Carlos Roberto Flores Facussé

El cuatrienio presidencial, en 1998-2002, del empresario liberal Carlos Roberto Flores Facussé en Honduras estuvo marcado por la catástrofe natural del huracán Mitch, que arrasó el país centroamericano a los pocos meses de iniciarse el mandato. Su diligente gestión de la reconstrucción, que involucró una copiosa ayuda internacional, palió mayores daños humanitarios y no fue pasto de la corrupción, se insertó en un acatamiento del ajuste estructural prescrito por el FMI para acogerse a sus reducciones de deuda. La recuperación económica fue más rápida de lo esperado, pero la pobreza y las desigualdades no disminuyeron en igual medida. Su Gobierno tampoco consiguió frenar la rampante violencia social, aunque por otro lado culminó la complicada desmilitarización de los poderes públicos. Tras dejar el cargo, Flores ha seguido ejerciendo una notable influencia política y mediática en su condición de creso propietario periodístico.

(Texto actualizado hasta enero 2010)

1. Empresario periodístico y dirigente del Partido Liberal
2. Un mandato presidencial marcado por la catástrofe del Mitch
3. Personalidad influyente en la política nacional


1. Empresario periodístico y dirigente del Partido Liberal
Su padre fue el abogado y periodista Óscar Flores Midence, notorio opositor a la dictadura de Tiburcio Carías Andino y el Partido Nacional de Honduras (PNH), así como colaborador del líder del Partido Liberal de Honduras (PLH) y presidente de la República (1957-1963) Ramón Villeda Morales, y su madre es la señora Margarita Facussé Barjum, hija de inmigrantes árabes palestinos y hermana de Miguel Facussé Barjum, uno de los más influyentes terratenientes y empresarios de Honduras. Hermanos de Carlos Roberto son el doctor Óscar Flores Facussé y la pintora Celsa Flores Facussé.

Tras cursar la educación secundaria en la Escuela Americana de Tegucigalpa ingresó en la Universidad del Estado de Louisiana en Baton Rouge, Estados Unidos, de donde salió con una licenciatura en Ingeniería Industrial y un máster en Economía Internacional y Finanzas. Fue allí donde conoció a su futura esposa, la ciudadana estadounidense Mary Flake, y madre de sus dos hijos, Mary Elizabeth y Carlos David.

Una vez retornado a Honduras, Flores pasó a ocupar puestos de responsabilidad en la empresa privada y la administración pública, trabajando como gerente general de la Compañía Papelera Centroamericana S.A. (Conpacasa) y miembro de las juntas directivas del Banco Central de Honduras, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Pero sus participaciones empresariales más relevantes se desarrollaron en el ramo de la prensa escrita, al hilo del historial periodístico del padre. Así, fue gerente y miembro del consejo editorial de Periódicos y Revistas, S.A., grupo propietario del diario La Tribuna y de la imprenta Lithopress Industrial. Asimismo, se vinculó al mundo académico como director de sendas cátedras en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y en la Escuela Superior Bancaria Centroamericana.

Desde finales de los años setenta, bajo la influencia de su padre y cuando el país continuaba sometido al arbitrio del Gobierno militar de turno, Flores desarrolló en paralelo una carrera política en las filas del PLH, que en aquella época padecía la última etapa de exclusión del poder, por el cual, desde su fundación en 1891, el liberalismo hondureño había contendido con su rival más a la derecha, el PNH. Siempre vinculado al departamento de Francisco Morazán, de presidente del Consejo Departamental Liberal morazanense Flores pasó a diputado nacional, primero en la Asamblea Constituyente, entre 1980 y 1981, y luego en el Congreso Nacional inaugurado en enero de 1982 tras entregar el poder el último gobernante militar, el general Policarpo Paz García.

