Francisco Flores Pérez

El tercer presidente del partido derechista ARENA, entre 1999 y 2004, en El Salvador fue un joven filósofo y tecnócrata escogido por su formación para ofrecer al electorado un rostro amable y dialogante, capaz de frenar la progresión en las urnas de la antigua guerrilla izquierdista del FMLN. Francisco Flores llegó al poder sin haber cumplido los 40 y con una agenda dominada por el liberalismo económico. Esta se tradujo en la dolarización monetaria por ley y en un intento de privatizar la Seguridad Social que sin embargo fue frustrado por la protesta de la calle. Redujo tímidamente los niveles de pobreza, pero fracasó en la lucha contra la criminalidad, en un quinquenio caracterizado por la estabilidad macroeconómica y el crecimiento limitado por los desastres naturales. La integración centro y mesoamericana, el brío librecambista en toda la región, el desencuentro con la Cuba castrista y la estrecha alianza con Estados Unidos, al que brindó apoyo militar en la ocupación de Irak y con el que suscribió el CAFTA, conformaron su hacer exterior.

Flores se despidió con unos buenos índices de aceptación popular y traspasando la banda presidencial a un arenero, Tony Saca. Meses después, en 2005, se postuló sin éxito al puesto de secretario general de la OEA, y en los ocho años siguientes se mantuvo activo en el terreno de la batalla de las ideas, intentando con su think tank, el Instituto América Libre, contrarrestar el avance del socialismo bolivariano en América Latina. La vida del ex presidente dio un giro radical y sin vuelta atrás en 2013, cuando desde la Fiscalía General de la República y el Gobierno del FMLN fue acusado de haber desviado a su bolsillo y a su partido varios millones de dólares donados por Taiwán para el socorro de las víctimas de los terremotos de 2001. Investigado por la Asamblea y procesado por los tribunales por unos delitos de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, Flores conoció el arresto domiciliario y la prisión preventiva. En enero de 2016, cuando la apertura de su juicio era inminente, el antiguo mandatario falleció víctima de un accidente cardiovascular a los 56 años.

(Texto actualizado hasta enero 2016)

1. Un profesor de Filosofía metido a político en las filas de ARENA
2. Quinquenio presidencial bajo el signo del liberalismo económico: intentos de privatización y dolarización de los intercambios
3. Las relaciones exteriores: integración regional, libre comercio y alianza con Estados Unidos; la participación salvadoreña en la ocupación de Irak
4. Entrega del testigo a su correligionario Tony Saca y candidatura frustrada a secretario general de la OEA
5. Proceso por corrupción en el caso de los fondos taiwaneses y fallecimiento


1. Un profesor de Filosofía metido a político en las filas de ARENA
Uno de los tres hijos del matrimonio formado por el abogado y economista Ulises Flores y la etnógrafa y folclorista María Leonor Pérez de Flores, cursó la primaria y el bachillerato en la Escuela Americana, una elitista casa de estudios bilingüe de San Salvador, antes de emprender en Estados Unidos una formación superior que iba a descollar por su carácter multidisciplinar y la brillantez de las calificaciones académicas. Atraído por las ciencias sociales y las humanidades, el joven buceó en varias disciplinas impartidas por otros tantos centros y en pocos años forjó un currículum educativo bastante impresionante.

Primero pasó por el Hillyer College, escuela de artes liberales perteneciente a la Universidad de Hartford, en el estado de Connecticut, donde obtuvo el grado en Sociología antes de terminar la carrera en el Amherst College de Boston, Massachusetts, con la licenciatura en Ciencias Políticas. Después se marchó a Inglaterra para cursar un programa de Historia y Literatura en el Trinity College de la Universidad de Oxford. A continuación, regresó a Estados Unidos y se sacó un máster en Filosofía en California y otro complemento de posgrado sobre Economía y Filosofía en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Su inquietud por las problemáticas sociales le llevó a realizar labores desinteresadas en hogares de acogida de inmigrantes hispanos sin recursos, a la vez que asistía a las clases en la universidad.

Retornó a El Salvador en 1983, cuando el país atravesaba el cuarto año de la cruenta guerra civil que libraban la Fuerza Armada y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), y comenzó su etapa de profesional de la docencia en la Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) de la capital. Con 24 años, Flores se convirtió en un jovencísimo catedrático de Filosofía, disciplina que iba a impartir durante tres lustros de manera intermitente. Es más, el perfil de perito en humanidades que se labró era insólito entre las élites políticas salvadoreñas, casi sin exclusión formadas en la ingeniería, la dirección de empresas o la abogacía. Claro que en la mayor parte de los años ochenta, Flores no formó parte de la clase política nacional. Fuera de las aulas, participó en la gestión de proyectos de desarrollo agropecuario financiados con capital privado y estrenó la faceta de empresario.

Procediendo de una familia de la burguesía urbana conservadora, temerosa de la revolución en El Salvador y radicalmente anticomunista, Flores puedo encontrar natural militar en la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido de ultraderecha fundado el 30 de septiembre de 1981 por el mayor del Ejército Roberto D’Aubuisson Arrieta y que se situó en la oposición parlamentaria al Gobierno del presidente democristiano Napoleón Duarte Fuentes. El carácter apacible, el hablar suave y la formación humanista del joven catedrático ofrecían un contraste, notable cuando menos, con los modos virulentos y el extremismo ideológico de D’Aubuisson y sus huestes, los cuales, con la complicidad de la Fuerza Armada y el patrocinio de la poderosa oligarquía económica, se involucraron a fondo en la proliferación de los infames escuadrones de la muerte, las bandas paramilitares que sembraron el terror entre todos aquellos, políticos, sindicalistas, activistas sociales, religiosos o miembros de las mismas universidades donde ejercía Flores, que fueran mínimamente sospechosos de estar con la guerrilla o que simplemente mostraran actitudes progresistas.

En las elecciones de marzo de 1989 ARENA conquistó la Presidencia de la República en la persona del empresario Alfredo Cristiani Burkard, quien tras tomar posesión del cargo el primero de junio reclutó a Flores, aún sin cumplir los 30 años, para el puesto de viceministro de Planificación. A los pocos días de estrenarse en el servicio de Gobierno, Flores fue golpeado por una tragedia familiar: José Antonio Rodríguez Porth, padre de su esposa desde 1985, la psicóloga y educadora Lourdes María Rodríguez, y colega del Gabinete por cuanto era el flamante ministro de la Presidencia, cayó asesinado en la emboscada que un comando de hombres armados le tendió en San Salvador. Cristiani acusó de inmediato a la guerrilla, que preparaba en secreto una gran ofensiva general. Posteriormente, Flores sirvió de viceministro de la Presidencia con funciones de asesor del jefe del Estado, y como tal fue uno de los arquitectos del plan de acción gubernamental que debía dar cumplimiento a lo que atañía al Estado de los Acuerdos de Paz firmados con el FMLN en México en enero de 1992.

