolaños, quien denunciaba ser objeto de un "golpe de Estado técnico", subió de tono a lo largo de 2005, al ritmo de los intentos de los bloques sandinista y alemanista de desaforar al presidente y a otros miembros del Ejecutivo, como el ministro de Gobernación, Julio Vega Pasquier, y el viceministro de Agricultura, Mario Salvo Horvilleür, quienes efectivamente vieron suspendida su inmunidad el 22 de septiembre por la presunta comisión de delitos electorales durante la campaña electoral de 2001. En sendos comunicados, la OEA y la Embajada estadounidense calificaron los desafueros de "conspiración" y "asalto a la democracia".

La alarma de Bolaños fue mayor porque el mismo 22 de septiembre, en un verdadero día negro para el presidente, Alemán recobró la libertad condicional por decisión del Tribunal de Apelaciones de Managua, que obligó al Gobierno a acatar la sentencia en ese sentido emitida por la CSJ a finales de agosto. Ambos tribunales estaban copados por magistrados que obedecían órdenes de las cúpulas de PLC y el FSLN, denuncia del Gobierno que cualquier observador independiente podía corroborar. Días antes de esta grave derrota personal, Bolaños, angustiado por la pequeñez de los apoyos políticos domésticos, insistió en que "una dictadura de los caudillos" se intentaba abrir paso en Nicaragua, donde, tras 15 años desde el final de la guerra civil, podía volver a "correr la sangre".

Para colmo de males, desde el mes de abril de 2005 el mandatario hacía frente a una airada protesta popular de estudiantes y trabajadores, convocada por los sindicatos y atizada por los sandinistas, que se desarrolló en tres capítulos sucesivos: contra la subida de las tarifas del transporte público, contra el alza también del precio de la electricidad y contra la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-RD).

La primera y violenta algazara costó a Bolaños, el 26 de abril, una agresión con piedras, bolsas de agua y basuras que le fueron lanzadas por grupos de manifestantes; el presidente salió ileso de la lluvia de objetos, pero una piedra le hirió levemente en la cabeza a su hijo mayor, Enrique José, un perito que trabajaba como asesor del Ministerio Agropecuario y Forestal, quien tuvo que ser atendido en un hospital. Luego, el 30 de mayo, el mandatario, en plena ola de apagones que tenían su origen en el impago por la distribuidora Unión Fenosa de sus deudas con las plantas generadoras, decretó el Estado de Emergencia Económica, que entre otras medidas se tradujo en un incremento de la tarifa de la luz de casi el 12% para los consumos de más de 150 kilovatios/hora al mes. En todo este tiempo, el presidente escuchó un sinfín de peticiones de dimisión.

En cuanto al CAFTA, fue finalmente ratificado por la Asamblea el 10 de octubre de 2005 con 49 votos favorables. Se trataba de un instrumento librecambista y mereció la aprobación del PLC. El FLSN votó en contra, pero cuatro días después, Bolaños y Ortega, metidos en un diálogo serio (el presidente anuló por este motivo su participación en la XV Cumbre Iberoamericana, que tenía lugar en Salamanca), alcanzaron un acuerdo que dio un giro inesperado a la crisis.

En una reunión cara a cara, Bolaños obtuvo de Ortega garantías de que el grupo sandinista no favorecería su desafuero parlamentario y, al contrario, votaría a favor de una Ley Marco que, en aras de la distensión política, suspendería la aplicación de las reformas constitucionales promulgadas en febrero y dirigidas a recortar los poderes del presidente. El sorpresivo volantazo del líder sandinista supuso la ruptura automática del Pacto, que ya no podía continuar porque los alemanistas, denunciaba Ortega, ponían como condición la aprobación de una amnistía para su jefe.

Dicho y hecho, el 19 de octubre, la Asamblea, con 85 votos, luego con un consenso casi unánime, aprobó la Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País, que posponía hasta el 20 de enero de 2007, es decir, hasta después de terminar la actual Administración, la aplicación de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución y de paso las de las leyes del SISEP, el INPRUR y la Seguridad Social. La Ley Marco señalaba asimismo que las nuevas autoridades electas en noviembre de 2006, presidente de la República y Asamblea Nacional, tendrían la facultad de aceptar o rechazar estas leyes antes de la fecha señalada.

Las concesiones de Ortega al oficialismo permitieron rebajar la tensión política con las elecciones generales a un año vista. Antes de terminar octubre, Bolaños se zafó definitivamente del peligro del desafuero al decidir el PLC aliarse con la oficialista Azul y Blanco en el rechazo al dictamen que recomendaba suspender la inmunidad al diputado presidente. El enésimo requiebro de la política nicaragüense tenía su explicación: los arnoldistas lanzaban su propio capote a Bolaños, quien no podía contar de seguro con los sandinistas para aprobar todas las leyes económicas vinculadas a la continuidad del acuerdo con el FMI, y se avenían a cancelar la confrontación porque su objetivo prioritario era lograr la amnistía legal para el ex presidente reo.

En la recta final de su mandato, Bolaños presentó un controvertido proyecto, por faraónico y –denunciaron los grupos ecologistas- lesivo para el entorno natural, de construcción en el plazo de doce años de un canal interoceánico capaz de acoger a buques de mayor calado de los que cruzaban por el Canal de Panamá, un viejo proyecto cuya historia se remontaba al siglo XIX. La descomunal obra, que discurriría a lo largo del río San Juan y el lago Nicaragua y cruzaría el istmo de Rivas antes de alcanzar el océano Pacífico, podía realizarse, aseguraba el Gobierno, si Nicaragua conseguía financiación foránea para cubrir el 95% de su coste, estimado en 18.000 millones de dólares. Un mes más tarde, el 17 de noviembre de 2006, ya celebradas las elecciones generales, el presidente firmó la ley, aprobada por la Asamblea el 26 de octubre con el voto favorable del FSLN, que penalizaba el aborto en todos los supuestos, al eliminar las excepciones de los supuestos de violación y riesgo para la vida de la madre.