El ingeniero sirvió como un joven ministro de la Presidencia en el Gobierno liberal de Roberto Suazo Córdova desde tu inauguración en enero de 1982 hasta agosto de 1984, fecha en que fue inesperadamente destituido, no obstante ser señalado como uno los hombres fuertes del Ejecutivo y uno de los principales valedores civiles de la postura del presidente Suazo frente al conflicto centroamericano, que era proestadounidense y antisandinista. Como Suazo, Flores pertenecía al Movimiento Liberal Rodista (MLR), facción conservadora mayoritaria del PLH que tomaba su nombre de Modesto Rodas Alvarado, líder liberal fallecido en 1979.

En diciembre de 1988, ocupando la Presidencia de la República el liberal ex rodista José Simón Azcona Hoyo, Flores compitió con otros tres precandidatos en las primarias del partido para la definición del aspirante del oficialismo a la elección presidencial del 26 de noviembre de 1989. Se impuso en la primera liza, pero en la segunda, que estuvo enturbiada por denuncias de irregularidades, cayó ante su contrincante nacionalista, el ex ministro Rafael Leonardo Callejas Romero, quien, con el 52,3% de los votos, le superó en ocho puntos porcentuales.

En enero de 1994, en el arranque de la Administración de su conmilitón y tocayo Carlos Roberto Reina Idiáquez, un representante del ala izquierda del PLH, Flores Facussé fue elegido presidente del Congreso y el 1 de diciembre de 1996, montado en la plataforma política Nueva Agenda, ganó la segunda nominación de su partido para unas elecciones presidenciales, las de noviembre de 1997. Con el 70,9% de los votos, Flores se impuso en la elección primaria a tres rivales liberales, el más destacado de los cuales era Jaime Rolando Rosenthal Oliva, banquero, propietario mediático también y vicepresidente de la República con Azcona.


2. Un mandato presidencial marcado por la catástrofe del Mitch
En las elecciones presidenciales del 30 de noviembre de 1997 Flores triunfó sobre la candidata del PNH, Alba Nora Gúnera de Melgar, viuda del ex dictador militar (1975-1978) Juan Alberto Melgar Castro, con el 52,8% de los votos, mientras que en las legislativas, el PLH confirmó su dominio en el Congreso Nacional haciéndose con 67 de los 128 escaños. El 27 de enero de 1998 Flores tomó posesión de la jefatura del Estado para un período de cuatro años, en un acto al que asistieron ocho presidentes de la región. De inmediato, el nuevo presidente anunció la adopción de un programa de ajuste económico, acordado con el FMI, para reducir la inflación, que pese a la tendencia declinante en los últimos años seguía por encima del 10%, y para corregir los desequilibrios en las finanzas públicas.

Sin embargo, los desvelos económicos del Gobierno tropezaron a finales de octubre de 1998 con la inmensa catástrofe del huracán Mitch, que a su paso por Honduras arruinó la cosecha del banano, destruyó completamente la tercera parte de las infraestructuras de transporte y comunicaciones, causó daños graves a otra tercera parte y se cobró, según estimaciones del Gobierno, 6.600 muertos, 8.000 desaparecidos, 12.700 heridos y 1.400.000 damnificados por la pérdida de sus hogares, esto es, casi la cuarta parte de la población de Honduras. La devastación, a causa de las riadas y los deslizamientos, alteró la morfología del terreno hasta el punto de hacerlo irreconocible en muchas partes si uno intentaba guiarse con un mapa.

Flores declaró que el desastre, con daños materiales valorados en 3.800 millones de dólares, mucho mayores que los sufridos por las vecinas Nicaragua, Guatemala y El Salvador, iba a lastrar el crecimiento económico nacional durante años y multiplicó sus peticiones de ayuda internacional a un país ya de por sí apurado en recursos. El coste de las labores acometidas por el Gabinete Especial de Reconstrucción Nacional, nombrado por el presidente el 25 de noviembre y encargado de ejecutar el Plan Nacional de Reconstrucción y Transformación Nacional, agravó por de pronto el déficit de las finanzas públicas.