Flores salió elegido diputado de la Asamblea Legislativa en las elecciones generales del 20 de marzo de 1994, tras lo cual el nuevo presidente nacionalista, el ex alcalde capitalino Armando Calderón Sol, le retuvo en el Ejecutivo en calidad de secretario de Información adjunto a la Presidencia. El 5 de mayo de 1997 el antiguo profesor hizo su salto al más alto escalafón de la política nacional hasta entonces al resultar elegido presidente de la Asamblea con los votos del FMLN, hecho que no resultó especialmente sorprendente luego de haberse ganado una fama de político conciliador y moderado, que había favorecido los trabajos parlamentarios y abierto cauces de comunicación entre la oposición y sus propios compañeros de la línea dura del partido. La ideología derechista más recalcitrante seguía estando bien presente en ARENA, aunque esta tampoco era ya la formación cuasi fascista de antaño, a medida que las orientaciones proempresariales y tecnocráticas se abrían paso en sus filas. El hecho de que su suegro se encontrara entre las 75.000 víctimas mortales de la guerra civil le permitió a Flores ser identificado con los esfuerzos en pro de la reconciliación nacional.

La labor legislativa de Flores resultó providencial para que el filósofo metido en política coronara su carrera en este segundo terreno con la precocidad que había caracterizado todo su quehacer anterior. A principios de 1998 anunció su postulación a la Presidencia de la República, resignó al frente del poder legislativo y el 29 de marzo de ese año ARENA le escogió por aclamación como su candidato para las elecciones del año siguiente, teniendo como compañero de fórmula al abogado y notario Carlos Quintanilla Schmidt, quien fuera decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UJMD. Nominando a Flores por delante de figuras más conocidas por el público como el magnate cervecero Roberto Murray Meza, el partido buscaba proyectar un talante, ya esbozado durante las presidencias de Cristiani y Calderón, con un regusto menos ideologizado y más amable, capaz de captar a votantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que, dentro de su conservadurismo, no podían digerir las expresiones de radicalismo derechista.

Claro que la Convención de ARENA no se privó de blandir una abundante retórica anticomunista, más propia de otros tiempos, y de complacerse en exaltar la mística que rodeaba al jefe fundador y "héroe de la patria", el mayor D’Aubuisson, fallecido de un cáncer en 1992 a la temprana edad de 47 años. Flores fue proclamado por sus conmilitones a los sones del controvertido himno del partido, que entre otras cosas pregonaba que "El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán" y "¡Patria sí, comunismo no!". En su discurso de aceptación y agradecimiento ante los afiliados, el flamante candidato comenzó haciendo la obligada salutación a D’Aubuisson, pero luego no se apartó de un tono comedido y posibilista. Así, aseguró que asumía el reto electoral con una "renovada expresión de cambio y compromiso", y se comprometió a "consolidar el único sistema que garantiza la libertad: la democracia".

Fanfarrias sectarias al margen, los nacionalistas estaban preocupados por el consistente avance electoral del FMLN, transformado ya en un partido unitario con corrientes internas en lugar de la federación de agrupaciones encabezada por el ortodoxo Partido Comunista de El Salvador (PCS) que había sido antes. Así, en las elecciones legislativas y municipales del 16 de marzo de 1997, ARENA había visto evaporarse su posición dominante en la Asamblea y arrebatada la alcaldía sansalvadoreña a manos del candidato conjunto del FMLN y la Unión Social Cristiana (USC), Héctor Ricardo Silva Argüello. El oficialismo reaccionó a la progresión de los efemelenistas con dos estrategias: por un lado, propagando a los cuatro vientos que los ex guerrilleros eran unos marxistas emboscados, por mucho que dijeran haber reciclado su doctrina; por otro lado, incorporando al partido técnicas modernas de mercadotecnia electoral, fórmula sin duda más efectiva que la anterior. Era la hora de cuidar la imagen, y la selección de Flores, la cara amable de ARENA y la garantía del relevo generacional, constituía la pieza clave de una operación cuyo único objetivo era asegurar la continuidad en el poder, hoy por hoy seriamente amenazada tras un lustro de impopulares políticas de estabilización económica y ajuste estructural.

Por otra parte, una lectura en clave puramente partidista presentó la designación de Flores como una maniobra diseñada por Calderón para frustrar la eventual aspiración de Cristiani, al frente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA) desde 1997, a un segundo mandato presidencial, que al ser discontinuado del primero no estaba vetado por la Constitución. Fuentes areneras comentaron a medios informativos del país que la promoción del relativamente poco conocido intelectual había supuesto un doble jaque del mandatario saliente, a la oposición izquierdista y a sus rivales en el partido.

De todas maneras, no dejó de sorprender la abultada victoria obtenida por Flores en la jornada del 7 de marzo de 1999. Con un contundente 51,4% de los votos, el postulante del oficialismo se proclamó presidente en la primera vuelta, algo que no había conseguido Calderón en 1994. Su inmediato rival, el ex comandante guerrillero Facundo Guardado, candidato de la coalición del FMLN y la USC, obtuvo el 29%. A mucha más distancia quedaron Rubén Ignacio Zamora Rivas, por el Centro Democrático Unido (CDU), quien había obligado a disputar a Calderón la segunda vuelta hacía cinco años, entonces como candidato del FMLN y la Convergencia Democrática (CD), Rodolfo Antonio Parker Soto, por un PDC en franco declive, y Rafael Hernán Contreras, por el ultraderechista Partido de Conciliación Nacional (PCN).

Sobre el triunfo del arenero gravitó, empero, el índice de participación, preocupante por su parquedad, al no superar el 35% de los censados en el padrón. Según los observadores, la apatía del electorado reflejó cuán extendido estaba el escepticismo con la capacidad de cualquiera de los candidatos para erradicar las principales lacras del país, a saber, la criminalidad común, la pobreza y la corrupción.


2. Quinquenio presidencial bajo el signo del liberalismo económico: intentos de privatización y dolarización de los intercambios
El 1 de junio de 1999, Flores, llamado informalmente Paco o Paquito, se convirtió en el tercer presidente consecutivo de ARENA desde 1989 y, con 39 años, en el más joven presidente en la historia de El Salvador y también de todo el continente americano en ese momento. Entre la proclamación y la toma de posesión, repitió los mensajes aventados durante la campaña, abundó en las tesis de la tolerancia y la concordia, y se permitió insinuar un deseo de superación del pasado beligerante de su partido. Sin embargo, no mencionó la íntima relación de ARENA con los escuadrones de la muerte y con algunos de los peores excesos represivos en los años de la guerra civil. Asimismo, homenajeó a D’Aubuisson y alabó la gestión de sus predecesores, Cristiani y Calderón, actitud esta última que invitó a pensar en la continuidad más que en un cambio de rumbo. De lo que no cabía dudar era que Flores no iba a apartarse un ápice de la ortodoxia económica y de las políticas de corte neoliberal.

En su discurso inaugural, el estadista expuso su programa de Gobierno, denominado Nueva Alianza, cuyos ejes principales eran: la lucha contra la pobreza, con la expansión y la descentralización de los servicios de salud, agua, saneamiento, vivienda y educación; la estabilización del tipo de cambio del colón y la reducción del déficit presupuestario; la concesión de facilidades crediticias a las pequeñas y la medianas empresas cuyos propietarios fueran nacionales salvadoreños; y descuentos fiscales para las inversiones productivas extranjeras. Las dos últimas eran unas medidas destinadas a generar puestos de trabajo, en un país donde el desempleo (la tasa oficial se situaba en un engañoso 7%) y, sobre todo, el subempleo, afectaban a más de dos terceras partes de la población activa, según las organizaciones de consumidores y los sindicatos.