En todo este tiempo, la acción exterior de la Administración Bolaños estuvo dominada por la participación de 230 soldados del Ejército nicaragüense en la ocupación posbélica de Irak y por las negociaciones del CAFTA, que finalizaron en acuerdo en diciembre de 2003. El tratado de desarme arancelario, que sustituía al Sistema General de Preferencias Arancelarias (vigente desde 1984), fue firmado en mayo de 2004 en Washington, por la parte nicaragüense fue ratificado en octubre de 2005 y por último entró en vigor en abril de 2006.

En cuanto a la misión militar en Irak, simbólica en el seno de la Fuerza Multinacional pero no desdeñable para las capacidades de un país tan pequeño como Nicaragua, se mantuvo operativa entre agosto de 2003 y febrero de 2004, cuando el Gobierno se vio obligado a cancelarla por falta de fondos. En estos seis meses, los soldados nicaragüenses estuvieron adscritos a la Brigada hispanoamericana Plus-Ultra, comandada por España e integrada también por unidades hondureñas, salvadoreñas y dominicanas, y con acuartelamiento en la ciudad meridional de Diwaniyah, en la región de mayoría shií. La Plus Ultra formaba parte de la División Multinacional Centro-Sur, cuyo mando era polaco y que a su vez obedecía al mando supremo estadounidense.

Bolaños adjudicó a la fuerza expedicionaria irakí, formada por médicos y zapadores, una misión de carácter fundamentalmente humanitario. Para el presidente, se trataba de un esfuerzo oneroso pero útil a los intereses nacionales, pues permitía ejemplificar con un compromiso mayor el respaldo diplomático de Managua a los planes bélicos de Washington en vísperas de la invasión del 20 de marzo de 2003. La excelencia en los tratos con Estados Unidos era perseguida con denuedo por un presidente que necesitaba apuntalar su baqueteado mandato con realizaciones como el CAFTA y el programa HIPC, así como con un apoyo político expreso de la superpotencia norteña a sus iniciativas anticorrupción y frente al acoso montado por arnoldistas y sandinistas.


4. Entrega del mando al sandinista Ortega en 2007
Para las elecciones generales del 5 de noviembre de 2006, Bolaños se posicionó del lado de la Alianza por la República (APRE), partido propresidencial articulado en 2004 por liberales disidentes para compensar la ruptura entre el Ejecutivo y el PLC. La APRE acudía a las urnas dentro de la marca electoral Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC), de la que formaban parte también, además de sus dos principales integrantes, el PLI, el PRN, el Movimiento de Salvación Liberal (MSL), el Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), el Partido Social Conservador (PSOC) y el Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC). Todas estas formaciones postularon la candidatura presidencial de Eduardo Montealegre Rivas, quien había sido canciller con Alemán y ministro de Hacienda y Crédito Público con Bolaños. Montealegre, notorio detractor de Alemán y enemigo jurado del Pacto, había roto con el PLC en 2005 para a continuación fundar la ALN, que atrajo rápidamente el apoyo de las diversas disidencias del liberalismo. Bolaños apostó sin disimulos por Montealegre frente al candidato del PLC, el ya cesado vicepresidente Rizo, pero la elección presidencial se la llevó Ortega, que con el 38,1% de los votos se impuso al aliancista con nueve puntos de ventaja.

Tras la transferencia del poder a Ortega el 10 de enero de 2007, Bolaños asumió el acta de diputado de la Asamblea que en virtud de la reforma constitucional de 2000 le correspondía. Aunque se trataba de una "diputación regalada, fruto del pacto oprobioso entre los dos caudillos", el ex presidente se cuidó de prolongar su inmunidad porque el PLC y sus aliados en la judicatura seguían dispuestos a reanudar el proceso penal abierto en su contra por presunta corrupción. El mismo día, el 30 de enero, asumió como representante ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), membresía que le aportaba una doble inmunidad. Sin embargo, Bolaños se declaraba retirado de la política y de hecho no se dejó ver por el hemiciclo de Managua, ausencia que volvió a concitar la animosidad del grupo alemanista.

Durante su presidencia, Bolaños encajó la muerte de un segundo hijo, luego de la pérdida del pequeño Alberto en 1976. Se trató de Jorge Alejandro, ingeniero agrónomo de 50 años que había cobrado notoriedad en los últimos tiempos por sus críticas a la clase política nicaragüense, el cual falleció en julio de 2005 en un hospital de Miami víctima de un derrame cerebral. La desgracia volvió a golpear al anciano estadista al poco de dejar la Presidencia, en marzo de 2007, fecha en que murió también su cuarto hijo, Javier Gregorio, de 48 años, en Durham, Carolina del Norte, al cabo de una "larga y dolorosa enfermedad" cuya naturaleza no fue precisada. Por último, Bolaños enviudó el 17 de julio de 2008 de su esposa Lila Teresita, fallecida en su residencia particular de El Raizón, municipio de Masaya, a causa de un derrame cerebral. La ex primera dama tenía 79 años y desde mayo de 2007 se encontraba postrada en cama.

(Cobertura informativa hasta 1/1/2010)