Sin embargo, la recuperación económica fue mucho más rápida de lo esperado, gracias a la asistencia financiera y humanitaria del exterior, que impidió también una escalada de precios en los productos de primera necesidad. Así, tras el 3% de crecimiento con que cerró 1998, la contracción en 1999 fue del -1,9%, mientras que en 2000 el PIB hondureño remontó con fuerza y anotó un 5,7% positivo. En marzo de 1999 el FMI otorgó a Honduras un crédito trienal de 215 millones de dólares dentro de su Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (ESAF) y en diciembre siguiente el país fue declarado elegible para acogerse al nuevo Servicio para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (PRGF), que reemplazaba al ESAF y estaba dirigido a los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE/HIPC).

Esto suponía que Honduras, de entrada, podía beneficiarse de una condonación de deuda externa de 22,5 millones de dólares (apenas un pellizco, para un monto global de 5.000 millones) y obtener otro préstamo de 21,4 millones y con un tipo de interés mínimo, del 0,5%. En febrero de 2000, el Grupo Consultivo para la Reconstrucción, integrado por delegados de varios organismos internacionales, aprobó el plan de recuperación propuesto por el Gobierno de Flores y que cuantificaba las necesidades del momento en 1.400 millones de dólares.

La respuesta positiva de la comunidad internacional a los requerimientos hondureños tras el paso del huracán reforzó la convicción de Flores, un liberal ortodoxo, de que había que adoptar las recetas fondomonetaristas de control monetario de la inflación, consolidación fiscal (aunque teniendo en cuenta las necesidades del gasto social como consecuencia del Mitch) y privatizaciones, pero una serie de imponderables le obligaron a replantearse esta estrategia en varios terrenos.

Las privatizaciones afectaron a los aeropuertos internacionales de San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Roatán. El presidente arrancó también un controvertido y accidentado proceso de privatización de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel, a pesar de ser la compañía más rentable del Estado, muy útil para financiar el presupuesto nacional. Hondutel, en virtud de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones de 1995 y bajo la regulación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), gozaba del monopolio en los mercados de telefonía de larga distancia internacional, telefonía de línea fija y telefonía pública, si bien esta exclusividad expiraba en 2005.

La vigorosa oposición de los sindicatos a los ajustes de plantilla y la mediocridad de las pujas de los licitadores extranjeros obligaron al Gobierno a suspender sus planes de deshacerse del 51% de Hondutel, so pena de encajar una huelga general o, aún peor, de hacer un pésimo negocio con la privatización parcial de una empresa que valía bastante más de lo que ofrecían por ella. El Gobierno tampoco se atrevió a ejecutar otras reformas estructurales consideradas imprescindibles por los organismos donantes pero que tenían un coste social a todas luces muy elevado, como las del sistema tributario y el sector bancario.

Si gracias a la ayuda exterior las infraestructuras básicas del país pudieron ser enderezadas con bastante presteza, la calamidad del Mitch empeoró irremisiblemente, hasta extremos muy preocupantes, la indigencia social, fundamentalmente en el campo. La destrucción de cosechas se tradujo en un descenso del 9% en la producción agrícola, con el consiguiente impacto en el índice de pobreza, que afectaba al 63% de una población en rápido crecimiento, así como en los índices de desempleo y subempleo, que en 2001 sumaban el 33% de la población activa. En el último año del mandato de Flores, nuevas inundaciones causadas por lluvias torrenciales y la contracción económica de Estados Unidos, primer socio comercial, repusieron en la picota las debilidades estructurales del tercer país menos desarrollado de América tras Haití y Nicaragua.

En el orden político, Flores completó la labor realizada por Reina Idiáquez en la desmilitarización de los poderes públicos y la sumisión de los militares al presidente de la República, no sin la resistencia de los afectados. El 18 de septiembre de 1998 el Congreso aprobó las reformas constitucionales que convirtieron al jefe del Estado en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas con la facultad de nombrar a un civil para el Ministerio de Defensa, nombramiento que inmediatamente recayó en el abogado y diplomático Edgardo Dumas Rodríguez.