Conocedor de la máxima preocupación de los salvadoreños, Flores prometió también terminar con la inseguridad ciudadana y la delincuencia rampantes, que batían todos los récords: las víctimas anuales de la criminalidad común oscilaban entre las 7.000 y las 8.000, en un país de seis millones de habitantes, y un estudio de la Universidad Centroamericana situaba a San Salvador a la cabeza de las ciudades más violentas de América Latina. En particular, el presidente habló de reformar el Código Penal para endurecer los castigos y de aumentar la capacidad del sistema de prisiones. La Nueva Alianza contemplaba asimismo un modelo de desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente, vinculado a los procesos de integración comercial con los estados de la región, y que salvaguardase y ampliase la estabilidad monetaria y financiera lograda durante la presidencia de Calderón. Claro que el crecimiento económico debía ser superior a ese 1,8% interanual que legaba la administración anterior, un ritmo bastante insatisfactorio, si lo que se pretendía era erradicar la pobreza.

Los líderes de los partidos de la oposición, de todas las tendencias, acogieron con decepción las primeras alocuciones del nuevo presidente, en las que echaron en falta compromisos concretos y una definición de prioridades. Las izquierdas, en particular, le criticaron por abusar de la terminología ampulosa y por no especificar cómo iba a impulsar la agenda social, tarea que exigía la intervención directa del Estado, aunque ello no supusiera renegar del rumbo económico intensamente liberal y privatizador mantenido en la etapa calderonista. Por otra parte, causaron perplejidad la continuidad de Mario Acosta Oertel como ministro del Interior y el nombramiento de Mauricio Sandoval Ávila como director de la Policía Nacional Civil (PNC). Eran dos rostros preclaros de la vieja guardia derechista de ARENA y el primero además estaba vinculado al tenebroso pasado escuadronero del partido, así que la preeminencia de ambos en el Ejecutivo podía interpretarse como un menoscabo a los planes de Flores, por él pregonados de manera más o menos explícita, de gobernar sin cortapisas tendidas desde dentro. Además, era necesario tener presente que al frente del COENA no estaba Flores, sino el siempre influyente Cristiani, lo que esbozaba una situación de cierta bicefalia en el poder.

En los meses inmediatos a su asunción, la Administración Flores tramitó varias medidas de alcance económico que dieron cumplimiento a determinadas ofertas de la Nueva Alianza. En especial, destacó el denominado Plan Nación, para, en aras de la descentralización territorial y la reconversión productiva, dividir el país en cinco grandes regiones ligadas a otros tantos polos de desarrollo. También, se puso en marcha otro plan para descentralizar el suministro de agua potable, que debía mejorar la calidad y el alcance del servicio básico. En ese momento, más de la cuarta parte de la población no tenía acceso a este recurso esencial. En el arranque de 2000, Flores empezó a confrontar un cúmulo de dificultades para sacar adelante su programa liberal. En la primera mitad del año, la subida del precio de la gasolina y la supresión de la excepción del IVA para los productos agropecuarios y las medicinas fueron contestadas por los principales sectores afectados, los empresarios del transporte público y el campesinado, que organizaron paros y marchas. El brote de malestar social coincidió con los comicios del 12 de marzo, que pasaron factura al partido del poder.

En las legislativas, ARENA, con el 36% de los votos, aventajó en sólo 0,8 puntos al FMLN, pero éste, por primera vez, le superó en escaños: 31 frente a 29. El sistema de dos partidos mayoritarios en paridad de fuerzas se asentaba en El Salvador, lo que no dejaba de ser un marchamo de democracia. En las municipales, al oficialismo le fue todavía peor, ya que los efemelenistas ganaron las principales alcaldías del país al tiempo que San Salvador, donde su aliado Héctor Silva obtuvo la reelección como primer edil, se confirmó como un bastión del centroizquierda. Consternado, Cristiani asumió toda la responsabilidad por los malos resultados electorales y dimitió como presidente del COENA. Le sustituyó Walter Araujo Morales, del sector modernizador del partido. El gesto del antiguo jefe del Estado, aceptando cargar con las cuentas, libró al actual titular del puesto de sufrir una erosión irrecuperable por culpa del revés en las urnas.

La pujanza del frente opositor, que vio crecer sus expectativas de cara a las presidenciales de 2004, se expresó también en la calle, donde arreciaron las protestas y las huelgas contra el proyecto de supresión del monopolio del Instituto Salvadoreño de la Seguridad Social (ISSS) en la cobertura médica de los cotizantes, y en demanda de mejoras salariales y del final de los reajustes de plantilla y los despidos en el ente del Estado. Incluso, se articuló una Alianza Ciudadana contra las Privatizaciones (ACCP), animada por los trabajadores de la red de la ISSS, que fue instrumental para el mantenimiento de un clima de opinión fuertemente hostil a la privatización parcial del instituto público. Ante este panorama, Flores no se atrevió a acometer un plan que habría supuesto la cesión al capital privado de determinados servicios e instalaciones del ISSS, el cual habría seguido operando, pero achicado y en paralelo a las gestoras de salud privadas. En octubre de 2002 la propia Asamblea, presionada desde la calle, se encargó de meter el proyecto en el congelador con un decreto legislativo que, invocando la Constitución, garantizaba la naturaleza estatal del sistema de salud y de seguridad social, y prohibía cualquier modalidad de privatización del ISSS.

Por otra parte, seguían pesando las consecuencias del destructivo paso del huracán Mitch en octubre de 1998, siendo así que en 2000 la economía salvadoreña sólo creció el 2,2%. Al detrimento de la producción contribuyó también una política monetaria muy restrictiva que perseguía constreñir la inflación, que en el primer año de gestión de Flores quedó virtualmente eliminada, aunque luego repuntó levemente, dentro de una recuperación de los precios que entraba dentro de lo saludable.

Pese a las acusaciones de prepotencia intelectual y de ambigüedad ideológica, al cumplir su primer año de mandato el presidente se encontró con unas encuestas que le otorgaban, todavía, la confianza de un porcentaje mayoritario de la población. Pero la mayor controversia de la presidencia de Flores vino a raíz del histórico anuncio de la dolarización de todas las operaciones económicas, financieras y comerciales. Consensuada con la banca y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP, la confederación patronal salvadoreña), Flores justificó la trascendental reforma por la necesidad de conjurar definitivamente los riesgos de devaluaciones y repuntes inflacionarios, atraer más inversión foránea y estimular el crecimiento interno.

El plan se ejecutó con presteza. Luego de ser aprobada el 30 de noviembre de 2000 por la Asamblea Legislativa con el imprescindible respaldo del PCN, la llamada Ley de Integración Monetaria entró en vigor el 1 de enero de 2001. Comenzó entonces la retirada progresiva del colón, creado en 1892, y su sustitución por el dólar estadounidense, que debía funcionar como la principal unidad de cambio y cuenta al cabo de seis meses. No se trataba de una dolarización completa, ya que la centenaria divisa nacional seguiría siendo una moneda de curso legal, en régimen de cocirculación, aunque su arrinconamiento por las autoridades supondría que, en la práctica, nadie quisiera hacer transacciones con ella. El canje se fijó en 8,75 colones por dólar, que era el tipo de cambio definido por el mercado desde hacía tiempo.

El FMLN y amplios sectores de la sociedad salvadoreña objetaron o rechazaron de plano la relegación -que no, insistían las autoridades, desaparición- del colón, arguyendo que la economía nacional iba a quedar a expensas de las decisiones monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos, única entidad emisora del dólar, y, por ende, de los ciclos económicos del gigante norteamericano. Diversos observadores advirtieron que, en lo sucesivo, El Salvador dependería de la importación de dólares para cubrir sus necesidades de liquidez, convirtiendo en absolutamente vitales flujos tan fluctuantes como las remesas de los emigrados y los ingresos por exportaciones. Los agentes económicos mostraron una actitud positiva y, por ejemplo, avizoraron una bajada de los tipos crediticios, esperada como agua de mayo en un momento en que el dinero se pagaba a un interés de casi el 13%.

A efectos comparativos con Ecuador, que se había adelantado un año en la aplicación de la medida con la retirada del sucre, desde los ámbitos izquierdistas se adujo que en El Salvador no había una situación de emergencia en los sistemas monetario y financiero (al contrario, la estabilidad caracterizaba las relaciones con los acreedores de la deuda externa, el mercado cambiario y, con matices, el comportamiento de la inflación), y concluyeron que la dolarización teóricamente parcial presentaba toda la traza de un experimento del gran capital estadounidense concertado con el Gobierno de ARENA, que convertiría al país en una suerte de "conejillo de indias" para ulteriores actuaciones en el resto de América Latina.

Consideraciones de soberanía nacional y de dependencia extranjera al margen, la dolarización debía hacer sentir sus efectos benignos en la macroeconomía y en las economías particulares de quienes tuvieran colones para canjearlos por dólares con los que gastar e invertir. Para el bolsillo del trabajador por cuenta ajena, las ventajas de la dolarización estaban por demostrar, ya que los salarios continuaron estancados en niveles muy bajos y la conversión de colones en dólares generaba el efecto psicológico de poseer menos dinero que antes. Por de pronto, el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), que desde la entrada en vigor de la Ley de Integración Monetaria asumió el papel primordial de contribuir al mantenimiento de la estabilidad monetaria, propició bajadas de los tipos de interés muy sustanciales, de hasta el 7% como media. Pero, por otra parte, la canasta de productos básicos se encareció por el efecto del redondeo, temido justificadamente por los salvadoreños con rentas bajas, a la hora de traducir los precios a dólares.

Sin embargo, en 2001, una sucesión de calamidades naturales, empezando por los dos terremotos del 13 de enero (el más devastador) y el 13 de febrero, que mataron a un millar largo de personas y dejaron sin hogar a otras 200.000, y continuando por una pertinaz sequía que diezmó las cosechas de café, desgracia que se solapó al hundimiento de los precios del producto en el mercado internacional -hasta niveles incluso inferiores al coste de producción-, arruinó las predicciones de crecimiento del Gobierno, neutralizó el estímulo que habría supuesto el abaratamiento de los créditos y disparó el déficit fiscal por la aprobación de partidas especiales de gasto público para sufragar el socorro de los 1.400.000 damnificados, algo más de la quinta parte de la población total, por los movimientos telúricos y las labores de reconstrucción. Criticado en un primer momento por su lista de prioridades en la adjudicación de las ayudas tras la catástrofe, el presidente tuvo luego el acierto de involucrar a la comunidad internacional en la costosísima reconstrucción, en especial al Gobierno de España.

Los seísmos de 2001 causaron a El Salvador pérdidas económicas por valor de 1.600 millones de dólares, a los que tenían que sumarse los 200 millones dejados de ingresar por la crisis cafetalera. Esto representaba aproximadamente una octava parte del producto nacional. El año que debió haber sido fasto por la puesta en marcha de la dolarización y el despegue económico, terminó dejando un muy mal sabor de boca: el PIB no creció más que el 1,7% y la inflación, cebada por el redondeo monetario abusivo, trepó al 3,8%. Además, la fuerte dependencia comercial de Estados Unidos, destino del 57% de las exportaciones salvadoreñas y origen del 36% de las importaciones, suponía que la recesión experimentada por el vecino del norte aquel ejercicio, en el contexto de la deceleración mundial, no podía sino repercutir negativamente en el pequeño país centroamericano.

Los agoreros contra la dolarización y la inserción de El Salvador en los mercados globalizados se sintieron reivindicados, pero Flores y sus colaboradores no cejaron en la defensa de la Ley de Integración Monetaria, en la convicción de que la unificación de las divisas se traducía automáticamente en el impulso de los intercambios con Estados Unidos en todos los sectores. A lo largo del quinquenio fue viéndose cómo el modelo de desarrollo económico auspiciado por Flores prolongaba e intensificaba la línea de las administraciones areneras anteriores consistente en priorizar a toda costa la industria de las maquiladoras urbanas. Estas plantas de montaje de bienes de consumo para la exportación, fundamentalmente textiles con destino a Estados Unidos brindaban un fuerte ritmo de generación de empleo, pero, como en el resto de Centroamérica, basaban su lucrativo negocio en los horarios intensivos, los salarios extremadamente bajos y los contratos precarios. Una acusada explotación laboral, en suma.


3. Las relaciones exteriores: integración regional, libre comercio y alianza con Estados Unidos; la participación salvadoreña en la ocupación de Irak
Uno de los pocos terrenos donde Flores pudo hacer alarde de éxitos inobjetables fue el de la integración multisectorial con los países del entorno. El mismo estuvo cuajado de acuerdos librecambistas y de armonización económica que, más allá del logro político que había supuesto su negociación e implementación, ofrecían un horizonte de repercusiones económicas que suscitaba grandes esperanzas (compartidas también por dirigentes políticos de la izquierda), pero también desconfianzas y aprensiones. Los conceptos de competitividad, productividad, generación de oportunidades, progreso compartido, deslocalización, desregulación y desarme arancelario estaban a la orden del día.

El primer acuerdo de esta naturaleza lo firmó Flores con sus colegas de Guatemala, Alfonso Portillo, y Nicaragua, Arnoldo Alemán, otros dos presidentes de línea derechista, el 2 de mayo de 2000 en la capital nicaragüense. La Declaración Trinacional de Managua subrayaba la necesidad de reducir las asimetrías entre las economías nacionales, armonizar las políticas fiscales, unificar las medidas aduaneras y acometer proyectos comunes en los transportes, las telecomunicaciones y la energía. Nacía el informalmente llamado Triángulo del Pacífico, que sus integrantes declararon abierto a los demás países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a saber, Honduras, Costa Rica y Panamá. Semanas después, el 29 de junio, Flores se unió a Portillo y al hondureño Carlos Roberto Flores, es decir, los presidentes de los tres países de otro alineamiento subregional conocido como el Triángulo Norte Centroamericano (TNC), para la firma en México capital junto con el mandatario anfitrión, Ernesto Zedillo, de un Tratado de Libre Comercio cuatripartito.

El TLC México-TNC entró en vigor para El Salvador el 15 de marzo de 2001 e incluía, además del compromiso de remover las barreras al trasiego de mercancías, servicios, capitales y personas, una serie de acuerdos particulares sobre inversiones, protección de la propiedad intelectual y certificación de productos con preferencias arancelarias, entre otros temas. El Salvador y Guatemala ambicionaban un proceso de integración intrarregional más profundo, así que el 10 de marzo de 2004 Flores y el sucesor de Portillo, Óscar Berger, adoptaron en la localidad fronteriza guatemalteca de Pedro de Alvarado un Protocolo para la inmediata puesta en marcha de una Unión Aduanera y un marco de Integración Migratoria, que apuntaban a la articulación de un mercado común salvadoreño-guatemalteco.