El 30 de julio de 1999 Flores ejerció contundentemente su autoridad con el cese de cinco integrantes de la cúpula militar (el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Eugenio Romero Euceda, el viceministro de Defensa, coronel retirado Roberto Lázarus Lozano, y otros tres altos mandos), cerrando la incertidumbre generada tras el intento fallido de captura del Estado Mayor perpetrado el 16 de julio por un grupo de 29 coroneles y otros oficiales. Por otro lado, el 26 de agosto de 1998, Flores instituyó el Ministerio de Seguridad Pública dentro de las previsiones del Plan Nacional para combatir la delincuencia y la criminalidad, en ominosa progresión en los últimos años por cuenta sobre todo de las envalentonadas maras, las ultraviolentas bandas organizadas de delincuentes juveniles.

Las iniciativas gubernamentales en este terreno no produjeron resultados apreciables y además soslayaron por completo la actividad asesina, no por silenciosa menos escalofriante, de una serie de grupos armados que, al estilo de los antiguos escuadrones de la muerte centroamericanos, se estaban dedicado a ejecutar extrajudicialmente a niños y adolescentes que hacían vida marginal en la calle. Miembros de la Policía, guardias privados de seguridad y comités de defensa civil organizados por autoridades locales estarían involucrados en estas crudamente llamadas operaciones de limpieza social. De los informes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) y otros organismos se desprendió que las víctimas de este tipo de violencia cebada en los menores superaron ampliamente los dos millares en los cuatro años de presidencia de Flores.

En 1999 el mandatario tuvo que gestionar el grave deterioro de las relaciones diplomáticas con Nicaragua a causa de la ratificación por Honduras en enero de 1998 del tratado de 1986 de delimitación de fronteras con Colombia, que supuso reconocer la soberanía de este país sobre las islas caribeñas de Providencia y San Andrés, reclamadas por Managua. La citada ratificación se produjo días después de llegarse a un acuerdo de principio con El Salvador para cerrar el contencioso sobre la frontera terrestre común. En febrero de 2000 unidades militares de Honduras y Nicaragua sostuvieron unos tiroteos coincidiendo con la delimitación de la frontera en el golfo de Fonseca, que encajona la salida del primer país al océano Pacífico, y los choques se reprodujeron justo un año después antes de que los dos gobiernos decidieran, en abril de 2001, someter la disputa al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

El 4 de febrero de 1999 Tegucigalpa fue la sede de una reunión extraordinaria de presidentes centroamericanos y el 19 de septiembre de 2001 Flores volvió a reunir a sus colegas en casa, en la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, para suscribir una declaración de unidad regional contra el terrorismo, a rebufo de los catastróficos atentados perpetrados por Al Qaeda ocho días atrás en Nueva York y Washington. Por otro lado, el 29 de junio de 2000 Honduras adoptó con México, El Salvador y Guatemala un Acuerdo de Libre Comercio en el ámbito multilateral del denominado Triángulo Norte Centroamericano, el cual entró en vigor el 1 de junio de 2001.

Flores llegó, pues, al final de su mandato con un balance incierto de luces y de sombras, que los oficiales de su Gobierno siempre podían achacar a las desgracias de una naturaleza implacable. Hombre sobrio y discreto, a diferencia de otros mandatarios de la zona, no se cernieron sobre él sospechas de corrupción ni tampoco fue blanco de acusaciones de hacer un uso patrimonialista del poder. También fue elogiado por su capacidad de liderazgo durante la crisis del Mitch y por su gestión acertada de la ayuda internacional, que no fue succionada por la corrupción y que impidió la aparición de epidemias. Asimismo, su presidencia se ligó a la normalidad democrática en Honduras, al menos en su lectura político-institucional.