En su tercero y cuarto años de mandato, el presidente organizó en San Salvador tres cumbres multilaterales con los socios centroamericanos y la adición de un país especial. El 25 de mayo de 2001 tuvo lugar la III Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno entre la República de China (Taiwán) y los Países del Istmo Centroamericano. El 15 de junio del mismo año se celebró una cumbre extraordinaria del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, que incluyó a México como país no centroamericano de interés estratégico. El objeto de esta cita fue poner en marcha el Plan Puebla-Panamá, considerado el principal instrumento impulsor del desarrollo y la integración regionales, desde el río Grande hasta la frontera de Colombia. Flores declaró que el Plan abría "una nueva era" para los países participantes, que compartían una "visión de integración".

Una trascendencia no menor revistió la cumbre extraordinaria del 24 de marzo de 2002 con el guatemalteco Portillo, el hondureño Ricardo Maduro, el nicaragüense Enrique Bolaños, el costarricense Miguel Ángel Rodríguez, el beliceño Said Musa y el estadounidense George Bush (Panamá estuvo representado por su embajador en San Salvador). Aunque no se adoptaron acuerdos, sino sólo una Declaración sobre el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática en Centroamérica, la cita permitió a Flores poner de manifiesto sus relaciones excepcionalmente buenas con el inquilino republicano de la Casa Blanca, a la vez que hacer de heraldo del ansiado e inminente TLC entre Estados Unidos y Centroamérica, histórica mudanza que, junto con la dolarización, debía presidir el legado del mandatario salvadoreño en el capítulo de las transformaciones económicas. Asimismo, El Salvador firmó un TLC con Panamá el 6 de marzo 2002, mientras que el 4 de octubre de 2001 y el 3 de junio de 2002, respectivamente, entraron en vigor para el país los TLC multilaterales Centroamérica-República Dominicana y Centroamérica-Chile.

En 2000 el Gobierno de Flores se había puesto de acuerdo con el de Bill Clinton para que la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA, instalara en el aeropuerto de Comalapa, en el departamento de La Paz, un centro de monitorización de los flujos del narcotráfico procedentes de Sudamérica. El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos ya disponía en Comalapa de una base de operaciones avanzada. Ahora, las dos facilidades pasaron a servir a la logística del llamado Plan Colombia. Los lazos políticos entre los dos gobiernos se intensificaron tras la llegada al poder en Washington del Partido Republicano en enero de 2001. Desde San Salvador, Flores empezó a respaldar las decisiones de Bush en política internacional, caracterizadas por el unilateralismo y el belicismo.

Otro rasgo distintivo, directamente relacionado con lo anterior, de la política exterior salvadoreña en este período fue el pésimo cariz que ofrecieron los contactos con Cuba. Debido a la vigencia del régimen comunista en la isla, San Salvador no mantenía relaciones diplomáticas formales con La Habana desde la ruptura de 1961. El Salvador, Estados Unidos y Costa Rica eran ya los únicos estados miembros que se negaban a revertir una postura adoptada de manera colectiva por la Organización de Estados Americanos (OEA) hacía cuatro décadas.

Flores y Fidel Castro dieron la nota durante la X Cumbre Iberoamericana, en Panamá en noviembre de 2000, al enzarzarse públicamente en una agria discusión suscitada a raíz de la denuncia por el "dictador" cubano, que así le llamó el salvadoreño, de que en la ciudad se encontraba un conocido enemigo político de su régimen, Luis Posada Carriles, con el propósito de asesinarle (en efecto, los servicios de seguridad panameños detuvieron a un comando armado formado por cinco anticastristas, entre ellos Posada Carriles) y portando pasaporte salvadoreño (lo que también resultó ser cierto).

En la cumbre, Castró tachó a Flores de "títere del imperio yanqui" y le acusó de saber de antemano el complot orquestado por Posada Carriles, cuyas andanzas en El Salvador eran tan conocidas como sus asechanzas terroristas contra Cuba, y de no haber hecho nada para frustrar sus propósitos. Flores, a su vez, le echó en cara a Castro que se negara a suscribir una declaración de la cumbre, por él propuesta, en la que los presidentes condenaban el terrorismo de ETA y se solidarizaron con España por la violencia de la banda independentista vasca. "Es absolutamente intolerable que usted, involucrado en la muerte de tantos salvadoreños, que usted, que entrenó a muchísimas personas para matar a salvadoreños, me acuse a mí de estar involucrado en el caso de Luis Posada Carriles (…) nuestro Gobierno jamás, y yo, como presidente, jamás, nos vamos a poner del lado del terrorismo", contestó con tono pausado pero contundente Flores al 33 años más viejo Castro –quien hizo la Revolución en su país el mismo año en que aquel nació-, sin dejar de mirarle a los ojos.

Entre los testigos del altercado Flores-Castro estaba un agradecido José María Aznar, el presidente del Gobierno español. Hasta el final del mandato de ambos, Flores y Aznar mantuvieron unas relaciones excelentes que descansaban en su enfoque común multitud de temas. El salvadoreño se proyectó como un estadista muy ligado a España y a su gobernante conservador. Así, en dos ocasiones, Flores y su esposa, la primera dama Lourdes Rodríguez de Flores, viajaron a Madrid solamente para asistir a sendas bodas: la de la hija del propio Aznar, en septiembre de 2002 en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, y la del príncipe heredero Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, en mayo de 2004 en la madrileña Catedral de La Almudena.

Con la Venezuela de Hugo Chávez, las relaciones también chirriaron, cosa no sorprendente habida cuenta de las antípodas ideológicas que representaban los dos gobiernos. El desencuentro bilateral se planteó a las claras después de que en abril de 2002, cuando Chávez fue depuesto por unas horas el golpe de Estado de sectores civiles y militares conservadores, El Salvador, en el marco de la XVI Reunión del Grupo de Río (organismo en el que el país centroamericano había ingresado en junio de 2000) celebrada en San José de Costa Rica, emitiera un comunicado oficial como el único país latinoamericano que otorgaba su "voto de confianza" a la junta de Gobierno golpista, efímera a la postre, del empresario Pedro Carmona.

En julio de 2001 Flores fue el único representante latinoamericano en la cumbre anual del G8 en Génova, a la que también fueron invitados cuatro presidentes africanos y la primera ministra de Bangladesh. Los seis invitados dirigían naciones en vías de desarrollo deseosas de entablar un diálogo integral con los países del llamado primer mundo. Cabeceras de la prensa salvadoreña opinaron que a Flores se le emplazó a pronunciar un discurso en Génova tras causar una excelente impresión a la delegación estadounidense en la III Cumbre de Las Américas, celebrada en Quebec el mes de abril anterior. En aquella ocasión, como ahora en la ciudad italiana, Flores subrayó la necesidad de que los países ricos del norte abrieran sus mercados a las exportaciones, sobre todo, productos agrícolas y manufacturas para el consumo, de los países menos desarrollados; de esa manera, estas pequeñas economías podrían crecer y generar riqueza.

Tras los atentados islamistas del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, El Salvador anunció su apoyo, en la medida de sus posibilidades, a Libertad Duradera, la operación militar global desencadenada por la superpotencia atacada contra el terrorismo de Al Qaeda y sus aliados, y secundó el llamamiento hecho por Bush a que se formara una vasta alianza de naciones para encarar las nuevas amenazas a la paz y la seguridad. El compromiso adquirido por Flores con los designios de Estados Unidos en la escena internacional se materializó en serio tras la invasión de Irak, sin el mandato expreso del Consejo de Seguridad de la ONU, en marzo de 2003 con el envío a la provincia sureña de Najaf de 360 soldados del batallón Cuscatlán. En vísperas de la guerra, El Salvador fue uno de los 30 países que quisieron ser citados por el Departamento de Estado como valedores de los argumentos estadounidenses y británicos sobre los riesgos que comportaba el régimen de Saddam Hussein, acusado de escamotear armas prohibidas de destrucción masiva. Nicaragua y Colombia fueron los otros dos países latinoamericanos que aparecieron en la lista.

En agosto de 2003, el contingente salvadoreño, en misión humanitaria y de reconstrucción posbélica, insistía el Gobierno, se insertó junto con tropas de la República Dominicana, Honduras y Nicaragua en la Brigada Plus Ultra, encabezada por España. Esta brigada hispanoamericana estaba supeditada al mando polaco de la División Multinacional Centro-Sur, que a su vez obedecía al mando supremo estadounidense. La decisión de Flores de participar con tropas en la ocupación de Irak, escenario que no obtuvo la legitimación del Consejo de Seguridad de la ONU sino a posteriori y que fue revelando de mes en mes los altos riesgos que comportaba para la seguridad por la multiplicación de los actos de insurgencia y terrorismo, fue eminentemente política, como una muestra de lo que para el presidente debía ser un alineamiento sin fisuras con Estados Unidos.

Sin embargo, en casa, el despacho de tropas a Irak concitó rechazos y, sobre todo, suscitó perplejidad e incomprensión. Muchos salvadoreños no entendían cómo un país con tan magros medios con el suyo podía permitirse el lujo de embarcarse en una misión militar en el extranjero que resultaba muy dispendiosa, estaba rodeada de controversias legales, afrontaba amenazas insospechadas y carecía de fecha de conclusión. Sin olvidar de que parecía bastante evidente que el lejano país árabe no entrañaba ninguna amenaza para la seguridad nacional de El Salvador.

La decisión de enviar al Ejército a Irak fue posterior a las elecciones legislativas y locales del 16 de marzo de 2003. Vistos los resultados de estos comicios, cabe especular con una derrota aún más abultada del partido del presidente si la secuencia de hechos hubiese sido la inversa. ARENA retrocedió hasta el 32% de los sufragios y los 27 legisladores, dos puntos de voto y cuatro escaños menos que el FMLN, que si embargo se sintió decepcionado porque había contado con ganar por mayoría absoluta. San Salvador volvió a mostrarse como un baluarte inexpugnable de la izquierda y la nacionalista Ana Evelyn Jacir de Lovo perdió la contienda por la alcaldía ante el efemelenista Carlos Rivas Zamora. Para ARENA, los resultados de las legislativas fueron los peores desde 1985. Semanas después, a principios de abril, José Antonio Salaverría Borja se convirtió en el sexto presidente del COENA en tres años y Flores, luego de decir que había interpretado el mensaje lanzado por los salvadoreños en las elecciones, convocó un Foro de Solidaridad por el Empleo, a modo de mesa de concertación entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, para negociar la urgente actualización de los salarios de los trabajadores.

La ANEP, cuyos vínculos con ARENA eran más intensos que nunca toda vez que el COENA estaba copado por los grandes empresarios y, viceversa, muchos miembros del partido eran responsables del gremio patronal, accedió a subir los salarios mínimos entre un 5% y un 10% en los sectores industrial, comercial y de servicios. El incremento era muy inferior al demandado por los sindicatos, pero éstos tuvieron que aceptar lo que se les daba porque la ANEP, con la anuencia del Ejecutivo, advirtió de que un alza general media del 25% en todos los sectores, del campo y de la ciudad, desembocaría en "despidos masivos". El resto de salarios, los de los jornaleros agrícolas y todos los no mínimos, se quedaron sin tocar. La medida de alivio social, aunque cicatera, tuvo como gran beneficiario político a su artífice, Flores, quien demostró tener una extraordinaria habilidad para granjearse simpatías y respetabilidad, y para zafarse de un desgaste que recaía exclusivamente en ARENA. Daba la impresión de que la mayoría de la población no pesaba en la misma balanza al presidente y el partido.

En efecto, pese al estancamiento del PIB per cápita, a la duplicación de la deuda pública total, al masivo fraude tributario, al patente desinterés por las graves problemáticas del sector primario, al incumplimiento de la promesa de acabar con los desmanes delictivos de las maras o bandas de pandilleros juveniles (en julio de 2003 el Ministerio del Interior lanzó el Plan Mano Dura para producir resultados en este terreno antes de terminar el mandato de la Administración) y, finalmente, a pesar de la intervención en Irak (en abril de 2004 iba a morir un soldado en un fuego cruzado en Najaf), Flores pudo presumir de entrar en la recta final de su presidencia con unos niveles de aceptación de aprobado alto e incluso de notable. Lo decían los distintos sondeos de opinión, algo que para sí querrían los presidentes en ejercicio de los países vecinos.

Aunque el crecimiento económico de 2002 y 2003 había estado ligeramente por encima del 2%, y la tasa prevista para 2004 era del 2,5% (en realidad, iba a ser seis décimas menor), se extendió la percepción de que estos valores, a primera vista mediocres, en realidad eran meritorios habida cuenta del cúmulo de adversidades ajenas a la gestión del Gobierno: desde los desastres naturales hasta el desplome de los precios del café, pasando por el encarecimiento del petróleo. Además, la inflación estaba controlada y no podía hablarse de penuria de dólares en un sentido general. En cuanto a la pobreza, que afectaba al 49% de la población en 1999, se había moderado en los cinco años de Gobierno: según el Banco Mundial, el índice había descendido al 36%, pero la CEPAL limitó el recorte al 47%. El analfabetismo también se había reducido sustancialmente gracias al aumento del gasto público en educación.

Flores dejaba "la casa en orden", titulaba un sector de la prensa salvadoreña, como si los enormes déficits sociales y la omnipresente violencia común no contasen, puntualizaban la oposición izquierdista, las organizaciones sociales y la misma Iglesia Católica, y antes de dejar el cargo anotó en su balance de resultados la conclusión, el 17 de diciembre de 2003 en Washington, de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA, en su sigla en inglés) con Estados Unidos, Honduras, Guatemala y Nicaragua, más la República Dominicana. La firma formal por los ministros iba a tener lugar el 28 de mayo de 2004, también en Washington.