Pero tras ocho años de administraciones liberales, en las elecciones generales del 25 de noviembre de 2001 la frustración acumulada en un electorado que sólo veía precariedad e incertidumbre en sus condiciones de vida más allá del socorro que había seguido al huracán se tradujo en la victoria sobre el postulante del oficialismo, el presidente del Congreso, Rafael Pineda Ponce, del candidato nacionalista, el empresario Ricardo Maduro Joest, a quien Flores transfirió los poderes el 27 de enero de 2002. El marco de la toma de posesión fue aprovechada por Flores y los presidentes centroamericanos invitados a la ceremonia para suscribir en el recinto arqueológico maya de Copán una declaración de lucha contra la pobreza, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y el terrorismo, así como de prevención de desastres naturales y de fortalecimiento de la integración subregional.

También, tan sólo unas horas antes de producirse el relevo institucional, el Gobierno saliente anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, revirtiendo la decisión tomada en 1961 por la Administración de Villeda Morales en el marco de las sanciones impuestas por la OEA. La normalización de los tratos entre Honduras y Cuba culminó el proceso de acercamiento bilateral iniciado en 1990.


3. Personalidad influyente en la política nacional
La marcha de la Presidencia no supuso el retiro de Flores de la arena política; al contrario, el empresario continuó siendo una figura muy influyente en el PLH mandado a la oposición, en cuyas filas su hija Mary Elizabeth, Lizzy, emprendió una destacada trayectoria legislativa. La capacidad del ex presidente para influir políticamente y generar opinión en Honduras fue mayor dada su condición de accionista mayoritario, luego dueño en la práctica, del grupo periodístico editor de La Tribuna.

El ascendiente de Flores en la política nacional siguió presente tras el movimiento cívico-militar que en junio de 2009, con el aval del Congreso, derrocó y deportó al presidente liberal desde enero de 2006, José Manuel Zelaya Rosales, luego de declarar éste un giro izquierdista de su política, unirse al bloque chavista latinoamericano y promover una reforma constitucional que le permitiría optar a la reelección. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti Bain, quien había contendido sin éxito en las primarias liberales de 2008 con el vicepresidente Elvin Ernesto Santos Ordóñez, fue investido entonces por el poder legislativo jefe del Estado para completar el período de cuatro años.

Tras el golpe de Estado, el movimiento de resistencia zelayista acusó reiteradamente a Flores (así como al nacionalista y también ex presidente Maduro) de encabezar un grupo de poder fáctico político-empresarial convertido en el cerebro, o como mínimo en el instigador, de una ruptura constitucional a la postre triunfante. Micheletti, visto por la comunidad internacional como un presidente de facto sin legitimidad, estaba unánimemente considerado un protegido de Flores, cuya visión conservadora del liberalismo compartía. El propio Zelaya, desde el exilio, señaló directamente a Flores como uno de los principales muñidores de su remoción, aunque no brindó ninguna prueba que apoyara tal acusación.

Posteriormente, sin embargo, Micheletti en persona negó esta imputación al ex presidente, quien, al contrario, no había tenido ninguna participación en los hechos. Según el gobernante de facto, en declaraciones para la televisión, Flores había advertido a Zelaya de que su decisión de convocar un proceso constituyente de manera unilateral iba a abrir un grave conflicto constitucional, pero luego aquel "no estuvo de acuerdo con la acción" tomada el 28 de junio. Micheletti destacó también que la postura política y editorial de Carlos Roberto Flores, su hija Lizzy, entonces vicepresidenta del Congreso, y el periódico La Tribuna planteaba "situaciones diferentes al pensamiento nuestro" y venía siendo crítica con su Gobierno, y que, en un plano más personal, el ex presidente y él habían cortado la relación a raíz de la remoción de Zelaya.

Carlos Roberto Flores es doctor honoris causa por la Universidad de Louisiana y tiene publicado el libro Forjemos unidos el destino de Honduras. Además de las responsabilidades arriba expuestas, ha estado afiliado a la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Club Rotario de Tegucigalpa Sur y el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI).

(Cobertura informativa hasta 1/1/2010)