El CAFTA, al que aguardaba un complicado proceso de ratificación por los parlamentos de los estados signatarios (las mayores dificultades se barruntaban en el Congreso estadounidense) previo a su entrada en servicio, suponía la eliminación progresiva de los aranceles y otras barreras comerciales en los sectores de la agricultura, las industrias alimenticia y textil, las inversiones, los servicios y la propiedad intelectual. Iba a sustituir al Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP), vigente desde 1984 gracias a un programa unilateral de Washington llamado Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC). El CAFTA también debía facilitar el advenimiento del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), perseguida con denuedo por las administraciones de Estados Unidos y apoyada también por Flores, al encajar geográficamente con el TLC del Triángulo Norte Centroamericano y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) articulado por Estados Unidos, Canadá y México. En una entrevista, Flores afirmó que los adversarios de estos tratados de integración comercial podían esconderse "detrás del nuevo lenguaje demagógico que culpa a la globalización o a los países ricos", pero que posicionamientos como esos, al final, "no ofrecen soluciones a sus países".


4. Entrega del testigo a su correligionario Tony Saca y candidatura frustrada a secretario general de la OEA
El 13 de julio de 2003, la elección primaria de ARENA, para satisfacción de Flores, proclamó candidato presidencial frente al vicepresidente Quintanilla a Elías Antonio Tony Saca González, un antiguo locutor deportivo convertido en exitoso empresario de la comunicación y que hasta hacía un mes presidía la ANEP. Joven, liberal y alejado del derechismo militante de los areneros tradicionalistas (aunque durante la campaña, trufada de golpes bajos, no tuvo inconveniente en explotar el fantasma del miedo a una izquierda presuntamente intervencionista y reguladora), Tony Saca, aupado al frente del COENA en noviembre, presentó una plataforma que en parte era de continuidad y en parte hacía hincapié en los aspectos sociales de la economía de mercado. El FMLN, que acudía a las urnas más potente y confiado en la victoria que nunca, presentó como candidato a su máximo dirigente, el ex comandante guerrillero y antiguo secretario general del PCS Schafik Jorge Hándal Hándal.

Las encuestas eran favorables a Saca, quien resultaba atractivo al electorado y se benefició también del aprobado dado por los salvadoreños a Flores. Así que el 21 de marzo de 2004 ARENA conquistó su cuarta presidencia consecutiva y marcó un hito sin precedentes en la historia de las democracias latinoamericanas en un entorno competitivo y abierto a la alternancia. El éxito era más sensacional si se tomaba la referencia de las legislativas del año anterior, y una parte muy importante del mismo debía atribuírsele a Flores. Hasta la transferencia del poder, el 1 de junio, Flores se topó con un aprieto de política exterior: la decisión del nuevo presidente del Gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de retirar el contingente militar de su país en Irak, que en ese momento (18 de abril) era un campo de batalla abierto entre las fuerzas de la coalición ocupante y una pléyade de grupos insurgentes. La marcha de los 1.300 españoles suponía inevitablemente la desarticulación de la Brigada Plus Ultra, que se encontraba acantonada en sus cuarteles ante la virulencia de la rebelión shií en las provincias de Najaf y Qadisiyah.

El movimiento del Gobierno de Madrid fue rápidamente secundado por sus homólogos de Tegucigalpa y Santo Domingo. Puesto que Nicaragua había retirado en febrero a su pequeño contingente por falta de fondos, El Salvador se quedó como el único país latinoamericano con uniformados sobre el terreno. Flores rehusó ordenar el repliegue de los 380 soldados, que se pusieron a las órdenes directas de Polonia en el seno de la División Multinacional Centro-Sur.

En los primeros meses de 2004, Flores apareció insistentemente en las quinielas sobre el sucesor del colombiano César Gaviria al frente de la Secretaría General de la OEA. Aunque contaba con el público parabién de Estados Unidos, y pese a que él mismo se declaró listo para postularse si los gobiernos de los países miembros alcanzaban un alto grado de consenso sobre su persona, lo cual ya se veía que no iba a suceder, Flores terminó anunciando con suficiente antelación que no le interesaba ocupar ese puesto de prestigio, ni tampoco el escaño en el Parlamento Centroamericano (Parlacén). Como nuevo secretario general de la ONU fue elegido el 7 de junio, seis días después del relevo presidencial en San Salvador, el costarricense Miguel Ángel Rodríguez. Cosa de lo más inusual en América Latina, Flores estrenaba la condición de ex presidente a la temprana edad de 44 años y, de acuerdo con sus declaraciones, en lo sucesivo iba a desempeñarse exclusivamente en el terreno privado.

Sin embargo, la prematura marcha de la OEA de Rodríguez, forzado a dimitir tan sólo un mes después de asumir el cargo para enfrentar en su país unas acusaciones de corrupción, dejó vacante el codiciado puesto. La competición de candidaturas se reabrió y el ex mandatario salvadoreño volvió a presentar la suya, encontrando como contrincantes al ex canciller socialista chileno José Miguel Insulza y al canciller mexicano en ejercicio y político conservador Luis Ernesto Derbez. Flores se aseguró los respaldos de Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y la República Dominicana, además obviamente de su propio país, pero luego comprobó que no iba a pasar de ahí. El 8 de abril de 2005, consciente de la imposibilidad de alcanzar los 18 votos, los de la mitad más uno de los 34 estados miembros, necesarios para asegurarse la elección, el centroamericano se retiró de la liza. En una conferencia de prensa dada en San Salvador, Flores anunció que "ante la peligrosa situación de que en vez de unir a la región mesoamericana, terminemos dividiéndola" –en alusión a la dura competición entre El Salvador y México por la captación de apoyos-, "quiero sacrificar mis aspiraciones para presentarle a la región la oportunidad de unirse e inaugurar un renovado esfuerzo integracionista".

Los observadores hicieron notar que su perfil marcadamente proestadounidense y neoliberal convertía a Flores en un candidato inaceptable para una mayoría de estados de Sudamérica, región donde las diversas opciones de izquierda estaban conquistando un número creciente de gobiernos. De esta manera, Flores vio defraudada su expectativa de que se preservara el consenso sobre la permanencia de un centroamericano en la Secretaría General, después de la inesperada baja de Rodríguez. Su retirada supuso también que, por primera vez en sus 57 años de historia, la OEA eligió como secretario general a un candidato, Insulza, que no era del gusto de Estados Unidos.

Padre de dos hijos, Gabriela y Juan Marcos, tras dejar la Presidencia, en julio de 2004, Flores puso en marcha el Instituto América Libre, una fundación privada con sedes en San Salvador y Washington DC, y que se definía a sí misma como "un centro de pensamiento, generación de ideas e implementación de estrategias públicas, para aquellas democracias e instituciones que luchan por sacar adelante a sus países y conciudadanos a través de la construcción de un sistema de libertades". El primer director del Instituto América Libre fue Juan José Daboub Abdalá, el ministro de Hacienda y secretario técnico de la Presidencia en los cinco años del Gobierno de Flores.

Desde entonces, el ex presidente salvadoreño participó también en actividades y seminarios organizados por otras tres entidades con unos objetivos y planteamientos ideológicos muy similares, que se enmarcaban en una derecha liberal militante contra el avance del izquierdismo en América Latina, particularmente el neosocialismo bolivariano del venezolano Chávez, tachado desde estos ámbitos de populista, extremista e incompatible con las libertades y la democracia. Estas eran: la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) del novelista peruano Mario Vargas Llosa y con sede en Madrid; la también madrileña Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) de su amigo e igualmente ex presidente Aznar; y Libertad y Desarrollo (LyD), otro centro de estudios y think tank ideológico basado en Santiago, Chile, cuyos principales animadores eran los ex ministros pinochetistas Carlos Cáceres y Hernán Büchi. Por otra parte, en 2000 la Universidad de Hartford, una de sus alma máter estadounidenses, le concedió una licenciatura honorífica.


5. Proceso por corrupción en el caso de los fondos taiwaneses y fallecimiento
Dedicado a sus actividades político-académicas en la esfera del pensamiento, Francisco Flores se mantuvo fuera de los grandes focos durante casi una década desde su salida del poder. Este apacible estado de cosas quedó drásticamente trastocado en 2013, en el penúltimo año de la presidencia del efemelenista Mauricio Funes Cartagena (quien, por fin para su partido, había batido a su contrincante de ARENA, Rodrigo Ávila Avilez, en las elecciones de 2009), cuando la Fiscalía General de la República abrió un expediente de investigación para averiguar si existían nexos entre Flores y un caso de presuntos peculado o malversación de fondos públicos y negociaciones ilícitas que involucraba a funcionarios de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y a la compañía privada italiana Enel Green Power, la cual, a través de una licitación pública internacional, había sido admitida en 2001 como socia capitalista, con una cuota accionarial del 36%, de LaGeo, empresa creada para explotar las fuentes de energía geotérmica de El Salvador.

El ex presidente empezó a ser señalado como sospechoso de percibir sobornos dentro de una operación que sobre el papel era perfectamente legal, si bien sectores de la opinión pública venían calificándola de "privatización encubierta" de LaGeo, y en junio de 2013 la Fiscalía envió a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos una solicitud de información sobre Flores, quien era "sujeto de una investigación por corrupción política". El rastreo de los movimientos producidos en las cuentas bancarias del estadista no halló pagos de Enel, pero se topó con una serie de alambicadas transferencias a su nombre iniciadas en el International Commercial Bank of China, con sede en Nueva York, y terminadas en el International Bank & Trust, Ltd de Bahamas, donde se perdió la pista de los montos. El dinero había sido movido en octubre de 2003 a través del Banco Cuscatlán de Uraca, Costa Rica, y el International Bank of Miami, el cual había emitido en su momento un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), del cual tuvieron conocimiento las autoridades salvadoreñas al aparecer en la base de datos de la FinCEN.

En septiembre, si bien entonces esta medida no afloró al público, la Fiscalía detalló en un informe que Flores, a la luz de la documentación recabada, había recibido de la Embajada de Taiwán en San Salvador tres cheques por un valor total de 10 millones de dólares y que el banco de Florida había emitido su ROS a raíz de hallar sospechosos tanto el concepto consignado para las transferencias, presentadas como "donaciones" para la campaña presidencial de 2004, campaña a la que Flores no se presentaba, como el último destino detectado del dinero, un conocido paraíso fiscal. La Fiscalía requirió además una auditoría financiera del Instituto Libertad y Progreso, dedicado a otorgar títulos de propiedad y controlado por ARENA, para verificar si esta entidad, mencionada también por la FinCEN como posible beneficiaria de los 10 millones emitidos a nombre de Flores, había ingresado realmente dicha cantidad.

El asunto de las transferencias taiwanesas a Flores o su entorno partidario tomó un cariz radicalmente político con dimensiones de escándalo público el 16 de noviembre de 2013, cuando Mauricio Funes, desde el programa de radio Conversando con el presidente, denunció que "recursos por el orden de los 10 millones de dólares que venían de la cooperación China-Taiwán no ingresaron al fisco salvadoreño al final del período del ex presidente Flores", información que hacía pensar en una "clara malversación de fondos imputables" al entonces mandatario de la que la Fiscalía General de la República debía ocuparse. El señalado reaccionó con serenidad y se empeñó en restarle importancia a unas "cosas irrelevantes" que presentó como la burda maquinación de un presidente que "cada mañana nace con una locura nueva". El 28 de noviembre Funes volvió a la carga, esta vez desde los platós de la televisión, para, con documentos probatorios en la mano, asegurar que los 10 millones girados por el Gobierno de Taiwán y registrados por la FinCEN no habían ido a parar ni al fisco de El Salvador ni al Instituto Libertad y Progreso, sino directamente a Flores, el cual, ahora, tenía que explicar qué destino les había dado, si se los había "quedado" o bien los había "donado a alguna institución", extremo este último que, de sostenerlo, el político tendría que demostrar.

Desde ARENA comenzó a hablarse de "persecución" en toda regla contra Flores por parte de Funes, pero en enero de 2014 la Asamblea Legislativa, con el impulso de los partidos FMLN, GANA y PCN, tomó cartas en el asunto y citó al ex presidente para que diera respuesta a una serie de preguntas que iba a formularle una comisión especial de investigación de la Cámara, de la que ARENA no quiso formar parte, aunque sí lo hicieron algunos areneros disidentes. Flores aceptó ir a la sede parlamentaria para dar su versión de los hechos bajo juramento.

En sus dos primeras comparecencias, en un súbito cambio de discurso que empeoró su condición de sospechoso, admitió que, en su "carácter de presidente", había "gestionado muchas veces cooperación taiwanesa para El Salvador", y que "esos fondos vinieron en cheques directos de parte del Gobierno de Taiwán a mi nombre". "En estas entregas de los fondos", proseguía Flores, "nunca participaba ningún funcionario", sino que "era una cuestión totalmente personal y privada" entre él y "el presidente de Taiwán" (en aquella época, Chen Shui-bian, ahora mismo, por cierto, encarcelado en su país cumpliendo una condena por corrupción), el cual hacía un "apoyo de esta forma directa a mi persona" en nombre del Gobierno del país asiático, del que era conocida su práctica de fidelizar el reconocimiento diplomático por un puñado de países en el mundo, y evitar que pasaran a reconocer a la República Popular de China, con incentivos económicos en efectivo. Pero de los 10 millones concretos de los que hablaba Funes, él no tenía nada que decir.

En sus poco o nada convincentes explicaciones a la comisión de la Asamblea, Flores intentó despejar las dudas sobre su proceder indicando que este dinero que Taipei le enviaba "en privado", al margen de los protocolos de cooperación entre las cancillerías, se había destinado íntegramente a paliar daños provocados por los desastres naturales y a la lucha contra el narcotráfico y las maras, habiendo sido distribuido por los canales institucionales y sociales apropiados. Sin embargo, no fue capaz de concretar los cantidades ni de citar ningún organismo o colectivo receptor de estas supuestas asignaciones especiales, que se hacían llegar a los destinatarios "en saquitos de dinero", y de las que tampoco existía constancia alguna en los ayuntamientos de las zonas afectadas por los terremotos, la Hacienda nacional o la Corte de Cuentas. Los diputados, recalcó el declarante, podían estar seguros de que los cheques taiwaneses no habían terminado en ninguna cuenta bancaria y que, por supuesto, él no los había tomado para su "beneficio personal".

Antes de terminar enero, Flores estaba citado para una tercera comparecencia. Esta vez, el ex presidente optó por no acudir, aduciendo que los comisionados le estaban haciendo una especie de proceso parajudicial, y esgrimiendo en su defensa un pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre que comisiones especiales de la Asamblea como la presente eran ilegales. Ante la inasistencia del requerido, l